CSJ - SP084-2024(63725)

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado Ponente SP084-2024 Radicación No. 63725 Acta 009 Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

I. ASUNTO La Corte resuelve los recursos de impugnación especial presentados y sustentados por los abogados defensores de los procesados, contra la sentencia de casación CSJ SP0892023, 15 mar. rad. 59034, por la cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revoca la sentencia absolutoria de segunda instancia del 27 de agosto de 2020 y, en su lugar, condena a GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO, por los delitos de prevaricato por acción en concurso heterogéneo con peculado por apropiación a favor de terceros, y a ÁLVARO CUI: 54001310400420150026302

IMPUGNACIÓN ESPECIAL – LEY 600 DE 2000

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO, como interviniente responsable del delito de peculado por apropiación a favor de terceros.

II. ANTECEDENTES 2.1. Fácticos De acuerdo con lo expuesto en la sentencia de casación se concretan de la siguiente forma: El 23 de febrero de 2005, GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO, entonces alcalde (e) de San José de Cúcuta, celebró el ‘acta de conciliación sobre el pago diferido de procesos en vía de ejecución

y pago anticipado de derechos litigados en procesos ordinarios laborales, todo sobre reajustes pensionales de Ley 6ª de 1992’, con el abogado ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO, quien fungía como apoderado de 130 pensionados, según el texto de ese documento. Ese grupo de ciudadanos pretendía el reconocimiento del reajuste pensional ordenado por la Ley 6ª de 19921 y el Decreto 2108 de 19922. Por virtud del acuerdo contenido en el ‘acta de conciliación’, el municipio se obligó ‘para con el abogado a pagar la suma única de siete mil novecientos ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y siete pesos con 84/100 mcte ($7.985.856.757,84.), en cuatro cuotas’. 1 Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones. 2 Por el cual se ajustan las pensiones de jubilación del sector público en el orden Nacional. 2

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO Entre marzo de 2005 y octubre de 2007, San José de Cúcuta le entregó a ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO la suma de cinco mil doscientos ochenta y seis millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta y nueve pesos ($5.286.464.189), mediante la

realización de siete pagos3. Como consecuencia del incumplimiento parcial de ese pacto, el abogado ARAQUE CHIQUILLO demandó a la entidad territorial e inició proceso ejecutivo laboral4 que, por reparto, correspondió al Juzgado Cuarto Laboral de la mencionada capital, bajo el radicado No. 2005-0254. El 11 de noviembre de 2008, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta ‘declaró la nulidad de todo lo actuado’ en el proceso ejecutivo 2005-0254 y negó el mandamiento de pago por ‘ilicitud del objeto del acuerdo señalado’. 2.2. Procesales 2.2.1. El 26 de junio de 2007, el Procurador 23 Judicial II de San José de Cúcuta solicitó investigar la ocurrencia de presuntas conductas punibles realizadas por el exalcalde GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO y el supuesto apoderado de los pensionados ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO, al celebrar la conciliación del 23 de febrero de 2005. 3 1/3/2005 E-033387 $1.437.454.216.40; 29/3/2005 E-034030 - $559.009.973 16/2/2007 E-047728 $2.944.800.000; 16/2/2007 E-047729 $55.200. 000.oo; 24/8/2007 E-051531 $20.000. 000.oo; 31/8/2007 E-051721 $70.000. 000.oo; 4/10/2007 E-052475 $200.000. 000.oo.

4 CENDOJ Cuaderno original 2, folios 148, 150, 160 y 162. De conformidad con la demanda presentada y el auto de mandamiento de pago, ARAQUE CHIQUILLO reclamaba en julio de 2005 la suma de $3.992.928.378 por concepto de “cuota de capital dejada de pagar el 10 de junio de 2005”; $1.996.464.189 “correspondientes a la cuota de capital que se prometió pagar el 10 de enero”; y los “intereses comerciales - tasa máxima según lo estipulado - qué se causen sobre dicha suma a partir del 11 de junio de 2005 y hasta tanto se haga efectivo el pago de esta”. 3

