CSJ - SP1147-2022(60411)

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente SP1147-2022 Radicación n° 60411 (Aprobado Acta No. 076) Bogotá D.C., seis (06) de abril de dos mil veintidós (2022). ASUNTO Resuelve la Sala los recursos de casación interpuestos por el apoderado de la parte civil y la Procuradora 353 Judicial II Penal de Barranquilla, contra la sentencia del 9 de abril de 2021, proferida por la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, que revocó la emitida el 29 de mayo de 2019, mediante la cual, el Juzgado Once Penal del Circuito de la misma ciudad condenó a Silvia Beatriz Gette Ponce por el delito de abuso de confianza calificado y agravado. C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce HECHOS Silvia Beatriz Gette Ponce, fungió como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe entre el 4 de noviembre de 2003 y el 6 de agosto de 2013, fue presidenta del Consejo Directivo, de la Sala General y del Consejo Administrativo y Financiero de la Universidad. Entre noviembre y diciembre de 2006, Adriana Espinosa Solano, nombrada asesora de marketing de la Uniautónoma, contactó a Pedro Eliseo Gracia Quintero y Diego Fernando Guerrero Zambrano, propietario de la compañía DFG FINANCIAL SERVICES, quienes expusieron frente a la entonces rectora, Silvia Beatriz Gette Ponce, Orlando Saavedra Magri, director financiero, Paul Eduardo

García Visbal, decano de arquitectura, David Matos Castañeda, representante legal de la universidad, todos ellos miembros de la Sala General y Patricia Pinilla Muñoz, secretaria general, un proyecto exclusivo y confidencial para la obtención de cuantiosos réditos en el extranjero, mediante la colocación de un capital inicial en bancos americanos o europeos que sería invertido por un operador financiero canadiense, identificado como Tonny Farhat, en documentos representativos de deuda redimibles a mediano plazo. La inversión, aparentemente, estaría destinada a procurar recursos para ampliar y modernizar la infraestructura de la Universidad Autónoma del Caribe, con ocasión de sus 40 años de fundación. Dentro de esa opción 2 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce de financiamiento, según los proponentes, se requería un millón de dólares estadounidenses (USD $1.000.000) en una cuenta bancaria internacional, en cualquiera de los bancos que integraban el Top 25 de mayor prestigio, listado también aportado por los expositores, dado que facilitaban plataformas de intercambio o “Trading”. La cuenta, según ellos, podía estar a nombre de la universidad o de alguno de sus directivos. En esa reunión, supuestamente, se acordó que Silvia Beatriz Gette Ponce ofrecía sus cuentas personales, con el fin de realizar la inversión con mayor agilidad. El 13 de febrero de 2007, el entonces director financiero de la Universidad Autónoma del Caribe, Orlando Saavedra Magri, en ejercicio de sus facultades estatutarias, transfirió

USD$1.006.000 desde la cuenta corriente de la institución en el Banco de Crédito de Barranquilla No. 201-24002-5 con destino al Helm Bank de Miami, con lo cual se dio apertura a la cuenta corriente A/C 1040112193 en esa misma sucursal. Movimiento que fue conocido por la rectoría, dado que se requirió su aval para ello. Para la administración de esta cuenta en el exterior, el director financiero autorizó su firma, la del representante legal y la de Silvia Beatriz Gette Ponce, como rectora del claustro educativo. Sólo ella realizó los trámites pertinentes ante el Helm Bank en Miami para disponer del mencionado producto financiero. La cuenta corriente en mención 3 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce funcionaría bajo la modalidad de cuenta colectiva, esto es, cualquiera de las firmas autorizadas podía disponer de los recursos depositados, toda vez que no se exigía su concurrencia. Encontrándose consignada la suma de un millón seis mil dólares estadounidenses (USD $1.006.000) en la cuenta corriente A/C 1040112193 que tiene la Universidad Autónoma del Caribe en el Helm Bank de Miami (Florida), la entonces rectora, Silvia Beatriz Gette Ponce, prevalida de la autorización conferida a su firma, trasladó la suma de un millón de dólares estadounidenses (USD $1.000.000) de dicha cuenta a una de su propiedad en el Wachovia Bank, también en Estados Unidos, referenciada con el No. 1010166576438. El mencionado traslado de divisas tuvo lugar el 20 de

