CSJ - SL884-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL884-2023 Radicación n.°84691 Acta 5 Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), en el proceso que instauró GILBERTO ENRIQUE MEDINA CASTRO contra la recurrente.

I. ANTECEDENTES Gilberto Enrique Medina Castro llamó a juicio a la Electrificadora del Caribe S.A., con el fin de que se declare: i) que la pensión de jubilación convencional que le fuera reconocida, debió ser liquidada con el 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio,

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Radicación n.°84691 conforme a la convención colectiva 1998-1999 (compilación); que le tenga como promedio del último año de servicio la suma de $1.848.030; que su primera mesada pensional debió ser la suma de $1.386.028,50, para diciembre de 2005; que es beneficiario del reajuste pensional establecido en el artículo 2, parágrafo 1°, de la convención colectiva de trabajo 1983-1985, ratificado en el artículo 106, parágrafo tercero, de la convención colectiva 1998-1999 (compilación); que la pensión debe ser reajustada conforme a lo establecido en la

Ley 4ª de 1976; es decir, con el 15% a partir del 1° de enero de 2006 y de manera vitalicia, mientras la mesada a cargo de la empresa sea igual o inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada anualidad, o con el IPC cuando las mesadas sean superiores a 5 SMLV; que el retroactivo adeudado debe ser indexado; que se condene al reconocimiento y pago de intereses moratorios por sumas adeudadas; costas del proceso. Como sustentos fácticos de sus pretensiones en lo que interesa al recurso extraordinario, manifestó que: i) estuvo vinculado a través de contrato de trabajo con la Electrificadora del Atlántico S.A., hoy sustituida por Electricaribe S.A. E.S.P., el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 1982 y el 30 de diciembre de 2005; ii) que durante la vigencia de la relación laboral se suscribieron varias convenciones colectivas que impactan el incremento de las mesadas pensionales, de las cuales es beneficiario; iii) se le reconoció pensión de jubilación convencional a partir del 30 de diciembre de 2005, con una asignación equivalente a $1.081.229; iv) que su promedio salarial de su último año

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Radicación n.°84691 de servicio fu el equivalente a $1.848.038, por ende, se le debió aplicar la tasa de reemplazo de 75% tal como lo establecen las convenciones, en consecuencia, su mesada inicial debió ser equivalente a $1.386.028,50; v) que su

mesada pensional ha sido reajusta conforme al IPC; vi) que al ser beneficiario de la convención colectiva su mesada pensional debe ser incrementada conforme a lo establecido en la Ley 4ª de 1976, es decir, con el 15% como mínimo; vii) que se le adeuda el reajuste de su mesada pensional y el retroactivo debidamente indexados. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los referentes a la existencia del contrato de trabajo, el extremo inicial, la fecha de reconocimiento de la mesada pensional y su cuantía, el promedio del salario del último año servido por el accionante. En su defensa propuso las excepciones de fondo denominadas: inexistencia de la obligación, carencia de acción, prescripción, buena fe, pago cosa juzgada (fls.207 a 228 del cuaderno principal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 30 de junio de 2017 (fls. 285Cd, 286, 287),

resolvió:

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Radicación n.°84691

PRIMERO: DECLARENSE parcialmente probada la excepción de prescripción en relación con los reajustes pensionales exigibles con base en la convención colectiva de trabajo vigente en ella, artículo duodécimoJubilación Plan 70, antes del 14 septiembre de 2012.

SEGUNDO: DECLARENSE probada la excepción de cosa juzgada

respecto a la pretensión del reajuste anual de la pensión de jubilación convencional del demandante conforme a lo establecido en el artículo 1 parágrafo 3° de la Ley 4 de 1976.

