CSJ - SP031-2023(58720)

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente SP031-2023 Radicación N° 58720 Acta No. 010 Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitrés (2023) ASUNTO La Sala se pronuncia sobre el recurso de casación presentado por el defensor de Leonardo de Jesús Martínez, contra la sentencia del 16 de febrero de 2020, por medio de la cual el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la emitida por el Juzgado 9º Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, por la cual lo declaró responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. HECHOS El 19 de agosto de 2018, en el Aeropuerto el Dorado de Bogotá, Leonardo de Jesús Martínez fue retenido por personal CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez de control antinarcóticos, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a la ciudad de Madrid, España, hallándosele, al efectuar un registro en su equipaje, dos paquetes rectangulares que contenían sustancia estupefaciente, identificada como cocaína, cada uno con un peso de 4.960 y 4.910 gramos, para un total de 9.870 gramos.

ANTECEDENTES

1. Por los anteriores sucesos, el 20 de agosto de 2018, ante el Juzgado 21 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá, previa legalización de captura en flagrancia, se celebró audiencia de formulación de imputación en contra de Leonardo de Jesús Martínez, a quien

se le atribuyó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado (artículos 376 y 384, numeral 3, del Código Penal), al cual se allanó. Seguidamente se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

2. El 14 de diciembre de 2018, la Fiscalía presentó escrito de acusación el cual correspondió al Juzgado 9º Penal del Circuito Especializado de la capital del país. Convocada audiencia de individualización de pena y sentencia el 17 de junio de 2019, la funcionaria no impartió aprobación al allanamiento y decretó la nulidad del acto de aceptación.

Impugnada tal determinación por la Fiscalía y la defensa, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en 2 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez proveído del 5 de agosto del ese año, la revocó y consecuente con ello, dispuso proseguir el trámite abreviado.

3. De regreso la actuación al despacho, en cumplimiento de lo dispuesto por el superior, el 25 de septiembre de 2019 se instaló la audiencia de individualización de pena y sentencia, en la cual se aprobó la admisión de responsabilidad.

Por consiguiente, en consonancia con lo anterior, en sentencia del 13 de diciembre de esa anualidad, se condenó a Leonardo de Jesús Martínez a las penas principales de 224 meses de prisión y 2.344,5 salarios mínimos legales mensuales de multa, como autor del delito de tráfico,

fabricación o porte de estupefacientes agravado, al igual que se le impuso la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso. No se le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria.

4. Interpuesto recurso de alzada por el procesado y su representante judicial, al no compartir la pena impuesta, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en providencia del 16 de febrero de 2020, confirmó el fallo objetado.

LA DEMANDA La defensa1 postuló dos cargos en contra de la sentencia de segundo grado, así: 1 Folios 17 a 35, cuaderno original Tribunal 3 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez

1. Principal.

Al tenor de la causal 2ª del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, el defensor alegó la nulidad de la actuación por violación del debido proceso. Ello, toda vez que el allanamiento efectuado por el imputado estuvo sujeto al equivocado ofrecimiento de la Fiscalía General de la Nación de una reducción de pena del 50%, y no de un 12.5% al haber ocurrido captura en flagrancia. Lo anterior, debido a una «falla en el sistema penal» derivada de la comprensión errónea del precedente jurisprudencial CSJ AP1763-2018, Rad. 51989, del 23 de mayo de ese año, que fuera reiterado en decisión de tutela STP14140-2018, Rad. 101256, que implicaba la posibilidad

de extender el reconocimiento de una rebaja de hasta el 50% de la pena individualizada a los casos de captura en flagrancia, aun frente a delitos que no estuviesen enlistados en la Ley 1826 de 2017, como era el caso de Martínez; tesis que, además, estaba vigente para el momento de la audiencia de formulación de cargos, en la medida que fue aclarada en providencia CJS AP5266-2018 del 5 de diciembre de 2018, para desechar tal postura. De modo que, el Tribunal no tuvo en cuenta que Leonardo de Jesús Martínez emitió su consentimiento bajo la firme convicción de que al aceptar los cargos en la sentencia condenatoria recibiría una rebaja de hasta el 50% de la pena individualizada, pues, así, fue de forma reiterada explicado 4 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez por la delegada fiscal en la audiencia de formulación de imputación. Agregó que en el colectivo jurídico surgió la idea de que era procedente la reducción de pena hasta un 50%, pues dicha postura jurisprudencial fue recogida solo hasta el 5 de diciembre de 2018, a tal punto que en el desarrollo de la diligencia, ninguno de los asistentes cuestionó el ofrecimiento, incluida, la Juez con función de Control de Garantías. En ese contexto, el censor advirtió que, si bien en la actualidad no hay duda que los beneficios de la Ley 1826 de 2017, en casos de flagrancia solo se aplican a los delitos enlistados en el artículo 534 del Código de Procedimiento

