CSJ - SP1371-2022(58077)

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente SP1371-2022 Radicación 58077 Aprobado según acta n° 89 Bogotá, D.C, veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022). ASUNTO La Corte decide el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 18 de mayo de 2020, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla que declaró penalmente responsable a LUIS ALBERTO GÓMEZ LOZANO, como autor del delito de prevaricato por acción. Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano HECHOS El 15 de febrero de 2011, Jesús Ospino Álvarez presentó demanda de pertenencia por prescripción ordinaria adquisitiva de dominio contra Juan Sarabia Orozco y personas indeterminadas, con relación al 50% del inmueble rural identificado como «parcela 25», sector «El Olivo 2», con matrícula inmobiliaria N.º 045-22775, del municipio de Repelón (Atlántico). El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sabanalarga (Atlántico), bajo el radicado 08-638-31-89-003-2011-0047, que dispuso la admisión de la demanda por el trámite del procedimiento agrario, para cuyo efecto ordenó la notificación al Procurador agrario, a los demandados y el emplazamiento de las personas indeterminadas, luego de lo cual, practicó las pruebas de rigor, a cuyo término envió la actuación al

Juzgado Civil del Circuito de Descongestión de la misma ciudad, cuyo titular era LUIS ALBERTO GÓMEZ LOZANO (implicado). Una vez avocado el conocimiento del proceso, el juez GÓMEZ LOZANO profirió auto corrigiendo el proveído admisorio de la demanda, en el sentido de tener como demandada a Arsenia Villa Ortiz; y dispuso correr traslado para los alegatos finales. Luego, el 28 de noviembre de 2014, dictó sentencia acogiendo las pretensiones al encontrar demostradas las exigencias de la prescripción extraordinaria 2 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano de dominio, pues el demandante ejerció la posesión del bien inmueble por el término superior a 10 años, contados desde 1994 hasta 2011, cuando se presentó la demanda, conforme lo previsto en la Ley 791 de 2002. Según la acusación, la sentencia que profirió el Juez LUIS ALBERTO GÓMEZ LOZANO, es contraria al ordenamiento jurídico, porque desconoció el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, declarado exequible en sentencia C-398 de 2006; al punto que, de haberse aplicado dicho precepto, tendría que haber negado la prescripción adquisitiva de dominio, por cuanto no había trascurrido el término para su reconocimiento. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES 1.- En audiencia preliminar efectuada el 21 de febrero de 2018, ante el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, el Fiscal

Séptimo Delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla formuló imputación a LUIS ALBERTO GÓMEZ LOZANO, en su condición de ex - Juez Civil del Circuito de Descongestión de Sabanalarga, por el delito de prevaricato por acción (art. 413 Código Penal), cargo que no aceptó. La fiscalía no solicitó medida cautelar contra el imputado. 3 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano 2.- El 19 de abril de 2018, el Delegado del ente investigador radicó escrito de acusación en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, iniciándose la audiencia de formulación de acusación el 11 de julio de 2018; la cual concluyó el 26 de noviembre de 2018, luego de que la Sala de Casación Penal, en auto AP3558-2018 de 22 de agosto de 2018, resolviera el recurso de apelación contra la decisión que denegó la nulidad impetrada por la defensa. 3.- La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 11 de marzo de 2019. 4.- En proveído AP1535-2019 de 30 de abril de 2019, la Sala de Casación Penal resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica contra el auto que decidió las pruebas solicitadas en la audiencia preparatoria, accediéndose parcialmente a la postulación probatoria relacionada con el interrogatorio directo del denunciante Fray Luis Sarabia Villa, por parte del defensor. 5.- El debate oral se desarrolló en audiencia celebrada

los días 5 y 6 de septiembre de 2019 y 8 de octubre de 2019, fecha última en que se anunció el sentido del fallo condenatorio. 6.- El 18 de mayo de 2020 se profirió la sentencia condenatoria que fue apelada por el acusado y el defensor. 4 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, inicialmente se refirió a las estipulaciones probatorias con las que se dio por demostrado: (i) la identidad del acusado; (ii) la calidad de Juez de la República para el momento de los hechos y (iii) la carencia de antecedentes penales y disciplinarios. Discurrió sobre los elementos del tipo penal de prevaricato por acción, que encontró acreditados con suficiencia. En lo atinente al ingrediente normativo «manifiestamente contrario a la Ley», que se reprocha de la sentencia proferida por el enjuiciado, el Tribunal se refirió a los pormenores del proceso de pertenencia, detallando las normas aplicables a la prescripción adquisitiva de dominio, tanto ordinaria como extraordinaria, contempladas en el Código Civil (artículos 764, 2518, 2527, 2528, 2531 y 2532). Destacó que la sentencia que emitió el juez involucrado, el 28 de noviembre de 2014, es una decisión manifiestamente contraria al artículo 41 de la Ley 153 de 1887; dado que, en vez de aplicar dicha norma anterior,

