CSJ - SP1151-2024(63799)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO Magistrado ponente SP1151-2024 Radicación 63799 Acta 115 Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

VISTOS: La Corte resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía delegada contra la sentencia del 23 de febrero de 2023 —leida el 30 de marzo del mismo año— proferida por la sala mayoritaria de la Sala Especial de Primera Instancia, por medio de la cual se absolvió a FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES del cargo de falsedad ideológica en documento público en la modalidad de delito continuado, por el cual fue convocada a juicio.

HECHOS:

1. FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES fue designada Cónsul General en el Consulado de Colombia en Santiago de CUI 11001600010220080001802

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FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES Chile (Chile), mediante Decreto 3810 de 1° de noviembre de

2006. Tomó posesión del cargo el 16 de enero de 2007 y, ejerció las funciones propias del mismo, hasta el 1° de junio de 2008.

2. Bajo la dirección de BENAVIDES COTES, entre los días 3 y 7 de diciembre de 2007, en el Consulado de Santiago de Chile fueron expedidos los siguientes documentos: tres (3) visas; veintiún (21) pasaportes; dos (2) cédulas de ciudadanía; dos (2) duplicados de cédula de ciudadanía; tres

(3) renovaciones de cédula de ciudadanía; cuatro (4) registros civiles de nacimiento; un (1) registro civil de matrimonio; trece (13) permisos para menores; veintiún (21) certificados de supervivencia; un (1) certificado de residencia; dos (2) certificados de nacionalidad; ciento siete (107) legalizaciones; veintidós (22) legalizaciones exentas; veinte (20) actos notariales; dieciséis (16) actos notariales exentos y, noventa y siete (97) trámites de antecedentes gestionados ante el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

3. Los referidos documentos presentaban la firma de la Cónsul General FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES como prueba de autenticidad de los mismos. Sin embargo, en el período comprendido entre el 3 y el 7 de diciembre de 2007, la funcionaria no se encontraba en Santiago de Chile, pues sin que mediara autorización se ausentó de la sede consular para desplazarse hasta territorio colombiano, circunstancia que pretendió justificar con posterioridad, a través de una incapacidad médica.

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4. Para consignar su firma en los documentos publicos a los que antes se hizo alusión BENAVIDES COTES empleó etiquetas preimpresas en blanco, impartiendo la instrucción a los funcionarios subalternos que las mismas fueran utilizadas para la gestión de los trámites y solicitudes que se gestionaran ante el Consulado, en su ausencia.

5. De acuerdo con la Fiscalía, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se expidieron los referidos documentos, los cuales poseen vocación probatoria, implican que la entonces Cónsul General incurrió en el delito de falsedad ideológica en documento público en la modalidad de delito continuado, conforme a lo establecido en los artículos 31, parágrafo y 286 del Código Penal, con las circunstancias de mayor y menor punibilidad previstas, en su respectivo orden, en el artículo 58, numeral 9° —posición distinguida que ocupa la procesada en la sociedad— y en el artículo 55, numeral 1° —carencia de antecedentes penales— del mismo codigo.

ACTUACION PROCESAL:

6. El 13 de diciembre de 2016!, ante un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá con Función de Control de Garantías, la Fiscalía 8 delegada ante esta Corte, imputó a FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES como autora del delito continuado de falsedad ideológica en documento público previsto en el artículo 286 de Ley 599 de 1 Cuaderno principal 1, Fs. 60-61.

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FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES 2000 con la circunstancia genérica de mayor punibilidad prevista en el articulo 58, numeral 9° del mismo cuerpo normativo?. La imputada no compareció a la diligencia razón por la cual no se dio la aceptación de cargos. 7.El 10 de marzo de 2017% se presentó escrito de acusación ante la Sala de Casación Penal de esta Corte,

mismo que fue adicionado el 20 de octubre de 20174. En virtud de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2018 las diligencias fueron remitidas, por competencia, a la Sala Especial de Primera Instancia, el 23 de julio de 20185. 8.El 18 de mayo de 2021 la Fiscalía radicó una segunda adición al pliego acusatorio y, en la misma fecha, se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación”. La Fiscalía reseñó los hechos jurídicamente relevantes en los mismos términos de la imputación y, con base en ellos atribuyó a BENAVIDES COTES, a título de autora, la conducta de falsedad ideológica en documento público prevista en el artículo 286 de Ley 599 de 2000 —modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004— en la modalidad de delito continuado conforme al parágrafo del artículo 31 del Código Penal.

