CSJ - SP1470-2022(54898)

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente SP1470-2022 Radicación No. 54898 (Aprobado Acta No. 95) Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022) ASUNTO Procede la Sala a emitir sentencia de casación, al haberse admitido la demanda promovida por el defensor de GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO y MARLIO PERALTA ARDILA, contra el fallo del Tribunal Superior de Neiva de 29 de octubre de 2018, que confirmó la sentencia condenatoria proferida en su contra por el delito de peculado por apropiación. C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898

GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO

MARLIO PERALTA ARDILA HECHOS MARLIO PERALTA ARDILA se desempeñó como alcalde del municipio de Santa María-Huila en el período 2001-2003. GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO ocupó el mismo cargo en el período 2004-2007. El primero presentó ante el Concejo Municipal un proyecto denominado “Fondo de Apoyo Educativo al joven samario”, el cual fue aprobado mediante Acuerdo 017 de 2002, por lo que se creó el respectivo rubro presupuestal. En cumplimiento de dicho programa se entregaron dineros del municipio a estudiantes de la localidad así: (1) en el 2003 aparecen desembolsados $6.000.000 sin que se especifique el beneficiario; (2) en el 2004, se entregaron $1.000.000 a Jhon Fredy Bonilla Pulido, $200.000 a Leandro

Gaitán Silva, $200.000 a Ricardo Castaño Castro, $200.000 a Diana Fernández Ramírez, $200.000 a Yuly Urrego Zabaleta y $250.000 a Olga Patricia Sarmiento -para ese año en total se entregaron, a título de ayuda al estudiante, $4.5000.000-; (3) en el 2005 el monto fue de $6.222.750; (4) en el 2006 se entregaron $5.592.000; y, (5) para el 2007 se entregaron $700.000. El dinero fue distribuido entre varias personas, quienes aparentemente ostentaban la condición de estudiantes, y la selección de los beneficiarios estuvo a cargo de los alcaldes del momento. 2 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898

GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO

MARLIO PERALTA ARDILA ANTECEDENTES PROCESALES El 19 de diciembre de 2005, la Fiscalía 11 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva, dispuso adelantar investigación previa, como consecuencia del Informe 497 del CTI, que da cuenta de que la administración del municipio de Santa María, Huila, estaba repartiendo auxilios educativos, hechos que presuntamente configura un delito contra la administración pública1. El 10 de noviembre de 2006, la Fiscalía profirió resolución de apertura de instrucción en contra de los concejales que aprobaron el Acuerdo 17 de 2002 -fondo de apoyo educativo al joven samario-, y los entonces alcaldes GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO y MARLIO PERALTA ARDILA, por la presunta comisión del delito de “prevaricato

por acción”, siendo vinculados mediante diligencia de indagatoria2. En decisión adoptada por el ente acusador el 31 de mayo de 2010, mediante la cual se resolvió la situación jurídica de los vinculados a la investigación, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO, por el delito de “peculado por apropiación a favor de terceros”. Asimismo, dispuso no imponer medida de aseguramiento en contra de MARLIO PERALTA ARDILA y precluir la investigación a favor 1 Folios 21-22, Cuaderno Original 1. 2 Folios 57-28, Cuaderno Original 1. 3 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898

GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO MARLIO PERALTA ARDILA de los concejales3.

Mediante resolución del 24 de abril de 2015, la Fiscalía acusó a los dos exalcaldes como autores del delito de peculado por apropiación descrito en el artículo 397, inciso 3°, del Código Penal4. Dicha decisión fue apelada por la defensa de los procesados, por lo que, el 29 de septiembre de 2015, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva confirmó lo resuelto5. La fase de juicio fue asumida, en principio, por el Juzgado 5° Penal del Circuito de Neiva (Huila), el cual adelantó audiencia preparatoria el 7 de marzo de 2016, diligencia en la que, en vista de que no existieron solicitudes de nulidad ni probatorias, decretó pruebas de oficio6; no

obstante, mediante auto del 3 de mayo del mismo año, el juez titular de ese despacho -diferente al que adelantó audiencia preparatoriase declaró impedido para continuar adelantando las diligencias y ordenó la remisión del proceso a los juzgados penales del circuito de Garzón (Huila), por tener amistad íntima con el procesado GILDARDO

SANTOFIMIO CARDOZO7.

