CSJ - SL936-2025

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SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL936-2025 Radicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01 Acta 10 Bogotá D. C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veinticinco (2025). La Sala decide el recurso de casación que EFREIDY PEDROZA interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga profirió el veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), en el proceso que le instauró a la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

AUTO Se reconoce personería al abogado Cristian Roberto Bustamante Martínez, portador de la T.P. 248.656 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones en la forma y para los fines del poder conferido, (f.° 1, actuación 0008 c. de la Corte).Radicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01

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I. ANTECEDENTES Efreidy Pedroza llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, con el fin de que se condenara al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a las mesadas adicionales, los reajustes legales y los intereses moratorios.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que

condenara al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a las mesadas adicionales, los reajustes legales y los intereses moratorios. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que siempre estuvo afiliado en el régimen general de pensiones a Colpensiones con diferentes empleadores. Informó que el 23 de mayo de 2018 presentó solicitud de corrección de historia laboral ante Colpensiones, porque en el reporte de semanas cotizadas y el que se refleja en la página web de la entidad, tiene las siguientes inconsistencias N° Empleador Año Periodo 04160102743 Vega Guerrero Hermanas 1970 enero a julio 04160104252 Azucares Y Mieles Asoc Ltda. 1971 Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 1972 Enero, febrero Y a la fecha la entidad demandada no ha corregido estos periodos.Radicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01

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Relató que presentó nuevamente solicitud de corrección de historia laboral ante Colpensiones, porque en el reporte de semanas cotizadas y el que se refleja en la página web de la entidad, tiene las siguientes inconsistencias N° Empleador Año Periodo 04160102743 Vega Guerrero Hermanas 1970 enero a julio 04160104252 Azucares Y Mieles Asoc Ltda. 1971 Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 1972 Enero, febrero Roberto Salcedo 1997 1999 Abril a junio y agosto Julio a septiembre La Virginia 2001 2002 Enero, agosto, octubre, noviembre, diciembre

diciembre 1972 Enero, febrero Roberto Salcedo 1997 1999 Abril a junio y agosto Julio a septiembre La Virginia 2001 2002 Enero, agosto, octubre, noviembre, diciembre Enero a septiembre Néstor Raúl López E.U. 2011 Noviembre Y a la fecha la entidad demandada no ha corregido estos periodos. Dijo que Colpensiones, a través de la Resolución SUB 211426 del 8 de agosto de 2018, le informó que en el historial de pagos se visualizaban deudas presuntas generandoRadicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01 SCLAJPT-10 V.00 4 intereses pendientes por pagar, debido a que el empleador no efectuó pagos para los ciclos 1999-04 los que presentan deuda, razón por la cual, y de acuerdo con la imputación de pagos de que trata el Decreto 1818 1996 y 1406 de 1999 no contabiliza el total de días cotizados para los ciclos 1999-08 a 1999-09. Manifestó que, presentó solicitud de nuevo estudio de la pensión de vejez y nueva solicitud de corrección de historia laboral, por lo que Colpensiones mediante Resolución SUB 260338 del 2 de octubre de 2018, le negó la prestación pensional argumentando que […] hasta tanto el empleador no realice el pago de los aportes

pendientes ante la AFP correspondiente, los periodos solicitados no se verán acreditados correctamente en la historia laboral, por lo tanto le recomendamos realizar la gestión directamente con la AFP, y que en cuanto a los ciclos 200101, 200201 al 200209 con el aportante La Virginia E A T no procedía adelantar trámite de asunción de mora patronal de acuerdo a la Circular 014 de 2015, toda vez que a este aportante le fueron adelantadas acciones de cobro por medio de visitas de fiscalización ISS, sin embargo se procederá a reiterar el cobro por medio del proceso de normalización de la mora patronal mediante cromasofts. Que a la par aludió Colpensiones que verificado el expediente pensional evidenció que no logró acreditar los requisitos del Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que no contaba con al menos 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del mismo, ya que registró 672, entonces procedió al estudio de la prestación al 31 de julio de 2010, por lo que avizoró que cumplió con la edad de 60 antes de tal data, pero no con las 500 dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, pues contaba con tan solo 314 paraRadicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01 SCLAJPT-10 V.00 5 ese momento y tampoco con 1000 semanas, únicamente con

