CSJ - SL935-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL935-2023 Radicación n.° 93063 Acta 14 Bogotá, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por PAULA ANDREA ROJAS MURIEL, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 3 de septiembre de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra

INDUSTRIAS ESTRA S. A.

I. ANTECEDENTES Paula Andrea Rojas Muriel llamó a juicio a Industrias Estra S. A., con el fin de que se declare que fue despedida de manera ilegal e injusta el 18 de enero de 2018, momento en que estaba vigente un conflicto colectivo de trabajo entre la demandada y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industria Estra -Sinalltraestra-. En consecuencia, solicitó

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Radicación n.° 93063 que sea condenada a reintegrarla o reinstalarla en el cargo que desempeñaba o a uno de igual o superior categoría, declarando que no ha mediado solución de continuidad, junto con el pago de salarios, aumentos salariales y prestaciones sociales. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó con la convocada a juicio a través de un contrato de trabajo a término indefinido el 12 de agosto de 2012, desempeñándose como vendedora, devengando un sueldo básico de $789.920 y un salario promedio de $1.275.024 el

cual fue terminado el 18 de enero de 2018, sin que mediara justa causa y previo el reconocimiento de una indemnización legal en cuantía de $4.100.000. Narró que el sindicato mencionado aprobó el pliego de peticiones el 13 de septiembre de 2015, el que fue presentado ante la demandada el 22 de ese mismo mes y año, instalándose la etapa de arreglo directo el 11 de agosto de 2016, finalizada el 30 de igual mes y año sin llegar a un acuerdo. Indicó que el 4 de septiembre de 2016 la asamblea general de afiliados votó la convocatoria de un tribunal de arbitramento, decisión que fue informada al Ministerio de Trabajo y a la empresa el 6 del mismo mes y año, debido a lo cual el referido ente ministerial a través de Resolución 1848 del 3 de «mayo» (sic) de 2017 convocó, integró y aprobó el tribunal de arbitramento obligatorio, el cual fue instalado el

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Radicación n.° 93063 17 de marzo de 2017, profiriéndose el respectivo laudo arbitral el 15 de mayo de ese año. Relató que la empresa interpuso el recurso de anulación contra la decisión por violación procedimental, el cual fue desatado por la Sala de Casación Laboral de la Corte a través de decisión CSJ SL17474-2017 en donde se anuló el laudo por vicios de forma y se ordenó devolver el expediente al Ministerio «para lo de su competencia, que no es otra cosa que integrar un nuevo tribunal de arbitramento que dirima el conflicto que aún sigue vigente».

Adujo que ante la decisión de la Corte y una vez radicado el expediente ante el ministerio referido, la organización sindical envió una comunicación solicitando la solución del conflicto colectivo el 25 de marzo de 2018 y que a la fecha de la presentación de la demanda aún no se ha expedido la resolución que convoque al mencionado tribunal. Por consiguiente, informó que para el momento de su despido el conflicto colectivo no se había solucionado y, por consiguiente, se encontraba vigente; y que era socia de la referida organización sindical (f.os 2 a 14). Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió: la existencia del contrato de trabajo, el cargo desempeñado, y el salario; la fecha de terminación aclarando que fue por causa legal con el reconocimiento de la indemnización; la presentación del pliego de peticiones; el trámite de arreglo

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Radicación n.° 93063 directo y su finalización; la convocatoria del tribunal de arbitramento, el laudo emitido el 15 de mayo de 2017, el recurso de anulación formulado y la decisión emitida por esta Sala de la Corte, aclarando que la orden judicial impartida estaba dirigida a que el Ministerio conociera de la terminación del conflicto colectivo y ordenara el correspondiente archivo del expediente. También aceptó que una vez remitido el expediente al Ministerio, Sinaltraestra solicitó la solución del conflicto, pero puntualizó que este finalizó con la decisión de la Sala,

ya que la competencia de los árbitros es temporal; que no se había emitido resolución convocando un nuevo tribunal de arbitramento, explicando que tal actuación se realizaba una sola vez y que ya se cumplió; por último, aceptó la condición de socia de la demandante de la organización sindical. Además, negó que la actora estuviera amparada por la garantía del fuero circunstancial pues la estabilidad en la negociación colectiva estaba prevista hasta los términos de las etapas contempladas para el arreglo del conflicto, y en este caso, finalizó con la sentencia emitida por la Corte el 25 de octubre de 2017. En su defensa argumentó que los términos de la negociación colectiva son de orden público, por lo que si alguno precluyó o se extralimitó no hay lugar a que se rehaga a través de una actuación posterior, de ahí que el haber dictado los árbitros un laudo por fuera del término legal no reanuda los términos. En tal sentido, considera que el

