CSJ - SP1066-2024(60533)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente SP1066-2024 Radicación No. 60533 Aprobado acta No. 107 Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide la apelación interpuesta contra la sentencia de 2 de septiembre de 2021, por la cual el Tribunal Superior de Sincelejo condenó en primera instancia a TOMÁS EMILIO MIER SOTELO como autor del delito de concusión. HECHOS De acuerdo con la acusación, a finales de 2015, TOMÁS EMILIO MIER SOTELO, abusando del cargo de Fiscal Cuarto Especializado de Sincelejo que para Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO entonces desempenaba, habria pedido a César Antonio Coley Martinez veinticinco millones de pesos (que éste efectivamente le habria entregado) a cambio de lograr la expedicion de una orden de captura contra Remberto Amell Hernandez, rival politico suyo, en el proceso que se le seguia por delitos contra el sufragio, ante la Fiscalia 15 Seccional de la misma sede, dirigida por Luzmila Santis Martinez. Esto se conoció el 3 de diciembre de 2015, cuando Coley Martínez se presentó en la oficina de la Fiscal Santís Martínez, para reclamarle por el incumplimiento de lo prometido. La funcionaria, tras confrontar a MIER SOTELO por «enlodar su nombre y reputación», formuló la

correspondiente denuncia.

ANTECEDENTES PROCESALES

1. El 6 de abril de 2017, en audiencia dirigida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Montería, la Fiscalía legalizó la captura de TOMÁS EMILIO MIER SOTELO y le imputó cargos como autor del delito de concusión, definido en el artículo 404 de la Ley 599 de 2000. En la diligencia, además, se le impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en prohibición de salir Segunda instancia 60533

CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO del país y obligación de presentarse mensualmente ante el despacho instructor!

2. Formulada en iguales términos la acusación? y agotado el trámite ordinario, la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo profirió la sentencia de 2 de septiembre de 2021, por la cual condenó a MIER SOTELO por el delito mencionado.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. El a quo, luego de disertar sobre la estructura típica del delito de concusión y tras afirmar indiscutible la condición de servidor público que para la fecha de los hechos ostentaba el implicado (puesto que fue objeto de estipulación), encontró demostradas tanto la materialidad de la infracción como su responsabilidad.

Dio por probado que MIER SOTELO pidió a César Coley Martínez un pago de $25.000.000, para que su colega Luzmila Santís Martínez, quien estaba investigando a Remberto Amell Hernández por delitos electorales, solicitara orden de captura en su contra. Así lo dedujo de

los testimonios de la mencionada Fiscal y de Carmenza Bustos Porto, Directora Seccional de Fiscalías de Sucre, quienes «de primera mano escucharon en distintas 1 Fs. 1 y ss.; segundo corte, récord 16:00 y ss. ? Fs. 7 y ss.; sesión de 27 de julio de 2017, récord 10:00 y ss. Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO oportunidades de parte del senor César Coley Martinez dicha versión». En efecto, las funcionarias narraron que el 3 de diciembre de 2015, César Coley se presentó en la oficina de la primera «manifestándole su molestia ante la no obtención de los resultados prometidos por MIER SOTELO a cambio de la suma de dinero requerida», lo cual reiteró momentos después ante la segunda. La Fiscal Santís Martínez también atestó que Coley Martínez se presentó nuevamente en su lugar de trabajo el 14 de diciembre de 2015 «con la intensión (sic) de retirar la denuncia contra TOMÁS MIER SOTELO, pues éste lo había contactado para decirle que le devolvía el dinero si retiraba la denuncia». Esa exacción, dijo la Corporación A quo, supuso un abuso del cargo que ejercía el acusado, «pues era esa posición la que precisamente mostraba posible la gestión que haría». La defensa pretendió demostrar que la solicitud y entrega de dinero a TOMÁS EMILIO MIER SOTELO nunca ocurrió, mediante el testimonio de Juan Pablo Payares Díaz. Éste quiso hacer ver que César Coley Martínez le

