CSJ - SL852-2024

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL852-2024 Radicación n.° 97720 Acta 012 Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por FABRICATO SA., contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 10 de mayo de 2022, en el proceso que instauró ROMELIA DEL CARMEN JARAMILLO MUÑOZ en su contra y en la de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA, PORVENIR SA., al que se vinculó como litisconsorte necesario a LA NACIÓN,

MINISTERIO DE HACIENDA -OFICINA DE BONOS

PENSIONALES.

Se reconoce personería para actuar al abogado Fredy Alonso Peláez Gómez identificado con cédula de ciudadanía 71.717.949 y titular de la tarjeta profesional 97.371 del

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Radicación n.° 97720 Consejo Superior de la Judicatura en calidad de apoderado sustituto de la demandante.

I. ANTECEDENTES Romelia Del Carmen Jaramillo Muñoz llamó a juicio a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir (en adelante Porvenir) y a Fabricato SA, con el fin de que se declarara que entre la empresa Divisa SAS —ya liquidada— y la demandante, existió una relación laboral desde el 2 de enero de 1980 y hasta el 31 de diciembre de

2002, así como, que entre las dos últimas sociedades se presentó la denominada unidad de empresa. Deprecó también, que se condenara a Porvenir SA, a realizar el cálculo actuarial por las cotizaciones insolutas a cargo de Fabricato SA y, a reconocer y pagar la pensión de vejez de manera retroactiva al 20 de julio de 2013 cuando alcanzó los 55 años de edad con 1000 semanas cotizadas o en su defecto al llegar a los 57 con 1160 septenarios, la de garantía mínima. De igual manera, que Porvenir SA le reconociera su calidad de beneficiaria del régimen de transición y, de forma subsidiaria, la reliquidación de la devolución de saldos, los intereses moratorios o en lugar de esta última, «la indemnización de perjuicios que sea la empresa FABRICATO S.A (sic) la que asuma dicho pago», y finalmente, que Porvenir SA indexe las sumas a reconocer.

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Radicación n.° 97720 Fundamentó sus peticiones, en que, nació el 20 de julio de 1958, es decir, tenía 59 años a la presentación de la demanda; que prestó sus servicios a la ya liquidada Divisa SA, desde el 2 de enero de 1980 y hasta el 28 de julio de 2002, empresa filial de Fabricato SA; que continuó vinculada a estas, a través de la Cooperativa de Trabajadores Asociados hasta el 30 de diciembre de 2002. Agregó que, siempre estuvo convencida de que trabajaba al servicio de la última sociedad, como quiera que sus exámenes de ingreso y visual fueron realizados el 25 de

noviembre de 1992 en el servicio médico de esta; las reuniones, capacitaciones e inducciones fueron dadas por la misma, así como que, de los contratos e historias laborales, de las resoluciones mediante las cuales se resolvió su condición pensional, de la cuenta de periodos cotizados y la sumatoria de los septenarios trabajados entre el 2 de enero de 1980 y el 30 de mayo de 1994 para un total de 5188 días que equivalen a 741.14 semanas, se deduce la existencia de su derecho pensional. Informó que, solicitó ante Porvenir SA, el reconocimiento de la pensión por vejez; que esta se le negó para autorizar en su lugar la devolución de saldos, empero, que, al revisar los periodos calculados para ello, no tuvo en cuenta los que aquí reclama por su labor en Divisa SA; que pidió a Fabricato SA la indemnización sustitutiva de pensión en virtud de lo anterior y que, al negársele, se le dijo que no se encontró ninguna prueba que la vinculara a esa entidad.