decidió invocando la Ley 791 de 2002, pero contó el término 5 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano de prescripción desde la posesión y no desde la entrada en vigencia de esta ley, como lo ordenaba la normativa de 1887. Explicó que la Ley 791 de 2002 redujo los términos de prescripción a la mitad, quedando en 10 años para la extraordinaria y 5 años para la ordinaria; sin embargo, su aplicación estaba supeditada a la regla prevista en el artículo 41 de la ley 153 de 1887, según la cual: «[l]a prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir.» Para el Tribunal, el juez implicado desconoció abiertamente la última norma citada, dado que en la sentencia acogió las pretensiones del demandante pese a no haber precisado a cuál ley se acogía; además que tuvo en cuenta, para declarar probaba de la prescripción extraordinaria, el término previsto en la Ley 791 de 2002; empero, contabilizó el tiempo de posesión desde 1994 y no desde la entrada vigencia de la última norma citada, como así lo tiene «decantado la jurisprudencia» de la Sala de Casación Civil en sentencia de 1º de diciembre de 2017

dentro del radicado 11001-02-03-000-2014-02139. 6 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano De este modo, el tiempo para adquirir por prescripción extraordinaria no se había cumplido para cuando se presentó la demanda de pertenencia; dado que «aún no había[n] trascurrido diez años cuando entró en vigencia el estatuto que redujo la prescripción». Y en el evento de que se tratara del término previsto en la ley anterior, «tampoco había lugar a declarar la prescripción pues dicho estatuto establecía un lapso prescriptivo de veinte años que contado desde 1994, cuando se empezó a poseer, no se había cumplido para el 2011 cuando se presentó la demanda». Además, para el A-quo, del contenido de la sentencia cuestionada no se evidencia que se tratara de un simple error sintáctico, pues siempre aludió a la prescripción extraordinaria y a los requisitos de ésta, como se indicó en varios apartes del citado fallo civil, por lo que «el procesado siempre tuvo la consciencia (sic) de que estaba frente a una prescripción extraordinaria de dominio y aun así falló contrario a derecho, pues por todo lo que hemos expresado es evidente que no se daban los presupuestos para decretar la existencia de esa figura y aun así declaró que había acontecido la misma». Para el Tribunal, «en gracia de discusión» tampoco había lugar a declarar la prescripción ordinaria ante la ausencia de los requisitos para ello, como es la existencia del justo título que en el asunto de trato se echa de menos porque el

demandante carecía de título de propiedad debidamente registrado, pues indicó que solo contaba con una 7 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano compraventa verbal que en los bienes inmuebles no puede tenerse como título legítimo, de modo que se estaría ante una posesión irregular que solo puede dar lugar a la prescripción extraordinaria cuyo término no se cumplió en el caso puesto a consideración del acusado como anteriormente se advirtió. En el mismo sentido, agregó el fallador de primer grado, no había lugar a la prescripción agraria, ante la ausencia de las exigencias previstas en la Ley 200 de 1936 y Ley 4ª de 1973, a saber: que el poseedor «debe ingresar al predio con la creencia de buena fe de que el mismo en un terreno baldío, pese a que, en realidad, se trate de un inmueble de propiedad privada», situación que no se presentaba en el asunto «pues el prescribiente siempre supo que se trataba de un predio privado , tal como él mismo lo manifiesta en la demanda». Concluyó que el ex juez LUIS ALBERTO GÓMEZ LOZANO incurrió en prevaricato por acción al desconocer el mandado contenido en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, respecto del cómputo del término de la prescripción extraordinaria de dominio, a partir de la entrada en vigencia de la ley, como era su deber acatar en la sentencia de pertenencia. En lo atinente a la tipicidad subjetiva, aseguró que el comportamiento del acusado fue consciente y voluntario; orientado a favorecer la postura del demandante. Tal aserto,