febrero de 2007, cuando Gette Ponce libró un cheque a nombre del Helm Bank de Miami por ese valor y, a su vez el mismo banco expidió un cheque de gerencia a su favor, siendo entonces ese instrumento negociable o título valor el que la procesada depositó en su cuenta corriente personal, en el Wachovia Bank. La rectora de la Uniautónoma comunicó a Pedro Eliseo Gracia Quintero y Diego Fernando Guerrero Zambrano que el proyecto de inversión había sido avalado por la entidad, de manera que contaba con el capital inicial que se requería para iniciar el proyecto, a fin de obtener recursos, a título de 4 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce beneficios. Les informa que dicho capital se lo había entregado la universidad en calidad de préstamo y que de ello tuvieron conocimiento los órganos colegiados de la casa de estudios. A continuación, supuestamente, se iniciaron una serie de trámites orientados a la ejecución del proyecto de obtención de recursos en el extranjero, participando de ellos Silvia Beatriz Gette Ponce, Pedro Gracia Quintero, Diego Fernando Guerrero Zambrano y funcionarios de la institución educativa como fueron Adriana Espinosa Solano, Paul Eduardo García Visbal y Patricia Pinilla Muñoz. Al proyecto se le dio la denominación de “Proyecto Universidad Autónoma del Caribe: 40 años formando lideres para el país”. Estando el capital depositado en la cuenta personal de Gette Ponce en el Wachovia Bank, a finales del mes de agosto de 2007, fue transferido al banco Liechtensteinische Landesbank en Zurich (Suiza), donde se dio apertura de una

cuenta a su nombre. Lo anterior, según la procesada, dado que por gestiones del corredor internacional Tonny Farhat, el 4 de agosto de 2007 celebró un contrato con la empresa Trasatlantic Energy Corporation –Transaction Code: TEC-SBG/08-07/F-DIM-, dedicada al “trading”, que le exigió trasladar el capital al Liechtensteinische Landesbank, toda vez que, al parecer, la sociedad tenía sus movimientos de dinero en ese banco de Zúrich. 5 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce Después de supuestas negociaciones infructuosas con la empresa en mención, Silvia Beatriz Gette Ponce transfirió el USD$1.000.000 al HSBC de Hong Kong (China), en octubre de 2008, a una cuenta bancaria de propiedad de TOYOHAMA LIMITED, entidad representada por Tonny Farhat, pues según este operador existían mejores programas de inversión en China y las negociaciones serían más fáciles si el dinero estaba bajo su administración directa. Finalmente, aunque se dice que el dinero fue invertido por el ciudadano canadiense en el arriendo de unos bonos históricos en México y Alemania, por intermedio de una fundación de éste, no brindó información concreta, alegando la confidencialidad de dichas negociaciones. Por consiguiente, a la fecha no se tiene certeza sobre la existencia de Tonny Farhat, a quien nadie ha visto ni conoce su ubicación concreta, ni se tiene noticia del millón de dólares estadounidenses (USD $1.000.000) que, en febrero de 2007, Silvia Beatriz Gette Ponce, como rectora de la

Universidad Autónoma del Caribe, retiró de la cuenta de la institución educativa en Miami, gracias a que había sido autorizada con su firma para administrar dicho producto financiero.

ACTUACIÓN PROCESAL

1. Con ocasión de la denuncia promovida por la Universidad Autónoma del Caribe, el 27 de enero de 2014 la

6 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce Fiscalía 42 Seccional dispuso el inicio formal de investigación previa.1 El 8 de abril siguiente, Silvia Beatriz Gette Ponce rindió versión libre.2

2. Designado el asunto a la Fiscalía 35 de la Unidad Antinarcóticos y de Lavado de Activos3 el 20 de octubre de 2014, dio apertura a la correspondiente instrucción4. El 30 de octubre siguiente Silvia Beatriz Gette Ponce fue vinculada mediante indagatoria5 por el cargo de hurto calificado agravado. Fue escuchada en ampliación el 12 de diciembre de 20146, oportunidad en la que el ente acusador varió la imputación por el delito de abuso de confianza calificado con circunstancias de agravación punitiva.

