CSJ - SP030-2023(58252)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada Ponente SP030-2023 Radicación n.º 58252

CUI: 11001600000020180145002

Acta No. 020 Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por el procesado JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO y su defensor contra la sentencia del 10 de septiembre de 2020, proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual condenó al procesado como cómplice de los punibles de acceso abusivo a un sistema informático y daño informático agravados y autor del delito de prevaricato por acción.

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Segunda instancia. Radicado 58252

JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO

II. HECHOS

1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SP2637-2015 del 11 de marzo de 2015, casó parcialmente la decisión proferida el 14 de julio de 2014 por el Tribunal Superior del Meta en contra de Germán Orlando Espinosa Flórez y Félix Antonio Bernal Martín y les impuso la pena principal de 192 meses de prisión como coautores del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, dentro del proceso radicado 500013107004200600032, sin concederles algún mecanismo sustitutivo de la prisión intramural.

2. El 30 de marzo de 2015 la Secretaría de los Juzgados

Penales del Circuito Especializados de Villavicencio envió el expediente a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de la misma ciudad (reparto) para que vigilaran la pena impuesta a Germán Orlando Espinosa Flórez y Félix Antonio Bernal Martín, quienes se encontraban en libertad. El asunto le correspondió al Juzgado 1º de EPMS de Descongestión de Villavicencio, autoridad que avocó el conocimiento del caso el 3 de junio de 2015 y libró nuevas órdenes de captura contra los sentenciados para cumplir la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia.

3. Luego de la expedición de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Germán Cifuentes Rodríguez contactó a Germán Orlando Espinosa Flórez y le manifestó que, a cambio de 250 millones de pesos, él le

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Segunda instancia. Radicado 58252 JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO conseguiría una rebaja de la pena y el beneficio de la prisión domiciliaria. Para lograr el beneficio, el sentenciado debía presentarse en una cárcel de Bogotá, pues en esa ciudad se adelantarían los trámites para su concesión, además una funcionaria del ICBF de Villavicencio visitaría su domicilio y certificaría falsamente que él era padre cabeza de familia. Esta propuesta fue aceptada por Espinosa Flórez, quien pagó el dinero en su totalidad.

4. A partir del 2 de julio de 2015 el sistema de reparto Siglo XXI del Centro de Servicios de los Juzgados de

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá fue manipulado para asignar irregularmente el expediente al Juzgado 12 de EPMS de esta ciudad.

5. Por instrucciones del abogado Germán Cifuentes, el 31 de julio de 2015 Germán Orlando Espinosa Flórez, luego de reunirse con una persona que afirmó ser el director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “COMEB”-La Picota, fue ingresado en ese centro de reclusión con una orden de captura falsa.

6. En el mes de octubre de 2015 una carpeta del proceso 500013107004200600032 adelantado contra Germán Orlando Espinosa Flórez “apareció” en el despacho del Juzgado 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, motivo por el cual su titular, JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO, profirió un auto el 20 de octubre de 2015, en el que solicitó al área de sistemas del centro de servicios

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Segunda instancia. Radicado 58252 JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO administrativos que de forma urgente le designara el asunto a su despacho, completara la información en el sistema Siglo XXI y le asignara la carátula al expediente con número interno desde el área de reparto.

7. Cumplido lo anterior, el 22 de octubre de 2015 el Juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO, avocó el conocimiento del asunto. El 11 de noviembre de 2015 el

abogado de Germán Orlando Espinosa Flórez solicitó al juez TORRES MARIÑO que concediera los beneficios de permiso de trabajo y prisión domiciliaria a favor de su prohijado, con fundamento en que él era padre cabeza de familia de dos menores de edad, para lo cual allegó, entre otros documentos, un concepto suscrito por una defensora de familia de Villavicencio.

8. En poco tiempo, sin ordenar la práctica de alguna prueba para verificar si efectivamente el condenado era padre cabeza de familia y con base en los documentos allegados por el abogado del sentenciado, a través de decisión del 4 de diciembre de 2015 el juez JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO, concedió a Germán Orlando Espinosa Flórez el beneficio de prisión domiciliaria por ser padre cabeza de familia y el permiso para trabajar.