por las siguientes razones: 8 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano -. El asunto no ofrecía mayor dificultad para su resolución, pues la norma a aplicar era fácilmente comprensible y estaba «suficientemente decantada por la jurisprudencia». -. El acusado tenía experiencia judicial y conocimientos académicos. -. Pudo actualizar su conocimiento, pues en la contestación de la demanda se le dio a conocer el artículo 41 de la Ley 153 de 1887. -. No se sustentó debidamente en la sentencia lo atinente a los motivos que justificaban apartarse de la ley; sin que sea admisible que la contestación de la demanda fue extemporánea, pues lo relevante en este caso es que «tuvo a su alcance la información que le guiaba a una decisión correcta y optó por ignorarla». -. Al no cumplirse las exigencias legales para cualquiera de las formas de prescripción, no era posible que en la sentencia se reconociera la extraordinaria. Por ello, el Tribunal Superior de Barranquilla declaró penalmente responsable a LUIS ALBERTO GÓMEZ LOZANO, como autor de prevaricato por acción, imponiéndole las sanciones de cincuenta (50) meses de prisión, multa de setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 9 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de ochenta y cuatro (84) meses. De igual manera, denegó por improcedente la

suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad, así como el otorgamiento de la prisión domiciliaria, al no cumplirse las exigencias legales; aunque se abstuvo de ordenar la captura del sentenciado para hacer efectiva la prisión en razón de la actual situación de pandemia para preservar su salud ante el inminente riesgo de contagio de la enfermedad mortal derivada del Covid 19, por lo que se encuentra actualmente en libertad. Además, en aras del restablecimiento del derecho a la víctima, dejó sin efectos la sentencia proferida por el acusado, mediante la cual se declaró la prescripción adquisitiva del derecho de dominio del bien inmueble objeto del proceso civil de pertenencia. ARGUMENTOS DE LOS APELANTES El acusado Planteó su inconformidad esencialmente sobre los aspectos en los que se sustentó la tipicidad subjetiva así: -. No es cierto que el asunto fuera de poca complejidad, pues el reproche del Tribunal en ese sentido se cierne sobre 10 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano una decisión jurisprudencial de la Sala de Casación Civil proferida en el año 2017; esto es, posterior a la sentencia de pertenencia que se le reprocha como prevaricadora. Además, el asunto puesto a su consideración era difícil, en la medida que surgieron diversas contingencias tales como que en la demanda se pretendía la prescripción ordinaria, pero se admitió y ordenó dársele tramite especial de prescripción agraria; en los emplazamientos se refirió a

que se trataba de un «proceso de pertenencia agraria por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio»; en algunos memoriales del demandante mencionaba como «proceso ordinario civil de pertenencia rural»; y el Procurador Agrario señaló que se trataba de un «proceso de pertenencia agraria»; aspectos que denotaban que se trataba de un proceso complejo, al punto que incluso conllevó a que en la sentencia se indicara que se trataba de una prescripción ordinaria y en otros apartes a la extraordinaria. En ese mismo sentido, adujo, en el año 2014, cuando profirió la sentencia de pertenencia, en la dogmática se mencionaba un régimen de transición para la aplicación de la Ley 791 de 2002; situación que solo se vino a esclarecer con la sentencia de la Sala de Casación Civil de 2017 citada por el Tribunal, de modo que se equivocó el A-quo al realizar un juicio de reproche ex post y no ex ante; es decir, que la «decantada jurisprudencia» fue posterior al fallo que profirió en el 2014. 11 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano Adicionalmente, en el ejercicio interpretativo que le correspondía realizar, explicó en la sentencia la prevalencia de la ley posterior como fue la Ley 792 de 2002, de modo que ello concierne a la labor interpretativa que debía adoptar para ese momento y no posteriormente en el 2020 cuando el Tribunal lo condenó. -. No se demostró que efectivamente contara con la experiencia y la capacitación suficiente; por cuanto la fiscalía

