CSJ - SP095-2023(60133)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada Ponente SP095-2023 CUI 11001600071720170001903 Radicación No. 60133 Acta No. 050 Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

I. ASUNTO Decide la Sala el recurso de apelación presentado por EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2021, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante la cual los condenó como autores de prevaricato por acción agravado.

CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133

EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ

II. HECHOS

1. En diciembre de 2014, la defensa de ALFONSO DEL CRISTO HILSACA ELJAUDE solicitó al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla celebración de audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento a favor de su representado, imputado por homicidio, concierto para delinquir agravado y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada. La diligencia fue programada para el 19 de diciembre de 2014. Previa manipulación del reparto por parte del Juez coordinador del Centro del Servicios, el asunto fue

asignado a EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS, Juez Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla.

2. El Juez consideró que los medios de conocimiento novedosos allegados por la defensa generaban duda sobre la participación del procesado en los delitos imputados. En consecuencia, mediante auto de 20 de diciembre de 2014, otorgó la libertad al imputado. Apelada la decisión por la Fiscalía, el caso fue repartido al Juzgado Cuarto Penal del Circuito del mismo distrito judicial, a cargo de GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ. La Juez, sin exponer justificación alguna, estimó que las evidencias desvirtuaban la inferencia razonable de autoría y confirmó la decisión apelada.

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III. ANTECEDENTES PROCESALES

3. Del 15 al 28 de agosto de 2015, ante el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena, se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS y GLORIA AMPARO GIRALDO RUIZ, junto a otros funcionarios judiciales.

4. A los procesados en esta causa, les fue imputado el delito de prevaricato por acción agravado, conforme a los artículos 413 y 415 del Código Penal.

5. El 15 de diciembre de 2015, la Fiscalía presentó escrito de acusación por el mismo delito objeto de imputación. Sin embargo, la respectiva audiencia sólo se desarrolló el 14 de

agosto de 2017, luego de decretarse la ruptura de la unidad procesal, para que en esta causa fueran juzgados únicamente

EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS y GLORIA AMPARO

GIRALDO RUIZ.

6. La audiencia preparatoria inició el 12 de julio de 2018 y culminó el 7 de febrero de 2019. El juicio oral se prolongó en varias sesiones, desde el 31 de julio de 2019, fecha en la que se instaló, hasta el 8 de septiembre de 2020, cuando se escucharon los alegatos finales. El sentido del fallo condenatorio fue anunciado el 5 de marzo de 2021.

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7. El 30 de junio de 2021, la Sala de Decisión Penal del Distrito Judicial de Barranquilla condenó a los procesados por el delito de prevaricato por acción agravado. A EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS le impuso 57 meses de prisión, 87.49 salarios mínimos legales mensuales a título de multa y 87 meses de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. Se abstuvo de sancionarlo con la pérdida del cargo público, porque en sentencia condenatoria dictada dentro otro proceso esa pena ya le había sido impuesta.

8. A GLORIA AMPARO GIRALDO RUIZ, el Tribunal le impuso 48 meses de prisión. Así mismo, la condenó al pago de 66.66 salarios mínimos legales mensuales a título de multa y

80 meses de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. Por último, la sancionó con la pérdida del cargo público.

9. El A quo negó a los acusados la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por así impedirlo, objetivamente, los artículos 63 y 68A del Código Penal. En consecuencia, libró la orden de captura contra los acusados.

10. El apoderado de GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ solicitó adición de sentencia para que se precisara el sitio de reclusión de su prohijada. Señaló que, al tratarse de una funcionaria judicial de la especialidad penal, no podría cumplir su sanción en un establecimiento carcelario. Ello, pues estaría con las mismas personas que ella declaró

4 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133 EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ penalmente responsables en cumplimiento de su función pública.

11. El 29 de julio de 2021, el Tribunal accedió a la solicitud de adición de la sentencia y amplió el numeral sexto del fallo, en el sentido de que la reclusión de los condenados debería llevarse a cabo en “establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el Estado”. Precisó que EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS debía ser ubicado en la ERE Sabanalarga y GLORIA AMPARO GIRALDO RUIZ, “de ser posible, cumplirá su sanción en el Batallón Paraíso del Ejército Nacional en esta ciudad”.

12. Contra la sentencia de primera instancia, el defensor de

EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS interpuso recurso de apelación. También lo hicieron GLORIA AMPARO GIRALDO RUIZ y su apoderado judicial.

