CSJ - SL875-2018

AvU República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SsL875-2018 Radicación n. 41427 Acta 07 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por la demandante MIRIAM ORTÍZ LÓPEZ y MARIELA HENAO GAVIRIA, en Calic.lad de vinculada, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Cali, el 12 de mayo de 2009, en el proceso que instauró la primera de las recurrentes en contra de LA

NACIÓN MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL

PASIVO SOCIAL DE PUERTOS DE COLOMBIA.

I. ANTECEDENTES Miriam Ortíz López, demandó a la Nación Ministerio de la Protección Social-Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, con el fin de que se SCLAJPT-10 V.0OO Radicación n. 41427 declarara que tiene derecho a recibir en nombre propio la pensión de sobrevivencia, como compañera permanente del señor JOSÉE URIEL REYES OSSA por más de 16 años y hasta el momento de su muerte.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó se condenara a la demandada a pagar en el 100%, la pensión de sobrevivencia, con los reajustes legales, a partir del 12 de marzo del 2004, fecha del fallecimiento del pensionado y las

costas del proceso. (f. 2 a 5, cuaderno primera instancia). Como fundamentos fácticos, señaló, que convivió aproximadamente 16 años, - hasta el 12 de marzo de 2004, fecha del óbitoen unión de hecho con el señor JOSÉ URIEL REYES OSSA, quien gozaba de pensión de jubilación desde el 24 de junio de 1992, a cargo de la empresa Puertos de Colombia, por lo que solicitó el reconocimiento de la prestación; sin embargo, el Grupo Interno de Trabajo para la gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia decidió dejar en suspenso el reconocimiento del derecho y en manos de la justicia ordinaria laboral, el que dirimiera quien tienia mejor derecho de quienes se presentaron como compañeras permanentes. Mediante auto número 1191 del 29 de septiembre de 2004 (f.25 y 25 Vto), el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, dispuso admitir la demanda, y ordenó integrar el litisconsorcio necesario por activa con la señora Mariela Henao Gaviria, a quien posteriormente procedió a emplazar y designar curador ad lttem.

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Radicación n. 41427 El curador ad litem de Mariela Henao Gaviria, presentó escrito de respuesta a la demanda (f. 46 y 47, cuaderno de primera instancia), en el que no se opuso a las pretensiones. Solo expreso «se acogerán o se negarán, por parte del despacho de conformidad con los hechos y afirmaciones solicitadas en la demanda que resulten o no probadas». No

aceptó ninguno de los hechos. La entidad demandada, al dar respuesta a la demanda (f. 52 a 56, cuaderno de primera instancia), se opuso a las pretensiones, hasta que se dirimiera el conflicto entre las pretendidas beneficiarias. De los hechos, aceptó que José Uriel Reyes Ossa, falleció ostentando la calidad de pensionado, ya que se le había reconocido tal prerrogativa desde el 24 de junio de 1992, y que con posterioridad a la muerte de aquel, la promotora del litigio elevó reclamación ante la demandada, sin embargo, ante el conflicto entre las beneficiarias, se decidió dejar en manos de la jurisdicción la definición del derecho. Como excepción propuso la de falta de competencia de la administración para resolver el asunto de fondo. En su defensa, expuso que «ambas señoras alegan cumplir el requisito contemplado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993», por lo cual se hacía imposible que la entidad decidiera el fondo del asunto. 3

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Radicación n. 41427 Agregó que «llama poderosamente la atención», que con la demanda se allega escrito de 2 de marzo de 2004 «en donde el fallecido solicita se le reconozca la pensión a la aquí demandante», sin que aparezca la firma del causante, sino solo su huella, ya que se deja la constancia, acompañada de un sello de notaría, según la cual el declarante no sabe firmar, no obstante, destaca que ello resulta sospechoso, pues en la hoja de vida del causante, reposan varios documentos suscrito por él, donde se comprueba que sí sabía

firmar. Mariela Henao Gaviria, alegó actuar como interviniente ad excludendum, y en tal calidad presentó demanda en