no aportó ningún elemento de prueba que así permitiera aseverarlo, pues la estipulación versó únicamente sobre su condición de servidor público para el momento de los hechos. De este modo, el Tribunal edificó el dolo sobre una suposición acerca de la experiencia y la preparación académica sin que esté comprobado en el proceso. -. Reprocha que el Tribunal hubiese afirmado que actualizó el conocimiento, porque en la contestación de la demanda se mencionó el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, cuando expresamente en la sentencia civil objeto de censura se puso de manifiesto que no se tenía en cuenta la contestación de la demanda, por haber sido presentada extemporáneamente. Entonces, al no haberse estudiado la réplica del demandado, nunca actualizó su conocimiento como el A-quo lo señaló. -. En la sentencia nada se dijo respecto de la norma que el Tribunal le reprocha haber desconocido; precisamente 12 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano porque la contestación de la demanda fue extemporánea y, por tanto, no se contenido no se tuvo en cuenta. -. Agregó que, en el contenido del fallo proferido por él, se explican con suficiencia las razones por las cuales encontró demostradas las exigencias para el reconocimiento de la prescripción extraordinaria interpretando favorablemente la Ley 791 de 2002; que bien pudo tratarse de un error, más no que haya proferido el fallo «con el ánimo perverso de favorecer al demandante – a quien no conocía – contrariando así manifiestamente el derecho».

-. Por otra parte, destacó que el análisis del Tribunal acerca de la improcedencia de la prescripción ordinaria por la falta de justo título, constituye una violación al principio de congruencia al desbordar el marco fáctico de la acusación pues la fiscalía no realizó cuestionamiento alguno por la falta de justo título, sino que la incriminación se enmarcó en el desconocimiento del artículo 41 de la Ley 153 de 1887. Con sustento en lo anterior, solicita se revoque la sentencia condenatoria y en su lugar sea absuelto del delito por el que fue acusado. De manera subsidiaria impetra que se redosifique la pena y se fije el monto mínimo de 48 meses previsto en la ley, por cuanto el Tribunal no expuso ningún argumento para incrementar en 2 meses y fijar la sanción definitiva en 50 meses de prisión, pues según indicó el recurrente, lo hizo 13 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano «solo con el fin – considero muy razonadamente - de negarme la concesión del subrogado de la condena de ejecución penal». De la misma forma, al establecerse la pena en 48 meses, solicita se conceda el subrogado de la suspensión condicional de ejecución de la pena al cumplirse las exigencias establecidas en el artículo 63 del Código Penal. El defensor Destacó que la fiscalía en ningún momento verificó la existencia de alguna de las causales de ausencia de responsabilidad penal, siendo ésta una obligación funcional, dado que el procesado está amparado con la presunción de

inocencia, situación que ante la incertidumbre sobre alguna eximente de responsabilidad le correspondía al fallador proferir sentencia absolutoria, en virtud del in dubio pro reo. Se refirió a la vulneración del principio de congruencia por parte del Tribunal, en la medida en que se cuestionó el actuar del procesado por la ausencia de justo título en el reconocimiento de la prescripción, cuando en la acusación únicamente se reprochó el incumplimiento acerca del término de posesión revisto en la ley. También aludió a la «atipicidad objetiva y subjetiva y carencia de conducta punible» precisando que el delito de prevaricato no se estructura sobre un «error mecanográfico, o 14 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano el pensar o valorar o interpretar la ley diferente pero con sustento legal (…) dado que no se sanciona acoger posturas intelectuales o analíticas diferentes a las de los demás partícipes en las actuaciones a resolver si no (sic) ajenas a la fundamentación legal atendible». Cuestiona en similares términos que el acusado, los «indicios» sobre los cuales el Tribunal estructuró la tipicidad subjetiva pues, el caso a resolver correspondía a un asunto complejo; no se acreditó la formación académica ni la experiencia del acusado; no se actualizó el conocimiento del juez GÓMEZ LOZANO sobre la norma a aplicar dado que la contestación de la demanda fue extemporánea; por lo que, además, resultaba innecesario motivar adecuadamente el

