CSJ - SL927-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL927-2024 Radicación n.° 98497 Acta 12 Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS contra la sentencia proferida el 16 de febrero de 2023 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral seguido por WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ contra la sociedad recurrente, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, al que fue llamada en

garantía MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

I. ANTECEDENTES William Eduardo Jaramillo Ramírez llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones y a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, quienes en adelante se

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Radicación n.° 98497 denominarán Colpensiones y Colfondos S.A., en procura de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 11 de octubre de 2013, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso. En respaldo de sus pretensiones, relató que nació el 8 de mayo de 1963; que cotizó durante su vida laboral un total de 1245,71 semanas; que fue calificado por Colpensiones en el año 2015, con una pérdida de la

capacidad laboral del 50,65%, con fecha de estructuración 11 de octubre de 2013. Indicó que el 16 de junio de 2015 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la prestación por invalidez, petición que fue negada mediante Resolución GNR 17428 del 21 de enero de 2016, bajo el argumento de que para la fecha en que se estructuró la invalidez, 11 de octubre de 2013, se encontraba afiliado a Colfondos S.A., razón por la cual la entidad encargada de tramitar y decidir la prestación económica reclamada era esa AFP, respuesta con la cual consideró se encontraba agotado el requisito de la reclamación administrativa. Puso de presente que, si bien no cumplía con los requisitos contenidos en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en lo atinente a haber cotizado 50 semanas, durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, sí acreditó haber alcanzado más del 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de

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Radicación n.° 98497 vejez, por lo que debería solo exigírsele contar con 25 semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la discapacidad. Agregó que efectivamente estuvo vinculado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS; no obstante, para la fecha de presentación de la demanda se encontraba válidamente afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM. Colfondos S.A., al dar respuesta a la demanda, se

opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra. Respecto de los supuestos fácticos, aceptó su afiliación al RAIS a partir del 12 de marzo de 1997, la que perduró hasta el 12 de noviembre de 2013, data en la que solicitó el traslado al RPM. Sobre los restantes supuestos fácticos, dijo que no le constaban. En su defensa, argumentó que no conoció el dictamen al que hacía referencia la parte demandante y, por tanto, no le puede ser oponible en razón a que no pudo ejercer su derecho de defensa y menos aún ser parte en su trámite. Manifestó que no se cumplían los requisitos de ley para acceder el actor a la pensión de invalidez, ya que la calificación de pérdida de capacidad laboral carecía de fundamento legal. Hizo énfasis en que Colfondos S.A. no tiene responsabilidad alguna en cuanto a la prestación reclamada, pues como lo afirmó el mismo demandante,

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Radicación n.° 98497 para la fecha de calificación el accionante se encontraba afiliado al RPM, administrado por Colpensiones, de ahí que sería esta entidad la encargada de reconocerle la prestación por invalidez de llegar a tener derecho. Formuló las excepciones de mérito que denominó inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión de invalidez, falta de causa para demandar, prescripción, compensación, buena fe de la entidad, inexistencia del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para ser beneficiario de una pensión de invalidez e inexistencia de dictamen pericial que califique al actor en

estado de invalidez. Esa AFP llamó en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., para que en el «remoto» evento de condenarse a Colfondos S.A. al pago de la pensión, la citada aseguradora aporte la suma adicional que se requiera para completar el capital necesario para cubrir la prestación. Colpensiones al dar respuesta a la demanda se opuso a las súplicas incoadas. En relación con los hechos, aceptó los que hacen referencia a la fecha de nacimiento del accionante, el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, la fecha de estructuración de la invalidez, la reclamación pensional y su respuesta negativa Sobre los demás, dijo que no le constaban. En su defensa sostuvo que en aplicación de los artículos 14 del Decreto 692 de 1994 y 5 del Decreto 3800

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Radicación n.° 98497 de 2003, la entidad competente y responsable del reconocimiento de la prestación era Colfondos S.A., esto en razón a que, para octubre de 2013, época de la estructuración, se encontraba válidamente afiliado al RAIS. Propuso las excepciones de mérito de prescripción, inexistencia de la obligación de pagar la pensión de invalidez e intereses moratorios, imposibilidad de condena en costas, buena fe de Colpensiones y la innominada. El Juzgado del Conocimiento, que lo fue el Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, mediante providencia del 17 de enero de 2019, admitió el llamamiento en garantía de Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., solicitado por

