CSJ - SP1033-2024(59253)

Republica de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casacion Penal MYRIAM AVILA ROLDAN Magistrada ponente SP1033-2024 Radicación n.” 59253

CUI: 11001600004920140434901-() “+ ° 1070 » Aprobado acta n

C Bobóta, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

I. OBJETO DE LA DECISION 1.- La Corte resuelve el recurso de casacion presentado por la defensa de CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 5 de octubre de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota. Esta decisión confirmó el fallo de primera instancia emitido el 19 de septiembre de 2018 por el Juzgado 16% Penal del Circuito con funciones de Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA conocimiento de Bogotá que condenó a CASTIBLANCO PARRA como autora del delito de Trata de personas. IL. HECHOS 2.- De acuerdo con los hechos declarados como probados en las dos instancias, en enero de 2014, Walter Grisales González le dijo a Erikca Faisuley Vargas Castillo — para entonces de 18 años, en estado de embarazo y perteneciente a la comunidad indígena Carapena de Mitú (Vaupés)- que había una oportunidad para trabajar como interna en servicio doméstico en la ciudad de Bogotá, en la casa de CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA. Le aseguró que

esta, además de la alimentación y la vivienda le pagaría doscientos cincuenta mil pesos ($250,000) nensuales y le cancelaría los gastos de su (traslado a la capital del pais. 3> Vargas Castillo aceptó la oferta de trabajo. En consecuencia, fue recibida en la vivienda de CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA, ubicada en la Calle 17 sur, No 13A — 30 de Bogotá, donde permaneció durante un mes y una semana. 4.- Durante ese lapso fue obligada a trabajar por fuera del horario laboral legalmente establecido, también a realizar oficios extenuantes sin que se le respetaran sus días de descanso y sin que se le pagara remuneración alguna. A lo largo de esos días tampoco le fue permitido salir de la residencia y era dejada bajo llave siempre que quedaba a solas. Además, le fue restringida la comunicación con sus Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA familiares y, luego de romper un elemento decorativo, cuyo valor se le dijo, estaba estimado en cinco millones de pesos, fue advertida de que debía continuar trabajando, sin recibir ninguna suma de dinero, hasta cubrir el monto de ese valor. 5.- Erikca Faisuley Vargas Castillo logró a hurtadillas comunicarse con su hermano, Harvey Herodes Vargas Castillo, con el fin de solicitar su ayuda para huir de ese lugar. Este le dijo que ubicara, en los recibos de servicios públicos, la dirección y el número de teléfono fijo de CASTIBLANCO PARRA y así, logró establecer contacto telefónico con esta última. Le pidió que, dado que no le iba a cancelar

una remuneración justa a su hermana, ni a facilitarle la asistencia a controles ni a citas médicas, la dejara salir de allí. Ante la negativa de CASTIBLANCO PARRA(€l hérmano de la víctima insistió y le indicó.quesi ho accedía a su petición, en media hora la policia Estaría en su vivienda junto con personal dela Organización Nacional de Pueblos Indígenas, para gestionar su libertad. 6.- Fue así como, finalmente, Erikca Faisuley Vargas Castillo pudo abandonar la residencia de CASTIBLANCO PARRA, sin que se le pagaran salarios ni prestaciones laborales. Daniela Fernanda Barbosa, una amiga del hermano residente en Bogotá, fue la persona que esperó a la joven Vargas Castillo a la salida de la vivienda y la ayudó a regresar a su ciudad de origen. Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA

II. ANTECEDENTES PROCESALES 7.- El 7 de junio de 2016, con fundamento en los hechos descritos, la Fiscalía formuló imputación en calidad de autora del delito de Trata de personas (artículo 188A del Código Penal) con fines de explotación laboral ante el Juez 67% Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá. CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA no se allanó a los cargos. 8.- El 5 de agosto de 2016, fue radicado el escrito de acusación. El asunto le correspondió al Juzgado 16° Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá donde

