CSJ - SL913-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL913-2023 Radicación n.°94659 Acta 7 Bogotá, D. C., uno (1) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES), contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, el 16 de diciembre de 2021, en el proceso que instauró ANA MILENA BALLESTEROS en su contra.

I. ANTECEDENTES Ana Milena Ballesteros llamó a juicio a Colpensiones con el fin de que le sea reconocida la pensión de sobrevivientes, en proporción de un 100%, a partir del 27 de julio de 2019, con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente, quien en vida respondió al nombre de Armando Sandoval Puentes, y se le pague el retroactivo desde

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Radicación n.° 94659 entonces, junto con el pago de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 27 de julio de 2019. En lo que interesa al recurso extraordinario, la demandante fundamentó sus peticiones en que Colpensiones reconoció pensión de vejez a favor del causante mediante la R. 02605 de 2002. Manifestó que sostuvo una relación de marido y mujer, en unión libre, desde el 19 de julio de 2012, según la declaración rendida por la Sra. Ana Milena Ballesteros el 19 de junio de 2020 y la declaración de

convivencia realizada ante la Nueva EPS, para efectos de la afiliación en salud, el 1 de septiembre de 2015. La parte actora informó que convivió con el causante de forma estable, con amor, colaboración, apoyo mutuo, dependencia económica de ella para con él, nunca se separaron y no procrearon hijos. Aclaró que no convivieron de manera continua en la misma casa, por miedo del causante a tener problemas con su familia, porque él quería que tuvieran una relación tranquila y sin angustias. También refirió que, pese a no vivir de manera continua, el causante se quedaba dos, tres o cuatro días por semana en la habitación donde ella vivía; en otras ocasiones, solo se quedaba el fin de semana, pero durante el día siempre estaban juntos y la acompañaba al trabajo que ella realizaba, el cual consistía en ayudar a su mamá en el negocio de venta de arepas y chanclas, frente a la cárcel Villa Hermosa, trabajo que no le daba para satisfacer sus necesidades básicas, por

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Radicación n.° 94659 lo que él siempre iba y le ayudaba a montar y desmontar y vender los artículos que ahí ofrecía. La accionante agregó que era beneficiaria de la EPS del causante, como lo probaba el certificado del Ruaf (pero que ya estaba retirada), así como con la declaración de convivencia que fue realizada ante la Nueva EPS para ese fin, de 16 de septiembre de 2015. Según la demanda, el causante falleció de un infarto el 27 de julio de 2019 y la accionante, junto con su madre, estuvo en la velación. Aquella solicitó la pensión de

sobrevivientes a Colpensiones, pero le fue negada, porque el análisis de las entrevistas realizadas indicó que ella no convivió bajo el mismo techo con el causante desde el 19 de julio de 2012 hasta el 27 de julio de 2019, teniendo en cuenta el testimonio de la solicitante, quien había manifestado que solo tuvo una relación sentimental con este, lo cual le indicó a Colpensiones que ella había mentido en su declaración extra juicio ante notario. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó el reconocimiento de la pensión al causante, pero sostuvo que la investigación administrativa que realizó le había determinado que la accionante no convivió con el causante y que todo lo afirmado por la actora debía ser demostrado de conformidad con el art. 167 del CGP. La pasiva propuso las excepciones de improcedencia del

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Radicación n.° 94659 reconocimiento de pensión de sobrevivientes reclamada por la señora Ana Milena Ballesteros o carencia de acción y derecho sustancial en cabeza de la actora; inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; buena fe de la demandada; prescripción, compensación y petición improcedente de intereses.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 10 de diciembre de 2020, absolvió a COLPENSIONES de todas las pretensiones de la demanda. Apeló la parte

actora.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo de 16 de diciembre de 2021, resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada y consultada (sic) No. 357 del 10 de diciembre de 2020, proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, y en su lugar se dispone: SEGUNDO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar la pensión de sobrevivientes de manera vitalicia a favor de ANA MILENA BALLESTEROS a partir del 27 de julio de 2019, en razón a 13 mesadas al año. La mesada pensional para el año 2021 es de

$1.819.459.

TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a ANA MILENA BALLESTEROS el retroactivo pensional causado desde el 27 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021 por valor

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Radicación n.° 94659 de $57.505.879.