debía $15.000.000 y que, para lograr que se los pagara, le dijo falazmente que él conocía a un Fiscal — sin mencionar explícitamente al acá investigado - que podía ayudarle a lograr la captura de Remberto Amell Hernández, rival político suyo; Coley Martínez, según dijo, le dio entonces Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO dicha suma, con la cual él se quedó para recuperar lo que se le adeudaba. Esa tesis, entendió el A quo, no es verosímil, pues ni Payares Diaz ni Coley Martinez pudieron ofrecer explicaciones creibles sobre el origen de la supuesta deuda que existia entre ellos o precisar su monto y, en todo caso, contradice lo narrado por la Fiscal Santis Martinez, ante la cual el segundo explícitamente manifestó haber entregado el dinero a MIER SOTELO.

2. Para dosificar la pena, y dado que en contra del procesado no se dedujeron circunstancias de mayor punibilidad, partió del primer cuarto de movilidad y la fijó en su límite superior, esto es, 117 meses de prisión, 87.45 salarios mínimos mensuales de multa y 96 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Ello, en consideración a la gravedad de la conducta, el daño causado a «la honra de la fiscal Luzmila Santís» y el descrédito a las instituciones y la administración de justicia. También le impuso, como pena accesoria, la pérdida del cargo.

3. Por último, el Tribunal negó a TOMÁS MIER

SOTELO la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria; lo primero, porque la sanción impuesta excede de cuatro años y, lo segundo, porque la concusión está incluida en el listado de delitos excluidos de dicho beneficio en el artículo 38G de la Ley Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO 599 de 2000. Sin embargo, difirió la captura del implicado hasta la ejecutoria de la decisión. LA APELACIÓN El fallo de primer grado fue apelado por el defensor, quien pide su revocatoria y la absolución del procesado o, subsidiariamente, la invalidación del trámite.

1. Luego de disertar sobre la noción de testimonio de oídas (mediante la transcripción de un pronunciamiento de esta Sala que no cita y hace pasar por palabras propias) sostiene que lo demostrado en el juicio es que la supuesta entrega de dinero a MIER SOTELO no la habría hecho directamente César Coley, sino éste a través de Juan Pablo Payares Díaz.

Ciertamente, la Fiscal Luzmila Santís, al denunciar lo sucedido, dijo haber escuchado de César Antonio Coley Martínez que el implicado «le solicitó y recibió a través de un amigo en común la suma de 25 millones de pesos». Esto significa que aquél - César Coley Martínez - es, respecto de la exigencia concusionaria atribuida al procesado, un «testigo de oídas de segundo grado» cuya narración, entonces, no tiene más valor que el de «un rumor o creencia».

Quien sí sería testigo de la supuesta exigencia, en estas condiciones, sería Juan Pablo Payares Díaz, pero éste no ofreció ningún dato que incrimine a MIER SOTELO. Explicó que César Coley le debía una suma de Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO dinero que habia rehusado pagarle, por lo cual le hizo creer que tenía un amigo Fiscal (sin mención alguna del investigado) capaz de ayudarle con «una tramitología... dentro del proceso de trashumancia».

2. En un segundo acápite, y tras discurrir brevemente sobre el derecho de defensa y sus alcances, sostiene que la narración efectuada por la Fiscalía en la imputación y la acusación no contiene una descripción suficiente de las «circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que presuntamente... MIER SOTELO solicitó y recibió el dinero», esto es, una adecuada definición de los hechos jurídicamente relevantes. Sin embargo, afirma, ese vacío fue llenado por el a quo a partir de las pruebas practicadas en el juicio, de las que infirió que la conducta se habría cometido «entre los meses de septiembre y octubre de 2015». Ello, dice, no es admisible, no sólo porque lo hizo con fundamento en «testimonios de oídas», sino también porque de ese modo «asumió un rol de acusador». Así, se configuró una «flagrante violación del derecho de defensa y debido proceso, ya que se ha quebrantado el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, puesto que

en ningún momento procesal la Fiscalía logró determinar la fecha de la materialidad de la solicitud y recibimiento del dinero».

