CSJ - SL931-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL931-2023 Radicación n.° 84688 Acta 14 Bogotá, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por

ANA JOAQUINA CALDERÓN LAINEZ, DARÍO LONDOÑO

SÁNCHEZ, EFRAÍN ANTONIO AVENDAÑO ZULUAGA,

EFRAÍN DE JESÚS ARIAS RENDÓN, ELQUIN DARÍO

ÁLVAREZ MENESES, EUCLIDES DE JESÚS PATIÑO

TOBÓN, FERNANDO ALBEIRO OCHOA QUINTANA,

FRANCISCO EDELKIN CANO MORALES, GONZALO

ALBERTO MARÍN MORALES, HÉCTOR EMILIO SÁNCHEZ

MEJÍA, HUGO ALEXANDER RUÍZ AMAYA, HUGO LEÓN

LENIS CHAVERRA, HUGO TOBÓN SEPÚLVEDA, JAIME

ANDRÉS MONTOYA MUÑOZ, JAVIER IGNACIO ZAPATA GONZÁLEZ, JESÚS ADOLFO AGUDELO MENDOZA y JESÚS ANTONIO MARÍN, contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 84688 laboral que instauraron los recurrentes atrás referidos, junto

con FERNANDO OLAGUER FRANCO, HERNANDO DE

JESÚS CASTAÑEDA y GERARDO ANTONIO ÁLVAREZ VARGAS contra las empresas FRONTINO GOLD MINES LIMITED, hoy liquidada y administrada por la FIDUCIARIA

DE OCCIDENTE -FIDUOCCIDENTE S. A. y ZANDOR

CAPITAL S. A. COLOMBIA.

I. ANTECEDENTES Los demandantes llamaron a juicio a las accionadas con el fin de que se declare que entre las empresas Frontino Gold Mines Limited y Zandor Capital S.A Colombia existió sustitución patronal, por la venta que la primera hiciera a la segunda de todos sus activos en bloque, mediante promesa y posterior tradición efectuada el 18 de agosto de 2010.

Así mismo, solicitaron que se declare que entre ellos y las citadas empresas existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual no finalizó en virtud de dicha sustitución, y que tuvieron las siguientes fechas de inicio: Ana Joaquina Calderón Lainez: 1 de enero de 2000

Darío Londoño Sánchez: 1 de septiembre de 1999

Efraín Antonio Avendaño Zuluaga: 1 de diciembre de 1999

Efraín de Jesús Arias Rendón: 30 de abril de 1990

Elquin Darío Álvarez Meneses: 16 de julio de 1991

Euclides de Jesús Patiño Tobón: 1 de noviembre de 2001

Fernando Albeiro Ochoa Quintana: 1 de agosto de 1998

Fernando Olarguer Franco: 26 de febrero de 1996

Francisco Edelkin Cano Morales: 16 de julio de 1991

Gerardo Antonio Álvarez Vargas: 15 de abril de 2003

Gonzalo Alberto Marín Morales: 21 de julio de 1999

Héctor Emilio Sánchez Mejía: 16 de julio de 1991

Hernando de Jesús Castañeda: 1 de abril de 2003

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 84688

Hugo Alexander Ruiz Amaya: 1 de septiembre de 1999

Hugo León Lenis Chaverra: 21 de octubre de 1991

Hugo Tobón Sepúlveda: 24 de enero de 2007

Jaime Andrés Montoya Muñoz: 16 de marzo de 2007

Javier Ignacio Zapata González: 16 de julio de 1991

Jesús Adolfo Agudelo Mendoza: 2 de septiembre de 1993

Jesús Antonio Marín: 9 de noviembre de 1993.

