CSJ - SP1463-2022(58337)

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente SP1463-2022 Radicación No. 58337 Aprobado acta No. 97 Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022) La Sala resuelve la impugnación especial presentada por la defensa contra la sentencia del 8 de noviembre de 2017, mediante la cual la Sala condenó al ex Gobernador del Departamento de Arauca, JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL como autor responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y como coautor del punible de peculado por apropiación en favor de terceros, cometidos en concurso heterogéneo sucesivo. HECHOS Impugnación especial Rad. 58337

JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402

En la resolución de acusación se sintetizaron de la siguiente manera: «El 25 de abril de 2006, el señor Julio Enrique Acosta Bernal, actuando como Gobernador del Departamento de Arauca, celebró el contrato No. 069 con el consorcio ECO-PARK2006, cuyo objeto fue la construcción de la primera etapa del parque histórico y eco turístico Los Libertadores en el municipio de Tame, departamento de Arauca, por valor de tres mil ochocientos noventa y siete millones ciento treinta y ocho mil diecisiete pesos ($3.897.138.017). Se denuncia que la fuente de financiación del proyecto se deriva de los recursos de regalías y el proyecto no corresponde al objeto de destinación que señala el artículo 361 de la

Constitución Política y la Ley 756 de 2002 para ese rubro; fue celebrado sin la preexistencia de los planos arquitectónicos, constructivos, estructurales, ni plan de manejo ambiental. En la ejecución de obra hubo incumplimiento de las obligaciones del contratista y mal manejo del anticipo; sin embargo, nada hizo la administración para asegurar la entrega de las obras, dar por terminado el contrato o declarar su caducidad; por el contrario, se dio lugar a la suspensión del mismo, suscripción de prórrogas y adición de recursos»1.

ANTECEDENTES PROCESALES

1. El 19 de diciembre de 2013 la Fiscalía Décima Delegada ante esta Corporación, calificó el mérito del sumario acusando a JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL como probable autor responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. El 31 de enero de 2014 la misma fiscalía no repuso la acusación y dispuso el envió del expediente a la Corte. 1 Emitida el 19 de diciembre de 2013.

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JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402

2. El 29 de julio de 2014 se llevó a cabo la audiencia preparatoria, en la cual no se decretó la nulidad pedida por el defensor con base en varias causales, y ordenó la práctica de pruebas solicitada por los sujetos procesales2.

3. Frente a la anterior decisión se interpuso recurso, sin embargo, en auto del 27 de octubre de 2014 se dispuso no

reponer la decisión3.

4. Ante una nueva solicitud de nulidad, el 11 de marzo de 2015, la Sala negó la pretendido por el defensor4.

5. El 18 de noviembre de 2016, el procesado fue puesto a disposición de este expediente por parte de la Fiscalía Séptima Delegada ante esta Corporación.

6. El 1 de junio del 2017, la Sala revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva que pesaba contra el procesado ACOSTA BERNAL y lo puso a disposición del radicado 49734 seguido en esta misma Corporación.

7. Luego de que se llevará a cabo la audiencia pública, el 8 de noviembre de 2017 la Sala profirió sentencia de única instancia en contra del ex Gobernador del Departamento de Arauca, JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL como autor responsable del delito de contrato sin cumplimiento de

2 Folios 163 a 204, cuaderno original No. 1, Rad. 43.263. 3 Folios 254 al 271 ídem. 4 Folios 283 al 297, cuaderno original N°. 2. 3 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 requisitos legales y como coautor del punible de peculado por apropiación en favor de terceros, cometidos en concurso heterogéneo sucesivo y lo condenó en consecuencia a la pena de 80 meses de prisión, multa por valor de $884.019.838.37 e inhabilitación intemporal de derechos y funciones públicas.

8. Interpuesto recurso de apelación por parte de la

defensa, fue rechazado mediante decisión del 28 de febrero de 2018, respecto de la cual se solicitó la nulidad, misma que fue denegada en auto del 6 de noviembre de 2019.

9. Mediante escrito del 30 de julio del 2020, el defensor del procesado presentó ante esta Corporación solicitud de trámite de impugnación especial contra la sentencia condenatoria en mención. El recurso fue concedido por auto del 3 de septiembre siguiente, por tratarse de primera condena5.

10. En auto del 7 de diciembre de 2020, el magistrado ponente dispuso surtir los traslados pertinentes para sustentar el recurso y a los no impugnantes para la integración del contradictorio, trámite dentro del cual el defensor solicitó la remisión de la actuación a la Jurisdicción para la Paz6.