Colfondos S.A., quien al acudir al proceso en tal calidad y al dar respuesta a la demanda inicial y al llamamiento, manifestó: Mi mandante no conoció las circunstancias de los padecimientos del actor y por ende de la pérdida de capacidad; mucho menos participó de la relación contractual de aquel con el fondo de pensiones Colfondos y Colpensiones; no obstante, de las propias versiones rendidas en los hechos de la demanda principal, así como de la respuesta a la misma, y de los distintos anexos allegados al proceso con ellas, se tiene que el accionante no cumple con los requisitos establecidos el Art. 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo lo. de la Ley 860 de 2003. Como lo hemos expuesto, la parte actora no cumple con los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez, debido a que no cumplió con el requisito de haber cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración de su pérdida de capacidad, requisito objetivo y absolutamente indispensable para generar el derecho de esta prestación.

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Radicación n.° 98497 Enlistó como excepciones de mérito las de falta de legitimación en la causa por activa y pasiva, ausencia de elementos exigidos para la pensión solicitada, prescripción, improcedencia de intereses moratorios, pago y/o compensación, cláusulas que rigen el contrato de seguro y ausencia de requisitos para afectar la póliza. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín mediante fallo calendado el 5 de mayo de 2022, resolvió:

Primero: DECLARAR que al señor WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ le asiste el derecho a recibir la pensión de invalidez a cargo de COLPENSIONES, por lo expuesto en la parte considerativa.

Segundo: CONDENAR a COLPENSIONES, a reconocer y pagar al demandante, un retroactivo equivalente a ochenta y seis millones doscientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos ($86262.854), que comprende las mesadas pensionales causadas entre el 11 de octubre de 2013 y el 31 de mayo de 2022.

El retroactivo deberá ser indexado, de conformidad con los parámetros establecidos en la parte motiva de esta sentencia. A partir del mes de junio de la presente anualidad, Colpensiones le continuará pagando al demandante la suma de $1000.000 como salario mínimo, sin perjuicio de los incrementos que a futuro autoriza la Ley. Se autoriza a Colpensiones S.A. a realizar los respectivos descuentos en salud.

Tercero: SE DECLARAN NO probadas las excepciones propuestas por COLPENSIONES, que denomina: inexistencia de la obligación de pagar pensión de invalidez y prescripción. Se declara PROBADA la excepción denominada inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Cuarto: DECLARAR probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir que propuso COLFONDOS y con fundamento en el art. 282 del C.G. del P. me abstengo de resolver las demás excepciones propuestas.

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Quinto: NEGAR las pretensiones que se propusieron en la demanda de llamamiento en garantía y declarar probada la excepción denominada Ausencia de requisitos para afectar la póliza.

Sexto: SE CONDENA en costas a Colpensiones, en favor del demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de $6

000.000.

Séptimo : Se condena en costas a Colfondos S.A., en favor de la llamada en garantía MAPFRE S.A. Se fijan como agencias en derecho la suma de $1000.000.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante y de las demandadas Colfondos S.A. y Colpensiones, además en virtud del grado jurisdiccional de consulta surtido en favor de la última de las entidades, conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, quien, con sentencia calendada 16 de febrero de 2023, resolvió: PRIMERO: REVOCAR parcialmente los ordinales PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el 05 de mayo de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ, en contra de la sociedad AFP COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., el cual para todos los efectos quedará así: PRIMERO: DECLARAR que al señor WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ le asiste el derecho a recibir la pensión de invalidez a cargo de AFP COLFONDOS S.A., a partir del 11 de

octubre de 2013 en cuantía inicial de un salario mínimo legal mensual vigente y por trece (13) mesadas año, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad AFP COLFONDOS S.A. a reconocer y pagar al demandante y una vez reciba el Bono Pensional tipo A por parte de COLPENSIONES E.I.C.E., un retroactivo equivalente a ochenta y seis millones doscientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos ($86 262.854), que comprende las mesadas pensionales causadas entre el 11 de octubre de 2013 y el 31 de mayo de 2022. El retroactivo deberá ser indexado, de conformidad con los

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Radicación n.° 98497 parámetros establecidos en la parte motiva de esta sentencia. A partir del mes de junio de la presente anualidad, la AFP COLFONDOS S.A. le continuará pagando al demandante la suma de $1000.000 como salario mínimo, sin perjuicio de los reajustes que a futuro autoriza la Ley. Parágrafo único: Autorizar a la AFP COLFONDOS S.A. a realizar los respectivos descuentos con destino al SGSSS.