se celebraron las audiencias de acusación y preparatoria los días 24 de noviembre de 2016 y, 4 de abril de 2017, respectivamente. 9.IEfitre el 30 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018'se llevaron a cabo las sesiones de la audiencia de juicio oral y público, al final de las cuales se anunció el sentido del fallo de carácter condenatorio. 10.- El 19 de septiembre de 2018, se emitió la sentencia de primera instancia que declaró responsable a CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA, en calidad de autora, del delito de Trata de personas (artículo 188A del Código Penal) con fines de explotación laboral. El fallo le impuso la pena principal de ciento cincuenta y ocho (158) meses de prisión y multa de ochocientos nueve, punto veinticinco Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA (809.25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. Le fueron negadas la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. 11.- El 5 de octubre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión condenatoria en su integridad. 12.- Oportunamente la defensa de CASTIBLANCO PARRA interpuso el recurso extraordinario de casación cuyo contenido y sustentación entra a analizar la Corte.

IV. LA DEMANDA ig 13. - Tuego de — los hechos y el contenido de la

sentéñcia recurrida, el demandante, con fundamento en el numeral 1 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, propone un cargo por violación directa del artículo 188A del Código Penal (Trata de personas). En general, considera que la conducta realizada por la acusada es atípica. Además, indica que se aplicó indebidamente el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 (Conocimiento para condenar) y se vulneraron los artículos 29 de la Constitución Política, 9, 10, 11 y 12 del Código Penal y 7 y 10-1 del Código de Procedimiento Penal. 14.- Para sustentar el cargo, aduce que los hechos atribuidos a la acusada no se subsumen en el tipo penal del Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA artículo 188A del Código Penal. De un lado, indica que la finalidad de la acción cometida por la procesada no estuvo dirigida a la ejecución de la conducta prevista en esa norma. De otro lado, sostiene que el comportamiento desplegado por su defendida no tuvo la vocación de vulnerar el bien jurídico de la libertad individual de la víctima. 15.- La parte recurrente alega también que en el presente caso se presenta una atipicidad relativa, pues para que se configure el delito de Trata de personas es necesario que la conducta transgreda un ámbito internacional. De acuerdo con la defensa, en este caso lo que podría discutirse es la eventual vulneración de unos derechos laborales por la falta de pago de salarios y prestaciones sociales con gunas restricciones discriminatorias que afectáról 168 derechos

fundamentales de la vic ima, Sir embargo, señala, un análisis adecuado, de: Qs circunstancias fácticas evidencia que estas \no se enmarcan en un crimen de delincuencia organizada con un nivel de intensidad como el requerido para que se configure una Trata de personas. 16.- De acuerdo con la demanda, aunque el Tribunal hizo alusión al Protocolo de Palermo, no tuvo en cuenta su carácter de instrumento complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con base en la cual se tipificó el delito de trata en nuestro país. Por este motivo, el Tribunal no consideró tampoco que el tipo penal requiere para su configuración ser cometido en un entorno de delincuencia organizada. Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA 17.- Además, sostiene que no se demostraron los verbos rectores captar, trasladar y recibir en la modalidad de servidumbre, así como tampoco se probó que la acusada estuviera negociando con otras personas la libertad de Ericka Faisuley Vargas Castillo. 18.- Subraya que la única intención de la acusada fue la de contar con una empleada para el servicio doméstico en su casa, y para eso fue contratada Vargas Castillo, sin que su propósito haya estado dirigido a realizar una conducta asociada a la Trata de personas en el sentido de participar de un negocio relativo a su explotación con fines de servidumbre. 19.- A partir de .todo, 16 anterior, estructura la trascendencia del, error átribuido al Tribunal en la afectación de los derechos fundamentales de su defendida, motivo por