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Radicación n.° 93063 conflicto quedó sin solución, por lo que los trabajadores tenían la opción de presentar un nuevo pliego de peticiones para obtener la convención colectiva. Agregó que conforme a la postura de la Sala Laboral el fuero circunstancial termina en aquellos eventos en que ya no sea posible ponerle fin al conflicto de forma normal, cuando no existe el interés para concluirlo por parte de quienes lo promovieron. De ahí que, la garantía pierde sentido cuando el proceso de negociación se halla estancado por un periodo prolongado.

Formuló la excepción previa de falta de competencia del juez laboral y las de fondo que denominó «falta de legitimación en la causa: La convención colectiva», inexistencia de toda obligación, pago y compensación (f.os 172 a 183). Mediante auto del 4 de febrero de 2019, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín resolvió declarar infundada la excepción previa de falta de competencia, decisión contra la cual no fue interpuesto recurso alguno (f.° 214).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 23 de octubre de 2019 y la corrección de los numerales tercero y cuarto realizada en la misma

audiencia, finalmente resolvió:

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Radicación n.° 93063 PRIMERO. DECLARAR que la empresa Industrias Estra S.A terminó ilegalmente la relación laboral que existía entre esta y la señora Paula Andrea Rojas Muriel […], estando esta protegida por los efectos del fuero circunstancial de acuerdo a las consideraciones expuestas en esta sentencia. SEGUNDO. CONDENAR a la empresa Industrias Estra S.A al reintegro de Paula Andrea Rojas Muriel […], al mismo cargo que tenía o a otro de igual o superior categoría, sin solución de continuidad según lo explicado anteriormente. TERCERO. CONDENAR a la empresa Industrias Estra S.A al reconocimiento y pago indexado sin solución de continuidad de todos los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales

incluyendo los aumentos e incrementos dejados de percibir desde el día 18 de enero de 2018 hasta la fecha del reintegro efectivo. Además, el pago de los aportes al sistema general de seguridad social donde venía pagando el empleador los aportes que no fueron efectuados luego de la terminación del contrato con sus correspondientes intereses de mora, descontando a la demandante el porcentaje correspondiente para los aportes al sistema de seguridad social, como se indicó en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. AUTORIZAR a la empresa Industrias Estra S.A., para que, del total adeudado por los salarios y prestaciones sociales compense a la demandante señora Paula Andrea Rojas Muriel lo pagado por concepto de prestaciones sociales e indemnizaciones al momento del despido. La compensación a realizar deberá ser debidamente indexada. QUINTO. DECLARAR no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa, convención colectiva, inexistencia de la obligación propuestas por Industrias Estra S.A., en los términos de esta providencia, se declarará próspera la excepción de compensación propuesta por el señor apoderado de Industrias Estra S.A respecto a las prestaciones sociales e indemnizaciones que por despido injusto fueron canceladas a la demandante al momento de la terminación del contrato de trabajo según lo expuesto hasta esta ocasión. SEXTO. Se condena en costas a Industrias Estra S.A a favor de la demandante, se fijan agencias en derecho en cuantía de $4.000.000, se repite en favor de la actora. (f.os 232 y ss).

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar los recursos de apelación formulados por las partes, mediante fallo del 3 de septiembre de 2021 revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, absolvió a la demandada de todas las pretensiones. Impuso las costas a cargo de la demandante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado dijo que no era objeto de discusión que: i) la accionante se encontraba afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias Estra S. A. -Sinaltraestra-; ii) entre dicho sindicato y la empresa demandada se suscitó un conflicto colectivo de trabajo, el cual comenzó con la presentación de un pliego de peticiones el 22 de septiembre de 2015; iii) el Tribunal de Arbitramento convocado profirió laudo arbitral el 15 de mayo de 2017; iv) en sentencia CSJ SL17474-2017 se anuló dicho laudo arbitral; v) la actora fue despedida sin justa causa por su empleadora el 18 de enero de 2018, con el pago de la respectiva indemnización legal. Explicó que le correspondía determinar si al momento de terminar el contrato laboral, la promotora del proceso estaba investida de protección foral. Al respecto, citó el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y las decisiones CSJ SL3788-2018, CSJ SL759-2019 y CSJ SL871-2021, destacando que la sola presentación del pliego de peticiones al empleador no perpetuaba la garantía foral hasta la