856 ciclos. Expuso que estimó Colpensiones que no era beneficiario del régimen de transición, por lo que abordó el estudio de la prestación de conformidad con la legislación vigente, esto es, Ley 797 de 2003 y que en ese contexto dio cumplimiento al requisito de la edad, pero no de las semanas cotizadas, pues acreditó 1.114 semanas requiriéndose 1300. Arguyó que, en el Acto Administrativo número SUB260338 del 2 de octubre de 2018, último expedido por la administradora, no contabilizó en el reporte de semanas que lleva en la página web, los periodos de los empleadores así: N° Empleador Año Periodo 04160102743 Vega Guerrero Hermanas 1970 enero a julio 04160104252 Azucares Y Mieles Asoc Ltda. 1971 1972 Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Enero, febrero Roberto Salcedo 1997 1999 Abril a junio y agosto Julio a septiembre La Virginia 2001 Enero, agosto, octubre,Radicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01 SCLAJPT-10 V.00 6 2002 noviembre, diciembre Enero a septiembre Néstor Raúl López E.U. 2011 Noviembre Aseveró que cotizó válidamente al ISS hoy Colpensiones

al 1° de abril de 1994, 377.86 semanas y que, dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse por vejez, 503 y que al corregir los periodos de cotización solicitados, aportó más de 750. Alegó que desde el 5 de enero de 2005 solicitó reiteradamente su derecho pensional, sin que la entidad efectuara tal reconocimiento por negligencia en no corregir la historia laboral y obligarlo a seguir cotizando (f.os 1 a 15 del archivo 001 primera instancia c. 2024050544078 del Juzgado). La parte accionada se opuso a las pretensiones incoadas en su contra y, en cuanto a los hechos admitió la edad del demandante, las solicitudes de corrección de historia laboral y las respectivas respuestas, en cuanto a los demás indicó no ser ciertos o no constarle. En su defensa propuso las excepciones de mérito de, inexistencia de la obligación y carencia del derecho, cobro de lo no debido, prescripción, ausencia de causa para demandarRadicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01 SCLAJPT-10 V.00 7 y la genérica (f.os 136 a 146 del archivo 001 primera instancia c. 2024050544078 del Juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo del 1° de julio de 2022, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira, resolvió (f.os 226 a 227 del archivo 001 primera instancia c. 2024050544078 del

Juzgado).

Mediante fallo del 1° de julio de 2022, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira, resolvió (f.os 226 a 227 del archivo 001 primera instancia c. 2024050544078 del Juzgado).

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN y CARENCIA DEL DERECHO, AUSENCIA DE CAUSA PARA DEMANDAR», propuesta por la demandada, porque el demandante no cumple con los supuestos normativos para la pensión de vejez del artículo 12.º del Decreto 758 de 1990, como beneficiario del régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010 y tampoco para la del artículo 33.º de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.

SEGUNDO: ABSOLVER al demandado Colpensiones de todas las pretensiones formuladas por el demandante Efreidy Pedroza.

TERCERO: Costas a cargo de la parte demandante y a favor de la parte demandada. Liquídense por secretaria en su momento oportuno.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA En atención al grado jurisdiccional de consulta en favor del actor, a través de sentencia del 22 de mayo de 2024, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, decidió (f.os 127 a 134 del archivo 001 segunda

instancia c. 2024051022088 del Tribunal):

PRIMERO: CONFIRMAR el contenido de la sentencia No. 081 fechada el 29 de junio 2022, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira, Valle del Cauca, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.Radicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01

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SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como problema jurídico determinar si el causante afiliado (i) era beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, (ii) en caso positivo se analizaría si el actor satisfacía los requisitos legales del Acuerdo 049 de 1990 para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez y (iii) si había lugar al reconocimiento del retroactivo pensional e intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Memoró lo señalado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el parágrafo transitorio 4° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, para indicar que el demandante al 1° de abril de 1994 contaba con 49 años y dicho beneficio solo sería otorgado hasta el 31 de julio de 2010, porque al 29 julio de 2005, entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, solo contaba con 684.29 semanas, tiempo inferior al exigido -750 semanas-. Destacó que en relación a los periodos de los empleadores Vega Guerrero Hermanas del 1° de enero de