La continuación de la fase de juicio fue asumida por el Juzgado 2° Penal del Circuito de Garzón, que realizó la 3 Folios 164-184, Cuaderno Original 1. 4 Folios 13-21, Cuaderno Original 2. 5 Folios 3-14, Cuaderno 3. 6 Folio 32, Cuaderno 3 Primera Instancia. 7 Folios 58-59, Cuaderno 3 Primera Instancia. 4 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898 GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO MARLIO PERALTA ARDILA audiencia pública el 16 de junio de 20168 y emitió fallo de primera instancia el 4 de noviembre de 2016, por cuyo medio condenó a MARLIO PERALTA ARDILA a las penas de 48 meses de prisión y multa por el valor de lo apropiado, como autor de un delito de peculado en cuantía de $6.000.000. Asimismo, condenó a GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO a la pena de 60 meses de prisión y multa de $17.198.450, por ser autor del delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo. La pena privativa de libertad en centro de

reclusión impuesta a los condenados fue sustituida por la prisión domiciliaria9. El fallo de primera instancia fue impugnado por la defensa de los acusados y confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, en sentencia del 29 de octubre de 2018. Contra el fallo del Tribunal la defensa de los procesados presentó demanda de casación, la cual fue admitida en auto de 28 de octubre de 2019. Por tal razón, la delegada del Ministerio Público rindió su concepto.

LA DEMANDA

1. Al amparo de la causal primera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, el defensor denuncia la violación directa de la norma sustancial, por aplicación indebida del artículo 397 8 Folio 11, Cuaderno 4 Primera Instancia. 9 Folios 12-23, Cuaderno 4 Primera Instancia.

5 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898

GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO

MARLIO PERALTA ARDILA

del Código Penal. Manifiesta que en el fallo se reprocha a los acusados que hubieran desembolsado los recursos a pesar de la falta de reglamentación para establecer los criterios de selección de los beneficiarios de los recursos públicos, empero, aduce que los procesados entregaron los dineros en cumplimiento del deber constitucional de garantizar el derecho a la educación, razón por la cual no se puede hablar de apropiación indebida, porque los recursos fueron utilizados por los estudiantes. De allí, afirma, deviene la atipicidad de la conducta y por lo mismo, los acusados no tenían el deber de restituir los fondos

del municipio. En la sentencia no se especifica que la asignación de los recursos tuviera como fin favorecer indebidamente a terceros; por el contrario, lo que muestra la prueba es que se entregaron a estudiantes para garantizar su derecho a la educación, motivo por el cual se presentó una de las situaciones excepcionales en las que la Constitución autoriza el auxilio económico. La pretensión frente a este cargo es que se case la sentencia y se emita un fallo de reemplazo en el que se absuelva a los acusados.

2. El segundo reparo la defensa lo formula como subsidiario, por la senda de la violación directa de la ley, por indebida aplicación del artículo 397, ya que no concurre el

6 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898 GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO MARLIO PERALTA ARDILA elemento de la culpabilidad en la conducta enrostrada a

GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO y MARLIO PERALTA

ARDILA.

Señala que en la sentencia se reconoce que los acusados otorgaron los auxilios con fines educativos y que no estaban obligados a suscribir los contratos a que se refiere el inciso 2º del artículo 355 de la Constitución, por tratarse de una de las excepciones previstas en el numeral 4º del artículo 2º del Decreto 777 de 1992. Interpreta el demandante que las afirmaciones del fallo de segunda instancia dan a entender que los procesados no cometieron delito, así los aportes se hubieran entregado directamente a los beneficiarios y no a través de contratos celebrados con entidades privadas.

Acepta que el dinero se desembolsó sin que previamente se establecieran los criterios de selección de los beneficiarios, pero que ello obedeció a que los entonces alcaldes desconocían que su comportamiento fuera delito, es decir, no tuvieron conciencia de que estaba prohibido asignar los recursos sin observar unos criterios de selección. Asevera que los procesados creyeron que como estaban contemplados en los planes de desarrollo y de gobierno, fueron aprobados por el Concejo Municipal y contaban con certificado de disponibilidad presupuestal, podían distribuirlos sin más formalidad. 7 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898 GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO MARLIO PERALTA ARDILA Su desconocimiento los condujo a interpretar de manera equivocada el artículo 355 de la Constitución Política “en consecuencia a reputarlo no aplicable, esto es, creyeron equivocadamente (al desconocer uno de los presupuestos, la reglamentación) que se configuraba la excepción, lo que los llevó a no aplicar la prohibición del citado precepto constitucional”. Para el recurrente, los acusados están amparados por la causal de inculpabilidad denominada error de prohibición directo, contemplada en el numeral 11 del artículo 32 del Código Penal, y como se trata de un error invencible, los procesados deben ser absueltos del delito de peculado por apropiación. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Estima la delegada de la Procuraduría que no es cierta la afirmación del primer cargo acerca de que la conducta es