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III. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

9. El 1° de marzo de 2018, el Juzgado 52 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá legalizó la captura de JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO1, declaró legalmente formulada la imputación hecha por la Fiscalía en su contra por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y daño informático agravados, ambos en calidad de cómplice, en concurso con el punible de prevaricato por acción a título de autor, con circunstancias de menor y mayor punibilidad, conforme a los artículos 269

A, 269 D, 269 H (numerales 1, 2 y 5), 413, 55 (numeral 1) y

58 (numerales 9 y 10) del Código Penal y decretó la detención preventiva del procesado en su lugar de residencia. El implicado no aceptó los cargos imputados2.

10. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá celebró la audiencia de formulación de acusación el 19 de julio de 2018. En esta diligencia, el Fiscal indicó que los delitos por los que se procesaba a TORRES MARIÑO eran los de prevaricato por acción en la modalidad de autor y acceso abusivo a un sistema informático y daño informático agravados en concurso homogéneo y sucesivo cometidos en 8 oportunidades (aspecto adicionado en la audiencia por el representante del ente acusador) en calidad de cómplice3. 1 El procesado fue capturado el 28 de febrero de 2018. 2 Folio 90. Cuaderno N.º 1. 3 Folios 146 a 156. Ibídem.

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11. La audiencia preparatoria se celebró los días 21 de febrero4 y 29 de abril de 20195 y la de juicio oral los días 126, 137, 238, 249 y 25 de julio10 y 24 de octubre de 2019, 1911 de febrero, 212 y 30 de junio de 2020, en cuya última sesión se anunció el sentido del fallo condenatorio13.

12. El 10 de septiembre de 2020 la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá condenó a JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO como autor del

delito de prevaricato por acción, en concurso heterogéneo con las conductas punibles de acceso abusivo a un sistema informático y daño informático agravados en calidad de cómplice. En consecuencia, le impuso las penas de 60 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 62 meses y multa de 216.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente, negó al procesado la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria, la detención domiciliaria transitoria y la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad grave14. 4 Folios 1 a 30. Cuaderno N.º 2. 5 Folios 46 a 98. Ibídem. 6 Folios 116 a 122. Ibídem. 7 Folios 137 a 140. Ibídem. 8 Folios 162 a 165. Ibídem. 9 Folios 166 a 168. Ibídem. 10 Folios 169 a 171. Ibídem. 11 Folios 29 a 56. Cuaderno N.º 3. 12 Folios 59 y 60. Ibídem. 13 Folios 69 a 92. Ibídem. 14 Folios 114 a 154. Ibídem. 6

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13. Contra esta decisión el defensor y el sentenciado JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO interpusieron recursos de apelación15.

14. El 18 de noviembre de 2022 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá le concedió al procesado JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO el beneficio de

la libertad condicional.

IV. LA SENTENCIA APELADA

15. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá determinó que JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO es cómplice de los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y daño informático agravados y autor de la conducta punible de prevaricato por acción, por las

siguientes razones:

16. En primer lugar, los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y daño informático agravados se materializaron con la manipulación del sistema Siglo XXI, mediante la cual el expediente 500013107004200600032 adelantado contra Germán Orlando Espinosa Flórez fue asignado anormalmente al Juzgado 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Igualmente, la participación del juez JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO en calidad de cómplice, consistió en que, él aun sabiendo de las irregularidades en el reparto del proceso, solicitó mediante 15 Folios 155 y 156. Ibídem.

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Segunda instancia. Radicado 58252 JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO auto que se formalizara la asignación del asunto a su despacho, para posteriormente, a través de una decisión contraria a la ley, concederle los beneficios de prisión domiciliaria y permiso de trabajo a Espinosa Flórez.

17. Frente a la consumación de las conductas punibles, las pruebas indicaron que, ante la extraña aparición del expediente 500013107004200600032 en el despacho del Juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de

Bogotá, por orden de la Juez Coordinadora del Centro de Servicios de los Juzgados de EPMS, Ruth Stella Melgarejo Molina, el auxiliar encargado del área de sistemas del centro de servicios, Wilmer Patiño, presentó un informe en el que expuso las modificaciones anómalas que sufrió el sistema Siglo XXI respecto al proceso en contra de Germán Orlando Espinosa Flórez.