SEGUNDO: REVOCAR los ordinales TERCERO, CUARTO y QUINTO de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el 05 de mayo de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ, en contra de la sociedad AFP COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., los cuales para

todos los efectos quedarán así: TERCERO: ORDENAR a la demandada COLPENSIONES E.I.C.E. a trasladar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, a la AFP COLFONDOS S.A., los aportes que haya efectuado el demandante señor WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ a través del Bono Pensional Tipo A en la modalidad que corresponda de acuerdo con el Decreto 1299 de 1994 y demás normas concordantes, absolviéndola de las demás pretensiones incoadas en su contra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

CUARTO: DECLARAR probados los hechos sustento de las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación de pagar pensión de invalidez e inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 propuestas por COLPENSIONES E.I.C.E. y no probadas las excepciones propuestas por AFP COLFONDOS S.A. y MAPFRE

COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

QUINTO: CONDENAR a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA a cubrir la suma adicional, si la hubiere, que agregada a la acumulada en la cuenta de ahorro individual por aportes obligatorios, más los rendimientos y bonos pensionales que llegaren a existir a favor de WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ, completen el capital necesario para pagar la pensión de invalidez que hoy se ordena.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto

de alzada.

CUARTO: Sin costas en esta instancia. Las de primera estarán a cargo únicamente de la AFP COLFONDOS S.A. y de la llamada en garantía MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. de manera proporcional y a favor de la parte demandante, al ser vencidas en juicio.

Para tomar su decisión, el sentenciador de segundo grado comenzó por precisar que el problema jurídico a

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Radicación n.° 98497 resolver estaba centrado en determinar si al accionante le asistía el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez a partir del 11 de octubre de 2013, y, si ello era así, establecer cuáles son los requisitos que el afiliado debía acreditar para la causación y disfrute de la referida prestación, con arreglo a los preceptos normativos y criterios jurisprudenciales que rigen la materia. Explicó que también se ocuparía en determinar la entidad de seguridad social obligada a reconocer la pensión por invalidez; además, si eran procedentes los intereses de mora, y, en caso afirmativo, fijar la fecha de su causación. Señaló que no eran materia de discusión los siguientes supuestos fácticos debidamente acreditados en el proceso: i) que William Eduardo Jaramillo Ramírez nació el 8 de mayo de 1963; ii) que durante toda su vida laboral cotizó un total de 1245,71 semanas; iii) que estuvo afiliado al RAIS a través de Colfondos S.A. entre el 1 de mayo de 1997 y el 12 de diciembre de 2013; y iv) que, a partir de esa última

calenda, estuvo válidamente afiliado al RPM administrado por Colpensiones. Sostuvo que tampoco se controvertía: v) que el demandante fue calificado por Colpensiones a través del dictamen de pérdida de capacidad laboral fechado 25 de mayo de 2015, en el cual se determinó una PCL del 50,65%, con fecha de estructuración 11 de octubre de 2013, por causas de origen común; y vi) que con base en tal calificación solicitó el reconocimiento de la prestación de

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Radicación n.° 98497 invalidez, que le fue denegada con la Resolución GNR17428 del 21 de enero de 2016. Recordó la naturaleza de la pensión de invalidez, la legislación que la consagra y lo que ha dicho la jurisprudencia sobre el particular, citando varias apartes de las sentencias CSJ SL3275-2019 y CSJ SL3873-2022. Manifestó que el accionante cumplía con la primera de las exigencias previstas para obtener la prestación implorada, esto es, el porcentaje de la perdida de la capacidad laboral mayor al 50%, pues tenía el 50,65%, lo que no era materia de discusión; pero no satisfacía el segundo de los requisitos de contar con 50 semanas cotizadas en los tres últimos años anteriores a la estructuración de la invalidez, pues en toda su vida laboral acumulaba 1245,71 semanas, de las cuales solo 36,43 correspondían a ese lapso, comprendido del 11 de octubre de 2010 al 11 de octubre de 2013, por consiguiente, en

principio, las pretensiones del accionante no estaban llamadas a prosperar. Explicó que, sin embargo, tal deficiencia en el número mínimo de semanas era superable, si se acude al «parágrafo 2 del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003», que consagra una alternativa para superar el requisito de densidad mínima de 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la contingencia, para así permitir que el afiliado en estado de invalidez acceda a la prestación con

