CSJ - SP1040-2024(60626)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente SP1040-2024 Radicado N° 60626. Acta 109. Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). VISTOS La Corte se pronuncia respecto del recurso de apelación presentado por el delegado de la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia emitida el 27 de septiembre de 2021, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, a través de la cual absolvió a JOSÉ RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de El Paso (Cesar), acusado de la comisión del delito de Prevaricato por acción. ANTECEDENTES Fácticos Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES El 27 de julio de 2017, a las 12:30 pm, Emil Yamith Caro Caro y Carlos Andrés Caro Carrillo fueron capturados en flagrancia por miembros de la Policia Nacional, cerca de Bosconia (Cesar), a la altura del kilómetro 42, en el peaje “La Loma”, pues, al ser registrados por los uniformados, se hallo en poder del primero de los nombrados un revólver calibre 38, marca Smith & Wesson, con 6 cartuchos para el mismo, idóneo para disparar y sin permiso expedido por autoridad competente para tal fin. El 28 de julio de 2017, a las 05:18 pm, la doctora

Mirllan Elid Tafur Vilardy, Fiscal Cuarta Local de Chiriguaná (Cesar) radicó solicitud para la celebración de la audiencia de legalización de captura, por la presunta comisión del delito de Tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de El Paso (Cesar), entre otras peticiones más. El mismo 28 de julio de 2017, a las 06:59 pm, JOSÉ RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES, titular del juzgado en mención, instaló la audiencia. Después de escuchar a las partes, procedió a resolver. Dejó claro que la fiscal presentó a los indiciados, ante el juez de control de garantías, dentro del término de las treinta y seis (36) horas siguientes a su aprehensión. Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES Advirtió que el informe base de opinión pericial, referido a la idoneidad del objeto letal, había sido elaborado el 27 de julio de [2017], a las “16:05”, esto es, desde el día anterior. Halló que la fiscal se contradijo al justificar la demora en la que incurrió al elevar la solicitud de audiencia de legalización de captura, en tanto, el citado informe, según esa funcionaria, aún no estaba listo, circunstancia que incidió en la aludida tardanza, comoquiera que tan solo lo recibió ese mismo día (28 de julio de 2017), a las 07:00 pm. Sin embargo, el procesado verificó que tal experticia fue

creada con una antelación mayor a veinticuatro (24) horas a la presentación de la solicitud de audiencia preliminar. Así, consideró que la fiscal desatendió la inmediatez exigida en la ley, para el agotamiento efectivo del control judicial acerca del procedimiento de captura en flagrancia. Por ello, JOSÉ RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES, funcionario acusado, declaró la ilegalidad del trámite de aprehensión y, por contera, dispuso la libertad inmediata de Emil Yamith Caro Caro y Carlos Andrés Caro Carrillo. No hubo recursos. Procesales Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES El 9 de agosto de 2019, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar, la fiscalía formuló imputación en contra de JOSÉ RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES, por el delito de Prevaricato por acción (artículo 413 del Código Penal), en calidad de autor, cargo que no aceptó. No hubo solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El escrito de acusación correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar. El 14 de enero de 2020, la Fiscalía lo verbalizó en relación con el anunciado punible. La diligencia preparatoria tuvo lugar el 10 de agosto de

2020. El juicio(01álsé desarrolló en varias sesiones, las cuales iniciarorel 26 de octubre de 2020 y culminaron el 27 de septiembre de 2021, última fecha en la cual el despacho

anunció sentido de fallo absolutorio y se dio lectura de la decisión. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal dio por probada la calidad de servidor público del implicado y le atribuyó directa intervención en la decisión tildada de prevaricadora. Luego de transcribir las consideraciones del auto en cuestión, el A quo concluyó que presentaba “una adecuada motivación, acompañada de una interpretación razonable a Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES partir de la concepción constitucional de la función del juez de control de garantías”. Al efecto, advirtió que el funcionario acusado resolvió el asunto puesto a su conocimiento con los documentos que el órgano investigador aportó y lo expuesto por las partes en esa oportunidad. Principalmente, destacó la forma en que se hizo contradictorio el argumento de la delegada de la Fiscalía, dirigido a “justificar la demora en solicitar la andientia' de legalización de captura”, pues, la funcioríaria exteriorizó que la tardanza obedeció a yús el perito estaba realizando diligencia de insperción a cadáveres”, o sea, que se hallaba ocupádo eh otra diligencia, pero el acusado evidenció que “dicho informe estaba hecho desde el día anterior”. Destacó que el auto del juez JOSÉ RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES, estaba respaldado en el informe en comento, que “fue elaborado con una antelación superior a 24 horas a su envío vía e mail a la señora Fiscal, quien

