CSJ - SP130-2023(55147)

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente SP130-2023 Radicación N° 55147 Acta 69. Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023). VISTOS Se decide el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ, contra el fallo de segundo grado proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Florencia – Caquetá, el 12 de diciembre de 2018, mediante el cual revocó parcialmente la sentencia emitida el 22 de febrero de 2018, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa misma ciudad para, en su lugar, condenarlo como autor responsable del delito de alzamiento de bienes, a la pena de 16 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa en cuantía equivalente a 13.33 s.m.l.m.v. Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601

FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ

ANTECEDENTES

1. Fácticos El 23 de mayo del 2013, FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ protocolizó ante la Notaría Primera del Círculo de Florencia – Caquetá, la escritura pública N° 1244, mediante la cual afectó a vivienda familiar el único bien inmueble de su propiedad, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N° 420-1213, con el propósito de defraudar las expectativas

de sus acreedores Luz Melida Cubillos Ramos, Francisco Javier Camargo Cubillos, Mónica Alejandra Cubillos Ramos, Catherine, Yenny Andrea y Jonathan Camargo Cubillos, quienes habían promovido una demanda de responsabilidad civil extracontractual en su contra, por la muerte de Luis Alberto Cubillos Ramos, a manos de un trabajador de CÓRDOBA GÓMEZ, en la finca de propiedad de este. La escritura pública fue inscrita ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa ciudad el 28 de mayo del 2013.

2. Procesales Previa solicitud1 del Fiscal Quinto Seccional de Florencia – Caquetá, el 14 de enero del 2016 se celebró ante el Juzgado 1 A folios 1 y 3, carpeta del juzgado.

2 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esa ciudad, la audiencia preliminar de formulación de imputación contra FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ y NIDIA ESPERANZA TRUJILLO, a quienes se les imputó la comisión del delito de alzamiento de bienes, en calidad de coautores (artículo 253 de la Ley 599 de 2000)2, cargo que no fue aceptado por los incriminados3. El 14 de marzo de 2016, el Fiscal presentó escrito de acusación4, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Florencia – Caquetá, ante el cual se llevó a cabo la audiencia para tal fin el 13 de septiembre de ese mismo año,

oportunidad en la que la Fiscalía acusó a FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ y NIDIA ESPERANZA TRUJILLO, por el mismo delito que les fue imputado.5 Se reconoció la calidad de víctimas de Luz Nélida y Mónica Alejandra Cubillos Ramos. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 15 de septiembre de 2017.6 El juicio oral se realizó el 22 de febrero de 2018 y culminó ese mismo día, luego del anuncio del sentido de fallo absolutorio7, con el proferimiento de la sentencia a favor de los procesados FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ y NIDIA ESPERANZA TRUJILLO. 2 A partir del record 38:07. 3 A partir del record 59:03. 4 A folios 22 a 27, carpeta del juzgado. 5 A partir del record 9:26. 6 A folios 61 a 64, carpeta del juzgado. 7 A partir del record 43:43, registro 180013104002_5. 3 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ Recurrida la decisión por el apoderado de las víctimas, mediante sentencia del 12 de diciembre de 20188, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Florencia – Caquetá, revocó parcialmente el fallo impugnado para, en su lugar, condenar a FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ como autor responsable del delito de alzamiento de bienes, a 16 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y

funciones públicas por el mismo término y multa en cuantía equivalente a 13.33 s.m.l.m.v. Se concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Por lo anterior, el defensor del procesado interpuso el recurso extraordinario de casación9, demanda10 que fue admitida el 19 de julio de 2019, para garantizar el derecho a la doble conformidad. EL RECURSO Luego de identificar a los sujetos procesales, los hechos juzgados, la actuación procesal y la sentencia impugnada, el recurrente pasa a formular dos cargos, así: Primer cargo: Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes 8 A folios 17 a 24, carpeta del Tribunal. 9 A folio 27, carpeta del Tribunal. 10 A folios 52 a 85, carpeta del Tribunal. 4 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ Con fundamento en el numeral 2º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el recurrente plantea la nulidad de la actuación porque, en su sentir, el Tribunal al momento de emitir el fallo de segunda instancia incurrió en motivación aparente o sofística, en tanto, «no absolvió el verdadero problema jurídico del que debió ocuparse…».11 En orden a fundamentar su censura y luego de referir doctrina y jurisprudencia sobre los vicios de estructura y de garantía, sus características y diferencias, a más de transliterar apartes de las decisiones CC T-214/12 y CE, 26