IV. LA DECISIÓN RECURRIDA

13. El Tribunal consideró que las decisiones mediante las cuales los acusados accedieron a revocar la medida de aseguramiento que pesaba contra ALFONSO DEL Cristo HILSACA ELJAUDE fueron manifiestamente contrarias a la ley, por arbitraria apreciación probatoria.

14. Señaló que la revocatoria de la medida de aseguramiento exige que el medio sobreviniente permita desvirtuar los presupuestos que fundaron su imposición. Indicó que, en

5 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133 EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ contraste, los medios de convicción allegados por la defensa de HILSACA ELJAUDE no tenían la capacidad para invalidar la inferencia razonable de autoría sobre los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y financiación del terrorismo imputados. Ello, pese al número de evidencias presentadas con la solicitud.

15. Afirmó que el apoderado de HILSACA ELJAUDE allegó varias entrevistas de desmovilizados y documentos con el fin de demostrar la mendacidad de los testimonios de los hermanos Juan Manuel y Brayan Eduardo Borré Barreto, con base en los cuales se construyó la inferencia de responsabilidad que sostuvo la detención preventiva. Indicó que estos testigos fueron comandantes del grupo armado organizado denominado “Los Rastrojos Costeños” y, además de señalar al

imputado como financiador de grupos al margen de la ley, aseveraron que había ordenado el homicidio de JOHN EDISON OVALLOS, hijo del desmovilizado del Bloque Montes de María de las AUC, LUIS EMEL OVALLOS ANGARITA. La orden de ese asesinato habría estado motivada en que el padre de la víctima se negó a retractarse de los señalamientos que, en pretérita oportunidad, había realizado contra HILSACA ELJAUDE por la muerte de cuatro trabajadoras sexuales en Cartagena.

16. El Tribunal sostuvo que, aunque la nueva evidencia presentada por la defensa sobre la supuesta mendacidad de los hermanos Borré Barreto era sugestiva, existían serías circunstancias que apuntaban a su ausencia de credibilidad.

Argumentó que de las narraciones de los entrevistados podría predicarse interés por defender a un financiador (HILSACA 6 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133 EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ ELJAUDE), más útil en libertad que en prisión o por no verse perjudicados al constatarse su intervención en conductas ilícitas. De la misma manera, subrayó que el Juzgado apreció los medios de conocimiento, parcialmente, con base en su conocimiento privado y que, de otro lado, según los testigos de cargo, el imputado era “propenso a comprar testigos”, lo cual exigía un análisis más riguroso de las entrevistas aportadas.

17. Destacó que la duda generada por la evidencia novedosa era compatible con el estándar de conocimiento exigido para ese momento procesal. Señaló que para la imposición de una

medida de aseguramiento solo se requiere “la inferencia razonable de autoría que no es más que la mera probabilidad” y que la ausencia de duda sólo es requerida al emitirse la sentencia condenatoria. De este modo, precisó que aun cuando la inferencia razonable de autoría fue atacada, no podía concluirse que fuera “improbable el vínculo de Hilsaca Eljaude con los delitos que le imputaron”.

18. En criterio del Tribunal, las consideraciones del entonces juez EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS para decidir sobre la revocatoria de la medida de aseguramiento resultan “irracionales”. Indicó que si, como afirma en su providencia, existían dudas “no era viable revocar la medida de aseguramiento sino desvirtuar esas dudas”. Señala: “la presencia de éstas no enerva la mera probabilidad. Solo cuando existe certeza hay ausencia de dudas”.

19. Por otro lado, consideró que el entonces juez EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS actuó con dolo, dada su

7 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133 EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ formación jurídica y experiencia como Juez de la República desde el año 2012. Estimó que esto hacía que las normas para decidir sobre una revocatoria de medida de aseguramiento no le fueran ajenas, así como tampoco le era desconocido que la duda sobre la inferencia razonable de autoría de HILSACA ELJAUDE era compatible con la mera probabilidad. Por lo tanto, que sabía que las evidencias allegadas por la defensa del

imputado no derrumbaban las bases del aseguramiento dictado en su contra.

20. Adicionalmente, señaló que el reparto del proceso fue objeto de manipulación con el fin de dirigirlo al entonces juez EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS. Afirmó que, si bien este aspecto no incide en la legalidad de la decisión analizada, “solo una relación clandestina de quien toma la decisión judicial y quien interviene fraudulentamente en el reparto puede explicar ese acto de corrupción”.