3. El 26 de diciembre de 2014 la fiscalía resolvió la situación jurídica de la procesada mediante imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como presunta autora del delito de abuso de confianza agravado7.

Determinación confirmada en decisión del 22 de mayo de 2015 por la fiscalía delegada.8

4. Dispuesto el cierre de la investigación, mediante

resolución del 14 de julio de 2015, la Fiscalía 35 Especializada acusó a Silvia Beatriz Gette Ponce como presunta responsable del delito de abuso de confianza 1 Cuaderno original fiscalía No. 1. Fls. 96 a 98. 2 Ibídem. Fls. 140 a 147. 3 Cuaderno original fiscalía No. 2. Fl. 221. 4 Ibídem. P. 266 a 269. 5 Cuaderno original fiscalía No. 3. Fls. 142 a 160. 6 Cuaderno original fiscalía No. 4. Fls. 50 a 52. 7 Cuaderno original fiscalía No 5. Fls. 1 a 24. 8 Cuaderno “apelación medida de aseguramiento”. Fls. 12 a 67. 7 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce calificado y agravado (Arts. 250-4 y 267-1 originales de la Ley 599 de 2000)9, cobrando ejecutoria el 23 de julio siguiente10.

5. Correspondió el proceso al Juzgado Séptimo Penal del Circuito Causas Mixtas de Barranquilla, quien descorrió el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 11 de agosto de 201611.

6. La audiencia pública de juicio se llevó a cabo en sesiones del 21 de septiembre12, 1º y 2 de noviembre13 de 2016, 114 y 215 de febrero, 516 y 617 de abril y 518 de junio de

2017.

7. El 29 de mayo de 201919, el juzgado de conocimiento

profirió sentencia mediante la cual condenó a la acusada a la pena principal de ciento ocho (108) meses de prisión y multa de setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la privación de la libertad, tras encontrarla penalmente responsable del delito de abuso de confianza calificado y agravado. 9 Cuaderno original fiscalía No. 6. F. 131 a 173. 10 Ibídem. F. 188 y 189. 11 Cuaderno No. 1 del juzgado de primera instancia. F.266 a 268. 12 Cuaderno No. 2 del juzgado de primera instancia. F.2 a 11. 13 Ibídem. F. 247 a 275. 14 Cuaderno No. 3 del juzgado de primera instancia. F.1. 15 Ibídem. F.2. 16 Ibídem. F.70. 17 Ibídem. F. 71. 18 Ibídem. F. 95 a 185. 19 Ibídem. F. 400 a 510. 8 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce Le negó los subrogados penales de suspensión condicional de la ejecución de la pena, prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión y libertad condicional. La condenó, igualmente, al pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a un millón de dólares estadounidenses (USD $1.000.000), debidamente indexados a la fecha del pago o su equivalente en salarios

mínimos legales mensuales vigentes en Colombia.

8. Apelada la decisión por la defensa, el 9 de abril de 202120 la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla revocó la sentencia impugnada y, en su lugar, absolvió a Silvia Beatriz Gette Ponce. Respecto al fallo aprobado por la mayoría, se presentó una aclaración y un salvamento de voto21.

9. Inconformes con la decisión, el apoderado de la parte civil22, la Procuradora 353 Judicial II Penal de Barranquilla23 y la Fiscalía 12 Especializada24 promovieron recurso