feb. 2014, Rad. 27345, el libelista refiere que el Tribunal confundió el dolo como componente subjetivo del tipo penal, con el ingrediente subjetivo contenido en la descripción de la conducta, lo que derivó en una motivación aparente o sofística que soslaya el debido proceso.12 De otro lado, el censor refiere que el Ad-quem desconoció el principio de limitación, porque el juez de primera instancia absolvió a los procesados al encontrar que no se había acreditado el ingrediente subjetivo del tipo penal relacionado con la intención del sujeto activo de perjudicar a su acreedor, por lo tanto, de conformidad con el alegado principio, la competencia del Tribunal estaba circunscrita a establecer si tal ingrediente se encontraba o no satisfecho, «y no, si la conducta fue o no DOLOSA».13 11 A folios 60 y 61, carpeta del Tribunal. 12 A folio 68, carpeta del Tribunal. 13 A folio 70, carpeta del Tribunal. 5 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ No obstante, la segunda instancia no solo se sustrajo de resolver el problema jurídico planteado, sino que, además, concluyó que el procesado había actuado con dolo, incurriendo en conjeturas y claras falencias de valoración.14 En conclusión, «el problema de motivación de la sentencia objeto del presente recurso, es que no resolvió el asunto que dio lugar a la absolución de los procesados y no señaló con claridad cuál fue el error en que incurrió el ad quo (sic) en punto de la temática asociada a

la inexistencia de componente o ingrediente subjetivo del tipo y no a la existencia o no del dolo»15. Seguidamente, desarrolló cada uno de los principios que orientan la declaración de las nulidades, para finalmente solicitar a la Corte casar la sentencia impugnada, a fin de que se decrete la nulidad de la actuación a partir de la sentencia de segunda instancia.

Segundo cargo: Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso juicio de identidad Con fundamento en el numeral 3º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el recurrente asegura que el Tribunal incurrió en una aplicación indebida de los artículos 10 – tipicidady 253 – alzamiento de bienesdel Código Penal, y falta de aplicación de los artículos 29 – debido procesode la Constitución Nacional, y 7 –presunción de inocencia e in dubio pro reoy 381 – conocimiento para condenarde la Ley 906 de 2004. 14 A folio 71, carpeta del Tribunal. 15 A folio 73, carpeta del Tribunal.

6 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ En orden a fundamentar su censura, el libelista, luego de transliterar algunos apartes de las decisiones CC C774/01, y CSJ SP, 9 marz. 2006, Rad. 22179, refiere que el Tribunal incurrió en un error de hecho por falso juicio de identidad, dado que tergiversó el testimonio rendido por el acusado, al concluir que el proceso al que se refirió en su declaración era el mismo que se adelantaba en el Juzgado

Primero Civil del Circuito de Florencia, en el que se había ordenado el 6 de febrero de 2013 la medida de embargo y secuestro del bien inmueble denominado Villa Leila, pese que el asunto al cual se refirió el procesado, corresponde a un proceso ejecutivo promovido por Abdón Rojas. Afirma que del testimonio del implicado se puede concluir que para el día 23 de mayo del 2013, fecha en la cual se inscribió la afectación a vivienda familiar del bien inmueble Villa Leila, el procesado tenía la firme convicción que: (i) la audiencia se realizaría de nuevo, y (ii) por virtud de la decisión de tutela, sobre el referido bien no existía medida cautelar alguna; por lo tanto, el Tribunal se equivocó al señalar que el conocimiento de la existencia del proceso de responsabilidad civil extracontractual demostraba el propósito exigido en el tipo penal, pues, insiste, cuando se llevó a cabo el acto notarial no existía medida cautelar alguna. 7 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ Por lo anterior, solicita a la corte casar la sentencia impugnada para que, en su lugar, se absuelva a su defendido.

2. Audiencia de sustentación

2.1 El Recurrente16 El libelista solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y que en su lugar se absuelva a FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ, exponiendo similares razones a las exhibidas en la demanda de casación. 2.2. El delegado de la Fiscalía17