Igualmente, pidieron ordenar su reintegro en un cargo de igual o mayor jerarquía, junto con el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento en que fueron desvinculados; las cesantías y sus intereses; la prima de servicios; las vacaciones; las dotaciones de calzado y vestido; los aportes a los sistemas de salud, pensiones y subsidio familiar; los derechos que se deriven de la aplicación correcta de la convención colectiva de trabajo 2003-2004; la indemnización moratoria del artículo 65 del CST; y las costas del proceso. También reclamaron declarar que las sumas de dinero que recibieron de Frontino Gold Mines Limited, a título de indemnizaciones y liquidaciones por la supuesta terminación de las relaciones de trabajo son inválidas y, en esa medida, que las accionadas deben asumirlas como

pérdidas. En subsidio, pidieron que se condene al pago de las diferencias prestacionales e indemnizatorias entre lo que las compañías demandadas les reconocieron en la liquidación y lo que les han debido pagar según la convención colectiva de trabajo; la indexación de las sumas adeudadas; la sanción moratoria del artículo 65 del CST; y lo ultra o extra petita. Como soporte de tales pedimentos, informaron que prestaron servicios en favor de Frontino Gold Mines Limited,

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 84688 en el cargo de operarios mineros y cuya función era la extracción de piedras para moler y sacar el oro de socavones o túneles en el municipio de Segovia -Antioquia; que fueron vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido, con una remuneración mensual de $508.137, en las fechas de inicio ya referidas y con finalización, para todos los casos, el 19 de agosto de 2010, por la decisión unilateral de ese empleador de darlos por terminados, supuestamente, invocando la autorización que habría otorgado el Ministerio de la Protección Social para efectuar un despido colectivo según Resoluciones 00158 del 7 de febrero; 960 del 15 de junio y 4933 del 28 de diciembre, todas de 2007, en virtud del proceso liquidatorio de esa empresa. Indicaron que lo que ocurrió en realidad, fue que Frontino Gold Mines Limited enajenó su empresa a Zandor Capital S. A. Colombia, la cual, en virtud de esa circunstancia, empezó a fungir como verdadero empleador, al configurarse una sustitución de empleadores, pues siguió

ejecutando el mismo objeto social de la primera en igual lugar y yacimientos y con idénticos elementos de operación o explotación, por lo que no hubo una liquidación sino una venta. Anotaron que la Supersociedades, en auto que ordenó el levantamiento de medidas cautelares, corroboró la existencia de esa enajenación especial, como una unidad comercial completa de explotación minera. Agregaron que son beneficiarios de las CCT vigentes en la empresa, pese a lo cual, en la liquidación final de sus

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 84688 prestaciones sociales no se tuvo en cuenta la totalidad de factores convencionales a los que tenían derecho. Al contestar la demanda, Zandor Capital S. A. Colombia se opuso a las pretensiones dirigidas en su contra. En relación con los hechos, los negó o dijo no constarle, precisando que tales supuestos atañen exclusivamente a Frontino Gold Mines Limited. En su defensa, descartó que tuviera alguna relación con los demandantes, mucho menos, de naturaleza laboral, pues explicó que, si bien adquirió algunos de los activos físicos de la empresa Frontino -la cual estaba en trámite de liquidación obligatoriamediante una enajenación especial, ello no implica solidaridad alguna respecto de las pretensiones que se reclaman en este juicio. Indicó que no es cierto que sea propietaria de Frontino Gold Mines Limited, pues esta última siguió existiendo hasta que terminó su proceso liquidatorio; resaltó que cualquier reclamación que se dirija contra aquella empresa, deberá respetar las disposiciones de la Ley 222 de 1995. Relacionó varias decisiones judiciales en las que, precisó, se ha

descartado la sustitución de empleadores entre las aquí demandadas y en favor de los trabajadores. Formuló las excepciones previas de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones y prescripción; y las de fondo de falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de identidad entre la demandada Zandor Capital S. A. Colombia y los demandantes; falta de requisitos del contrato de trabajo; diferenciación de las empresas Frontino Gold