3. Seguidamente, el censor alude a la jurisprudencia de la Sala sobre la estructura de la concusión para afirmar «la atipicidad del delito sobre el cual recae la condena», en concreto, porque la Fiscalía no demostró «la metus Segunda instancia 60533

CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO publicae potestatis3, intrínseco elemento subjetivo perteneciente a la descripción del tipo». La primera instancia concluyó lo contrario porque, con base en un entendimiento sesgado de los precedentes pertinentes, entendió suficiente la solicitud de dinero por parte del servidor público para la configuración de la conducta punible.

4. En un acápite final examina «los errores... en la valoración probatoria» que, en su criterio, cometió el a quo.

Contrario a lo colegido por el fallador, afirma, no se demostró que MIER SOTELO haya hecho exigencia alguna a César Coley. Lo único acreditado es que éste entregó algún dinero a su amigo Juan Pablo Payares Díaz para que le asistiera en «una tramitología a nivel de la Fiscalía 15». Y aunque sí Luzmila Santís Martínez ofreció alguna información incriminatoria contra el implicado, su relato no es verosímil: es «ilógico» que «luego de haber transcurrido aproximadamente 3 años» esté en capacidad de narrar «con gran especificidad» lo que supuestamente escuchó del primero. Y es que, en todo caso, en la denuncia formulada el 3 de diciembre de 2015 Santís Martínez admitió que,

conforme lo narrado por César Coley, la supuesta exacción no se la habría hecho MIER SOTELO directamente sino a través de un tercero. Además, hay contradicciones entre 3 “Miedo a la condición de servidor público”. Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO los testimonios de las Fiscales Luzmila Santis y Carmenza Bustos, los cuales ni siquiera permiten entender con claridad cuál fue la oficina — si la de aquélla o la de éstaque el nombrado visitó cuando acudió a la Fiscalía para reclamar por el incumplimiento de lo prometido. Agrega que el Tribunal violó la sana crítica al sostener que el implicado le pidió a Coley Martínez retractarse de la incriminación elevada en su contra a cambio de devolverle el dinero, pues un funcionario con la experiencia y preparación del acá procesado tenía que saber que la concusión no admite el desistimiento. Critica, así mismo, que el A quo haya negado mérito a la versión de Juan Payares Díaz, quien explicó que él, para recuperar una suma que César Coley Martínez le adeudaba, le hizo creer a éste que tenía un conocido que podía ayudarle con una «tramitología» en la Fiscalía, pues fue claro y creíble al explicar tal proceder y dio cuenta del origen y cantidad del crédito; y aun de admitirse que lo relatado por este testigo es falso, no hay, de todas maneras, indicación alguna de que el dinero recibido de César Coley lo haya entregado al acusado.

En últimas, concluye, la Fiscalía no demostró la ocurrencia del delito ni la responsabilidad de TOMÁS EMILIO MIER, por lo cual pide que se case la sentencia impugnada y se le absuelva del cargo imputado. Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301

TOMAS EMILIO MIER SOTELO

NO RECURRENTES

1. La fiscal del caso intervino para pedir la confirmación de la sentencia impugnada.

Afirmó que Luzmila Santís Martínez, contrario a lo aducido por el recurrente, no es «testigo de oídas» porque declaró sobre «información que recibió de viva voz del señor César Coley Martínez», específicamente en cuanto éste le aseguró que «la suma entregada había sido veinticinco millones» y luego, en una segunda visita a su despacho, «que el señor fiscal TOMÁS EMILIO MIER SOTELO lo había contactado para decirle que le devolvería el dinero si le retiraba la denuncia». Igual sucede con Carmenza Bustos, quien recibió de Coley Martínez esa misma información y declaró al respecto. Esas pruebas, dijo, acreditan la ocurrencia del delito investigado y la responsabilidad del implicado, tanto más porque no se avizora en las nombradas ánimo alguno de faltar a la verdad en perjuicio suyo; y aunque esa versión pretendió refutarse con «toda una artimaña tendiente a sacar (al implicado) del escenario delictivo» descrita por Juan Pablo Payares Díaz, su declaración no tiene mérito suficiente para enervar la prueba de cargo. Agregó que de admitirse, en gracia de discusión, que