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Radicación n.° 97720 Fabricato SA, al pronunciarse frente al asunto, expresó que se atenía a lo que se demostrara en el proceso. Precisó que no le constaban la edad de la demandante, sus condiciones laborales ni los procedimientos adelantados para la pensión, pues Divisa SA, fue una sociedad anónima independiente adquirida por la Cooperativa Cootralser, en la que aquella trabajó «como asociada en su propia empresa hasta la fecha de terminación de su labor en ésta», y que no era cierta la existencia de una respuesta displicente frente a

la petición que le presentó, pues no existía documentación que la relacionara con la actora. De igual manera, precisó que de las sentencias traídas al asunto no se podía dar aplicación la que correspondía a los aportes pensionales de quienes se encontraban en lugares sin cobertura del ISS, comoquiera que no se daba el «[…] ius variandi que perjudica al trabajador […]», sin que existiera omisión de la afiliación pues del 2 de enero de 1980 al 30 de mayo de 1994 en los lugares donde trabajó aquella, la cobertura del sistema no se había implementado, por lo que tampoco había lugar a asumir el pago del cálculo actuarial reclamado. En su defensa planteó como excepciones las de, indefinición del derecho a una pensión; inexistencia de vínculo laboral, de obligación de reconocer y pagar título pensional, o cálculo actuarial con intereses de mora; responsabilidad de la demandante en asumir el porcentaje que le correspondía; ausencia de omisión de afiliación al

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Radicación n.° 97720 ISS, de pagar intereses moratorios a título de indemnización, petición antes de tiempo, prescripción, buena fe, pago y compensación. Por su parte, Porvenir SA, no se opuso ni se allanó a las pretensiones, dado que, dijo, no le constaban, en la medida en que el conflicto era de carácter excluyente, entre la señora Jaramillo Muñoz y Fabricato SA, siendo de su competencia únicamente, determinar si hubo una relación laboral entre aquellas, y de ser así, sostuvo que es la segunda la que debe ser condenada al pago de las

cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensión mediante el referido cálculo. En su defensa propuso las excepciones que denominó, improcedencia de la acción por carencia de objeto, falta de causa para demandar y de legitimación por pasiva; hecho exclusivo de un tercero, buena fe de la entidad de pensiones y compensación y prescripción de las obligaciones laborales de tracto sucesivo. Mediante proveído del 18 de noviembre de 2019 se advirtió la necesidad de vincular al asunto a La Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Oficina de Bonos Pensionales-, quien al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones; dijo que no se encontraba facultada para referirse a la solicitud de cálculo actuarial en contra de la empresa Fabricato SA, ni tampoco de la pensión de vejez.

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Radicación n.° 97720 Agregó que no ha recibido por parte de Porvenir SA, alguna solicitud sobre el reconocimiento de la garantía de pensión mínima y, respecto de los hechos, indicó que no le constaban, puesto que eran atribuibles al empleador y a la entidad pensional. En oposición a las pretensiones invocó como excepciones, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de bono pensional por ausencia de historia laboral e, inaplicación del régimen de transición a la actora por afiliación al RAIS.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 11 de junio de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre la señora Romelia del Carmen Jaramillo Muñoz identificada con la C.C. 43.360.182 y la empresa DIVERSIFICACIÓN INDUSTRIAL DE SAN PEDRO S.A.S (DIVISA S.A.S) ya liquidada, existió una relación laboral entre el 02 de enero de 1980 y el 31 de julio de 2002.

SEGUNDO: DECLARAR que entre FABRICATO S.A. y DIVERSIFICACIÓN INDUSTRIAL DE SAN PEDRO S.A.S (DIVISA S.A.S) existió unidad de empresa, y, por lo tanto, FABRICATO S.A. como empresa matriz es solidariamente responsable de las obligaciones laborales dejadas por la sociedad DIVISA S.A.S. como filial, y por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. a realizar el cálculo actuarial tendiente a la constitución del título pensional en el término de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 1980 y el 31 de julio de 2002 en favor de la demandante, teniendo como base de cotización el salario

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Radicación n.° 97720 mínimo legal mensual vigente.

CUARTO: CONDENAR a FABRICATO S.A. a reconocer y pagar el título pensional de conformidad con el cálculo actuarial que emita PORVENIR S.A. correspondiente al tiempo de vinculación

no cotizado al ISS por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 1980 y el 31 de julio de 2002 en favor de la demandante, en el término máximo de 30 días, una vez le hayan notificado la emisión del título.

