CSJ - SL891-2024

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL891-2024 Radicación n.° 98937 Acta 12 Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JORGE HUMBERTO SIERRA HERRERA contra la sentencia proferida el 29 de julio de 2022 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso que le sigue al

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

I. ANTECEDENTES Accionó el demandante contra la pasiva para que se declarara la ineficacia de la terminación de su vínculo laboral y que es beneficiario de los efectos ex tunc de la sentencia del 22 de mayo de 2014, proferida por la Sección Segunda – Subsección A, de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado.

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Radicación n.° 98937 En consecuencia, pidió que la demandada fuera condenada a reinstalarlo en el cargo que desempeñó hasta el 31 de diciembre de 1999 en la Secretaría de Obras Públicas, o en otro de igual o superior categoría, y a pagarle «a título de indemnización» los salarios, prestaciones legales y extralegales, aportes al sistema de seguridad social, desde el 1º de enero de 2000 hasta el día en que fuere efectivamente reinstalado. En subsidio, reclamó la pensión de jubilación consagrada en el artículo 67 de la convención colectiva de trabajo. Demandó que todas las condenas

fueran indexadas. En sustento de sus pretensiones, aseveró que el gobernador del departamento del Valle del Cauca lo nombró trabajador oficial en el cargo de obrero en el Distrito de Hacienda de Buga, adscrito a la Secretaría de Hacienda Departamental, y se posesionó el 3 de octubre de 1994. Refirió que el 17 de febrero de 1998, los representantes de la entidad territorial y el sindicato de trabajadores del departamento suscribieron una convención colectiva, con vigencia desde el 1º de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2000; que el 24 de diciembre de 1999 celebraron un acuerdo de revisión convencional, en el que adoptaron, entre muchas otras consideraciones, unas «tablas de jubilaciones vitalicias anticipadas especiales», y donde «los trabajadores activos que no quedaran incluidos en los casos contemplados en la cláusula primera del acuerdo convencional, en la cláusula segunda les dieron la opción de acogerse a una tabla de retiro»; que quienes desearan acogerse a la tabla de retiro debían manifestar su

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Radicación n.° 98937 voluntad antes del 31 de diciembre de 1999, con la correspondiente carta de renuncia, de lo contrario el gobernador del departamento o su delegado, aplicaba el retiro discrecional. Reseñó que a través del Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999, el gobernador estableció la nueva estructura administrativa y la planta global de cargos del nivel central, pero esa norma fue declarada nula por el Consejo de Estado en decisión del 22 de mayo de 2014, y

notificada el 13 de junio del mismo año; que dicha corporación también anuló el Decreto 0015 del 21 de enero de 2000, que determinó la escala de salarios; que el 14 de junio de 2017 radicó una petición tendiente a obtener el reconocimiento de los efectos ex tunc de aquella providencia, pues su situación debía volver al estado inicial, solicitud que fue negada el 9 de agosto siguiente. Dijo que en total laboró 5 años, 2 meses y 28 días, entre el 3 de octubre de 1994 y el 31 de diciembre de 1999, y que le fue reconocida una indemnización por concepto de la supresión del cargo de obrero que desempeñaba. El departamento del Valle del Cauca, al dar respuesta a la demanda, se resistió a las pretensiones. Admitió la existencia del contrato de trabajo; los extremos temporales; el acuerdo convencional y la respectiva acta de revisión; las fechas de vigencia del compendio extralegal; las estipulaciones concernientes (i) a la jubilación; (ii) la indemnización para los trabajadores activos que no alcanzaran los requisitos pensionales extralegales; (iii) lo

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Radicación n.° 98937 relativo a que los asalariados debían retirarse antes del 31 de diciembre de 1999 para acogerse a la indemnización respectiva; (iv) el reconocimiento de esta al actor; la reclamación administrativa y su respuesta, así como (v) lo relativo a la sentencia del Consejo de Estado y la nulidad del Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999.

En su defensa expresó que la vinculación del demandante se hizo mediante contrato laboral, toda vez que, de acuerdo con su labor, fungió como trabajador oficial. Destacó que estuvo afiliado al sindicato del departamento del Valle del Cauca, por lo que era beneficiario de la convención colectiva con vigencia entre el 1º de enero de 1998 y 31 de diciembre de 2000. Adujo que en virtud de la difícil situación financiera por la que atravesaba, se solicitó la revisión del acuerdo extralegal, lo que condujo a que se adicionaran algunas cláusulas, de las que destaca las siguientes:

CLÁUSULA 1. ADOPTAR UNA TABLA DE PENSIONES DE

JUBILACIÓN VITALICIAS ESPECIALES (…).

