CSJ - SP083-2023(59636)

FABIO OSPITIA GARZÓN Magistrado ponente SP083-2023 Radicación No. 59636 Acta No. 050 Bogotá D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

I. VISTOS Resuelve la Corte la impugnación especial presentada por el defensor de DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ, contra la sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, que revocó la absolutoria emitida el 1° de febrero de igual anualidad por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento del CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01

Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ mismo Distrito Judicial y, en su lugar, lo declaró penalmente responsable de los delitos de peculado por uso en calidad de cómplice y de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en condición de autor.

II. ANTECEDENTES 2.1 Fácticos Entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de abril de 2014, el administrador del Aeropuerto Nacional Perales [en adelante, el aeropuerto], ubicado en la ciudad de Ibagué, de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil [Aerocivil], permitió el ingreso a sus instalaciones de 51 vehículos y 2 motocicletas particulares, los cuales participaron en carreras automovilísticas denominadas «piques», actividad en la que indebidamente utilizaron como pista la plataforma aérea en uso y la que

para ese momento se construía. De la realización de esa competición tenía conocimiento previo DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ, guarda de seguridad vinculado a una empresa de vigilancia privada que para ese turno nocturno prestó sus servicios en el aeropuerto, quien contribuyó a su ejecución facilitando el ingreso de los vehículos y de sus conductores, además de informar a sus compañeros de labores que se trataba de un evento autorizado y que, por tanto, las personas que acudieron tenían habilitado el acceso. 2 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ estaba encargado de las cámaras de vigilancia y seguridad del aeropuerto en aquella noche y madrugada. Para evitar la grabación de la indebida actividad a realizar, manipuló 6 dispositivos de video tipo domo y fijos y generó que los mismos no filmaran a las personas y vehículos que ingresaron, toda vez que enfocó puntos muertos, zonas oscuras o distorsionó el enfoque a través de su desproporcionado acercamiento. 2.2 Procesales En audiencia preliminar celebrada el 22 de marzo de 2018 bajo la dirección del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, la fiscalía formuló imputación a DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ como cómplice del punible de peculado por uso y autor del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio (artículos 398 y 454B del Código Penal). El

imputado no aceptó cargos. No se solicitó medida de aseguramiento alguna1. Radicado el escrito de acusación2 por idénticas ilicitudes, la actuación la asumió el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Ibagué, despacho ante el cual tuvo lugar su verbalización el 2 de agosto de 1 Cfr. Folios 105 a 107, Carpeta Digital [en adelante C.D.] denominada 1. 52946 DE LA 1 A LA 88 2 Cfr. Folios 75 a 99, ib. 3 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636

DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ

20183. La audiencia preparatoria se cumplió el 26 de noviembre siguiente4.

El juicio oral se desarrolló en sesiones de 7 de mayo de 20195; 16 de enero6, 13 de julio7, 10 y 11 de agosto8, 169 y 2910 de septiembre, 211 y 1112 de diciembre de 2020; y, 1° de febrero de 202113. En esta última fecha, el juzgado de conocimiento anunció sentido de fallo absolutorio, que profirió de inmediato14. Al resolver los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía, el Ministerio Público y la representación judicial de víctimas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, mediante sentencia del 4 de marzo de 202115, la revocó y, en su lugar, condenó a DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ como autor del punible de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y cómplice del injusto de

peculado por uso, imponiéndole las penas de 54 meses de prisión, multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso que la intramural. 3 Cfr. Folios 57 a 59, ib. 4 Cfr. Folios 39 a 42, ib. 5 Cfr. Folios 7 a 14, ib. 6 Cfr. Folios 5 a 9 y 11 a 19, C.D. denominada 9. 52946 D LA 94 A LA 137 7 Cfr. C.D. 13. ACTA DEL 13 DE JULIO 8 Cfr. C.D. 16. ACTA DEL 10 Y 11 DE AGOSTO 9 Cfr. C.D. 24. ACTA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