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 84688 Mines Limited y Zandor Capital S. A. Colombia; compraventa de activos bajo la figura de enajenación especial; naturaleza del vínculo contractual y partes; responsabilidad exclusiva de un tercero; calidad de juez de la Supersociedades en eventuales acreencias reclamadas; inexistencia de sustitución patronal y las demás que resultaren probadas. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín le designó curador ad litem a Frontino Gold Mines Limited. Al contestar la demanda, dijo que no le constaban los hechos, pero aclaró que, de los certificados de Cámara de Comercio de las demandadas, podía inferirse que el objeto social de Frontino es la minería en general, mientras que el de Zandor Capital S. A. Colombia es variado y genérico, incluyendo la transformación, comercialización y transporte de todos o cualquiera de los minerales, hidrocarburos y energía eléctrica. Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones y propuso las excepciones de prescripción e inexistencia de sustitución patronal. La parte actora presentó escrito de reforma a la

demanda, precisando que el salario mensual devengado por los distintos trabajadores oscilaba entre $635.160 y $730.050; y que la CCT no se aplicó en lo referente a los contratos especiales; las vacaciones; la prima de vacaciones; prima de navidad; prima anual de antigüedad; pensión de jubilación e indemnizaciones; auxilios hospitalarios;

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 84688 prestaciones por accidente o enfermedades profesionales; raciones y prestaciones sindicales. Agregó que, en virtud de la enajenación especial de los activos de Frontino, Zandor Capital S. A. Colombia se obligó a aceptar la cesión de los contratos de trabajo existentes. Al contestar la reforma a la demanda, Zandor Capital S.

A. Colombia se limitó a decir que los nuevos hechos incluidos no le constaban o no eran ciertos. Solicitó que la excepción de prescripción que había formulado como previa, se tuviera en cuenta como de mérito o de fondo. Reseñó nuevos pronunciamientos en los que, dijo, se ha aclarado que entre las empresas demandadas no se ha presentado ninguna sustitución de empleadores.

El curador ad litem no se pronunció frente a la reforma de la demanda. El Juzgado, mediante decisión del 22 de enero de 2016, declaró no probada la excepción previa de inepta demanda propuesta por Zandor Capital S. A. Colombia. Además, por auto del 11 de enero de 2018, se aceptó el desistimiento que, de la demanda inicial, hizo Fernando Olarguer Franco (f.° 545).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 22 de marzo de 2018, absolvió a las

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 84688 demandadas de las pretensiones dirigidas en su contra, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación. Impuso costas a cargo de los accionantes y dispuso que, en caso de no ser apelada dicha determinación, debía surtirse el grado jurisdiccional de consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de los actores, a excepción de Gerardo Antonio Álvarez Vargas, quien desistió de dicho recurso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 28 de febrero de 2019, confirmó la decisión impugnada y condenó en costas a los recurrentes.

En lo que interesa al recurso extraordinario, indicó que el problema jurídico que debía resolver consistía en definir si había existido sustitución de empleadores entre Frontino Gold Mines Limited y Zandor Capital S. A. Colombia. Lo anterior, teniendo en cuenta la denominada minuta de acuerdos para el cierre, suscrita entre las codemandadas, el 12 de agosto de 2010 y de acuerdo con la cual, Zandor Capital S. A. Colombia se obligaba a preservar la continuidad laboral de los trabajadores, al menos, durante un año adicional. Para resolverlo, recordó que el artículo 67 del CST refiere que, para que se presente el fenómeno de la sustitución de empleadores, es necesario que se verifiquen

tres elementos esenciales: el cambio de un empleador por otro, cualquiera sea la causa; la continuidad de la empresa y

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 84688 la conservación en el giro de sus actividades; y la continuidad del trabajador. Explicó que la finalidad de dicha figura es mantener la unidad de las relaciones laborales y la protección de los derechos de los operarios. Advirtió que, si bien, en principio, si lo que ocurre es que, al presentarse un cambio de empleador por otro, el antiguo da por terminado el contrato con uno o varios trabajadores reconociendo la indemnización por el despido injusto, no resulta necesario aplicar la figura de la sustitución patronal, precisamente porque hubo terminación de los vínculos laborales. Ello, incluso, en aquellos casos en que el nuevo empleador decida vincular al antiguo personal, pues se estaría ante nuevas contrataciones. Dijo que, si el contrato termina válidamente, aunque sea sin justa causa, ello no le permite al trabajador a solicitar el reintegro o solicitar su vinculación a la nueva empresa. Anotó que, aparte de lo anterior, existen ciertos casos en los que se puede ordenar el reintegro del trabajador a la nueva empresa, aunque no exista continuidad en los servicios prestados, pero ello ocurre sólo si así fue pactado por las partes mediante acuerdo o convención colectiva de trabajo. Citó apartes de la decisión CSJ SL572-2018. Analizado el caso concreto, advirtió que: i) el 18 de agosto de 2012, las empresas demandadas suscribieron un contrato de promesa de compraventa, mediante la cual