9. Así mismo, atribuyó las circunstancias de mayor y menor punibilidad previstas, en su respectivo orden, en el 2 Expediente digital. Gestor de audiencias. Registro Audiovisual 20161213_144300_P de la audiencia del 13 de diciembre de 2016. Récord: 00:41:52 hasta 00:45:42. 3 Cuaderno principal 1, Fs. 1-42. + Cuaderno principal 1, Fs. 54-58. 5 Cuaderno principal 1, F. 81. 5 Cuaderno principal 1, Fs. 126-129. 7 Cuaderno principal 1, Fs. 141-144.

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FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES artículo 58, numeral 9° —por la posición distinguida que ocupa la procesada en la sociedad— y en el artículo 55, numeral 1° — carencia de antecedentes penales— de la Ley 599 de 20008.

10. La audiencia preparatoria se desarrolló el 18 de enero de 20229. En ese escenario se aprobaron algunos acuerdos probatorios de las partes y se desecharon otros10; también se resolvieron las solicitudes de pruebas de la fiscalía y de la defensa!!, determinaciones que no fueron objeto de recursos!2.

11. El juicio oral se llevó a cabo el 12, 19 y 21 de julio, 25 y 29 de agosto de 202213, donde se produjo la práctica probatoria y los alegatos de conclusión de las partes.

12. El 23 de febrero de 202314, la Sala Especial de Primera Instancia, por decisión mayoritaria!5, absolvió a 8 Expediente digital. Gestor de audiencias. Registro Audiovisual 20210518_143200_V de la audiencia del 5 de mayo de 2021. Récord: 00:30:33 hasta 00:32:26. 9 Cuaderno principal 2, Fs. 206-210. 10 Cuaderno principal 2, Fs. 202-205. Auto de 18 de enero de 2022. 11 Cuaderno principal 2, Fs. 235-281. Auto de 4 de mayo de 2022. 12 Cuaderno principal 2, Fs. 295-298. Acta lectura de decisión del 17 de mayo de 2022. 13 Cuaderno principal 2, Fs. 337-343; 356-364; 365-372; 378-382 y 385-390.

14 Cuaderno principal 3, Fs. 457-512. 15 La magistrada que se apartó de la postura mayoritaria fundamentó su disidencia, en síntesis, en que no resulta razonable reducir el debate, como se hace en la sentencia, a que como los usuarios no se vieron afectados con la obtención de los instrumentos, el comportamiento carece de antijuridicidad material. Indicó que un requisito de carácter esencial de los documentos públicos es el funcionario que lo emite, por eso, haberse plasmado que la cónsul estuvo presente para los diferentes trámites cuando ello no era así (casi que simulando tal hecho de intervención), es lo que constituye la verdadera puesta en peligro del bien jurídico de la fe pública. Agregó que la absolución deja el mensaje para la sociedad que no importa cómo suscriba el servidor público los documentos oficiales, clara patente de corso para que los funcionarios se aparten fisicamente de sus deberes y dejen firmados documentos en blanco sin más, encomendando su llenado a sus subalternos. Precisó que en la decisión mayoritaria se confunde que el hecho contrario a la verdad no estuvo en la declaración que se hacía en cada documento, ni en la información del usuario o beneficiario, sino que el hecho falso radicó en anotar que todos esos trámites se hicieron en Santiago de Chile en presencia de la cónsul. Enfatizó, que haberse expedido los documentos con presunción de veracidad y autenticidad pese a que no contenian información cierta, permitió que su tránsito en la vida jurídica llevara a consolidar una serie de situaciones jurídicas que tienen como base un documento faltante a la verdad y es justamente ahí donde reside el riesgo y el daño concreto. Concluyó que la Sala debió