QUINTO: CONDENAR a PORVENIR S.A. a que, una vez recibido el pago del título pensional, lo acredite en la cuenta de ahorro individual de la señora Romelia del Carmen Jaramillo Muñoz y en un plazo no mayor de 60 días, realice todas las gestiones tendientes al reconocimiento de la Garantía de Pensión Mínima en favor de la demandante, en los términos del artículo 83 de la Ley 100 de 1993, la cual se reconocerá a partir del 20 de julio de 2015.

SEXTO: CONDENAR a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a favor de la demandante un retroactivo pensional por las mesadas causadas entre el 20 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2021 por valor de SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS DOCE PESOS ($60’461.312), mesadas que deberá INDEXAR de conformidad con los parámetros expuestos en la parte motiva de esta sentencia. A partir del 01 de julio de 2021, la entidad seguirá reconociendo una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio de los incrementos de legales anuales a razón de 13 mesadas pensionales al año.

SÉPTIMO: DECLARAR probada la excepción de compensación.

Y, en consecuencia, se autoriza a Porvenir S.A. a descontar del

retroactivo a reconocer, la suma de VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CIENCUENTA (sic) Y SEIS MIL PESOS ($20’156.356) por concepto de la devolución de saldos pagada a la demandante. Las demás excepciones propuestas por las demandadas no están llamadas a prosperar y quedan resueltas implícitamente en esta sentencia.

OCTAVO: AUTORIZAR a PORVENIR S.A. a descontar del retroactivo reconocido, el valor de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud causadas, advirtiendo que las debe trasladar a la correspondiente EPS de la demandante.

NOVENO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra.

De la anterior providencia se solicitó aclaración de los

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Radicación n.° 97720 numerales 3 y 4 en cuanto al extremo temporal final que debía tenerse en cuenta para la realización del cálculo actuarial a lo cual el juzgado, decidió: ACLARAR: los numerales 3 y 4 de la parte resolutiva del fallo, en el sentido de indicar los extremos temporales en los cuales Fabricato S.A. no realizó aportes o cotizaciones en favor de la demandante, los cuales debe pagar a través de la cancelación de un cálculo actuarial. El interregno de tiempo comprende desde el 02 de enero de 1980 al 30 de mayo de 1994.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del

10 de mayo de 2022, al resolver los recursos de apelación interpuestos por Porvenir SA y Fabricato SA, resolvió confirmar la decisión atacada y: REVOCAR los numerales 5º, 6º, 7º y 8º de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín el día 11 de junio de 2021, en cuanto ordenó a PORVENIR S.A. reconocer y pagar la Garantía de Pensión Mínima a la señora ROMELIA DEL CARMEN JARAMILLO MUÑOZ, así como el retroactivo pensional a partir del 20 de julio de 2015 y hasta el 30 de junio de 2021, de conformidad con lo dicho en la parte motiva. En armonía con lo anterior, se revoca la autorización de compensación, en este caso, de la devolución de saldos efectuada, al igual que la indexación ordenada sobre aquellas sumas. En lo que interesa al recurso extraordinario estrictamente, fijó como problemas a desatar, (i) si existía solidaridad en el pago de aportes al sistema general de pensiones, bajo la figura de «UNIDAD DE EMPRESA», por parte de Fabricato SA al haber prestado la trabajadora sus

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Radicación n.° 97720 servicios a Divisa SAS por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 1980 y el 30 de mayo de 1994. Consideró como fundamento de su decisión, que de los certificados de existencia y representación legal de Fabricato SA y del de Divisa SAS, de la constancia de prestación de servicios médicos realizados a la demandante el 25 de noviembre de 1992 y, del de audiometría sin fecha,