11. Así las cosas, el 21 de abril de 2021 la Sala decidió no acceder a tal petición, por no encontrar que los hechos 5 Folio 1 al 6, cuaderno original de la Corte Rad. 58337. 6 Folio 17 y 18, ídem.

4 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 delictivos investigados guarden relación directa o indirecta con el conflicto armado7.

12. Notificada esta última providencia, el procesado formuló recusación contra el ponente en este asunto, respecto de la cual, el 20 de mayo siguiente, el magistrado manifestó no haber suscrito actuación trascedente que tuviera la aptitud suficiente para comprometer su criterio y

en consecuencia no la aceptó8, siendo por demás declarada infundada por la Sala en auto del 2 de junio de 20219. SENTENCIA RECURRIDA Se consignan en torno a ella los argumentos referidos a los temas de impugnación10.

1. Nulidad, conforme al numeral 2° del artículo 306 de la Ley 600 de 2000, desde la audiencia preparatoria, por no contarse con los documentos incorporados al proceso por el testigo Libardo Balaguera Balaguera en la declaración que rindió ante la Fiscalía.

En términos del fallo impugnado, dicha irregularidad, por intrascendente, no afectó la estructura básica del proceso ni los derechos fundamentales del acusado, mucho menos cuando no se advierte en la audiencia preparatoria 7 Folios 63 al 79, ídem. 8 Folios 94 al 100, ídem. 9 Folios 102 al 112, cuaderno original de la Corte. Rad. 58337. 10 El tema de la nulidad por falta de competencia no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia referida. 5 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 anomalía alguna ni transgresión de las formas previstas por el artículo 401 del Código de Procedimiento Penal. Se rechazó por ende la nulidad propuesta y se ordenó la práctica de pruebas, decisión cuyo sentido no fue distinto de incorporar los extrañados documentos que integran el anexo 8 A, los cuales por demás fueron valorados en la acusación denotando que los mismos mal podían demeritar las pruebas de cargo ya que, según el acta de suspensión N°. 1 de 11 de

junio de 2006, el proyecto diseñado fue modificado y aunque existían diseños previos éstos no correspondían al plan de inversión del contrato, es decir, el proyecto no estaba técnicamente definido. Es más, el procesado fue quien decidió incorporar modificaciones a los estudios realizados, sin contar con diseños respecto a los nuevos trabajos, ni demostrar la necesidad para comprometer mayor presupuesto. Adicionalmente, un eventual decreto de nulidad no le reportaría beneficio alguno al acusado, pues serían idénticas las decisiones en torno a las peticiones formuladas.

2. En cuanto al delito de contrato sin cumplimento de requisitos legales, la ponderación del caudal probatorio que integra el proceso condujo a la Sala a adquirir la certeza de que el procesado celebró el Contrato 069 de 2006, sin verificar que en su trámite se cumplieran los requisitos legales esenciales, en concreto los principios de planeación, economía, legalidad, transparencia, selección objetiva y

6 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 responsabilidad, ya que para ese instante no contaba con los estudios y diseños completos del proyecto. En relación con éstos precisamente, la Corte tuvo la convicción que antes de dar inicio al trámite para escoger al contratista, la administración del Departamento de Arauca contaba con los estudios, diseños y planos de la construcción de la primera etapa del parque Eco Turístico Los Libertadores de Tame, pero incompletos, poniendo en riesgo que el objeto contractual pudiera ser ejecutado en el término previsto y en

las condiciones óptimas requeridas. Es más, de la inspección realizada a la Gobernación se constató que la Secretaría de Infraestructura a cargo de Libardo Balaguera Balaguera, elaboró los pliegos de condiciones que puso a consideración del Gobernador a través de la resolución por medio de la cual se ordenó la apertura a pliegos definitivos, aseverando que los precios fueron tasados de acuerdo con los estudios realizados por la UT Grupo de Estudios Urbanos Ltda., y Diana Wiesner Ceballos. Por su parte, la empresa consultora indicó que el presupuesto de la primera etapa se encontraba totalmente definido, salvo en la parte correspondiente a la cimentación y estructura de los senderos que cruzan zonas húmedas y cauces hídricos “ya que no ha sido posible que el encargado del levantamiento topográfico nos entregue la información de profundidad de esos sitios…tan pronto el ingeniero nos 7 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 entregue la documentación faltante estaremos complementando el presupuesto de la primera etapa”. Siendo así, de la ponderación conjunta de estos medios de prueba la Sala estableció que la apertura de la licitación se produjo el día siguiente de la entrega de los productos contratados con la unión temporal consultora, es decir, que, para la expedición de ese acto, el acusado tenía a su disposición el estudio y los diseños de la construcción de la primera etapa del parque, pero no definitivos. Ahora bien, en la falta de estudios, diseños y planos