desconocimiento de la norma como pretendía el Tribunal. Apunta que el asunto sometido a la decisión del juez investigado no era de fácil resolución, debido a la concurrencia de varias normas llamadas a regular el asunto, como son los artículos 4, 13, 58 de la Constitución Nacional y 2 de la Ley 153 de 1887, Ley 200 de 1936; la cuales, con la disminución del término de prescripción contemplado en la Ley 791 de 2002, permitieron declarar la pertenencia. Aduce que si bien puede el funcionario investigado haber incurrido en un error, ello no hace punible su conducta, pues la sentencia adoptada se sustenta en una interpretación sistemática de las normas aplicables, como se expuso en el fallo que adoptó; y si resultaba equivocado su 15 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano entendimiento, tal conducta constituye una causal eximente de responsabilidad prevista en el artículo 32 numeral 3 (se obre en estricto cumplimiento de un deber legal) del Código Penal; y, en todo caso, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala, «el ERROR JUDICIAL POR SI SOLO (si es que lo hubo) no genera el delito de prevaricato, dado que es posible y común las discrepancias en temas que aparentemente no ofrecerían dificultad (…) no hubo ilegalidad en el proceder, sin que sea necesario el acierto, por tener eventualmente un criterio de análisis diferente». De este modo, solicita se revoque la sentencia condenatoria y, en su lugar, se absuelva a su defendido por

atipicidad y falta de antijuridicidad. Como pretensión subsidiaria impetra se imponga el mínimo de la pena en razón «del principio de carencia de necesidad y se le otorguen los subrogados penales en aplicación de la sentencia proferida por la Corte en el radicado 36784». NO RECURRENTES 1.- El Fiscal Delegado Apuntó que en el decurso de la investigación la fiscalía no encontró acreditada ninguna causal eximente de responsabilidad ni tampoco la defensa demostró - como era 16 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano su deber – la ocurrencia de alguna de las hipótesis que relevaran del compromiso penal al acusado, sin que para ello fuera suficiente la sola aseveración de un posible «error de tipo», realizada en las alegaciones finales; por tanto, no ameritaba un pronunciamiento del Tribunal en tal sentido. En lo concerniente a la queja sobre la vulneración del principio de congruencia, el representante de la fiscalía precisó que el fallo del Tribunal se ciñó estrictamente a los parámetros fácticos precisados en la acusación; y que, en esencia correspondían a que el acusado desconoció el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, frente a la disminución del término de prescripción adquisitiva de dominio que introdujo la Ley 791 de 2002; sin que hubiese lugar a declarar la pertenencia, como se hizo en la sentencia dictada por el acusado, pues no se cumplía el término inicialmente señalado en el Código Civil, tanto de la prescripción ordinaria

como de la extraordinaria; ni siquiera con la modificación de la precitada ley de 2002. Apuntó que, contrario a la crítica de la defensa, se encuentra acreditada la tipicidad objetiva y subjetiva como así lo determinó el Tribunal, por cuanto «la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2014es una decisión manifiestamente contraria a la ley, esto es, al artículo 41 de la Ley 153 de 1887, al decidir aplicar la Ley 791 de 2002, pero caprichosamente; en forma arbitraria empieza a contabilizar el término desde la posesión y no desde la entrada en vigencia de esta ley», obrando conscientemente al desconocer que en la 17 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano contestación de la demanda se le previno que no había lugar a «adquirir el inmueble por usucapión», bien aplicando el término previsto en el artículo 2532 del Código Civil ora el contemplado en la Ley 791 de 2002. Finalmente indica que la sentencia del Tribunal fue respetuosa de los derechos sustanciales del implicado y fue el resultado del análisis conjunto de las pruebas documentales aportadas como estipulación y los testimonios practicados en el juicio oral, que conllevaron a la demostración más allá de duda razonable sobre la ocurrencia del hecho y su responsabilidad, por lo que solicita sea confirmada. 2.- El Ministerio Público Puso de presente que en el sistema oral acusatorio el juez es imparcial y los roles de las partes están definidos, de

modo que era la defensa a quien correspondía alegar y demostrar la existencia de una causal de ausencia de responsabilidad. Destacó el representante de la Procuraduría, que no se vulneró el principio de congruencia toda vez que la acusación versó sobre el presunto desconocimiento por parte del juez LUIS ALBERTO GÓMEZ LOZANO del artículo 2532 del Código Civil, la Ley 791 de 2002 y el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, al proferir sentencia decretando la prescripción extraordinaria de dominio, que no requiere de justo título, 18 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano razón por la cual ninguna «referencia tenía que hacer la fiscalía» sobre este último, pues aquel sólo se exige cuando se trata de la prescripción ordinaria. De otra parte, indicó que la fiscalía sí demostró la tipicidad objetiva, en tanto que, en la sentencia proferida por el acusado se desconoció abiertamente el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, al reconocer que el demandante «(…) el 15 de febrero de 2011 (…) le asistía el derecho de adquirir por prescripción extraordinaria el predio en litigio». Y en cuanto a la tipicidad subjetiva, luego de citar algunas decisiones de esta Corporación, precisó el Ministerio Público que el acusado, «si contó con la posibilidad real de haber podido ajustarse al precepto normativo por cuya trasgresión se le condenó, y por tanto, si tuvo conocimiento del carácter delictivo del comportamiento y, a pesar de ello,