20 Cuaderno del Tribunal – Libro No. 8 de procesos de 2ª instancia/2018-2019. Fls. 23 a 38. 21 El magistrado que aclaró el voto precisó que, de los argumentos expuestos en la sentencia de segunda instancia, la atipicidad relativa es el que más comparte. Destacó que, a su juicio, los hechos descritos en la acusación encuadran perfectamente en el hurto agravado por la confianza, toda vez que el apoderamiento realizado por la acusada tiene un demarcado acento fáctico. Por ello, dijo estar de acuerdo con la única opción que tenía el fallador, cual era absolverla del delito de abuso de confianza calificado y agravado, pues acudir a la variación de la calificación por el hurto agravado no era atendible, toda vez que comporta una pena más grave en comparación con el delito por el cual se calificó el mérito del sumario e implica desconocer el núcleo fáctico por la diferencia sustancial de los verbos rectores que describen

cada conducta. El salvamento de voto estuvo sustentado por el magistrado disidente en su anuencia con la condena impartida por la primera instancia contra la procesada por el delito de abuso de confianza calificado y agravado. 22 Carpeta “Tribunal”. Subcarpeta 08. Casación víctima Dr. Largacha. Archivo PDF: recurso de casación. 23 Carpeta “Tribunal”. Subcarpeta 12. Recurso casación Ministerio Público. Archivo PDF: Recibido recurso casación. 24 Carpeta “Tribunal”. Subcarpeta 14. Fiscal12 Especializada interpone casación. Archivo PDF: 2019 00115 recibido de Fiscal Katherine. 9 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce extraordinario de casación, concedidos en auto del 17 de junio de 202125 proferido por el Tribunal. No obstante, en proveído del 1º de octubre siguiente, el recurso presentado por la Fiscalía fue declarado desierto26.

10. Mediante auto del 19 de octubre de 2021, la Corte declaró que las demandas de casación presentadas por el apoderado de la parte civil y el Ministerio Público estaban ajustadas a los requisitos mínimos legales. Por consiguiente, corrió traslado a la Procuraduría Delegada en lo Penal para que rindiera el respectivo concepto.

11. El 2 de febrero de 2022, el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal allegó el concepto.

LAS DEMANDAS

1. Apoderado de la Universidad Autónoma del Caribe, como parte civil.

El censor invoca la causal 1ª del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, en atención a que el Tribunal incurrió en error de hecho al momento de apreciar el acervo probatorio, por falso raciocinio. 25 Carpeta “Tribunal”. Subcarpeta: 17. Auto concede casación. Archivo PDF: Auto concede recurso casación 600 2ª instancia 2019 00115 P CR Silvia G aprobado. 26 Carpeta “Tribunal”. Subcarpeta: Auto desierta casación, extemporánea. Archivo PDF: P2019_115_GETTE_ACLARACIÓN. 10 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce Refiere que en el fallo de segunda instancia se tuvo por demostrado que la acusada, como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, transfirió a su cuenta personal dineros de propiedad de la institución educativa que se encontraban en la cuenta bancaria del Helm Bank, sin contar con la autorización de la Sala General, es decir, que se había apropiado de los recursos confiados como administradora de la universidad. No obstante, desconociendo sus propios hallazgos, tuvo por plausible la tesis de la defensa, pese a que era insostenible. En ese sentido, cuestiona que el ad quem haya tenido por creíble la teoría de descargo, consistente en que las acciones de la procesada fueron producto de labores tendientes a obtener créditos en el exterior para la ampliación del centro educativo, tras haber sido autorizada por las directivas de la casa de estudios, cuando lo cierto es que existían pruebas suficientes para afirmar que no fue habilitada para ello.

Según el demandante, está acreditado que Gette Ponce, como gerente de la Universidad Autónoma del Caribe, ordenó a Orlando Rafael Saavedra Magri, entonces director financiero, transferir el dinero entre dos cuentas bancarias de la institución, una de ellas en Miami –en lo que no habría irregularidadpara luego remitir esos recursos a una cuenta personal. En ese sentido, como el dinero salió del patrimonio de la universidad, era necesaria la autorización de las directivas, ausente en el caso concreto. 11 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce Agrega a lo expuesto que la apertura de la cuenta corriente en la entidad bancaria extranjera obedeció, únicamente, al propósito de pagar las importaciones que realizaba la universidad de manera directa. Por consiguiente, no es cierto que la cuenta fue abierta con ocasión del proyecto de modernización que, supuestamente, adelantó Silvia Beatriz Gette Ponce. Con respecto a la extrañeza que expuso el Tribunal, en punto a que la denuncia fue presentada 6 años después de ocurrido el movimiento financiero irregular, destaca apartes del testimonio de Orlando Rafael Saavedra Magri para concluir que lo relativo al cheque de gerencia emitido por el Helm Bank en Miami fue escondido por los órganos directivos financieros, en favor de la acusada, sin que ello pueda eximirla de responsabilidad. Asimismo, refiere la declaración de Libardo Polo Camargo, auditor interno y revisor fiscal, según el cual solo tuvo conocimiento del traslado del dinero cuando solicitaron al Helm Bank de Barranquilla brindar detalles de la