CLÁUSULA 2. LOS TRABAJADORES ACTIVOS QUE NO

QUEDEN INCLUIDOS EN LOS CASOS CONTEMPLADOS EN LA

CLÁUSULA 1 PODRÁN ACOGERSE A LA SIGUIENTE TABLA DE

RETIRO (…).

Anotó que el accionante no logró acreditar los requisitos establecidos en la cláusula primera, pues para la fecha no contaba con el tiempo de servicios exigido, por lo que «en un acto voluntario y siendo una decisión unilateral del demandante, se acogió a la tabla de retiro voluntaria, presentando su renuncia», el 31 de diciembre de 1999, la cual le fue aceptada, y en consecuencia, le reconoció la

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Radicación n.° 98937 respectiva indemnización mediante Resolución n.° 4140 del 18 de abril del 2000 por la suma de $4.885.830, de

conformidad con la cláusula 2 de la revisión del acuerdo convencional. Arguyó que la situación del actor se resolvió con sustento en la revisión de la convención colectiva, lo que impide que a una situación consolidada se le apliquen los efectos ex tunc de la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 1867 de 1999. Como excepciones de mérito planteó las de prescripción, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 20 de abril de 2022, absolvió a la enjuiciada de las pretensiones de la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte activa, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través de sentencia del 29 de julio de 2022, confirmó la del a quo.

El colegiado advirtió que eran hechos exentos de discusión los siguientes: (i) el vínculo laboral del actor con la pasiva en calidad de trabajador oficial; (ii) la finalización laboral el 31 de diciembre de 1999 por decisión unilateral del empleado, acogiéndose al plan de retiro voluntario; iii)

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Radicación n.° 98937 las disposiciones de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el departamento del Valle del Cauca y su sindicato de trabajadores, junto a la revisión de la misma; (iv) los alcances del Decreto n.° 1867 del 22 diciembre de

1999, y la sentencia que lo declaró nulo por el Consejo de Estado; (v) la reclamación administrativa del actor, y su respuesta. A continuación, estableció que el problema jurídico principal consistía en verificar si era procedente el reintegro del trabajador, en virtud de la nulidad declarada en la sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por el Consejo de Estado «dentro del proceso con Radicado No. 2005-0144901». También, razonó si constituía un hecho nuevo la alegación vertida en el recurso de apelación, referida a la existencia de un vicio en el consentimiento por error en el acogimiento al plan de retiro voluntario, y si tenía derecho a la pensión de jubilación a cargo de la pasiva. Para resolver el principal interrogante planteado, se refirió a la sentencia del Consejo de Estado atrás citada, en virtud de la cual se declaró la nulidad del Decreto 1867 de 1999, mediante el cual se estableció la estructura administrativa y la planta global de cargos del nivel central del departamento del Valle del Cauca, así como del Decreto 0015 de 21 de enero de 2000, por medio del cual se determinó la escala de salarios para los grados de remuneración de los cargos de los diferentes niveles de la administración central del ente territorial.

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Radicación n.° 98937 A continuación, señaló que la anulación de un acto administrativo produce efectos ex tunc, es decir, se entiende retirado del mundo jurídico desde el nacimiento, razón por la cual se retrotraen las cosas al estado anterior, por cuanto

el estudio de su legalidad se remite al origen de la decisión. Advirtió que el Consejo de Estado tiene adoctrinado que estos efectos no generan un restablecimiento inmediato de las situaciones que se hayan causado en vigencia de la norma retirada del ordenamiento legal, pues en cada caso, debe examinarse si en realidad se han verificado y se encuentran situaciones consolidadas, las cuales, en atención al principio de seguridad jurídica, no pueden alterarse (CC SS 26 jul. 2012, rad. 2009-00135-00). , Explicó que, si bien el decreto anulado sirvió de fundamento para finalizar el vínculo laboral, el empleador reconoció que el despido no era una justa causa para la desvinculación del sujeto activo, por lo que procedió a su indemnización a través de la tabla de retiro adicionada a la convención colectiva que regía para la época a través de la revisión de la norma extralegal. En esa medida, infirió que los efectos de la nulidad del Decreto 1867 de 1999 no tenían influencia sobre la terminación de la relación laboral. Sostuvo que los efectos ex tunc de la declaración de nulidad del decreto en cita únicamente incidían en aquellos supuestos que pudieran contenderse ante la propia administración o vía jurisdiccional, lo que no ocurría en el asunto bajo estudio, habida cuenta de que para la fecha en la que se profirió la sentencia que declaró la nulidad, es decir, mayo de 2014, los hechos objeto de discusión ya