completos previos a la iniciación de la licitación se centró la controversia entre la Fiscalía y la defensa, requisito cuyo cumplimiento no verificó el procesado al momento de suscribir el contrato, es decir, el proyecto no estaba definido técnica ni presupuestalmente, vulnerando los principios de planeación, economía, legalidad, transparencia, selección objetiva y responsabilidad. De la misma forma, se concluyó que los diseños entregados al contratista para elaborar la propuesta fueron provisionales y no definitivos, los cuales recibió corregidos después de iniciadas las obras, por lo tanto, con diferencias, motivo por el cual la administración suspendió el contrato a petición del consorcio y con el aval de la interventoría. Es más, de los documentos analizados como pruebas se dedujo que dentro de las obras previstas a construir en la primera etapa del parque no estaba la Plaza de Armas, la cual 8 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 no fue imposible asemejarla a la Plaza Mirador por ser obras distintas, el área de ésta es infinitamente inferior a aquella. Además, cuando se adicionó la de Armas no desapareció la del Mirador, lo que ratifica que eran obras diferentes, por lo que la adición en la ejecución ocasionó modificaciones substanciales al objeto contractual. De otro lado, respecto al plan de manejo ambiental para la época de los hechos, la expedición de la licencia y/o los permisos ambientales se debían pedir ante la autoridad competente previo a la apertura de la licitación, acompañada del estudio de impacto ambiental que involucraba el plan de

manejo en esa materia. Empero, se encontró demostrado que la licencia ambiental no fue pedida por la Gobernación de Arauca de manera específica sino el aval después de abierta la licitación, resultando expedido por Corporinoquia el 9 de febrero de 2006, documento en el cual se indicó que el proyecto no requería licencia pero sí de los permisos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales, los que el departamento pidió el 17 de julio del mismo año y obtuvo el 7 de septiembre y el 15 de noviembre siguientes. Por lo que al no contarse con permisos ni licencias ambientales al inicio de la obra, esta debió suspenderse. En cuanto al aspecto subjetivo del tipo, el procesado tiene un grado de escolaridad superior, es licenciado en educación, además, presenta una amplia trayectoria en el sector público puesto que ocupó los cargos de secretario de 9 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 gobierno en un ente territorial de nivel departamental, alcalde municipal durante un período, diputado, cónsul de Colombia en el exterior por varios años, representante a la Cámara de Representantes y Gobernador del departamento de Arauca. Por lo que se determinó que no solo estaba familiarizado sino suficientemente instruido sobre los contenidos de la contratación pública y, por ende, como ordenador del gasto le asistía la titularidad de la función contractual y la potestad de disponer y dirigir todo el proceso contractual, es decir, que sobre sus hombros recaía la responsabilidad de velar porque se adelantara con arreglo a la ley.

Además, era consciente que los estudios previos en cuanto a los diseños y planos no estaban completos, los permisos ambientales para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales no se habían pedido y menos obtenido y que para construir la Plaza de Armas era necesario tramitar y celebrar un contrato adicional; no obstante ello, celebró el negocio jurídico sin verificar el cumplimiento de esos requisitos esenciales dentro de la fase precontractual, y posteriormente lo amplió ilegalmente. De otro lado, aun cuando el procesado no hubiese sido quien firmó el adicional en valor y plazo del 13 de diciembre de 2006, sino uno de los secretarios de la gobernación encargado, ello no lo exonera de responsabilidad porque demostrado como está que ordenó, dirigió y controló las distintas fases de la contratación, disponiendo la 10 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 construcción de la Plaza de Armas a sabiendas que no había sido contratada, tal acto constituyó el resultado de todo el trámite previo adelantado bajo su conducción. Por lo tanto, el planteamiento del defensor respecto al error de tipo como excluyente de la responsabilidad, según el cual el procesado debido a su profesión no conocía que estaba obligado a verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales dentro del trámite por parte de sus subalternos, no fue de recibo, pues no solo era experto en contratación pública lo que implica que conocía ese deber legal, sino además, que estaba enterado de que los estudios y diseños eran provisionales, y que no se habían obtenido los

permisos ambientales antes de iniciar el trámite de selección del contratista. Tampoco puede predicarse en su respecto el principio de confianza como causal de exclusión de responsabilidad, pues para que el mismo opere se necesita cumplido el deber legal de vigilar y corregir el proceder de los funcionarios en quienes estaba desconcentrada la función de adelantar el trámite pre contractual, omitido intencionalmente, siendo así, no puede aducir en procura de evadir la responsabilidad que confió en que ellos habían cumplido cabalmente con sus atribuciones.