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO 2.2.2. La Fiscalía General de la Nación inició la instrucción y en diligencia de indagatoria del 30 de abril de 2009 escuchó a GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO (exalcalde)5, y los días 24, 25, 26 y 27 de marzo de 2009, con ampliación el 5 de mayo de 2009 a ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO (abogado)6. 2.2.3. El 29 de junio de 2012, al resolver la situación jurídica de VILLASMIL QUINTERO y ARAQUE CHIQUILLO7, la Fiscalía se abstuvo de imponer medida de aseguramiento. Impugnada la determinación, la Fiscalía delegada de

segunda instancia confirmó esa decisión el 27 de diciembre de 20138. 2.2.4. El 30 de abril de 2015, la Fiscalía profirió resolución de acusación9 contra GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO como probable autor responsable del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo con el de peculado por apropiación y a ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO como probable autor en calidad de interviniente responsable del delito de peculado por apropiación, en los términos de los artículos 397 y 413 de la Ley 599 de 2000, modificados por la Ley 890 de 2004. Recurrida en apelación, esa decisión fue confirmada el 25 de septiembre de 201510. 5 CENDOJ Archivo 01 Original 1, página 508/582. 6 CENDOJ Archivo 01 Original 1, página 146/582; 174/582; 186/582; 194/582; 206/582; 532/582. 7 CENDOJ Archivo 03 Original 3, página 185/548. 8 CENDOJ Archivo 03 Original 3, página 357/548. 9 CENDOJ Archivo 05 Original 5, página 128/534. En la resolución de acusación no se especificó la cuantía del delito de peculado por apropiación. 10 CENDOJ Archivo 05 Original 5, página 366/534. 4

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO 2.2.5. Al resolver el recurso propuesta por la defensa, la

Fiscalía de segunda instancia admitió que lo sustancialmente acordado el 23 de febrero de 2005, había sido una transacción, a pesar de la denominación expresamente consignada en el documento y, por tanto, ese acuerdo no requería para su validez el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 640 de 2001. 2.2.6. Acabada la fase de juzgamiento, el Juzgado Séptimo penal del circuito de Cúcuta, en sentencia del 14 de noviembre de 2018, absolvió a GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO y a ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO por los punibles objeto de acusación11. 2.2.7. El 27 de agosto de 2020, al resolver los recursos promovidos por el representante de la Fiscalía y el agente del Ministerio Público, la Sala Penal de Conjueces del Tribunal Superior de Cúcuta confirmó el proveído12. 2.2.8. El 4 de noviembre de 2020, el Procurador 86 Judicial Penal II de Cúcuta interpuso y sustentó el recurso extraordinario de casación13. Y, el 30 de noviembre de 2020 los defensores de los procesados GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO14 y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO15 presentaron sus consideraciones como parte no recurrentes. 11 CENDOJ Archivo 06Original6, página 509/610. 12 Segunda instancia, cuaderno principal 1, cuaderno 2023021128585, página 50. 13 Segunda instancia, cuaderno principal 1, Cuaderno 2023021128585, página 136.

14 Segunda instancia, cuaderno principal 1, Cuaderno 2023021128585, página 155. 15 Segunda instancia, cuaderno principal 1, Cuaderno 2023021128585, página 182. 5

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO 2.2.9. El 12 de mayo de 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda y dispuso correr el traslado previsto en el artículo 213 de la Ley 600 de 200016. 2.2.10. El 23 de junio de 2022, la Procuradora Segunda para la Casación Penal rindió el concepto en el que solicitó casar la sentencia y condenar a los procesados17. 2.2.11. De acuerdo con la sentencia de casación -CSJ SP089-2023, 15 mar. rad. 59034-, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia absolutoria proferida por la Sala Penal de Conjueces del Tribunal Superior de Cúcuta el 27 agosto de 2020 y, en su lugar, condenó a GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO, por los delitos de prevaricato por acción en concurso heterogéneo con peculado por apropiación a favor de terceros, y a ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO, como interviniente responsable del delito de peculado por apropiación a favor de terceros18.

III. LA ABSOLUCIÓN EN LAS INSTANCIAS

3.1. Sentencia de primera instancia Como lo concretó la Corte en la sentencia de casación que se ocupó del caso en estudio19, el Juzgado 7º penal del circuito de San José de Cúcuta dictó sentencia absolutoria20, 16 Gestor digital, recurso extraordinario de casación, página 3. 17 Gestor digital, recurso extraordinario de casación, página 8. 18 Gestor digital, recurso extraordinario de casación, página 27. 19 Gestor digital, recurso extraordinario de casación, página 27. 20 Gestor digital, primera instancia, juzgamiento, cuaderno 2023021047037, página 290. 6