contra de LA NACIÓN-MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL PASIVO SOCIAL DE PUERTOS DE COLOMBIA y MIRIAM ORTÍZ LÓPEZ, con el fin de que se declarara que fue la compañera permanente de dJosé Uriel Reyes Ossa, «conviviendo bajo un mismo techo sin interrupción alguna desde comienzos del año 1969, o desde la fecha que resulte probada, hasta la muerte (...) la cual ocurrió el 12 de Marzo de 2004», que por lo anterior tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión que venía disfrutando en vida el causante, desde la fecha en la cual fue interrumpido el pago. Como fundamento fáctico, señaló que conoció al causante en el Municipio de Buenaventura en el año de 1968 e inició su convivencia a principios de 1969, la cual se prolongó durante más de 34 años hasta su muerte, tiempo durante el cual, él le suministró «todos los bienes necesario[s] SCLAJPT-10 V.0O 4 + Radicación n. 41427 para sustentar sus vidas, tales como alimentación, vestuario, servicios médicos, vivienda (...)> sin que procrearan hijos. Relató que aunque la convivencia inició en Buenaventura, y allí estuvieron hasta 1974, luego se trasladaron a la vereda la Colonia «Corregimiento de El Palmar, jurisdicción del Municipio de Dagua, casa-finca», y

posteriormente el pensionado adquirió una casa en Cali en la «Carrera 14 No. 12-82, casa que ocupaban alternativamente con la casa-finca antes indicada». Ante la muerte del pensionado, «mediante comunicación de fecha 27 de mayo de 2004, Dirigida al Director de Grupo Interno de Trabajo (...) solicitó el reconocimiento y pago de pensión de sobreviviente a que tiene derecho como compañera permanente del fallecido». Mencionó que la demandada Miriam Ortíz López, no tiene sustento legal, además, que aportó un documento que «presuntamente contiene la voluntad de José Uriel Reyes Ossa», en donde solicitó al Ministerio «se tuviera como beneficiaria de la pensión de que venía gozando a la señora Miriam Ortíz López (...) por haber convivido con él por espacio de diecisiete años», sin embargo, adujo «que la petición y declaración contenidas en dicho documento son totalmente falsas», y que además allí consta que el causante no sabía firmar, no obstante que el señor Reyes Ossa, en Puertos de Colombia se desempeñó como «Liquidador de Prestaciones Sociales y Jefe Sección Estadística». 5 SCLAJPT-10 V.0O Radicación n. 41427 El 29 de noviembre de 2006, mediante auto 3487 (folio 131, cuaderno de primera instancia), el a quo se pronunció en relación con el escrito antes referido, ordena u(...) la devolución sin necesidad de desglose, de la demanda allegada por la apoderada de la litisconsorte y sus anexos, a fín de que la represente en la oficina de reparto, si a bien

tiene». La anterior decisión se motivó en que «Revisado el libelo se observa que no se señala en el mismo, que se trata de una demanda ad excludendum, como lo exige el artículo 53 del C.P.C», y que además la notificación de la demandajdaj litisconsorte se realizó mediante curador ad litem desde el día 20 de mayo de 2005». En contra de la anterior providencia, Mariela Henao Gaviria, interpuso recurso de reposición (f.? 137 a 141, cuaderno de primera instancia), que fue decidido mediante auto 1203 del 7 de diciembre de 2006, en el sentido de «NO REVOCAR para REPONER el Auto No 3847 del 29 de noviembre de 2006”» (f.? 144, cuaderno de primera instancia). En audiencia de trámite del 29 de agosto de 2007 (f. 231 a 233, cuaderno 2), el a quo encontró que se había presentado nuevo escrito de «ntervención ad excludendum», por ello resolvió mediante «AUTO 971», estarse a lo dispuesto «en el auto 1203 del 13 de diciembre de 2006», en el que «se despachó desfavorablemente el recurso de reposición presentado contra el auto que rechazó la misma». En contra de esta decisión, manifestó que «apelo el presente auto», y el juez de primer grado adujo que «La anterior petición se despachara desfavorablemente, toda vez que se trata de una

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E Radicación n.” 41427 situación que el Juzgado se había pronunciado sobre la improcedencia de la misma».