10 Cfr. C.D. 27. ACTA 29 DE SEPTIEMBRE

11 Cfr. C.D. 33. ACTA DEL 2 DE DICEIMBRE

12 Cfr. C.D. 37. ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE ALEGATOS

13 Cfr. C.D. 39. ACTA DEL 1 DE FEBRERO SENTENCIA 14 Cfr. C.D. 41. SENTENCIA 52946. PECULADO DANIEL TRINUEVO 15 Cfr. C.D. 15DECISIONDESEGUNDAINSTANCIA 4 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ Negó cualquier mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad y ordenó su captura inmediata16.

Contra la sentencia de condena emitida por primera vez por el Tribunal, la defensa técnica recurrió en impugnación especial17. Surtido el traslado correspondiente a los no recurrentes, se remitieron las diligencias a la Corte para resolver de fondo.

III. LAS SENTENCIAS 3.1 Primera instancia 3.1.1 Luego de reseñar la prueba practicada en la vista pública, el a quo abordó el estudio de las infracciones delictivas por las que fue acusado DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ. 3.1.2 Frente al delito de peculado por uso, reprochó que la intervención del administrador del aeropuerto debió debatirse en la misma actuación procesal con la finalidad de definir su responsabilidad en los hechos, pues es a este a quien se atribuye la condición de autor.

Explicó que la plataforma aérea se hallaba en construcción y el desarrollo y ejecución de la obra pública estaba a cargo de la empresa constructora, sin que hubiera 16 Del paginario emerge que el procesado fue capturado el 11 de marzo de 2021.

Cfr. C.D. 20CORREOINFORMEDECAPTURA

17 Cfr. C.D. 33SUSTENTACIÓN IMPUGNACIÓN ESPECIAL

5 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ sido entregada a la Aerocivil, por tanto, de haber acaecido algún daño, su reparación tendría que asumirse por el contratista y no por el Estado. En su concepto «no se causó ningún daño… no hubo riesgo para las arcas del Estado».

La actividad se ejecutó por los organizadores responsablemente, en un ambiente tranquilo, sano, sin desmanes, con sobriedad, se catalogó como de carácter social, en una ciudad que no cuenta con escenarios deportivos para esta clase de eventos, lo cual «de alguna manera denota la ausencia de dolo para la tipificación del delito». Además, la seguridad aérea no corrió peligro, porque se trataba de una plataforma en construcción, que no se hallaba en servicio, como tampoco lo estaba la antigua, toda vez que el aeropuerto se encontraba cerrado y no tenía actividad u operatividad. Refirió que, aunque el administrador del aeropuerto puede estar sujeto a una sanción disciplinaria por no cumplir las directrices de la Aerocivil, su conducta no se puede catalogar como punible, por no tratarse de un «comportamiento antijurídico precisamente por falta de lesividad al bien jurídico tutelado». Por ende, no es lógico considerar cómplice a CADENA ORTIZ de una «conducta punible inexistente». 3.1.3 Frente al delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, el fallador 6 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ expuso que no se demostró quién manipuló indebidamente las cámaras de seguridad, o que lo hubiese hecho el procesado, pues ninguno de los testigos mencionó tal hecho. De todas formas, si en gracia de discusión, se aceptara que lo hizo, se descartaría el «elemento subjetivo del dolo»,

