CSJ - SP1570-2024(56870) (1)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente SP1570-2024 Radicado N° 56870. Acta 153. Bogotá, D.C., veintiséis (26) -de junio de dos mil veinticuatro (2024). VISTOS La Sala decide el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la víctima contra el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 13 de septiembre de 2019, mediante el cual revocó la sentencia condenatoria emitida el 15 de agosto de ese mismo año por el Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Conocimiento de esa ciudad, en contra de JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA por el delito de calumnia. Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001

JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA

ANTECEDENTES

1. Fácticos El 30 de marzo de 2012, entre las 3:30 y las 4:30 p.m., en el despacho privado de Fredy Hernando Ibarra Martínez, quien para ese momento se desempeñaba como presidente y magistrado de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA le atribuyó haber recibido en su residencia la suma de cincuenta millones de pesos para dirigir o intervenir en la decisión que debía proferir esa Corporación dentro del proceso de pérdida de investidura que cursaba en contra: de Juan David Balcero

Balcero. Cuando JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA salió del despacho privado del magistrado, gritó que «todos» eran unos «corrompidos», «corruptos» y «ratas».

2. Procesales Previa solicitud! de la Fiscal 63 Local de Bogotá, el 14 de septiembre de 2016 se celebró ante el Juzgado 59 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad, la audiencia preliminar de formulación de imputación contra JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA, a quien se le imputó la comisión del delito de calumnia, en calidad de 1 A folios 36 y 37, cuaderno 1.

Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA autor (articulo 221 de la Ley 599 de 2000)2, cargo que no fue aceptado por el incriminado.3 El 7 de diciembre de esa misma anualidad, la Fiscal 184 Local presentó el escrito de acusación, el cual le correspondió al Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, oficina en la que se llevó a cabo la audiencia para tal fin el 3 de octubre de 2017; allí, Justo IVÁN PEÑARANDA AYALA fue acusado por el mismo delito imputados. La audiencia preparatoria se realizó el 29.dexhaye'y el 2 de octubre de 2018. El juicio oral inicio ¢l28 de julio de 2019, y luego de varias sesiones; culminó el 15 de agosto de 2019,

con el anuncio(defse ido del fallo de carácter condenatorio. Esc mismo día se dio lectura de la sentencias por medio de la cual se condenó a JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA, como autor penalmente responsable del delito de calumnia, a 23 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones púbicas por el mismo término y multa en cuantía equivalente a 199,16375 s.m.l.m.v. Se concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 2 A partir del récord 17:57. 3 A partir del récord 33:34. 4 A folios 50 a 54, cuaderno 1. 3 A partir del récord 13:41. SA folios 15 a 36, cuaderno 2. Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA Recurrida la decisión por la bancada de la defensa, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el 13 de septiembre de 20197, revocó el fallo confutado y absolvió al procesado. Contra esa decisión, el apoderado de la víctima interpuso y sustentó el recurso extraordinario de casación, demanda que fue admitida a través de auto de fecha 5 de marzo de 20208; el 3 de junio siguiente se ordenó cumplir el trámite dispuesto en el Acuerdo N 020 de 2020, por lo que se recibieron los escritos de las partes e intervinientes. Hallándose el expediente al despacho del Magistrado

Ponente, el 22 de abril del 90225 los H. Magistrados JOSE FRANCISCO, ACUÑA Vizcaya, FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS, GERSÓN CHAVERRA CASTRO, LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA y PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR, de manera conjunta manifestaron su impedimento; dos días después hizo lo mismo el H. Magistrado HUGO QUINTERO BERNATE. Todos los impedimentos fueron aceptados por la Sala el 22 de agosto de 2022, a través del auto CSJ AP3713-2022. LA SENTENCIA IMPUGNADA El Tribunal refiere que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si se probó más allá de toda duda 7 A folios 30 a 72, cuaderno del Tribunal. $ A folio 6, cuaderno de la Corte. A folios 68 a 73, cuaderno de la Corte. Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA razonable la existencia del delito de calumnia y la responsabilidad del procesado en su comisión. Así, después de realizar un análisis sobre la tipicidad del delito de calumnia, el Tribunal concluye que, con los testimonios de Fredy Hernando Ibarra Martínez, Andrea Milena Vera Pabón, Jimmy Cristian Rodríguez Caicedo y Ángela María Arbeláez Cortés, se acreditó que el 30 de marzo de 2012, JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA le atribuyó a Fredy Hernando Ibarra Martínez, en su condición de presidente y