18. Estas anomalías consistieron en que el proceso no tenía número interno registrado, no se había diligenciado el campo “asunto a tratar”, en la pestaña de sujetos no se registró el radicado interno, la condena no estaba en el formato correcto de años, meses y días, la “bandera de programación” de detenido no estaba registrada, apareció la actuación con la palabra “reparto” con una fecha extemporánea y se evidenciaron actuaciones fuera de lo normal realizadas por el usuario “rariaso” con fechas anteriores a que apareciera el expediente en el centro de servicios.

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19. La ingeniera Yancy Yasmín Castellanos Sánchez manifestó que no fue posible determinar por parte de los ingenieros que hicieron auditorías al sistema de reparto, quién realizó las anotaciones irregulares, pues las alteraciones se hicieron desde un computador externo y utilizando los usuarios de alguien que ya no laboraba en la Rama Judicial y de la escribiente de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,

Berenice Aguilar Gámez.

20. La investigadora del CTI, Sandra Patricia Mendoza Saavedra, encargada de inspeccionar el expediente 50001310700420060003200, señaló que se presentó un "salto en los movimientos" dentro del mismo, al no encontrarse el registro de salida del expediente de la ciudad de Villavicencio con destino a Bogotá, constancia de la captura del procesado, ni requerimiento del Juzgado 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en el que pidiera a su homólogo de Villavicencio la remisión del trámite, lo que daba a entender que el proceso nunca había salido de Villavicencio.

21. Por todo lo anterior, se demostró la manipulación dolosa del sistema informático Siglo XXI, a través del cual se realiza el reparto de los procesos en los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, con el fin de asignar irregularmente el proceso 50001310700420060003200 contra Germán Orlando

Espinosa Flórez al Juzgado 12 de EPMS. Para el Tribunal, 9

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Segunda instancia. Radicado 58252 JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO esta manipulación concluyó con la asignación del expediente al despacho del juez JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO, por solicitud de él.

22. Por otra parte, para el a quo, aunque se corroboró la materialidad de las conductas de acceso abusivo a un sistema informático y daño informático agravadas, éstas no se cometieron en concurso homogéneo como lo solicitó la Fiscalía en la acusación, pues no se trató de ocho punibles

autónomos, sino de diversos actos ligados hacia la misma finalidad.

23. En cuanto a la participación de JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO como cómplice en las conductas punibles, si bien no se evidenció quién alteró el sistema de reparto ni hubo un señalamiento directo hacía el implicado, el procesado sabía de las ilicitudes en el reparto del expediente 50001310700420060003200 y prestó su ayuda posterior para legalizar su asignación irregular, a través del auto del 20 de octubre de 2015.

24. Esta ayuda consistió en haber minimizado o ignorado las irregularidades cometidas en el reparto y solicitar su legalización, en lugar de advertirlas oficialmente y denunciarlas, tal como lo dictaban las reglas de la experiencia en el ámbito judicial.

25. Así, el juez obvió que la vigilancia de la pena les correspondía a los jueces de ejecución de penas y medidas

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Segunda instancia. Radicado 58252 JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO de seguridad de Villavicencio, porque los juzgadores de instancia que conocieron el proceso eran de esa ciudad y para el momento en que cobró ejecutoria la condena el sentenciado se encontraba en libertad. Además, ignoró que en el expediente no existió un auto del Juez 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Villavicencio que ordenara el envío del proceso a Bogotá o una constancia de la captura del procesado que justificara la competencia de los juzgados de EPMS de Bogotá.

26. No obstante, TORRES MARIÑO en lugar de rechazar

el asunto e indagar por la extraña aparición del expediente, hizo todo lo posible por darle a este hecho apariencia de legalidad asumiendo el conocimiento del asunto, y con ello puso en evidencia su inusitado interés en vigilar el cumplimiento de la pena de Germán Orlando Espinosa Flórez, cuando lo correcto era que el proceso volviera al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio. Igualmente, si el sentenciado hubiera sido capturado en Bogotá, lo correspondiente era someter nuevamente el expediente a reparto entre los jueces de EPMS de esta ciudad.

27. También, existe una inferencia razonable de la participación del procesado en los delitos informáticos, teniendo como hecho indicador el plan tramado por el abogado Germán Cifuentes Rodríguez con personas particulares y funcionarios públicos, consistente en que, a

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Segunda instancia. Radicado 58252 JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO cambio de dinero, le fuera otorgada la prisión domiciliaria a Germán Orlando Espinosa Flórez.