Luzmila Santís y Carmenza Bustos sí son testigos de oídas, sus declaraciones de todos modos podrían valorarse conforme las pautas establecidas por esta Corte en 10 Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO «sentencia 40702 de julio 24 de 2013», pues explicaron la fuente de su conocimiento y las condiciones y circunstancias en que lo adquirieron, máxime que sus dichos cuentan con respaldo en otros medios de conocimiento: de una parte, «los libros de ingreso a las dependencias de la dirección seccional de fiscalía... dándose cuenta que César Coley sí ingresó en las fechas y horas ampliamente reseñadas»; de otra, la estipulación No. 7, en la que se dio por cierto que la esposa de César Coley aspiró a la alcaldía de Galeras y perdió contra Remberto Amell Hernández. Frente al pedido subsidiario de nulidad, lo estimó infundado porque los hechos jurídicamente relevantes fueron precisados de manera adecuada en la imputación y la acusación.

2. También el delegado del Ministerio Público pidió la confirmación del fallo de primer grado.

En su opinión, «la argumentación del defensor no desvirtuó las pruebas de cargo», pues el a quo examinó detalladamente los elementos de conocimiento y, «haciendo usos de las técnicas judiciales de valoración del testimonio», descartó la tesis según la cual «Coley Martínez... fue engañado por su compadre». Aseveró que Luzmila Santís y Carmenza Bustos son

testigos de oídas «de primer grado», de manera que declararon sobre lo que escucharon directamente de quien 11 Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO «tuvo conocimiento directo de los hechos», lo cual «da mayor valor suasorio» a sus narraciones. Sostuvo, así mismo, que la imputación elevada contra MIER SOTELO fue clara, contiene una precisión aproximada de la fecha de los hechos y la descripción de las circunstancias modales de su comisión. En todo caso, el apelante no acreditó la trascendencia del supuesto yerro denunciado en ese ámbito. Finalmente, y contrario a lo aducido en la apelación, aseguró que la conducta del implicado sí actualizó el delito de concusión, pues «abusando de su cargo, solicitó la entrega de... dinero al sr. Coley Martínez y éste, al sentirse en una situación de desigualdad e indefensión... se despojó de esa suma de dinero».

CONSIDERACIONES

1. Preliminares. 1.1. Ninguna duda suscita la competencia de la Sala para decidir la apelación interpuesta por el defensor de TOMÁS EMILIO MIER SOTELO, toda vez que la sentencia impugnada fue proferida en primera instancia por un Tribunal Superior de Distrito Judicial. + Ley 906 de 2004, artículo 32, numeral 3.

12 Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO 1.2. La Corte abordara los reparos exteriorizados por

el recurrente en el orden que su alcance impone: se ocupará primero de la denunciada violación del derecho de defensa, pues la validez de la actuación constituye presupuesto del fallo de fondo; luego, de ser necesario, examinará las cuestiones probatorias involucradas en las censuras del impugnante.

2. Sobre la validez del trámite. 2.1. No se discute que la delimitación clara y univoca de los hechos jurídicamente relevantes comunicados en la imputación y la posterior acusación (esto es, aquéllos que se subsumen en las descripciones típicas relevantes, incluida la precisión de las circunstancias temporales, especiales y modales de su ocurrencia) constituye una obligación de la Fiscalía y un presupuesto de la indemnidad del debido proceso porque sólo así es posible para el implicado defenderse de los cargos. De ahí que su incorrecta fijación puede provocar la invalidación del trámite cuando el defecto es tal que impide a la persona investigada conocer los presupuestos fácticos cuya comisión se le atribuye y, por esa vía, oponerse razonablemente a la tesis de la acusación.

De ello se ha ocupado repetidamente la Sala mediante varios pronunciamientos a los cuales basta remitirse”. 5 CSJ SP, 8 mar. 2017, rad. 44599, citada en CSJ SP, 17 sep. 2019, rad. 53264; CSJ SP, 22 oct. 2020, rad. 54996; CSJ SP, 9 sep. 2020, rad. 52901; CSJ SP, 15 mar. 2023, rad. 59994; CSJ SP, 10 mar. 2021, rad. 54658.