Por lo anterior, la apoderada de la demandante Mariela Henao Gaviria, argumentó que interponía nuevo recurso de apelación, y que en subsidio de lo anterior se expidieran las copias pertinentes de acuerdo con los artículos «367 y 368 del Código de Procedimiento Ciwib. Mediante auto 972 (f.233), el juez de primer grado, negó el anterior recurso, y dispuso «Conceder el recurso de hecho solicitado». En providencia de 2 de noviembre de 2007, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, al decidir el «recurso de queja», dispuso «ABSTENERSE de conceder el recurso de apelación que se pretende a través de la queja presentada por

la señora MARIELA HENAO GA VIRIA».

IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo de Descongestión del Circuito de Cali, en fallo del 15 de mayo de 2008 (f. 384 a 391, cuaderno 3) resolvió: PRIMERO: DECLARAR que la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del señor JOSÉ URIEL REYES OSSA es la señora MIRYAM ORTÍZ LÓPEZ como su única compañera permanente de acuerdo a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a LA NACIÓN MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - GRUPO INTERNO DE TRABAJO (...) a pagar a la señora MIRYAM ORTIZ LOPEZ en su calidad de compañera permanente del señor (...) pensión de sobrevivientes a partir del 12 de marzo de 2004 en la misma cuantía en que el citado percibía su pensión de jubilación, monto sobre el cual

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Radicación n. 41427 deberá efectuar los incrementos de ley y pagar las mesadas adicionales a que haya lugar.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada de cualquier pretensión a favor de la señora MARIELA HENAO GAVIRIA.

No condenó en costas a ninguna de las demandantes. En contra de la sentencia, interpuso recurso de apelación la apoderada de Mariela Henao Gaviria, (f. 392 a 393, y 398 a 404, del cuaderno de primera instancia).

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA El recurso de Mariela Henao Gaviria, fue resuelto por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en fallo del 12 de mayo de 2009 (f. 48 a 65, cuaderno Tribunal), en el que se dispuso: PRIMERO: REVOCAR la sentencia 117 de mayo 15 de 2008 proferida por la Juez Segunda Laboral de Descongestión del Circuito de Cali. En consecuencia, ABSOLVER a la NACIÓN MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (...) de las pretensiones formuladas por las señoras

MYRIAM ORTÍZ LÓPEZ y la señora MARIELA HENAO GAVIRIA».

SEGUNDO: Sin costas.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal, en primer lugar, adujo que era mecesario previamente hacer mención a la documental aportada», ya que algunas pruebas fueron allegadas por fuera de las oportunidades procesales, por lo que no serían objeto de

valoración. Sobre el punto, recordó que hubo un amplio debate sobre la demanda presentada por «MARIELA HENAO», en calidad de interviniente ad excludendum, «siendo SCLAJPT-10 V.OO 8 2$¿ Radicación n. 41427 denegada su petición mediante autos que a la fecha se encuentran en firme», y resaltó que en tal momento se ordenó que sin necesidad de desglose se entregaran todos los documentos relacionados con la anterior intervención procesal. Mencionó, que no obstante lo decidido, en el expediente continuaban las pruebas de folios «161 a 180, 249-296», que no fueron «solicitadas, ni decretadas oportunamente, así entonces no podían ser valoradas por el juez a quo, ni en esta instancia», y además aseveró que «igual situación acontece con las documentales de folios 342 a 376, los que fueren aportados por la demandante aprovechando la afirmación efectuada en su interrogatorio de parte sobre la pérdida de los documentos (...) pruebas que no merecieron ningún comentario de la juez a quo (...)», y que por ello carecían de incidencia en el examen «de instancia». Examinado lo procedente, argumentó que las normas que regulaban la situación, eran los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, por lo que procedió a estudiar si las reclamantes acreditaban «convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos antes de su muerte, esto quiere decir que debe aparecer acreditada una relación existente entre marzo de 1999 y marzo de 2004».