TERCERO: CONDENESE a la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, a reconocer y pagar al demandante GILBERTO ENRIQUE MEDINA CASTRO el reajuste pensional con base en la convención colectiva de trabajo vigente en ella, Artículo duodécimo-jubilación plan 70, excepción, literal c), a partir del 15 de septiembre de 2012, sumas que deberán ser indexadas según IPC, así: Para el año 2012 la suma de $1.866.445,24

Para el año 2013 la suma de $5.523.412.93 Para el año 2014 la suma de $5.630.669,70 Para el año 2015 la suma de $5.836.751.57 Para el año 2016 la suma de $6.231.899,70 Para el año 2017 la suma de $3.041.646,70 Para un total de retroactivo desde el 15 de septiembre de 2012 al 30 de junio de 2017, la suma de $28.130.924,93.

CUARTO: CONDENESE a la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, a reconocer y pagar al demandante señor GILBERTO ENRIQUE MEDINA CASTRO, dichas sumas resultantes de las diferencias pensionales con la correspondiente indexación, según el índice de precios al consumidor a la fecha de pago de las mismas.

QUINTO: ABSOLVER a la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP de las demás pretensiones de la demanda.

[…]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver las apelaciones interpuestas por las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo de 6 de diciembre de 2018,

resolvió:

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Radicación n.°84691 1) MODIFICAR el numeral 3° de la parte resolutiva de la sentencia apelada en el sentido de que Electricaribe debe cancelar al señor GILBERTO ENRIQUE MEDINA CASTRO, por concepto de retroactivo causado desde el 14 de septiembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018 la suma de $49.722.367.15. 2) CONFIRMAR la sentencia apelada en todo lo demás. Para fundamentar su decisión, al momento de desatar los recursos de apelación, el Tribunal partió por mencionar que le correspondía, preliminarmente, determinar lo siguientes problemas jurídicos: i) si se debe reajustar la pensión de jubilación convencional del demandante a partir de enero de 2006 después de aplicar la prescripción; ii) se debe incrementar la pensión conforme a la Ley 4ª de 1976 o si se configuró la cosa juzgada; iii) si se debe aplicar el Acuerdo del 18 de septiembre de 2003 celebrado entre la empresa y el sindicato; iv) si se debe reconocer la mesada 14; y, v) si hay lugar a los intereses moratorios e indexación. Luego, expuso que no era objeto de discusión en el proceso: i) que al demandante se le reconoció por parte de la entidad demandada pensión de origen convencional Plan 70,

desde el 30 de diciembre de 2005, liquidando la mesada inicial en la suma de $1.081.229; ii) para obtener la cuantía de la mesada inicial, la demandada tuvo en cuenta lo dispuesto el Acuerdo del 18 de septiembre de 2003 «el salario base para liquidación de la pensión será el último salario básico devengado por el trabajador, adicionado con el promedio de devengado en el último de servicio por concepto de recargo por trabajo nocturno, dominicales y festivos horas extras liquidados conforme lo establece el CST y el 75% del

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Radicación n.°84691 promedio a lo devengado en el último año de servicio por factores extralegales»; iii) que la convención colectiva 19981995, establece que se respeta el punto convencional referente al plan 70 contemplado en las convenciones colectivas de trabajo; iv) que en la convención colectiva de trabajo 1983-1985, se estableció la pensión convencional denominada plan 70, equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio. En cuanto al primer interrogante señalado dentro del problema jurídico, si la pensión del demandante debe ser reajustada y liquidada conforme a lo contemplado en la convención colectiva 1983-1985 o en su defecto conforme el Acuerdo del 18 de septiembre de 2003; indicó: que se acogía a lo expuesto en la sentencia CSJ SL12575-2017, que reiteró su jurisprudencia respecto a la validez de los acuerdos extraconvencionales, en relación a que éstos acuerdos