13 Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO Sin embargo, en este caso, contrario a lo alegado por el recurrente, no se observa déficit en ese ambito, mucho menos alguno con la entidad suficiente para enervar la legalidad del procedimiento. En efecto, aunque la Fiscal del caso, al formular la imputación fáctica, incurrió en varios de los yerros sobre los cuales la jurisprudencia de la Corte habitualmente recaba al examinar cuestiones como la presente (en especial, el de confundir el contenido de evidencias y elementos de conocimiento con hechos jurídicamente relevantes), el relato allí efectuado de todas maneras permite comprender con claridad y sin asomo de confusión los cargos por los cuales MIER SOTELO fue vinculado al proceso. Esto es lo que en la diligencia preliminar (lo cual coincide, en lo esencial, con lo posteriormente exteriorizado en la acusación) comunicó al enjuiciado: «... se dispuso escuchar a la doctora Luzmila Santis... en entrevista... luego en declaración... en estas dos oportunidades la doctora Luzmila Santis Martinez... informó... que el día 3 de diciembre de 2015 fue abordada en su oficina... por el ciudadano... César Antonio Coley Martínez... bastante preocupado le manifiesta que un fiscal de la ciudad de Sincelejo se había ofrecido a colaborarle a él a cambio de la suma de $25.000.000 que supuestamente le iban a ser entregados a ella... concretamente $20.000.000 y los $5.000.000 a un juez de control de garantías de la ciudad de Sincelejo... con el

14 Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO propósito de que la doctora... solicitara una orden de captura contra un aspirante a la Alcaldía de... Galeras... de nombre Remberto Javier Amell... le manifestó que él había pagado esos $25.000.000.... en atención a que este ciudadano Amell era el contrincante político que tenía mayores posibilidades de ganar la Alcaldía de Galeras... donde la esposa del señor César Coley era también aspirante... indica la doctora Luzmila Santís Martínez que el señor César Coley le manifestó que al enterarse que el fiscal que le había solicitado los $25.000.000 y a quien se los había entregado... le había mentido, por cuanto su despacho, el despacho de la doctora Luzmila Santís, nunca solicitó la orden de captura..., pero además de eso... porque el señor Remberto Amell continuó en la contienda electoral... y ganó las elecciones... le informó el señor César Coley... que le había solicitado al doctor TOMÁS EMILIO MIER la devolución de los $25.000.000... el doctor le aseguró que el dinero ya había sido entregado a la doctora Luzmila Santís... la doctora Luzmila Santís le pregunta entonces al señor Coley... el nombre del fiscal y él le dice que se trata del doctor TOMÁS EMILIO MIER SOTELO... la doctora Luzmila Santís le dice que si está dispuesto a confrontar... a... MIER SOTELO... se van hasta (su) oficina... y... ese mismo día... lo requiere para que no enlode su nombre... salen de la oficina... la

doctora Luzmila Santís requiere al señor César Coley si está dispuesto a ratificar esa denuncia en presencia de la directora seccional... Carmenza Bustos... se dirigen de manera inmediata al despacho de la directora... y en presencia de... Carmenza Bustos Porto relata nuevamente... 15 Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO ... diez dias después del 3 de diciembre de 2015, es decir, el 14 de diciembre... llega nuevamente el senor César Coley Martinez a la oficina de... Luzmila Santis... se presenta... y le manifiesta que... TOMAS EMILIO MIER... se comunicó con él y le pidió que retirara la denuncia porque estaba en condiciones de devolverle los $25.000.000... entonces quería que la doctora Luzmila lo orientara... la doctora... le dice que no puede retirar ninguna denuncia...». En esa narración también se explicitó que la investigación contra Remberto Amell Hernández estaba a cargo de la nombrada Luzmila Santís, titular de la Fiscalía 15 Seccional de Sincelejo, y que la conducta atribuida a MIER SOTELO la habría realizado en condición de fiscal cuarto especializado de ese mismo municipio. No cabe duda, por ende, de la univocidad de los supuestos fácticos de relevancia jurídica comunicados al procesado: se trata, en concreto, de que, en ejercicio abusivo de su investidura pública, habría solicitado a César Coley Martínez la suma de $25.000.000 para lograr una decisión favorable a sus intereses en el trámite que