toda vez que DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ es una persona con «ilustración académica no tan amplia» –bachiller–, un «hombre medio» que ocupaba el cargo de guarda de seguridad, sin poder de decisión, que tenía jefes y sólo recibía órdenes a las cuales no podía oponerse, luego no tenía interés propio en la manipulación de las citadas cámaras, sino que ese interés era de sus superiores, es decir, actuó en cumplimiento de una orden, influenciado o acaso instrumentalizado por «el hombre de atrás». Reiteró que el aeropuerto no estaba en operación y que CADENA ORTIZ no tenía «capacitación jurídica», para exigirle que debió haberse representado que su actuar se dirigía a ocultar el delito de peculado por uso, que «tampoco existió». Para éste, se trató de un simple evento deportivo realizado en una obra en construcción, sin funcionamiento y autorizado por la máxima autoridad del aeropuerto. Concluyó que la conducta es típica y antijurídica, pero «exenta de culpabilidad por cuanto pudo haberse actuado bajo influencia o como instrumento de otra persona», que no se probó el actuar doloso y que, en todo caso, se generó duda que debe favorecer al procesado, razón por la cual lo absolvió de las conductas punibles objeto de acusación. 7 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ 3.2 Segunda instancia 3.2.1 El Tribunal revocó en su integridad la decisión de

primer grado, por encontrar «notorias deficiencias respecto del análisis de los delitos enrostrados en su estructura dogmática, así como evidentes yerros valorativos en relación con la prueba practicada» y el desconocimiento de «elementales nociones de la teoría del delito, pues se confunden conceptos y categorías que en su análisis resultan ser excluyentes». 3.2.2 En lo atinente al delito de peculado por uso, explicó que el supuesto fenomenológico sucedido la noche del 3 y la madrugada del 4 de abril de 2014, no admitió controversia, en cuanto las partes e intervinientes no discuten que en esas fechas se presentó el ingreso de vehículos a las instalaciones del aeropuerto –que forma parte de la estructura aeronáutica de propiedad de la Aerocivil–, con el fin de llevar a cabo competencias automovilísticas. Por ende, el análisis se encaminó a verificar si esa situación fáctica se adecua típicamente a la mencionada infracción delictiva. Luego de clarificar que el acceso a la pista de aterrizaje se autorizó por el administrador de la época, el uso indebido de las plataformas (la que se hallaba en construcción y la antigua) derivó de haberse permitido una actividad particular para la cual no estaba destinada, ajena a su función social, como es el servicio público esencial de transporte aéreo, que 8 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ no era dable equiparar a escenario de recreación o de competencias deportivas, como lo hizo el a quo.

Para el referido turno nocturno –desde las 18:00 horas del 3 de abril hasta las 06:00 horas del 4 de abril de 2014–, DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ fungió como guarda de seguridad y operador de medios tecnológicos (encargado de las cámaras de seguridad) en el aeropuerto y, en ejercicio de estas funciones, facilitó el ingreso a sus instalaciones de los automotores y sus conductores. El Tribunal dedujo el acuerdo previo a la comisión de la conducta punible, de la prueba testimonial que informaba que el procesado sabía de la actividad que se realizaría en las pistas de aterrizaje, conocía del arribo de los vehículos y se encargó de generar tranquilidad en sus compañeros de labores asegurando que se trataba de un evento autorizado por la administración del aeropuerto. Además, prestó colaboración concomitante, pues propició un ambiente de normalidad y calma entre sus pares para no generar alguna alarma o alerta y, como efectivamente sucedió, para que lo acontecido no se consignara en las minutas o planillas de vigilancia. De la realización del evento dio cuenta un patrullero de la Policía Nacional, quien no tuvo contacto con el enjuiciado, lo cual lo llevó a fijar en su libro de anotaciones lo pertinente al ingreso de los automotores y de personas extrañas, relacionando una a una las respectivas placas de circulación. 9 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ El Tribunal consideró errada la conclusión del juez de primer nivel, referida a que no se afectó el bien jurídico de la