magistrado del Tribunal Administrativo de Cundin rca, de manera concreta, clara e inequívoca, imputáciones delictivas consistentes en haber recibido dineros «para direccionar un proceso de pérdida de investidura seguido contra Juan David Balcero Balcero raya ponencia se encontraba a cargo de su esposár ) a doctora Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda»; comportamiento típico del delito de calumnia desde el punto de vista objetivo. Sin embargo, el Tribunal señala que el procesado actuó sin el ánimo subjetivo especial de difamar y sin el dolo de calumniar. Así, después de valorar las declaraciones de Néstor Guillermo Franco González y JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA, el Ad-quem concluye que la fuente del conocimiento que obtuvo el procesado lo fue la voz de su colega Franco González, persona a la que ponderó como un abogado serio, destacado Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA y pulcro en el desempeño profesional, de ahí que le otorgó plena credibilidad a lo que él le contó, a tal punto que «acudió al despacho del querellante, movido no por la intención o el dolo de calumniar, sino con el ánimo de reclamarle por un proceder que afectaba el buen nombre de su cónyuge». Además, la noticia no puede ser catalogada como «un simple rumor», porque su contenido estaba dotado de información concreta respecto de la suma de dinero exigida y la forma como sería repartida. Ello, sumado a que el receptor de la información -Néstor Guillermo Franco

Gonzáleztambién la tuvo por cierta, siendo esa la razón por la que se la dio a conocer a PEÑARANDA AYALA. dé modo que, «Si el profesional del derecho en cita hubidse catalogado la noticia como un mero rumor o chi o le habría dado la trascendencia que le otorgó, citando al'a€usado a su oficina, para exponerla con los detalles LA conocidos”. Por lo tanto, el procesado estaba convencido «de la existencia de un acto de corrupción judicial del que hacía parte el magistrado Fredy Ibarra Martínez, en cuyo engranaje injustamente se involucraba como partícipe a su esposa Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda», a tal punto que, el reclamo lo realizó en un profundo estado de exaltación anímica, tal y como lo declararon Andrea Vera Pabón y Jimmy Cristian Rodríguez Caicedo, funcionarios del despacho del magistrado, lo que evidencia que la intención del implicado no era calumniar al magistrado sino reclamarle por un proceder que afectaba el buen nombre de su esposa, porque estaba convencido de que Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA los hechos que le narró Franco González, en efecto habían ocurrido, de tal modo que «desconocía que fueran falsas las imputaciones que esgrimió contra el denunciante». En conclusión, dijo el Tribunal, el procesado actuó sin el ánimo subjetivo especial de difamar y sin el dolo de calumniar. Transcribe in extenso apartes de la decisión CSJ

SP17410-2017, Rad. 42469, por medio de la cual la Corte absolvió a Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, por el delito de calumnia, en concurso homogéneo sucesivo. LA DEMANDA El recurrente -apoderado de la víctima, luego de identificar los sujetos procesales” la sentencia impugnada, los hechos juzgados y la actuación procesal relevante, pasa a formular dos cargos, los cuales se sintetizan así: Primer cargo: violación indirecta de la ley sustancial El censor refiere que en el presente asunto se incurrió en aplicación indebida del artículo 12 -culpabilidaddel Código Penal, lo que condujo a la falta de aplicación del artículo 221 ídem, en tanto, estimó «que, aunque la conducta de calumnia ocurrió objetivamente no se cometió con dolo», violación a la que se arribó de manera indirecta por errores de hecho por falso juicio de identidad y falso raciocinio respecto del testimonio de Néstor Franco González. Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA Falso juicio de identidad El libelista asegura que el Tribunal tergiversó el testimonio rendido por Néstor Franco González, pues, en la sentencia impugnada se indicó que la fuente del conocimiento que obtuvo JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA fue Néstor Franco González quien le informó que Fredy Ibarra Martínez había recibido la suma de cincuenta millones de pesos, sin embargo, esta conclusión es producto de la