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tenían la calidad de situación jurídica consolidada, por encontrarse en firme, dada la caducidad de los términos para poder debatirse jurídica o administrativamente, por lo que era inviable el reintegro pedido. A hilo de lo anterior, recordó que la finalización del vínculo laboral del demandante se dio el 31 de diciembre de 1999 por renuncia, para acogerse al plan de retiro contenido en el acuerdo de revisión convencional, sin que de forma oportuna hubiere presentado petición administrativa o acción judicial, dado que solo acudió ante el departamento del Valle del Cauca el 14 de junio de 2017, es decir, aproximadamente 17 años luego de su desvinculación. Descartó declarar la existencia de un vicio del consentimiento en la carta de renuncia, pues ni siquiera fue alegado en la demanda, sino solo en la apelación, lo que lo constituía un hecho nuevo, el cual, en virtud del principio de consonancia y congruencia, no podía ser dilucidado en la segunda instancia. Aseveró que, en todo caso, tampoco procedería su declaratoria, debido a que esta Sala, en sentencia CSJ SL2887-2020, adoctrinó que los empleadores están legitimados para promover planes de retiro compensados, y a su vez, los trabajadores se hallan facultados para aceptarlos de manera libre, o proponer fórmulas de negociación, sin que la nulidad del decreto condicionara, per se, la ineficacia del acuerdo de retiro, en tanto, para el momento en que este se celebró, la disposición se

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encontraba vigente, y en la realidad de las cosas, sí ocurrió la referida restructuración, no estando en capacidad entonces la administración de inducirlo a error alguno. Por último, analizó la petición subsidiaria, es decir, la pensión de jubilación. Observó que, para su causación, el artículo 67 de la convención colectiva exigía que el trabajador hubiere laborado para el departamento al menos durante una década, y alcanzara la edad de 60 años, exigencias que no satisfizo el actor, pues solo laboró cinco años y tres meses.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo, y en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, libres de réplica. Se resuelven de forma conjunta a pesar de tramitarse por senderos distintos, en tanto se sostienen en argumentos parecidos.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta acusa la aplicación indebida de los artículos 13, 43, 467, 468, 469, 470, 471, y 480 del CST; 53, 122 y 123 de la CN; en concordancia con el Decreto

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Radicación n.° 98937 1617 del 29 de septiembre de 1977, la Ordenanza 017 del 6 de diciembre de 1989; y los preceptos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 66

y 67 de la CCT suscrita entre el departamento del Valle del Cauca y el sindicato de sus trabajadores. Le atribuye al Tribunal los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo, que el señor Jorge Humberto Sierra Herrera es beneficiario de los efectos ex tunc de la sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda – Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11).

2. Dar por demostrado sin estarlo, que la desvinculación del cargo de Obrero clasificado como un trabajador Oficial se consolidó se consolidó con la supresión realizada en forma discrecional y unilateral por parte del Gobernador del Departamento Valle del Cauca con efectos fiscales a partir del 01 de enero del año 2000.

3. No dar por demostrado estándolo, que, ante la falta de consolidación de la reforma administrativa, es ineficaz o inexistente la terminación del contrato de trabajo en calidad de trabajador oficial.

4. No dar por demostrado estándolo, que el señor Jorge Humberto Sierra Herrera nunca se acogió a la tabla de jubilaciones vitalicias anticipadas especiales.

5. No dar por demostrado estándolo, que al demandarse la nulidad de los Decretos números 1867 del 22 de diciembre de 1999 y 0015 del 21 de enero de 2000 impidió que se consolidara la reforma administrativa mediante el cual se estableció la estructura administrativa y la planta global de cargos a nivel central del Departamento del Valle del Cauca, y

desaparecieran todos los cargos de trabajadores oficiales.