el chal, en su criterio, se hace necesario su restablecimiento casando la sentencia condenatoria para decretar una decisión absolutoria. 4.1 Sustentación 20.- En la audiencia de sustentación, los sujetos procesales efectuaron las siguientes intervenciones: 21.- La defensa reiteró los reproches consignados en su demanda. En síntesis, sostuvo que los hechos no configuran Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA el tipo penal del artículo 188A del Código Penal, en tanto el traslado de Ericka Faisuley Vargas Castillo a la ciudad de Bogotá se produjo como consecuencia de un acuerdo con fines laborales, sin ningún propósito de tráfico de personas con fines de explotación. En ese sentido, enfatizó que no hubo amenaza, fuerza o coacción en el trato dado a la mujer, que pudiera tipificar el comportamiento dentro de la normatividad internacional relativa a un crimen trasnacional realizado en un contexto de delincuencia organizada. 22.- En la misma dirección, el representante del Ministerio Público solicitó casar la sentencia. Sostuvo que los hechos están referidos a una relación laboral en la que se presentó un incumplimiento de las , obligaciones prestacionales por parte de la acusada, sin Que &a conducta haya adquirido el nivel. de jebividad necesario para la configuración del, sipoPpenal de Trata de personas. Aseguró que no hubgatentado contra la autonomía personal ni contra la libertad de quien fue contratada para una actividad laboral, por lo que el incumplimiento del contrato es un tema

de competencia de la jurisdicción laboral y no objeto de reproche a través de la justicia penal, pues el tipo exige para su materialización la acreditación de los fines de explotación en el sujeto activo. 23.- De igual forma, el delegado de la Fiscalía General de la Nación solicitó casar la sentencia para absolver a la procesada. Adujo que la conducta endilgada a CASTIBLANCO PARRA es atípica, puesto que el fin de la norma del artículo Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA

188A del Código Penal es combatir la delincuencia organizada trasnacional y, en este caso, no se afectó el bien jurídico tutelado. Subrayó que entre la procesada y Ericka Faisuley Vargas Castillo existió una relación contractual de carácter laboral, según se desprende del testimonio de ésta última, quien reconoció que nunca estuvo privada de su libertad y pudo mantener comunicación telefónica con su familia bajo las restricciones propias del empleo que desempeñaba. De allí se infiere que la acusada no actuó con dolo, por lo que el Tribunal, según su criterio, aplicó de manera indebida la norma del tipo penal en cuestión.

V. CONSIDERACIONES 24.- Dado que la demanda. presentada en este caso se declaró ajustada a los. parámetros del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, la dre analizará los problemas jurídicos allí propuestos. Para ello, tendrá en cuenta las funciones del recurso de casación dirigidas a la búsqueda de la eficacia del

derecho material, el respeto de las garantías de quienes intervienen en la actuación, la reparación de los agravios inferidos a las partes y dadas las dimensiones de este asunto, especialmente, la unificación de la jurisprudencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 180 la Ley 906 de 2004. Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA 5.1 Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión 25.- En términos generales, para las instancias CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA es responsable del delito de Trata de personas (artículo 188A del Código Penal) por haber captado, transportado y acogido a Ericka Faisuley Vargas Castillo con fines de explotación laboral o servidumbre. 26.- De acuerdo con el fallo recurrido, en el proceso se demostró que Ericka Faisuley Vargas Castillo fue captada en la ciudad de Mitú, trasladada a Bogotá y acogida en la vivienda de CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA, quien la empleó para el desarrollo de servicios domésticos() 2” 27.- Una vez allí, Vargas) Castillo fue objeto de malos tratos por parte de CASTIBLANCO PARRA. Fue sometida a humiftacionies constantes por su condición de indígena y sin importar su estado de embarazo. Cuando se le ofreció el trabajo, nunca se le informó que tenía que cancelar el valor de los tiquetes de su traslado. Una vez en Bogotá, la acusada le cobró este dinero diciéndole que no le pagaría salario

alguno hasta compensar la suma girada para ese efecto. A ello se le sumó, posteriormente, el valor de un artículo decorativo que Vargas Castillo rompió en desarrollo de sus tareas domésticas y, dado su alto costo, se le dijo que también debía asumirlo con su trabajo y que no se le pagaría ninguna suma de dinero hasta que saldara la deuda. 10 Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA 28.- También se dio por demostrado que, aunque se había convenido que Vargas Castillo trabajase de lunes a sábado en horario de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., en varias ocasiones su jornada se extendió hasta las 10:00 de la noche, debiendo realizar tareas agotadoras y sin opción de descansar los domingos. También se acreditó que Vargas Castillo quedaba encerrada en la casa, sin posibilidad de salir, cuando la acusada se encontraba por fuera. 29.- En las dos decisiones de instancia se destacó que a Ericka Faisuley Vargas Castillo no se le canceló el salario acordado, no se le pagaron prestaciones sociales y tampoco, a pesar de estar embarazada, fue afiliada al sistema de seguridad social en salud. 30.- Para probar aquellas | Cfcunstancias, se estimó suficiente el testimonio. de la víctima, Ericka Faisuley Vargas Castillo; 1éspaldado por la declaración de su hermano Harvey Heródes Vargas Castillo y de Daniela Fernanda Barbosa Baquero, la persona que la ayudó a regresar a su ciudad de