tergiversación del testimonio rendido por Franco González, pues, éste nunca dijo que el magistrado efectivamente recibió la referida suma, por el contrario, de manera categórica adujo que nunca le dijo al procesado quécel dinero habia sido recibido. Es tergiversacion, dice el recurrente, es trascendente, en tafito, el Tribunal cimentó la falta de dolo del procesado, a partir de considerar que el procesado fue informado y dio como cierto que su esposa y el magistrado Fredy Ibarra habían recibido dinero para incidir en una decisión judicial. Falso raciocinio El Tribunal concluyó, dice el abogado, que el procesado actuó sin el ánimo de difamar y sin el dolo de calumniar, sino «con el objetivo de reclamar y salvaguardar el buen nombre de su esposa Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, pues desconocía que fueran falsas las imputaciones que esgrimió contra el denunciante», Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA conclusión que concreta el yerro alegado «pues resulta violatorio de los principios de correspondencia lógica que deben existir entre las premisas y la conclusión». Refiere que en la sentencia se indica que, según lo informado por Juan David Balcero Balcero, cincuenta millones de pesos le fueron entregados a la esposa del procesado, otros cincuenta millones al magistrado Fredy Hernando Ibarra Martínez, y ciento cincuenta millones al secretario del tribunal, afirmación que «es simplemente falsa»

porque para el día en que el procesado calumnió a su representado, ninguna persona le información, de modo que «no hay correspondencia objetiva entre las premisas y la conclusión». . 5 Por otro’ lado, el Ad-quem concluyó que lo informado a PENARANDA AYALA no era constitutivo de un chisme o rumor, contrariando el dicho del testigo Néstor Franco González, quien siempre dijo que se trataba de un rumor, según el cual, se estaba recolectando dinero para incidir en el proceso que se adelantaba en contra del burgomaestre. Por la misma senda, el Tribunal dio por cierto que se había entregado dinero a los funcionarios, contrario a lo referido por el declarante, quien de manera categórica negó este hecho. Tampoco «guarda correspondencia lógica con la premisa utilizada, la conclusión del Tribunal de que la información era cierta y seria», a la que arribó a partir de la declaración de Franco Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA González, pues, la razón por la que comentó al acusado la información que conoció, no estribó en que la estimase cierta y seria, sino por la gravedad de la misma, de cara a la aspiración de la esposa del acusado, quien buscaba acceder al Consejo de Estado. El libelista refiere que los errores en la apreciación de testimonio de Néstor Franco González, son trascedentes, pues, de no haber incurrido en ellos, el Tribunal «habría concluido que el señor PEÑARANDA AYALA obró con toda la mala intención

y el dolo específico dedicado a herir y afectar el patrimonio moral del magistrado Fredy Ibarra Martínez acusándolo, a sabiendas de que la información que poseía era falsa, de haber recibido diheros que él nunca exigió y menos recibió, para Asuntos relacionados con su función». Por lo anterior, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y que, en su lugar, se condene al procesado como autor penalmente responsable del delito de calumnia.

Segundo cargo: violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho por falso juicio de legalidad El libelista refiere que el Tribunal incurrió en el yerro alegado porque introdujo y valoró como prueba la sentencia CSJ SP17410-2017, Rad. 42469, por medio de la cual la Corte absolvió a Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, por el delito de calumnia, en concurso homogéneo sucesivo, y

10 Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA soportó su decisión absolutoria en que «se estaba frente a los mismos hechos», pese a que se trata de situaciones fácticas diferentes, dado que la magistrada se enteró de los sucesos al día siguiente, cuando ya el procesado había tenido la oportunidad de reflexionar y calmar sus ánimos; sin embargo, simuló un estado de exaltación y ofuscación, con la única intención de afectar el patrimonio moral de la víctima. La consecuencia debe ser la exclusión de esa prueba, lo que conduce a que se case la sentencia y se condene al

procesado. Sustentación de la demánda 15 EPapoderado de la víctima El profesional del derecho expuso argumentos similares a los plasmados en la demanda de casación.