contra Amell Hernández adelantaba su colega Santís Martínez. Esos referentes de hecho colman los ingredientes del delito imputado conforme aparece tipificado en el artículo 404 de la Ley 599 de 2000. Lo que en esencia reprocha el apelante es la indefinición de las «circunstancias de tiempo, modo y lugar 16 Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO en las que presuntamente... MIER SOTELO solicitó y recibió el dinero», y aunque es verdad, según se dijo antes, que la correcta formulación de los hechos jurídicamente supone la descripción de las condiciones de su ocurrencia, no por estar difusas estas se configura necesariamente una violación del debido proceso. La carga que tiene la Fiscalía de delimitar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos jurídicamente relevantes no es absoluta; su alcance depende de las circunstancias de cada caso y debe examinarse bajo parámetros de razonabilidad. Así lo ha sostenido la Sala: «Secundario a ello sigue la precisión temporal, espacial y modal de los comportamientos fácticos imputados, la cual, aunque no corresponde en estricto sentido a la noción de hecho jurídicamente relevante, constituye presupuesto para la adecuada defensa. Por ejemplo, para imputar a una persona el homicidio de Juan basta comunicarle que «mató a Juan». Pero a esa escueta narración, aunque corresponda en todo a los hechos jurídicamente relevantes para el delito contra la vida, debe sucederle la precisión circunstancial de los mismos, pues de lo contrario la posibilidad de oponer a

dicho cargo una tesis defensiva razonable y plausible quedaría anulada. Compete a la Fiscalía, por ende, 17 Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO exponer también cuándo, cómo y dónde se habría producido ese suceso. Así lo tiene decantado la Sala. Pero el grado de definición modal, temporal y espacial de los hechos jurídicamente relevantes que debe lograr la Fiscalía para tener por satisfecha la carga de comunicarlos con «precisión y univocidad» depende de cada caso concreto y ha de juzgarse con base en criterios de razonabilidad, atendiendo las singularidades del trámite y en consideración a los efectos que el mayor o menor grado de detalle pueda tener en la indemnidad del debido proceso y el derecho de defensa. Si el suceso criminal auscultado corresponde a un único homicidio, es obvio que la Fiscalía debe, además de definir con claridad los hechos que se subsumen esa descripción típica, circunstanciar con un alto grado de rigor cuándo se cometieron, en qué lugar y de qué modo. Pero si, en cambio, el evento delictivo corresponde a un concurso de agresiones sexuales perpetradas contra un menor de edad en un lapso prolongado, es irrazonable exigir idéntico nivel de precisión en la descripción de los comportamientos»”. Visto lo anterior, y en atención a las singularidades de este asunto, la Corte no observa que la Fiscalía haya faltado, mucho menos de una manera sustancial que pueda afectar el derecho de defensa, a su deber de detallar las condiciones de ocurrencia de los hechos jurídicamente

5 Por ejemplo, y entre otras, CSJ SP, 10 mar. 2021, rad. 54658. Igualmente, CSJ SP, 8 mar. 2017, Rad. 44599. 7 CSJ SP, 19 jul. 2023, rad. 58147. 18 Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO relevantes: las precis6 dentro de lo que le era razonablemente posible, considerando que la información de los sucesos no provino directamente de César Coley sino de las fiscales Santis Martínez y Bustos Porto, y que hechos como el acá investigado suelen cometerse en condiciones de secretismo para eludir la percepción de terceros. En efecto, la funcionaria ubicó cronológicamente el evento de manera aproximada (en fecha cercana a las elecciones locales del año 2015, las cuales se celebraron el 25 de octubre) y relató las condiciones modales de su acaecimiento, incluso allende lo exigido por la descripción típica estrictamente considerada, indicando el monto de lo solicitado y entregado, la manera en que el dinero habría de repartirse y la finalidad con la cual se habría hecho la ilícita solicitud. Lo único que se echa de menos en la narración de la Fiscalía es la definición del lugar de ocurrencia de los eventos investigados. Sin embargo, el recurrente no explica - ni la Corte lo advierte — cómo o por qué ese vacío afectó el debido proceso, es decir, de qué manera la imprecisión espacial aludida habría dificultado o imposibilitado el ejercicio de la defensa y la formulación de