suscripción de una convención, pacto colectivo o la ejecutoria

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Radicación n.° 93063 del laudo arbitral, pues existían eventos en los que el conflicto colectivo cesaba de manera anormal, esto es, cuando se generaba el incumplimiento de las etapas propias de su solución o cuando no existía por parte de quienes lo promovieron el interés suficiente de concluirlo. Agregó que el laudo arbitral no quedaba en firme sino una vez ejecutoriada la sentencia que resolvía el recurso de anulación, por lo que sólo a partir de ese momento se entendía finalizado el conflicto colectivo de trabajo, de ahí que, antes de que ello ocurriera, no era posible promover otro conflicto de igual naturaleza. Por consiguiente, expuso que el fuero circunstancial no constituía una protección indefinida, por cuanto éste solo subsistía durante la vigencia del conflicto colectivo, el cual podía terminar, bien de manera normal (convención colectiva o ejecutoria del laudo) o bien de forma anormal (incumplimiento de los trámites y plazos); para este evento citó la decisión CSJ SL14066-2016 y dijo que el incumplimiento de los trámites y plazos, afectaban su validez y, por tanto, sus efectos jurídicos, entre ellos, la garantía foral que de él se derivaba. En tal sentido, estimó que, al afectarse la validez del conflicto colectivo por ser declarado nulo el laudo arbitral proferido por la falta de sujeción a los términos legales, los efectos jurídicos que de él emanaban desaparecieron, como

lo era el fuero circunstancial que rigió en favor de los trabajadores, por lo que debía revocar la decisión de primer

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Radicación n.° 93063 grado. Por último, precisó que la parte actora en la demanda inicial adujo que por la solicitud que radicó la organización sindical ante el Ministerio de Trabajo el 15 de marzo de 2018 a fin de que integrara un nuevo tribunal de arbitramento, el conflicto colectivo seguía vigente; no obstante, el colegiado consideró que ello no era posible, dado que según la jurisprudencia de esta corporación el conflicto termina de manera normal o anormal y, en este último evento, por incumplimiento de los trámites y plazos como aconteció en este caso, «máxime que el laudo arbitral solo queda en firme una vez ejecutoriada la sentencia de la alta corporación que resuelve el recurso de anulación, lo que ya ocurrió en el presente caso», impidiendo con ello que los árbitros puedan sustituir su decisión o que ellos sean sustituidos por otros. Indicó que por sustracción de materia no se pronunciaría sobre los demás puntos objeto de los recursos interpuestos por las partes.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que se case la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, confirme la

decisión del a quo. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que son replicados por la parte demandada, los que se resolverán de forma conjunta por valerse de argumentos similares y estar estrechamente relacionados.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de violar directamente la ley, por la interpretación errónea de los artículos 142, 143 del CPTSS; artículo 2.2.2.9.3. del Decreto 017 de 2016, en relación con los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965, 10 del Decreto 1373 de 1996 y 36 del Decreto 1469 de 1978.

Indica que el Tribunal interpretó erróneamente los artículos 142 y 143 del CPTSS, dado que, la decisión de esta Corte (CSJ SL17474-2017) estuvo originada en que encontró vicios de forma, por lo que, de entenderse correctamente la providencia, debió tener en cuenta el artículo 142 del CPTSS, según el cual, cuando proceda la nulidad del laudo, se debe dictar la decisión que lo reemplace, circunstancia que no aconteció en este asunto, debido a que la anulación obedeció a defectos formales, no de fondo, de ahí que el conflicto se mantuvo vigente, pues no se solucionó.

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Manifiesta que: Por su parte, erró el H. Tribunal al resolver el asunto en lo que tiene que ver con la competencia del Ministerio del Trabajo, de conformidad con la orden de H. Corte Suprema de Justicia al