Manifiesta que no le asiste razón al recurrente cuando afirma que el Tribunal violó el principio de limitación; en contrario, ante el fallo absolutorio emitido por el A-quo, el apoderado de las victimas interpuso el recurso de apelación con la pretensión de que fuera revocado y en su lugar se condenara al procesado, para lo cual expuso las razones fácticas, probatorias y jurídicas que fundamentaban su petición. Frente a tal petición, el Tribunal encaminó el análisis en dilucidar si la conducta punible se estructuró y si el 16 A partir del record 4:33. 17 A partir del record 18:50. 8 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ procesado era responsable en su comisión, hasta concluir que el Juez de Primera Instancia vulneró las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración probatoria, por lo que revocó la absolución y condenó al implicado; por lo tanto, el Ad-quem resolvió el objeto de la alzada y los asuntos inescindiblemente vinculados a este. Advierte que el censor, bajo el ropaje de un cargo de nulidad por falsa motivación, motivación aparente o sofística, pretende anteponer su particular tesis defensiva, pese a que la evidencia revela que el implicado conocía del fallo de responsabilidad civil extracontractual que profirió en su contra el Juzgado Primero Civil del Circuito, decisión en la que se dispuso medida cautelar sobre el bien inmueble de su propiedad, y, además, conocía el trámite que se surtía con

ocasión de la acción de tutela que él mismo había interpuesto; aun así, afectó el inmueble a vivienda familiar, con el fin de defraudar la decisión que lo declaró civilmente responsable. Con relación al segundo cargo, dijo que el mismo no estaba llamado a prosperar, pues, el procesado al momento de rendir su testimonio se refirió tanto al proceso ejecutivo que cursaba en su contra por demanda del abogado Abdón Rojas, como al de responsabilidad civil extracontractual que adelantó el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, en el que resultó condenado. 9 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ Por lo anterior, solicita a la Corte no casar el fallo impugnado. 2.3. El apoderado de las víctimas18 Solicita a la Sala no casar la sentencia impugnada, porque desde la fecha en que acaeció la muerte de Luis Alberto Cubillos – 29 de noviembre de 2011-, los familiares inmediatos de la víctima adquirieron la condición de acreedores del procesado FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ, dado que la muerte se produjo a manos de un trabajador suyo en la finca de su propiedad; no, como lo entendió el A-quo, con la ejecutoria de la sentencia de responsabilidad. Por lo tanto, si se hiciera abstracción de la existencia de la sentencia del 6 de febrero del 2013 y los fallos de tutela emitidos con ocasión de ésta, aun se estaría cometiendo el delito de alzamiento de bienes, porque el procesado, conocedor de que se debatía su responsabilidad civil y

patrimonial por los hechos acaecidos el 29 de noviembre de 2011, afectó el único bien inmueble que reposaba en cabeza suya, con el único fin de defraudar a sus acreedores. 18 A partir del record 27:18. 10 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ 2.4. El delegado del Ministerio Público19 Solicita a la Corte no casar la sentencia impugnada, puesto que los dos cargos propuestos por el demandante no están llamados a prosperar, dado que quedó demostrado más allá de toda duda razonable que el implicado realizó la conducta de alzamiento de bienes mediante la figura de afectación de vivienda familiar, actuando de manera dolosa, con la finalidad de afectar a sus acreedores. CONSIDERACIONES En aras de resolver el recurso de casación, la Corte adelantará la siguiente metodología: en primer lugar, se analizará el deber de motivar las decisiones judiciales y se determinará si dentro del presente asunto el Tribunal incurrió en una motivación falsa o sofística, tal y como lo asegura el recurrente; luego, se realizará un breve estudio sobre el principio de limitación y se establecerá si dicha garantía fue conculcada o no por el Ad-quem, al momento de emitir el fallo impugnado; seguidamente, se recordará la jurisprudencia sobre la tipicidad del delito de alzamiento de bienes; y, por último, la Sala dedicará un acápite al estudio del caso concreto, en el que examinará las pruebas

19 A partir del record 38:24. 11 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ practicadas, con el fin de garantizar el principio de la doble conformidad judicial.

3. Sobre el deber de motivar las decisiones judiciales La Corte de manera reiterada se ha referido a la obligación de los funcionarios judiciales de motivar sus decisiones, en tanto, ello se constituye en una garantía-deber inherente a un Estado Social y Democrático de Derecho que, de una parte, se erige como elemento basal de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, y, de otro lado, permite controlar la arbitrariedad judicial, asegurar la imparcialidad del juez y amparar el principio de legalidad, amén de que de ese modo se dan a conocer los argumentos – fácticos, probatorios y jurídicos– en que se sustentan aquellas, con lo cual se garantiza el cabal ejercicio del derecho de contradicción (CSJ SP15925-2014, Rad. 43385).