una tesis plausible para resistir la acusación. Tampoco explicó el recurrente por qué la definición exacta de las circunstancias espaciales de la conducta atribuida a TOMÁS EMILIO MIER era esencial para la 19 Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO adecuada definición de los hechos jurídicamente relevantes: aunque tal precisión puede ser inherente a algunas infracciones criminales (por ejemplo, a la pesca ilegal, en cuando se comete por capturar especies acuáticas «en áreas de reserva» , en la descripción típica de la concusión no hay ningún elemento descriptivo o normativo que haga ineludible la definición exacta de su lugar de ocurrencia. Por supuesto, no deja de ser deseable que la Fiscalía, en cuanto le sea razonablemente posible, la indique, pero no se percibe que el vacío identificado en este caso configure una irregularidad capaz de provocar la invalidez de la actuación. La queja, en síntesis, no tiene fundamento. 2.2. Similar sucede con la alegada violación del principio de congruencia. La Sala no rebate que las sentencias deben respetar el núcleo fáctico de la imputación y la acusación, esto es, que deben proferirse por los mismos hechos jurídicamente relevantes por los cuales la persona implicada fue vinculada al proceso y llamada a juicio; así lo prevé inequívocamente el artículo 448 de la Ley 906 de 2004 (con el condicionamiento contenido en la sentencia C - 025 de 2010) y lo ha reconocido la jurisprudencias.

Sin embargo, la premisa procesal en la que se soporta el reparo formulado a este respecto por el defensor no es cierta: los presupuestos fácticos de relevancia típica 8 Recientemente, y entre muchas otras, 7 jun. 2023, rad. 56244. 20 Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301 TOMAS EMILIO MIER SOTELO reconocidos por la primera instancia son precisamente los mismos por los cuales TOMAS EMILIO MIER SOTELO fue imputado y acusado. El Tribunal lo declaró responsable tras hallar demostrado que «valiéndose de su condición de fiscal le solicitó a César Coley Martínez 25 millones de pesos a cambio de obtener la captura de Remberto Amell, contrincante de su esposa en las elecciones de la alcaldía de Galeras, Sucre». Y si bien es cierto que la corporación concluyó que ello sucedió «en el año 2015, en los meses de septiembre u octubre», no se entiende cómo ello supondría un quebrantamiento de la congruencia: de una parte, porque ese fue precisamente el marco temporal en el cual la Fiscalía ubicó los hechos al formular la imputación, esto es, una fecha anterior y cercana a las elecciones locales de 2015, las cuales, se repite, tuvieron lugar el 25 de octubre; de otra, porque en todo caso la afirmación de una data distinta de la indicada en la comunicación de cargos no implicaría una modificación de los hechos jurídicamente relevantes sino de una de sus circunstancias, la cual, en este asunto, resulta enteramente accidental. Por lo expuesto, la Corte no accederá a la invalidación

reclamada. 9 Fs. 388 y 389, c. 1. 21 Segunda instancia 60533 CUI 70001600103720150172301

TOMAS EMILIO MIER SOTELO

3. Sobre la responsabilidad de TOMAS EMILIO

MIER SOTELO.

La Sala anticipa que revocara la sentencia de primera instancia y absolvera al implicado, no por las razones invocadas en la apelación, sino debido a un problema previo y preeminente que, dicho sea de paso, hace innecesario el estudio de las quejas concretas del defensor: el A quo, como consecuencia de un entendimiento equivocado de las categorías probatorias propias del sistema de enjuiciamiento criminal de la Ley 906 de 2004, condenó a MIER SOTELO con fundamento en declaraciones producidas por fuera del juicio que se aportaron ilegalmente al proceso. Véase: 3.1. La prueba, conforme el inequívoco te