entonces declarar la responsabilidad penal de la procesada por el delito de falsedad ideológica en documento público, en la modalidad de delito continuado —tal como Fiscalía la acusó y lo demostró en el juicio oral, por tratarse de una pluralidad de acciones compuestas por diferentes actos jurídicos constitutivos de infracciones bajo el mismo modus operandi, como parte de un proceso unitario y en el que medió un propósito o dolo unitario que cohesionó la extensión de todos los documentos públicos espurios en su contenido, lo que permitía subsumir las acciones en el tipo penal del artículo 286 del Código Penal, atentando así contra un sólo bien jurídicamente tutelado. CUI 11001600010220080001802

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FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES del cargo por falsedad ideológica en documento público en la modalidad de delito continuado por el cual fue llamada a juicio.

13. Inconformes con la anterior decisión, la Fiscalía delegada y la apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores (Víctima), interpusieron apelación.

SENTENCIA RECURRIDA:

14. La Sala Especial de Primera Instancia, hizo una reseña de los hechos y de los trámites relevantes, así como una síntesis de los argumentos expuestos por las partes e intervinientes en las alegaciones finales.

15. Acto seguido señaló que conforme al artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para dictar sentencia condenatoria es necesario que las pruebas legal y oportunamente obtenidas lleven al «conocimiento más allá de toda duda» acerca de la

ejecución de la conducta objeto de reproche y de la responsabilidad de la acusada, conclusión que debe surgir de la valoración integral de los medios de convicción, acorde con las reglas de la sana crítica.

16. De igual manera, realizó una exposición de los elementos objetivos y subjetivos que estructuran el tipo penal de falsedad ideológica en documento público descrito en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000. Contrastó tales elementos con los medios de prueba incorporados en la CUI 11001600010220080001802

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FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES audiencia del juicio oral y, a partir de ese analisis expuso lo siguiente:

17. Frente a la tipicidad objetiva, en primer lugar, FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES cumple la calidad especial que reclama la descripcion tipica, esto es, la de ostentar la condición de servidora publica, toda vez que, con la estipulación probatoria (a) y el Decreto 3810 de 1° de noviembre de 2006 emanado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se estableció que la acusada «es

funcionaria inscrita en el escalafón de Carrera Diplomática en la categoría de Embajador y mediante dicho acto administrativo fue comisionada para el cargo de Cónsul General Grado Ocupacional 4EX, en el Consulado de Colombia en Chile», cargo del que tomó posesión en enero 16 de 2006 y que desempeñó hasta junio 1° de 2008.

18. Indicó, en segundo término, que con la misma estipulación se acreditaron las funciones que BENAVIDES

COTES cumplía en su rol de Cónsul General en Santiago de Chile, las cuales dimanan de la Resolución 5697 de 26 de diciembre de 2006 y de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Entre tales atribuciones, destacó aquellas que tienen que ver con «la expedición de documentos tales como pasaportes y visados y, relacionados con éstos, así como ejercer la función notarial».

19. En tercer lugar, refirió que las partes acordaron, como hecho probado, mediante la estipulación probatoria (b) «la existencia y contenido de los documentos expedidos por el CUI 11001600010220080001802

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FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES Consulado General de la Embajada de la Republica de Colombia en la Republica de Chile, durante el periodo comprendido entre el 3 y el 7 de diciembre de 20076, los cuales fueron soportados con el Oficio 150/81 de abril 29 de 2009 que emitió el referido Consulado General de Colombia.

20. En todos esos documentos la acusada plasmó su firma en ejercicio de sus funciones como Cónsul, por manera que, sin duda alguna, los mismos ostentan la naturaleza jurídica de públicos. Agregó, que con el testigo José Víctor Malaver Peña —investigador— fueron incorporadas las «copias de los sellos y stiker o tarjetas en blanco con la firma de la Cónsul FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES». Estos elementos, a su vez, fueron reconocidos en audiencia por Angelly Caicedo de Castañeda —que para la época de los hechos ejercía el cargo de «Administrativa 6 Local del Consulado General de

Colombia en Santiago de Chile—, quien utilizó dichos sellos, stikers y tarjetas para diligenciar visas y pasaportes en ausencia de la acusada en el interregno comprendido del 3 al 7 de diciembre de 2007.