Frontino Gold Mines Limited enajenó sus activos a la sociedad Zandor Capital S. A. Colombia; ii) el 19 de agosto

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 84688 del mismo año, los demandantes fueron despedidos; y iii) ninguno de los accionantes laboró directamente para Zandor Capital S. A. Colombia. En ese sentido, explicó que, en el presente asunto, sólo estaban acreditados dos de los tres elementos propios de la sustitución patronal, estos son, el cambio de empleadordado que Zandor Capital S. A. Colombia asumió los activos de Frontino Gold Limited ELOy la continuidad de las actividades desarrolladas por esta última empresa, pues la nueva, en esencia, conservó ese objeto social; pero no, la continuidad en la prestación de los servicios de los demandantes en favor de ambas empresas demandadas, mediante el mismo contrato laboral. Anotó que el caso analizado era distinto al estudiado en la Corte Constitucional, en decisión CC T-954 de 2011. Respecto de la minuta de acuerdos para el cierre, resaltó que las partes demandadas acordaron lo siguiente: «B. La del promitente vendedor, de liquidar a sus trabajadores en la fecha efectiva o antes y la del promitente comprador de vincular a dichos trabajadores por un término de al menos 1 año, lo cual podrá (...)», resalto el verbo «(…) ser cumplido mediante la vinculación de los mismos, a través de empresas de servicios temporales contratadas por un tercero y por cuenta y cargo exclusivo de dicho tercero, para hacer labores distintas a las del promitente vendedor por un lapso entre 1 y 4 semanas. Cumplido

el cual, el promitente comprador se obliga a contratar a dichos trabajadores a través de empresas de servicios temporales por un término que, sumado al del lapso entre 1 y 4 semanas arriba descrito, no sea menor a 1 año, conforme a lo establecido en el anexo #6 A».

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 84688 Resaltó que, en el acápite respectivo a la estabilidad laboral se hicieron los siguientes compromisos:

A. El comprador aceptará la cesión de los contratos de servicios suscritos con las empresas de servicios temporales y garantizará la duración de estos vínculos dentro del término legalmente establecido, el cual no será inferior a 1 año. En ningún caso estos contratos de servicios con empresas de servicios temporales corresponderán a un número superior a 1600 trabajadores.

B. Transcurrido el plazo de 1 año de la fecha efectiva o antes de ese plazo si ello fuera posible, el comprador vinculará de manera directa y de acuerdo con sus necesidades administrativas o de producción, previo proceso de selección, a aquellos trabajadores en misión que le resulten necesarios para el desarrollo de su actividad productiva»

(…)

D. El comprador no aceptará sustitución patronal o cesión de contratos de trabajo y como consecuencia de ello, no asumirá ninguna obligación laboral, parafiscal, colectiva o de cualquier otra índole equivalente que pueda tener Frontino con sus trabajadores o extrabajadores».

Sobre dichos acuerdos, sostuvo que el único testigo que declaró en este trámite, Dairo Alberto Rúa Aristizábal, al ser interrogado sobre la manera en que se produjo la transición de una empresa a otra, había señalado que «Frontino despidió

a los trabajadores y al otro día apareció el aviso de Zandor y Grancolombiana Gold y que reengancharon a los trabajadores por medio de empresas temporales» y, respecto de la suerte del personal de la antigua empresa, dijo que en marzo de 2010 se firmó la promesa de compraventa; que en agosto 19 de 2010 se perfeccionó el acuerdo y en esa fecha, todos fueron despedidos; pero luego manifestó: «de 1400 trabajadores aproximadamente que despidieron, la mayoría fueron reenganchados por medio de empresas de servicios