3. Frente al peculado por apropiación no cabe duda que el procesado en calidad de Gobernador del Departamento de Arauca era el representante legal y ordenador del gasto, en consecuencia, ostentaba la disponibilidad jurídica de los recursos asignados al contrato de obra público 069/06;

11 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 ahora, el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, expresamente le defería la competencia para ordenar y dirigir la celebración de la licitación y escoger el contratista, como representante legal que era del ente territorial. A partir de la conducta ejecutada por el procesado consistente en celebrar el contrato sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales, a sabiendas que los estudios previos atinentes a los diseños y planos estaban incompletos; la administración departamental no había tramitado ni obtenido los permisos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales antes de abrir el proceso de selección del contratista, y de la adición ilegal del mismo convenio, se

precisó que al ordenar la entrega de los dineros del anticipo al contratista permitió la apropiación de una parte de ellos, pues pese a haber retirado una suma considerable de la cuenta bancaria, no la invirtió en la obra, privando al departamento de su facultad de disposición. De las pruebas analizadas concluyó la Sala que para el 11 de junio de 2007 fecha del corte de este período, el contratista había amortizado $362.470.435,14 de los $2.082.012.028,00 recibidos en calidad de anticipo, suma aquella inferior a la retirada de la cuenta de ahorros manejada en conjunto con el supervisor del contrato equivalente a $1.880.000.000. 12 Impugnación especial Rad. 58337

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Por consiguiente, quedo demostrado que el contratista se venía apropiando de los recursos al no utilizarlos plenamente en las actividades propias de la ejecución del objeto del contrato, privando al departamento de la facultad de disponer de ellos. A tal conclusión arribó la Sala tras valorar en conjunto: el retiro de la mayor cantidad de dinero de la cuenta de ahorros sin reflejo en las obras ejecutadas; el valor ínfimo amortizado reconocido por la administración conjuntamente con la interventoría y aceptado por el contratista; el retiro de dineros previo a la contratación de la interventoría externa por parte de la entidad territorial y la negativa sistemática del contratista a presentar el informe de los gastos efectuados con el anticipo acompañado de los comprobantes, pese a los múltiples requerimientos hechos

por la interventoría. Es más, de los $1.880.000.000 del anticipo retirados por el contratista de la cuenta, hasta el 12 de marzo de 2007 no demostró a la interventoría ni a la administración departamental, antes del 19 de noviembre de 2008, fecha en la cual se declaró la caducidad, que dicha suma la destinó al pago de las actividades propias del objeto contractual. Ciertamente, luego de transcurrido el plazo contractual y recibidas las obras por la interventoría, la administración pidió formalmente al contratista acudir con el fin de elaborar la liquidación en forma bilateral, citándolo en tres ocasiones los días 7 y 21 de mayo y el 10 de junio de 2009, empero, debido a la culminación de los términos para realizar la liquidación de mutuo acuerdo finalizaron sin que el 13 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 contratista se presentara con la documentación necesaria para adelantar la diligencia, el departamento se vio compelido a liquidar el contrato de forma unilateral, como lo dispone la Ley 1150 de 2007. En esas condiciones, dijo la Sala en la sentencia impugnada, la apropiación exigida por el tipo penal en examen, se configura cuando el sujeto activo extrae los recursos de la esfera de dominio o custodia del propietario, poseedor o tenedor, circunstancia ocurrida cuando el contratista, con la aquiescencia de la administración, retiró la mayor cantidad de los recursos de la cuenta de ahorros, y no los invirtió totalmente en las actividades del objeto del

contrato, pasando varios meses sin explicar la inversión, finalmente no amortizada en la totalidad de los dineros recibidos como anticipo, sin que tales hechos puedan tenerse por desvirtuados al repararse por la aseguradora al departamento con motivo del siniestro la suma dejada de amortizar ejecutando la obra en su valor equivalente, y el faltante. Consecuentemente, aun cuando no era función del procesado manejar los anticipos, siendo ordenador del gasto como Gobernador, en él recaía la dirección y control de su manejo y en las demás dependencias de la Gobernación, vale decir, la Secretaría de Infraestructura, Asesora Jurídica, Secretaría de Hacienda, Tesorería, a través de las cuales, según se dedujo, JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL, conoció de las irregularidades que se venían presentando. 14 Impugnación especial Rad. 58337