extralegales tenían plena validez siempre y cuando se realizaran para reglamentar una cláusula convencional confusa o para mejorar la situaciones de los trabajadores, pero nunca para establecer reglamentaciones que afecten el mínimo de derechos contenidas en las convenciones colectivas de trabajo, puesto, que las convenciones colectivas no pueden modificarse a través de los mencionados acuerdos. Así la sala concluyó, que la pensión debió liquidarse conforme al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, lo que imponía confirmar la sentencia de primera instancia en este aspecto.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.°84691 Interpuesto por ELECTRICARIBE S.A. ESP, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la sentencia proferida por el a quo, y en su lugar se le absuelva de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica por parte del demandante. La Sala los analizará conjuntamente, dado que, aun cuando se dirigen por diferentes vías, tienen identidad en la proposición jurídica, persiguen la misma finalidad y cuentan con argumentos complementarios.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia recurrida por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 2 a 8 del

Convenio 154 de 1981 de la OIT (ratificados por Ley 524 de 1999), y de los artículos 467, 479 y 480 del CST en relación con los artículos 1, 18, 21 ibidem. Señaló como errores notorios

1. No dar por demostrado, estándolo, que el convenio colectivo

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Radicación n.°84691 firmado por Electrocosta y Sintraelecol el 18 de septiembre de 2003 contiene varios artículos y acuerdos en un mismo texto extralegal, no es una sola cláusula o artículo (En consecuencia, no puede considerarse y valorarse un solo artículo, cuando se trata de valorar si el acuerdo colectivo es desventajoso en relación a una convención colectiva).

2. No dar por demostrado, estándolo, que en el convenio colectivo de 2003 se Incluyeron numerosos beneficios para los trabajadores, en conjunto resultó beneficioso para, los trabajadores, máxime cuando propende por salvar la fuente de empleo.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el convenio colectivo de 2003 se firmó para aliviar la difícil situación financiera de la empresa y salvar la fuente de empleo, lo cual no puede considerarse desventajoso.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el contenido del acuerdo extra convencional, suscrito el 18 de septiembre de 2003, desmejora el contenido de las convenciones colectivas firmadas por las mismas partes en el pasado.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el acuerdo de 2003 sigue consagrando beneficios extralegales favorables para los

trabajadores, por encima de la ley, ningún artículo del acuerdo resulta contrario o infra legal.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el acuerdo de 2003 tenía objeto y causa lícita.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el acuerdo de 2003 no estaba sujeto a formalidad legal alguna para su suscripción y eficacia.

8. No dar por demostrado, estándolo, que el convenio del 18 de septiembre de 2003 es un convenio colectivo que constituye ley para las partes que lo firman sus representados, modificando con eficacia todo acuerdo colectivo anterior, bajo los principios de autocomposición, negociación colectiva verdadera, confianza legítima a, buena fe y en el marco del objeto del orden legal laboral.

Errores que se originaron en la apreciación errónea de los siguientes medios de prueba: Texto de acuerdo suscrito el 18 de septiembre de 2003 y nota de depósito.

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Radicación n.°84691 Convenciones colectivas de 1987 y de 1998-1999. En la demostración del cargó señaló: […]1. No valoración en conjunto del convenio colectivo de 2003 Cuando se trata de apreciar y comparar acuerdos colectivos frente otros convenios colectivos, estos se deben valorar en conjunto, integralmente, no una cláusula en particular, que fue lo que hizo el Tribunal, y eso se debe a que, el convenio extralegal no es un solo artículo, sino todas las disposiciones que forman la integralidad del texto del acuerdo. Hacer la valoración de un solo artículo extralegal independiente de los demás que conforman el