dictar la sentencia por medio de la cual anuló el laudo arbitral proferido el 15 de mayo de 2017, donde se lee “Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia”; y en lo que hace referencia a la competencia del Ministerio del Trabajo, se debe acudir al Decreto 017 de 2016, en su artículo 2.2.2.9.3, que indica como “El Ministerio del Trabajo, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de los documentos con el pleno de requisitos solicitados a las partes, dejará constancia de la fecha a partir de la cual se comenzarán a contar los términos para el trámite de la Convocatoria e Integración del Tribunal de Arbitramento”, con lo que necesariamente se arribaría a la conclusión (de) que la misma es para la designación de nuevos árbitros y no del archivo del expediente. Por lo anterior, estima que la orden impartida por esta corporación fue para que designara nuevos árbitros y no para archivar el expediente, máxime que debe existir una decisión de fondo sobre el asunto, lo que no ha acontecido. Refiere que según lo dispuesto en el artículo 461 del CST el fallo arbitral pone fin al conflicto y tiene el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo, de ahí que el colegiado se equivocó al considerar que, con la decisión judicial emitida, el conflicto terminaba, pues de acuerdo con la norma citada se requerirá del fallo arbitral para que cese el conflicto existente. Además, dice que, si bien en la providencia cuestionada se hace referencia a la terminación anormal del conflicto con

ocasión de la decisión de esta Corte, lo cierto es que en el

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Radicación n.° 93063 presente asunto las partes no incumplieron las obligaciones generadas por el conflicto, ya que fueron terceros, esto es, los árbitros, quienes no cumplieron con ello. Expone que el conflicto fue sometido a decisión de Tribunal de Arbitramento, y la Corte concluyó que los árbitros se habían extralimitado en sus funciones por un factor temporal, anulando el proceso arbitral por medio del cual se dirimiría el conflicto, por lo que las cosas vuelven al estado anterior al evento generador de la nulidad, al estar revestidos pro-tempore de facultades para administrar justicia. De ahí que la consecuencia lógica es que la nulidad vaya hasta la designación de los árbitros, pues ya no podrán reasumir competencia por cuanto el tiempo para ejercer sus funciones concluyó. Por consiguiente, el diferendo aún no se ha resuelto, lo que se terminó fue la competencia de quienes inicialmente habían sido designados para hacerlo, incurriendo así en error al concluir que, al haberse anulado el laudo arbitral, también desapareció del mundo jurídico el conflicto colectivo. Indica que el legislador buscó respetar los derechos de negociación colectiva y solucionar las diferencias o conflictos y no dejarlos en el limbo jurídico, que es lo que sucedería con la interpretación impartida por el ad quem, al entender que el conflicto se terminó con la decisión emitida por la Corte. Refiere la decisión tomada en la providencia CSJ

SL3483-2021 que también anuló el laudo porque los árbitros

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Radicación n.° 93063 se extralimitaron en los términos, dentro de la cual se ordenó al Ministerio que, en el lapso de cinco días, contados a partir de la ejecutoria de esa providencia, convocara e integrara un nuevo tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto colectivo, sin perjuicio de la responsabilidad atribuible a quienes suscribieron el laudo.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de violar directamente la ley, por la falta de aplicación de los artículos 142 y 143 del CPTSS; 461 del CST, 2.2.2.9.3. del Decreto 017 de 2016, en relación con los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965, 10 del Decreto 1373 de 1996 y 36 del Decreto 1469 de 1978.

En la demostración del cargo, alude a similares argumentos a los del cargo anterior, pero desde la óptica de la infracción directa.

VIII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial en forma indirecta, por la aplicación indebida de los artículos 142 y 143 del CPTSS, 461 del CST; 2.2.2.9.3. del Decreto 017 de 2016, en relación con los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965, 10 del Decreto 1373 de 1996 y 36 del Decreto 1469 de

1978. Plantea que el Tribunal cometió los siguientes errores de hecho:

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1. Dar por demostrado sin estarlo que el conflicto de trabajo suscitado entre la empresa INDUSTRIAS ESTRA S.A. Y SINALTRAESTRA, terminó con la Anulación por parte de la H.

Corte Suprema de Justicia del Laudo Arbitral proferido el 15 de mayo de 2017.

2. No dar por demostrado estándolo que el conflicto de trabajo suscitado entre la empresa INDUSTRIAS ESTRA S.A. Y SINALTRAESTRA, continuó vigente con posterioridad a la decisión de Anular la H. Corte Suprema de Justicia el Laudo Arbitral proferido el 15 de mayo de 2017.

3. Dar por demostrado sin estarlo que la Sra. PAULA ANDREA ROJAS MURIEL no es beneficiaria del fuero circunstancial consagrado en el art. 25 del Decreto 2351 de 1965.

4. No dar por demostrado estándolo que la Sra. PAULA ANDREA ROJAS MURIEL es beneficiaria del fuero circunstancial consagrado en el art. 25 del Decreto 2351 de 1965 y al ser despedida sin justa causa tiene derecho al reintegro al cargo que ocupaba al momento de la desvinculación y al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales que se causen entre la desvinculación y su reintegro.