2. El delegado de la Fiscalía General de la Nación Refiere que el primer cargo está llamado a prosperar, porque el Tribunal «argumenta que Peñaranda le dio credibilidad a la información que le proporcionó el abogado Franco por el conocimiento de sus cualidades en el desempeño profesional y su prestigio, pero aquí se incurre en un error de raciocinio, porque aquella debía predicarse en cuanto al contenido del rumor y de que provenía

11 Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA de Balcero, pero no, en cuanto a que su contenido sea cierto y cercano a la verdad». Dice que el Tribunal sí incurrió en los yerros de valoración probatoria demandados, porque: (i) no es cierto que a Néstor Guillermo Franco González le hubiera suministrado datos exactos respecto de la suma de dinero entregada y la forma como iba a ser distribuida entre los funcionarios del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; (ii) Franco González siempre aseveró que se trataba de un rumor, que provino de la persona en contra de quien se adelantaba el proceso de pérdida de investidura, (po que tales manifestaciones no debieron ser torildas” por ciertas; (iit) si en verdad el procesado” did por cierta la información que recibió, nose erítiénde por qué (a) promovió una reunión con Jugai David Balcero Balero; y (b) no denunció ante las

autóridades competentes. Por otro lado, resulta inexplicable que el procesado no le hubiese trasmitido a su esposa la información que conoció, y, en vez de ello hubiera acudido a la oficina del magistrado a «gritar para que las demás personas escucharan sobre los actos de corrupción que le atribuía, con la única finalidad de desacreditarlo frente a sus empleados, abogados o usuarios que estuvieran por el lugar y demás funcionarios de la entidad, situación que muy seguramente, por esas mismas circunstancias, trascendió hacia otros escenarios relacionados con el ámbito judicial». 12 Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA Para concluir, dice que el implicado «sabía que la información que le habían proporcionado no tenía comprobación alguna y podría tratarse de un simple rumor, sin embargo, con la intención de desacreditar frente a terceros a su víctima y menoscabar si reputación, procedió a imputarle la comisión de esos hechos delictuosos causándole un detrimento en su patrimonio moral», por lo que, solicita que se case la sentencia impugnada y se confirme la sentencia de condena emitida en primera instancia.

3. La Procuraduría General de la Nación Solicita a la Corte no casar la sentencia impubnada, por las siguientes razones: (i) el procesado estaba seguro de que «la acusación tenía un alto Gi de certeza»; (ii) su comportamiento no estuvo dinigidó a afectar el patrimonio moral de la víctima, sino a Salvaguardar el buen nombre y la reputación de su

Esposa, «bajo la conciencia de que tales afirmaciones eran ciertas, pues había sido mencionado por personas involucradas en el asunto y de alto grado de confiabilidad»; de ahí que, el procesado actuó sin el ánimo de difamar o deshonrar; y (iii) el Tribunal sólo utilizó la decisión CSJ SP17410-2017, Rad. 42469, como un sustento teórico respecto del delito de calumnia.