CUARTO: AUTORIZAR a COLPENSIONES para que descuente de las mesadas pensionales reconocidas a ANA MILENA BALLESTEROS los aportes que debe trasladar al sistema de seguridad social en salud.

QUINTO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a ANA MILENA BALLESTEROS los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 27 de agosto de 2020 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación.

SEXTO: COSTAS en ambas instancias a cargo de

COLPENSIONES en favor de ANA MILENA BALLESTEROS. Las

de primera instancia liquídense por la secretaría del Juzgado. Se ordena incluir en la liquidación de esta instancia la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, como agencias en derecho. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró, como fundamento de su decisión, que debía resolver si la actora tenía o no derecho a la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañera permanente, por haber demostrado la convivencia marital con «Antonio José Cedeño Ramírez» sic, por al menos cinco años con anterioridad a su fallecimiento, el 27 de julio de 2019, teniendo en cuenta que se trataba de la muerte de un pensionado, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sentencias CSJ SL1399-2018 y SL3813-2020, entre otras. Seguidamente, procedió a establecer si la actora tenía o no derecho a la pensión de sobrevivientes. Para ello, dijo acoger la definición del término «convivencia» contenido en la jurisprudencia de esta Sala. Al respecto, citó lo dicho en la sentencia CSJ SL1399-2018 a saber: «(…) lo que interesa

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Radicación n.° 94659 para que la convivencia exista es que en realidad se mantengan, el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico, y el acompañamiento espiritual, características de la vida en pareja (…)». Igualmente, de la sentencia CSJ SL3813-2020, extrajo que la convivencia es aquella «comunidad de vida forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el

acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida en pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado», en reiteración de CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605, como también que es «una comunidad de vida estable, permanente, y firme, de mutua comprensión, soporte en los pasos de la vida, apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común. Lo anterior, excluye los encuentros pasajeros, causales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida». De allí, el sentenciador coligió que no toda relación de pareja se encasilla en una verdadera convivencia en los términos de la jurisprudencia laboral, pues, en las relaciones de pareja, hay una amplia gama de situaciones que atraviesan por lo que popularmente se conoce como «amigos con derechos»; desde las «relaciones furtivas» hasta una verdadera «convivencia efectiva de pareja» que es la que

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Radicación n.° 94659 reconoce la ley para efectos de la pensión de sobrevivencia, tal como lo ha señalado también la Corte Constitucional en las sentencias CC T-128-2016 y T-525-2016, entre otras. En relación con lo anterior, anotó que, tanto la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia CSJ SL1399-2018,

y la Corte Constitucional, mediante sentencia CC SU-1082020, han sostenido que la «convivencia» debe ser evaluada de acuerdo con las peculiaridades de cada caso, dado que pueden existir eventos en los que los cónyuges o compañeros no cohabiten bajo el mismo techo, en razón de circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares, lo cual no conduce de manera inexorable a que se desaparezca la comunidad de vida de la pareja, si notoriamente subsisten los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja y que supera su concepción meramente física y carnal de compartir el mismo domicilio. Así, el juez colegiado citó apartes de las sentencias CSJ SL14237-2015, SL6519-2017 y SL1399-2018, a saber: […] Y es que, ciertamente, en sentencia CSJ SL, 10 may. 2007, rad. 30141, la Corte Suprema trajo a colación varios apartes jurisprudenciales de la noción de convivencia, recalcando que no es el simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material y efectivo y en general el acompañamiento espiritual permanente que den la plena sensación de que no ha sido la intención de los esposos finalizar por completo su unión matrimonial, sino que por situaciones ajenas a su voluntad que en muchos casos por solidaridad, familiaridad, hermandad y diferentes

circunstancias de la vida, muy lejos de pretender una

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Radicación n.° 94659 separación o ruptura de la pacífica cohabitación, hacen que, la unión física no pueda mantenerse dentro de un mismo lugar […]. (Negrillas de la sentencia del Tribunal). Igualmente, citó lo que dijo la Corte Constitucional en sentencia CC SU-108-2020, sobre que la falta de convivencia entre el causante y cónyuge o compañero puede llegar a estar justificada y que, por lo tanto, es necesario hacer una evaluación de las circunstancias concretas del caso. En ese orden, el Tribunal examinó el caso concreto y encontró que Armando Sandoval Puentes era pensionado y falleció el 27 de julio de 2019; señaló que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 exige un tiempo mínimo de convivencia de cinco años antes del fallecimiento para la compañera permanente, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia mediante sentencias CSJ SL1399-2018 y SL1730-2020, entre otras. El Tribunal consideró, contrario a lo señalado por la juzgadora de primera instancia, que la demandante sí dejó acreditada la calidad de beneficiaria, por cuanto había demostrado la convivencia con el ánimo de conformar una familia con vocación de permanencia con el causante, por más de cinco años antes del fallecimiento, pues así lo acreditaba la prueba testimonial y documental arrimada y no, como lo dijo la juzgadora de instancia, al indicar que no