28. En efecto, Espinosa Flórez, quien se acogió a un principio de oportunidad en un proceso penal que se adelanta en su contra por estos mismos hechos, declaró en juicio que, cuando fue condenado por el delito de narcotráfico se le acercó el abogado Germán Cifuentes y le propuso que, a cambio de 250 millones, él conseguiría que le fuera otorgada la prisión domiciliaria, propuesta que aceptó.

29. El declarante indicó que este plan incluyó entregarse a las autoridades en Bogotá para que un juez de esta ciudad le otorgara el beneficio prometido y que una funcionaria del ICBF acudiera a su vivienda en Villavicencio y conceptuara que era padre cabeza de familia, a pesar de que él mismo sabía que no ostentaba dicha condición.

30. Asimismo, señaló que, para su entrega en Bogotá, asistió a un almuerzo con el director de la cárcel La Picota, luego de lo cual fue llevado en la camioneta de dicho funcionario al establecimiento carcelario, donde presentó una boleta de detención falsa y esperó que le fuera concedido el beneficio por el cual había pagado.

31. Conforme a lo anterior, resultó razonable inferir que la manipulación del sistema informático y la “aparición” del expediente en el despacho del juez JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO hizo parte del plan criminal, en el cual la

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Segunda instancia. Radicado 58252 JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO participación del procesado era necesaria para que formalizara el reparto irregular del expediente, asumiera el conocimiento del asunto y con base en las pruebas aportadas que resultaron ser falsas, concediera el inmerecido sustituto.

32. En consecuencia, la indebida solicitud para direccionar el proceso al despacho del juez TORRES MARIÑO, permitió deducir el compromiso del implicado en los delitos informáticos, pues no se puede explicar de otra manera la alteración del reparto para que la carpeta llegara

a sus manos, si no es porque previamente él sabía del plan y de su necesaria contribución, consistente en asumir la competencia y emitir la decisión favorable al condenado.

33. En segundo lugar, el juez JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO cometió el delito de prevaricato por acción, cuando en ejercicio de sus funciones profirió el auto del 4 de diciembre de 2015, por medio del cual concedió a Germán Orlando Espinosa Flórez los beneficios de prisión domiciliaria y permiso para trabajar.

34. Esta decisión es manifiestamente contraria a la ley, por cuanto, a pesar de que el Juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá no tenía competencia para decidir el asunto, asumió el conocimiento de la actuación omitiendo las irregularidades del reparto, estudió la solicitud elevada por Germán Orlando Espinosa Flórez y su apoderado y concedió a su favor la prisión domiciliaria con base en la supuesta calidad de padre de familia que finalmente no tenía.

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35. Con su actuar el implicado dejó en evidencia que conocía y era participe del plan delictual compartido por particulares y funcionarios públicos que tenía como fin concederle a Germán Orlando Espinosa Flórez el citado mecanismo sustitutivo, por el cual pagó la suma de 250 millones de pesos.

36. Para conceder ilícitamente la prisión domiciliaria a Germán Orlando Espinosa Flórez, JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO en su decisión del 4 de diciembre de 2015 se apartó

de las normas que establecen las obligaciones del juez en materia del control integral del expediente, no adelantó una recta valoración probatoria y motivó sesgadamente el asunto, aduciendo la supremacía de los derechos de los menores de edad.

37. El procesado conocía que las pruebas incorporadas a la actuación para fundamentar la calidad de padre cabeza de familia de Espinosa Flórez eran falsas, pues él no tenía tal condición. Sin embargo, el funcionario judicial se escudó en las mismas para dotar de aparente legalidad, con un fingido discurso garantista, la determinación de concederle la prisión domiciliaria.

38. Así, la Fiscalía demostró la falsedad del informe de estudio socio familiar presentado por la defensora de familia del ICBF de Villavicencio, Martha Lozada Romero, y que sirvió de base a la decisión ilegal, puesto que ella celebró un

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Segunda instancia. Radicado 58252 JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO preacuerdo en un proceso penal por los mismos hechos, con lo cual aceptó que a cambio de dinero elaboró el informe en el que consignó falsamente que Germán Orlando Espinosa Flórez era padre cabeza de familia. Esto último también fue corroborado con la declaración en juicio del propio Espinosa Flórez.