solo contaba con 684.29 semanas, tiempo inferior al exigido -750 semanas-. Destacó que en relación a los periodos de los empleadores Vega Guerrero Hermanas del 1° de enero de 1970 al 31 de julio de 1970; Azucares y Mieles ASOC LTDA. del 1° de agosto de 1971 al 31 de diciembre de 1971 y del 1° de enero de 1972 al 29 de febrero de 1972; y La Virginia EAT de enero de 2001 y de enero a septiembre de 2002, que no aparecen incluidos en las Resoluciones SUB 211426 del 8 de agosto de 2018 y SUB 260338 del 2 de octubre de 2018, ni en las historias laborales expedidas por Colpensiones el 4 deRadicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01 SCLAJPT-10 V.00 9 mayo de 2012, 22 de octubre de 2013, 18 de marzo de 2014 y 29 de septiembre de 2018, allegadas con la demanda, ni tampoco en el reporte de semanas cotizadas actualizado por Colpensiones al 23-06-2022, aportado por la demandada, como consecuencia de la prueba de oficio decretada por el Juzgado y tampoco era posible tenerlas como veraces, ello por cuanto no existía material probatorio en el expediente que diera cuenta, que entre el actor y los empleadores mencionados hubiese existido una relación laboral, en las fechas que presuntamente se causaron los ciclos referenciados, por lo que en armonía con la jurisprudencia no era posible computar las semanas de cotización en cita.

mencionados hubiese existido una relación laboral, en las fechas que presuntamente se causaron los ciclos referenciados, por lo que en armonía con la jurisprudencia no era posible computar las semanas de cotización en cita. Precisó, frente a las supuestas cotizaciones en mora con el empleador Roberto Caicedo Saavedra del 01-0-1997 al 306-1997, 01-8-1997 al 31-8-1997, del 01-7-1999 al 30-91999, que estas ya fueron incluidas en el reporte de semanas cotizadas actualizado por Colpensiones al 23-6-2022. Hizo hincapié en que, no obstante para los meses de agosto y septiembre de 1999, el empleador reportó 30 días para cada uno, pero aparecen cotizados 8 y 0 días, con la observación «pago aplicado al periodo declarado y pago aplicado a periodos anteriores», actuación frente a la cual se configuró la existencia de mora del empleador en el pago de los aportes a pensión, en razón a que para el mes siguiente octubre y noviembre de 1999 el empleador reportó 30 y 4 días, junto con novedad de retiro para el último, respectivamente, y aparecen cotizados los mismos 30 y 4 días, mora frente a la cual Colpensiones no acreditó haberRadicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01

SCLAJPT-10 V.00 10 ejercido las acciones coactivas correspondientes para obtener el pago de periodos por parte del empleador, por tal razón, se presentó el allanamiento en la mora frente a esos periodos de cotización, y en consecuencia, debían ser sumados en su historia laboral conforme lo indicado por la jurisprudencia. Indicó que igual ocurrió con el empleador Virginia EAT para el mes de octubre de 2001, pues, según el cuadro denominado detalle de pagos efectuados a partir de 1995, el empleador reportó 30 días y aparecía cotizado 1 día, con la observación pago aplicado al periodo declarado, en razón a que el empleador venía reportando 30 días para los meses anteriores y para el mismo mes de octubre de 2001 no reportó novedad de retiro. En consecuencia, solo sumarían a la historia laboral los 29 días en mora restantes para octubre de 2001. Manifestó en cuanto a los demás ciclos reportados como ausentes en la historia laboral correspondientes a noviembre de 2011 con el empleador Armando Hernández Mora S. A.; febrero a septiembre de 2001 con el empleador La Virginia EAT, a julio de 1999 con el empleador Roberto Caicedo Saavedra, que se evidenció que estos ya fueron inmersos en el reporte de semanas cotizadas actualizado por Colpensiones al 23-6-2022. Señaló que, para efectos de analizar la pensión de vejez, tendría en cuenta el reporte de semanas cotizadas