atípica, porque sí se configuró el tipo penal mediante la apropiación de dineros públicos por parte de terceros mientras los acusados ejercieron como alcaldes. Para el efecto cita apartes de la sentencia demandada en los que se afirma que efectivamente fueron transferidos recursos públicos a personas naturales sin contraprestación alguna. Aborda la tipicidad subjetiva para indicar que los acusados sabían que estaban transfiriendo dineros del 8 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898 GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO MARLIO PERALTA ARDILA municipio a personas naturales, contraviniendo la prohibición del artículo 355 de la Constitución Política que impide decretar auxilios o donaciones a personas naturales o jurídicas de derecho privado. Añade que, si bien existía el Acuerdo N°. 017 de 2002 del Concejo Municipal, conforme el cual se creó el “Fondo de Apoyo Educativo al Joven Samario”, los procesados ordenaron la entrega de los recursos a pesar de no estar reglamentada la utilización de los mismos con ese propósito y para esa destinación específica. Cita la interpretación que hizo el Tribunal sobre las excepciones a la prohibición del artículo 355 superior con base en las que concluyó que no se configura ninguna para el caso presente. También trae apartes de la sentencia C-507 de 2008, para resaltar que el Estado no puede asignar bienes o recursos a particulares sin una contraprestación directa e inmediata. Destaca el señalamiento del Tribunal acerca de la inobservancia de los requisitos fijados por la jurisprudencia

por parte de los acusados para la concesión de auxilios, ya que el acuerdo que los autorizaba no concretó los alcances materiales y temporales de los recursos públicos, las condiciones y criterios de asignación de estos y la publicidad de los beneficios. 9 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898 GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO MARLIO PERALTA ARDILA Por lo anterior, aduce que los acusados no podían excusarse en la existencia del citado acuerdo para proceder a entregar unos dineros, sin ningún tipo de formalidad previa. En criterio de la Procuraduría se configuran a cabalidad los elementos del delito de peculado por apropiación, sin que concurra la causal de inculpabilidad que alude el censorerror de prohibición-. Sobre esto último, sostiene que los procesados hicieron uso de un procedimiento contrario al artículo 355 de la Carta Política, por lo que tenían conocimiento de la antijuridicidad de la conducta. Agrega que para la fecha de los hechos era ampliamente conocida la eliminación de los llamados auxilios parlamentarios. Por ello, considera que no se puede alegar el desconocimiento de dicho mandato para sustentar un error de prohibición. Finalmente, añade que, como se precisa en los fallos de instancia, la selección de los beneficiados con el auxilio económico fue producto del capricho de los ex alcaldes. Por todo lo expuesto, solicita que no se case la sentencia. 10 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898

GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO

MARLIO PERALTA ARDILA CONSIDERACIONES DE LA CORTE Dada la competencia de la Corte para resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de los procesados, la Sala procederá a estudiar de fondo los reproches de la demanda, para lo cual (i) analizará, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el alcance del artículo 355 de la Constitución; (ii) expondrá la estructura del tipo penal de peculado por apropiación; (iii) estudiará el concepto del error de prohibición; y, (iv) resolverá el caso concreto.

1. De la interpretación jurisprudencial del artículo 355 de la Constitución Política Para dilucidar la cuestión, es necesario acudir a la interpretación que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el artículo 355 de la Carta Política, por ser el presunto desconocimiento de dicho precepto, en el que se funda la ilegalidad de la entrega de los recursos, así como la tipicidad objetiva del delito de peculado por apropiación.

Los hechos se remontan a los años 2003 a 2007. En ese momento, ya existía abundante jurisprudencia sobre el alcance de la citada norma, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 355 Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. 11 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898 GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO MARLIO PERALTA ARDILA El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y

municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”. Por ejemplo, la sentencia C-372 de agosto 25 de 1994, precisó las razones por las que el constituyente de 1991 insertó esta prohibición en la Carta Política, con la finalidad de terminar el manejo de los recursos sin ningún tipo de control fiscal: “La Constitución Política de 1886, dentro del ámbito de competencias del Congreso de la República, incluyó el fomento de "empresas útiles y benéficas, dignas de estímulo o apoyo" y, a su vez, confirió a las Asambleas departamentales la facultad de fomentar industrias, con los recursos propios de la respectiva entidad territorial. Esta preceptiva permaneció en vigor hasta el momento en que operó la derogación de dicha Carta por parte de la Constitución de 1991. Sin embargo, resulta pertinente anotar que bajo la reforma de 1945, se condicionó la referida facultad del legislativo a la "estricta sujeción a los planos y programas correspondientes". De igual forma, conviene señalar que la reforma constitucional de 1968, consolidó la posibilidad de otorgar esos auxilios y ayudas no sólo en referencia al Congreso sino también respecto de las Asambleas y de los Concejos municipales (Art. 187, inciso 3o.). (…) (…) Debe admitirse que el objetivo que en este campo la reforma de

1968 pretendía realizar, se cumplió cabalmente durante las primeras etapas de vigencia de la misma. Las cuotas presupuestales que cada uno de los congresistas recibían eran invertidas en sus respectivas circunscripciones electorales para el impulso de empresas útiles o benéficas. Empero, bien pronto, prácticas polítiqueras empezaron a desvirtuar el fin para el cual fue concebida la norma comentada, generando una distorsión de tal magnitud que vino a constituirse en una de las mayores fuentes de corrupción, desprestigio y envilecimiento de la función legislativa. (…) 12 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898

GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO

MARLIO PERALTA ARDILA (…) Las anteriores consideraciones demuestran y justifican la contundente prohibición que contiene el artículo 355 de la Constitución, el cual, por lo demás, responde a un propósito loable de indudable carácter corrector de situaciones anómalas que se busca suprimir definitivamente.” La anterior interpretación fue reiterada por la Corte Constitucional en sentencia C-254 del 6 de junio de 1996, así: “En primer término, el estudio de los antecedentes de la prohibición en la Asamblea Nacional Constituyente, asunto que se analizó en la sentencia C-372 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), permite concluir que se quiso ante todo erradicar la práctica de los denominados "auxilios parlamentarios", la que se consideró viciosa tanto por pervertir las instituciones democráticas como por

alimentar ilegítimas destinaciones de los fondos del erario” En esa sentencia la Corte Constitucional también consideró que la prohibición de decretar auxilios o donaciones no se incumple únicamente con la expedición de la ley anual de presupuesto en el nivel nacional y en el territorial con la aprobación de las respectivas ordenanzas y acuerdos, pues se trata de una prohibición que cobija a todas las ramas y órganos del poder público y, por ende, comprende todas las fases del proceso de programación, autorización, cálculo y ejecución del gasto. En esa misma decisión se indica que la prohibición no es absoluta, pues en ciertas situaciones reguladas por la ley, el Estado puede ejercer su función asistencial, propia del Estado social de derecho. La prohibición se encamina a 13 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898 GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO MARLIO PERALTA ARDILA impedir la entrega de recursos públicos a particulares sin ningún tipo de contraprestación, ni control sobre el gasto. En efecto, en la citada sentencia se expusieron los siguientes motivos sobre la finalidad de dicha prohibición constitucional: “(…) (1) La prohibición de los auxilios y donaciones, es la respuesta al abuso derivado de la antigua práctica de los "auxilios parlamentarios", y en buena medida explica su alcance. (2) La prohibición de los auxilios y donaciones, no significa la extinción de la función benéfica del Estado, la cual puede cumplirse a través de la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y reconocida idoneidad. (3) El auxilio o donación, materia de la

prohibición, se caracterizan por la existencia de una erogación fiscal en favor de un particular sin que ella tenga sustento en ninguna contraprestación a su cargo. Igualmente, corresponden a estas categorías, las transferencias a particulares, que no estén precedidas de un control sobre los recursos o que éste no pueda realizarse con posterioridad a la asignación. Finalmente, se califican de esta manera, las prácticas que por los elementos que incorporen, puedan tener la virtualidad de revivir la proscrita figura de los auxilios. (4) Por vía negativa, no se consideran auxilios o donaciones, las transferencias presupuestales que se hacen a entidades descentralizadas. (5) No se estima que se viole el artículo 355 de la C.P., cuando el Estado otorga subsidios, estímulos económicos, ayudas o incentivos, en razón del cumplimiento de deberes o principios de origen constitucional que describen actividades públicas irrenunciables.» (Subrayado propio del texto) Las consideraciones de la sentencia que se viene de citar fueron reiteradas por la Corte Constitucional mediante la providencia C-712 de 2002. Posteriormente, en sentencia C-044 de 201510, la Corte Constitucional hace referencia a las excepciones de la prohibición del artículo 355 Superior, de la siguiente manera: 10 La Corte Constitucional ha reiterado estos criterios en la sentencia C-414 de 2012, donde declara exequible la norma que establece la creación de un Fondo-Cuenta de 14 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898

GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO

MARLIO PERALTA ARDILA “A partir de los criterios expuestos en esta sentencia, y reiterados en decisiones posteriores (sic), las tres hipótesis en las cuales se permite el otorgamiento de subvenciones o auxilios a particulares, y las reglas que condicionan su admisibilidad en cada caso, son las siguientes: (1) Cuando dicha prestación responda a una finalidad altruista y benéfica, caso en el cual sólo será compatible con la Constitución cuando, conforme al segundo inciso del artículo 355 superior, cumpla los siguientes requisitos: (i) aliente programas o actividades de orden público; (ii) resulte compatible con los planes de desarrollo; (iii) se ejecute a través de entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad; (iv) esté precedida por la celebración de un contrato con el lleno de requisitos. En definitiva, el primer tipo de auxilios se consideran aceptables siempre que se encuadren en los supuestos del segundo inciso del artículo 355 de la Constitución dado que, en esos eventos, podía constatarse algún grado de reciprocidad. (2) Cuando se fundamenta en la facultad de intervención del Estado en la economía (art. 334 CP), orientándose al estímulo de una determinada actividad. En este caso, la prestación otorgada debe implicar un retorno para la sociedad en su conjunto y además (i) debe estar contemplada en una ley en la que se defina su finalidad, alcances y límites (Art. 150-21 C.P.); (ii) debe atender a criterios de eficiencia y equidad, de tal suerte que el costo del subsidio no exceda el beneficio social que se deriva del mismo; (iii) debe estar orientado por criterios de equidad, lo que no ocurrirá,

por ejemplo, cuando el auxilio o subsidio sólo beneficie a un grupo de interés sin que reporte beneficios a la sociedad en su conjunto o no contribuya a reducir las diferencias sociales. (3) Cuando la prestación se establece a partir de un precepto constitucional que prevé -a fin de garantizar los derechos fundamentalesuna autorización expresa. En tal caso, la subvención o auxilio debe asegurar el acceso a bienes y servicios por parte de las personas que tienen mayores necesidades y menores ingresos. (Subrayas fuera de texto)” Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros, dentro del presupuesto de la Asociación Conferencia Nacional de Gobernadores, en el cual se depositan los recaudos por concepto del impuesto al consumo de productos extranjeros. También en la C-764 de 2013, al declarar inexequible una norma del proyecto de ley que rinde honores al maestro Leandro Díaz, en la que se establecía el pago de una indemnización a los familiares del artista por la expropiación de los derechos de autor, pese a que estos no contaban con la titularidad de los derechos patrimoniales. La Corte consideró que la medida generaba un doble pago por ese concepto, configurando así una donación prohibida por el artículo 355 constitucional. 15 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898 GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO MARLIO PERALTA ARDILA También, en esa decisión se indicó en qué situaciones la subvención se entiende cobijada por la prohibición del artículo 355 de la Carta: “(i) se omite, al realizar el gasto, dar aplicación al principio presupuestal de legalidad; (ii) la ley que crea la subvención o

auxilio en desarrollo de los artículos 334 y siguientes de la C.P. o desarrolla las subvenciones autorizadas directamente por la Constitución Política, omita determinar de manera concreta y explícita su finalidad, destinatarios, alcances materiales y temporales, condiciones y criterios de asignación, publicidad e impugnación; (iii) obedezca a criterios de mera liberalidad, es decir, no se encuadre en una política pública reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo o en los planes seccionales de desarrollo; (iv) el costo del subsidio para el Estado sea mayor que el beneficio social que se obtiene a partir de su implementación, o cuando el auxilio o subsidio sólo beneficie a un grupo de interés sin que reporte beneficios a la sociedad en su conjunto o no contribuya a reducir las diferencias sociales; (v) la asignación de recursos públicos no contribuya a fortalecer la capacidad de acceso de los más pobres a los bienes y servicios públicos esenciales, en la medida en que se entreguen a quienes menos los necesita o menos los merecen; (vi) el subsidio tenga vocación de permanencia convirtiéndose en una carga insostenible para el presupuesto público; (vii) el subsidio entrañe un supuesto de desviación de poder.” (Subrayas fuera de texto). Las pautas interpretativas de la jurisprudencia constitucional en punto de las ayudas económicas del Estado a particulares se han mantenido hasta la fecha, antes y después de los hechos que dieron lugar a la presente actuación, pues es claro que en forma expresa la Carta Política prohíbe las donaciones y auxilios; empero, permite que personas jurídicas de derecho privado, suplan al Estado

