CSJ - SP1462-2022(52099)

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente SP1462-2022 Radicación N° 52099 Aprobado acta No 95 Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022). VISTOS Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por la defensa de JONATHAN CASTRO MORENO contra la sentencia dictada el 23 de octubre de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante la cual confirmó la proferida el 27 de junio de 2017 por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Conocimiento de la misma ciudad, el cual condenó al nombrado como autor del punible de violencia intrafamiliar agravada (Art. 229-2). CasaciónSentencia Rad.52099

JONATHAN CASTRO MORENO C.U.I. 11001600001320148064001

HECHOS

1. Del recuento procesal1 se desprende que el 13 de septiembre de 2014 a las 08:00 a.m., CLAUDIA PATRICIA GALÁN MOYA se encontraba en la casa de sus padres ubicada en la

calle 58 C Sur N. 77 I-78 -barrio Los Sauces Romade la ciudad de Bogotá junto a sus dos menores hijos C.F.C.G y

J.S.C.G2.

2. En ese momento, llegó a la residencia JONATHAN CASTRO MORENO –padre de los menores-, quien inició una discusión relacionada con las visitas que le correspondían, por cuanto quería hacer uso de ese derecho, pero su hija se encontraba enferma y GALÁN MOYA se negó a dejarla salir

dado su estado de salud.

3. Debido a esa negativa, el procesado la amenazó con quitarle la custodia de los niños, y GALÁN MOYA respondió propinándole una cachetada a CASTRO MORENO, el cual reaccionó tirándola sobre una cama, agrediéndola con puños y patadas en diferentes partes del cuerpo, así como con insultos; todo esto en presencia de JULIA MOYA -madre de la víctimay CARLOS CASTRO –padre del victimario-.

4. Como consecuencia de dichas lesiones, se le dictaminó una incapacidad médico legal de 8 días.

1 Cuaderno Original No 1. Fls. 169-176, Cuaderno Original No 2. Fls. 2457. 2 Para efectos del presente proceso, se omitirá cualquier información sobre la identificación de la víctima menor de edad, en virtud de los artículos 33 y 193 de la Ley 1098 de 2006 (Ley de la Infancia y la Adolescencia), a fin de proteger el derecho a la intimidad del menor y su familia. 2 CasaciónSentencia Rad.52099

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ANTECEDENTES PROCESALES

5. Por los hechos descritos, el 4 de octubre de 2016, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento ante el Juzgado 39 Penal Municipal con función de Control de

Garantías de Bogotá3.

6. En la misma diligencia, la Fiscalía 273 Local imputó a CASTRO MORENO, en calidad de autor, el punible de violencia intrafamiliar agravada (Art. 229-2). Cargos que

aceptó de manera libre, consciente, voluntaria e informada, en presencia de su defensor y previa asesoría de las consecuencias jurídicas y los beneficios punitivos que le serían otorgados4.

7. Tras la realización de la audiencia prevista en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004, el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Conocimiento mediante sentencia del 27 de junio de 2017, condenó a CASTRO MORENO a la sanción principal de 36 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal5.

8. De la misma manera, el juez de primer grado dispuso que el procesado no era acreedor del subrogado

3 Cuaderno Original No 1. Fls. 1-4. 4 Cuaderno Original No 1. Fls. 7-11. 5 Cuaderno Original No 1. Fls. 169176. 3 CasaciónSentencia Rad.52099 JONATHAN CASTRO MORENO C.U.I. 11001600001320148064001 correspondiente a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni al beneficio de la prisión domiciliaria por incumplir con lo dispuesto en los artículos 38 y 63 del Código Penal.

9. La defensa del procesado apeló la anterior determinación, la cual fue confirmada mediante providencia del 23 de octubre de 2017 dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, acompañada de un salvamento y una aclaración de voto6.

10. Contra esa determinación, la defensa del

procesado interpuso el recurso extraordinario de casación, allegando la respectiva demanda dentro del término legal7 , la cual fue admitida previamente para el estudio por esta Sala.

SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN

11. Tras identificar los sujetos procesales intervinientes, realizar una síntesis de los hechos materia de juzgamiento y de la sentencia que impugna, el censor procedió a postular un único cargo invocando la causal tercera de casación por violación de los artículos 29 de la Constitución Política, 6° de la Ley 599 de 2000 así como 6°, 404 y 448 de la Ley 906 de 2004.

6 Cuaderno Original No 2. Fls. 24-62. 7 Demanda presentada el día 26 de enero de 2018. Fls. 64-95. 4 CasaciónSentencia Rad.52099

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12. Alega la configuración de un error de derecho correspondiente al falso juicio de convicción alrededor de la denuncia presentada por CLAUDIA PATRICIA GALÁN MOYA, víctima en el presente proceso y sobre la cual se desarrolló el allanamiento a cargos de JONATHAN CASTRO MORENO.

13. Argumenta, que tal error se produjo no obstante coexistir la legalidad de la denuncia presentada por GALÁN MOYA y su debida aducción, pues no ocurrió lo mismo con su apreciación, desconociendo el valor probatorio que presenta.

14. Transcribe un aparte de la sentencia para afirmar que se equivocó al conferirle valor legal a la denuncia instaurada por la víctima, sin analizar el contenido integral

de la misma.

15. Manifiesta, tal prueba evidencia que CLAUDIA PATRICIA y JONATHAN CASTRO “no sostenían ningún tipo de relación sentimental, por así decirlo, lo que permite verificar es que sí ejercían los derechos que legalmente tienen dos padres de familia, en este caso para con sus dos menores hijos…”

16. Argumenta que la regla, experiencia o conocimiento básico, consiste en que en la unión familiar constituida por padre, madre e hijos, conviven bajo el mismo techo, y solo por excepción uno de ellos reside por separado.

En el presente caso, la madre de los menores reside en la Calle 58 C Sur #77-78 y el padre en la Carrera 86 F # 33-46 Sur. 5 CasaciónSentencia Rad.52099

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17. Adicionalmente, complementa que el error censurado se presenta también en la entrevista –FPJ-14tomada a GALÁN MOYA el 8 de enero de 2015, pues en ella expresó “vivimos 18 meses y él se fue de la casa, nos abandonó a

mis hijos y a mi hace 6 años.” y “él vive en la carrera 86 F #33-46 Sur, Barrio Patio Bonito, teléfono 3105753948.”

18. Lo anterior para concluir que el comportamiento desplegado por CASTRO MORENO no debió enmarcarse dentro del artículo 229, sino en el 112 del Código Penal.

19. Sostiene asimismo que fue dejado de valorar el informe pericial forense respecto de la salud de GALÁN MOYA, tomado el 13 de septiembre de 2014, dentro del cual afirmó que su estado civil era “separado” y respecto a CASTRO

MORENO expuso “separados hace 6 años, no conviven en la misma casa”.

20. En el mismo sentido estima que la decisión de segundo nivel pasó por alto la entrevista tomada a la madre de la víctima, MARÍA ANA JULIA MOYA. Transcribe un aparte de la misma y afirma que dicho relato confirma las lesiones inferidas a su hija y las circunstancias por las cuales CASTRO MORENO acudió a su hogar.

21. Desde el punto de vista del censor, es una obligación del Juez constitucional retomar las pruebas sobre las cuales se erigió la imputación con el fin de determinar “la juridicidad del acto, no la legalidad del mismo.”, lo cual, a su modo de ver no ocurrió, pues a dichos medios suasorios se les otorgó toda la validez posible “y en aplicación a esa fórmula,

6 CasaciónSentencia Rad.52099 JONATHAN CASTRO MORENO C.U.I. 11001600001320148064001 editó su concepto final, con el argumento de que al funcionario judicial le queda vedado hacer control formal o consideraciones de orden sustancial, entre las cuales prevé la adecuación típica”.

22. Reprocha la inaplicación de la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala al alrededor del punible de violencia intrafamiliar desde el radicado 48.047 del 2017, en el cual se precisó que dicha conducta ilícita recae entre los cónyuges o compañeros permanentes, siempre y cuando mantengan un núcleo familiar, lo cual significó el quebrantamiento de los derechos de su defendido.