el reporte de semanas cotizadas actualizado por Colpensiones al 23-6-2022. Señaló que, para efectos de analizar la pensión de vejez, tendría en cuenta el reporte de semanas cotizadas actualizado por Colpensiones al 23-6-2022, junto con los 22Radicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01 SCLAJPT-10 V.00 11 y 30 días en mora para agosto y septiembre de 1999 y los 29 días en mora restantes para octubre de 2001. Anotó en lo concerniente a las 500 semanas en los últimos 20 años al cumplimiento de la edad, que dicho requisito no fue superado, por cuanto, solo logró acreditar 324 semanas en los últimos 20 años al cumplimiento de los 60 años -1 de enero de 1985 a 1 de enero de 2005-; en cuanto al segundo escenario de 1000 semanas al 31 de julio de 2010, tampoco lo superó, dado que solo acreditó 855,29 semanas a la citada fecha. Agregó que, si en gracia de discusión examinara el cumplimiento de los requisitos del artículo 33º de la Ley 100 de 1993, para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, tampoco cumplió con el requisito de las 1300 semanas que se exigen, pues solo logró demostrar 1.171,43 semanas. Finalmente acotó que, dada la improsperidad de la pretensión principal -reconocimiento de la pensión de vejez, el estudio de los demás problemas jurídicos se hacía inane,

Finalmente acotó que, dada la improsperidad de la pretensión principal -reconocimiento de la pensión de vejez, el estudio de los demás problemas jurídicos se hacía inane, pues, estos dependían del éxito del reconocimiento de la pensión deprecada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Efreidy Pedroza, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (f.os 1 a 26, actuación 0004, c. de la Corte).Radicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y, en consecuencia, se acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación que fue replicado y se pasa a estudiar en el acápite de consideraciones (f.os 1 a 26, actuación 0004, c. de la Corte).

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de la Ley 100 de 1993 en su artículo 36, en relación con los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto

758 de 1990, 13, 42 у 48 de la Constitución, este último con las reglas establecidas en el Acto Legislativo 01 de 2005. Expone que la violación se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho: a) Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante no cuenta con las semanas suficientes para acceder al derecho a la pensión por vejez en aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por el cual se permite acceder a la prestación con la densidad de semanas exigido por el Acuerdo 049 de 1990. b) Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante perdió el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley de 1993 por no cumplir con la densidad de 750 semanas a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005.Radicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01 SCLAJPT-10 V.00 13 c) Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante no cuenta con la densidad de semanas para acceder a la pensión de vejez, en virtud de la aplicación del Acuerdo 049 de 1990. d) No dar por demostrado, estándolo, que la historia laboral del demandante está conformada, además por los tiempos públicos laborados, lo cual permite alcanzar la densidad de las semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley de 1993 por el cual se permite acceder a la prestación

semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley de 1993 por el cual se permite acceder a la prestación con la densidad de semanas exigido por el Acuerdo 049 de 1990. e) No dar por demostrado, estándolo, que el demandante conservó el régimen de transición, por contar al 29 de julio de 2005 con más de 750 semanas laboradas o cotizadas al sistema pensional. f) No dar por demostrado, estándolo, que el demandante al haber conservado el régimen de transición tiene derecho a la pensión de vejez conforme a los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990. Anota, que los yerros fácticos antes transcritos, obedecen a que el ad quem dejó de apreciar las siguientes probanzas:

1. Resolución SUB 334834 de 30 de noviembre de 2023, visible en el archivo 33, anexos 01 del expediente electrónico, folios 29 a 37, por la cual Colpensiones reconoce y paga la pensión de vejez a Efreidy Pedroza. Documento allegado como hecho sobreviniente con los alegatos de conclusión por parte de la apoderada judicial del demandante.

Aseveró que el Tribunal al haber dejado de apreciar la anterior prueba calificada, incurrió en una indebida

apreciación de las siguientes:

1. Resolución SUB 211426 del 8 de agosto de 2018

(folio 49 a 55 cuaderno 01 expediente físico digitalizado), por la cual Colpensiones negó pensión de vejez al señor Efreidy Pedroza.Radicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01

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2. Resolución SUB 260338 del 2 de octubre de 2018

(folio 115 a125 cuaderno 01 expediente físico digitalizado) por la cual Colpensiones negó pensión de vejez al señor Efreidy Pedroza.

3. Historia laboral del demandante, expedida por Colpensiones el 4 de mayo de 2012 (folio 57 а 58 cuaderno 01 expediente físico digitalizado).

4. Historia laboral del demandante, expedida por Colpensiones el 22 de octubre de 2013 (folio 59 a 66 cuaderno 01 expediente físico digitalizado).

5. Historia laboral del demandante, expedida por Colpensiones 18 de marzo de 2014 (folio 67 а 75 cuaderno 01expediente físico digitalizado).