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 84688 temporales, tales como: “Angelitos de la Luz, Human Team, Dar Ayuda y Empleamos, entre otras”». Insistió en que los trabajadores no fueron contratados directamente por Zandor Capital S. A. Colombia, sino a través de EST. Interpretando la anterior situación, la Sala estimó que, en los precisos términos en que fueron concebidos los compromisos adquiridos por la promitente compradora al momento de celebrar el negocio jurídico, la obligación que adquirió Zandor Capital S. A. Colombia fue la de vincular, al menos durante un año, al personal de Frontino Gold Mines Limited, pero no necesariamente mediante contratación directa, ya que en el texto del acuerdo se incluyó el término «podrá», permitiendo hacerlo a través de empresas de servicios temporales y, para la ejecución de actividades diferentes a las que cumplían en aquellas de cierre, lo que en realidad ocurrió en este asunto.

Advirtió que: Pero no se trataba de un reenganche indiscriminado directo, que diera acción para reclamar el reintegro a todos los trabajadores

de la Frontino, se reitera directamente con la Zandor Capital; por lo cual éste a juicio de la Sala no es procedente ordenarlo, el reintegro, máxime que como se indicó, los contratos de trabajo con aquella empresa fueron legalmente terminados. Entre tanto, se sabe solo por el testimonio reseñado que la gran mayoría de los 1400 trabajadores despedidos por La Frontino, fueron contratados a través de empresas de servicio temporales, testigo quien incluso identificó las sociedades contratantes bajo esta modalidad; aunque se desconoce si alguno o varios de los 17 demandantes que en este caso aún persisten, estuvo por fuera de dicha vinculación o bien cuál fue el término de duración del nexo de aquellos trabajadores que fueron contratados por las respectivas empresas temporales.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 84688 En esas condiciones, consideró que no era posible disponer el reintegro de los demandantes, en tanto no se tenía conocimiento puntual sobre cuál de ellos había sido vinculado en la nueva empresa; cuánto duraron esas nuevas vinculaciones; y si algunos de ellos fueron posteriormente contratados de manera directa de acuerdo con las necesidades de producción, etc., por lo que, anotó, no existían elementos de juicio para acceder a lo pedido. Frente a las pretensiones subsidiarias, fundadas en la convención colectiva de trabajo y mediante las cuales los demandantes reclaman la diferencia entre lo pagado y lo dejado de recibir, según las prestaciones contenidas en dichos acuerdos, dijo que al proceso no se adosó en debida y legal forma la prueba que demostrara la procedencia de esos conceptos, esto es, la CCT con su debido depósito, por lo que,

tampoco accedería a ese pedimento. Anotó que, si bien, el testigo intentó anexar, al momento de su declaración, una liquidación de la indemnización elaborada por la contadora y, de otro lado, un CD contentivo de la CCT, lo cierto es que el juez de primera instancia únicamente permitió aportar el primero de tales elementos, pero no, el acuerdo convencional, toda vez que, precisó, debió presentarse con el escrito de demanda inicial; decisión que, dijo, había quedado ejecutoriada y no podía modificarse en la alzada. En este orden, expuso que sólo se contaba con una convención obrante a folio 382 y ss. del plenario, que carecía

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 84688 de nota de depósito ante la Inspección del Trabajo y que, como se trataba de una prueba ad substamtian actus, no podía servir de soporte para el reconocimiento de las acreencias reclamadas. Agregó que las simples liquidaciones efectuadas por la contadora no eran suficientes para el fin perseguido.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por los demandantes, a

excepción de Fernando Olaguer Franco, Gerardo Antonio Álvarez Vargas y Hernando de Jesús Castañeda, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Los recurrentes pretenden que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se revoque la decisión de primer grado.

Con tal propósito, formulan tres cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados por Zandor

Capital S.A. Colombia y que se resolverán en ese orden.