23. Bajo los mismos argumentos, aprecia vulnerada

“la lógica sana crítica”, pues “de haberse observado las formas propias, y mayormente la legalidad del tipo penal que le debe imputar y/o acusar a JONATHAN CASTRO MORENO, este hubiera sido por el punible de lesiones personales dolosas, con el agravante que implica habérselas infringido a una dama, pero en absoluto por el que determina el artículo 229 del C.P. clasificado como “DELITOS CONTRA LA FAMILIA”, por cuanto en efecto, no coexiste en la relación de los protagonistas JONATHAN Y CLAUDIA, ninguna unidad familiar que pueda ser admitida.”.

24. Por lo anterior, el censor solicita casar la sentencia recurrida, para que en su lugar se dicte sentencia sustitutiva por el delito de lesiones personales, sin perjuicio de allanamiento a cargos, y se conceda el subrogado penal de libertad condicional a su prohijado.

AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN

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25. Tomando en cuenta que frente a la pandemia provocada por el COVID-19 no fue posible realizar de forma presencial la audiencia de sustentación del recurso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso, de conformidad con el Acuerdo 020 de 2020, artículo 3.1, se surtiera el respectivo traslado por escrito, a fin de que se presentaran los alegatos de sustentación y refutación de la demanda de casación incoada.

1. Defensa8

26. El defensor reiteró los reproches y pretensiones

esbozados en el libelo casacional.

2. Fiscalía General de la Nación9

27. La Fiscal Tercera Delegada ante la Corte (e) coadyuvó los argumentos expuestos por el censor en los

siguientes ítems:

28. Primero, el alcance de la expresión “núcleo familiar”, considerando que a partir de la sentencia emitida por esta Corporación bajo radicado 48.047 del 2017, un hijo en común no es suficiente para acreditar la “unidad familiar”.

29. Expone que con la entrada en vigencia de la Ley 1959 -20 de junio de 2019-, se incorporaron al tipo penal de violencia intrafamiliar eventos no incluidos dentro del 8 Cuaderno de la Corte. Fls. 24-29. 9 Cuaderno de la Corte. Fls. 30-34.

8 CasaciónSentencia Rad.52099 JONATHAN CASTRO MORENO C.U.I. 11001600001320148064001 concepto de “núcleo familiar”, por lo cual, y citando la providencia emitida por esta Corporación con radicado 52.571 de 2020, manifiesta que para las nuevas hipótesis “ya no se requiere estructurar el tipo penal a partir de la pertenencia al mismo grupo familiar de los agresores y las víctimas del delito, como tampoco, de la convivencia o cohabitación de estos en el mismo domicilio.”

30. Puntualiza, los hechos tuvieron ocurrencia en el mes de septiembre de 2014, esto es, durante el período de interpretación de la Ley 1959 de 2010. Y habiéndose concluido que los miembros de la familia ya no vivían juntos,

no resultaban cobijados por la expresión “unidad familiar” en concordancia con el principio de legalidad y de favorabilidad.

31. Considera que la conducta desplegada por CASTRO MORENO no es típica del punible de violencia intrafamiliar, sino de lesiones personales dolosas agravadas. De lo contrario, se desconocería la doctrina jurisprudencial esbozada respecto al alcance de la expresión “unidad familiar”.

32. Sobre el control del juez frente a la imputación, considera necesario que el juez de garantías como de conocimiento controlara las consecuencias jurídicas de los hechos materia de juzgamiento, pues el ejercicio de subsunción debió ser por el punible de lesiones personales dolosas agravadas, tanto por tipicidad, como por antijuridicidad, teniendo en cuenta el bien jurídico protegido.

33. En el presente asunto resultaba ineludible la intervención del juez, pues la situación fáctica permitía

9 CasaciónSentencia Rad.52099 JONATHAN CASTRO MORENO C.U.I. 11001600001320148064001 concluir que la calificación jurídica resultaba contraria al principio de tipicidad estricta.