6. Historia laboral del demandante, expedida por Colpensiones 29 de septiembre de 2018 (folio 76 a 83 cuaderno 01 expediente físico digitalizado).

7. Reporte de semanas cotizadas del demandante, actualizado por Colpensiones al 23/06/2022 (folios 214 a 224 cuaderno 01 expediente físico digitalizado).

Para la demostración del cargo transcribe apartes de la

7. Reporte de semanas cotizadas del demandante, actualizado por Colpensiones al 23/06/2022 (folios 214 a 224 cuaderno 01 expediente físico digitalizado).

Para la demostración del cargo transcribe apartes de la sentencia de segundo grado, y acto seguido refiere que, el Tribunal concluyó erradamente, que solo logró acreditar 324 semanas en los últimos 20 años al cumplimiento de los 60 años, esto es, entre el 1 de enero de 1985 a 1 de enero de 2005 y en cuanto al segundo escenario, que al 31 de julio deRadicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01 SCLAJPT-10 V.00 15 2010, tampoco superó las 1000 semanas, dado que solo acreditó 855,29 semanas a la citada fecha. Anota que no existe duda de que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, para el 1º de abril de 1994 contaba con 49 años y se encontraba activo en el sistema pensional; por lo que la discusión radica en, si conservó o no dicho régimen debido a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, siendo necesario verificar las semanas con las que contaba para el 25 de julio de 2005. Arguye que, en ese sentido, el Tribunal no valoró la Resolución SUB 334834 de 30 de noviembre de 2023, por la cual Colpensiones le reconoció у pagó la pensión de vejez,

Arguye que, en ese sentido, el Tribunal no valoró la Resolución SUB 334834 de 30 de noviembre de 2023, por la cual Colpensiones le reconoció у pagó la pensión de vejez, acto administrativo en el cual se estableció que contaba con 1.303 semanas cotizadas al sistema pensional, incluyendo en su conteo y como punto de partida de las cotizaciones el periodo 01-11-1963 hasta el 28-08-1965, reportado con el Ejército Nacional, que asciende a 658 días, esto es, 94 semanas; tiempo no registrado o contabilizado en las historias laborales analizadas por el colegiado y en las resoluciones que le negaron el derecho, documento este (Resolución SUB 334834 de 30 de noviembre de 2023) allegado con los alegatos de conclusión, como hecho sobreviniente, toda vez, que fue generado por la demandada en el trámite procesal de la segunda instancia, y que el juez plural no valoró a pesar de estar presente en el expediente, ignorando por completo su contenido.Radicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01

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Destaca que al valorarse este documento (Resolución SUB 334834 de 30 de noviembre de 2023), y con el conteo de semanas que en este se describe, se tiene que al 25 de julio

de 2005 contaba con 768 semanas y no 684 como mal lo entendió el Tribunal, las cuales resultaban suficientes para conservar el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014, data en la cual se avizora alcanzó 1.132 semanas, que resultaban suficientes para el reconocimiento pensional con base en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aplicable en virtud del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el cual se consagró el régimen de transición. Hace hincapié en que al comparar las semanas que fueron el fundamento del fallo de segunda instancia con las semanas que reporta la Resolución SUB 334834 de 30 de noviembre de 2023, existe una diferencia de 94 semanas, las que resultan suficientes para determinar que sí conservó el derecho a la transición en pensiones y con ello, la garantía de la pensión de vejez con base en este. Señala que, un simple conteo de semanas permite concluir que al 25 de julio de 2005 contaba con 768 semanas, por tanto, conservó el régimen de transición y al 31 de diciembre de 2014 (data en la cual se extendió la transición) tenía 1.132, sin tener en cuenta que a partir del 1° de enero de 1995, las cotizaciones se cuentan como meses calendario, como recientemente lo ha entendido la Corte; lo que resulta suficiente para haberse reconocido la pensión de vejez pretendida con la demanda.Radicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01

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Acota que, de haber revisado minuciosamente el

vejez pretendida con la demanda.Radicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01