administración pública, por no haberse presentado daño o menoscabo material de los bienes estatales, pues soslayó que el bien jurídico proyecta su amparo frente a una conducta que se materializa en el uso indebido de los bienes públicos y la desviación en cuanto a su utilidad, al ser destinados para fines privados y no de interés y beneficio público, para lo que natural y en esencia están establecidos. Tampoco compartió la apreciación del juez sobre la juridicidad de la conducta, por tratarse de un evento realizado en dicho lugar ante la falta de escenarios deportivos en Ibagué, toda vez que la antijuridicidad se concreta con independencia del fin noble o altruista que se haya perseguido con el uso indebido del bien estatal. 3.2.3 En cuanto al delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, recalcó el rol desempeñado por el procesado como guarda de seguridad, única persona encargada del circuito cerrado de televisión en aquel turno nocturno, ubicado en el puesto conocido como CCTV, en donde se hallaban la consola, los equipos y software para el manejo de las cámaras de vigilancia que brindaban apoyo y seguridad en la vigilancia de la terminal aérea. Para el Tribunal, la prueba no solo acreditó que DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ se hallaba presente en el lugar de los 10 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ hechos, sino que tenía la posibilidad de manipular las cámaras para su buen uso, como también en el reprochado

acontecer endilgado, máxime cuando se sabe que tenía conocimiento previo de la actividad que se realizaría al interior del aeropuerto. Indicó haberse demostrado, además, que la noche del 3 de abril de 2014, entre las 09:53 y las 10:06 p.m., algunas cámaras de seguridad, ubicadas en puntos estratégicos del aeropuerto (pasillo antiguo, sala de espera, plataforma de entrada al aeropuerto y las que muestran operación en pista y plataforma), fueron manipuladas deliberadamente, toda vez que modificaron su enfoque original de vigilancia y se movieron a ángulos muertos o ciegos, o se les dio excesivo zoom hasta distorsionar su enfoque, restableciéndose nuevamente entre las 02:47 y las 02:49 a.m. de la madrugada del 4 de abril de 2014, coincidiendo con el uso indebido que se hizo de las instalaciones del aeropuerto. La manipulación fue intencional y tuvo por finalidad impedir la grabación del uso indebido de la pista de aterrizaje y, en consecuencia, que constituyera prueba de su utilización irregular, de la identidad de las personas que ingresaron, de los vehículos y, seguramente, de quien autorizaba el evento. Reprochó que el fallador de primer grado exigiera una prueba directa de responsabilidad, como si operara una tarifa legal para demostrar el supuesto de hecho investigado, con desconocimiento del principio de libertad probatoria y 11 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636

DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ

pasando por alto la posibilidad de construir inferencias razonables que sustentaran la responsabilidad de las personas comprometidas. Descartó los argumentos de la defensa orientados a atribuir responsabilidad a un tercero y explicó que, al demostrar la fiscalía que el acusado fue el encargado del sistema de vigilancia la noche y madrugada del suceso, correspondía a la defensa probar que, pese a esos hechos verificados, DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ no era responsable por haberse presentado la intervención de otra persona, o que las grabaciones fueron adulteradas con posterioridad al 3 y 4 de abril de 2014, pues solo ante la demostración de esas situaciones podía exculparse al enjuiciado. Para el juez colegiado, contrario a lo decidido por el juzgador unipersonal, al acusado era dable exigírsele un comportamiento conforme a derecho, pues el conjunto probatorio no permite acreditar que CADENA ORTIZ se hallara en alguna condición particular que tornara en nulo el juicio de exigibilidad. Su poca preparación académica, o la circunstancia de necesitar un empleo ante la difícil situación económica del país, resultan ser meras especulaciones, mismo norte que se avizora en la afirmación subjetiva de haber sido instrumentalizado por un tercero, dando a entender un supuesto de autoría mediata inexistente, o por lo menos no probado. En su criterio, la prueba practicada permitía concluir que DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ es autor de la conducta 12 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636

DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ delictiva de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, en cuanto alteró las cámaras de seguridad del aeropuerto la noche del 3 y primeras horas del 4 de abril de 2014, impidiendo que se documentara visualmente a través de dichos medios tecnológicos el uso indebido de las instalaciones de la terminal aérea. 3.2.4 Por todo lo anterior, revocó la decisión absolutoria de primer nivel y condenó al procesado por los delitos objeto de la acusación, imponiéndole las penas atrás reseñadas.