transacción en el 2013, pues hasta ese entonces los movimientos bancarios eran desconocidos para la Universidad Autónoma del Caribe. Contrario a lo expuesto por la segunda instancia, considera el libelista que carece de asidero la postulación de la defensa y la procesada consistente en que las actas de la asamblea general de la universidad fueron destruidas, 12 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce sustraídas y alteradas, constando en ellas la autorización echada de menos, dado que tal atestación fue desvirtuada por el informe pericial del 18 de noviembre de 2014, suscrito por el documentologo y grafólogo Jorge Armando Amorocho Medina, según el cual, no existió alteración en el libro de actas de la entidad. Estima que el ad quem erró cuando sostuvo la existencia de una atipicidad relativa del abuso de confianza calificado y agravado por el que Silvia Beatriz Gette Ponce fue acusada, a causa de la supuesta configuración del hurto agravado por la confianza. A propósito de lo anterior, explica que la cuenta bancaria AC1040112193 de la Universidad Autónoma del Caribe fue creada el 13 de febrero de 2007, como resultado de las gestiones de Orlando Rafael Saavedra Magri, director financiero de la entidad desde el 2006 hasta 2008 quien, además, gestionó la trasferencia del millón de dólares desde la cuenta corriente # 201-24002-5 del Banco de Crédito, sede Barranquilla, con destino a la cuenta extranjera, de donde fueron apropiados por la acusada, pese a que ella solo podía

autorizar gastos de manera libre con los recursos universitarios en no más del equivalente a 50 s.m.l.m.v., de manera que, para sobrepasar ese monto, requería la autorización de la Sala General. Por consiguiente, aun cuando la entonces rectora tenía la administración de los recursos de la universidad, debía 13 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce someterse a las disposiciones de los estatutos generales, toda vez que los dineros le habían sido confiados a título no traslaticio del dominio, pues estos aún hacían parte del patrimonio de la institución educativa. Destaca que la calidad de la procesada, como miembro de la Sala General y del Consejo Directivo, integrante del Consejo Administrativo y Financiero, presidente de la corporación y rector o delegatario del Consejo Directivo en la dirección de la Universidad, le permitió disponer material y jurídicamente del dinero que se encontraba en la cuenta bancaria de la universidad, junto con Orlando Rafael Saavedra Magri, como director financiero. Disiente, de otra parte, de la forma como el Tribunal realizó el estudio de la prescripción de la acción penal, pues no tuvo en la cuenta que la conducta punible había sido cometida en el extranjero. Las declaraciones rendidas por Silvia Beatriz Gette Ponce, como el contenido del cheque de gerencia # 017189 expedido por el Helm Bank de Miami en nombre de la procesada como persona natural y que, luego, ingresó a su cuenta corriente # 1040112193, eran insumos suficientes para arribar a esa conclusión, toda vez que el cobro

del título valor solo lo podía realizar la encausada, “en el lugar donde se disponga el equivalente en efectivo”. Por consiguiente, estando acreditado que el actuar delictivo de la enjuiciada se consumó en los Estados Unidos, el término prescriptivo incrementaba, de manera que la acción 14 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce penal no se extinguió para el 24 de julio de 2020, como lo declaró el Tribunal. En ese orden de ideas, solicita se case la sentencia proferida por el Tribunal y, en su lugar, se ratifique la de primera instancia.

2. Procuradora 353 Judicial II Penal de Barranquilla: Formula tres (3) cargos al amparo de la causal 1ª del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, por violación indirecta de la ley sustancial. 2.1. Falso juicio de identidad por distorsión.