39. A pesar de que no le era exigible al juez verificar la autenticidad del informe del ICBF, él debió corroborar y analizar que ese documento y los demás elementos fueron elaborados en una fecha posterior a la entrega del condenado, lo cual indicaba que eran pruebas preconstituidas.

40. También, en el auto mencionado, el Juez 12 de

EPMS argumentó que la conducta por la que fue condenado Germán Orlando Espinosa Flórez no constituyó un delito atroz, pese a que se trataba de tráfico de estupefacientes, pues los hechos ocurrieron hace más de diez años en un lugar del país en el que existían grupos al margen de la ley que hacían participes de sus fechorías a los lugareños a cambio de salvaguardar sus vidas o sus bienes. Este argumento fue empleado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio para absolver a Espinosa Flórez, pero fue desvirtuado en segunda instancia por el tribunal de la misma ciudad y por la Corte Suprema de Justicia en sede de casación. 15

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41. Además, en la decisión cuestionada el juez hizo referencia a declaraciones juramentadas, certificaciones de afiliaciones a salud y constancias académicas que daban cuenta de la dependencia afectiva de los menores hacia su padre, pero estos documentos no reposaban en el expediente.

Igualmente, el procesado tuvo en cuenta que Espinosa Flórez de manera voluntaria se entregó a las autoridades, a pesar de que a la actuación no se aportó ningún elemento que corroborara esa situación.

42. Por último, resultó demostrada la existencia del dolo en el comportamiento de TORRES MARIÑO, puesto que se dedujo de lo plasmado en el auto cuestionado que el implicado tuvo la intención de infringir la ley, a sabiendas de lo que estaba haciendo, dado su conocimiento y amplia

experiencia como juez en asuntos penales y concretamente en asuntos de ejecución de penas.

43. Por todo lo anterior, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá concluyó que se demostró la complicidad del procesado respecto de los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y daño informático agravados, y su autoría en relación con la conducta punible de prevaricato por acción. En consecuencia, le impuso la pena de 60 meses de prisión, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 62 meses y la multa de 216.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, negó al implicado la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión

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Segunda instancia. Radicado 58252 JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO domiciliaria, la detención domiciliaria transitoria y la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad grave.

V. LOS RECURSOS DE APELACIÓN 5.1 De la defensa técnica

44. El apoderado de JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO argumentó en su memorial que existen dudas sobre la responsabilidad del procesado en la comisión de los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, daño informático y prevaricato por acción. Por lo tanto, solicitó que se revoque la sentencia condenatoria y se absuelva a su defendido por los cargos por los que fue acusado. Lo anterior,

con base en los siguientes argumentos:

45. En primer lugar, manifestó que no es reprochable la

conducta del juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO, consistente en proferir el auto del 20 de octubre de 2015, por cuanto el proceso 50001310700420060003200 contra Germán Orlando Espinosa Flórez oficialmente había sido repartido a su despacho 2 meses antes, a través del sistema Siglo XXI y el juez acudió al centro de servicios no para que se asignara el expediente a su despacho, pues esto ya había ocurrido, sino para subsanar un posible error al introducir los datos en la asignación del expediente a su juzgado. 17

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46. Su defendido desconocía la forma en que el proceso había sido sometido a reparto de los juzgados de ejecución de penas. En el sistema siglo XXI constaba que la actuación había sido repartida al Juzgado 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá desde el 11 de agosto de 2015 y dos meses después, en octubre de 2015, cuando apareció el expediente en el escritorio de la asistente administrativa de su despacho, sin planilla de ingreso, sin acta de reparto y con una ficha técnica incompleta, el procesado siguiendo la práctica judicial, acudió a los empleados del centro de servicios y tras no encontrar solución profirió el auto del 20 de octubre de 2015 para resolver la situación.

47. A partir de los elementos aportados al expediente

de ejecución de penas, el procesado confió en que ostentaba la competencia para conocer de la vigilancia de la pena impuesta a Espinosa Flórez. Por cuanto, el asunto había sido repartido a su despacho el 11 de agosto de 2015 con una persona privada de la libertad, en la actuación obraba un oficio del 17 de abril de 2015, mediante el cual el Juez 4º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, Mauro de Jesús Ávila Tibata, envió el asunto a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá (reparto) y en el mismo oficio se consignó que Germán Orlando Espinosa Flórez se encontraba privado de la libertad en el establecimiento carcelario La Picota de esta ciudad. Afirmó que esta última circunstancia fue confirmada por 18

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Segunda instancia. Radicado 58252 JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO Espinosa Flórez, cuando manifestó en juicio que estaba recluido en esa cárcel desde el 31 de julio de 2015.