en la satisfacción de necesidades de interés público. Las decisiones antes citadas, y otras más, fueron reiteradas en la sentencia C-027 de 2016: 16 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898 GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO MARLIO PERALTA ARDILA “(…) en muchas ocasiones la Corte ha admitido que en varias oportunidades las erogaciones que el Estado otorga a título gratuito a favor de particulares, surgían de todos aquéllos supuestos que la misma Constitución autorizaba, como desarrollo de los deberes y finalidades sociales del Estado, “con el fin de conseguir el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país, al tenerlos como criterios que responden a la concepción del Estado Social de Derecho”. Así, entre otros, estos eventos autorizan estas subvenciones: (i) los subsidios en materia de servicios públicos domiciliarios (art. 368 C.P.); “el fomento de la investigación y transferencia de la tecnología (art. 71 C.P.); el fomento a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras (art. 65 C.P.); la adquisición de predios para los trabajadores agrarios (art. 64 C.P.); la ejecución de proyectos de vivienda social y servicios públicos de salud y educación (Art. 49, 51 y 67)”. “Sin embargo, solo hasta la sentencia C-152 de 1999 la Corte reconoció expresamente que la Carta autorizó al Estado para conceder subvenciones, estímulos económicos o subsidios a particulares, tratándose de actividades que aquella considerara

dignas y merecedoras de apoyo y, lo más importante, precisó que su desarrollo era materia reservada a la libre configuración normativa del Legislador, en tanto la Carta aparte de permitir la concesión de incentivos o estímulos omitió determinar la forma en que estos podrían decretarse. Frente a este reconocimiento la Corte señaló como imperativo el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno en punto a señalar el procedimiento que debía ser observado a fin de entregar los incentivos económicos dispuestos por la ley, de modo que los mismos fuesen asignados a las personas que tuviesen mayores méritos y necesidades. Actuaciones, por lo demás, que debían someterse a las reglas de publicidad, imparcialidad e igualdad y, por tanto, ser susceptibles de impugnación, cuando se desviasen los derroteros trazados por la Constitución, la ley y el reglamento.” (…) Finalmente, la Corte reiteró la sentencia C-507 de 2008, en la que se analizó la creación de apoyos económicos indeterminados a sectores definidos por el Gobierno Nacional. El artículo fue declarado inexequible por su generalidad e indeterminación, pero la Corporación resumió también los requisitos de validez de asignaciones de este tipo: “1. Toda asignación de recursos públicos debe respetar el principio de legalidad del gasto. 2. Toda política pública del sector central, cuya ejecución suponga la asignación de recursos o bienes públicos, debe encontrarse reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo y en el correspondiente Plan de Inversión. 3. Toda disposición que autorice una asignación de recursos públicos, sin contraprestación por parte del

beneficiario, tiene que encontrarse fundada en un mandato 17 C.U.I. 41298310900120160000901 Numero Interno 54898 GILDARDO SANTOFIMIO CARDOZO MARLIO PERALTA ARDILA constitucional claro y suficiente que la autorice. 4. Debe respetar el principio de igualdad”. Así, serán válidos los auxilios y subvenciones que: (i) alberguen una finalidad estrictamente altruista y benéfica, y no obedezcan a la mera liberalidad del Estado; la finalidad altruista del auxilio se encuentra autorizada únicamente cuando se dirige a alentar actividades o programas de interés público acordes con el plan de desarrollo y los planes seccionales de desarrollo, a través de entidades sin ánimo de lucro, con las cuales deberá suscribirse, previamente, un contrato. De esta manera se asegura una cierta reciprocidad a favor del Estado; (ii) derivarse de la facultad de intervención del Estado en la economía y, en consecuencia, orientarse al estímulo de una determinada actividad económica; asignación que por mandato expreso del artículo 334 superior debe comportar una contraprestación; (iii) fundarse en un precepto constitucional que lo autorice expresamente, en orden a garantizar los derechos fundamentales vía acceso a bienes y servicios por parte de quienes tienen mayores necesidades y menores ingresos, con lo cual se garantiza una contraprestación o beneficio social”. (Subrayas fuera de texto) En resumen, el precepto constitucional estudiado y la jurisprudencia que explica su alcance, no autorizan conduc