21. En relación con GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ, el Tribunal expresó que los razonamientos que sostuvieron la decisión de confirmar la revocatoria de la decisión preventiva fueron aún más frágiles. Indicó que la ex juez no explicó ni siquiera mínimamente por qué la inferencia razonable de autoría había sido desvirtuada. Señaló que tampoco contestó ni analizó los varios argumentos que expuso el apelante en la sustentación del recurso.

22. Consideró, así mismo, que la funcionaria actuó con dolo.

Señaló que tenía experiencia de varios años como Juez de la República, “lo que implicaba para ella el compromiso de un 8 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133 EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ análisis más severo de la situación puesta a su consideración, máxime atendiendo a la gravedad de las conductas punibles imputadas en dicha causa”. Además, resaltó el hecho de que la decisión adoptada estuvo “completamente huérfana de motivación, toda vez que… no señaló con claridad por qué

debía entenderse que los fundamentos de la medida de aseguramiento habían desaparecido”.

V. LOS RECURSOS DE APELACIÓN 5.1 Defensa técnica de EDWIN RICARDO VOLPE

IGLESIAS

23. El defensor solicita la revocatoria de la sentencia condenatoria, debido a que, en su criterio, no está demostrada más allá de toda duda razonable la responsabilidad de su representado.

24. Sostiene que no se probó la entrega de dinero a empleados en el Centro de Servicios de Barranquilla, la manipulación del reparto ni los actos de corrupción que presuntamente allí ocurrían. Así mismo, plantea que la decisión tomada por el implicado contenía suficientes fundamentos fácticos y jurídicos para acreditar que no fue manifiestamente contraria a la ley. En el fondo, considera, el Tribunal no comparte el criterio jurídico-probatorio adoptado por su defendido.

25. En segundo lugar, expone que el dolo no fue demostrado.

Afirma que el coordinador del Centro de Servicios no sugirió a 9 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133 EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ nadie direccionar el proceso al ex juez procesado, que este no se encontró presente en la diligencia de asignación del asunto y lo estuvo, en cambio, el Ministerio Publico. De igual manera, afirma que hay una certificación del Ingeniero de Sistema del Consejo Seccional de la Judicatura de Barranquilla, según la cual, era “imposible manipular el computador, debido al

programa que tenía y solamente era conocido por el Ingeniero del centro de servicios judiciales”.

26. Por último, argumenta que nadie se aparta de la Ley sin existir una motivación. Expresa que, sin embargo, en este caso no se demostró un propósito que hubiera inducido al exjuez EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS a adoptar la decisión de revocar la medida de aseguramiento intramural que pesaba contra ALFONSO DEL CRISTO HILSACA ELJAUDE.

Señala: “ni siquiera se comentó ni probó ese hecho motivacional en todo el proceso y la sentencia condenatoria guarda silencio. No existió” 5.2 Defensa técnica de GLORIA AMPARO GIRALDO

RUÍZ

27. El defensor de GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ solicita la revocatoria de la condena emitida contra su poderdante y que sea dictado fallo de carácter absolutorio a su favor.

28. Indica que en el caso de ALFONSO DEL CRISTO HILSACA ELJAUDE la Fiscalía no presentó elementos materiales probatorios durante la diligencia de imposición de la medida

10 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133 EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ de aseguramiento y no le era viable allegarlos en la audiencia de revocatoria, para controvertir los aportados por la defensa. Así mismo, señala que a la procesada no le era exigible analizar evidencias a las cuales se refirió la Fiscalía en el recurso de apelación de la revocatoria de la detención

preventiva. Además, plantea que tampoco puede reprochársele que no se haya referido a los fundamentos de la apelación, pues si no se hace mención a los argumentos del juez de primer grado, cuando su decisión es confirmada, se entienden ratificados, conforme al principio de inescindibilidad entre las decisiones de primero y segundo grado.

29. Así mismo, argumenta que la discrepancia o controversia en la valoración de los medios cognoscitivos no puede estructurar el delito de prevaricato por acción, mientras no se desconozcan, de manera grave y manifiesta, las reglas que nutren la sana crítica. Afirma que el Tribunal no estableció los errores de los procesados al valorar los medios de convicción allegados con la solicitud de revocar la medida de aseguramiento. Indica que el Tribunal se apartó de lo anterior y, en cambio, llega a sugerir la posición que debían adoptar los jueces de instancia.