VI. PRIMER CARGO Acusan la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 67 a 70 del CST.

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 84688 Refieren que, si bien el Tribunal negó la existencia en este asunto de una sustitución de empleadores, supuestamente porque no se presentó la continuidad en el servicio de los trabajadores, lo cierto es que, una lectura del artículo 67 del CST permite advertir que ese elemento no es presupuesto para que se verifique esa figura, de modo que se trata de un presupuesto adicional de creación jurisprudencial, no previsto en la ley. Estiman que la inclusión de ese requisito permite que los empleadores eludan sus obligaciones frente a sus trabajadores pues, simplemente, y antes de que el nuevo empleador asuma el control de la empresa, despiden a todo el personal y no asumen responsabilidad alguna. Resaltan que Zandor Capital S. A. Colombia siguió ejecutando al objeto social concerniente a la explotación del material aurífero y, ello, sin solución de continuidad, en los yacimientos que antes le pertenecían a Frontino Gold Mines Limited y con el mismo título minero, lo que permite inferir que ellos, como accionantes, debieron continuar prestando sus servicios en favor de la empresa sustituta. Indican que, pese a ello, se quiso disfrazar la verdadera sustitución de empleadores, con la supuesta liquidación de Frontino Gold Mines Limited y, a nombre de esto, se autorizó

el despido colectivo de todos sus trabajadores el 18 de agosto de 2010, pese a que, además, dicha empresa ya había enajenado sus activos el 29 de marzo anterior.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 84688 Explican que la norma que regula la sustitución precisa que esta se presenta cuando el cambio del empleador ocurra por cualquier causa, lo que, en su criterio, cobija el caso de la venta de activos y posterior liquidación del empleador inicial. Refieren que, en realidad, parece que el problema de la existencia o no de esta figura, dependiera, únicamente del momento en que ocurre la venta, esto es, si se hace antes del despido masivo, entonces sí habría ocurrido la referida sustitución; pero si se hizo después, ya no se presenta. Añaden que esto no puede quedar supeditado a tales circunstancias. Estiman que, una intelección correcta del artículo 67 del CST implica que, cumplidos los únicos dos elementos que prevé la ley -cambio de empleador y continuidad de la misma actividad de la empresadebe declararse la sustitución patronal. Refieren que, a diferencia de la jurisprudencia de esta Sala de Casación, la Corte Constitucional ha enseñado que, en estos eventos, es importante examinar la realidad de lo ocurrido, concretamente, en lo que tiene que ver con la continuidad del trabajador en la prestación de los servicios, y en el momento en que se produjo esa desvinculación, máxime si ello ocurre un día anterior al cambio de empleador, tal como, aduce, se presentó en este caso. En consecuencia, insisten en que las normas denunciadas no exigen el elemento de la continuidad del

servicio para dar por cumplida la figura de la sustitución de empleadores y consideran que el Tribunal hizo una aplicación automática de la jurisprudencia de la Sala de

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 84688 Casación Laboral en lo que a este asunto se refiere, olvidando que fueron desvinculados de sus labores el día anterior a que la nueva empresa entrara en funcionamiento, ello, además, disfrazando una real enajenación de activos por una supuesta liquidación. Para finalizar, reitera esos argumentos.

VII. RÉPLICA Zandor Capital S. A. Colombia estima que el recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos al formular el presente cargo: no hace una argumentación e interpretación contundente y sólida que acredite un mayor valor jurídico a la jurisprudencia señalada; y se debaten deducciones probatorias que no pueden ser controvertido en un cargo planteado por la vía directa el cual es propuesto con el fin de demostrar un presunto yerro de estirpe jurídico, concernientes a la inexistencia de uno de los elementos de la sustitución.