El sentenciador inició por la situación de la demandante (Miriam Ortiz López), aunque por un lapsus, en el acápite correspondiente dijo que analizaría la «CONVIVENCIA DE LA SEÑORA MARIELA HENAO», sin embargo, cuando emprende 9

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Radicación n.” 41427 la disertación, se puede corroborar que estudió fue el caso de Miriam Ortiz López. Para efectos del estudio anunciado, aludió al documento de folio 17, denominado «solicitud de traspaso», aportado en fotocopia con el respectivo sello de la notariía 14 del círculo de Cali, en el que el pensionado relataba que convivía con «MIRIAM ORTÍZ LÓPEZ», desde hace 17 años, sin embargo, dijo el sentenciador colegiado, la declaración «despierta sospecha en el demandado en la medida que allí el declarante firma a ruego y en el sello notarial se indica que el señor no sabía firmar, no obstante se aportan al expediente de folios 70 a 79 diferentes documentos suscritos por el señor REYES OSSA (...)», y así mismo, le pareció inquietante «que el documento se hubiere elaborado ocho (8) días antes de su deceso». Relató que Marleni Chávez, y Maria Helena Rodríguez, (£.233 y 238), habían expuesto que el pensionado en «julio 4 de 2003 (...) sufrió un derrame y un infarto que lo dejó parapléjico», por ende, la constancia notarial, para ser «apegada a la realidad» debió indicar que no firmaba por

problemas de salud, y no por «analfabetismo». En tercer lugar, procedió a disertar sobre el «conjunto de las declaraciones recibidas», en principio refirió a la testigo María Helena Rodríguez. De esta declaración coligió, que aunque expuso que conocía a la pareja desde hacia 15 a17 años, y que Miriam Ortíz López, dependía del pensionado, sin embargo incurría en varias contradicciones con la misma

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Radicación n. 41427 demandante, como por ejemplo, no informó sobre el cambio de domicilio de la pareja, y que adujo que había muerto en la clínica, cuando la libelista narró que fue en la casa, y que en su declaración afirmó que el causante no tenía hijos, cuando en realidad se corrobora que sí tenía descendencia. Destacó el ad quem, que si José Uriel Reyes Ossa, estuvo en la clínica en cuidados intensivos, durante mes y medio antes de morir, y en una situación tan deplorable en la que la actividad mental del señor era, según la testigo, «casi se puede decir que nula, porque él ni reconocía, decía si o no con la mirada (...)», entonces no se podía explicar que 8 días antes del óbito, hiciera presencia en una notaria para realizar la declaración que se aporta al proceso. Posteriormente citó el testimonio de Marleni Chavez, «quien según su decir es la madre del único hijo reconocido de Uriel Reyes», encontrando también en esta declaración, contradicciones con lo relatado por la promotora del litigio y con la testigo María Helena Rodríguez, como por ejemplo, en lo atinente al tiempo que vivieron en la ciudad de Cali.

También aludió al testimonio de BETZAIDA MONTAÑO, a quien no le dio mayor credibilidad, ya que no indicó las circunstancias en que conoció a la pareja en Buenaventura, cuando vivieron en el edificio «JJOSÉ FERNANDED, y que aunque afirmó «haber visitado varias veces al pensionado», no conoció a «la señora CHÁVEZ MARÍN», quien vivía con la demandante. Li SCLAJPT-10 V.OO Radicación n. 41427 En lo atinente a la «declaración privada» de «HOOVERT REYES SANCHEZ Y LIDA PATRICIA REYES OCAMPO» quienes se identifican «como los hijos del causante y declaran a favor de la demandante», mencionó que no se efectuaron ante notario, ni ante «ninguna otra autoridad», y que además, no habian sido ratificadas en el proceso, y que así se valoraran no generan credibilidad, ya que no relatan «circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan inferir la razón de su dicho, la fuente de donde viene el conocimiento de lo que allí declaran». Al concluir el análisis de la prueba testimonial, resaltó que todas afirmaron «que el causante vivía en el barrio Nueva Tequendama», sin que minguna expusiera, como lo manifestaba la promotora del proceso, que entre el momento en que salió del hospital y los nueve meses que precedieron a su muerte, habían cambiado de domicilio, por ende «hay demasiada dispersión» y contradicción, en las pruebas aportadas por la parte demandante. Desarrollado el anterior análisis, emprendió el examen de la situación de «MARIELA HENAO». Describió que aportó

para acreditar su condición de beneficiaria: declaración de convivencia, realizada por el pensionado el 18 de enero de 2001; «carné de beneficiaria», declaración «extrajuicio del señor JOSÉ EDITH FRANCO MONTOYA»; y de «MARÍA SONIA FRANCO SUARE?Z”», en la que reparó que no fue firmada.