34. Lo anterior, en concordancia con la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, la cual manifiesta que por vía de excepción el juez puede intervenir cuando objetivamente se comprometen de manera grosera o arbitraria las garantías fundamentales del procesado.

35. Por último, dentro de su intervención propone un nuevo interrogante, ¿qué consecuencias jurídicas debe tener el allanamiento a cargos en el presente caso?

36. En su consideración, debería decretarse la nulidad

del acto para que respecto a la nueva aclaración se interrogue a CASTRO MORENO sobre la voluntad de allanarse. Pese a ello, en este caso se trata de un “delito menor incluido, y al faltar uno de los elementos que estructura el delito especial (violencia intrafamiliar), debe mantenerse el simple (lesiones personales dolosas agravadas).”

37. Con lo cual, mantener el allanamiento no afecta las garantías fundamentales del procesado, pues él mismo aceptó la situación fáctica, en este caso con consecuencias jurídicas menores a las comunicadas en esa oportunidad, además, se encuentran recogidos los elementos de su tipicidad y tiene mayor favorabilidad.

38. Con base en lo expuesto, solicita revocar la sentencia condenatoria y emitir una de reemplazo con la correspondiente adecuación punitiva respecto al delito de lesiones personales agravadas.

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3. Ministerio Público10

39. Por su parte, la Procuradora Tercera Delegada ante esta Corporación discrepa de las anteriores posturas y sugiere no casar la sentencia demandada, pues considera no se transgredieron derechos fundamentales del procesado, discurriendo que la casación no puede pretenderse como el momento procesal para subsanar yerros cometidos en la estrategia defensiva.

40. Apoyando la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, manifiesta que el momento procesal pertinente para discutir la adecuación típica de la conducta desplegada por CASTRO MORENO ya feneció. Igualmente, si este no se

encontraba conforme, no debió permitirse por parte de su defensa técnica aceptar la responsabilidad del punible imputado (violencia intrafamiliar).

41. Reprocha, no logró acreditarse que el procesado para el momento de los hechos no vivía con la víctima o que los mismos no se presentaron en razón de su relación de pareja, contrario a ello, la ofendida afirmó en la denuncia instaurada que se trataba de “su compañero sentimental”.

42. Afirma que las reglas de la experiencia señalan que una pareja que ya no convive, no realiza visitas en la alcoba y lo realmente demostrado en el proceso es el ánimo de 10 Cuaderno de la Corte. Fls. 36-40.

11 CasaciónSentencia Rad.52099 JONATHAN CASTRO MORENO C.U.I. 11001600001320148064001 retractación a la aceptación de cargos por parte de CASTRO

MORENO.

43. Cita apartes de las sentencias C-674 de 2005, C029 de 2009 y C-368 de 2014 de la Corte Constitucional para definir el concepto de violencia intrafamiliar y el objetivo del punible que lo consagra. Por último, acude a la sentencia emitida por esta Corporación bajo radicado 47.370 del año 2020, para puntualizar en el concepto de convivencia, considerando estas resultan aplicables al presente caso.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

44. El recurso de casación se encuentra regulado en la Ley 906 de 2004 con la finalidad de lograr la efectividad del derecho material, el respeto a las garantías de quienes intervienen durante la actuación procesal, la reparación de los agravios a estos inferidos, así como la unificación de la

jurisprudencia.

45. En el presente asunto la Corte se ocupará de dar respuesta al reparo expuesto por el demandante, en el que alega la configuración de un error de derecho correspondiente al falso juicio de convicción en la sentencia que recurre, respecto a la denuncia, la entrevista –FPJ-14del 8 de enero de 2015 y el informe pericial forense presentado por CLAUDIA PATRICIA GALÁN MOYA, pues aunque considera les concedió valor legal, no fueron apreciados en su contenido integral, desconociendo el valor probatorio de los mismos.

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46. Lo anterior, condujo al desconocimiento de la línea jurisprudencial que la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado alrededor del punible de violencia intrafamiliar, por medio de la cual la conducta desplegada por CASTRO MORENO no debió enmarcarse en el artículo 229, sino en el artículo 112 del Código Penal.

47. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala no desconoce las falencias argumentativas que presenta el libelo casacional, así como tampoco los diferentes errores de forma que lo conforman, pese a ello y en atención al artículo 180 de la Ley 906 de 2004 la Corte analizará los problemas jurídicos propuestos, de conformidad con las funciones del recurso de casación encaminadas a la eficacia del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes y la unificación de la jurisprudencia.

48. Por lo anterior esta Corporación desarrollará los siguientes temas: i) Cambio jurisprudencial respecto al delito

de violencia intrafamiliar ii) Aplicación del precedente jurisprudencial vigente al momento de proferir los fallos de instancia, iii) Adecuación típica de la conducta desplegada por CASTRO MORENO, iv) objeto de control por parte del juez y, v) tipicidad frente al delito de lesiones personales, dosificación y suspensión condicional de la ejecución de la pena. 13 CasaciónSentencia Rad.52099

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I. Cambio jurisprudencial respecto al delito de violencia intrafamiliar

49. Después de citar jurisprudencia de esta Sala al respecto, el censor considera que de haberse observado la legalidad del tipo penal imputado a JONATHAN CASTRO MORENO, este se hubiese adecuado al punible de lesiones personales, más no por violencia intrafamiliar, por cuanto no existe unidad familiar alguna entre los protagonistas.

50. La propuesta del recurrente respecto a la atipicidad de la conducta desplegada por el procesado ya ha sido objeto de estudio por esta Sala (CSJ-SP 7 jun. 2017, radicado 48.047) en la cual se estableció el alcance de la protección penal del bien jurídico de la “armonía y unidad de la familia” y la tipicidad de la conducta descrita en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, concluyendo: “De lo anterior concluye la Corte que para la configuración del delito de violencia intrafamiliar es necesario que victimario y víctima pertenezcan a la misma unidad familiar, “que habiten en la misma casa” –en los términos del citado estatuto punitivo

mexicano— pues de no ser ello así, la agresión de uno a otro no satisface la exigencia típica de maltratar a un miembro del mismo núcleo familiar y tampoco vulnera el bien jurídico de la “armonía y unidad de la familia”, caso en el cual deberá procederse, por ejemplo, conforme a las normas que regulan el delito de lesiones personales agravadas en razón del parentesco si a ello hay lugar 11”. 11 Reiterada en Cfr. CSJSP. 30 abr. 2019. Rad. 49.687 y SP14 oct. 2020 Rad. 54.380. 14 CasaciónSentencia Rad.52099

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51. A tal deducción se llegó, después de diferentes interpretaciones alrededor del tipo penal de violencia intrafamiliar, pues en un primer momento el elemento normativo “núcleo familiar”, parte esencial del tipo, no contaba con una definición concreta.

52. Inicialmente, cabe resaltar -una vez másla diferencia entre el concepto de familia que contienen los artículos 42 de la Constitución Política y 2° de la Ley 294 de 199612, y por su parte, la definición de “núcleo familiar” enfocada en el ámbito penal, fundamental para determinar en sede de tipicidad los eventos en los cuales el maltrato físico o psicológico entre sus miembros configura el punible de violencia intrafamiliar: “En cambio, el “núcleo familiar” es un concepto inherente a la convivencia o vida en común, en tanto que semánticamente núcleo es la formación de un todo por agregación de otros, esto es unión,

fusión, cohesión por contraposición a desunión; por lo cual, es preciso entender que ese ingrediente normativo del tipo penal comprende únicamente a los integrantes de la familia que viven conjuntamente en un lugar, esto es, a quienes conviven o comparten un sitio. (…) Desde esta perspectiva la familia es omnicomprensiva, el “núcleo familiar” es restrictivo; aquella se constituye por la sola existencia del vínculo natural o jurídico, este adicionalmente por la “convivencia”; se es familia de alguien sin necesidad de vivir con ella, pero no es posible formar parte del “núcleo familiar” si no lo integra. No otro es el alcance de tal expresión, en la medida que el bien jurídico tutelado es el de la “armonía y la unidad” familiar, la cual es comprensible respecto de quienes por vivir en unión comparten 12 Resultando como bien jurídico objeto de protección establecido por el legislador la “armonía y unidad de la familia”. 15 CasaciónSentencia Rad.52099 JONATHAN CASTRO MORENO C.U.I. 11001600001320148064001 los objetivos y propósitos del grupo parental del que hacen parte o al cual se han integrado. En el sentido indicado el hijo común es parte de la familia, como lo son su padre y su madre, pero si estos no conviven no constituyen “núcleo familiar” por la existencia de aquél 13”.