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Radicación n.° 98497 solo 25 semanas cotizadas en ese mismo lapso, si y solo sí, demostraba haber aportado al menos el 75% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez al momento en que este perdió su capacidad de trabajo. Especificó que en el caso bajo estudio constituía un hecho indiscutible que el actor al 11 de octubre de 2013, fecha de estructuración de la invalidez, reunía un total de 1245,71 semanas cotizadas, que equivalían al 99,65% de las 1250 semanas exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, ello en el RPM, para acceder a la pensión de vejez en el año 2013, de ahí que a la luz del parágrafo segundo del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que modificó el 39 de la Ley 100 de 1993, debía contar con 25 semanas en los tres años

inmediatamente anteriores a la invalidez, que no se discute, las cumplía con suficiencia, pues, como se vio, en dicho periodo contaba con 36,43 semanas. Concluyó que el promotor del litigio reunía las exigencias para ser destinatario de la pensión de invalidez, de ahí que no le merecía reparo alguno la decisión revisada en relación a la satisfacción de los presupuestos necesarios para la consolidación y disfrute del derecho reclamado. Se ocupó luego de estudiar cuál era la entidad responsable del reconocimiento y pago de la prestación, si Colpensiones, como lo dispuso el sentenciador de primer grado siguiendo las pautas de la sentencia CSJ SL5183 de 2021, o Colfondos S.A., a la luz de lo previsto en la decisión CC SU313-2020, como se sostenía en la apelación.

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Radicación n.° 98497 Esgrimió que no soslayaba que existían enfoques fundamentalmente opuestos para determinar la administradora responsable de asumir el reconocimiento y pago de la prestación de invalidez, en el escenario en que entre la fecha de estructuración de la contingencia y la data en que fue expedido el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, el beneficiario transitó entre administradoras adscritas al RPM y al RAIS.

Al respecto señaló: Para la Corte Constitucional, según los lineamientos que traza en la sentencia SU-313 de 2020, el pago de la prestación pensional en estos casos, incumbe a la administradora de pensiones a la cual se encuentre válidamente afiliado el destinatario a la fecha de estructuración del estado de invalidez.

A contrario sensu, para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la entidad de seguridad social que debe asumir el pago de la prestación de invalidez es aquella a la que se encuentre afiliado al momento que se conoce la determinación de la PCL, tal y como se comprende del examen de los argumentos plasmados en sentencias SL5183 de 2021, y SL1397 y SL4295, ambas de 2022. Ante tal disyuntiva y dada la complejidad que comportaban las posturas abiertamente incompatibles entre una y otra corporación, acudió al «ejercicio del principio de la autonomía que caracteriza la función judicial» prevista en los artículos 228 y 230 de la CP, para con ello acoger el criterio y la regla de interpretación defendida por la Corte Constitucional, y así sostener, como remedio judicial, que en casos como el presente, la fecha de estructuración sería el elemento que resuelva cualquier

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Radicación n.° 98497 conflicto de competencias, que se suscite entre administradoras del RAIS y del RPM. En hilo con ello, acudió a la regla contemplada en el artículo 42 del Decreto 1406 de 1996, compilado por el artículo 3.2.1.12 del Decreto 780 de 2016, el cual reprodujo, pues consideró que era la disposición mejor armonizaba con el sistema de financiación previsto por el legislador para las pensiones de invalidez, pues su aplicación no afectaba el derecho a la libertad de elección de régimen pensional, ni limitaba el derecho a la seguridad social, como lo dijo la Corte Constitucional en la decisión

CC SU313-2020.

Reiteró que el razonamiento que debe orientar la intelección de la normatividad que consagra la pensión de invalidez «[…] estriba en la identificación de la fecha, o bien el momento, a partir del cual se entiende que, surge para la administradora de fondos de pensiones la obligación de reconocer el derecho pensional producto de la materialización del riesgo de invalidez», lo que para el Tribunal ocurría en la data de estructuración del estado y no en la fecha en que se conoce la determinación de la perdida de la capacidad laboral, bajo el entendido que, por regla general, es a partir de esa calenda que el afiliado pierde la capacidad para continuar incorporado al mercado laboral y proveerse de manera autónoma lo necesario para garantizar su subsistencia.