además recibió éste físicamente pocos minutos después de iniciada la audiencia de legalización de captura”. Enfatizó en que, el artículo 2 de la Ley 906 de 2004, modificado por el inciso 3° del artículo 1° de la Ley 1145 de 2007, establece que, en caso de restricción de la libertad, la solicitud de control de legalidad de la captura se hará “en el Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES menor tiempo posible”. Estimó que ello “no es un mero enunciado, sino que constituye una garantía en favor del capturado”. De esa manera, consideró viable que el juez acusado se haya “doli/do]”, porque la Fiscalía General de la Nación, como institución, incumplió “con el aludido requisito de inmediatez, pese a contar con todos los elementos materiales probatorias para solicitar la audiencia de marras desde aproximadamente las 4:00 pm del 27 de julio de 2017”. , En ese sentido, sostuvo que la fiscal \del caso pidió la convocatoria de esa diligeh€ aa eso de las 5 de la tarde del 28 de julio d 201 )esto es, más 24 horas después de contar con 165 elementos cognoscitivos indispensables para que la » misma se surtiera adecuadamente, con el argumento “falaz que el perito en balistica “habia demorado el informe” porque estaba ocupado en otro asunto. Recalcó que el citado informe “estaba elaborado desde el día anterior”. El A quo amplió su criterio, así:

Dicho de otro modo, el término de 36 horas de que trata esta disposición [artículo 2 de la Ley 906 de 2004, modificado por el inciso 3 del artículo 1 de la Ley 1145 de 2007], pudiéramos decir, es un plazo máximo para efectuar el control efectivo a la restricción de la libertad, que por lo mismo, en criterio de la Sala, no puede constituirse en la regla general en esta materia, por el contrario, como hemos resaltado la diligencia de control de legalidad del procedimiento de captura debe realizarse inmediatamente (artículo 302) o en el menor tiempo posible (artículo 20) y de no poder llevarse a cabo con la rapidez que 6 Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES demandan estas disposiciones, tal como lo plantea con buen tino el ministerio publico, la fiscalia tiene que justificar con argumentos sinceros y validos porqué solicita el control de legalidad con posterioridad, pero en todo caso antes de las 36 horas contadas desde la aprehensión, lo que ciertamente no ocurrió aquí pues la explicación dada por la fiscalía no sólo carecía de respaldo probatorio, sino que venía infirmada con la fecha misma de elaboración del informe, al cual supeditó la señora Fiscal la presentación de la solicitud para que el hoy acusado instalara la audiencia de control de garantías del procedimiento de captura en flagrancia. (énfasis propio del texto) Así, consideró que el ente acusador no probó que la providencia tildada de prevaricadora fuera “manifiestamente

contraria a la ley”, comoquiera que la mismá, puede ser discutible desde el punto de vista del 0, pero no de la legalidad (atipicidad ano obj etivo). 1 consecuencia, absolvió al implicado del delito atribuido en el pliego de cargo. DE LA APELACIÓN El delegado de la Fiscalía transcribió, sin identificarlo, un precedente de la Sala de Casación Penal, en el que se analizó la garantía de ser llevado sin demora ante un juez para que este ejerza el control judicial de la privación de la libertad, así como el alcance del inciso tercero del artículo 1 de la Ley 1142 de 2007, a la luz del pronunciamiento CC C-163 de 2008. Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES Lo anterior, para significar que la decision reprobada si actualiza el tipo penal de Prevaricato por acción; y que “la tardanza apenas daba lugar a ordenar la correspondiente investigación de los responsables, pero no a la libertad graciosamente concedida”. Primordialmente, porque no habían transcurrido treinta y seis (36) horas desde la captura de los indiciados. Adujo que “la fecha 27 de julio de 2017, a las 16:05” del informe base de opinión pericial, acerca de la idoneidad del objeto letal, constituyó “apenas un error”. sisdeb era con la fecha de emisión de la solicitud; detilexperticia, que data del “27 de julio de 20.17 hacia las 16:45” horas. REO ‘que “la acomodada interpretación” que el

acusado hizo de la ley y de la jurisprudencia es “arbitraria y caprichosa” e igualmente lesiva del bien jurídico de la administración pública. Con base en lo referido, solicitó la revocatoria de la sentencia apelada, para que, en su lugar, se condene al procesado por el cargo enrostrado. TRASLADO NO RECURRENTES Dentro de la oportunidad correspondiente, la defensa y el procesado guardaron silencio. Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401

JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES

CONSIDERACIONES 1.- Competencia La Sala de Casación Penal es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia dictada el 27 de septiembre de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, conforme lo habilita el artículo 32-3 de la Ley 906 de 2004. En consecuencia, se abordará, Cel “estudio de la impugnación propuesta porel delegado de la Fiscalía General de la Nación , ef >héra del referido fallo, en el cual se absolvió a JOSE! 'RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de El Paso (Cesar), del delito de Prevaricato por acción. La Corte destaca que, en aras de una adecuada comprensión de la decisión a adoptar, inicialmente realizará un examen típico del delito de Prevaricato por acción. Posteriormente, se abordará el caso concreto, para definir si la conducta punible atribuida al implicado es típica, en el

plano objetivo. En el evento de ser así, se continuará con el estudio de las demás categorías dogmáticas, a fin de determinar la existencia del delito y la responsabilidad del implicado en el mismo. Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES 2.- Del delito de prevaricato por acción El artículo 413 del Código Penal, establece: El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión (...). El presupuesto fáctico de la norma transcrita se encuentra constituido por tres elementos, a saber: (i) un sujeto activo calificado, es decir, que se trate de servidor público; (ii) que profiera resolución, dictamen o concepto; y (iii) que este pronunciamiento sea manifiestamente-contrario a la ley; esto es, no basta que la providencia sea formalmente ilegal, por razones sustahdiales, de procedimiento o de competencia, dino que la disparidad del acto respecto de la compren: ión de los textos o enunciados -contentivos del derecho positivo llamado a imperar- “no admite justificación razonable alguna”. La materialidad de la conducta calificada como prevaricadora exige demostrar que el acto censurado, esto es, resolución, dictamen o concepto, es producto del capricho o de la arbitrariedad del servidor público, quien desconoce abiertamente y de forma ostensible los mandatos normativos o exigencias de análisis probatorio que regulaban el caso.

1 CSJ. AP. 29 de julio de 2015, radicado No. 44031; CSJ SP, 13 agosto de 2003, rad. 19303; SP 3 jul. 2013, rad. 40226; CSJ SP4620-2016; CSJ SP, 23 de febrero de 2006, rad. 23901; SP 28 feb. 2007, rad. 22185; SP 18 jun. 2008, rad. 29382; SP 22 ago. 2008, rad. 29913; SP 3 jun. 2009, rad. 31118; SP 26 may. 2010, rad. 32363; SP 31 ago. 2012, rad. 35153; SP 10 abr. 2013, rad. 39456; SP 26 feb. 2014, rad. 42775. SP 21 may. 2014, rad. 42275, entre otras providencias. 10 Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES En este sentido, no encuadran en el tipo penal aquellas providencias que resulten del examen complejo de las distintas disposiciones que regulen el asunto propuesto ante el funcionario, respecto de las cuales exista la posibilidad de interpretaciones discordantes, toda vez que en el prevaricato el juicio no es de acierto sino de legalidad, por cuanto, se insiste: [L]a emisión de una providencia “manifiestamente contraria a la ley” solamente es compatible con un conocimiento y, ntad intencionada en el caso concreto de decidir demaneta-coñtraria al ordenamiento jurídico, ese propósito - ro puede ser fruto de intrincadas elucubraciones, tiene qué ser evidente, grosero y

advertible de inmediató, (eh relación con el problema jurídico identificado por, eb funcionario judicial en el momento en cuya conducía se juzga Y no a posteriori. (CSJ SP14999-2014). “Además, en cuanto al elemento subjetivo del tipo, el delito de Prevaricato por acción es atribuible a título de dolo, bajo el entendido que el artículo 21 del Código Penal, establece que la conducta culposa o preterintencional es punible sólo en los casos expresamente señalados en la ley, asunto ajeno al punible en cuestión. De ese modo, esta conducta se configura cuando se demuestra que el agente obró con el conocimiento y la voluntad al proferir resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrarios a la ley. 3.- De la tipicidad, en el plano objetivo, de la conducta punible atribuida al implicado 11 Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES En el caso de la especie, se advierte que JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de El Paso (Cesar), para declarar la ilegalidad del procedimiento de captura de Emil Yamith Caro Caro y Carlos Andrés Caro Carrillo, por la presunta comisión del delito de Tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, expuso en la providencia tildada de prevaricadora, lo siguiente: [...] Tenemos claro que dentro de este asunto los indiciados fueron capturados el día 27 de julio del [2017], hora 12:30 pm Y Puesto