IV. DE LA IMPUGNACIÓN ESPECIAL Y SU OPOSICIÓN 4.1 Recurrente Dos son los motivos de inconformidad de la defensa técnica. 4.1.1 En el primero (principal), pretende la nulidad de la sentencia impugnada por ser «un acto judicial inv[á]lido».

Explica que el fallo está precedido de un vicio de estructura, que afecta el debido proceso por desconocimiento de las formas propias del juicio, por cuanto fue dictado por una Sala de Decisión Dual, «ilegal» a partir de las disposiciones contenidas en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y en el Acuerdo PCSJA17–10715 del 25 de julio de 2017. 13 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ Para el recurrente, por mandato expreso del artículo 19 de la Ley 270 de 1996, «toda Sala de Decisión de un Tribunal

Superior de Distrito Judicial en Colombia debe estar conformada por tres (3) magistrados». Agrega que, una cosa es que una Sala de Decisión, que debe integrarse por tres magistrados, finalmente delibere y decida solo a través de dos de sus miembros, a pesar de la previa y debida convocatoria del tercero, y otra distinta que, como ocurrió en este asunto, en contra de lo dispuesto en la ley y en el reglamento, el presidente de la Sala decida marginar a uno de sus integrantes del estudio del proyecto y conformar una Sala dual de decisión. Además, la Sala dual ni siquiera se reunió para deliberar y decidir, toda vez que, como lo certificó el ponente, su Despacho se limitó a remitirle el proyecto a la magistrada JULIETA ISABEL MEJÍA ARCILA, quien el 4 de marzo de 2021 «devolvió el asunto con firma de aprobación» y ese hecho se materializó en el acta n.° 162 de la misma fecha. En suma, para el impugnante: Los vicios de actividad que cometió el Tribunal, son, en definitiva, dos: (i) desconocer de manera injustificada la pluralidad mínima exigida en la ley y el reglamento, que es de tres (3) magistrados, para la conformación de la Sala de Decisión, mediante la cual se aprobó la sentencia de segunda instancia; y (ii) pretermitir el acto formal de reunión en Sala, que es la oportunidad legal para llevar a cabo los actos sustanciales de “deliberación” y de “aprobación” del proyecto de sentencia, que finalmente se dictó. Puestas así las cosas, el fallo impugnado es ilegal, porque fue proferido sin la

“observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, que es la manera como debía hacerse, conforme al art. 29 de la Constitución [negrilla original del texto]. 14 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ Solicita, por tanto, dejar sin efecto el fallo recurrido y declarar la nulidad de la actuación a partir de la radicación del proyecto de sentencia, «a fin de que se garantice la composición legal de la Sala de Decisión». 4.1.2 En el segundo motivo de inconformidad (subsidiario), acusa la sentencia del tribunal «de violar de forma directa la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 29, 30–2, 398, 454[B] del [CP], y la falta de aplicación de los arts. 9–1, 12 ibídem y 7º y 381 del [CPP]». Explica que, contrario a lo sostenido por el Tribunal, DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ no puede ser considerado cómplice de peculado por uso, porque «no se acreditó [siquiera] de manera indiciaria que tuviera un acuerdo previo con el [a]utor, aunque tuviera conocimiento del presunto il[í]cito». En su concepto, el ad quem aplicó indebidamente el inciso tercero del artículo 30 del Código Penal, concordante con el canon 398 ibidem, «toda vez que la norma perti[n]ente y llamada a reprochar su conducta, a partir de los hechos que declaró como ciertos la segunda instancia, sería el art. 446