así como del 260 y 261 del Cco, se deducía que se configuró la unidad de empresa, pues se reunieron los presupuestos del artículo 194 del CST modificado por el 32 de la Ley 50 de 1990 y, lo dispuesto en la sentencia CSJ SL109-2018 para encontrar probada esta, así como, que, de las pruebas testimoniales practicadas, era clara la subordinación de la segunda frente a la primera al ser Divisa SAS filial de Fabricato, así como de la inscripción del certificado de cámara de comercio de una y otra, se validó que en posterioridad se le reconoció como controlante financiera de la empleadora directa, sumado a las actividades similares de la una y la otra, plasmadas en el objeto contractual. En cuanto a los testimonios practicados a las señoras Elcy del Socorro Tobón Londoño y María Altagracia Muñoz Lopera, recordó que eran compañeras de la demandante; que las tres eran operarias de Divisa SA, donde ganaban una salario mínimo quienes ingresaron en distintas anualidades desde 1980; laboraban en las instalaciones de Divisa Fabricato en el Municipio de San Pedro de los Milagros; que los directivos de ambas sociedades eran las mismas personas; que la materia prima para sus labores,

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Radicación n.° 97720 provenía de Fabricato SA y la producción era recogida por personal de la última, pues los furgones donde se transportaban tenían el logo de la demandada, situaciones de las que concluyó el control de esta respecto de Divisa SAS, la cual fue subordinada o filial, por la complementación en su objeto social, dentro de la ejecución

de actividades. Dijo frente al argumento de que no era procedente la condena al pago del cálculo actuarial por el periodo del 2 de enero de 1980 al 30 de mayo de 1994, por cuanto el referido control se produjo desde agosto de 1996 conforme la inscripción en el certificado de existencia y representación de esa entidad, que para la colegiatura era claro que la subordinación venía de tiempo anterior a la referida inscripción, como era desde 1980 según las declaraciones unánimes de las testigos. Lo anterior, además, teniendo en cuenta lo expuesto en el servicio médico visual que se le prestó a la trabajadora por parte de la demandada y no de quien figuró como empleadora; la publicación N°694 del 7 de diciembre de 1984 para el Grupo Fabricato en la que el Presidente de este anuncia el mensaje de fin de año, incluyendo dentro de sus cobijadas a Divisa y, la de Riotex Punto Perfecto en la que para el 28 de septiembre de 1985 cuando celebraron 15 años de haber firmado su escritura de constitución como filial de la enjuiciada, se mencionó a Divisa SA también como filial de la misma accionada.

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Radicación n.° 97720 Ahora bien, en cuanto a que no debe condenársele por el cálculo actuarial por la falta de afiliación de la trabajadora por la ausencia de cobertura del ISS para dicha data en la zona geográfica donde esta laboraba, dada su obligatoriedad a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, recordó que la jurisprudencia ya ha decantado que, aun cuando sea cierta dicha omisión, ello

no le exime de la obligación de reconocer y pagar el bono pensional o los aportes debidos por el periodo en que se prestó la labor, dado que mediante este se garantiza el acceso de aquellos al disfrute de la pensión de vejez, siendo obligación de los empleadores reconocer el derecho reclamado en los eventos que se viera causado, o aprovisionar lo necesario para la reclamación futura de la pensión de vejez. En tal sentido, memoró el contenido del artículo 1 del Decreto 1887 de 1994 y señaló que, al ser la accionada una empresa del sector privado, le correspondía trasladar al ISS el evocado cálculo en su totalidad, tal como prevé el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 por cuanto el contrato de la trabajadora vinculada al RPM estaba vigente para el 23 de diciembre de 1993, que, no se acreditó que Divisa SAS la hubiera afiliado a los riesgos de IVM y, entre esta y Fabricato SA en sus obligaciones laborales tenían unidad de empresa, por lo que operaba la responsabilidad solidaria que de la última se decretó en instancia.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Fabricato SA, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada, en los siguientes términos: en cuanto confirmó los numerales segundo, cuarto y décimo de la sentencia de primera instancia que impuso condena a mi mandante, a reconocer y pagar de manera solidaria con DIVISA