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO expuso la irrelevancia del nombre conferido al acuerdoconciliación o transacción-, su carácter de acto administrativo y la conclusión de que el acta de conciliación del 23 de febrero de 2005 había cumplido los requisitos sustanciales21; por tanto, no era manifiestamente contraria a la ley. Para el efecto se destacó el criterio del a quo: i) La celebración material de una transacción descarta22 cumplir los requisitos de la Ley 640 de 2001, el acuerdo tuvo por objeto las costas y los intereses generados por la mora en el pago, derechos inciertos y discutibles23. ii) La causa era lícita y la obligación del Estado “no era ilusoria” pues “ya se contaban con varias sentencias… que habían condenado al municipio de Cúcuta a pagar millonarias

sumas de dinero”. iii) Las partes contaban con capacidad para celebrar el acto, pues la existencia de los poderes conferidos al abogado ARAQUE CHIQUILLO fue demostrada vía indiciaria. iv) En materia de la procedencia del reajuste pensional de la Ley 6ª de 1992 “existen diversas y válidas hermenéuticas posibles, razón por la cual el hecho de que el procesado GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO haya optado por una de ellas no hace que per se el acto administrativo por éste 21 Ibidem., página 324. Al respecto el a quo hizo expresa referencia a los artículos 1502, 2469 y 2471 del Código Civil; sentencias T-662 de 2012 y T-320 de 2012; 53 de la Constitución Política; 13 y 15 de Código Sustantivo del Trabajo; 340, 341, inciso 1, del Código de Procedimiento Civil. 22 Gestor digital, primera instancia, juzgamiento, cuaderno 2023021047037, página 312. 23 Ibidem., página 314. 7

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO proferido pueda tener la calidad de prevaricador”. En este sentido, el a quo indicó que según el Consejo de Estado, en el radicado 1920 de 2013 mantuvo la línea jurisprudencial, que luego fue recogida por la Corte Constitucional en la sentencia T-030 de 2011, en cuanto a

que los pensionados del orden territorial también eran beneficiarios del ajuste previsto en la Ley 6ª de 1992; sin embargo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otros radicados -18189 y 47697decidió de manera diferente, al concluir que el derecho al reajuste solo aplica a los pensionados del orden nacional y no se hace extensivo a pensionados del sector público territorial. v) El artículo 340 del Código de Procedimiento Civil aplicable disponía que no habrá condena en costas ante una transacción, pero esa disposición no prohibía su pacto y habilitaba a las partes a acordar el monto respectivo. vi) Respecto del delito de peculado por apropiación a favor de terceros descartó su configuración, en la medida que el pago se había producido en cumplimiento de una obligación contractual válida a cargo del municipio; la motivación del exalcalde encargado fue la de cumplir con el deber legal de cancelar lo adeudado. En ausencia de delito y de autor, estimó el a quo que no resultaba viable considerar la intervención de ARAQUE CHIQUILLO, por lo que también procedió a absolverlo. 8

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO vii) Además, por la existencia de prueba documental que indicaba que el dinero sí fue recibido por los pensionados; así concurrían tres (3) sentencias judiciales en firme que habían ordenado los pagos; y el abogado asumía

los gastos procesales, por lo que le correspondían las costas. 3.2. Sentencia de segunda instancia En la sentencia de casación que analizó el caso, se indicaron los fundamentos del fallo absolutorio de segunda instancia, proferido el 27 de agosto de 2020 por la Sala de decisión penal de conjueces del Tribunal Superior de Cúcuta24. Al respecto consideró que al resolver los recursos de la Fiscalía25 y el agente del Ministerio Público26, el Tribunal confirmó la decisión de primera instancia con fundamento en las siguientes razones: i) El acuerdo del 23 de febrero de 2005 fue una transacción con las características propias de un acto administrativo. 24 Segunda Instancia, Cuaderno Principal 1, Cuaderno 2023021128585, página 50. 25 Recurso de la apelación propuesto por la Fiscalía: incumplimiento de requisitos legales del acto celebrado -acta de conciliación-, desconocimiento del principio de legalidad; no hubo poderes, no se acreditó la condición de pensionados de aquellos que solicitaban el reajuste, nunca se presentaron las resoluciones reconociendo las pensiones, no se allegó liquidación que indicara el valor a reconocer a cada reclamante. 26 Recurso de apelación presentado por el Ministerio Público: en cuanto que la Corte Constitucional declaró inexequible la normatividad en que se fundaron las reclamaciones del ajuste pensional; la conciliación se realizó de manera caprichosa y desconoció la Ley 640 de 2001; no se estableció cuál es la cuota parte que corresponde a cada uno de los presuntos representados. 9