se presentaron circunstancias de salud, laboral o de fuerza mayor que justificaran que no vivieran juntos; pues, de lo manifestado por los testigos y la demandante en el interrogatorio de parte, observó que existieron

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Radicación n.° 94659 circunstancias familiares que llevaron a la pareja a tomar la decisión de no vivir bajo el mismo techo, pero manteniendo el apoyo espiritual, los lazos de afecto y la ayuda mutua. Resaltó, tal como lo tiene enseñado la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL1399-2018, que las circunstancias justificantes de la ruptura o de la continuidad de la convivencia bajo el mismo techo no son exclusivamente aquellas relacionadas con situaciones de salud, laborales o de fuerza mayor; pues hay otras circunstancias similares a esas que pueden justificar dicha situación. Así lo tenía señalado la Sala Laboral de la Corte en la referida providencia, expresamente cuando dijo que existen «situaciones ajenas a su voluntad que en muchos casos por solidaridad, familiaridad, hermandad y diferentes circunstancias de la vida, muy lejos de pretender una separación o ruptura de la pacífica cohabitación, hacen que, la unión física no pueda mantenerse dentro de un mismo lugar». Refirió que el testigo Álvaro Rengifo Moreno había dicho ser vecino y arrendador de la demandante y del causante, y había indicado que conoció a este último desde hacía más de 40 años, cuando eran muy pequeños en el barrio “Villanueva”; que conocía a la demandante desde el 2010, porque también era su vecina en el mismo barrio; que la

demandante, desde el 2012, vivía en una casa de propiedad del declarante. De la citada testimonial, el sentenciador extrajo que el causante era quien pagaba el arriendo de ella, pues el testigo

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Radicación n.° 94659 había relatado: «hizo un convenio conmigo cuando se hizo pareja de ella, eso fue en el 2012 en un cumpleaños de ella que ellos se formalizaron y él le pidió la mano de ella a la mamá y quería irse a vivir con ella (…) yo ese día estaba presente porque fui invitado a la reunión que él le hizo a Ana Milena». También que el declarante sabía que ellos eran compañeros permanentes, porque así se presentaban, pues dijo que «Armando siempre decía que ella era su señora»; que sabía que, a pesar de ser compañeros permanentes, no vivían juntos en la misma casa, porque así lo decidieron, debido a que «Armando (el causante) tenía conflicto en la casa de él, no quería que se dieron (sic) cuenta en la casa de la relación por sus diferencias de edades porque los nietos y sobrinos de él son muy conflictivos»; que, en todo caso, el causante permanecía casi todo el tiempo donde vivía la demandante; que el causante «se quedaba unos cuatro o cinco días con Ana Milena (la demandante) y el resto de días se quedaba en la casa paterna»; que lo sabía, porque, además de ser su arrendador, era muy cercano a ellos y más que todo al causante, a quien visitaba día de por medio o cada dos días

cuando se quedaba con la demandante en la casa que le arrendaba; que la casa paterna del causante quedaba muy cerca de la casa que pagaba con la demandante, «queda a la vuelta ahí mismo en el barrio Villanueva»; que sabía que el causante también aportaba económicamente a la demandante para gastos del hogar, para la remesa; que muchas veces los llegó a ver mercando juntos; que siempre