S.A.S. un cálculo actuarial en favor de la señora ROMELIA DEL CARMEN JARAMILLO MUÑOZ, que se pagará a la AFP PORVENIR S.A. donde se encuentra afiliada, por las cotizaciones que debieron surtirse a la entidad de Seguridad Social de la época, por los períodos del 2 de enero de 1980 y el 30 de mayo de 1994. Lo anterior, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y le absuelva de todos los conceptos. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales se fallan el primero y segundo en conjunto pues, aunque se invocan mediante distintas vías y modalidades, atacan similares regulaciones y tienen argumentos y objeto idénticos; para desatar, finalmente, el tercero. Sin réplica pues, aunque Porvenir SA, se pronuncia sobre el caso, no hace oposición al recurso.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.° 97720 Acusa la sentencia de violar por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida los artículos 194 del CST modificado por el 32 de la Ley 50 de 1990; 260, 261 del Código de Comercio y, el 148 de la Ley 222 de 1995 en concordancia con el 61 de la 1116 de 2006. Centra la discusión en la condena impuesta a responder solidariamente por el pago de aportes al Sistema General de Pensiones entre las sociedades Divisa SAS y Fabricato SAS, mediante cálculo actuarial, por no estar en controversia la relación laboral de la señora Jaramillo

Muñoz con la primera, dando un alcance que no corresponde a las censuradas, sin ninguna explicación. Agrega que, se utilizaron unas normas que no regulan el caso, pues durante el «período comprendido entre el 2 de enero de 1980 y el 30 de mayo de 1994» no era predicable la reseñada solidaridad, dado que «la situación […], se presentó mucho tiempo antes de la fecha en que mi representada se ubicara societariamente, como empresa controlante de

DIVISA S.A.S.».

Advierte que se aplican indebidamente los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, «en concordancia con lo dispuesto en el artículo 148 de la ley (sic) 222 de 1995 y el artículo 61 de la Ley 1116 y con el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 32 de la Ley 50 de 1990», al establecer la mentada solidaridad cuando en antes de 1996 no se podía hablar de una empresa controlante, siendo que a partir del texto de dichas

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Radicación n.° 97720 regulaciones es necesario acreditar el predominio económico, lo que a su vez se menciona en la sentencia CSJ SL109-2018 que trae a colación con requisitos que no se reunieron en las evocadas fechas, reconociendo aquella desde que se inscribió en acta y el certificado pertinente, siendo esta a partir del 13 de agosto de 1996.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía

indirecta, en la modalidad de aplicación indebida los siguientes artículos: 13, 33 literal c), 115 de la Ley 100 de 1993; artículos 260, 261 del Código de Comercio, artículo 148 de la ley (SIC) 222 de 1995 que fue derogado por la Ley 1116 de 2006 en su artículo 61; artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 32 de la Ley 50 de 1990; artículos 193 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo, en consonancia con lo previsto en la Ley 90 de 1946 y el Decreto 3041 del 19 de diciembre de 1966 (Reglamento General de los Seguros de IVM), Decreto 1824 de 1965 que aprueba el Acuerdo 189 de 1965, artículo 6o del Decreto Ley 1650 de 1977, en concordancia con el numeral 1o. del artículo 1o. del decreto (SIC) 758 de 1990, artículo 1° del Decreto 1887 de 1994 y como violación de medio los artículos 167 176, 184, 191, 193, 198, 219, 220, 221 y 222 del Código General del Proceso y 60 y 145 del Código procesal (SIC) del Trabajo y de la Seguridad Social y el artículo 48 de la Constitución Política. Como errores de hecho, alude los siguientes:

1. Dar por probado, no estándolo, que FABRICATO S.A. ejercía un poder controlante como matriz frente a la subordinada DIVISA S.A.S. en el lapso de tiempo de 2 de enero de 1980 y el 30 de mayo de 1994, durante el cual laboró la señora ROMELIA

DEL CARMEN JARAMILLO MUÑOZ.