acuerdo, constituye una valoración parcial y cercenada del medio probatorio, además, de violar el principio de inescindibilidad aplicable en materia laboral. Al respecto, de comparaciones entre acuerdos colectivos, para determinar si uno es mejor que otro, las valoraciones de los acuerdos deben de realizarse en conjunto (la totalidad de normas de un nuevo convenio frente a la totalidad de normas del otro acuerdo), verbi gratia, pactos y convenciones; no debiendo ser la excepción el problema que se presenta en el caso sub judice, cuando se afirma que el acuerdo colectivo extralegal de 2003 resulta desventajoso comparado frente las convenciones. Seguidamente, trae a colación apartes de la sentencia CSJ SL, 28 en. 1999, rad 11859, para deducir de ella que deviene lógico que no se pueda dividir a conveniencia particular cada cláusula del acuerdo, «porque resultarían decisiones contradictorias». Prosiguió en su desarrollo afirmando que: Lo anterior, guarda concordancia con el principio de interpretación sistemática de los contratos previsto por el artículo 1622 del Código Civil, conforme el cual el intérprete del contrato debe darle sentido y alcance a las cláusulas contractuales unas por otras, dándosele el mejor sentido que convenga al contrato en su totalidad, inclusive, interpretándose las cláusulas contractuales por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia, con el propósito de no interpretar la

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Radicación n.°84691 voluntad de las partes contratantes de manera parcial. No obstante, el Tribunal no comparó los convenios en su conjunto, es decir, de manera sistemática, pues en el caso s u b

e x a m in e solo enfrentó un artículo del acuerdo colectivo de 2003 frente a otro de una pasada convención, desconociendo que hacían parte de un texto extralegal completo, inescindible, lo que conllevó a que se presentara una errada valoración de la prueba documental contentiva de la CCT de 1987 y la CCT de 19981999 y el Acuerdo Colectivo de 18 de septiembre de 2003. Finalmente, en este punto no está de más advertir que nos referimos al acuerdo de 2003 como acuerdo o convenio colectivo porgue es un verdadero pacto entre la empresa y la organización sindical SINTRAELECOL, en el que, como resultado de conversaciones y de una negociación entre las partes, se regularon condiciones laborales y salariales beneficiosas para los trabajadores de la compañía como fue mejorar el sistema de indemnizaciones, establecer la estructura salarial compuesta por salario básico y salario destino, incrementar el auxilio de servicios médicos, promover la Universidad Corporativa Unión Fenosa para el desarrollo permanente de sus trabajadores, y reafirmar el régimen de auxilios individuales y colectivos en sumas fijas, entre otros, razón por la cual no puede calificarse el acuerdo del 2003 como una desmejora, refiriéndose solo a una determinada clausula, vista de manera individual, sin tener en cuenta el contenido del documento, integralmente, y sin verificar el espíritu y las motivaciones que dieron lugar a su celebración, errores a los cuales llegó el Tribunal por no haber realizado una interpretación sistemática de la CCT y el Acuerdo. 2.Conflicto colectivo es una especie del género: Negociación Colectiva.

Lo primero que debemos advertir en este punto es que el convenio de 2003 no es una simple acta extra convencional que contiene un punto en el que se aclara la convención, realmente es un acuerdo colectivo robusto en el que se pactan diferentes asuntos, acuerdo que se logra luego de una negociación colectiva, en la que las partes tenían plena capacidad, así lo ratificó incluso la asamblea sindical, hechos que no están en discusión. Lo segundo que debemos señalar es que el conflicto colectivo (artículo 479 del CST) NO es el único medio en el que se pueden entrar a revisar los acuerdos colectivos existentes entre las partes, cuando estos están contenidos en una convención colectiva. Aceptar lo contrario sería darle un rango superior a los acuerdos colectivos que resultan de un conflicto, jerarquía superior que no tiene ningún sustento legal y que además desconoce que el conflicto colectivo es una especie o unos de los