30. Por último, argumenta que la sentencia no revela los motivos que pudieron incidir en la voluntad de su representada para favorecer intereses propios o ajenos. Señala que está probado que el proceso llegó a su despacho por un reparto al azar, hecho que fue estipulado por las partes.

Además, expresa que si bien se le critica la poca justificación 11 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133 EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ de su decisión, antes bien, fue garantista al resolver un recurso caracterizado por la “pobreza de los argumentos”. 5.3 Defensa material de la procesada

31. GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ solicita la nulidad de

lo actuado a partir del 27 de julio de 2021, por vulneración al derecho al debido proceso. De no prosperar dicha petición, pide revocar la condena y, en su lugar, emitir una sentencia absolutoria por atipicidad de la conducta atribuida.

32. En relación con la primera solicitud, explica que, por medio de providencia de 21 de junio de 2021, se declaró infundada la recusación presentada por EDWIN RICARDO

VOLPE IGLESIAS contra los Magistrados JORGE ELIÉCER CABRERA JIMÉNEZ y DEMÓSTENES CAMARGO. Indica que la decisión fue adoptada solamente por el MAGISTRADO JORGE ELIÉCER MOLA CAPERA y el Conjuez LUIS HERNANDO ORTIZ ROSERO. Sin embargo, expresa que, de nuevo, VOLPE IGLESIAS solicitó que se conformara una Sala de tres para la resolución de la recusación, con el argumento de que tales peticiones debían ser decididas por un número impar de magistrados, conforme a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

33. Advierte que, en razón de la anterior solicitud, el Magistrado MOLA CAPERA ordenó sortear para la elección de un conjuez y dispuso la suspensión de cualquier diligencia pendiente por realizar hasta que se resolviera el asunto.

Precisa que, no obstante, sus homólogos de la Sala 12 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133 EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ prosiguieron con la actuación y dieron lectura a la Sentencia de fondo, sin considerar su decisión. A juicio de la acusada,

no acatar lo dispuesto por el Magistrado MOLA CAPERA atenta contra el debido proceso y genera la nulidad solicitada.

34. Por otra parte, sostiene que el Tribunal vulneró el principio de congruencia. Asegura que la Fiscalía no le atribuyó como hecho jurídicamente relevante que las pruebas novedosas, allegadas con la solicitud de revocar la medida de aseguramiento, no tenían la capacidad de desvirtuar la inferencia razonable de autoría. En cambio, argumenta que esto fue lo que encontró demostrado el Tribunal.

35. De otra parte, señala que el testimonio del ex Fiscal que actuó dentro del trámite de la revocatoria de la medida de aseguramiento, Hugo Quintero, fue mendaz, pues sus afirmaciones mostraban inconsistencias. Indica que el razonamiento efectuado por el Tribunal para darle carácter prevaricador a las decisiones cuestionadas “fue bastante compleja y rebuscada… incluso en elementos materiales probatorios que no se aportaron como prueba, razón por la cual se desdibuja esta contrariedad manifiesta que le quiso dar a la decisión aludida”.

36. En relación con los argumentos relativos al dolo, afirma que la falta de motivación en una decisión de ninguna manera puede ser un hecho indicador de la comisión del delito de prevaricato por acción. Aduce que esto podría constituir una vulneración al debido proceso, pero no una

13 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133 EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ forma de demostrar el dolo de una decisión judicial ilegal. Indicó que incluso si la motivación expuesta no hubiera sido

la mejor, el remedio era haber acudido incluso a la acción de tuela, pero no al derecho penal.

VI. INTERVENCIONES DE LOS NO RECURRENTES 6.1 Fiscalía General de la Nación

37. La Fiscalía solicita confirmar integralmente la sentencia recurrida, pues en el juicio oral fue probada la ocurrencia de la conducta punible y la responsabilidad de los acusados, más allá de toda duda razonable.

38. Respecto de la solicitud de nulidad, plantea que no asiste razón a la solicitante. Expone que la Sala inicial que resolvió la recusación se integró de manera idónea. De igual manera, señala que la actuación se encuentra ajustada a la legalidad y que no existe vicio alguno, en la medida en que los procesados tuvieron todas las oportunidades para ejercer su defensa en debida forma.