6. No dar por demostrado estándolo, que los actos y actuaciones que se realizaron para desvincular del cargo de Obrero al señor Jorge Humberto Sierra Herrera (aceptación de la renuncia) corre la misma suerte de la nulidad que se profirió en contra el Decreto No. 1867 del 22 de diciembre de 1999 (acto administrativo general y principal)

7. Dar por demostrado sin estarlo, que hubo solución de continuidad desde el día 01 de enero de 2000 hasta la fecha en que fue notificada y ejecutoriada la Sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11).

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8. No dar por demostrado estándolo, que es ineficaz o inexistente la renuncia presentada por el señor Jorge Humberto

Sierra Herrera.

9. Dar por demostrado sin estarlo, que el fundamento por el cual se motivó la reforma administrativa y la eliminación de los cargos de trabajadores oficiales no tiene o no se mantiene en el tiempo con presunción de legalidad, al declararse nulo el Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999 por falsa motivación y desviación de poder por parte de la Sección Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

10. No dar por demostrado estándolo, que el Departamento del Valle del Cauca no ha dado cumplimiento a la Sentencia del 22

de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11), en los términos del el literal k del artículo 164 de la Ley 14371 de 2011.

11. No dar por demostrado estándolo, que el señor Jorge Humberto Sierra Herrera tiene derecho al reintegro en el cargo de Obrero con efectos retroactivos o ex tunc desde el día 01 de enero de 2000, u otro de igual o superior categoría.

12. Omitir para dar por no demostrado, estándolo, que el señor Jorge Humberto Sierra Herrera tiene derecho a que se reconozca y pague a título de indemnización los salarios, prestaciones sociales (legales y convencionales) dejados de percibir desde el día 01 de enero de 2000.

13. No dar por demostrado estándolo, que el tiempo transcurrido desde el día 01 (sic) de enero de 2000 hasta la fecha en que quedó ejecutoriado y en firme la sentencia es sin solución de continuidad, para efectos del tiempo de servicios para acceder a la pensión de jubilación en los términos del artículo 67 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Asevera que los citados yerros resultaron de la indebida apreciación de los siguientes documentos: Copia del Decreto Extraordinario número 1617 del 29 de septiembre de 1977. Copia de la Ordenanza No. 017 del 06 de diciembre de 1989, por la cual se adiciona el artículo primero del Decreto 0298 de 1989.

Copia de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Departamento del Valle del Cauca y el Sindicato de Trabajadores del Departamento del Valle del Cauca, con la respectiva nota o constancia de depósito del 24 de febrero de 1998. Copia del Decreto número 1867 del 22 de diciembre de 1999,

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Radicación n.° 98937 por la cual se establece la estructura administrativa, la planta global de cargos del nivel central del Departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones. Copia del Acuerdo de Revisión Convencional del 24 de diciembre de 1999. Copia de la Sentencia (sic) del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor Jorge Humberto Sierra Herrera. Copia de la cédula de ciudadanía del señor Jorge Humberto Sierra Herrera. Copia del formato de hoja de datos personales del señor Jorge Humberto Sierra Herrera. Copia del Decreto número 1804 del 16 de septiembre de 1994, por la cual se realiza el nombramiento del señor Jorge Humberto Sierra Herrera en el cargo de Obrero. Copia del Oficio del 23 de septiembre de 1994 expedido por el jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda. Copia del Acta de posesión No. 1416 del 03 de octubre de 1993. Copia del Oficio del 01 de noviembre de 1994 expedido por la

Profesional en Ciencias Jurídicas de la Secretaría de Servicios Administrativos. Copia del certificado de tiempo de servicios y salarios, expedido el día 16 de julio de 1996. Copia de la Constancia de Sueldos y salarios Nro. 96003286 expedido el 16 de julio de 1996. Copia de la Resolución No. 2887 del 17 de mayo de 2000, por la cual se liquida y reconoce unas cesantías. Copia de la Resolución No. 2798 del 21 de octubre de 2002, por la cual se liquida y reconoce unos intereses moratorios. Derecho de petición en interés particular radicado con el número consecutivo 44052 el día 14 de junio de 2017 en la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. Oficio No. 0102-035-01-1092091 del 09 de agosto de 2017, expedido por el Subdirector de Gestión Humana del Departamento Administrativo de desarrollo Institucional de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.