53. Además, respecto a la posibilidad de que los padres cesen su convivencia y fruto de ella hayan procreado hijos relató: “Afirmar que una vez cesa la convivencia entre cónyuges o

compañeros permanentes se mantiene entre ellos el “núcleo familiar” cuando tienen un hijo común menor de edad, comporta una ficción ajena al derecho penal. Resulta por lo menos incorrecto, a la luz del principio lógico de no contradicción (según el cual, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo), que se edifique el ámbito del núcleo familiar, el cual supone la existencia real y no meramente formal de una familia en su conjunto, su unión, su cotidianidad, su vínculo estrecho, su afectividad y su coexistencia diaria, a partir de la noción de hijo de familia, sin importar si los padres se encuentran o no separados. Si el núcleo supone unión y conjunción, se desvirtúa y pierde su esencia cuando hay desunión o disyunción entre sus integrantes. En efecto, no hay duda que los menores, mientras no se emancipen, tienen la condición de hijos de familia. Pero ello no puede conducir a la suposición artificiosa de que los padres, aunque se encuentren separados o inclusive aunque nunca hayan convivido (como puede ocurrir con el hijo fruto de una fugaz relación sexual) integren el núcleo familiar objeto de tutela dentro del ámbito de protección de la norma que se ocupa de la violencia intrafamiliar (artículo 229 del Código Penal) 14”. 13 Cfr. CSJ-SP. 30 abr. 2019. Rad. 49.687, ratificado recientemente en: SP1343-2022, 27 abr. 2022. Rad. 52.330. 14 Cfr. CSJ-SP. 07 jun. 2017. Rad. 48.047 ratificada dicha postura para esos casos

en donde aplicaba la anterior jurisprudencia: SP1343-2022, 27 abr. 2022. Rad. 52.330. 16 CasaciónSentencia Rad.52099

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54. Como se entiende de la anterior jurisprudencia, la convivencia resulta ser requisito indispensable para la configuración de la conducta típica contenida en el punible de violencia intrafamiliar, sin la cual no puede hablarse de “núcleo familiar”.

55. Lo cual, no puede ser superado ni siquiera con la existencia de un descendiente común, pues ello no resulta equivalente a la vida en común bajo un mismo techo.

II. Aplicación del precedente jurisprudencial vigente al momento de proferir los fallos de instancia

56. Ahora bien, los hechos en el caso subjudice acaecieron el 13 de septiembre de 2014, por su parte, la sentencia de primera instancia tras el allanamiento a cargos realizado por CASTRO MORENO fue emitida el 27 de junio de 2017 y por último, el 23 de octubre de 2017 la proferida por el Tribunal.

57. Por otro lado, el 7 de junio de 2017 se emitió el fallo por medio del cual se esbozó la línea jurisprudencial anteriormente en cita, lo que permite concluir que aunque no se encontraba vigente al momento de los hechos, si lo era para las decisiones de instancia, por lo cual su aplicación se encontraba llamada a considerarse por los funcionarios de instancia al momento de emitir sus fallos, pues: i) en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encontraba una regla

jurisprudencial aplicable al asunto por resolver, ii) la ratio decidendi resolvía un problema jurídico semejante al 17 CasaciónSentencia Rad.52099 JONATHAN CASTRO MORENO C.U.I. 11001600001320148064001 propuesto en el nuevo trámite y iii) los hechos del proceso eran equiparables a los anteriores15.

58. De igual manera, en protección a los principios de seguridad jurídica16, confianza legítima en la administración de justicia17 y unidad del ordenamiento jurídico18, en razón de los cuales los jueces se encuentran en la obligación de sujetarse a las decisiones que profieran sus superiores funcionales en situaciones de hecho equivalentes, a fin de mantener la coherencia de los fallos, respetar el derecho a la igualdad de trato jurídico, debido proceso y buena fe.