2. No dar por probado, estándolo, que para las fechas que ordena la sentencia el pago de los aportes pensionales en favor de la señora ROMELIA DEL CARMEN JARAMILLO MUÑOZ (2 de enero de 1980 y el 30 de mayo de 1994) en forma solidaria a cargo de FABRICATO S.A. y DIVISA S.A.S. no existía poder

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Radicación n.° 97720 controlante entre las aludidas empresas, porque este poder controlante, solo inicia a partir del 13 de agosto de 1996.

3. No dar por probado, estándolo, que no existía poder controlante entre las aludidas empresas, porque este poder controlante, solo inicia a partir del 13 de agosto de 1996, según constancia visible en el certificado de Cámara de Comercio expedido el 28 de octubre de 2014, en el que se dispone que FABRICATO S.A. es sociedad matriz y controla directamente a

DIVISA S.A.S.

4. No dar por probado, estándolo, que el poder controlante se muestra en el Acta No. 41 de la Asamblea de Accionistas de DIVISA S.A.S. llevada a cabo el día 5 de julio de 2011, en la que se establece que FABRICATO S.A. cuenta con el 52.496% de las acciones de esa sociedad filial.

Lo anterior, por cuanto se apreciaron de forma errónea: Documental contentivo del certificado de existencia y representación legal de FABRICATO S.A. del 3 de abril de 2017, en el que se identifica la situación de control directo de esa

sociedad con respecto a DIVISA S.A.S., como empresa subordinada, hecho inscrito mediante documento privado del 13 de agosto de 1996, en atención a lo establecido en el artículo 261 numeral 1º del Código de Comercio. En el que se observa que FABRICATO S.A. actúa en esa sociedad como controlante o matriz (Págs. 114 a 153 cuaderno digital de la primera instancia). Documental contentiva del certificado de Cámara de Comercio de DIVISA S.A.S. en el que se consignó que, en Asamblea General de esa sociedad del 22 de febrero de 2017, se aprobó su liquidación. (Págs. 162 a 163cuaderno digital de la primera instancia). Documentales contentivas de las copias de la prestación de servicios médicos de FABRICATO S.A. – para PRUEBAS VISUALESa la demandante el 25 de noviembre de 1992 (fl. 12 y 116). Igualmente, control de audiometría efectuado por FABRICATO, sin fecha (f. 108). Documentales contentivas de la publicación N° 694 para el Grupo Fabricato del 7 de diciembre de 1984, en la que anuncia un mensaje de fin de año del Presidente de la Compañía, haciendo mención a su grupo empresarial, que incluyó a DIVISA y la publicación de RIOTEX PUNTO PERFECTO en la que se menciona que el 28 de septiembre de 1985 se cumplían

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Radicación n.° 97720 los 15 años de haberse firmado la escritura pública de constitución de la sociedad Textiles del Rio S.A. RIOTEX, como

filial, con Fabricato S.A. y que “a su vez, cuenta con la filial

DIVISA”.

Testimonial concretada a las declaraciones de las señoras ELCY DEL SOCORRO TOBÓN LONDOÑO y MARÍA ALTAGRACIA MUÑOZ LOPERA, compañeras de trabajo de la demandante en la sociedad DIVISA S.A.S. Reitera que no existe discusión en torno a la relación laboral de la señora Jaramillo Muñoz y, por tanto, la inconformidad se sitúa en la errada apreciación que de los medios de prueba se efectuó, pues el colegiado le atribuye a Fabricato SA el poder controlante sobre Divisa SA antes de cuando en realidad esta se generó, ya que, para las fechas en que se «ordena la sentencia el pago de los aportes pensionales en favor de la demandante (octubre de 1982 al 30 de abril de 1994) no existía poder controlante entre las aludidas empresas, porque este […], solo inicia a partir del 13 de agosto de 1996». Censura el análisis que se realizó a los documentos denunciados, en el entendido que los considera insuficientes para por si solos acreditar que de octubre de 1982 al 30 de abril de 1994 operó como matriz de Divisa SAS pues los mismos «no logran borrar lo que con plena autoridad certifica la Cámara de Comercio […]»; que de los testimonios de las compañeras de trabajo que se presentaron en el proceso tampoco puede extraerse ello, pues «si bien narran sobre la percepción directa de la actividad laboral, para ese entonces desarrollada en DIVISA S.A., estas declaración (SIC) no son un indicativo de la