21. En cuarto lugar, frente a la «aptitud probatoria» de los documentos públicos expedidos por la procesada, en la sentencia impugnada se indicó que los mismos efectivamente comportan una «significación jurídica», pues «a través de estos se registraron y certificaron hechos que 16 Es decir, aquellos que fueron precisados en los hechos de esta decisión y que se circunscriben a: tres (3) visas; veintiún (21) pasaportes; dos (2) cédulas de ciudadanía; dos (2) duplicados de cédula de ciudadanía; tres (3) renovaciones de cédula de ciudadanía; cuatro (4) registros de nacimiento; un (1) registro civil de matrimonio; trece (13) permisos para menores; veintiún (21) certificados de supervivencia; un (1) certificado de residencia; dos (2) certificados de nacionalidad; ciento siete (107) legalizaciones y veintidós (22) legalizaciones exentas; veinte (20) actos notariales y dieciséis (16) actos notariales exentos; así como noventay siete (97) trámites de antecedentes ante el entonces Departamento Administrativo de Seguridad

(DAS). CUI 11001600010220080001802

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FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES representaron relaciones jurídicas, con efectos hacia las partes, así como también sobre la misma comunidad y, por

ende, resultaron oponibles para demostrarlas». Destacó que, a través de ellos, se acreditaron hechos relevantes en el tráfico jurídico relacionados con los atributos de la personalidad -identidad, nacimiento, nacionalidad, domicilio y estado civily aquellos a los que se procuraba ofrecerles solemnidad. De allí entonces, reiteró, «que es evidente que estos ostentan la denotada aptitud probatoria».

22. Por último, frente al elemento relativo a consignar falsedades en los documentos, destacó que de acuerdo con la acusación y las pruebas recabadas en el juicio, en el período comprendido entre el 3 y el 7 de diciembre de 2007, el Consulado General de Colombia en Santiago de Chile, expidió 335 documentos públicos, entre ellos, pasaportes, visas, registros civiles de matrimonio y nacimiento, tarjetas de preparación para expedición y renovación de cédulas, certificados de supervivencia, entre otros, sin que FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES estuviera en la sede consular, pues para esa época viajó sin autorización a Colombia, «dejando etiquetas preimpresas con su rúbrica, con las que servidoras del consulado tramitaron los citados documentos públicos, siendo esta circunstancia, de donde deviene la falsedad ideológica que se le enrostra».

23. Precisó que la salida de BENAVIDES COTES de la sede consular y su arribo a Colombia en las citadas fechas fue demostrada con un certificado de vuelos expedido por la aerolínea Avianca —aportado al juicio con el investigador José Victor

CUI 11001600010220080001802 FULVIA ELVIRA BENAVIDCEOTSE S Malaver Pefia—, asi como con los testimonios del médico Fredy Orlando Villarraga, del Embajador de Colombia en Chile Jesús Alberto Vallejo Mejía, de las funcionarias del Consulado de Colombia en Santiago de Chile Angelly Caicedo de Castañeda y Lya Eunice Gutiérrez Parales y, con la propia versión de la acusada, que en contrainterrogatorio, admitió que estuvo en Colombia entre el 1 y el 9 de diciembre de 2007.

24. Agregó que la ausencia de la acusada del Consulado lo fue sin autorización, como lo indicaron el Embajador

Jesús Alberto Vallejo Mejía, el Consejero de la Embajada Hatem Eduardo Dazuki Quiceno y el Jefe de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores Álvaro Alfonso Perdomo Gonzalez. Con ello transgredió lo establecido en el artículo 80 del Decreto-Ley 274 de 2000, que establece que dos funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular, deben contar con permiso previo para ausentarse más de tres días laborables de la ciudad sede de representación».