Penal, para el momento en que se allanó a cargos su representado, sí existía la expectativa de que aquella reforma aplicaba sin dependencia del delito sancionado, como fue reconocido en varios casos. Consecuente con lo anterior, el demandante afirmó que el consentimiento del implicado estuvo viciado por error, dado que el reconocimiento de responsabilidad se sujetó a la afirmación inequívoca de que recibiría un descuento del 50% y no del 12.5% como se determinó en las sentencias de primer y segundo grado. Por consiguiente, solicitó se case la sentencia y se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir, inclusive, del acto de aceptación de cargos de Leonardo de Jesús Martínez 5 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez en la audiencia de imputación, para que, en su lugar, se rehaga lo pertinente.

2. Subsidiario.

Por la senda de la causal 1ª de casación, el libelista reprobó la sentencia de segunda instancia por violación directa de la ley sustancial por falta a aplicación o exclusión evidencia del artículo 56 del Código Penal que contempla la atenuación de la pena por pobreza extrema y otras causas. Indicó que en el traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2004, deprecó la aludida causal de atenuación punitiva, «por estimar que Leonardo de Jesús Martínez realizó la conducta punible bajo la influencia de una profunda situación de pobreza extrema que fue decisiva en la ejecución del delito» y para la acreditación «se aportaron veinticinco elementos

materiales probatorios que así lo demostraban». Circunstancia que no fue admitida por los juzgadores de instancia, al indicarse que la oportunidad para ello era la audiencia de imputación conforme con la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Penal, lo que lleva a concluir que, pese a que se probó aquella, no se aplicó en razón de la oportunidad debida para su postulación. En ese orden, en garantía del derecho sustancial sobre las formas, pretende se modifique la línea trazada por la alta Corporación, para que se habilite la discusión que alude en 6 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez el referido traslado del artículo 447 ejusdem, al lograrse de mejor forma en este espacio la consecución de elementos de prueba que respalden esa postura, dado que, en casos de allanamiento a cargos cuando la captura se da en flagrancia, es reducido el tiempo que para ello se cuenta. Refrendó esta última aserción en que, en el caso particular, una vez se produjo la captura en flagrancia en Bogotá –domingo 19 de agosto de 2018-, él, como abogado, fue informado el día siguiente de la misma cuando estaba fuera de la ciudad, y los elementos a recolectar estaban en la capital del Meta, lo que significó imposibilidad material de buscar los documentos pertinentes. En consecuencia, el demandante solicita se case la sentencia y se profiera una de reemplazo en la que se reconozca la disminución punitiva del canon 56 del Código Penal. SUSTENTACIÓN Y RÉPLICAS A la luz de lo establecido en el Acuerdo No. 020 del 29

de abril de 2020, emitido por esta Sala, las partes e intervinientes expresaron sus argumentos por escrito, así:

1. El defensor Se atuvo al contenido de su demanda.

7 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez

2. El delegado de la Fiscalía 2.1. Frente al cargo principal Consideró que la defensa confunde los modos de terminación anticipada, esto es, los preacuerdos y el allanamiento. Elo, en la medida que mientras en el primero se puede realizar una negociación sobre el monto de la pena a imponer, en el segundo, el procesado queda sometido a los criterios establecidos en la ley pena. De allí que, si en el presente caso el implicado de forma simple y unilateral aceptó el cargo imputado, la advertencia de la Fiscalía de que podía ser acreedor “hasta” de un 50% de rebaja, no era vinculante, al margen de que se hubiese citado el contenido del proveído emitido el 23 de mayo de 2018, por la Corte