59. Por supuesto, el respeto al precedente no es de naturaleza absoluta19, pues los funcionarios judiciales cuentan con un margen de discrecionalidad al momento de proferir sus decisiones, que son de carácter constitucional y son base del principio de autonomía judicial 20.

60. Sin embargo, lo que si se encuentra llamado a acatarse es el desarrollo de una motivación suficiente21 que justifique los motivos por los cuales el juzgador se aparta o 15 Criterios definidos por la Corte Constitucional para determinar cuándo una sentencia constituye precedente. Cfr. C.C. SU-053 de 2015. 16 Cfr. C.C. C-836 de 2001. 17 Cfr. C.C. T-468 de 2003. 18 Cfr. C.C. C-252 de 2001, reiterada en la sentencia T-569 de 2001.

19 En ello ha insistido la Corte Constitucional en Cfr. C.C. SU-047 de 1999. 20 «Tales axiomas de carácter superior garantizan a los Jueces de la República actuar sin consideración a indebidas injerencias provenientes de otros órganos del poder público e incluso de la propia Rama Judicial, en forma que sólo quedan sometidos al imperio de la Constitución y la ley, con lo cual se busca que sus decisiones sean producto de la aplicación libre e imparcial del ordenamiento jurídico y del análisis reflexivo de las pruebas con las cuales se soportan las mismas, tal como se precisó en la sentencia C-417 de 1993, en la que se dijo: “Es necesario advertir, por otra parte, que la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es, el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno”». 21 Cfr. C.C. T-319A de 2012, T-012 de 2016. 18 CasaciónSentencia Rad.52099 JONATHAN CASTRO MORENO C.U.I. 11001600001320148064001 interpreta de manera diferente las normas jurídicas o las reglas jurisprudenciales esbozadas por un órgano de cierre.

61. Frente a ello, ha sido detallado por la Corte Constitucional el proceso argumentativo que debe llevarse, de la siguiente manera: “Una vez identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la

autoridad judicial sólo puede apartarse de la misma mediante un proceso expreso de contra-argumentación que explique las razones del apartamiento, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto; (ii) desacuerdo con las interpretaciones normativas realizadas en la decisión precedente; (iii) discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea jurisprudencial. De este modo, la posibilidad de apartamiento del precedente emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las razones de su desconsideración en el caso que se juzga22”.

62. Dicha dialéctica argumentativa -se concluyeno se llevó a cabo, ello tras estudiar las sentencias emitidas tanto por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal de Bogotá, como por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.

63. Al contrario, es evidente el desconocimiento del precedente23 que se configura en ellas, pues los juzgadores en ambas ocasiones se rehusaron a seguir las reglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en esa época, vulnerando los principios 22 Cfr. C.C. C-621 de 2015. 23 Cfr. C.C. T-012 de 2016.

19 CasaciónSentencia Rad.52099 JONATHAN CASTRO MORENO C.U.I. 11001600001320148064001 de seguridad jurídica judicial y confianza legítima en la administración de justicia, así como los derechos

fundamentales a la igualdad de trato jurídico y al debido proceso.

III. Adecuación típica de la conducta desplegada

por JONATHAN CASTRO MORENO

64. Una vez aclarado lo anterior, se puede concluir que los reproches planteados por el casacionista son acertados cuando expone que de haberse seguido la línea jurisprudencial enmarcada por esta Corporación, el tipo penal imputado hubiese sido el de lesiones personales, “por cuanto en efecto, no coexiste en la relación de los protagonistas JONATHAN Y CLAUDIA, ninguna unidad familiar que pueda ser admitida”.

65. Es por ello que la calificación jurídica endilgada a JONATHAN CASTRO MORENO por los hechos cometidos contra de CLAUDIA PATRICIA GALÁN MOYA resulta inadecuada.

66. Si bien es cierto tienen dos hijos en común, K.S.

C.G. Y J.C.C.G., meno