48. De las pruebas practicadas en juicio no era posible inferir que TORRES MARIÑO sabía de la existencia de un plan y cuál debía ser su intervención para formalizar el amañado reparto y así asumir el trámite de la actuación.

49. En segundo lugar, el profesional del derecho alegó que no se demostró que el auto proferido el 4 de diciembre de 2015 por el entonces Juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, fuera una decisión

manifiestamente contraria a la ley.

50. El juez TORRES MARIÑO tenía la competencia para proferir la decisión tachada como ilegal, mediante la cual le concedió la prisión domiciliaria y el permiso de trabajo a Germán Orlando Espinosa Flórez. El asunto había sido remitido a Bogotá, con ocasión de la privación de la libertad de Espinosa Flórez en el establecimiento carcelario La Picota de esta ciudad, lo cual les otorgaba la competencia a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá para vigilar la condena impuesta al sentenciado.

51. Luego de haber recibido el expediente en su despacho, el abogado del condenado Germán Orlando Espinosa Flórez radicó una solicitud para que le fuera concedida la prisión domiciliaria por ser padre cabeza de familia. A esta petición allegó varios documentos, entre los

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Segunda instancia. Radicado 58252 JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO cuales se encontraba un informe de la Defensora de Familia de Villavicencio adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Martha Patricia Lozada Romero, en el que junto con la trabajadora social, Diana Patricia Monroy Castro, plasmaron que en las visitas de seguimiento practicadas a los hijos menores del sentenciado encontraron que sus derechos fundamentales estaban amenazados porque no contaban con una persona estable que los cuidara, pues solamente convivían con la empleada doméstica, Rosalba Torres.

52. No existió vulneración a alguna norma del ordenamiento jurídico con la emisión del auto que concedió

el sustituto penal, por cuanto su aprobación se sustentó en los documentos que demostraban la calidad de padre cabeza de familia de Espinosa Flórez y en lo estipulado en el artículo 461 de la Ley 906 de 2004 en armonía con el numeral 5 del artículo 314 del mismo estatuto procesal y el artículo 1 de la Ley 750 de 2002, así como en pronunciamientos jurisprudenciales.

53. Martha Patricia Lozada Romero y Diana Patricia Monroy Castro no declararon en juicio y por tanto el informe que presentaron, en el cual consignaron que Espinosa Flórez era padre cabeza de familia no perdió validez para sustentar la concesión del beneficio de prisión domiciliaria. Además, el abogado defensor manifestó que el informe elaborado por ellas incorporado al juicio no fue el mismo que se le descubrió.

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54. La Defensora de Familia del ICBF de Villavicencio, Martha Patricia Lozada Romero, no declaró en juicio y no está probado que ella hubiere celebrado un preacuerdo en donde hubiese aceptado que recibió dinero a cambio del informe allegado con la petición de prisión domiciliaria.

55. Los demás documentos aportados con la petición de prisión domiciliaria daban cuenta de la calidad de padre cabeza de familia del condenado y afirmar lo contrario indicaría que quienes elaboraron las certificaciones del colegio de los menores y del arraigo del sentenciado, así como las entrevistas ante el investigador de la defensa y ante los funcionarios del ICBF, incurrieron en falsedades para

demostrar la condición de padre cabeza de familia de Espinosa Flórez, inexistente según la Fiscalía, pero que durante el juicio no se controvirtió.

56. No era exigible a su prohijado antes de asumir el conocimiento de la actuación que investigara y determinara quién libró la boleta de detención de Germán Orlando Espinosa Flórez, por qué motivo fue expedida o si era legítima o no, pues ninguna injerencia tuvo en su elaboración.

57. En el juicio no se contó con la totalidad de la evidencia o pruebas tenidas en cuenta por su representado para la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria, por lo tanto, en su opinión, no puede afirmarse

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CUI: 11001600000020180145002

Segunda instancia. Radicado 58252 JOSÉ HENRY TORRES MARIÑO que el procesado cometió algún error en la valoración probatoria.

58. La investigadora del CTI, Sandra Patricia Mendoza Saavedra, no e