Suprema de Justicia. En ese orden, refirió que la reducción de la pena del 12.5% que se reconoció, se acompasa con la explicación que efectuó la delegada del ente acusador, en la medida que en su exposición fue clara en que esta podía ser “hasta” el 50%, lo cual no obligaba a la judicatura. Igualmente señaló que quien debía mantener al imputado informado acerca de las consecuencias del allanamiento, era su defensor como garante de sus derechos, con quien debió consultar el alcance real del precedente que fue citado y si tenía efectos vinculantes para el presente

asunto; razonamiento por el cual, consideró que no le es dable a la defensa alegar en su favor su propia culpa para 8 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez provocar la nulidad de la actuación por un inexistente vicio de consentimiento. De otra parte, adicionó que se equivocó el censor al honrar el criterio plasmado por la Corte Suprema de Justicia en providencia del 23 de mayo de 2018, radicado 51989, dado que esa posición fue prontamente recogida el 5 de diciembre de esa anualidad, para sostener que en los casos de flagrancia y siempre que se trate de delitos no contemplados en la Ley 1826 de 2017, la norma aplicable en materia de descuentos punitivos es el parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, el cual corresponderá al ¼ del beneficio de que trata el canon 351 ibídem, lo que implicaría un descuento del 12.5%, el cual fue concedido al procesado. De manera que, no hay lugar a conceder efecto alguno a la decisión referida por el defensor, ni siquiera por favorabilidad, ya que la Corte en sus decisiones ha descartado un tal proceder (CSJ ST. 13 de julio de 2016, Rad. 48257, SP8468-2017). En ese contexto, concluyó: «(i) aquí de lo que se trató fue de un allanamiento simple y unilateral, razón por la cual la pena le corresponde fijarla al Juez de Conocimiento y no al funcionario que imputa; (ii) La Fiscal Delegada no ofreció un descuento punitivo del 50%,

sino de “hasta el 50%” y que el monto de la pena impuesta se tasó dentro de ese rango; (iii) que la aceptación de cargos se produjo por parte del indiciado de forma libre, consciente, informada y debidamente asesorado por su abogado defensor, quien debió orientarlo acerca del alcance del mismo y prevenirlo de no hacerlo en el evento de que lo 9 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez considerara adverso a sus intereses y; (iv) resultaría improcedente reconocerle vigencia al criterio de la Corte Suprema de Justicia consagrado en la sentencia del 23 de mayo de 2018, por cuanto éste fue modulado acuciosamente por la misma Corporación para corregir el alcance equivocado del mismo. Cada una de estas específicas circunstancias y todas en conjunto, hacen inviable la postulación de la defensa, para predicar un vicio de consentimiento que justifique la declaratoria de nulidad de lo actuado.» 2.2. Frente al cargo subsidiario. No acompaña la petición del demandante al no hallar justificados los motivos para que se varíe la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal (CSJ SP. 6 jun. 2012, Rad. 35767) y, encontrar, en consecuencia, bien resuelto el tema relacionado con el no reconocimiento de la circunstancia de atenuación por no haberse deprecado desde la audiencia de imputación, conforme el precedente CSJ AP, 15 sep. 2021, Rad. 55272.

3. La delegada del Ministerio Público 3.1. Al cargo principal.

Se opuso a su prosperidad, en tanto que, como lo indicó el mismo recurrente, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal por ningún motivo, ni mediante el principio de favorabilidad reconoce el 50% de rebaja de la pena en casos de captura en flagrancia por delitos distintos de los enlistados en el artículo 534 del Código de Procedimiento Penal, y el ofrecimiento efectuado por la Fiscalía en la 10 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez audiencia de imputación fue hasta el 50%, si el acusado aceptaba cargos, lo cual no quiere decir que ese quantum tendría que ser el porcentaje reconocido por la judicatura. Precisó que el Juez de conocimiento en su sentencia actuó conforme a los parámetros legales y accedió al máximo de rebaja de pena para casos de flagrancia en delitos no considerados en el artículo 534 de la Ley 906 de 2004, como lo es, el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, sin que sea dable conceder un beneficio mayor, como en últimas lo persigue el defensor en su propuesta. Indicó que, en este asunto, lo que se vislumbra es una estrategia disimulada para retractarse del allanamiento a cargos efectuado por el procesado debidamente asesorado y sin violación de garantías fundamentales, para lograr la revocatoria de sentencias que definieron el asunto, una vez efectuado el análisis de procedencia y legalidad de la rebaja de pena. 3.2. Frente al cargo subsidiario. Manifestó que la Corte Suprema de Justicia ha