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Radicación n.° 98497 De ahí que, es este el momento que configuraría o se reconocería el estatus de pensionado y se inicia el pago de las mesadas pertinentes, previo el cumplimiento del requisito de semanas cotizadas y, sin perjuicio, del trato diferenciado por condiciones especialísimas y específicas, como lo sería la capacidad ocupacional residual y las consecuencias del padecimiento de enfermedades crónicas, congénitas o degenerativa, que no se presentaban en el caso bajo estudio. Especificó que esta tesis estaba acorde con lo previsto por el artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990 y el último inciso del artículo 40 de la Ley 100 de 1993, que vinculan aspectos tan relevantes como el disfrute y la cuantía de la prestación, mas no el momento en que el beneficiario

solicita el reconocimiento pensional apoyado en el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, sino, se repite, a partir de la fecha de materialización de la contingencia, que naturalmente es anterior a la declaración formal de la invalidez; sin que esta conclusión riña con los mecanismos de financiación de uno y otro régimen pensional. Esgrimió que como la administradora a la que se encontraba vinculado el actor en la fecha de estructuración de la contingencia, esto es, el 11 de octubre de 2013, recibió los aportes correspondientes y los distribuyó de acuerdo con lo normado en el artículo 20 y el literal b del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.

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Radicación n.° 98497 Puntualizó que tratándose del RAIS lo cotizado ingresó a la cuenta de ahorro individual y se contrató el seguro colectivo y de participación que trata el artículo 108 de la Ley 100 de 1993; mientras que en el caso del RPM estos aportes pasan al fondo común de naturaleza pública para la constitución de la reserva respectiva y el pago de las mesadas, con lo que se garantizaba el financiamiento de la prestación de invalidez en estas especiales circunstancias, debiendo eso sí, retornar a la entidad pensionante todo lo cotizado. Aclaró que tal postura resolvía de manera precisa y completa el caso particular que se estudiaba, pues se verificó que entre la fecha de estructuración de la invalidez, 11 de octubre de 2013, y la época en que se declaró formalmente la misma que lo fue el 25 de mayo de 2015, no

transcurrió un lapso de tiempo considerable, así como tampoco se presentaron cotizaciones por parte del accionante a Colpensiones, en periodos posteriores al traslado del RAIS al RPM que se produjo en diciembre de 2013. Consideró que en casos iguales o similares deberían solucionarse siguiendo este precedente, siempre y cuando se verifiquen las siguientes condiciones: «i. no se transgreda el derecho del ciudadano a la libre selección de régimen pensional; ii. no se afecte profundamente la sostenibilidad financiera del sistema, y; iii. no se vulnere el derecho a la seguridad social del afiliado».

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Radicación n.° 98497 Remató diciendo que la responsabilidad en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del accionante, en la cuantía calculada por el juez de primera instancia, recaía en Colfondos S.A., al ser la entidad administradora del RAIS a la cual se encontraba afiliado para la fecha de estructuración del estado de invalidez, lo que ocurrió el 11 de octubre de 2013, además que comporta que la vinculación al RPM en diciembre de 2013 no está llamada a surtir efectos, al entenderse pensionado desde el 11 de octubre de ese mismo año en el RAIS, máxime al ser los regímenes pensionales creados con el SGSSI abiertamente excluyentes como lo señala el artículo 16 de la Ley 100 de 1993. Por lo anterior, dispuso ordenar a Colpensiones devolver al RAIS, representado en esta litis por Colfondos S.A., las cotizaciones efectuadas por el trabajador a través

de un bono pensional tipo A, en la modalidad que corresponda, conforme con las directrices del Decreto 1299 de 1994 y demás normas concordantes, para el correcto financiamiento de la prestación económica conforme lo establece el artículo 70 de la Ley 100 de 1993. De otro lado, concordante con lo anterior y para resolver los reproches presentados por Colfondos S.A. frente a la validez del dictamen de PCL emitido por Colpensiones, adosado por el promotor de proceso como prueba documental en el escrito inaugural, por infracción del derecho al debido proceso ante la imposibilidad de objetarlo en sede administrativa y no reunir los requisitos del artículo