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Radicación n.° 98937 En la sustentación, manifiesta que está demostrado que el gobernador del departamento del Valle del Cauca lo nombró en el cargo de obrero, el cual estaba clasificado como de trabajador oficial, con sustento en el Decreto Extraordinario 1617 de 1977, y la Ordenanza 017 del 6 de diciembre de 1989. Anota que el artículo 5 de la convención colectiva reconoce como trabajadores oficiales a quienes se hayan vinculado por contrato de trabajo, cualquiera que haya sido la forma de vinculación; que el 6 considera trabajadores

oficiales a todas las personas que hayan tenido tal tratamiento con base en lo estipulado en cánones convencionales y departamentales vigentes; y el 7 contempla las normas de clasificación de personal. Dice que también acreditó su calidad de trabajador oficial en los términos del Decreto Extraordinario n.°1617 de 1977, aunado a que demostró el cargo de «Obrero dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca», desde el 3 de octubre de 1994 y hasta el 31 de diciembre de 1999, es decir durante 5 años, 2 meses y 18 días.

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Radicación n.° 98937 Reitera que por medio del Decreto n.° 1867 del 22 de diciembre de 1999, el gobernador del departamento del Valle del Cauca estableció la nueva estructura administrativa y la planta de personal global de cargos, fundamentado en un estudio técnico que mostraba una grave crisis económica y financiera, lo que implicaba la eliminación de los cargos de trabajadores oficiales, y que solo quedaran los de empleados públicos. A consecuencia de la anterior reforma administrativa, los operarios que decidieran acogerse a la tabla de retiro deberían manifestar su voluntad antes del 31 de diciembre de 1999, con la correspondiente carta de renuncia, algo que, según él, no ocurrió en su caso. Aduce que el gobernador, mediante Decreto n.° 0004 del 07 de enero de 2000, aceptó en forma masiva las renuncias allegadas, y luego reconoció una indemnización

por la supresión del cargo. Argumenta que está probado que tanto él como los demás trabajadores fueron inducidos en error para que manifestaran su consentimiento, toda vez que la reforma en su momento era válida, con presunción de legalidad por encontrarse en un acto administrativo de carácter general, pero también quedó probado que el derecho no se consolidó, porque manifestó de manera inmediata su discrepancia y solicitó su reintegro.

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Radicación n.° 98937 Indica que se presentó demanda contenciosoadministrativa de nulidad contra el acto de carácter general contenido en los decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000, que fue el «fundamento principal de la reforma administrativa, y la motivación [de] la desvinculación del servicio de todos los trabajadores oficiales en el Departamento del Valle del Cauca». Recalca que el Decreto 1867 de 1999, anulado por el Consejo de Estado, tenía relación directa con el acuerdo de revisión convencional, que establecía una indemnización para el retiro del servicio. Precisa que el artículo 2536 del Código Civil contempla que la prescripción ordinaria es de 10 años, en concordancia con el literal k) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que prevé un término de cinco años para buscar la ejecución de una sentencia, […] por ende, cuando exista una sentencia de nulidad que recaiga respecto de un acto administrativo general declarado nulo, pero esta decisión judicial beneficia o habilita a reclamar una afectación, el restablecimiento o reparación del daño se

tiene que presentar la respectiva reclamación administrativa buscando que se ejecute dicho pronunciamiento judicial, donde se pretenda extender los efectos ex tunc o retroactivos, argumentos (sic) que es traído a colación conforme al artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por aplicación analógica

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Radicación n.° 98937 Refiere que el fallo CSJ SL4782-2018 constituye un precedente aplicable a su situación, pues la nulidad de los actos administrativos retrotrae las cosas al estado en el que se encontraban, es decir, el efecto de la nulidad del acto administrativo de carácter general no impone al juez la aplicación de una disposición luego de ser declarada nula por ser contraria a la Constitución y la ley. Insiste en que el acuerdo convencional indujo en error a todos los trabajadores oficiales, «lo que después de 14 años fuera declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado, por ende, la situación particular y concreta se traduce en una cláusula o situación ineficaz en la ejecución del contrato de trabajo que tuvo la demandante.» Explica que cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo declaró la nulidad del Decreto 1867 de 1999, fue porque se probó la desviación de poder y falsa motivación. En tales condiciones, como la cláusula de terminación anticipada del contrato de trabajo fue producto de aquellas irregularidades, y vulnera sus derechos mínimos e irrenunciables, entonces debe declararse ineficaz, conforme al artículo 43 del CST. Agrega que también fue ineficaz la terminación del

contrato de trabajo, que los cargos de trabajadores oficiales fueron tercerizados a través de contratos sindicales y cooperativas, e incluso por prestación de servicios. Y, dice: […] si la parte demandante fuera aceptada de manera expresa sin discrepancias por medio de una carta de renuncia su desvinculación para caer en precariedad en cuanto a su empleo, en últimas fue la justicia contencioso administrativa conforme a