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Radicación n.°84691 medios que desarrolla la negociación colectiva, no la única ni la de mayor jerarquía. Considerar el conflicto colectivo o las convenciones colectivas el medio de mayor jerarquía, en lo relación a lo que ahí se acuerda, vulnera el derecho de negociación en sí mismo. Asimismo, citó apartes de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional C-1234-2015, y C -466-2008, para con fundamento en ellas sostener que: […] Debemos entender que la convención colectiva de trabajo es el instrumento de negociación colectiva consagrado en la Ley colombiana, que pretende darle orden a los conflictos económicos

de carácter colectivo, en desarrollo de los convenios internacionales y recomendaciones (ver recomendación 91 de 1951 de la OIT). Pero en ningún caso debe entenderse que la convención colectiva es la única forma o medio de materializar la negociación, no tampoco que lo que ahí se pacte resulta de mayor valor que otros acuerdos que tengan las mismas partes en otros ámbitos o tiempos, al punto de que lo que se pacte en un conflicto solo puede resultar modificable si se acuerda el marco legal de otro conflicto colectivo. Señaló, «La Convención Colectiva puede modificarse por otros acuerdos celebrados por las mismas partes, no se requiere que el acuerdo sea dentro del conflicto colectivo» y para desarrollar esta afirmación, expuso que: Entender que las convenciones colectivas solo se pueden modificar en un conflicto colectivo, es cercenar, limitar injustificadamente el principio de autocomposición y el derecho a la negociación colectiva, como también el derecho a revisar los acuerdos colectivos cuando sobrevengan circunstancias que así lo ameriten (art. 480 del CST). Lo anotado, adquiere mayor relevancia al considerar que las reglas del conflicto colectivo son de orden público, por lo que no se pueden modificar por las partes, y en estas reglas se deben esperar términos para denunciar las convenciones, los cuales pueden resultar una limitación insalvable para las partes, ante difíciles situaciones que ponen en peligro la fuente de empleo. En la sentencia que se recurre el Tribunal apreció de manera

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Radicación n.°84691 desacertada el acuerdo colectivo o extra convencional del 18 de septiembre de 2003, al restarle viabilidad o eficacia por el simple hecho de no hacerse en el curso de un conflicto y supuestamente desmejorar las condiciones laborales de los empleados. Lo concluido por el Tribunal genera una excesiva formalidad cuando se trata de cambiar los acuerdos colectivos, por el simple hecho de hacerse en el conflicto y estar contenidos en una convención colectiva, formalidad que no es propia del derecho laboral. Con mayor razón en estos casos donde la parte no es un trabajador Individualmente considerado, vulnerable en la negociación Individual, sino es un sindicato que equilibra la negociación y que incluso le es permitido pactar clausulas compromisoria. Pero, resulta que aquí no se le permite modificar su convención cuando se desmejora por no haberse acordado fuera de un conflicto colectivo. Pareciera que se entendiera que las convenciones colectivas fueran como un acuerdo principal y el resto resultare subsidiario, cuando realmente todos los acuerdos tienen un mismo valor y jerarquía y pueden modificarse, cuando así las partes lo quieren, en cualquier momento, sin mayor solemnidad o rigor. Es que las partes pueden adelantar la negociación a los términos que establecen del conflicto. Me pregunto, ¿por qué no podrían hacerlo? El Tribunal en el presente caso, al restarle valor al acuerdo colectivo de 2003, infringió los artículos 55 de la CP que consagra el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, que acepta todas las formas de acuerdo no solo las que resultan del conflicto colectivo y/o que están contenidas en la

convención. […] Definitivamente se valoró erradamente el acuerdo de 2003, convenio colectivo que no es un acuerdo de un simple artículo, sino todo un convenio que contiene múltiples artículos en desarrollo de la negociación colectiva. Este acuerdo no se debe leer como un acuerdo subsidiario o de menor jerarquía que las convenciones. Respecto al acta del acuerdo de 18 de septiembre de 2003, sustentó que: […]En la sentencia que se recurre el Tribunal apreció de manera desacertada el acuerdo colectivo o extra convencional del 18 de septiembre de 2003, al restarle viabilidad o eficacia por el simple