ejusdem», esto es, el injusto de favorecimiento, conducta jamás imputada fáctica o jurídicamente, ni frente a la cual la fiscalía pidió condena, razón por la que se impone absolver, conforme al precepto 448 de la Ley 906 de 2004. En lo que respecta al delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, advierte que el fallo recurrido reconoce que el evento automovilístico se 15 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ registró por los participantes a través de elementos electrónicos, que luego difundieron en redes sociales, a pesar de sostener que la finalidad de CADENA ORTIZ era evitar la difusión y el conocimiento exterior de la actividad. De esa manera, la acción atribuida al acusado es inocua, en tanto que, si se buscaba asegurar la impunidad del delito fin de peculado por uso, bastaba para el implicado, en su condición de guarda de seguridad del aeropuerto, restringir a los participantes del evento el uso de celulares y demás aparatos de filmación. Denuncia la falta de aplicación de los artículos 9° inciso 1° y 12 del Código Penal y 7º y 381 del Código de Procedimiento Penal, puesto que DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ fue condenado por el sólo hecho de ser nominalmente la persona encargada de las cámaras de seguridad durante la noche de ocurrencia de los hechos, a pesar de admitirse: «(i) que a nadie le consta que fuera él quien llevara a cabo la

manipulación y (ii) que terceras personas pudieron acceder al circuito cerrado de televisión durante los días siguientes al evento, porque no era un lugar restringido para el resto del personal». En consecuencia, solicita a la Sala revocar la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, confirmar la absolutoria de primer nivel. 16 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ 4.2 No recurrente El mandatario judicial de la Aerocivil, que actúa en condición de víctima, se opuso a las pretensiones del impugnante. Así discurrió: 4.2.1 Aunque la decisión de segunda instancia se adoptó por una Sala dual, no puede reprocharse de ilegal, en atención a que fue mayoritaria, por tanto, no se vulneró de manera sustancial algún derecho o garantía procesal. El impugnante no demostró la trascendencia del vicio propuesto, ni cómo la irregularidad derrumba las razones mayoritarias de la Sala, o cambiaría el sentido del fallo condenatorio. El 4 de marzo de 2021, momento en que se aprobó el proyecto de sentencia, el despacho a cargo de la Magistrada MARÍA MERCEDES MEJÍA BOTERO se encontraba acéfalo debido a su retiro por pensión de jubilación, siendo ocupado el 8 de marzo de 2021 por la Magistrada MARÍA JUDITH DURÁN

CALDERÓN.

Es decir, la aprobación del proyecto no fue caprichosa o arbitraria, por el contrario, en atención al principio de pronta y cumplida justicia, no había razón para aplazar la

decisión en espera de llenar la vacante, máxime cuando la Sala dual era mayoritaria y, como el defensor lo admite, se corría el riesgo de prescripción de la acción penal. 17 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ Agrega que no cualquier falta de formalismo estructura una nulidad, menos cuando el discurso se refiere a aspectos que no son sustanciales. 4.2.2 En cuanto al cargo subsidiario, sostiene que la complicidad en el delito de peculado por uso se demostró a través de indicios graves y convergentes. Y la argumentación que considera inocua la conducta de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, es «no solo gaseosa [sino] desacertada», en atención a que las noticias de los «piques ilegales» fueron posteriores a la consumación del delito. Además, la prueba testimonial e indiciaria acredita que el acusado llevó a cabo la manipulación. En consecuencia, solicita a la Corte confirmar la sentencia condenatoria.

