CSJ - SP106-2023(59403)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada ponente SP106-2023 Radicación n.º 59403

CUI: 11001600071120180001601

Aprobado acta n.º 057 Bogotá, D. C., veintidós (22) de marzo dos mil veintitrés (2023)

I. OBJETO DE LA DECISIÓN Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el defensor de LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS contra la sentencia del 4 de marzo de 2021, proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante la cual la condenó por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

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www.cortesuprema.gov.co Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS

II. HECHOS 1.- El 18 de septiembre de 2018 en el despacho de la entonces Juez Penal Municipal con Función de Conocimiento de Funza (Cundinamarca), LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS, estaba programada la realización de la audiencia concentrada del artículo 542 de la Ley 906 de 2004, dentro del proceso penal identificado con el número 52866000376201601266, adelantado contra John Harry Bulla Ramos por el delito

de inasistencia alimentaria. 2.- Debido a la ausencia justificada del fiscal, la audiencia no se realizó. Sin embargo, la funcionaria judicial dispuso el reconocimiento del abogado Arquímedes Gil Torres como representante de la víctima Zoraida Naranjo Castillo dentro de la actuación y fijó una nueva fecha para la celebración de la audiencia. 3.- A continuación, la juez LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS percibió en el abogado Arquímedes Gil Torres síntomas de ebriedad, por lo cual le ordenó que permaneciera en la sala y se trasladara con apoyo de la Policía Nacional al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Funza (Cundinamarca) para que le fuera practicada una prueba de embriaguez. Dicho examen arrojó un resultado negativo, el cual fue entregado a la 2 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS togada. Posteriormente, el abogado interpuso denuncia penal en su contra.

III. ANTECEDENTES PROCESALES 4.- El 19 de febrero de 2020 el Juzgado 82 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá declaró legalmente formulada la imputación hecha por la Fiscalía contra LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, conforme al artículo 416 del Código Penal. La implicada no aceptó los cargos imputados1. 5.- Ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca se celebró

la audiencia de formulación de acusación el 22 de julio de 20202, la audiencia preparatoria el 21 de agosto de 20203, la de juicio oral los días 12 de noviembre de 20204 y 4 de marzo de 2021, en cuya última sesión se anunció el sentido del fallo condenatorio y se corrió el traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 20045. La audiencia de lectura de la sentencia se realizó el mismo día6. 6.- El 4 de marzo de 2021 la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca condenó a LILIA ESPERANZA FIGUEREDO 1 Folios 10 a 17. Cuaderno original. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. 2 Folios 42 a 45. Ibídem. 3 Folios 57 a 63. Ibídem. 4 Folios 88 a 90. Ibídem. 5 Folio 94. Ibídem. 6 Folio 111. Ibídem. 3 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS VIVAS como autora del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. En consecuencia, le impuso las penas de multa de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida del empleo, aunque ya no lo ejercía7. 7.- Contra esta decisión, el defensor de LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS interpuso el recurso de apelación.

IV. LA SENTENCIA APELADA 8.- La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca determinó que LILIA ESPERANZA

FIGUEREDO VIVAS era autora del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, por las siguientes razones: 9.- En primer lugar, se acreditó la calidad de servidora pública de la acusada, pues ocupaba el cargo de Juez Penal Municipal con Función de Conocimiento de Funza el día 18 de septiembre de 2018, conforme fue estipulado por las partes. 10.- En segundo lugar, la funcionaria judicial FIGUEREDO VIVAS realizó la acción típica de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto descrita en el artículo 416 del Código Penal. 7 Folios 94 a 110. Ibídem. 4 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS 11.- Así, de los testimonios rendidos en juicio de la oficial mayor del despacho, Tatiana Jiménez Macías, el denunciante Arquímedes Gil Torres, la testigo Zoraida Naranjo Castillo, la secretaria del juzgado, Doralba Góngora Moreno, el patrullero Ferney Lozada y la médica Laura Marcela Niño Rojas y las demás pruebas allegadas al plenario, está demostrado que la procesada en su condición de juez no declaró abierta la audiencia concentrada programada para el 18 de septiembre de 2018 dentro del radicado 52866000376201601266 adelantado contra John Harry Bulla Ramos por el delito de inasistencia alimentaria, con motivo de la ausencia justificada del Fiscal del caso. A continuación, reconoció la personería al abogado Arquímedes Gil Torres, para