a disposición [...] de la Fiscalía, de acuerdo al informe qué se tiene con respecto [...] al escrito de solicitud [des tontrol de legalidad del procedimiento de aprehensión, eryf lagrancia], hoy 28 [de julio de 2017), a las 05:18 minute$ Jde la tarde]. Teniendo. en cuenta y haciendo las salvedades pertinentes que " este suscrito servidor tuvo conocimiento en el día de ayer [27 de “julio de 2017], del medio día hacia adelante, por parte de la señora fiscal, de la aprehensión de dos personas, donde hace referencia del delito e incautación de un revolver, al día de hoy [28 de julio de 2017], este despacho estuvo atento y se le indicó en el día de ayer [a la fiscal] que sea lo más pronto posible la solicitud pertinente para realizarse en la mañana [del 28 de julio de 2017], habida cuenta que dos razones: Una, en cada una de las etapas procesales que se dan y del momento de la captura y aprehensión, este despacho siempre ha solicitado que se agilicen cada uno de los pasos pertinentes que se establezcan en cada uno de los trámites al momento de la aprehensión o momento de realizarse la captura a través del servidor quien les habla. Para este efecto, este despacho ha estado en las mismas diligencias, siendo las 08:42 minutos [de la noche], del día de hoy [28 de julio de 2017], no han pasado las 36 horas como establece la norma, que para este efecto es el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal. 12 Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401

JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES

[...] Sin embargo, los trámites que se han dado por las diligencias o el informe de investigador de laboratorio FPJ 11 nos han tenido hasta la hora que hoy se ha establecido, que para circunstancia y curiosidad del tema, que este informe que fue realizado en el día de hoy, de acuerdo al informe que ha establecido o argumentación hecha por la señora fiscal, y que nos ha tenido el informe a la espera de este resultado por circunstancias ya manifestadas por la fiscal y por alguno de los agentes, de manera verbal, antes de la audiencia. El motivo [de] la demora: por la circunstancia que el perito Camargo Álvarez David, de la Seccional de Investigación Criminal, como Profesional en Balística de la ciudad de Valledupar, tenía otras diligencias de cadáveres, [razón] por la cual imposibilitaba llegar [la experticia sobre el arma de fuego incautada] el día de hoy [28 de julio de 2017]. Pero revisando el expediente como tal, o la carpeta;q,ue , nos pone de presente, aparece este informe a solicitud de anátisis de oficio, sin número, de fecha 27 de julio. del presente año, y este mismo escrito aparece, entonces, con fecha 27 de julio del presente año, hora 16:05,.es decir, que este dictamen fue hecho en el día de ayer [27 e julio de 2017]; y este despacho ¿Por qué queda todo ur día esperando este informe, como también la señora fiscal? Que, para este efecto, la señora fiscal, cuando hablamos = telefónicamente, encontramos que el dictamen no se había presentado a disposición [de ella] y, por lo tanto, no podía

mandarnos la solicitud [de control de legalidad del procedimiento de captura en flagrancia] a este despacho, que faltaba ese documento, porque los demás documentos sí, ya los tenía ya en su poder. Efectivamente, nos envía la solicitud. Para este efecto, entendió este servidor que la señora fiscal tenía [para el 28 de julio de 2017), entonces, ya los documentos a la mano, incluyendo el informe. Si este informe está hecho desde ayer ¿Por qué hasta el día de hoy, siendo que iniciamos esta diligencia a las 6:59 [pm] no se tenía este documento? Queriendo decir que una contradicción en la organización, porque la norma es estricta en los procedimientos, en cada uno cuando se dan cada tipo de información, tanto para la fiscalía como para el servidor [judicial] y la defensa. [...] En este caso, como la privación de la libertad, existen las garantías que deben rodear dentro de las garantías que se rodean 13 Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES el derecho a la libertad, a la seguridad personales, se encuentra, en lo que corresponde a la persona detenida, sea presentada sin demoras ante el juez o una autoridad judicial [...], para que se realice un control efectivo de la restricción de la libertad. [...] En cuanto a la sentencia C 163 del 2008, nos indica que dentro de los parámetros de las 36 horas que se manifiesta con base al artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, en ello ha indicado la exequibilidad del inciso 3° del artículo 1° de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 2 de la Ley 906 de 2004,