origen. Además, se consideró el testimonio del investigador Edison Orlando Gamboa Santamaría, encargado de realizar los actos de verificación sobre la situación de Vargas Castillo y las circunstancias de su traslado a la ciudad de Bogotá cuando fue recibida como interna en la residencia de la procesada. 31.- Para el Tribunal Superior de Bogotá el consentimiento de la víctima no libera de responsabilidad a 11 Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA la acusada. En su análisis consideró que Vargas Castillo fue instrumentalizada ya que CASTIBLANCO PARRA se aprovechó de sus condiciones de vulnerabilidad, la coaccionó y limitó su derecho a la movilidad, atentando así contra la dignidad humana de quien, por su condición de mujer, indígena y madre gestante, era sujeto de especial protección constitucional. 32.- Finalmente, el Tribunal concluyó que la conducta desplegada por CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA sÍ tipifica el delito de Trata de personas. Explicó que este punible no requiere para su estructuración la existencia de una organización delincuencial, integrada por 3 o más personas con permanencia en el tiempo para la confisión de delitos, como lo alegó la defensa durante dtodó el trámite. Encontró además que la mediadión de un contrato laboral verbal no autorizaba 4 la empleadora, bajo ninguna circunstancia, para que desplegara actos de explotación laboral, abusando de su posición dominante en perjuicio de Vargas Castillo.

33.- En sentido contrario, el demandante, la Fiscalía en sede de casación y el Ministerio Público estiman que en el proceso no demostró que la conducta realizada por CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA se adecuara a los elementos típicos del delito de Trata de personas (artículo 188A del Código Penal). En términos generales formulan dos argumentos para defender esta tesis: 12 Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA 33.1.- Que el propósito del legislador al tipificar el delito de Trata de personas fue combatir (i) la delincuencia organizada y especialmente, (ii) cuando tiene el carácter trasnacional, de conformidad con los instrumentos internacionales que rigen la materia. 33.2.- Que los hechos acreditados en el proceso se ajustan más a un escenario de abuso de las condiciones de laborales -donde la procesada, en su condición de empleadora, no cumplió con las normas de derecho del trabajoque a un contexto típico de Trata de personas que reclame ser perseguido por la vía del derecho penal. 34.- Con base en los anteriores planteamientos, le corresponde a la Sala Penal de la Corte supfemá de Justicia establecer si las conductas desplégadas por CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA respecto de Erika Faisuley Vargas Castillo se enmarcan típicamente en el delito de Trata de perdonas penalizado en el artículo 188A del Código Penal o si, por el contrario, constituyen actos que en razón de las circunstancias y las características de forma, duración e

intensidad de las afectaciones escapan del derecho penal y deben ser reprochados, más bien, por otros ámbitos normativos del ordenamiento jurídico como el derecho del trabajo. 35.- En efecto, no se trata de un asunto simple, pues, por una parte, la Trata de personas es un crimen que abarca varias y diversas conductas, tiene diferentes formas y 13 Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA modalidades, y, además, muchas veces su materialización conlleva la configuración de otros delitos. 36.- Por otra parte, en Colombia, la última tipificación penal del delito de Trata de personas se realizó en el marco del cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales consignadas en tratados internacionales vinculantes para nuestro país. Sin embargo, aunque estos instrumentos suelen dar lineamientos generales para que los Estados ajusten sus legislaciones a los estándares exigidos, el proceso de tipificación se torna problemático porque al pretender satisfacer plenamente esas obligaciones internacionales, con la intención de cobijar el mayor número de actos censurables, la definición técnica de los, cóntornos del delito no suele estar acompañada de (AN £igencias de precisión que demanda la dogmática penal para satisfacer, sobre todo, el principio de legalidad a nivel interno. -37.- Ante este panorama, metodológicamente, la Sala dividirá esta decisión en tres partes. Las dos primeras tienen como propósito comprender y delimitar con precisión el contenido y el alcance del tipo penal en el ordenamiento colombiano, y la tercera, analizar la configuración del delito en el caso concreto.