actuar como apoderado de la víctima y fijo una nueva fecha para realizar la audiencia mencionada. 12.- Posteriormente, la procesada prevalida de la autoridad inherente al cargo de juez, en virtud al aparente estado de ebriedad del abogado Gil Torres dispuso que permaneciera en la sala de audiencias, para que después, se trasladara con auxilio de los agentes de policía de Funza a un servicio médico del mismo municipio, con el fin de que le fuera practicada una prueba de embriaguez y de este modo establecer a qué se debía el olor que presentaba, el cual hacía presumir que había ingerido alcohol. 13.- El abogado Gil Torres sumiso a la autoridad, sin contradecir a la juez, acató las órdenes, esperó a que llegara la Policía y acompañado del patrullero Ferney 5 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS Loaiza acudió al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Funza, en donde le practicaron el examen médico de alcoholemia que finalmente resultó negativo. 14.- A juicio del Tribunal, con la actividad descrita, la acusada pasó por encima del ordenamiento jurídico, sin reparar en el sentido común, en lo razonable y en la experiencia judicial, privilegió su forma particular de percibir los hechos y soportada en la autoridad del juez, en perjuicio del abogado de la víctima que había acudido a la cita judicial y no había exhibido algún comportamiento que ameritara tan siquiera un llamado de

atención por irrespeto o faltar al debido decoro, dispuso que permaneciera en la sala de audiencias, mientras acudía la Policía para conducirlo al hospital a que le fuera practicado el examen. 15.- Igualmente, la conducta asumida por la juez fue abiertamente contradictoria, puesto que, si el abogado se presentó a la audiencia bajo los efectos del alcohol, no correspondía reconocerle personería jurídica. Por el contrario, la funcionaria judicial debía iniciar el trámite correccional previsto en el numeral 5 del artículo 143 de la Ley 906 de 2004 en armonía con los dispuesto en el precepto 59 de la Ley 270 de 1996. 16.- En tercer lugar, el elemento subjetivo del tipo (dolo) resultó probado, por cuanto la enjuiciada se desempeñó varias veces como juez en el distrito judicial de Cundinamarca, incluso como juez penal del circuito y 6 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS tenía larga experiencia como abogada. Por ende, conocía el procedimiento descrito en el numeral 5 del artículo 143 de la Ley 906 de 2004, para tramitar este tipo de situaciones. Por el contrario, su actuar fue arbitrario, injusto y caprichoso, si se tiene en cuenta que no expuso fundamento normativo, jurisprudencial o doctrinal que justificara su actuar, sino que dispuso que el abogado permaneciera en la sala de audiencias mientras obtuvo el apoyo policial para remitirlo al hospital a que le realizaran el examen de alcoholemia.

17.- Además, el a quo manifestó que, la procesada omitió el mandato constitucional y legal de tratar a los intervinientes en el proceso penal con respeto a la dignidad humana, de ahí, que la conducta de la procesada fue dolosa, porque actuó con conocimiento y voluntad de obedecer su capricho, no el ordenamiento jurídico ni la prudencia y señorío del juez que honre la majestad de la justicia. 18.- Por todo lo anterior, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca concluyó que LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS era penalmente responsable por la conducta punible de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Por consiguiente, le impuso las penas de multa de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida del empleo, aunque ya no lo ejercía. 7 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS

V. EL RECURSO DE APELACIÓN 19.- El apoderado de LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS fundamentó su censura en que: i) la procesada actuó amparada en la legalidad; ii) la acusada tenía razones para enviar al abogado a que le fuera practicado el examen de alcoholemia; y iii) el Tribunal sustentó equivocadamente la existencia del dolo en el actuar de la juez8. 20.- En primer lugar, el recurrente afirmó que no se acreditó el ingrediente normativo “acto arbitrario e injusto”