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IX Radicación n. 41427 Argumentó que «la declaración de convivencia», fue aportada de manera extemporánea, por ello no se podía valorar, y José Franco Montoya, no fue citado a ratificar lo declarado. Finalmente, en relación con la demandante, y la «litis consorte», esgrimió que como se solicitaba la pensión de manera vitalicia, las dos debían acreditar, que al momento de la muerte del pensionado, contaban con más de treinta años, sin embargo, ello no fue demostrado, ya que «el registro del estado civil constituye una prueba solemne para establecer el nacimiento de quienes pretenden obtener la declaratoria de su condición de beneficiarias». Con fundamento en lo antes examinado, revocó la sentencia de primer grado y absolvió a la demandada. Contra la decisión del Tribunal interpusieron recurso de casación las dos interesadas, que se estudiarán a continuación.

IV. RECURSO DE CASACIÓN DE MARIELA HENAO GAVIRIA Interpuesto por la vinculada al proceso, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicita que se case totalmente la sentencia atacada y, en sede de instancia «revoque la de primera instancia», y en su lugar, declare que Mariela Henao Gaviriaes la única beneficiaria de la pensión, a partir «de marzo 12 de 2004, en la misma cuantía en que el citado percibía su pensión». Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por la demandada.

VI. PRIMER CARGO Acusa la sentencíá del Tribunal, por la vía directa, por aplicación indebida de «los artículos 60, 61, y 66A del CPT, Adic. Ley 712 de 2001Art. 35 y artículo 187, 252 del CPC, 10, 14 Y 16 del Decreto 2150 de Dic. 5 de 1995 Art. 13 de la Ley 797 de 2003, Artículos 2, 13, 46 y 48 de la Constitución Nacional», Para iniciar, argumenta que «El Ad quem, subestimó lo dispuesto en el Art. 66A, incurriendo en indebida aplicación del principio de consonancia», por cuanto rebasó los límites de la apelación, toda vez, que «si el Tribunal hubiese observado la norma en comento, no habría llegado a tocar el ineludible tema de la edad», agrega que ambas demandantes hicieron presencia en la «audiencia obligatoria», siendo evidente que superaban los 30 años de edad incluso desde el momento de verificar su legitimación para actuar en esa

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Radicación n. 41427 diligencia con la exhibición del documento, donde se verificó su mayoría de edad superior a los 30 años.

Luego, esgrime que se violó lo preceptuado en el artículo 252 del CPC, y en los artículos 10, 14, y 16 del Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995, «para supresión de trámites innecesarios, los cuales en esencia disponen (...)> que no se puede exigir el cumplimiento de un determinado requisito, cuando este debió acreditarse en una actuación anterior que ya se surtió, por lo que considera, que al sentenciador colegiado «le estaba vedado» realizar tal exigencia. Para concluir, expresa lo siguiente: Por otra parte, cuando la instancia ignoró valorar “todas” las pruebas abonadas al proceso con la contestación de la demanda (Entre las que se encontraban la propia declaración de convivencia realizada por el pensionado antes de padecer el cuadro que lo redujo a la cuadraplejia), con el recurso de apelación de la sentencia, el escrito privado de conciliación suscrito entre las partes, e incluso las arrimadas con el memorial de impulso suplicando obrar con celeridad por encontrarse la interesada bajo francas condiciones de debilidad manifiesta, es decir, desatendió circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal activa observada por la parte, cuando obvió valorar TODAS las pruebas arrimadas OPORTUNAMENTE al plenario — (...) afectando el resultado del proceso, pues de no haber sido así (...) la única derechosa en este caso era mi prohijada, la señora MARIELA

HEÑNAO GAVIRIA [...].