En la decisión CSJ SP, 24 jul. 2013, Rad. 36448 – ver entre otras, CSJ SP, 4 mar. 2009, Rad. 27910; CSJ SP9396-2014, Rad. 41567; CSJ SP4234-2019, Rad. 48264; CSJ SP-2020-2020, Rad. 46963la Sala manifestó lo siguiente: «En efecto, la motivación de las decisiones judiciales hace realidad el derecho que les asiste a los sujetos procesales de conocer los supuestos fácticos, las razones probatorias concretas y los juicios

lógico jurídicos sobre los cuales el funcionario construye la declaración de justicia contenida en su pronunciamiento, prerrogativa que a su vez hace posible ejercer control sobre el proceso, pues permite identificar los puntos que son motivo de discrepancia, a efectos de dinamizar los mecanismos de impugnación establecidos por el legislador. 12 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ (…) De ahí que cuando en casación se aspira a quebrar la declaración de justicia expresada en el fallo por trasgresión del debido proceso a consecuencia de vicios en la fundamentación, al recurrente le corresponde precisar qué aspectos sustanciales debida y oportunamente propuestos a los juzgadores de primero y segundo grado dejaron de ser resueltos, y si tales defectos ocurrieron a consecuencia de alguna de las siguientes situaciones decantadas por la jurisprudencia20 como causa enervante por falta de motivación de la sentencia: a) Ausencia absoluta de motivación, que se presenta cuando el fallador no expone las razones de orden probatorio ni los fundamentos lógico jurídicos en los cuales sustenta su decisión; b) Motivación incompleta o deficiente, la cual se configura al omitir el juzgador el análisis de alguno de aquellos dos aspectos, o porque los motivos aducidos son insuficientes para identificar las causas en las que se sustenta el fallo, o porque se dejan de examinar los alegatos de los sujetos procesales en aspectos trascendentales para resolver el problema jurídico concreto; c) Motivación ambivalente o dilógica, que se presenta cuando el

juez incurre en contradicciones en la parte motiva que impiden desentrañar el verdadero sentido de la sentencia o las razones expuestas en ella son contrarias a la determinación finalmente adoptada en la resolutiva; y d) Motivación falsa o sofística, la cual tiene lugar cuando a través de una valoración incompleta o deformada de la prueba se construye una realidad diferente al factum, el juez se aparta abiertamente de la verdad probada, para llegar así a conclusiones abiertamente equívocas. Las tres primeras constituyen errores in procedendo y son enjuiciables a través de la causal tercera de casación, en cuanto su prosperidad implica la nulidad del pronunciamiento a efecto de corregir el yerro y garantizar el adecuado ejercicio del derecho de contradicción, en tanto que la última, como vicio de juicio o in iudicando, es atacable por vía de la causal primera cuerpo segundo, toda vez que su prosperidad implica emitir el correspondiente fallo sustitutivo» 20 «Cfr. Sentencias de 28 de septiembre y 9 de noviembre de 2006, 7 de febrero y 18 de julio de 2007, radicaciones 22041, 23495, 23331 y 26255, respectivamente, entre otras». 13 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ Dicho esto, lo primero que se advierte, es que la sola afirmación del censor, según la cual, el Tribunal incurrió en una motivación aparente o sofística porque confundió el ingrediente subjetivo del tipo penal de alzamiento de bienes – para perjudicar a su acreedorcon el dolo, revela que el libelista

desconoce el concepto y la fundamentación debida del yerro que aduce. Para claridad del recurrente, debe indicarse que la motivación falsa o sofística representa un error de juicio en el que incurre el fallador al momento de llevar a cabo el proceso de valoración probatoria, que consiste en que el fundamento probatorio de la determinación no consulta la realidad probada, de forma que, partiendo de una apreciación incompleta o tergiversada de la prueba, el sentenciador construye una realidad diferente y llega a conclusiones abiertamente equívocas. Por lo tanto, cuando en casación se aspira a quebrar la declaración de justicia expresada en el fallo, por trasgresión del debido proceso como consecuencia de una motivación falsa o sofística, el demandante debe alegar la violación indirecta de la ley sustancial y precisar si el vicio fue producto de un error de hecho o de derecho y cuál la especie del falso juicio cometido: de existencia, identidad o raciocinio, en el caso del error de hecho, o de legalidad o convicción, en el supuesto del error de derecho; labor que el libelista no emprendió. 14 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ De otro lado, la Sala advierte que la afirmación del libelista referida a que el Tribunal confundió el dolo con el ingrediente subjetivo contenido en la descripción de la conducta de alzamiento de bienes, resulta contraria al principio de corrección material, en virtud del cual las razones, los fundamentos y el contenido del ataque deben corresponder en un todo con la verdad procesal.