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Acota que, de haber revisado minuciosamente el Tribunal los documentos allegados al plenario, fácilmente hubiese concluido que se trajeron otras evidencias, como hechos sobrevinientes, esto es, pruebas y que, aunque se trata de un trámite de segunda instancia, frente a la aparición de estas en la historia laboral, debieron ser valoradas o por lo menos desechadas expresamente, por cuanto, en derecho pensional, los nuevos hechos privilegian el derecho sustantivo sobre el procesal, al tratarse de uno de carácter fundamental. Reitera que al no entrar, el Tribunal, al estudio del derecho pensional, bajo el análisis de la Resolución SUB 334834 de 30 de noviembre de 2023, se privó de verificar que efectivamente posee el derecho a que su pensión le sea reconocida en virtud de lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 que fuera aprobado mediante el Decreto 758 de 1990, al cual se remite por aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; de allí, que resulta craso y protuberante, el error del ad quem al dejar de valorar la prueba denunciada, por cuanto las mismas, prueban la existencia de un derecho pensional en su favor y debió

protuberante, el error del ad quem al dejar de valorar la prueba denunciada, por cuanto las mismas, prueban la existencia de un derecho pensional en su favor y debió acceder así a las pretensiones de la demanda (f.os 13 a 26, actuación 0004, c. de la Corte).

VII. RÉPLICA Colpensiones señala que la Resolución SUB334834 de 2023, tal como lo afirma el demandante, solo fue anexada al expediente de este proceso en el momento de presentar losRadicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01

SCLAJPT-10 V.00 18 alegatos de fondo de la segunda instancia, razón por la que no fue decretada como prueba válida en el proceso. Anota que, si bien se podría alegar que no tenerla como prueba determinaría el rechazo de la verdad procesal real, lo cierto es, que haber tenido en cuenta esta resolución en la sentencia de segunda instancia, determinaría la violación del derecho de defensa de la parte contraria esto es, de Colpensiones, por cuanto se trataría de una prueba no controvertida durante el proceso. Afirma que, el accionante alega que se trata de un hecho sobreviniente, lo que no es verdad toda vez, que el actor prestó el servicio militar entre los años 1.963 y 1.965, y para hacer valer dicho tiempo para el cómputo de las semanas cotizadas para adquirir la pensión, se encontraba compelido a anexar al inicio de este proceso como prueba de la cotización de esas semanas, la certificación correspondiente

hacer valer dicho tiempo para el cómputo de las semanas cotizadas para adquirir la pensión, se encontraba compelido a anexar al inicio de este proceso como prueba de la cotización de esas semanas, la certificación correspondiente del Ejército Nacional y no como hoy pretende, a última hora y sin brindarle a la contraparte la oportunidad de defenderse controvirtiendo la prueba. Expresa, que el hecho sobreviniente es la expedición de la resolución mas no, la existencia de las semanas cotizadas o el tiempo servido en el Ejército, pues ese hecho se generó hace más de cincuenta años. El Tribunal no se equivocó de manera alguna al no valorar la resolución, sino que evitó violar los derechos de defensa y de acceso a la justicia, respetando la igualdad de las partes (f.os 1 a 4, actuación 0007, c. de la Corte).Radicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01

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VIII. CONSIDERACIONES A efecto se tiene que la discordia del recurrente se centra en que el ad quem no hubiera analizado la totalidad de las pruebas que reposan en el proceso, en especial la Resolución SUB 334834 del 30 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta que esta fue allegada con los alegatos de conclusión, previo pronunciamiento del juez colegiado.

Así las cosas, el problema jurídico que debe resolver la Sala se centra en determinar si el Tribunal se equivocó al concluir que el demandante no cumplió los requisitos

conclusión, previo pronunciamiento del juez colegiado. Así las cosas, el problema jurídico que debe resolver la Sala se centra en determinar si el Tribunal se equivocó al concluir que el demandante no cumplió los requisitos exigidos por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, por no otorgar valor probatorio al acto administrativo mencionado. Al respecto debe decirse que, la Corte Constitucional en sentencia CC C1270-2000 en la que se estudió la constitucionalidad del artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, expresó: Aun cuando el artículo 29 de la Constitución confiere al legislador la facultad de diseñar las reglas del debido proceso y la estructura probatoria de los procesos, no es menos cierto que dicha norma impone a aquél la necesidad de observar y regular ciertas garantías mínimas en materia probatoria. Como algo consustancial al derecho de defensa, debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes derechos: i) el derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la

esta manera se asegura el derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste; v) el derecho a que de oficio seRadicación n.° 76520-31-05-002-2018-00451-01 SCLAJPT-10 V.00 20 practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos; y vi) el derecho a que se evalúen por el j