Dice que lo anterior fue producto de la errada apreciación de la decisión CSJ SL17474-2017, proferida dentro del recurso de anulación del laudo arbitral emitido el 15 de mayo de 2017 en el conflicto de trabajo suscitado entre la empresa demandada y Sinaltraestra.

Señala que en la parte resolutiva de tal providencia se dispuso: «Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia», pese a lo cual el juez de alzada no tuvo en cuenta que la competencia del aludido ente era para designar nuevos árbitros que definieran el conflicto colectivo. Así, por la errada valoración de la prueba denunciada, el ad quem concluyó que con la expedición de dicha

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Radicación n.° 93063 providencia el conflicto colectivo se terminó, cuando, si la hubiera apreciado correctamente, habría concluido que con la decisión de la Corte Suprema de Justicia no se definió el conflicto y lo que procedía era su continuación, con la designación de nuevos árbitros. Asegura que lo anterior llevó al Tribunal a la indebida aplicación de las normas enlistadas en la proposición jurídica y refiere la decisión CSJ SL3482-2021, que, afirma, es similar al presente caso, resaltando la orden judicial allí impuesta para que el Ministerio convocara e integrara un nuevo tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto. Con posterioridad a la radicación de la demanda de casación, el 25 de agosto de 2022 allegó copia de la Resolución 2602 de 2022, a través de la cual la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo ordenó la convocatoria de un tribunal de arbitramento para resolver el conflicto iniciado con el pliego de peticiones el 22 de septiembre de 2015, e integró dicho

tribunal.

IX. RÉPLICA La demandada se opone al cargo, para ello cuestiona la proposición jurídica de los tres cargos porque incluyen normas procesales y decretos reglamentarios emitidos por el ejecutivo nacional.

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Radicación n.° 93063 De otro lado, plantea, en lo fundamental, que la anulación del laudo se debió a que los árbitros desconocieron el artículo 459 del CST, el cual, de forma perentoria ordena emitir su decisión dentro de un término puntual. De ahí que, la terminación anormal del conflicto colectivo por el desconocimiento de tal norma no conlleva que se dictara otra sentencia de reemplazo. Sostiene que la censura alude a los artículos 142 y 143 del CPTSS; sin embargo, el primero de tales preceptos prevé el recurso de anulación en el conflicto jurídico, mientras que el segundo regula el diferendo colectivo económico o de intereses, y frente a este último la Corte no tiene competencia para dictar sentencia de reemplazo. Agrega que la referencia jurisprudencial que hace la censura (rad. 89657) no es aplicable como precedente porque allí se estudió una situación de términos presentada desde el Decreto 564 de 2020, suspensión para garantizar los derechos ante el estado de emergencia económica, social y ecológica; temática diferente a la regulación de la terminación anormal del conflicto colectivo, según la aplicación del artículo 459 del CST. Por último, indica: Para que sea de su conocimiento presento en los términos del

artículo 281 del CGP, aplicable por analogía al proceso del trabajo, esto desde el artículo 145 del C.P.T. y S. S. la siguiente información relevante en el proceso. Con fecha 31 de agosto de 2022, el tribunal de arbitramento ordenado en la resolución 2602 de julio 11 de 2022 del Ministerio

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Radicación n.° 93063 de Trabajo, emitió el laudo arbitral que anexo, donde concluye ser un conflicto económico, finalizado desde la sentencia de octubre 25 de 2017, dictada por la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral. En el término legal, la organización de primer grado Sinaltraestra, presentó recurso de anulación el cual una vez concedido, debe ser resuelto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el cual a la fecha de entregar esta réplica fue radicado con el número único: 05001220500020229427301 de fecha 31 de mayo de 2022 Magistrado dr. Gerardo Botero Zuluaga, y se encuentra al despacho para fallo. Pese a que la opositora anunció que aportaba el laudo emitido el 31 de agosto de 2022, no lo anexó a su escrito, pues, según el informe secretarial del 11 de noviembre de 2002 solo allegó escrito de oposición que «consta de 10 páginas en archivo pdf» (f.° 28).