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO ii) La primera instancia27 acertó al concluir que ARAQUE CHIQUILLO sí contaba con poder de los pensionados para celebrar la transacción. iii) La Sección Segunda del Consejo de Estado ha dejado de aplicar la expresión “del orden nacional” contenida en el artículo 1º del Decreto 2108 de 1.992, motivo por el cual no resultaba viable catalogar de ilícito el pago del reajuste pensional en los términos del acuerdo celebrado por los procesados. iv) El pacto tenía causa lícita, toda vez que el municipio adeudaba el reajuste y así fue reconocido en tres (3) sentencias laborales ejecutoriadas. v) Los pensionados beneficiados con el reajuste pensional y las liquidaciones individuales, en cada caso, si fueron identificados. vi) Los procesados transaron las costas e intereses, es decir, acordaron sobre derechos inciertos y discutibles.

IV. SENTENCIA IMPUGNADA 4.1. Principio de limitación de la casación: Lo primero que establece la Corte es que no se desconoció este principio de la casación, porque según el artículo 206 de la Ley 600 de 27 Archivo 23 Sentencia segunda instancia, 45/74.

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO 2000, «la casación tiene por fines, entre otros, la efectividad

del derecho material, así como de las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación penal y la reparación de los agravios infligidos a las partes con la sentencia demandada». 4.2. Elementos típicos y circunstancias fácticas sobre los que no existe discusión: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso de casación y revocar la sentencia absolutoria de segunda instancia, encontró que se han demostrado los siguientes elementos típicos y circunstancias fácticas, con relación a los cuales no existe discusión: i) Para el 23 de febrero de 2005, GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO tenía la calidad de servidor público, pues desempeñaba el cargo de alcalde encargado de San José de Cúcuta y, como representante legal de la entidad territorial y ordenador del gasto, contrajo la obligación contenida en el acuerdo -acta de conciliación-. ii) El exalcalde VILLASMIL QUINTERO y el abogado ÁLVARO ARAQUE CHIQUILLO, suscribieron el acta de conciliación sobre el pago diferido de procesos en vía de ejecución y pago anticipado de derechos litigados en procesos ordinarios laborales, todo sobre reajustes pensionales de la Ley 6ª de 1992. 11

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO iii) Según el acta de conciliación, el abogado procesado

ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO, obraba como “apoderado de pensionados”. iv) De acuerdo con lo pactado en el acta de conciliación, VILLASMIL QUINTERO obligó a San José de Cúcuta a pagarle a ARAQUE CHIQUILLO la suma $7.985.856.757,84, en cuatro cuotas. v) Entre marzo de 2005 y octubre de 2007, el municipio de San José de Cúcuta le entregó a ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO la suma $5.286.464.189, derivados de la obligación contraída en el acuerdo firmado el 23 de febrero de 2005. Es decir, se entregó dineros públicos en esa cuantía al abogado procesado. vi) Es importante reiterar -como lo consideró la Corte en la sentencia de casaciónque el compromiso acordado fue por la suma de $7.985.856.757,84, ascendiendo los pagos en concreto a $5.286.464.189. vii) Por la diferencia del dinero no girado, el abogado ARAQUE CHIQUILLO, como único acreedor y titular de la obligación cancelada de manera parcial, demandó a la entidad territorial, según se acreditó con el proceso ejecutivo laboral 2005-254 a cargo del Juzgado cuarto laboral de Cúcuta. 12

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO viii) En este proceso, la Sala Laboral del Tribunal

Superior de Cúcuta decretó la nulidad de lo actuado y compulsó copias penales por encontrar ilegal el acuerdo -acta de conciliacióncelebrado el 23 de febrero de 2005. ix) El acreedor de la obligación, en los términos del acta de conciliación y en el proceso ejecutivo laboral, fue el abogado ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO. En el proceso 2005-254 no se indicó quienes eran los 130 titulares del derecho de reajuste pensional y que él únicamente actuaba como mandatario. x) Para el 23 de febrero de 2005 existían siete (7) procesos laborales en curso -por demandas presentadas por ARAQUE CHIQUILLOy solo en tres (3) de estos se contaba con sentencia ejecutoriada. En los cuatro (4) restantes, el municipio no había sido vencido en juicio, razón por la que no existía reconocimiento judicial del derecho al reajuste. (xi) El acta de conciliación suscrita el 23 de febrero de 2005 carece de la relación de los titulares del reajuste, la identificación de cada reconocimiento judicial o administrativo del incremento pensional, la liquidación individualizada del monto adeudado a cada pensionado, valores debidamente indexados, intereses y costas. (xi) Así mismo, en la sentencia de casación, la Corte concluyó que el acta de conciliación del 23 febrero de 2005 cuenta con las características propias de un acto 13