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Radicación n.° 94659 estuvieron juntos como pareja y apoyándose hasta que el causante falleció (audio 28, minutos 56:35 y s.s.). Según el juez colegiado, esos dichos guardaban relación con lo que había manifestado la testigo Rosa Liliana Bravo Ochoa, quien dijo era vecina de la demandante, desde hacía 18 años, y del causante, quien además fue su cuñado y tuvo una hija con una hermana de ella. El sentenciador también dedujo que la testigo relató que el causante y la demandante tenían una relación de noviazgo, más o menos desde el año 2010 y que se hicieron compañeros permanentes en un cumpleaños de la demandante que él le celebró en el 2012; que ella lo sabía, porque conocía al causante desde que era pequeña, y, desde el 2004, a la demandante; además vivió con ellos (en la casa donde residía la demandante) durante dos meses en el año 2015 y siempre los visitó de manera constante cada semana; que siempre había tenido muy buena relación de vecindad y amistad con los dos; que además estuvo presente en la reunión en la que el causante le preparó a la demandante,

en el 2012, para celebrarle el cumpleaños, y fue el mismo día en que «le pidió permiso a la mamá de ella para formalizar su relación, entonces vimos que no era noviazgo sino que ya era como su señora para él»; que, en ese cumpleaños, estaban presentes la mamá de la demandante, el señor Álvaro que es quien les alquilaba la casa, un tío de la demandante y el señor Armando (el causante); que allí mismo la testigo vio que el causante «negoció con el que les alquilaba para seguir pagando el arriendo de ella»; que, a pesar de eso, ellos no

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Radicación n.° 94659 vivían en la misma casa, porque el causante siguió viviendo en su casa paterna con una hermana, sobrinos y nietos; que, a pesar de eso, él se quedaba en la casa de la demandante entre cuatro a cinco días a la semana, y lo sabía, porque, en el 2015, ella vivió en la casa de la demandante durante dos meses; que, después de eso, los frecuentaba cada cuatro días o a veces cada ocho días; que, cuando iba a verlos, ellos estaban juntos; que el causante era quien le compraba a la demandante «ropa, zapatos, la sacaba a pasear, le pagaba el arriendo»; que sabía que ellos decidieron no vivir bajo el mismo techo, porque «él tiene una familia conflictiva, casi la mayoría, desde que los distingo hace 18 años, si no es el sobrino, es el nieto generando problemas. Entonces él le decía a Ana Milena: mi niña, no te quiero exponer, no quiero que te

vayan de pronto a agredir»; que también sabía que el causante debía estar pendiente de su hermana con la que vivía, porque era diabética y él era el único que estaba al pendiente de ella; que lo sabía por la amistad que tenía la testigo también con la hermana del causante y porque el causante era el papá de su sobrina; que, como el causante era pensionado y la demandante tenía un puesto de arepas al frente de la cárcel de Villanueva, entonces veía cada semana que éste le ayudaba a la actora a cargar el carrito hasta allá y les ayudaba a acomodarlo a ella y a su madre (audio 28, minutos 28:12 y s.s.). De las manifestaciones de los testigos, el sentenciador coligió que Ana Milena Ballesteros y Armando Sandoval Puentes tomaron la decisión de no vivir bajo el mismo techo debido a la situación familiar que este último presentaba,

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Radicación n.° 94659 pues tenía una familia conflictiva y se presentaba el riesgo de que estos pudieron hacerle algún daño físico a la actora. El Tribunal consideró que esta situación constituía una circunstancia familiar que impedía o dificultaba la convivencia de la pareja dentro de un mismo lugar, pero que no desvirtuaba la convivencia, como quiera que los testigos dieron cuenta de las circunstancias en que se llevó a cabo la relación de pareja, donde se prodigaron lazos de afecto, apoyo espiritual y económico, así como ayuda mutua; requisitos indispensables de una comunidad de vida en pareja, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de

Justicia y la Corte Constitucional en las sentencias antes referidas. El juez colegiado estableció que lo dicho por los testigos además coincidía con lo manifestado por la demandante en el interrogatorio de parte, quien había dicho que la convivencia se dio en el lugar donde ella vivía, desde el 19 de julio de 2012, cuando formalizaron la relación que llevaban desde el año 2010; que tenían la intención de vivir bajo el mismo techo, pero «hubo un problema por parte de la familia de él porque yo era mucho menor que él. La familia de él es muy conflictiva y los nietos son viciosos y a él le daba miedo de que me fueran a hacer algo a mí»; que, por eso, el causante seguía viviendo en su casa paterna, pero permanecía casi toda la semana en la casa de ella, de la que él se encargaba de pagar el arriendo (audio 28, minutos 6:40 y s.s.). El sentenciador agregó que la prueba testimonial