Frente al asunto de fondo, indica que la cesión de los derechos formalizada por Frontino Gold Mines Limited en favor de Zandor Capital S.A. Colombia sólo tuvo vigencia respecto de los derechos derivados del Título Minero RPP 140, en modo alguno frente a las obligaciones que la primera tuviera a su cargo en favor de los trabajadores. Aclara que ambas codemandadas son personas jurídicas independientes y autónomas -según lo acreditan los certificados de existencia y representación legaltienen objeto social y patrimonio independientes y órganos de

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 84688 control societario distinto. De manera que, dice, plantear la hipótesis de la sustitución patronal, es incurrir en un sofisma. Por último, señala que los accionantes no demostraron la existencia de los presupuestos fácticos contenidos en el artículo 67 del CST, referido a la continuidad del vínculo laboral respecto del nuevo empleador.

VIII. CONSIDERACIONES Si bien la parte opositora considera que el cargo no tiene suficiente argumentación, la Sala sí logra advertir un reproche concreto a la decisión del Tribunal, concerniente a la aplicación de un requisito para la declaratoria de la sustitución de empleadores que, en criterio de la censura, no está previsto en la ley, cuestionamiento que, además, contrario a lo dicho en la réplica, sí es de orden jurídico, pues remite a la norma que regula esta figura y a verificar la intelección que de ella hizo el juez colegiado. Por ello, la Corte pasa al estudio de fondo de la acusación.

Teniendo claro lo anterior, se tiene que el problema jurídico que se debe resolver es si la continuidad o vigencia del contrato de trabajo a la fecha de cambio de titularidad de la empresa o unidad productiva es un requisito para que se produzca la sustitución de empleadores, como lo refirió el

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 84688 juez de segundo grado. Al respecto, el artículo 67 del CST prevé: Art. 67. Definición. Se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que

subsista la identidad de establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios. Una lectura textual del citado artículo lleva a deducir que los requisitos de la sustitución de empleadores son el cambio de titularidad de la empresa, establecimiento o entidad económica, por cualquier causa (cesión, venta, arrendamiento, fusión, etc.), y la subsistencia de la identidad del negocio. No obstante, esta Sala de Casación Laboral ha explicado que el tercer elemento que tradicionalmente ha introducido la jurisprudencia -continuidad en la prestación del servicioestá implícito en la noción de «sustitución de patronos» prevista en el artículo 67 ibidem, lo que, dice, supone una sucesión de empleadores o un cambio en la posición jurídica subjetiva empresarial en la ejecución de una relación de trabajo. En decisión CSJ SL1399-2022 la Corte recordó: Así, la sucesión de empresarios precisa de: (i) un cambio en la titularidad de la organización productiva por cualquier causa, como compraventa, arrendamiento o traspaso del negocio a cualquier título, u operaciones de reorganización empresarial, como las fusiones, adquisiciones, absorciones, liquidación con traspaso de bienes, etc., en virtud de las cuales un empresario subroga a otro en su posición empleadora, y (ii) la identidad de establecimiento o subsistencia de la empresa, entendida como un conjunto de medios organizados (personales, patrimoniales, técnicos) para llevar a cabo una actividad económica (CSJ

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 84688 SL3001-2020). Además, la jurisprudencia de la Sala Laboral ha interpretado que para que opere la sustitución de empleadores también se requiere (iii) «la continuidad en la prestación del servicio» (CSJ SL4530-2020). Ahora, la continuidad en la prestación del servicio no equivale a continuidad en el contrato de trabajo, como lo entiende el recurrente. De lo contrario, podrían eludirse con facilidad los efectos de la sustitución de empleadores, terminando los contratos de trabajo antes de que el nuevo empresario asuma la dirección del negocio y suscribiendo uno nuevo con él. De esta forma, el nuevo empleador quedaría totalmente liberado de las obligaciones laborales y prestacionales del antiguo empleador, y más aún, los trabajadores perderían su antigüedad laboral y las garantías laborales adquiridas con anterioridad, que es precisamente lo que quiere proteger la institución laboral de la transmisión de empresa. A juicio de la Sala, la operatividad de la sustitución de empleadores está sustraída de la voluntad de las partes y su configuración depende de la comprobación de unos elementos empíricos o de la realidad, a saber, (i) el cambio de titularidad de la empresa, establecimiento o entidad económica, por cualquier causa, (ii) la subsistencia de la identidad del negocio y (iii) la continuidad de la