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO administrativo, en la medida que implicó una manifestación inequívoca y concreta de la voluntad de la administración, por virtud de la cual se creó una situación jurídica que llevó al exalcalde, en ejercicio de sus funciones, a reconocer unas obligaciones dinerarias por $7.895.856.757.84., a cargo de la entidad territorial que representaba y, con ese reconocimiento, se efectuaron pagos por valor de $5.286.464.189. 4.3. Precisiones sobre el concepto de transacción: La Corte con fundamento en el artículo 2469 del Código Civil procedió a anunciar lo que en concreto se conoce como transacción, soporta su consideración en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, así indica que la transacción es una convención liberatoria de obligaciones; esto es, un contrato que suscriben las partes para terminar extrajudicialmente un litigio pendiente o precaver un litigio eventual. La transacción debe reunir por lo menos tres (3) requisitos (i) la existencia de un derecho dudoso o de una relación jurídica incierta; (ii) la voluntad o intención de las partes de variar la relación jurídica dudosa por otra relación cierta y firme, y (iii) la eliminación convencional de la incertidumbre mediante concesiones recíprocas. Destacó la Corte que no se puede concluir que la transacción versó sobre un objeto ilícito, por la indeterminación del documento suscrito el 23 de febrero de

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO 2005, no se concretó qué fue lo que transaron los pensionados individualmente, ya que al determinar un monto global se impide discriminar conceptos y valores que integran la suma acordada; es decir, no se establecen los derechos ciertos e indiscutibles, ni se instituye cuál habría sido el beneficio para el municipio de Cúcuta. Así destaca que no puede hablarse de transacción si una de las partes se limita a renunciar sus derechos y la otra a imponer los suyos. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que la forma como se elaboró el acta de conciliación no correspondió a un lapsus en el proceso de elaboración, pues lo que se observa es que no se sabe ¿cuál fue el objeto exacto de la supuesta transacción? ¿cuáles son las concesiones de los pensionados? ¿cuál es la ganancia para la entidad territorial? Estimó la Corte que el debate centrado en torno a la aplicación de la Ley 6ª de 1992, sobre el alcance del ajuste para los pensionados del orden nacional y territorial, requería de una fundamentación razonable para excluir el actuar ilegal del funcionario y el carácter visible de ser contrario a derecho. Destacó la Corte que de conformidad con el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil -sobre las transacciones-, los representantes de la nación, departamentos y municipios

no podrán tranzar sin autorización del Gobierno Nacional, del Gobernador o Alcalde, cuando por ley, ordenanza o 15

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO acuerdo se haya ordenado promover el proceso en que intervenga una de las mencionadas entidades la transacción deberá ser autorizada por un acto de igual naturaleza. Por manera que la transacción debe respetar los principios de la función administrativa, según los dispone el artículo 209 de la Carta Política, toda vez que no se trata de una negociación en la que la partes puedan disponer de cualquier modo los derechos de litigio; tal como lo ha reconocido el Consejo de Estado, además de cumplirse las exigencias normativas del Código Civil, el contrato debe constar por escrito y suscrito por el representante legal de la entidad, quien tiene la competencia para vincularla contractualmente. Por lo anterior, la Corte consideró que el acto celebrado el 25 de febrero de 2005 podría configurar un contrato de transacción en el que se deriva el consentimiento de la entidad pública de reconocer el reajuste pensional previsto en la ley 6ª de 1992, como también, los pensionados del municipio poder determinar extrajudicialmente el litigio que adelantan; es decir, un contrato de transacción en los términos previstos debería ser fuente de obligaciones y derechos para las partes; sin embargo, esa situación no se verificó en el contrato, por reparos de legalidad del acto en cuestión.