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Radicación n.° 94659 recaudada también guardaba relación con la prueba documental aportada al proceso, específicamente con la declaración rendida por el causante y la demandante ante la NUEVA EPS el 16 de septiembre de 2015, en la que manifestaron que «convivimos en unión libre con el deseo de conformar una familia» (folio 10 del documento 04 del cuaderno virtual de primera instancia). Asimismo, encontró coincidencia con las declaraciones extra proceso rendidas por los señores Rosa Liliana Bravo Ochoa y Álvaro Rengifo Moreno el 19 de junio de 2020, en las que indicaron que les

constaba que, ARMANDO SANDOVAL PUENTES tuvo una relación sentimental de pareja con la señora ANA MILENA BALLESTEROS durante seis años desde el 19 de julio de 2012 hasta el día en que él falleció, hecho ocurrido el 27 de julio de 2019, relación caracterizada por el amor y respeto mutuo. El señor ARMANDO SANDOVAL PUENTES era quien respondía económicamente y en todo sentido por su pareja sentimental. Por tanto, él era quien sufragaba los gastos de manutención, vivienda, alimentación y demás gastos del diario vivir. El Tribunal valoró esas declaraciones como documentos declarativos emanados de terceros, con arreglo a lo previsto en el artículo 262 del Código General del Proceso, y advirtió que estos no requerían de ratificación, salvo que la parte contraria así lo solicitara o el juez lo considerara necesario, y que las partes guardaron silencio frente a las citadas declaraciones, así que le dio credibilidad a las mismas, e invocó las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral CSJ SL3103-2015 y SL5665–2015 respecto a la valoración de las declaraciones extra juicio. El juez colegiado también tuvo en cuenta la

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Radicación n.° 94659 investigación administrativa adelantada por la firma CONSINTE LTDA., el 7 de julio de 2020, contratada por Colpensiones, y de ella extrajo las entrevistas realizadas a las vecinas de la demandante y del causante, señoras Edilma Ramos Roas y Derly Liliana Bernal Ramírez, quienes afirmaron que conocieron «al causante de toda la vida y a la

solicitante hace mucho tiempo, cree que hace siete años, manifestando (sic) al señor Armando siempre lo vio en la casa de la solicitante, que los implicados no tuvieron hijos y que durante el tiempo que los conoció siempre los vio juntos». Para el Tribunal, esa manifestación le daba evidencia de que tenían conocimiento de la relación de pareja por, al menos, siete años antes del fallecimiento. También observó que la demandante estuvo afiliada a la NUEVA EPS, como beneficiaria del causante desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 27 de julio de 2019, con estado de cancelada por muerte del afiliado, según el folio 11 del documento 04 del cuaderno virtual de primera instancia. El juzgador precisó que, aunque esto no probaba la convivencia, para la Sala era un indicio de la existencia efectiva de una relación de pareja llevada a cabo con el ánimo de conformar una familia. Así, el juez de segundo grado concluyó que, de la prueba testimonial, del interrogatorio de parte de la actora y de la prueba documental, se desprendía que Ana Milena Ballesteros tenía derecho a la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente, porque demostraba la

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Radicación n.° 94659 convivencia real y efectiva, con el ánimo de conformar una familia, brindándose apoyo y ayuda mutua por espacio aproximado de siete años, desde el 2012 hasta la fecha del fallecimiento el 27 de julio de 2019. Por lo anterior, el Tribunal ordenó el reconocimiento de la sustitución pensional en favor de Ana Milena Ballesteros

de manera vitalicia, en cuantía del 100%, en calidad de compañera permanente, y con una mesada pensional equivalente a $1.819.459, para el 2021. Decidió que no había lugar a declarar probada la excepción de prescripción, por cuanto el fallecimiento ocurrió el 27 de julio de 2019, la solicitud de pensión se radicó el 26 de junio de 2020 y la demanda se radicó el 14 de octubre de

2020. Por tanto, el retroactivo pensional causado desde el 27 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021 ascendía a la suma de $57.505.879. Autorizó a Colpensiones el descuento de los aportes que debía trasladar al sistema de seguridad social en salud de las mesadas pensionales que ordenaba fueran reconocidas a la accionante.