25. Así mismo, señaló que las dificultades de salud aducidas por la acusada para justificar su desplazamiento fuera de la sede consular resultan insuficientes, pues (i) pudo recibir atención médica urgente en Chile; (ii) debió planear su viaje llevando a cabo la gestión de un permiso o una licencia; (iii) sus compañeras de trabajo —Angelly Caicedo de Castañeda y Lya Eunice Gutiérrez Paralesnunca notaron que

BENAVIDES COTES estuviera en una situación apremiante de salud. Además, (iv) la procesada en ningún momento 10 CUI 11001600010220080001802

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FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES informó a la oficina de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores que el 1° de diciembre de 2007 fue atendida por su médico tratante en Colombia, ni mucho menos que había sido incapacitada, a partir de esa fecha.

26. Estas circunstancias, según la sentencia de primera instancia, «permiten colegir que en realidad su propósito |el de la Cónsul General FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES] era viajar a Colombia sin desprenderse de las funciones de su cargo y que la incapacidad expedida solo se aportó con el ánimo de justificar con posterioridad tal acto impropio, una vez fue descubierta por otra autoridad de la misión diplomática en Chile».

27. En lo que concierne a la expedición por parte de la Cónsul FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES de etiquetas preimpresas con su firma —documentos que fueron incorporados al juicio con el investigador José Víctor Malaver Peña-—, la Sala Especial de Primera Instancia indicó que aquellas de manera efectiva fueron utilizadas por instrucciones de la acusada, para llevar a cabo distintas gestiones en el Consulado de Colombia en Chile entre el 3 y el 7 de diciembre de 2007 y, por esa vía, expedir 335 documentos públicos que fueron aducidos a la actuación como soporte de la estipulación probatoria (b).

28. Señaló que en esos documentos se incorporaron

falsedades, tales como que la acusada «los dictó en la fecha y lugar allí consignada, pues se ha demostrado que ello no ocurrió así, en tanto la misma no se hallaba ni en el consulado 11 CUI 11001600010220080001802

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FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES ni en Chile para ese período» y, que igualmente «es falsa la fe que dio de los documentos tramitados dentro de la función notarial, pues no fueron expedidos ni firmados por los usuarios en su presencia, ni efectuó constatación acerca de la realidad de su contenido».

29. Enfatizó que todos esos documentos se refrendaron con la rúbrica de BENAVIDES COTES quien la estampó previamente «en plantillas y stickers o tarjetas en blanco», no obstante que para el referido período aquella no se encontraba presente en la sede consular sino en Colombia, «de donde se extrae que los anotados documentos si bien no son falsos en sus condiciones de existencia, sí contienen afirmaciones mendaces». Ello en la medida que «la acusada no constató el contenido de los mismos ni los soportes para su expedición, así como tampoco participó de su elaboración, no dio fe de su contenido, así como tampoco los libró en la fecha y lugar que se plasmó en cada uno de estos, por lo que se determina la tipicidad objetiva de su comportamiento».

30. Indicó la Sala a quo que por las particularidades del caso concreto, tal como lo señaló la Fiscalía delegada en la acusación, la falsedad ideológica en documento público que se atribuyó a la acusada se materializó en la modalidad de

delito continuado, por cuanto: (i) FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES suscribió anticipadamente tarjetas o plantillas en blanco que luego fueron utilizadas en el Consulado de Colombia en Chile para la semana del 3 al 7 de diciembre de 2007; (ii) con ese comportamiento «sólo pudo atentar contra un mismo bien jurídico, como lo es la fe pública, 12 CUI 11001600010220080001802

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FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES de acuerdo al esquema fijado en el Código Penal en el Titulo IX del Libro II», (iii) ello se tradujo en «un solo propósito o “dolo unitario”, esto es, ofrecer apariencia de legalidad a los documentos con la firma impuesta a aquellos de manera anticipada», para lo cual, (iv) se valió «de un mismo modus operandi».