En efecto, examinada la decisión impugnada se observa que el Tribunal luego de llevar a cabo el proceso de valoración probatoria, de manera conjunta y conforme a las reglas de la sana crítica, encontró que la conducta desplegada por FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ se adecuaba a la descripción objetiva del tipo penal de alzamiento de bienes, análisis en el que encontró probado más allá de toda duda razonable (i) la relación de acreedor – deudor entre las víctimas y el procesado; (ii) que el implicado ocultó el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N° 420-1213 al afectarlo a vivienda familiar; y, (iii) que llevó a cabo dicho comportamiento con la intención de perjudicar a sus acreedores. Luego, continuó con el análisis de la tipicidad subjetiva – doloy encontró que el procesado cometió dicha conducta con conocimiento y voluntad, superando así el análisis de la primera categoría dogmática del delito – la tipicidad objetiva y subjetiva-. 15 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ En consecuencia, no es cierto que el Tribunal hubiese confundido el dolo con el ingrediente subjetivo contenido en la descripción de la conducta de alzamiento de bienes, como lo manifestó el libelista.

4. Sobre la presunta vulneración del principio de limitación por parte del Tribunal, al momento de emitir el fallo impugnado Asegura el censor que el Tribunal violó el principio de

limitación, porque el juez de primera instancia absolvió a los procesados al encontrar que no se había acreditado el ingrediente subjetivo del tipo penal, relacionado con la intención del sujeto activo de perjudicar a su acreedor, por lo tanto, de conformidad con el alegado principio, la competencia del Tribunal estaba circunscrita a establecer si tal ingrediente se encontraba o no satisfecho, «y no, si la conducta fue o no DOLOSA».21 De manera reiterada la Corte ha señalado que, aunque en la Ley 906 de 2004 no se reprodujo una norma específica que previera que la competencia funcional del superior para resolver el recurso de apelación, se limita a los asuntos discutidos por el apelante y a los que resulten estrechamente vinculados al objeto de impugnación, como sí lo establecía el canon 204 de la Ley 600 de 2000, en virtud del artículo 31 de la Constitución Nacional, que consigna los principios de 21 A folio 70, carpeta del Tribunal. 16 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ doble instancia y la prohibición de la reforma en peor, el sentenciador de segundo grado, frente a la inconformidad del impugnante, debe circunscribir su competencia a los asuntos que el recurrente ponga a su consideración, sin que le sea permitido inmiscuirse en otros temas que no son objeto de discusión, salvo los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación o

cuando advierta violación de derechos y garantías fundamentales (CSJ SP, 11 abr. 2007, rad. 26128, CSJ AP60272015, rad. 46033; CSJ AP6895-2016, rad. 46371; CSJ SP341-2018, RAD. 49406, entre otras). Sobre los límites y alcances de la apelación en materia penal, la Corte en la decisión SP4886-2016, Rad. 45223 indicó lo siguiente: «Ahora, el hecho de que al sentenciador de segunda instancia se le plantee una inconformidad respecto a la absolución adoptada por el a quo, ello no significa que su competencia se limite simplemente a establecer su acuerdo con esa decisión o en caso contrario, a examinar nada más que la descripción típica de la conducta con omisión absoluta de las circunstancias que concurrieron bajo el expediente de que la apelación no las refirió, porque en ese contexto debe entenderse que se trata de un aspecto inescindible con el tema de impugnación, que evidentemente persigue en esas condiciones la condena por el delito imputado, comprendidas en éste desde luego aquellas circunstancias que le rodearon y que eventualmente agravan la sanción, las que por demás fueron imputadas en la acusación». Con esta claridad, la revisión de la actuación procesal revela que el A-quo absolvió a FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ y NIDIA 17 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ ESPERANZA TRUJILLO por el delito de alzamiento de bienes,

luego de considerar lo siguiente: (i) Al interior del proceso de responsabilidad civil extracontractual adelantado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, en el que aparece como demandado FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ, el 6 de febrero del 2013 se emitió sentencia mediante la cual fue condenado al pago de perjuicios a favor de los demandantes, y se ordenó, entre otras cosas, el embargo y secuestro del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N° 420-1213. (ii) El 7 de marzo de 2013, el Tribunal Superior de Florencia – Caquetá, resolvió una acción de tutela interpuesta por FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ, decisión mediante la cual dejó sin efecto la audiencia del 6 de febrero del 2013; decisión que, impugnada, fue revocada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 2 de mayo del 2013. (iii) El 23 de mayo del 2013 el procesado protocolizó una escritura pública mediante la cual afectó a vivienda familiar el inmueble de su propiedad, identificado con matrícula inmobiliaria N° 420-1213, sin embargo, la Fiscalía no probó que para esa fecha el procesado conocía la decisión emitida el 2 de mayo de 2013, pues, si bien, se incorporó al proceso el oficio mediante el cual la Corte le comunicó al 18 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ procesado el fallo de tutela de segunda instancia, no se demostró que él, efectivamente, se enteró de su contenido.