X. CONSIDERACIONES No le asiste razón a la empresa en los reparos expuestos respecto de la proposición jurídica, pues si bien esta no es modelo por seguir, lo cierto es que la recurrente enlistó la norma sustantiva de carácter nacional que regula la

protección reclamada (fuero circunstancial), esto es, el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, así como el artículo 461 del CST que regula el efecto jurídico y vigencia de los fallos arbitrales. Así, de acuerdo con los embates planteados por la censura, le corresponde a la Sala en lo fundamental, determinar si el Tribunal se equivocó al considerar que el conflicto colectivo de trabajo entre la empresa Industrias Estra S. A. y la organización Sinaltraestra finalizó de manera

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Radicación n.° 93063 anormal con la decisión CSJ SL17474-2017 y, por consiguiente, si erró al concluir que la actora no estaba amparada por la garantía de fuero circunstancial al momento de su despido. No son motivo de discusión los siguientes supuestos fácticos definidos por el Tribunal: i) la demandante se encontraba afiliada al sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias Estra S. A. -Sinaltraestra-; ii) entre dicho sindicato y la empresa demandada se suscitó un conflicto colectivo de trabajo, el cual comenzó con la presentación de un pliego de peticiones el 22 de septiembre de 2015; iii) el Tribunal de Arbitramento convocado profirió laudo arbitral el 15 de mayo de 2017 iv) mediante decisión CSJ SL17474-2017 esta Sala de la Corte resolvió anular el laudo proferido, y v) la actora fue despedida sin justa causa el 18 de enero de 2018, con el pago de la respectiva indemnización legal.

1. Previo a resolver las inconformidades expresadas, conviene recordar que el diferendo colectivo nace con la presentación del pliego de peticiones al empleador, bien sea por parte de la organización sindical o por los trabajadores no sindicalizados, hecho que trae consigo una serie de obligaciones para los actores de la relación laboral. De un lado, para el empleador, la de dar comienzo a la etapa de arreglo directo y recibir a los representantes del sindicato o grupo de trabajadores en los plazos estipulados en el numeral 1 del artículo 433 del CST; por el otro, para estos últimos, la de realizar todas las gestiones administrativas – numeral 2 del mismo artículoy judiciales que estén a su

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Radicación n.° 93063 alcance con el fin de promover el inicio de las conversaciones de arreglo directo e impulsar el proceso de negociación (CSJ SL2020-2021). El artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 establece una garantía para el grupo de trabajadores o la asociación sindical que participan en la petición colectiva, denominada fuero circunstancial, que asegura su estabilidad laboral mediante la prohibición de ser despedidos sin justa causa comprobada. Tal protección tiene como finalidad evitar represalias en su contra y disuadir al empresario de adoptar medidas orientadas a debilitar al movimiento sindical o entorpecer la negociación; garantía que «subsiste hasta que el diferendo se solucione, mediante la firma de convención o pacto, o la ejecutoria de laudo arbitral, conforme al artículo 36 del Decreto 1469 de 1978» (CSJ SL2020-2021).

En cuanto al ámbito de aplicación, alcance y periodo de protección del fuero circunstancial, en sentencia CSJ SL, 2 oct. 2007, rad. 29822, reiterada, entre otras, en las CSJ SL, 20 abr. 2010, rad. 35636 y CSJ SL 2020-2021, la Corte adoctrinó:

1. Fuente Legal. Artículos 25 del Decreto 2351 de 1965 y 10 del Decreto 1373 de 1966.

2. A quiénes cobija. A “los trabajadores que hubieren presentado al patrono un pliego de peticiones” que comprende a los “afiliados al sindicato o a los no sindicalizados”. Luego, es patente que esta garantía foral también protege a los trabajadores no sindicalizados que presenten un pliego de peticiones tendientes a la firma de un pacto colectivo. Se impone recordar lo que la Corte en sentencia de 11 de mayo de 2006, radicado 26726, razonó en el sentido de que están excluidos de este fuero los trabajadores que desempeñen cargos de alta dirección o jerarquía

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Radicación n.° 93063 dentro de la empresa, con capacidad de compromiso y de representación, dado que no pueden “pretender estar acogidos por el pliego de peticiones que la organización sindical presentó, en tanto los intereses empresariales, de los cuales en su calidad de alto directivo lo comprometían, estaban en contraposición con los suyos propios, lo que resulta inadmisible”.

3. Periodo en que opera la protección. Desde el momento de la presentación del pliego de peticiones al empleador hasta que se

haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere pertinente o en aquellos casos en donde se verifique la terminación anormal del conflicto.

4. Para qué los ampara. Para no ser despedidos sin justa causa, desde el momento de la presentación del pliego de peticiones al empleador hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere pertinente, o en aquellos casos en donde se verifique la terminación anormal del conflicto colectivo. En el evento en que el empleador considere que un trabajador incurrió en una justa causa, no es im