del tipo penal por el cual su defendida fue condenada, por cuanto, existen normas que autorizan al juez para tomar correctivos dirigidos a preservar la dignidad de la justicia y el buen comportamiento de las partes en cualquier actuación judicial, no sólo en las audiencias. La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en su artículo 58 autoriza la aplicación de medidas correccionales, incluso a los particulares que asisten a las audiencias, y el artículo 59 de la misma normatividad establece el procedimiento que se debe seguir para ello, lo cual también se encuentra consagrado en el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal. Esta normativa es aplicable en casos como el presente, en los cuales alguna parte acude a una audiencia en estado de alicoramiento, pues esto constituye no sólo una falta disciplinaria de la 8 Folios 116 a 120. Ibídem. 8 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS profesión del abogado, sino un acto de irrespeto para el juez y los demás intervinientes en la diligencia. 21.- Pareciera que el juzgador de primera instancia entendió que el hecho de haber ordenado el examen de alcoholemia constituyó la imposición de una sanción correctiva y, por tanto, para ello debía haberse agotado todo un procedimiento, consistente en escuchar descargos y permitir las explicaciones del caso. Sin embargo, lo cierto es que, frente a la sospecha de un estado de embriaguez percibido por la juez, debía determinarse si efectivamente el abogado se encontraba bajo los efectos del alcohol, para

lo cual no había nada distinto que un examen médico, y de haber resultado positivo, ahí sí tramitar la imposición de la medida correctiva o compulsar copias a la sala disciplinaria. 22.- Lo que muestra el acto de enviar a medicina legal al abogado para determinar si existía o no algún estado de embriaguez, no constituyó una actuación contraria al ordenamiento jurídico, un desvió de la ley para fines no contemplados en la misma o una extralimitación de la función de la juez. 23.- Por el contrario, la funcionaria judicial tuvo la prudencia de, antes de formular un cargo contra Gil Torres por presentarse a la audiencia en estado de ebriedad, enviarlo al hospital para que se determinara o descartara tal situación. Afirma que no sería razonable ni lógico que la acusada procediera a escuchar en descargos al abogado 9 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS en estado de embriaguez, cuando no se encontraba establecida técnicamente esa condición. 24.- Adicionalmente, no obra prueba alguna en la actuación que demuestre un capricho de la juez, tendiente a la negación de la ley, o la existencia de un ánimo o motivo de la acusada para perjudicar a Arquímedes Gil Torres. Por el contrario, el propio abogado, reconoció que la juez no tenía alguna motivación especial en su contra, pues ni siquiera había estado en audiencias anteriores con ella. 25.- En segundo lugar, afirmó que no es acertado, como se adujo en el fallo de primera instancia, que enviar

a Gil Torres a realizarse el examen, haya sido un acto de soberbia, capricho y ausencia de sentido común. Por el contrario, existía la posibilidad de que el abogado presentara algún estado de embriaguez, pues olía a alcohol o similares y presentaba rubor en el rostro, tal como él mismo lo aceptó. 26.- Asimismo, la médica legista que practicó el examen, manifestó en la audiencia de juicio que percibió en el examinado un olor mentolado, lo cual concuerda con la percepción señalada por la acusada. 27.- Finalmente, el Tribunal supuso equivocadamente el dolo en la conducta de la acusada, al señalar que, por su experiencia como juez, era conocedora de que estaba quebrantando la ley. Puesto que, el hecho que la acusada sea abogada y haya ejercido el cargo de juez varias veces, no permite deducir que tenía el 10 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS conocimiento de que su acción era objetivamente típica y que la dirigió para obtener el resultado propuesto, consistente en obrar con capricho y soberbia. 28.- En consecuencia, el apoderado de LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS solicitó que la sentencia apelada sea revocada y en su lugar se absuelva a su prohijada de la conducta penal que le fue atribuida.