voluntariamente optó por realizar la conducta prohibida», aserto que se desprende del contenido de la sentencia dictada por el acusado en el que con independencia de su experiencia y capacitación, el caso a resolver no era complejo. Además, en la contestación de la demanda y escrito de excepciones, fue informado que en ningún caso se cumplía el término para la prescripción adquisitiva, bien por el término inicialmente previsto en el 2532 del C.C. ora por el contemplado en la Ley 792 de 2002; y aunque las excepciones fueron extemporáneas, ello no constituye una excusa atendible porque aún así le permitió conocer las 19 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano normas aplicables al caso, además que por el hecho de ser inoportunas «no facultaba al juez a actuar contra derecho y si bien es cierto las desestimó, no por ello puede decir que no hizo un análisis de las mismas pues en la sentencia hace referencia a tales excepciones y a las normas que los demandados invocaron para solicitar denegar lo demandado». Por las razones anotadas, solicita se confirme la sentencia, precisando que no hay lugar a conceder ninguno de los subrogados, por expresa prohibición del artículo 68 A, en razón al delito por el que se procede.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1.- Competencia. La Sala de Casación Penal está facultada para decidir los recursos impetrados, con fundamento en el artículo 32 numeral 3º de la Ley 906 de 2004, dado que se interpuso contra una sentencia proferida en primera instancia por un

Tribunal Superior de Distrito Judicial, en este caso, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. En razón del principio de limitación funcional que gobierna la definición del recurso de apelación, el superior solo puede resolver los temas que fueron objeto de la decisión y, por consiguiente, del recurso interpuesto, con excepción de aquellos aspectos inescindibles de los planteamientos 20 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano expuestos por el acusado y su defensor, que por su similitud se estudiarán conjuntamente. De este modo, se desatará la alzada de acuerdo con los problemas jurídicos que en esencia se contraen a: i) la infracción del principio de congruencia; ii) la tipicidad del delito de prevaricato por acción; iii) las causales de exoneración de responsabilidad y iv) el quantum de la sanción de prisión impuesta y la procedencia de los subrogados penales. 2.- El principio de congruencia La censura inicial se circunscribe a la presunta inconsonancia entre acusación y sentencia porque el Tribunal se refirió a la inexistencia del justo título, para estimar improcedente también la prescripción ordinaria que fue solicitada por el demandante en el proceso civil, aspecto que no fue atribuido por la fiscalía en la acusación. 2.1.- La congruencia, conforme al artículo 448 de la Ley 906 de 2004, se entiende como una garantía para el acusado que únicamente puede ser declarado penalmente responsable por los hechos atribuidos en la acusación. Dicho de otra manera, se trata de la correlación que debe existir

entre la conducta por la cual una persona es acusada y la decisión definitiva sobre su responsabilidad. La acusación legalmente formulada se torna absoluta e 21 Número Interno 58077 Radicado 08001600125720150350103 Segunda instancia Luis Alberto Gómez Lozano intangible en cuanto a sus componentes personal y fáctico, esto es, que no puede variarse, modificarse o alterarse. No ocurre lo mismo en relación con la congruencia jurídica, que es relativa, en tanto el juez se encuentra facultado para condenar de manera atenuada o por un delito distinto, siempre que no agrave la situación del procesado y no afecte el núcleo fáctico de la imputación. Lo anterior exige además que, en la acusación, acto que por mandato del artículo 250 de la Constitución Nacional corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, se exprese la determinación fáctica y jurídica de la conducta penalmente relevante, señalándose en forma clara, precisa, comprensible, los elementos que estructuran el tipo penal, además de las circunstancias específicas de mayor gravedad y/o las que tienen incidencia en la dosificación punitiva. Esta Corporación1 ha precisado que el desconocimiento del principio de congruencia se presenta cuando: (i) se condena con afectación del núcleo fáctico, esto es, por hechos distintos o delitos diferentes a los atribuidos en las audiencias de formulación de imputación o de acusación, (ii) se condena por un ilícito que no se mencionó fácticamente en el acto de formulaci