Igualmente imprecisa el juzgador al interpretar subjetiva Yy equivocadamente lo dispuesto respecto de los requisitos para

acceder a la pensión reclamada, señalando erróneamente algo incongruente al decir que “cuando la norma alude a la vida marital y convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos antes de su muerte, esto quiere decir que debe aparecer acreditada una relación existente entre marzo de 1999 y marzo de 2004” (...) resultando falaz su criterio y en disonancia con lo preceptuado sobre la materia por la Altas Colegiaturas, con lo regulado por la Carta Magna acerca de respetar en materia pensional todos los derechos adquiridos; de haber advertido 15

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Radicación n. 41427 razonadamente los prementados criterios, sin lugar a dudas hubiera reconociendo (sic) que fueron más de 32 años de convivencia “Antes de su fallecimiento” los que sostuvo MARIELA

HENAO [...].

VII. RÉPLICA La demandada, manifestó que el alcance de la impugnación era defectuoso, ya que si Mariela Henao Gaviria, no había actuado como demandante, mal podía pretender la pensión.

La demandante Miriam Ortíz López, no presentó réplica (f. 63, cuaderno Corte). VIIL. CONSIDERACIONES En primer lugar, destaca la Sala, que desconociendo la vía directa seleccionada, en el cargo se realizan abundantes referencias fácticas, que no se pueden considerar por el sendero elegido, como cuando aduce que la edad que exigió el ad quem, ya había sido acreditada en el transcurso del proceso, y por ende, de acuerdo a «(...) lo previsto en los Arts. 10, 14, y 16, del Decreto 2150 de 1995», no podia exigirse la

acreditación de tal requisito. No obstante la falencia advertida, del cargo resulta rescatable, el planteamiento relacionado con la vulneración del principio de consonancia. Sobre este aspecto, la censora acusa la «aplicación

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.. Radicación n. 41427 indebida [de] los artículos 60, 61, y 66A, del CPT, Adic. Ley 712 de 2001 Art. 35 y artículo 187, 252 del CPC». Al seleccionar como motivo de acusación la «aplicación indebida», incurre la recurrente en una nueva falencia, por cuanto de acuerdo con este concepto de vulneración, la falencia jurídica del sentenciador se funda en aplicar una norma a un supuesto de hecho no regulado por ella. Por ende, la «aplicación indebida», lleva ínsito un rechazo del libelista a la norma seleccionada por el colegiado. Contrario a lo anterior, de la argumentación del cargo, se puede colegir con claridad, que su reclamo se centra en que el sentenciador de segunda instancia desbordó la competencia trazada por la apelante, es decir, en realidad el reparo se centra en que no se tuvo en cuenta el principio de consonancia, por ende, la modalidad seleccionada no es la acertada. Resulta importante aclarar, que aunque el cargo hace referencia explícita, al recurso de apelación, lo que en principio conduciría a desestimar el ataque por remitir al análisis de piezas procesales, sin embargo, es viable analizarlo por el sendero directo, ya que el mismo juzgador de segunda instancia estableció dentro de .us

consideraciones que el tema de la edad no fue «directamente objeto de apelación», lo cual posibilita estudiar lo planteado a partir de este presupuesto. Si acudiendo a un análisis flexible en relación con la técnica casacional, se procediera al análisis del fondo del 17 SCLAJPT-10 V.0O Radicación n. 41427 cargo, se encuentra que el sentenciador colegiado no vulneró el principio de consonancia, tal y como pasa a explicarse. La recurrente considera que el juez de segundo grado, no podía examinar si se había acreditado el requisito de edad para que la pensión fuera concedida de manera vitalicia, ya que ello no fue objeto de la apelación. Del recurso de apelación de Mariela Henao Gaviria, interpuesto en calidad de «litis consorte necesario», lo que se colige es que pretendió le concedieran la pensión, toda vez, que en primera instancia fue reconocida a la demandante Miriam Ortíz López, y no a ella, por ende, aunque de manera explícita no aludiera en su recurso al punto de la edad, era de esperarse que el sentenciador colegiado dentro del análisis del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003), examinara el punto de la edad para establecer si le asistía el derecho que deprecaba. Por ende, lo que hizo el sentenciador fue, proceder a determinar si la apelante cumplía con los supuestos de hecho descritos en la norma jurídica, respecto de la cual pretendía beneficiarse, sin que estuviera atado de forma exclusiva al punto de apelación, ya que se trataba de corroborar el cumplimiento de un requisito de ley, que daría lugar a la

prosperidad de la pensión que era la materia propuesta por la apelante. Sobre la materia bajo análisis, esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL15036-2014, reiterada en la sentencia CSJ SL4981-2017 señaló:

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IX Radicación n.” 41427 Si bien conforme al art. 66 A del C.P.T. y de la S.5., es deber del apelante precisar los temas objeto del recurso de alzada, puesto que de ello dependerá la competencia funcional del Tribunal en el sentido de que solo puede pronunciarse respecto de los asuntos que fueron sometidos a su consideración, debe precisarse, como en otras oportunidades lo ha hecho esta Sala, que el juez de segunda instancia no se encuentra atado a los argumentos del recurrente, en la medida que conforme a la Constitución y la ley, goza de la facultad de aplicar las normas jurídicas que estime regulen el caso (iura novit curia), aún con prescindencia de las invocadas por partes. Así se desprende del artículo 230 C.N. cuando señala que los jueces en sus providencias solo se someten al «imperio de la ley»; también de los artículos 229 C.N. y 2 de la L. 270/1996 «Estatutaria de la Administración de Justicia» que garantizan el derecho de acceso a la administración de justicia, cuyo matiz principal es que a los asociados se les ofrezca una solución efectiva y de fondo a los conflictos que hayan puesto a consideración de la jurisdicción, labor que deben realizar los jueces conforme al ordenamiento jurídico que conocen. Lo expuesto significa que, en procura de materializar el derecho a

la justicia, los jueces no se encuentran atados a los argumentos esbozados por las partes, en tanto que, como conocedores del Derecho y con miras a resolver los asuntos que les sean planteados —en la demanda o en el recurso de apelación-, deben investigar y aplicar las normas que según su saber y ciencia estimen que regulan el caso. Desde esta perspectiva, la interpretación que hace el casacionista del principio de consonancia, es desacertada, dado que basta al recurrente llevarle al juez de apelaciones las «materias» objeto de inconformidad, para que éste quede habilitado para aplicar las normas que estime regulan el asunto y apreciar libremente las pruebas, máxime si de cara al ordenamiento procesal laboral la sustentación del recurso de apelación no requiere de fórmulas sacramentales ni su carga argumentativa está sujeta a determinados parámetros. De ahí que, no necesariamente las consideraciones de la sentencia de segunda instancia deban coincidir o ser un calco de los argumentos vertidos por el apelante. Por lo analizado, el cargo no prospera. 19 SCLAJPT-10 V.0O Radicación n. 41427

IX. SEGUNDO CARGO Se acusa por la vía indirecta, «en el concepto de aplicación indebida de los artículos 60, 61, y 66A del CPT, Adic. Ley 712 de 2001 Art. 35; artículos 187, 252 y 361 del CPC; Artículos 10, 14 y 16 del Decreto 2150 de Dic. 5 de 1995 y Art. 13 de la Ley 797 de 2003, artículos 2, 13, 46 y 48 de la

CN», Señala como errores de hecho en los que considera incurrió el Tribunal los siguientes: a) No dar por demostrado, estándolo que la Litisconsorte necesaria activa fue vinculada oficiosamente al proceso y en razón a ello mediante Curador Ad Litem, oportunamente fue contestada su demanda. b) Dar por demostrado, sin estarlo que la recurrente es menor de 30 años de edad. C) No dar por demostrado, estándolo que mi prohijada es mayor de 60 años de edad, cuando en el plenario obran suficientes pruebas en donde se avista su fecha de nacimiento e incluso hizo presencia en la audiencia obligatoria dentro del debate. d) No dar por demostrado, estándolo que a folios del plenario obran suficientes documentos aportados oportunamente por el ente demandado con la contestación de la demanda, que evidencian la convivencia de la señora MARIELA HENAO GAVIRIA con el pensionado “antes de su fallecimiento” POR ESPACIO DE MÁS DE 32 AÑOS, lo que también razonablemente se desprende de los porcentajes convenidos en el documento de conciliación arrimado en la primera audiencia. e) No dar por demostrado, estándolo, qu