V. CONSIDERACIONES 5.1 Precisión inicial y delimitación del problema jurídico En virtud de las directrices establecidas por la Corte desde el proveído CSJ AP1263–2019, 3 abr. 2019, rad. 54215, en concordancia con el numeral segundo del artículo 235 de la Carta Política, la Sala de Casación Penal es competente para resolver el mecanismo de impugnación especial propuesto por el defensor de DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ, en atención a la garantía de doble conformidad o

18 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ derecho a controvertir la primera condena, amparada por el Acto Legislativo 01 de 18 de enero de 201818. Esto, en razón a que el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué revocó la absolución dispuesta por el juzgado a quo y, por primera vez, declaró la responsabilidad penal de DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ por los delitos de peculado por uso y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los cuestionamientos a la decisión del tribunal, serán analizados siguiendo la lógica propia del recurso de alzada. Por contera, en virtud del principio de limitación, la labor de la Sala se concretará a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, estudio que, solo de ser necesario, se extenderá a los temas inescindiblemente vinculados al objeto de censura. Por último, la Corte abordará el análisis de la conducta de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, a fin de verificar su ocurrencia en el caso concreto. 18 Por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementan el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria. 19 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636

DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ

5.2 De la nulidad invocada El recurrente solicita la nulidad de la actuación surtida ante el tribunal, a partir de la radicación del proyecto de sentencia, por estar conformada la Sala de Decisión que emitió el fallo de segunda instancia por sólo dos magistrados, no tres, como lo dispone el inciso primero del artículo 19 de la Ley 270 de 1996. Sea lo primero precisar que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, como lo reconoce la defensa en su escrito impugnatorio, está integrada por seis Magistrados que, a su vez, conforman seis Salas de Decisión de 3 magistrados cada una, integradas por un magistrado ponente, quien la preside, y los dos que le siguen en orden alfabético de apellidos y nombre, conforme lo prevé el artículo 9° del Acuerdo n.° PCSJA17–10715 del 25 de julio de 201719, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Para el mes de febrero de 2021, la Sala de Decisión penal presidida por el magistrado GERMÁN LEONARDO RUÍZ SÁNCHEZ20, se complementaba con las magistradas JULIETA ISABEL MEJÍA ARCILA y MARÍA MERCEDES MEJÍA BOTERO, siguiendo las directrices del mencionado Acuerdo. 19 Acuerdo n.° PCSJA17–10715 del 25 de julio de 2017, «por el cual se adoptan las reglas generales para el funcionamiento de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial». Artículo Noveno. Sala de Decisión: «Para el ejercicio de la función jurisdiccional habrá tantas salas de decisión plural e impar cuantos magistrados

conformen la respectiva sala especializada, y cada una de ellas se integrará con el magistrado ponente, quien la presidirá, y con los dos que le siguen en orden alfabético de apellidos y nombres…». 20 Antes, en cabeza del magistrado HÉCTOR HERNÁNDEZ QUINTERO. 20 CUI 73 001 60 00000 2017 00156 01 Impugnación Especial n.° 59636 DANIEL FELIPE CADENA ORTIZ No obstante, la magistrada MARÍA MERCEDES MEJÍA BOTERO ejerció sus funciones hasta el domingo 28 de febrero de 2021, situación que determinó que, en la práctica, la mencionada Sala solo estuviera conformada por dos magistrados entre el 1° y el 7 de marzo de 2021, pues el 8 de marzo siguiente tomó posesión del cargo en provisionalidad, en su reemplazo, la doctora MARÍA JUDITH DURÁN CALDERÓN. En el presente asunto, el proyecto de decisión fue radicado por el magistrado ponente GERMÁN LEONARDO RUÍZ SÁNCHEZ el viernes 26 de febrero de 2021, motivo por el cual sólo podía ser puesto a consideración de la única magistrada que integraba la Sala en ese momento, esto es, la doctora

JULIETA ISABEL MEJÍA ARCILA.

Este proceder no constituye irregularidad alguna, como lo invoca el recurrente, porque la decisión se adoptó el 4 de marzo de 2021 por unanimidad, entiéndase, por los dos magistrados que para ese momento conformaban la Sala de Decisión, con respeto de las mayorías deliberatorias y decisorias, garantizándose de esta manera lo dispuesto en el

artículo 13 del Acuerdo PCSJA17–10715 de 2017, en concordancia con el canon 54 de la Ley 270 de 1996. No se trató, por tanto, como pare