39. En relación con el fondo del asunto, estima acertada la argumentación del Tribunal, al señalar que las versiones, certificados y demás documentos conocidos durante la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento no desvirtuaban la inferencia razonable de autoría. Respecto de la decisión adoptada por VOLPE IGLESIAS, plantea que existían elementos mínimos para mantener la detención preventiva contra HILSACA ELJAUDE. En cuanto a GIRALDO

14 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133 EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ RUIZ, asevera que, al pronunciarse en segunda instancia, no motivó su providencia.

40. Por último, consideró que la experiencia judicial y la

formación académica de los procesados era suficiente para acreditar el dolo del prevaricato por acción. 6.2 Procuraduría General de la Nación

41. La Delegada del Ministerio Público solicita confirmar la sentencia condenatoria dictada contra EDWIN VOLPE IGLESIAS, pero revocarla respecto de GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ, por considerar que el dolo no fue probado en su caso.

42. En su criterio, la petición de nulidad presentada por la ex juez GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ no tiene vocación de prosperidad, pues la irregularidad alegada es inexistente e intrascendente. Indica que en el auto mediante el cual el Magistrado MOLA CAPERA dispuso sortear conjueces para que se resolviera, por una sala de tres miembros, la recusación formulada aun cuando ya se había resuelto por una sala dual, se dejó consignada solamente su postura. Precisa que el citado Magistrado no ordenó la nulidad del auto que, previamente, la había declarado infundada. Por esta razón, estima, el trámite debía continuar, como en efecto ocurrió. Indica que tampoco era necesario un tercer voto debido a que ya había dos coincidentes y la decisión, en todo caso, no habría cambiado.

43. Respecto al fondo del caso, la Delegada manifiesta que la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento se

15 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133 EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ centró en atacar la credibilidad de los hermanos BORRÉ

BARRETO, en cuyas declaraciones fue cimentada la imposición de la detención preventiva. Indica que con los elementos aportados por la defensa surgieron otras hipótesis acerca del móvil y autores del homicidio objeto de investigación. No obstante, argumenta que éstos no hacían desaparecer el señalamiento efectuado por los referidos hermanos.

44. La interviniente afirma que el estudio efectuado por el Tribunal respecto de los elementos conocidos por los jueces durante la revocatoria de la medida de aseguramiento era necesario para esclarecer si el análisis probatorio se había apartado de lo indicado por esos elementos nuevos. Así mismo, destaca que era requerido con el propósito de determinar si la interpretación dada a los mismos había sido amañada, sesgada o caprichosa. En este sentido, señala que no es cierto lo afirmado por los acusados, en el sentido de que la valoración de las pruebas efectuadas en su momento no podía ser “atacada o criticada” o que dependía de la autonomía de la función jurisdiccional que cumplían.

45. Por otro lado, plantea que dentro del juicio oral se demostró una alteración en el reparto de primera instancia para la realización de la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento. Indica que esto es determinante para establecer que el procesado EDWIN VOLPE IGLESIAS actuó con dolo. Subraya que, según las pruebas, el recién nombrado Coordinador del Centro de Servicios RAFAEL URIBE, coacusado por estos mismos hechos en otro proceso,

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EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ modificó el orden de las carpetas que venían en turno para que la del imputado ALFONSO DEL CRISTO HILSACA ELJAUDE le correspondiera a VOLPE IGLESIAS.

46. Por el contrario, en el caso de GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ, la interviniente sostuvo que no era posible deducir su actuación constitutiva de prevaricato por acción con pleno conocimiento y voluntad. Consideró que no se probó que el asunto llegara a su despacho a través de un reparto irregular, como ocurrió con el juez de primera instancia.

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

7.1 Competencia

47. Conforme a lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer del recurso de apelación promovido por la defensa de cada uno de los procesados, contra la Sentencia emitida el 30 junio de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante la cual los condenó como autores del delito de prevaricato por acción agravado.

48. Las apelaciones interpuestas discuten lo relativo al carácter manifiestamente contrario a la ley de las providencias cuestionadas, así como el dolo con el cual habrían actuado los procesados. Los impugnantes consideran que estos aspectos no se encuentran debidamente probados. En atención al principio de

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limitación, por lo tanto, el presente fallo se ceñirá a tales puntos de disenso, así como a los inescindiblemente ligados a ellos. 7.2 Cuestión previa. La solicitud de nulidad

49. Antes de identificar el eventual problema jurídico a resolver, la Sala analizará la solicitud de nulidad presentada por GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ. Con esta finalidad, expondrán algunas breves consideraciones generales sobre los fundamentos y requisitos para la invalidación del proceso.