sostenido de manera pacífica que las circunstancias de marginalidad, ignorancia o extrema pobreza deben ser incluidas en la formulación de imputación para que haya lugar a su reconocimiento (CSJ AP, 27 jul, 2011, Rad. 11 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez 36609, AP 21 ago. 2013, Rad. 41596 y AP5185-2015, Rad. 46027). Lo anterior, dado que éstas corresponden a un fenómeno que se estructura al momento de la comisión de la conducta, por lo que resulta inescindible a ella, de modo que, de presentarse, deben ser advertidas en la formulación fáctica del comportamiento. Así las cosas, concluyó infundado que se reclame una oportunidad adicional y posterior para su debate en el traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 en los casos de allanamiento a cargos. Por lo anterior, solicita no se acceda a la censura invocada.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Sala pronunciarse de fondo sobre las censuras planteadas, dado que con la admisión de la demanda se tienen superados los defectos de los que adolece. Ello, por razón de la prevalencia de los fines del recurso extraordinario de casación, a saber, la eficacia del derecho material, el respeto a las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a las partes y la unificación la jurisprudencia, tal como lo establece el artículo 180 de la Ley 906 de 2004.

2. Así las cosas, en orden de atender las réplicas del

demandante, inicialmente, se analizará el cargo principal a 12 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez través del cual, el censor pretende la nulidad de la actuación, en particular, del acto de allanamiento a cargos por vicios del consentimiento y, en caso de no accederse a la invalidación, la Sala se adentrará en la censura postulada como cargo subsidiario, la que busca el reconocimiento de la causal de menor punibilidad establecida en el artículo 56 del Código Penal.

3. Del allanamiento a cargos.

Acorde con los argumentos expuestos por el recurrente, el cargo principal está encaminado a que se declare la nulidad del allanamiento a cargos efectuado por Leonardo de Jesús Martínez, al considerar que se cumplió sin el lleno de los presupuestos legales, en razón a que fue producto de un vicio del consentimiento originado en la información equivocada suministrada por la Fiscal en torno al alcance y las consecuencias de la aceptación de responsabilidad, específicamente, respecto de la reducción de pena a la que el acusado se haría merecedor por aceptar ser autor de los hechos endilgados. A ese respecto, no sobra recordar que el allanamiento a cargos, como especie del derecho penal premial, se orienta a asegurar la economía procesal, hacer efectiva la justicia material, sancionar eficaz y ciertamente al responsable, reducir la carga misional del aparato judicial y, a la par, descongestionar el sistema penal. 13 CUI 11001600001720181195101

NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez Dicho mecanismo supone que el imputado o acusado acepta unilateralmente los cargos formulados por la Fiscalía, renunciando a un juicio público al interior del cual podría ejercer el derecho de contradicción respecto de las pruebas aducidas en su contra, bien sea contrainterrogando testigos o controvirtiendo otros medios de convicción, o inclusive con la posibilidad de aportar elementos probatorios en orden a desvirtuar los que obren en su contra (artículo 8, literal l, Ley 906 de 2004). Ahora, la manifestación del imputado o acusado, según sea el caso, debe exteriorizarse y formalizarse en alguna de las tres precisas oportunidades previstas en la ley, esto es, (i) en la formulación de la imputación (artículo 288); (ii) en la audiencia preparatoria (artículo 356-5); y, (iii) en la alegación inicial del juicio oral (artículo 367). De acuerdo al estadio en que se exteriorice el allanamiento, la rebaja compensatoria por éste será diferente. Tratándose de ese primer momento, necesario es recordar que el artículo 288 del Código de Procedimiento Penal dispone: «ARTÍCULO 288. CONTENIDO. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente:

1. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.

2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la

14 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento.

3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351.» Sobre este último aspecto, es decir, la posibilidad de que el inculpado se allane a la imputación, el representante de la fiscalía debe ser claro frente al ofrecimiento de beneficios que puede recibir el procesado por tal aceptación, como también debe precisar cuando no son procedentes los mismos por razón de las prohibiciones legales.