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Radicación n.° 98937 las competencias procesales para que la Sección Segunda del Consejo de Estado declara nulo el acto administrativo general que dispuso la reforma administrativa, proceso en el que se demostró que las disposiciones Constitucionales y legales están por encima del acuerdo entre las partes (sindicato y empleador). En cuanto a la pensión de jubilación convencional, arguye que como no ha habido solución de continuidad, entonces todo el tiempo debe computarse para tal efecto, es decir, tanto el que efectivamente laboró, comprendido entre el 3 de octubre de 1994 y el 31 de diciembre de 1999, y el que va del 1º de enero de 2000 al 17 de junio de 2014, o hasta la ejecutoria de la sentencia. Concluye que, de haber valorado los medios de prueba, el colegiado habría concluido que nunca se consolidó la reforma administrativa que suprimió los cargos de los trabajadores oficiales, toda vez que el Decreto 1867 de 1999 fue declarado nulo por el Consejo de Estado.

VII. CARGO SEGUNDO Por la vía directa, acusa la interpretación errónea de las mismas normas enlistadas en el cargo anterior.

En la sustentación, refiere un recuento fáctico similar al argumentado en el embate precedente, y agrega que la interpretación errónea en la que incurrió el colegiado consistió en que no valoró de manera racional las consecuencias de la anulación de actos administrativos generales, insistiendo en que existe un silencio de la administración departamental que se ha sostenido en el tiempo.

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Radicación n.° 98937 Afirma que el legislador dejó en libertad a los jueces para determinar los efectos de las sentencias de nulidad, y ante ello, la jurisprudencia mayoritariamente ha determinado que los efectos de la nulidad de un acto administrativo se proyectan desde su adopción, es decir, de manera retroactiva o ex tunc, aserto que funda en las providencias CC C168-1995 y C CC350-1997. Agrega que, para el caso particular, la situación no es definitiva y a la vez no está consolidada, pues con la declaratoria de nulidad, lo relativo al consentimiento es discutible por la vía jurisdiccional. Finalmente, considera que en virtud del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades se puede restablecer el contrato de trabajo sin solución de continuidad, pues conforme al razonamiento del Consejo de Estado, nunca hubo una ruptura de aquel.

VIII. CONSIDERACIONES Una vez más reitera esta Sala que el recurso extraordinario de casación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, pues su labor se limita a

enjuiciar la sentencia para establecer si el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para solucionar rectamente el conflicto (SL5068-2020), y a mantener así el imperio de la ley, siempre que el recurrente plantee correctamente la acusación. Para la consecución del objeto de la casación, la demanda debe reunir no solo los requisitos formales

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Radicación n.° 98937 previstos en el artículo 90 del CPTSS, sino también los mínimos de orden técnico, teniendo siempre presente que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como partes en las instancias, de donde resulta imperioso para el recurrente identificar cuáles fueron los pilares fácticos y jurídicos sobre los que edificó el fallador su decisión, pues tiene sentado la Sala que en el recurso de casación es necesario atacar y desvirtuar los verdaderos y esenciales argumentos en los que se funda la sentencia acusada (SL5180-2020), ya que esta se mantiene incólume mientras no sean destruidos todos sus fundamentos. Con el fin de cumplir los objetivos del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede plantearse aduciendo razones, a lo sumo admisibles en un alegato de instancia, en el cual es posible argüirlas libremente, pues es deber del recurrente realizar un planteamiento y desarrollo lógicos, con el que se cumpla con la carga de demostrar la ilegalidad de la providencia acusada. La dialéctica del recurso extraordinario no reside en desplegar razones opuestas a las del juez de alzada, que

es lo que se presenta en este caso. Es la labor del recurrente, identificar los soportes del fallo recurrido y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o jurídica, o por ambas, en cargos separados, si es que el fundamento de la decisión es mixto (CSJ SL, 27 feb. 2013, rad. 43132).

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