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Radicación n.°84691 hecho de no hacerse en el curso de un conflicto de trabajo y supuestamente desmejorar las condiciones laborales de los empleados. El error del Tribunal estriba en no haber apreciado de manera atinada que en el mencionado compendio se acordó expresa y claramente por las partes, que voluntariamente se acogían a unas nuevas cláusulas convencionales que incluían un nuevo esquema de pensión como el contenido en el artículo 51, que “estableció las condiciones para pensionar a los trabajadores de la empresa” en relación con la situación de integración de las diferentes electrificadoras que suponían una realidad financiera inviable. En el acuerdo se actualizaron los requisitos para acceder a las pensiones convencionales, de cara a la situación financiera de la compañía, efectuando un análisis minucioso de la incidencia de dichas modificaciones en el trámite de las pensiones, teniendo como propósito: “Este acuerdo contribuye a seguir desarrollando el modelo de

las relaciones laborales y representa un avance en el interés de las partes para el establecimiento de un régimen convencional único de las distintas convenciones vigentes en la Electrificadora de la Costa S.A. ESP. En este contexto, las partes reconocieron igualmente que se hizo necesario concluir el presente Acuerdo como condición para contribuir a lograr la viabilidad financiera de la empresa” Es decir, el acuerdo de marras tiene el carácter modificatorio de aspectos previamente definidos en el instrumento colectivo, acuerdos extra-convencionales que son válidos y eficaces en el ordenamiento jurídico, según enseña la jurisprudencia de esta Sala, se itera, sin necesidad que el mismo acuerdo sea el resultado de un conflicto colectivo. En el anterior sentido, lo expuesto por el Cuerpo Colegiado adolece de yerros de apreciación pues el acuerdo, desde su introducción, señaló claramente que las partes entendían que su suscripción era condición necesaria para lograr la viabilidad de la em presa, lo que indica que en efecto hubo concertación de las partes en las nuevas condiciones planteadas en el mencionado acuerdo. En ese orden de ideas, de haberse valorado correctamente esta documental debió colegir el Tribunal que su espíritu fue efectuar una integración normativa en las diferentes territoriales de la empresa que permitiera l viabilidad financiera […] teniendo en cuenta la situación económica que presentaban en ese momento las electrificadoras. hoy agravada por no darle validez a este tipo de acuerdos.

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Radicación n.°84691 Yerra también el ad quem al considerar que los acuerdos únicamente son viables a efectos de aclarar puntos oscuros de

una convención o de mejorar las prerrogativas en ella consignadas, por cuanto al hacer un análisis adecuado del acuerdo, se puede observar que en éste, no solo se establecieron las condiciones para pensionar a los trabajadores de la empresa, sino que contenía un conjunto de incrementos y beneficios para estos trabajadores, además que prendió enaüzar las condiciones económica? y financiera de la compañía, luego de la integración de las Electrificadoras, mediante la revisión de la convención colectiva, tal y como se establece en el artículo 480 del CST. Recordemos que no existe en la legislación colombiana prohibición para que las partes de manera legítima y de común acuerdo suscriban modificaciones en las relaciones de trabajo siempre y cuando éstas respeten los derechos mínimos laborales, así mismo se permite la negociación de instrumentos convencionales sin necesidad de mediar un conflicto colectivo, tal como lo efectuó mi representaba a través del acuerdo del 18 de septiembre de 2003, en virtud de lo regulado por los artículos 480 del CST y 2 al 8 del Convenio 154 de la O IT (aprobado por la ley 524 de 1999). Entonces ¿por qué no va a ser eficaz el acuerdo del 2003?, de donde acá se va a exigir formalidades y solemnidades al ejercicio del principio de autocomposición, solemnidades que no existen en la ley. Es que el artículo 480 del CST y el Convenio 154 de la O IT no exigen solemnidad alguna para que las partes revisen en cualquier momento las convenciones colectivas y las modifiquen porque consideran que es lo atinado, máxime cuando se trata de salvar la fuente de empleo.