37.1.- Así, en primer lugar, la Sala describirá cómo se surtió el proceso de tipificación penal del delito de Trata de personas en Colombia y la incidencia de los instrumentos internacionales en la definición de su contenido. 14 Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA 37.2.- En segundo lugar, se realizarán una serie de consideraciones sobre la dogmática del tipo (estructura: acciones /verbos rectores, medios y fines). Al respecto, si bien la mayoría de la jurisprudencia de esta Sala se ha concentrado en las diferentes modalidades de trata con fines de explotación sexual e inducción a la prostitución, dadas las características de este caso, en esta providencia se hará un especial énfasis en «los trabajos o servicios forzados», «la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud» y la «servidumbre». 37.3.- A partir de allí, en tercer lugar, la Sala analizará si los hechos efectivamente imputados y acusadost que llevaron a la sentencia condenatoria en perjuicio de CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA, sg ajustan típicamente a algunas de las, conduidths descritas en el articulo 188A del Código Penal: 5.1.1. Evolución normativa del delito de Trata de personas en el ordenamiento penal colombiano y la incidencia del derecho internacional en el proceso de tipificación 38.- En Colombia, las primeras regulaciones del delito de Trata de personas se circunscribían exclusivamente a las actividades que tuvieran como fin el ejercicio de la prostitución y la explotación sexual. Así, por ejemplo, el

Decreto 100 de 1980, en el Título IX, Capítulo Quinto 15 Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA denominado «Del proxenetismo» tipificó cuatro delitos en relación con este tema: (i) la inducción a la prostitución (art. 308); (ii) el constreñimiento a la prostitución (art. 309); (iii) la trata de mujeres y de menores (art. 311) y (iv) el estimulo a la prostitución de menores (art. 312). En concreto, el delito sobre trata de mujeres y niños señalaba lo siguiente: «El que promoviere o facultare la entrada o salida del país de mujer o menor de edad de uno u otro sexo, para que ejerzan la prostitución incurrirá en prisión de dos a seis años y multa de diez mil a cien mil pesos» (énfasis fuera de texto). 39.- Esa misma orientación se mantuvo en la tipificación que del delito de Trata de personas se hizo Juego en el artículo 215 de la Ley 599 de 2000. Especifidahiénte, el tipo penal fue incluido por el legislador enel Titulo IV relativo a los «Delitos contra lay libertad, integridad y formación sexuales», DA Ubicado nuevamente en el Capítulo Cuarto dedicadóa l «Proxenetismo», así: «Artículo 215. El que promueva, induzca, constriña o facilite la entrada o salida del país de una persona para que ejerza la prostitución, incurrirá en prisión de cuatro (4) a seis (6) años y multa de setenta y cinco (75) a setecientos cincuenta (750) salarios

mínimos legales mensuales vigentes» (énfasis fuera de texto). 40.- Sin embargo, un par de años más tarde, mediante la Ley 747 de 20021, el legislador decidió derogar los artículos 1 Diario Oficial 44.872, de 19 de julio de 2002 «Por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones» 16 Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA 215 y 231 de la Ley 599 de 2000 y unificar en uno solo los delitos de «Trata de Personas» y «Mendicidad y tráfico de menores». Con ello, además, amplió el número de conductas que suelen caracterizar la comisión de este crimen e incluyó un amplio espectro de fines, adicionales a la prostitución, que persiguen los perpetradores que lo ejecutan: «Artículo 2. En el Capítulo Quinto (De los delitos contra la autonomía personal) del título II (Delitos contra la libertad individual y otras garantías), del libro Segundo (Parte Especial. De los delitos en particular), de la Ley 599 de 2000, adiciónese un artículo nuevo 188-A, el cual quedará así: Artículo 188-A. Trata de Personas. El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o participe enel nasiado de una persona dentro del territorio nacional A al NI recurriendo a cualquier forma de violencia, améndza, o engaño, con fines de explotación, Para ) ejerza prostitución, pornografía,