VI. DE LOS NO RECURRENTES 29.- El Fiscal 16 Delegado ante el Tribunal Superior de Cundinamarca manifestó que los argumentos

expuestos por el defensor de la procesada no tienen sustento jurídico ni probatorio, y en consecuencia solicitó que se confirme la providencia controvertida9. 30.- Refirió que LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS no actuó amparada por los artículos 58 y 59 de la Ley 270 de 1996, por cuanto, no fue evidente para los asistentes a la audiencia que el abogado Arquímedes Gil Torres estuviera en estado de embriaguez. Así lo declaró la empleada del Juzgado Penal Municipal de Funza, Tatiana Jiménez Mesías y la entonces denunciante Zoraida Naranjo Castillo. Además, el profesional del derecho aclaró que sufre de hipertensión y la coloración de su rostro podía obedecer a ello. Lo cual dejó en evidencia que la acusada ni siquiera reparó en tal posibilidad o averiguó mediante una sencilla pregunta, qué sucedía con el 9 Folios 125 a 128. Ibídem. 11 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS abogado, no siendo de recibo la explicación del recurrente, consistente en que la procesada debía exclusivamente ordenar la prueba de embriaguez. 31.- Además, afirmó que el comportamiento de FIGUEREDO VIVAS fue arbitrario, por cuanto ella debía iniciar el correspondiente incidente y correr los respectivos traslados para recibir explicaciones, independiente del grado de embriaguez que presentara el representante de la víctima, el cual, de haber sido alto, hubiera quedado en

evidencia con el tipo de respuesta del abogado. No adelantar el incidente no autorizaba a la togada para tomar la decisión de ordenar el examen de alcoholemia en una diligencia que resultaba ilegal, pues no instaló la audiencia y no permitió la salida del abogado de la sala, convirtiendo su orden en una retención ilegal que encuadró en un acto arbitrario. 32.- Por otro lado, de la lectura de la sentencia condenatoria se encuentra que la orden de la juez de acudir a la Policía convirtió su mandato en algo ineludible y coercitivo, suficiente para plantear la arbitrariedad y la afectación de la dignidad del abogado con la conducta investigada. 33.- Por último, señaló que, sí se contextualizó la prueba del dolo con el injurioso comportamiento de la enjuiciada hacia el abogado, cuando en la audiencia indicó erróneamente que el profesional del derecho estaba ebrio 12 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS y por tanto debía ser notificado del aplazamiento de la audiencia en otra oportunidad.

VII. CONSIDERACIONES

7.1 Competencia 34.- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el defensor de LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 4 de marzo de 2021, conforme a lo dispuesto en el numeral 3

del artículo 32 de la Ley 906 de 2004. 7.2 Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión 35.- Corresponde a la Sala definir si de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario concurren los presupuestos para declarar la responsabilidad penal de LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS como autora del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. 36.- Para resolver el anterior problema jurídico, la Sala dividirá la presente parte considerativa en los siguientes apartados: i) la estructura típica del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (7.3.); las 13 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS facultades correccionales y las órdenes del juez (7.4.); y iii) el análisis del caso concreto (7.5.). 7.3 La estructura típica del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto 37.- El delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto está descrito en el artículo 416 del Código Penal de la siguiente forma: ARTÍCULO 416. ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO. El Servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. 38.- En reiterada jurisprudencia se ha descrito la

estructura típica de este delito. En la tipicidad objetiva se encuentra que: i) el sujeto activo es calificado y corresponde a un servidor público que actúa con motivo de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas; ii) el sujeto pasivo es el Estado como titular del bien jurídico de la administración pública; iii) el objeto jurídico atañe al normal funcionamiento y desarrollo de la administración pública; iv) el objeto material puede ser real o personal, atendiendo a si el comportamiento recae en una cosa o persona o en un acto jurídico; v) la acción consiste en cometer un acto arbitrario e injusto; y vi) es un tipo penal subsidiario10. 10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencias SP347-2022 del 16 de febrero de 2022. Radicado 60199, SP122-2021 del 27 de enero de 2021. Radicado 14 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS 39.- Frente al acto arbitrario o injusto, se tiene que este puede ser jurídico o material. El primero comprende la manifestación de la voluntad de un servidor público con alcance jurídico, y el segundo corresponde a un hecho material. Adicionalmente, los elementos de arbitrariedad e injusticia en el actuar del agente son acumulativos y no alternativos11. 40.- Esta Sala ha definido el acto arbitrario como “el realizado por el servidor público haciendo prevalecer su propia voluntad sobre la de la ley con el fin de procurar objetivos personales y no el interés público, el cual se manifiesta como extralimitación de las facultades o el