Así, frente al quantum de rebaja de pena, es menester que el funcionario indique los limites punitivos que el Código Penal establece para el tipo penal imputado, para luego, precisar los efectos que trae la aceptación al cargo, por ejemplo, si la reducción por ese fenómeno responde a una cifra determinada (canon 301, parágrafo, C.P.P.) o si puede oscilar dentro de algún rango (artículo 351 CP.P.). Igualmente, debe el delegado de la fiscalía indicar con precisión si el legislador decidió imponer restricciones a la concesión de beneficios, subrogados o sustitutos penales, por la naturaleza del comportamiento endilgado o por cuenta de la calidad de la víctima sobre la cual recayó el injusto (véase, artículos 68A C.P.P y 199 de la Ley 1098 de 2006). Todo ello a fin de que el interesado pueda evidenciar la

dimensión de las consecuencias derivadas del delito que se 15 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez le atribuye y la conveniencia que le puede representar la admisión temprana de responsabilidad. Lo cual materializa la garantía a estar informado previo a la expresión de culpabilidad y proporciona, a su vez, suficientes elementos para que el Juez con función de Control de Garantías pueda verificar los supuestos establecidos en el artículo 8, literal l, del Código de Procedimiento Penal. Ahora, la Sala ha indicado que la aceptación consciente y voluntaria de la adecuación típica imputada, así como de la responsabilidad, se rige por los principios de irretractabilidad, preclusividad y progresividad de las actuaciones, en virtud de los cuales, una vez se avala o aprueba el allanamiento no habrá lugar al arrepentimiento del sujeto pasivo de la acción penal. En esa senda, se ha destacado que únicamente cuando concurra un vicio en el consentimiento del procesado o se transgredan sus garantías, es posible sustraerse de la aceptación de responsabilidad2, según se extrae del parágrafo del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, insertado por la Ley 1453 de 2011, precepto que debe interpretarse en armonía con el artículo 351 del mismo estatuto procedimental, norma que al regular lo concerniente a las modalidades de aceptación de cargos en su inciso cuarto precisa que éstas imponen su aprobación por parte del juez 2 Cfr. CSJ SP, 13 feb. 2013, rad. 40053

16 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez de conocimiento, salvo que se desconozcan o quebranten garantías fundamentales. ARTÍCULO 293. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACEPTACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. Artículo modificado por el artículo 69 de la Ley 1453 de 2011. Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación. La Fiscalía adjuntará el escrito que contiene la imputación o acuerdo que será enviado al Juez de conocimiento. Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia para la individualización de la pena y sentencia. PARÁGRAFO. La retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vicio su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales. Así, solo para fines de ilustración, la posición que ha prohijado la Sala, a excepción de un breve lapso en el que admitió la posibilidad de que el procesado deliberadamente desestimara esa admisión antes de que fuera verificado el allanamiento al cargo, es que la retractación únicamente procede porque (i) no correspondió a un acto voluntario, libre, consciente espontáneo e informado del acusado, o (ii) que en desarrollo de ese acto se vulneraron garantías fundamentales.

Puntualmente, en providencia CSJ AP4834-2016, Rad. 43395, se explicó: «Contrario a lo expuesto por el recurrente, la Sala, desde la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, distinguió tres situaciones, (i) 17 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez posibilidad de retractación del allanamiento unilateral a cargos, (ii) posibilidad de retractación de los acuerdos y, (iii) invalidación de los allanamientos o de los acuerdos por vicios del consentimiento o violación de garantías fundamentales. En el fallo de casación de 20 de octubre de 2005, dictado dentro del radicado No.24026, al referirse a la primera hipótesis, que es la que interesa descartar en este caso, la Sala fue radical en precisar que una vez aceptado por el juez de control de garantías el allanamiento unilateral a cargos, no procedía la retractación, […] Luego de que el juez de control de garantías acepta el allanamiento por encontrar que es voluntario, libre y espontáneo, no es posible retractarse de lo que se ha admitido y el juez de conocimiento debe proceder a señalar la fecha y hora para dictar sentencia e individualizar la pena (artículos 131 y 294 de la Ley 906 de 2004). En consecuencia, es incompatible con el principio de lealtad, toda impugnación que busque deshacer los efectos del acuerdo o la aceptación de la responsabilidad”. Esta postura fue reiterada en sentencia de 5 de octubre de 2006, frente a un caso similar al que ocupa la atención de la Sala, dentro