31. De otra parte, en lo que tiene que ver con la tipicidad subjetiva, la Sala Especial de Primera Instancia, señaló que el mismo se cumple en el presente asunto, toda vez que «la cónsul FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES consideró posible marcharse de la sede del consulado por una semana y proveer por el funcionamiento ordinario del mismo, para lo cual entendió como medio idóneo la firma de múltiples plantillas y sticker o tarjetas en blanco con el propósito que fueren utilizados en la gestión de esa oficina y para el período del 3 al 7 de diciembre de 2007». 32.Es decir, BENAVIDES COTES suscribió los referidos elementos —plantillas, stickers o tarjetas en blanco—, con

el «conocimiento que no poseían ningún tipo de información y que la misma les sería agregada posteriormente sin su constatación, así como que se expedirían en fecha y lugar distintos a donde se encontraría para ese mismo período». No dejó librada al azar la utilización de los referidos documentos, sino que obró con la certeza, que el conocimiento de la dinámica operacional del consulado le brindaba, que en efecto así sería. 13 CUI 11001600010220080001802

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33. Por esa razón, «no hay duda que la acusada conocía acerca de los hechos que constituyen el comportamiento punible, pues preordenó los aspectos necesarios para su concreción, siendo así que se colmaron en su nombre los elementos objetivo y subjetivo que integran la categoría dogmática de la tipicidad».

34. En lo que tiene que ver con la antijuridicidad, la sentencia de primera instancia concluyó que dicho elemento de la conducta punible en el caso concreto se acredita desde el punto de vista formal, pues fue acreditado que la acusada incurrió en el comportamiento de falsedad ideológica en documento público, «conducta que se halla prohibida en el estatuto penal sustantivo», sin embargo, señaló la Sala a quo, que la antijuridicidad material no se configura en el sub lite, por cuanto «no se acreditó dentro |...] de la actuación la efectiva puesta en peligro del bien jurídico tutelado de la fe pública».

35. Para arribar a esta última conclusión, explicó que «son dos las teorías prevalentes frente al concepto de la fe

pública: a) la tendencia psicológica-naturalística por la que la colectividad atribuye veracidad a sellos o títulos, que son relevantes para la vida social y la expectativa de un estatus psicológico de buena fe y credibilidad sobre aquellos y, b) la tendencia publicistica-normativa que se dirige a expresar la certeza que el documento jurídico ofrece a determinados objetos, donde su relevancia depende de la veracidad en la naturaleza intrínseca de estos mismos y porque están destinados a desenvolver relaciones públicas y privadas». 14 CUI 11001600010220080001802

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36. Con base en lo anterior indicó que el daño al bien jurídico tutelado por el artículo 286 del Código Penal mo se da por vía de la afectación a la genuinidad del documento emanado del servidor público sino sobre su veracidad y por ende a la confianza colectiva acerca de ésta».

37. De igual manera, con apoyo en la jurisprudencia de esta Corte —citó las decisiones CSJ SCP SP, 18 feb. 2003, rad. 16262 y SP, 14 ago. 2012, rad. 34992señaló que la «capacidad o potencialidad de la acción para causar daño al bien jurídico, o en este caso, ponerlo en peligro, está íntimamente asociada al adverbio “efectivamente” indicado en el artículo 11 del Código Penal, ofreciéndole así especial significancia a la categoría dogmática de la antijuridicidad material y acuñando de paso a la misma el principio de lesividad como elemento esencial del delito; es así que la comprobación de la puesta en

peligro efectivo del bien jurídico tutelado no es optativa sino necesaria».

38. De conformidad con lo anterior y con base en los testimonios rendidos por Angelly Caicedo de Castañeda, Lya Eunice Gutiérrez Parrales, Giovana Andrea Vásquez Rivera y Rocío del Carmen Guzmán Montoya -funcionarias del

Consulado General de Colombia en Santiago de Chile—, de Jesús Alberto Mejía Vallejo y Hatem Eduardo Dazuqui Quiceno — Embajador y Ministro Consejero en Chile, respectivamente—, de Maritza Carolina Torres Yanssi y Carlos Miguel Gregorio Lascano Goenaga —connacionales que realizaron trámites en el Consulado de Colombia en Chile entre el 3 y el 7 de diciembre de 2007— y de la abogada chilena María Cecilia Ried Vadebenito, la 15 CUI 11001600010220080001802