Y es que si el Tribunal hubiese consultado los artículos 2o a 8 o del Convenio 154 de 1981 de la O IT, al momento de apreciar el acuerdo extra convencional, se hubiese concluido que en efecto este era válido y eficaz, pues en este Convenio se facultó a los empleadores y trabajadores, e inclusive se les exhortó, para celebrar por medio de sus organizaciones acuerdos plenamente legítimos, sin que sea necesario cumplir con formalidades, indicando para tal fin que podrían fijar condiciones de trabajo, regular las relaciones entre los trabajadores y empleadores, así como regular lo ateniente a las relaciones entre el empleador y las organizaciones sindicales, no obstante no señaló limitantes frente los motivos de los mismos. Cabe precisar que, cada una de las modificaciones establecidas en el acuerdo, respetan los mínimos legales y constitucionales, por lo que no le es dable al Cuerpo Colegiado limitar la facultad que tenían las partes de manera legítima de efectuar concesiones y acuerdos, que no suponen violaciones a los derechos de los trabajadores y que pretendían reestructurar condiciones laborales dentro de parámetros de la legalidad.

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Radicación n.°84691 Por último, en relación a la buena fe, confianza legítima y el objeto del CST, sustentó que: El Cuerpo Colegiado dio aplicación de manera errada la CCT 1987 y la CCT de 19981999, toda vez que estas no cobijan al demandante, teniendo en cuenta que de manera legítima y de buena fe el sindicato que lo representa, SINTRAELECOL, a través de sus representantes, y la empresa suscribieron acuerdo

convencional que modificó entre otros: Los perfiles de competencias de personal clasificando el perfil de cada empleado, incluyendo la reubicación funcional para ampliar el desarrollo profesional de los trabajadores la cual trajo como beneficios retribuciones a título personal como parte del salario básico, (ii) mejoró el sistema de indemnizaciones, (iii) estableció la estructura salarial compuesta por salario básico y salario destino, (iii) incrementó el auxilio de servicios médicos, promovió la Universidad Corporativa Unión Fenosa, cuyo fin es el desarrollo permanente de sus trabajadores, (iv) finalmente, reafirmó el régimen de auxilios individuales y colectivos en sumas fijas. Yerra el Tribunal en la valoración de la CCT 1987 y la CCT de 1998 -1999 con respecto al acuerdo colectivo de 18 de septiembre de 2003, pues desechó todo un amplio conjunto de incrementos y beneficios para los trabajadores que no se encontraban establecidos en ningún otro instrumento convencional, por lo que se equivoca el Cuerpo Colegiado en considerarlo como violatorio de derechos adquiridos de los trabajadores, pues de una correcta apreciación de este documento debió colegir que: (i) Fue suscrito por la organización sindical y su empleador como partes legítimas, debidamente autorizadas para tal fin. (ii) El objetivo del instrumento convencional no fue desmejorar condiciones de los trabajadores, por el contrario, pretendió incluir un compendio de beneficio en consonancia con la integración de las electrificadoras, unificando los regímenes anteriores como condición para la viabilidad financiera de la empresa. (iii) El acuerdo se suscribió bajo los principios de buena fe y

confianza legítima, por lo tanto, lo pactado goza de eficacia y validez, máxime si no existen vicios de consentimiento en su otorgamiento, por el contrario, hubo total avenencia de las partes que estaban legitimadas para ello. (iv) No desconoce los derechos mínimos del ordenamiento jurídico laboral, como tampoco violenta derechos adquiridos, teniendo en cuenta que para el caso del señor

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Radicación n.°84691 GILBERTO ENRIQUE MEDINA CASTRO se le liquidó la prestación económica de jubilación convencional conforme al acuerdo se suscribió en el año 2003, por cuanto, solo cumplió los requisitos contemplados en la CCT el 30 de diciembre de 2005. En el anterior sentido, debió el Tribunal colegir que el acuerdo del 18 de septiembre de 2003 es legal, válido y eficaz. Ahora bien, frente a las circunstancias pensiónales del señor MEDINA CASTRO también debió considerar que el acuerdo no limitó ni vulneró sus