Cuestiona que el Tribunal haya concluido que no existió prueba de la comisión del delito en el extranjero al momento de contabilizar el término de prescripción, siendo que en el fallo cuestionado tuvo por acreditado que la trasferencia realizada por Silvia Beatriz Gette Ponce tuvo su origen en la cuenta Helm Bank de la Universidad Autónoma, en Colombia, con destino a la cuenta de la misma casa de estudios, pero en Estados Unidos, para luego ser transferida nuevamente por la procesada al Wachovia Bank de Miami (Estados Unidos). En ese sentido, explica la censora que el dinero salió de la esfera patrimonial de la universidad en Estados Unidos, “donde el alma mater tenía también cuenta en el Banco Helm

Bank de Miami”, según los extractos de la cuenta corriente AC 15 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce 1040112193 de ese banco, abierta el 13 de febrero de 2007 con la suma de $2.229.959.600. Ratifica lo expuesto con la certificación emitida por el Wachovia Bank de Miami, según la cual, el 21 de febrero de 2007, Gette Ponce abrió la cuenta # 1010166575853 en la que depositó el millón de dólares retirado de la cuenta AC1040112193 del Helm Bank de Miami, cuyo titular era la Universidad Autónoma. Por consiguiente, estima que la conducta punible se materializó cuando el dinero salió de la cuenta que la universidad tenía en Miami, con destino a la cuenta personal de la procesada, también en Miami. A causa de la inadecuada apreciación de las pruebas, destaca que el ad quem no aplicó el penúltimo inciso del artículo 83 del C.P. que incrementa el término prescriptivo para los delitos que hubieren iniciado o consumado en el exterior. De haberlo hecho, habría concluido que la prescripción de la acción penal para el delito de abuso de confianza calificado y agravado se cumple el 23 de abril de 2022, en lugar del 24 de julio de 2020, como finalmente declaró. 2.2. Falso juicio de identidad por tergiversación. Según la recurrente, el Tribunal alteró el contenido de varias pruebas para arribar a una conclusión errada, cual es que la procesada tenía un manejo limitado de los recursos de 16 C.U.I. 08001310400720150020604

N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce la universidad y, por ello, carecía de la facultad para realizar dicha maniobra financiera. A propósito de ello, recuerda que para el 2007 la acusada fungió como rectora, presidente del consejo directivo de la universidad, de su Sala General y de su consejo administrativo y financiero, de conformidad con el Estatuto General de la Universidad Autónoma del Caribe – Acuerdo No. 231-01del 5 de diciembre de 2003, queriendo decir, que la encausada sí tenía el control de los dineros de la casa de estudios, tal como fue certificado por Jesús David Pantoja Mercado, Secretario General de la universidad. Asimismo, pretermitió el ad quem que, para la apertura de la cuenta bancaria AC 1040112193 en el Helm Bank de Miami, cuyo titular era la Universidad Autónoma del Caribe, se autorizó la modalidad de firmas independientes para el manejo de los recursos, estando la procesada registrada para esos fines, junto con Orlando Rafael Saavedra Magri, entonces director financiero de la entidad. Por tanto, era evidente que la acusada tenía la administración y control pleno de los dineros, sin límite alguno, al punto de poder librar cheques sin requerir firma adicional a la suya, como rectora de la institución. Por consiguiente, concluye que la lectura completa de los elementos de convicción habría permitido al Tribunal declarar que Silvia Beatriz Gette Ponce actuó irregularmente cuando, de manera abusiva, giró un millón de dólares a su cuenta en Estados Unidos, pues como representante legal de la