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En cuanto al aspecto subjetivo del tipo, como quedó demostrado se celebró el contrato de obra 069 de 2006, sin verificar, previo a abrir la licitación pública que no contaba con los diseños y planos definitivos del proyecto, sin obtener los permisos para el uso, aprovechamiento y/afectación de los recursos naturales; siendo así, se concluyó que el procesado tenía conocimiento que al ordenar a sus subordinados entregar el anticipo equivalente al 40%, permitía al contratista apropiarse de esos recursos pues, dadas tales irregularidades, era evidente la imposibilidad de cumplir a cabalidad las condiciones del contrato en el plazo,

como efectivamente ocurrió, pues no solo fue multado en varias ocasiones por sus reiterados incumplimientos, sino se caducó y liquidó unilateralmente. Ahora bien, la intención del ex Gobernador de construir la Plaza de Armas sin estar incluida en los estudios previos y a través de una adición ilegal al contrato en ejecución, es una muestra más de que su propósito era permitir a la firma contratista acceder a mayores recursos pese a tener conocimiento respecto al plazo y en las condiciones determinadas que incumpliría. No obstante la claridad acerca de los atrasos de la obra; los requerimientos hechos al contratista; pues el dinero del anticipo no estaba siendo invertido totalmente en la misma, y que el contratista se negaba a rendir informes y presentar los comprobantes respectivos, el aforado no procedió a imponer la multa prevista en el contrato por el mal uso del anticipo, ni caducó el contrato, aun sabiendo que no se 15 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 cumpliría con su ejecución en el plazo y condiciones de calidad convenidas, entre otras cosas por la apropiación de parte del anticipo. Fue por todo ello, que la Sala condenó al procesado como coautor (artículo 29 del Código Penal) del delito de peculado por apropiación de conformidad con el inciso segundo del artículo 397 ibídem, ya que el valor de lo apropiado $ 864.019.838.37, superó el equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los

hechos.

IMPUGNACIÓN

1. Defensa material. 1.1. En concepto del procesado, como el fiscal que profirió la resolución de acusación en su contra el 19 de diciembre de 2013, no era para entonces delegado ante la Corte, se incurrió así en causal de nulidad por falta de competencia. 1.2. Con relación a los hechos que configuraron el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos, refirió que el Contrato 069 de 2006 fue financiado con regalías en cumplimiento de los requisitos del artículo 361 de la Constitución Política y la Ley 756 de 2002, pero como Gobernador no era responsable de las contrataciones, pues dependiendo de cada etapa había una dependencia

16 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 departamental encargada según sus funciones legalmente asignadas y por las cuales debía responder. No es cierto, de otro lado, que el mencionado negocio jurídico, se celebró sin la preexistencia de los planos arquitectónicos, pues el Secretario de Obras de la Gobernación, doctor Libardo Balaguera, los aportó a la investigación, pero la fiscalía los refundió. En cuanto a la adición 001 y plazo del 13 de diciembre de 2006 al Contrato 069, fue un proceso cumplido con todos los requisitos legales y no fue suscrito por el acusado, por lo que considera no debe responder. Finalmente, respecto a la licencia ambiental arguyó que Corporinoquia como autoridad en la materia, indicó que no era necesaria para ese proyecto. Y en cuanto al plan de

manejo ambiental, se cumplió con dicho requisito, en tanto fue elaborado por la doctora María Helena Ortega Maya. 1.3. Además no manejo ningún anticipo por concepto de ese contrato, el gasto de todos los recursos destinados a su ejecución se encuentran justificados, en consecuencia, no se perdió monto alguno, tan fue así, que existe certificación expedida por la Secretaría de Infraestructura, indicando el cumplimiento a cabalidad con todo lo contratado, de lo que se debe concluir que no existió peculado en favor de terceros, más cuando el ente acusador no explicó cuál fue el supuesto beneficiario de ese ilícito. 17 Impugnación especial Rad. 58337

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Así mismo, demostró diligencia en la aplicación de una multa para garantizar la entrega de la obra, sin poder dar por terminado el contrato dado que se estaba ejecutando. En suma, indicó no tener responsabilidad en las suspensiones o prorrogas, pues de ello se encargó la interventoría y la Secretaría de Obras, con sus respectivas justificaciones técnicas.