desvió de su ejercicio hacia propósitos distintos a los previstos en la ley.12” 41.- Por su parte, el componente de injusticia ha sido determinado como “la disconformidad entre los efectos producidos por el acto oficial y los que debió causar de haberse ejecutado con arreglo al orden jurídico. La injusticia debe buscarse en la afectación ocasionada con el acto caprichoso.”13 57296 y del 12 de noviembre de 2014. Radicado 40458 y autos AP949-2022 del 9 de marzo de 2022. Radicado 60716 y AP1450-2021 del 21 de abril de 2021. Radicado No. 57990 y AP242-2020 del 29 de enero de 2020. Radicado 55753. 11 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia SP122-2021 del 27 de enero de 2021. Radicado 57296. 12 Ibídem. 13 Ibídem. 15 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS 42.- La naturaleza subsidiaria otorgada por la ley al tipo penal permite resolver el concurso aparente eventualmente presentado con otras conductas punibles que comportan un abuso de poder por parte de los servidores públicos, como sucede en los casos de prevaricato, concusión y violación de derechos políticos, entre otros14. 43.- Finalmente, respecto a la tipicidad subjetiva, se encuentra que esta conducta es únicamente dolosa. Es decir, el agente debe conocer la arbitrariedad e injusticia

de su proceder y actuar con voluntad de su realización. 44.- Lo anterior implica que, se presenta atipicidad subjetiva del delito por falta de dolo, cuando el agente se encuentra inmerso en un error de tipo. Esta figura se define como la discordancia entre la conciencia del sujeto activo y la realidad. Internamente este error consiste en una falta de representación o en una representación falsa sobre uno o varios de los elementos que describen la conducta penal15. 45.- El error de tipo está descrito en el numeral 10 del artículo 32 del Código Penal, de la siguiente manera:

10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el 14 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto AP242-2020 del 29 de enero de 2020. Radicado 55753. 15 Jescheck, Hans y Wigend, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte General.

Granada, España: Comares, 2014, pág. 329. 16 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS error fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. (…) 46.- Esta Sala ha señalado que esta categoría jurídica: “(…) hace referencia al desconocimiento o conocimiento defectuoso de las circunstancias objetivas del hecho que pertenecen al tipo legal, con independencia de que estas tengan carácter fáctico, de naturaleza descriptiva (cosa,

cuerpo, causalidad), o normativa, de esencia comprensiva (ajenidad, documento, funcionario) (CSJ SP, 10 abr. 2013, rad. 40116). Frente a la consecuencia del reconocimiento de un error de tipo vencible, en eventos en que la conducta no se halla prevista en la modalidad culposa, se ha establecido que el mismo conduce a la atipicidad del comportamiento.”16 47.- Así, por ejemplo, en un caso similar al presente, esta Corte precluyó por atipicidad de la conducta, una indagación adelantada por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto en contra de una juez que ordenó el desalojo de la sala de audiencias de un funcionario de su despacho con apoyo de la Policía. Por cuanto, se acreditó que la togada actuó inmersa en un error de tipo, pues consideró erróneamente que su conducta se encontraba amparada en sus funciones como directora de la audiencia y del despacho. 16 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto AP242-2020 del 29 de enero de 2020. Radicado 55753. 17 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS 48.- En esa oportunidad, se estableció: “En esa dirección, y como ha quedado claro en el curso de esta providencia, aunque el comportamiento de la juez se advierte arbitrario e injusto en lo que atañe al factor objetivo, puesto que su conducta como se expuso anteriormente, no corresponde al ejercicio de una medida correccional adoptada en el curso de una