17 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce universidad tenía la facultad legal para administrar todos los bienes que formaban el patrimonio de la fundación, entre ellos, las cuentas bancarias. Ese yerro indirecto en la apreciación de la prueba incidió en la indebida aplicación de los artículos 239 y 241, numeral 2º, del C.P., así como en la falta de aplicación de los artículos 250 y 267, numeral 1º, del mismo cuerpo normativo. 2.3. Falso raciocinio. La recurrente reprocha que el Tribunal haya avalado, vagamente, la tesis de la defensa consistente en que Silvia Beatriz Gette Ponce procuró obtener créditos en el exterior para ampliar el centro educativo con ocasión de autorización previa emitida por las directivas de la universidad. También en que el fallador haya ratificado la anterior acepción en que solo hasta el 2013 fueron denunciados los hechos, y no en el 2007, cuando ocurrió la trasferencia, como si existiera una tácita anuencia de la institución. Considera que fueron desconocidas las reglas de la sana crítica, lógica y experiencia, toda vez que la acusada, como entonces rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, hizo parte de los máximos órganos representativos de la institución hasta su destitución, el 18 de septiembre de 2013. Por ende, surge con claridad que solo hasta esa data, cuando la encartada fue excluida de la universidad y dejó de manejar los hilos de la institución, se tuvo conocimiento de los

18 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce movimientos financieros irregulares, razón por la cual sus sucesores en el cargo directivo interpusieron la denuncia respectiva. De otra parte, expone que si, en efecto, Gette Ponce había sido autorizada para obtener créditos en la banca internacional, ello implicaría que también tenía la disposición jurídica de los dineros contenidos en las cuentas bancarias de la universidad, tesis a la que se opuso la defensa y con fundamento en la cual debió el ad quem confirmar la condena. Por ello, el Tribunal aplicó indebidamente los artículos 7º, inciso 2º, de la Ley 600 de 2000 y 29, inciso 4º, de la Constitución, para dejar de lado el artículo 232 del citado código de procedimiento, pese a que existía certeza de la conducta punible y de la responsabilidad de la acusada.

DEL NO RECURRENTE.

El defensor de Silvia Beatriz Gette Ponce comenzó por cuestionar la extemporaneidad en la concesión del recurso de casación. Indicó que aun cuando promovió recurso de reposición contra el auto del 17 de junio de 2021 en ese sentido, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla no se pronunció al respecto. Considera que la norma aplicable al trámite del recurso de casación es la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 210 de la Ley 600 de 2000, según la cual debe interponerse 19 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411

Casación Silvia Beatriz Gette Ponce dentro de los 15 días siguientes a la última notificación de la sentencia de segunda instancia y la demanda, en los 30 días siguientes. En el caso concreto, precisa, la notificación se cumplió el 23 de abril de 2021, de acuerdo con el correo electrónico que se elaboró para las partes. Por consiguiente, ya había fenecido la oportunidad legal para cuando se interpusieron los recursos extraordinarios. Incluso, destaca que aun cuando se partiera del día señalado en la constancia secretarial del Tribunal -25 de mayo de 2021-, también habrían sido inoportunos. Tras citar el contenido del auto del 10 de diciembre de 2014, con radicado 42242, proferido por esta Corte, solicita se declaren extemporáneos los recursos de casación presentados contra la sentencia de segunda instancia. De otra parte, afirma que la demanda radicada por la Procuradora 353 Judicial Penal II no cumple con los presupuestos de lógica y debida fundamentación pues, frente al primer cargo, se abstuvo de demostrar que el Tribunal tergiversó el contenido objetivo de la prueba, sumado a que expuso conclusiones que no se corresponden con su contenido. Aunque la demandante, explica, afirmó que el delito fue cometido en el extranjero por la radicación de las cuentas bancarias, no demostró en qué consistió la tergiversación denunciada. Reprocha que el concepto de apropiación 20 C.U.I. 08001310400720150020604 N.I. 60411 Casación Silvia Beatriz Gette Ponce indebida “no puede argumentarse bajo el giro material del dinero entre cuentas bancarias”, como lo señala el Ministerio

Público, porque fue en Colombia donde los directivos de la universidad autorizaron la trasferencia del dinero de una cuenta a otra. Es más, de admitirse la postura en mención, resultaría cuestionada la competencia de los jueces nacionales para juzgar la conducta punible, pues si el despojo operó como lo relata la libelista, los tribunales extranjeros serían los competentes para investigar y juzgar el delito. Considera que la representante del Ministerio Público asimiló el