(iv) Por lo anterior, «no podemos pregonar que para entonces estaban realizando un acto con el propósito» de perjudicar a su acreedor, en tanto que desconocía la existencia de la obligación pecuniaria y que las medidas cautelares que había sido decretadas desde el 6 de febrero de 2013, se encontraban vigentes. (v) Tampoco se acreditó que el inmueble afectado a vivienda familiar era el único bien de propiedad del procesado

FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ.

En contra de la sentencia absolutoria, el delegado de la Fiscalía y el apoderado de las víctimas interpusieron el recurso de apelación, el cual sólo fue sustentado por éste último, exponiendo las razones por las que solicitaba fuera revocada la decisión impugnada.22 Examinada la argumentación del recurrente, la Sala advierte que su alegato estuvo encaminado a demostrar que el delito por el que se produjo acusación en contra de FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ y NIDIA ESPERANZA TRUJILLO sí existió, y que ambos fueron responsables en su comisión. Para ello, el impugnante se refirió a los medios de convicción practicados en el juicio oral, explicando por qué razón habían sido 22A folios 134 a 165, carpeta del juzgado. 19 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ erróneamente valorados por el A-quo, y luego propuso una forma distinta de valorar la prueba, que le diera soporte probatorio a su pretensión, no otra distinta a que se revocara

la sentencia absolutoria y se condenara a los implicados. Así, por ejemplo, entre otras alegaciones, el impugnante refirió que el A-quo al momento de emitir su sentencia, desconoció los siguientes hechos probados: (i) Que el procesado conocía (a) de la existencia del proceso de responsabilidad civil extracontractual en el cual él era el demandado y se debatía su responsabilidad por el daño ocasionado por un tercero; (b) que en su contra se había emitido un fallo de responsabilidad en el que se ordenó el embargo del único bien inmueble de su propiedad; y (c) que el fallo de tutela que amparó sus derechos había sido impugnado, por lo tanto, la decisión podía ser confirmada o revocada por el superior. (ii) Que desde el momento en que acaeció la muerte de Luis Alberto Cubillos, a manos de un trabajador del procesado, éste último se convirtió en «deudor de la indemnización derivada del delito». (iii) El que el procesado no se hubiera enterado del proferimiento del fallo de tutela de segunda instancia, es intrascendente, dado que (a) la obligación surgió desde el momento en que acaeció el accidente; (b) el proceso civil no 20 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ se había terminado, por lo tanto, aun se debatía su responsabilidad civil, por lo que no podía disponer del único bien que tenía. (iv) El implicado confesó que afectó el bien inmueble a vivienda familiar porque era su única propiedad y debía

protegerlo de sus acreedores, prueba irrefutable del ingrediente subjetivo exigido en el tipo penal y del dolo en el actuar. El anterior ejercicio permite concluir que, contrario a lo expuesto por el libelista, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de las víctimas se dirigió a demostrar que la conducta cometida por los procesados FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ y NIDIA ESPERANZA TRUJILLO si se adecuaba a la descripción del tipo penal de alzamiento de bienes. En consecuencia, el debate planteado por el recurrente habilitaba al Tribunal para referirse a las categorías dogmáticas del delito enrostrado a FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ y NIDIA ESPERANZA TRUJILLO, examen en el que resultaba imprescindible la valoración de todo el acervo probatorio, conforme las reglas de la sana crítica, con el fin de declarar como probados o no, los hechos que se discuten al interior del proceso, y si se encontraba acreditado más allá de toda duda razonable la existencia del delito y la responsabilidad de los procesados en su comisión, tal y como ocurrió. 21 Casación acusatorio N° 55147 CUI 18001600055220130201601 FIDEL CÓRDOBA GÓMEZ Ahora bien, dice el libelista que, como el Juez de Primera Instancia absolvió a los procesados porque no encontró acreditado el ingrediente subjetivo del tipo penal de alzamiento de bienes, referente a que se cometa l