en el entendido que dentro del término de 36 horas posterior a la captura se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de control de garantías o, en su caso, el juez de conocimiento. Se tiene claro que, dentro de los parámetros que subsistén éit este momento y del análisis que se tiene, están cumplidos1os requisitos del artículo 302, en los procedimiehtosque comprende esa restricción, pero hay una contradicción en los informes que establece y se porien de presente especialmente en el dictamen (de daboratorio FPJ 13, donde indica que este dictamen, esperado por más de 24 horas, aparece hecho de ayer y solo fue presentado [hoy]. Entonces, no hay una inmediacién correspondiente que establece también la norma de presentarse inmediatamente los detenidos en esta circunstancia. [...] Este despacho considera, en este sentido, que, conforme a lo expuesto y manifestado frente a estas situaciones irregulares, se concluye, entonces, que en este actuar, en este momento, se encuentra, entonces, que esta captura se considera ilegal. Por lo que no es procedente impartirle la legalidad solicitada por la señora fiscal en esta audiencia. Por lo tanto, este despacho concluye y declara la ilegalidad de la captura en flagrancia en contra de los señores Carlos Andres Caro Carrillo [...] y Emil Yamit Caro Caro [...]. En consiguiente, se ordena la libertad inmediata, para los efectos que corresponde en lo dicho en esta decisión. (sic a todo) (énfasis fuera de texto) La fiscal del caso no interpuso recursos y reconoció que el informe de laboratorio FPJ-13, suscrito por el Patrullero

14 Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES David Camargo Alvarez, Técnico Profesional en Balistica de la Seccional de Investigacion Criminal de Valledupar, tiene fecha de elaboración “27/07/2017. Hora: 16:05”, pero que solo le fue entregado, de manera fisica, a las 07:00 pm del 28 de julio de 2017. Dejó la siguiente constancia: Acabábamos de iniciar la audiencia a las 06:59 [pm] y le escribí [al documento contentivo del informe] el recibido a las 07:00 [pm], porque ellos [los agentes de policía] solamente me enviaron, vía correo, el informe al momento de solicitarle a usted [juez] la audiencia. A las 05:15 de la tarde, me lo enviaron, vía email, y posteriormente, procedí a enviarle la solicitud a usted ljuez], ual via correo, porque sin tener el respectivo informe de i o de laboratorio, no podía solicitar una audieñct porque tenía que tener primero conocimiento. Me lo Shabidit “dicho verbalmente, de que el arma se encontraba apf a [para disparar], pero era mi deber y obligación contar.con'dicha experticia técnica en original, que fue le: vista pública, a las 07:00 de la tarde, para Aclarar que no fue mi intención, no sé si sería un error en la fecha, (ero el informe solo fue recibido a las siete de la noche [...]. Con el objeto de verificar si la decision transcrita es manifiestamente ilegal, la Corte efectuara un juicio ex ante,

consistente en valorar los elementos cognoscitivos que el procesado tuvo a su alcance al declarar la ilegalidad del referido procedimiento de captura en flagrancia. De ese modo, se advierte que en la actuación reposa el informe de experticia del arma de fuego incautada a los aprendidos en el citado trámite policial (FPJ-13), en el cual se evidencia con claridad meridiana la fecha y hora de elaboración, así: “27/07/2017 ... 16:05”. 15 Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES Tales datos son coincidentes con lo percibido por el funcionario acusado y con la manifestación efectuada por propia fiscal encargada de ese asunto preliminar (doctora Mirllan Elid Tafur Vilardy), después de exteriorizar que no interpondría recursos frente a aquella determinación. Que el apelante arguya que ello constituyó “apenas un error”, si se compara con la calenda de emisión de la solicitud de tal experticia (formato FPJ-12, al que también el funcionario acusado tuvo acceso en la citada audiencia preliminar), el cual data del “27 de julio de 2017f hacia las 16:45” horas, es intrascendente. , - Esto, por canto, ex post, resulta fácil para el ente investigador aducir que se trató de una mera imprecisión cometida por el experto en balística, la cual pudo ser superada sin aparente dificultad. Ello, sin embargo, es en suma medida desventajoso para el implicado, quien respaldó