de la casación 25248, y repetidamente refrendada en decisiones posteriores (CSJ AP, 3 de mayo de 2007, casación 27108; CSJ AP, 3 de octubre de 2007, casación 28253; CSJ AP, 27 de julio de 2011, casación 36609, entre otras), hasta el proferimiento de la sentencia de 30 de mayo de 2012, a la cual alude el casacionista. En esta decisión, la Sala, con motivo de la reforma introducida por el artículo 69 de la Ley 1453 de 2011 al artículo 293 de la Ley 906 de 2004, varío por mayoría el criterio interpretativo acogido en el precedente de 20 de octubre de 2005, para precisar que la posibilidad de retractación de quien aceptaba unilateralmente los cargos en la audiencia de formulación de la imputación se extendía hasta antes de que el juez de conocimiento le impartiera aprobación (CSJ SP, 30 de mayo de 2012, casación 37668). El 13 de febrero de 2013, es decir, pocos meses después, la Sala, sin embargo, rectificó esta postura, por considerar que no consultaba los postulados de la norma en su contexto, ni atendía las necesidades de justicia, para retomar la tesis inicial consistente en que cuando se aceptan unilateralmente cargos ante el juez de garantías o el juez de conocimiento, ya no es posible la retractación, y que su invalidación solo procede por vicios del consentimiento o violación de garantías fundamentales, criterio que es el que acoge la línea jurisprudencial actual (CSJ SP, 13 de 18 CUI 11001600001720181195101

NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez febrero de 2013, casación 40053; CSJ AP6376, 22/10/2014, casación 43650; CSJ AP895-2015, 25/02/2015, casación 45333; CSJ, AP328-2016, 27/01/2016, casación 46975).» Es decir, una interpretación razonable del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, apunta a entender que la retractación allí regulada sólo procede si se evidencia: (i) que la asunción de responsabilidad no correspondió a un acto voluntario, libre, consciente, espontáneo e informado del procesado, o (ii) que en desarrollo de ese acto se transgredieron garantías fundamentales. De ese modo, sólo excepcionalmente cabe admitir la retractación. Lo anterior, porque el allanamiento como mecanismo de terminación extraordinaria del proceso, está regido por los principios de lealtad procesal y buena fe exigida a los intervinientes en el trámite, lo que determina que debe existir seriedad al momento de optar por aquel, todo en acatamiento no sólo de la seguridad jurídica, sino de los fines que informan la figura, esto es, humanizar la actuación procesal y la pena, obtener una pronta y cumplida justicia, dar solución a los conflictos, propiciar la reparación integral y elevar el prestigio de la administración de justicia (CSJ SP 5634-2021, Rad. 51142). En esta línea, recae en el juez ante el cual se produce el acto establecer que la aceptación de responsabilidad sea «libre, consciente, voluntaria y debidamente informada», asesorada por el defensor técnico y respetuosa de las

garantías fundamentales -arts. 8-1 y 293 parágrafo-. 19 CUI 11001600001720181195101 NI 58720 Casación Leonardo de Jesús Martínez (artículos 1º de la Ley 270 de 19963 y 131 de la Ley 906 de 20044). Y a su vez, al juez de conocimiento le corresponderá verificar si están dados todos los presupuestos para emitir una sentencia condenatoria, esto es, (i) la existencia de una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes que corroboren la tipicidad de la conducta, (ii) el aporte de evidencias físicas e información legalmente obtenida que permita cumplir el estándar de conocimiento previsto en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004, orientado a salvaguardar la presunción de inocencia del procesado, (iii) la claridad de los términos del acuerdo a efectos de precisar cuándo un eventual cambio de calificación jurídica corresponde a la materialización del principio de legalidad y en qué eventos es producto de los beneficios acordados por las partes, (iv) la viabilidad legal de los beneficios otorgados por la Fiscalía, sea por la modalidad y cantidad de los mismos o por las limitaciones previstas frente a determinados delitos, y (v) que la renuncia al juicio del procesado haya sido libre, informada y asistida por su defensor (CSJ SP379-2022, Rad. 58186). 3 ARTÍCULO 1o. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución

Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. 4 ARTÍCULO 131. RENUNCIA. Si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral, deberá el juez de control de garantías o el juez de conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible el interrogat