Igualmente, impuso el pago de intereses moratorios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 717 de 2001; por cuanto, la demandante había solicitado la sustitución pensional ante Colpensiones el 26 de junio de 2020, la que fue resuelta de manera negativa (folios 3 a 7 del documento 04 del cuaderno virtual de primera instancia). Por tanto, Colpensiones no reconoció la prestación dentro de los

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Radicación n.° 94659 dos meses con que contaba para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 717 de 2001. Así que ordenó el pago de los intereses moratorios a partir del 27 de

agosto de 2020 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación. En ese sentido, revocó la sentencia apelada «y consultada» sic No. 357 de 10 de diciembre de 2020, proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali.

Subsidiariamente, y en el remoto evento de no accederse al alcance principal de la impugnación, solicitó casar parcialmente la sentencia, en el literal quinto de la parte resolutiva, en cuanto dispuso condenar al pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para que, en sede de instancia, confirme la decisión de primer grado.

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Radicación n.° 94659 Con el propósito principal, formuló los tres primeros cargos, y por el subsidiario, el cuarto, todos por la causal primera de casación, y fueron replicados oportunamente. Se estudiarán conjuntamente los tres primeros, dado que persiguen el mismo fin, cual es derribar la condena a la pensión, pues atacaron el supuesto de la convivencia entre la actora y el causante, por las vías indirecta y directa, de forma

separada. Según el resultado de este primer análisis, se estudiará el último cargo que apunta a derribar la condena por los intereses moratorios.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar, por la vía indirecta, por aplicación indebida del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con los artículos 46 y 141 de la Ley 100 de 1993, 1 de la Ley 717 de 2001, 5 y 42 de la Constitución Nacional, 191 y 262 del CGP.

La recurrente denunció los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante ANA MILENA BALLESTEROS «…sí dejó acreditada la calidad de beneficiaria, por cuanto demostró la convivencia con el ánimo de conformar una familia con vocación de permanencia con el causante, por más de cinco años antes del fallecimiento…».

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que «…existieron circunstancias familiares que llevaron a la pareja a

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Radicación n.° 94659 tomar la decisión de no vivir bajo el mismo techo, pero manteniendo el apoyo espiritual, los lazos de afecto y la ayuda mutua…».

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que Ana Milena Ballesteros y Armando Sandoval Puentes «…tomaron la decisión de no vivir bajo el mismo techo debido a la situación familiar que éste último presentaba, pues tenía una familia conflictiva y se presentaba el riesgo de que

estos pudieron hacerle algún daño físico a la actora…», cuya situación «…impedía o dificultaba la convivencia de la pareja dentro de un mismo lugar, pero que no desvirtúa la convivencia…».

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que entre la señora Ana Milena Ballesteros y Armando Sandoval existió una «…relación de pareja, donde se prodigaron lazos de afecto, apoyo espiritual y económico, así como ayuda mutua…».

5. No dar por demostrado, siendo evidente, que la accionante no alcanzó a demostrar siquiera una relación de pareja con el causante, menos aún, demostró la vocación de permanencia, vínculo afectivo o apoyo espiritual para con éste.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la supuesta «fuerza mayor» por la cual no existió cohabitación entre la señora Ana Milena Ballesteros y el señor Armando Sandoval, a más de ser improcedente, es absolutamente falaz, conforme se extrae al cotejar las pruebas documentales y testimoniales arribadas al plenario.

7. No dar por demostrado, siendo evidente, que tanto la señora Ana Milena Ballesteros y el finado, señor

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Radicación n.° 94659 Armando Sandoval, nunca constituyeron un núcleo familiar, o al menos tuvieron el ánimo de conformarlo, tampoco contaban con un proyecto familiar futuro hacia un destino común, ni siquiera existió determinación o iniciativa, cuyo aspecto es primordial para tener por acreditado el requisito de convivencia.

8. No dar por demostrado, estándolo, que en el caso de autos no se encuentra acreditada la convivencia de cinco años con anterioridad a la muerte del causante, constituida por una comunidad de vida, basada en lazos de afecto, apoyo espiritual y económico, de forma recíproca, y, en consecuencia, no cumple con los supuestos normativos para acceder a la pensión de sobrevivientes que reclama.

La censura acusó al Tribunal de «no haber valorado en su justa dimensión» las siguientes pruebas documental, testimonial y piezas procesales.

1. Confesión rendida por la actora al absolver interrogatorio de parte.

2. Declaración juramentada de convivencia suscrita ante la Nueva EPS por el causante, el 16 de septiembre de 2015. (Folio 10 del Cuaderno Virtual N° 4) (Se repite en la página 440 del ex