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FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES sala mayoritaria de la Sala Especial de Primera Instancia afirmó que: «[L]os connacionales y extranjeros que acudían al consulado de Colombia en Santiago de Chile, para la obtención de los documentos más arriba reseñados, regularmente agotaban los trámites necesarios directamente con las auxiliares de gestión del consulado, quienes se encargaban de indicarles las actuaciones que debían adelantar y constataban los requisitos para así diligenciar las tarjetas y formatos respectivos, sin que en ninguno de estos casos la atención fuere brindada de manera directa y presenciaplor la cónsul. Por dicha prestación y en particular por la atención brindada entre

el 3 y 7 de diciembre de 2007 en esa oficina, no se recibió ni conoció queja alguna o que se requiriera por los usuarios la presencia de la cónsul para constatar algún trámite, sino por el contrario, de acuerdo a las pruebas allegadas, los documentos que se impartieron en ese período fueron recibidos satisfactoriamente por los connacionales y extranjeros conforme a sus expectativas y habrían sido utilizados según sus fines sin contratiempo verificable entonces ni a la fecha, en tanto incluso alguno de estos testigos apuntó a que aun utiliza el pasaporte que le fue expedido en ese período».

39. Desde esa perspectiva de análisis, reiteró que en los documentos que emitió el Consulado General de Colombia en Santiago de Chile, entre el 3 y el 7 de diciembre de 2007, si bien se consignaron falsedades, lo cierto es que los mismos, una vez sometidos al tráfico jurídico no alcanzaron la potencialidad suficiente para afectar la fe pública o la confianza de los usuarios sobre su genuinidad o veracidad.

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40. En otros términos, para la Sala Especial de Primera Instancia no se comprobó «el quebranto o efectiva puesta en peligro de los intereses de los connacionales y extranjeros que recibieron documentos expedidos entre el 3 y 7 de diciembre de 2007 en el consulado general de Colombia en Santiago de Chile, pues por encima de la merma en la confianza social de aquellos documentos, dadas las condiciones en que fueron

dictados, no se acreditó que no hubieren colmado su propósito, esto es que no resultaren útiles para demostrar la realidad que a través de estos se consignaba».

41. Agregó, que «al no haberse acreditado la puesta en peligro de otros intereses de los actores del tráfico jurídico con relación a los documentos contentivos de la falsedad a que aludió la estipulación (b), puede incluso señalarse que no se produjo la puesta en peligro efectiva de la fe pública, pues, como lo expone la doctrina “esa actitud interior del autor documental de faltar a su deber no es perceptible ni comprensible para el agente que actúa en el tráfico, ni aquella situación de falta de verdad respecto de una realidad externa en el documento, la cual tampoco puede ser no aprehendida ni menos conocida directamente por el tercero en la vida corriente, pues ambos son fenómenos que quedan encubiertos al tráfico”.

42. Concluyó que «si los terceros no conocieron acerca de la falsedad en los documentos y particularmente la demostrada en este asunto, asociada a la no presencia de la cónsul en el lugar y fecha donde se indicó fueron suscritos y, a contrario sensu, como lo sostuvo Angelly Caicedo, aquellos

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FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES mismos pudieron comprobar sus datos y en general lo que el pasaporte, visa, registro o certificado indicaba, y actuaron conforme a esa comprension, la oculta falta de veracidad del documento y sobre los items anotados, no resulté relevante para determinar su conducta ni menos para condicionar el

tráfico jurídico de éste».

IMPUGNACIÓN:

1. Fiscalía!”:

43. Reseñó los argumentos con base en los cuales la sala mayoritaria de la Sala Especial de Primera Instancia concluyó que en el presente caso fue probada la tipicidad de la conducta en sus dimensiones objetiva y subjetiva. Así mismo, sintetizó las razones que llevaron a la Sala a quo a sostener que en el caso concreto no se configuró la antijuridicidad en su aspecto material, es decir, que no se acreditó la efectiva puesta en peligro del bien jurídico de la fe pública.

44. Sobre es