servidumbre por deuda, mendicidad, trabajo forzado, (matrimonio servil, [0] esclavitud, con el propósito de obtener Provecho económico o cualquier otro beneficio, para sí o para otra persona incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y una multa de seiscientos (600) a mil (1000) salarios mínimos legales vigentes mensuales al momento de la sentencia condenatoria» (énfasis fuera de texto). 41.- Por su parte, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, desde mediados de la década de los noventa, la comunidad de naciones ya venía trabajando sobre este asunto. Específicamente, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución 55/25 del 15 de noviembre de 2000, aprobó la «Convención de las Naciones 17 Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional», con el fin de promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional (art. 1). El ámbito de aplicación de este instrumento internacional comprende la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los «delitos graves»? que entrañen la participación de grupos delictivos organizados de tres o más personas que actúan concertadamente para cometer uno o más delitos a través de las fronteras. 42.- La aprobación de este instrumento internacional se hizo de manera conjunta con dos protocolos adicionales: (i) el «Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de

43.- Estos. dos “protocolos constituyen un esfuerzo conjunto ue la comunidad internacional por enfrentar de marléra articulada y sistemática la lucha contra la trata de seres humanos. Estos dos textos complementan la Convención y deben ser leídos como parte de un mismo corpus iuris (Art. 1, párr. 1-3 de los dos protocolos). 44.- En concreto, el «Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 2 De acuerdo con la Convención por «delito grave» se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave (art. 2.b). 3 Mediante Resolución 55/255 del 31 de mayo de 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un tercer instrumento adicional a la Convención de Palermo. Se trata del Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. 18 Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA niños» (en adelante «Protocolo de Palermo») consta de 20 artículos que definen los estándares más elevados y comprehensivos en relación con las obligaciones de los Estados en la lucha contra la trata de seres humanos hasta hoy“. Específicamente, el Protocolo definió en su artículo 3 el delito de trata de personas de la siguiente manera: Para los fines del presente Protocolo: a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esg-e incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u A . LL. otras formas de explotacion S ab trabajos o servicios forzados, la esclavitu 43 prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre 9 la-extraccion de órganos; BDebrsentimiento dado por la víctima de la trata de personas a Coda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; ce) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; 4 La preocupación por la lucha internacional contra la Trata de personas es de larga data y, desde el siglo pasado, se había venido materializando en una gran cantidad de instrumentos internacionales que, directa o indirectamente, han buscado reprimir y sancionar las conductas ligadas a este delito. Estos instrumentos, en el marco de las intensas discusiones que se dieron durante la redacción del Protocolo de Palermo, fueron especialmente relevantes para determinar el ámbito de protección y la definición de trata a la que se llegó con la firma del Protocolo de Palermo. (Ver Anexo

1). 19 Casación Radicado n. 59253

C.U.I: 11001600004920140434901

CLAUDIA MARITZA CASTIBLANCO PARRA d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años. 45.- La aprobación del texto de la Convención y sus dos protocolos obligó a los Estados parte a ajustar sus legislaciones internas a los parámetros represivos y sancionatorios allí definidos, a ampliar los sujetos de protección y, sobre todo, a contemplar las diversas formas de trata más allá de las relacionadas con la explotación sexual, tales como los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre. 46.- En el caso colombiano, el cumplimiento de la obligación de adecuar su ordenamiento jurídico a dichos estándares se hizo a través de la Ley 800 de 20035 mediante la cual se aprobaron el texto de la ConyenG ón y el rn de sus protocolos, los cuales ruetón declarados exequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-962 de 2003. ar .- El legislador advirtió que, a pesar de ser posterior, la reforma de la Ley 747 de 2002 (supra párr. 40) no guardaba concordancia con el texto del Protocolo de Palermo en aspectos trascendentales como los siguientes: (i) en relación con los verbos rectores, la norma interna no preveía la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas como conductas que configuran el 5 Diario Oficial No. 45.131, de 18 de marzo de 2003, “Por medio de la cual se aprueban

la