Enseguida, analizará la petición realizada por la procesada. 7.2.1. La declaratoria de nulidad en el proceso de la Ley 906 de 2004

50. El desconocimiento de los derechos a la defensa o al debido proceso en aspectos sustanciales da lugar a la declaratoria de nulidad de lo actuado, conforme lo prevé el artículo 457 de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, no cualquier irregularidad tiene la potencialidad de ocasionar esta consecuencia. Se requiere comprobación de yerros insalvables que afecten la estructura del proceso o transgredan las garantías de las partes e intervinientes.

51. Quien tenga interés en la declaratoria de una nulidad deberá: i) identificar la irregularidad sustancial que, a su juicio, vicie la actuación; ii) concretar la forma en la que esta afectó el debido proceso o el derecho a la defensa; iii) precisar la fase en que se produjo; iv) demostrar la concurrencia de

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los principios regentes de las nulidades en el caso concreto; y v) señalar el momento a partir del cual debe reponerse la actuación1.

52. La Sala ha precisado que los motivos de invalidez no son de postulación libre, sino que se encuentran sometidos al cumplimiento de precisos principios concurrentes, sin los cuales no pueden operar. Dentro de estos se encuentra el principio de trascendencia. Este exige, en concordancia con lo indicado con anterioridad, que quien proponga la nulidad “debe acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación o el juzgamiento”2.

53. En suma, la declaratoria de nulidad es una medida de carácter excepcional, un remedio extremo, para rehacer la actuación ante la ocurrencia de una irregularidad insanable.

Quien la solicita deberá sustentar que no hay una vía procesal distinta para restablecer el derecho afectado y que aquella tuvo una incidencia trascendental en la decisión cuestionada. Lo anterior, implica que la solicitud no puede fundarse en especulaciones, conjeturas, afirmaciones carentes de demostración o en irregularidades menores3. 1 Ver CSJ, SP3203, 26 ago. 2020, rad. 54124; CSJ, AP, 28 sep. 2011, rad. 37043; CSJ, AP, 28 jul. 2008, rad. 29.695 2 CSJ, AP1612, 22 jul. 2020, rad. 53116 3 CSJ, SP 4701, 6 oct. 2021, rad. 54750; CSJ AP, 17 oct. 2012, rad. 39741

19 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133 EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS Y GLORIA AMPARO GIRALDO RUÍZ 7.2.3. No se configuró una causal de nulidad en el caso concreto

54. En el presente asunto, finalizado el debate probatorio, el 5 de marzo de 2021, el Tribunal emitió el sentido del fallo condenatorio contra los acusados. El 23 de abril de 2021, la defensa de EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS recusó a los Magistrados DEMÓSTENES CAMARGO DE ÁVILA (ponente) y JORGE ELIÉCER CABRERA JIMÉNEZ, con base en la causal 4ª del artículo 56 de la Ley 906 de 20044. En su criterio, los recusados habían emitido valoraciones probatorias y de responsabilidad sobre los mismos hechos, en otros procesos adelantados contra distintos imputados, lo cual podría afectar su imparcialidad.

55. El Tribunal sorteó conjueces para decidir. En consecuencia, a través de auto de 21 de junio de 2021, una Sala compuesta por el Magistrado no recusado, JORGE ELIÉCER MOLA CAPERA, y el conjuez LUIS HERNANDO ORTIZ ROSERO declaró infundada la recusación. El Conjuez ERNESTO JAVIER GONZÁLEZ DAZA también fue elegido para integrar esa Sala, pero se declaró impedido antes de adoptarse la decisión. En el auto que decidió la recusación también se dispuso devolver la actuación al despacho del magistrado ponente (doctor DEMÓSTENES CAMARGO DE ÁVILA) para que

continuara conociendo del proceso. 4 La disposición prevé: “[q]ue el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”. 20 CUI 11001600071720170001903 Segunda instancia n.º 60133

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56. Con posterioridad, EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS presentó un escrito mediante el cual planteó que la decisión sobre la recusación no se tomó por una sala de tres magistrados como, considera, lo exige la ley. Así mismo, pidió conformar una nueva sala con ese número de miembros, para que la recusación fuera nuevamente resuelta. En consecuencia, el 23 de junio de 2021, el Magistrado MOLA CAPERA ordenó efectuar un nuevo sorteo de conjueces y comunicar lo anterior al ponente del proceso, para