4.4. Comité de conciliación y defensa judicial: El Gobierno Nacional con la finalidad de coordinar estrategias y 16

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO orientar la correspondiente asunción de responsabilidad por daños imputables al Estado, consideró la importancia de un comité para la protección de intereses públicos, el cual reglamentó con el decreto 1214 o 2000, determinado las funciones de los Comités de Conciliación, artículo 75 de la Ley 446 de 1998. En este sentido, la Corte encontró que, para la fecha de los hechos, 23 de febrero de 2005 (i) esa disposición se encontraba vigente, por tanto, era obligatorio el cumplimiento para el ente territorial, municipio de San José de Cúcuta; (ii) el Comité de conciliación ya se definía como la instancia que realiza los estudios, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad que decide la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos; (iii) para la ciudad de Cúcuta ese comité debió estar integrado por el alcalde o el delegado, el ordenador del gasto o quien haga sus veces, el Jefe de la oficina jurídica o la dependencia que tenga a su cargo la defensa de los intereses litigiosos de la entidad y los funcionarios de dirección o de confianza que se designen; y (iv) que las

decisiones adoptadas por el Comité de conciliación son de obligatorio cumplimiento por parte de los apoderados de cada entidad. Por consiguiente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que esta normativa no excluye por remisión a los burgomaestres para acelerar una conciliación o realizar 17

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO una transacción. Es decir, que debe realizarse con la intervención y visto bueno emitido por el Comité de conciliación del municipio, en la medida que la disposición de patrimonio público debe ser el resultado de un acucioso estudio y una debida ponderación de la necesidad y conveniencia de dar por finalizado un proceso judicial de manera anticipada y amigable. Para el caso en concreto, la Corte encontró que no es relevante la denominación que se le da al acuerdo, ni su naturaleza jurídica en estricto sentido; sino que dolosamente se desconoció al comprometer cuantiosos recursos del municipio. Esto es, sin (i) la aprobación del Comité, (ii) sin la especificación de las concesiones recíprocas, (iii) sin la facultad expresa para transferir por parte del apoderado de los titulares del Derecho y (iv) sin el reconocimiento judicial administrativo del derecho al reajuste de su cuantía para cada pensionado. En el acuerdo suscrito por el exalcalde procesado GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO se observa que no se convocó el Comité de conciliación y defensa judicial de

Cúcuta, ni se reunió de manera previa a la celebración del acuerdo celebrado el 23 de febrero de 2005; por lo que no emitió ningún tipo de concepto sobre la viabilidad y conveniencia de dicho acuerdo conciliatorio. Por tanto, el no haber consultado al Comité y haber tranzado sin su visto bueno es una postura grave que carece de fundamento normativo y contraría a la normatividad atrás mencionada, 18

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO pues para la celebración del acuerdo del 23 de febrero de 2005 y terminar los procesos judiciales debía contar con el concepto previo y vinculante del referido órgano. La Corte consideró en la sentencia de casación que los acusados sabían de la existencia del Comité de conciliación , no obstante, resolvieron el asunto conforme a su acomodo y sin su intervención. De manera que, el no haber consultado al comité y haber pactado sin su visto bueno, es una conducta grave que carece de fundamento legal y contraria a la normatividad expuesta. Lo que significa que el acto firmado el 23 de febrero de 2005 resulta ser manifiestamente contrario a la ley. 4.5. Facultades para transigir y recibir: Estimó la Corte que, según artículo 70 del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), aplicable al tiempo de los hechos, las facultades para conciliar, transigir y recibir deben ser conferidas expresamente por el mandante, y cuando son

varios, por cada uno de ellos. El debate esencial no se centraba, como lo entendieron las instancias, en si el profesional del derecho ARAQUE CHIQUILLO contó o no con poderes, para entablar las demandas laborales en los años 2002 y 2003, y además, para adelantar las actividades que permitieran el buen desarrollo de las actuaciones procesales; porque, el reproche concreto de la Fiscalía radicó en la falta de acreditación y existencia de poderes con facultades para conciliar, transigir y recibir para 19

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GUSTAVO VILLASMIL QUINTERO Y ÁLVARO IVÁN ARAQUE CHIQUILLO el 23 de febrero de 2005, y no la falta de acreditación y existencia de poderes para presentar las demandas laborales en 2002 y 2003. Sin embargo, el exalcalde no verificó la existencia cierta de cada uno de los mandatos; lo que se traduce en menosprecio por el ordenamiento jurídico, pues celebró la transacción con un profesional del derecho que no demostró los términos de los poderes supuestamente conferidos y se le otorgó al ab