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Radicación n.° 98497 228 del CGP, el Tribunal se remitió a lo previsto por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, que modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el cual reprodujo. Luego de ello, sostuvo que en principio la razón estaría de lado de la AFP al rebatir la fuerza probatoria del dictamen arrimado por el accionante, al no haber participado del trámite descrito en líneas anteriores y consignado en el Decreto 019 de 2012. Sin embargo, contrario a lo expuesto por Colfondos S.A., dentro de esta actuación judicial la entidad sí conoció el contenido y alcance del dictamen pericial emitido por Colpensiones, al punto que la primera de estas administradoras solicitó la práctica de uno nuevo, para así apartarse no solo del porcentaje que arrojó la pérdida de la capacidad laboral,

sino también de la fecha de estructuración del estado de invalidez del demandante, lo que de suyo comporta que en efecto ejerció su derecho de defensa y contradicción frente a este medio probatorio, ello sin soslayar el hecho que la citada AFP desistió de la práctica de un nuevo dictamen, lo que fue aceptado por el juez del conocimiento, de ahí que no afloraban razones o fundamentos plausibles que permitieran apartarse del contenido de la calificación practicada por Colpensiones. En seguida abordó el tema referido a si eran procedentes o no los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre los que, en esencia, consideró:

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Radicación n.° 98497 Aquí, debe recalcar la Sala, que, tratándose de procesos como el presente, en donde no existe una disposición legal que regule de manera concreta las controversias de esta estirpe y presentándose posturas opuestas entre autoridades judiciales de cierre, que implicó una interpretación omnicomprensiva relativa a la administradora llamada a pagar la prestación de invalidez, aunado a la ausencia de reclamación del reconocimiento pensional ante la AFP COLFONDOS S.A.; se muestra necesario absolver a esta última entidad de reconocer los intereses de mora pretendidos por el aquí accionante, pues solo con esta decisión se dilucidó la forma de resolver el conflicto planteado. En subsidio, dispuso condenar a la indexación del retroactivo pensional, ello para aminorar el impacto inflacionario a soporta la moneda nacional. Citó en su

apoyo jurisprudencia. A continuación, abordó el tópico alusivo al seguro previsional de invalidez y sobrevivientes contratado por Colfondos S.A. con Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., que conforme a la póliza aportada al proceso cubría tales contingencias durante el lapso comprendido del 1 de enero de 2009 al 1 de enero de 2014. Por ello al ocurrir el riesgo el 11 de octubre de 2013, esto es, en vigencia de esa póliza, la cobertura del seguro previsional contratado con la citada aseguradora era de carácter automática, pues al resultar condenada, por ministerio de la ley se le extienden los efectos a la mencionada aseguradora como garante, la que deberá asumir, si así resultare, la suma adicional necesaria para financiar la prestación pensional, en cumplimiento de los artículos 70 y 108 de la Ley 100 de 1993. En los anteriores términos desató los recursos de alzada y el grado jurisdiccional de consulta surtido en favor de Colpensiones.

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Radicación n.° 98497 IV.RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Colfondos S.A. y la llamada en garantía Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., los que fueron concedidos por el Tribunal y admitidos por esta corporación. No obstante, la Sala solo entra resolver el formulado por la citada AFP, pues el propuesto por la aseguradora fue desistido, lo que se admitió mediante providencia del 30 de agosto de 2023.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende Colfondos S.A. que la Corte case la sentencia recurrida, para que en sede instancia, confirme la decisión de primer grado con excepción del ordinal séptimo que debe ser revocado. Sobre costas provea lo que en derecho corresponda. Con tal propósito formula un cargo, que es replicado solo por Colpensiones, ya que Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. al descorrer el traslado, coadyuvó el planteamiento de la impugnante Colfondos S.A.

VI. CARGO ÚNICO Sostiene que la sentencia de segundo grado es violatoria por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, respecto de los artículos 3.2.1.12 del Decreto 780 de 2016 y 10 del Acuerdo 49 de 1990; así como la

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Radicación n.° 98497 interpretación errónea del último inciso del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 y del literal b) del artículo 13 ibídem. En la demostración del cargo, manifiesta que el