su decisión en los elementos cognoscitivos que la misma delegada de la Fiscalía aportó en esa audiencia, incluido el señalado informe FPJ-13. Si, de hecho, la fecha y hora del multicitado informe era diferente a la consignada en el documento, era deber de la fiscal darlo a conocer al juez de control de garantías con antelación a su decisión y no después de la misma, pues, para efectos de lo resuelto, esa no fue una información con la cual contó el funcionario. 16 Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES Por manera que, la valoración del funcionario acusado, respecto a que la Fiscalía General de la Nación tardó alrededor de veinticuatro (24) horas en presentar a los indiciados ante el juez de control de garantías, pese a contar desde un comienzo con lo necesario para reclamar el pronunciamiento judicial atinente a la legalidad de la aprehensión, está debidamente fundamentada en los elementos de juicio con los que contó para ese momento. No es, entonces, que el funcionario prevático) porque desconoció los hechos o tomó como, soporte de su decisión unos contrarios a la realidad, independientemente del acierto de lo resuélto e “Esto, se anota, para significar que el soporte material de lo decidido (fecha y hora del mencionado informe), en esta actuación, no puede ser objeto de reparo alguno y, por el contrario, debe valorarse con su total efecto, dado que, se insiste, ese fue el documento que el juez acusado tuvo a su

alcance para resolver; y no puede ser desvirtuado con la posterior aclaración intentada por la fiscal de ese caso, al dejar aquella constancia. Ahora bien, en lo que toca con el argumento que soporta la decisión de dar libertad a los capturados, la Corte es del criterio que la misma es manifiestamente contraria a la ley, en la medida en que, si bien, el inciso tercero del 17 Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES articulo 2° de la Ley 906 de 2004, prevé que el capturado debe ponerse a disposicion del juez de control de garantias “en el menor tiempo posible”, sin superar las 36 horas; o, “a más tardar”, dentro de ese lapso, como postula el inciso 5° del artículo 302 ibidem, emerge indiscutible que, en el caso de marras, aún no se había desbordado el plazo máximo. La Sala de Casación Penal, en cuanto a la temática objeto de análisis, afirmó, en pronunciamiento CSJ SP, 27 jun. 2012, Rad. 37733, luego de transcribir en extenso la sentencia CC C-163 de 2008, que: Del anterior fallo [CC C= 163 de 2008) se sigue que en todos los casos de capturas Si las tareas inherentes a las autoridades de policía, de la Fiscalía General de la Nación y de los funcionarios nvesudos de jurisdicción en relación con ese suceso, se cumplen Cdentro del improrrogable plazo de treinta y seis (36) horas,

carecerá de fundamento constitucional o legal una decisión, bien del fiscal o ya del juez de control de garantías, que defina como ilegal la captura solo porque crea que el aprehensor extendió sin justificación hasta los límites cercanos a ese tope la privación de la libertad de la persona. Por las mismas razones tampoco es posible que se ordene la libertad del capturado por un aparente vencimiento del término debido a cualesquiera demora que no supere el límite de las treinta y seis (36) horas siguientes a la retención, sin perjuicio de que si el funcionario competente advierte malicia, negligencia o un actuar injustificado de alguna de las autoridades que intervinieron en la aprehensión, pueda ordenar la correspondiente investigación de los responsables. (énfasis fuera de texto) De ese modo, se advierte que la jurisprudencia y la normatividad aplicable a ese tipo de asuntos es clara en fijar el término máximo para agotar, con éxito, la legalización del 18 Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES procedimiento de captura en caso de flagrancia: treinta y seis (36) horas. Que se revuelva, entonces, conceder la libertad en esta clase de asuntos, so pretexto de que no se obró en forma “inmediata” o “en el menor tiempo posible”, pero sin haberse excedido el aludido plazo limite, se verifica irrazonable y abiertamente contrario a la ley, pues, en Colombia, el concepto de plazo razonable, en materia de legalizacion de captura en casos de flagrancia, se recalca, llega hasta las 36

) horas después de la aprehension. inmediata de Emil Yamith Caro Caro y Carlos Andrés Caro Carrillo, es manifiestamente ilegal. Lo anotado, en atención que, se insiste, en el caso puesto a consideración del juez implicado la Fiscalía General de la Nación todavía no había excedido el tope de la privación de la libertad de los capturados, tal como el funcionario lo reconoció en su proveído. En consecuencia, es típica, en el plano objetivo, la decisión tildada de prevaricadora. 19 Segunda instancia acusatorio N° 60626 CUI 20001600123120180136401 JOSE RAYMUNDO FRAGOZO CORRALES Sin embargo, la conducta del juez procesado es atipica, en el plano subjetivo, dado que la Corte entiende que su determinación obedeció a la errónea interpretación del plazo razonable, como garantía del debido proceso, y a la prelación que, por ese yerro, le otorgó a esa prerrogativa sobre el actuar oportuno de la delegada de la Fiscalía, para establecer que el en