audiencia, ni a una actuación que podría adelantar válidamente como directora del despacho en orden a que sus directrices fuesen acatadas, resulta plausible colegir que la funcionaria desplegó tal comportamiento bajo el convencimiento de que podía hacerlo en el marco de sus funciones y que su actuación respondía a criterios de justicia. Ahora bien, surge evidente la vencibilidad de ese error de tipo, pues, basta señalar que la Dra. MARÍA ELENA MEJÍA SÁNCHEZ es una abogada que actuó en ejercicio de la función pública de administrar justicia y, por tanto, siempre le fue posible superar el yerro en que incurrió, ya que el ejercicio de su cargo le imponía estar al tanto de lo que correspondía efectivamente a una medida correccional, susceptible de ser adoptada en el curso de una audiencia, así como tener presente sus competencias y límites como directora del despacho, respecto al comportamiento de sus empleados; sin embargo, no actuó con la mínima diligencia que le era exigible. Así las cosas, como se está reconociendo que en el presente asunto existió un error de tipo vencible determinante en el actuar de la indiciada, tal factor elimina el dolo en su comportamiento y, a su vez, lo torna atípico, pues, en nuestra legislación penal no se prevé la conducta de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto en modalidad culposa, la Sala revocará la decisión impugnada, para en su lugar decretar la preclusión solicitada por el fiscal recurrente.”17 17 Ibídem. 18 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS 7.4 Las facultades correccionales y las órdenes del juez 49.- Los artículos 58 y 59 de la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración de justicia contemplan las medidas correccionales de los funcionarios judiciales y el procedimiento para ejecutarlas. 50.- Frente a los poderes correccionales del juez, la Corte Constitucional ha establecido que: “(…) la finalidad de dichas facultades consiste en hacer prevalecer y preservar la dignidad de la justicia y dentro de ella, garantizar el normal desenvolvimiento y la celeridad de las actuaciones judiciales. Ello, cuando en el proceso las partes e intervinientes tengan alguno de los comportamientos descritos en tales preceptos, pero al mismo tiempo cuando sea visible que con su conducta, buscan claramente entorpecer o dilatar el normal desenvolvimiento del proceso.”18 51.- Específicamente, en materia penal, el artículo 143 de la Ley 906 de 2004 enuncia los poderes y medidas correccionales del juez, así como el trámite para imponerlas. Adicionalmente, esta Sala ha señalado lo siguiente frente a estas facultades: “Entiéndase por poder correccional, el conjunto de facultades que autorizan al juez como conductor o director de un proceso para mantener el adecuado orden y la buena marcha del mismo, en su desarrollo general o en específicas actuaciones como las audiencias. En ejercicio de esas facultades, los jueces 18 Corte Constitucional. Sentencia C-203 del 24 de marzo de 2011.

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS pueden imponer sanciones a los sujetos procesales o intervinientes o a meros concurrentes a las audiencias.19” 52.- Asimismo, se ha establecido que el funcionario judicial en materia penal y en el marco del sistema acusatorio mantiene sus facultades correccionales frente a aquellos eventos en los cuales la falta no ocurre en el desarrollo de una audiencia. Puesto que la misma norma hace referencia a “cualquier diligencia durante la actuación procesal” y algunas de las situaciones sancionables enlistadas en el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal no suceden en el marco de las audiencias20. 53.- Junto con los poderes correccionales, los jueces tienen la facultad de dictar órdenes, con el fin de asegurar la buena marcha de las diligencias penales. En este sentido, el numeral 3 del artículo 161 de la Ley 906 de 2004 al enunciar las clases de providencias judiciales describe las órdenes de la siguiente manera:

3. Ordenes, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma.

Serán verbales, de cumplimiento inmediato y de ellas se dejará un registro. 54.- Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que el concepto de órdenes contenido en el Código de Procedimiento Penal es bastante amplio, pues abarca 19 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de octubre

de 2012. Radicado 38358. 20 Ibídem. 20 Segunda instancia

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LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS todas aquellas providencias del juez que no pueden ser calificadas como sentencias o como autos y que tienen por fin garantizar el desenvolvimiento de la actuación penal. Además, estos mandatos son verbales y de ellos se debe dejar un registro21. 7.5 El caso concreto 55.- Las censuras planteadas por el defensor de LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS se dirigen a cuestionar la valoración que el Tribunal hizo de los medios de convicción, que lo llevaron a considerar acreditada la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad penal de la procesada. 56.- Por lo tanto, para resolver el recurso de apelación, la Corte determinará si las pruebas exhibidas en el juicio oral permiten afirmar, más allá de toda duda razonable, que se presentaron todos los elementos de la conducta típica de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y que la acusada es responsable de la comisión de la misma. 57.- En primer lugar, en el caso sub judice se acreditó la condición de servidora pública (sujeto activo calificado) de LILIA ESPERANZA FIGUEREDO VIVAS, pues fue objeto de estipulación entre