2. Defensa técnica. 2.1. Solicita, en primer lugar, se declare la nulidad de la actuación por irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso de acuerdo con la causal segunda del artículo 306 de la Ley 600 de 2000, toda vez que se ocultaron y perdieron algunos elementos materiales probatorios aportados por la defensa.

Es que, afirma el defensor, el ente acusador excedió por más de dos años el plazo legalmente establecido para aportar a la judicatura las pruebas entregadas a su vez por el

Secretario de Obra Pública, Libardo Balaguera Balaguera, dentro de la declaración que rindiera el 25 de julio de 2013, ante la Fiscalía Decima Delegada ante la Corte. En esas condiciones el 19 de febrero de 2014 la fiscalía envió el proceso a la Corte por virtud de la acusación proferida contra JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL y sólo hasta el 3 de junio del mismo año, vencido ya el traslado previsto en el artículo 400 del Estatuto Procesal, se aportó un CD que contenía todos los documentos anexos al único 18 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 dictamen pericial que obra en el expediente, presentado por el ingeniero José Miguel Vega Rodríguez. Adicionalmente, por petición presentada por la defensa en audiencia celebrada el 17 de mayo de 2016, se estableció que gran parte de las pruebas defensivas no fueron remitidas dentro del expediente enviado a la Sala, por tal razón el ente acusador, responsable de la mora, las entregó 2 años, 3 meses y 5 días luego de la fecha en que debió hacerlo, esto es, de quedar ejecutoriada la resolución de acusación. Aun cuando la Sala en su momento consideró que tal actuar de la Fiscalía fue irregular, no estimó que pudiera constituir violación al debido proceso y derecho de defensa, en tanto las pruebas en cuestión se presentaban intrascendentes, empero, en sentir del impugnante, ellas si tenían la potencialidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos del mencionado contrato, según los principios

rectores de la Ley 80 de 1993, así como que las vicisitudes en la ejecución de la obra fueron responsabilidad exclusiva del contratista. Como no existe, dice el defensor, alternativa diferente para corregir esa irregularidad, impera decretar la nulidad de lo actuado desde el traslado dispuesto en el canon 400 de la Ley 600 de 2000, “para que, en su lugar, el ad quem pueda entrar a valorar los términos de la solicitud de nulidad planteada entonces por la defensa”. 19 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 2.2. Demanda igualmente, esta vez por incompetencia y con sustento en el numeral 1° del artículo 306 de la Ley 600 de 2000, la invalidez de la actuación por cuanto el Fiscal Martín Antonio Moreno Sanjuán, para el 19 de diciembre de 2013, fecha en la que se profirió la resolución de acusación, carecía de la calidad de delegado ante esta Corporación pues, según Resolución No. 0-3409 del 17 de septiembre de 2013, el encargo en esa condición lo fue solo hasta el 17 de diciembre del mismo año, esto era por lapso no superior a 3 meses. Adicionalmente, por ser fiscal seccional en carrera, Moreno Sanjuán no podía ser nombrado fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por ser este un cargo de libre nombramiento y remoción, de modo que en esas circunstancias eran excluyentes el uno del otro. Ninguna de tales irregularidades fue convalidada mucho menos si se advierte que una vez fueron detectadas se

denunciaron ante el funcionario judicial, sin que ahora se carezca de legitimidad para proponerlas pues es posible, de conformidad con el artículo 308 del correspondiente Estatuto Procesal, ser alegadas en cualquier estadio procesal. 2.3. Seguidamente y ya en torno a los punibles materia de acusación, sostiene que el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales referido al convenio 069 de 2006, no existió por cuanto desde la etapa precontractual, estructurada y avalada por las correspondientes dependencias de la Gobernación sin que se observara 20 Impugnación especial Rad. 58337 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL CUI 11001020400020140035402 irregularidad alguna, se adjuntaron los diseños y planos del proyecto, los cuales fueron entregados a la Gobernación el 13 de diciembre de 2005 por la Unión Temporal Grupo y Estudios Ltda. y Diana Wiesner, un día antes de la apertura de la licitación para escoger el respectivo contratista, según además así se confirmó testimonialmente. Y no solo por eso el principio de planeación fue respetado, sino también porque el proyecto fue incluido en el pla