situación de control de FABRICATO S.A. como empresa

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Radicación n.° 97720 MATRIZ sobre DIVISA S.A.S. subordinada o filial, así como la similitud y/o complementación en el objeto social […]». Advierte finalmente que, el inadecuado análisis del material probatorio, llevó a una condena inadecuada, por lo que, de haberse examinado desde otra óptica lo expuesto, la decisión debía ser absolutoria.

VIII. RÉPLICA En lo que, propiamente, no es una réplica, Porvenir SA, aunque aclara de entrada que no se opone a la rogativa extraordinaria precisa que, no tiene responsabilidad en los hechos materia del litigio, pues esta solo funge como administradora del fondo de pensiones y por ello no ha tenido ninguna vinculación laboral con la demandante.

IX. CONSIDERACIONES El Tribunal en lo que interesa al recurso, fundamenta su decisión en que, de las pruebas allegadas al proceso, en particular de las declaraciones rendidas, se desprende que la casacionista constituyó unidad de empresa con Divisa SAS al encontrar cumplidos los presupuestos de que trata el artículo 194 del CST modificado por el 32 de la Ley 50 de 1990 y lo dispuesto en sentencia CSJ SL109-2018, dada la subordinación o dependencia que verificó tenía la una de la otra; del suministro de herramientas de trabajo, de la generación de los exámenes visuales y de admisión de la

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Radicación n.° 97720 actora para 1985 por parte de Fabricato SA para que esta trabajara con Divisa SAS; del cumplimiento de las

funciones de esta en las dependencias de Fabricato SA y no en las de su filial, así como de las actividades similares de ambas sociedades y que, incluso en comunicaciones adjuntas al asunto, se reconocía a la última como rama de la casacionista, siendo procedente confirmar la unidad de empresa, como se declaró en primera instancia. De igual manera, adujó que esto se corroboraba a partir de la situación de controlante que se plasmó de Fabricato SA sobre la evocada diversificadora en posterioridad al inicio de la relación laboral, es decir, a partir de 1996 según la anotación que obra en el certificado de existencia y representación legal de ambas sociedades. Por su parte, la inconformidad de la recurrente radica en que se confirmó la imposición de solventar el cálculo actuarial durante el tiempo en que se aduce laboró la demandante para Divisa SAS, cuando para dicha data, primero, no era controlante de la empleadora directa y, segundo, que esta última no se encontraba obligada a realizar cotización alguna al sistema pensional por no ser el Municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, uno de los que tenía activa la cobertura de los riesgos de IVM para la respectiva data, ni se encontraba para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, activa la evocada relación laboral. Así las cosas, es del caso precisar que la sentencia impugnada viene precedida de la doble presunción de

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Radicación n.° 97720 acierto y legalidad, propia de este tipo de providencias. Esta se basa en la necesidad social de que, imperen los principios de certeza y confianza legítima, que, generan las

decisiones tomadas por un funcionario público investido de jurisdicción y competencia, en ejercicio de las facultades y deberes de orden legal y constitucional. Sin embargo, dicha presunción puede ser derruida por la parte que esté asistida del interés jurídico económico para que se le conceda el recurso, siempre que acierte en el planteamiento y en la demostración de sus inconformidades. A tal efecto, su tarea parte de la identificación de los pilares sobre los que está construido el pronunciamiento que se propone combatir, de lo cual dependerán la vía y la modalidad de ataque que deba seleccionar, dada la exigencia del numeral 5 del artículo 90 del CPTSS. De igual forma, con el fin de lograr que se cumpla la pluralidad de objetos del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede invocar razones como si fuera un alegato de instancia. Así, quien la formula debe reunir, no solo los requisitos meramente formales que permiten su admisión, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo lógicos, que se muestren acordes con su propósito. En ese orden, por la se