4. El defensor del procesado Refiere que en este asunto se presentó el fenómeno de la prescripción de la acción penal, porque desde la fecha en que se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación13

Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA 14 de septiembre del 2016hasta el día en que se dio lectura a la sentencia de segunda instancia -20 de septiembre de 2019-, transcurrió un término superior a tres años. Solicita que se decrete la extinción de la acción penal. En cuanto a los yerros demandados, asegura lo siguiente: (i) no es cierto que el Tribunal hubiere tergiversado el testimonio de Néstor Guillermo Franco González, en tanto, siempre refirió que el testigo mencionó que se trataba de una recolección de dinero para entregarlo al magistrado Fredy Hernando Ibarra Martínez y al secretario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; lo que ocurrió el que tal declaración fue valorada de manera conjiinta con el dicho del procesado, quien concretó ylas sumas de dinero; fi) el

casacionista. núnca señaló cuál fue la regla de la lógica, de la ciencimóla máxima de la experiencia que vulneró el Tribunal; y, fila sentencia CSJ SP17410-2017, Rad. 42469, no fue tenida en cuenta como criterio para analizar la responsabilidad de su representado.

5. El procesado En lo pertinente, JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA refiere lo siguiente: (i) Néstor Guillermo Franco González, no le confió que Balcero Balcero había sido la persona que le entregó el dinero a Ibarra Martínez, por intermedio de Efraín Forero Molina, amparado en el secreto profesional; (ii) acudió a la oficina del magistrado a hacerle el reclamo, porque estaba

14 Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA convencido de la veracidad de la información que le había trasmitido el abogado Franco González; y, (iii) solicita a la Corte tener su escrito como denuncia en contra de quien fungió como fiscal en este caso, por haber omitido descubrir unas pruebas. CONSIDERACIONES Conforme se desprende del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para resolver la demanda de casación formulada por el apoderado de la víctima, Fredy Hernando Ibarra Martínez, contra la Sentencia de segunda instancia proferida pos, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogota, a través de la cual absolvió a JURTOS IVAN PENARANDA AYALA, por el delito de

calunimiaCon la finalidad de resolver la demanda de casación, la Corte realizará un breve análisis sobre la tipicidad del delito de calumnia y, seguidamente, adelantará el proceso de valoración probatoria a fin de resolver el caso concreto.

1. Cuestión preliminar El defensor del procesado carece de interés para solicitar la prescripción de la acción penal, en tanto, no interpuso el recurso extraordinario de casación y su intervención opera solo en calidad de no recurrente.

15 Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA De cualquier modo, el fenómeno prescriptivo no ha operado, porque desde la fecha en que se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación -14 de septiembre de 2016hasta el día en que se profirió la sentencia de segunda instancia -13 de septiembre de 2019-, no transcurrió un término superior a tres años. Lo anterior, conforme al criterio decantado de la Sala, según el cual, las decisiones de segunda instancia no se entienden proferidas el día en que se les da lectura, sino en la fecha en la que son adoptadas por el respectivo cuerpo colegiado (CSJ SP, 14 ago. 2012, rad. 38467, +eiferÁal en CSJ AP6453-2017, Rad. 50477; CSJ SP1272,2008) Rad. 48589; CSJ AP2919-2018, Rad. 51572; CSIAPÍ149-2018, Rad. 51619, entre otras). Ello significa, entonces, que la decisión de segundo grado fue emitida, para los efectos de la prescripción solicitada, el

13 de septiembre de 2019, esto es, antes de que se cumpliera el lapso de 3 años que soporta la pretensión de la defensa, misma que, por carecer de soporte fáctico, debe ser desestimada.

2. Breve análisis sobre la adecuación típica del delito de calumnia El artículo 221 del Código Penal, tipifica el delito de

calumnia de la siguiente manera: 16 Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA «El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de dieciséis (16) meses a setenta y dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.» La Corte, de manera pacífica y reiterada ha señalado que el delito de calumnia se configura cuando concurren los siguientes elementos: «fi) La consciente y voluntaria atribución falsa de un hecho delictuoso, (ii) que la imputación se haga a una persona determinada o determinable, (iii) que el autor tenga conocimiento de la falsedad, y (iv) que la atribución del hecho delictuoso falso sea clara, concreta y categórica, no surgida de suposiciones de quien se siente aludido con una manifestación generalizada» (Ver SP17410201; Rad. 42469; AP2407-2017, Rad. 45983; AP2224201%, e 36239; AP, dic.

16/2008, Rad. 30644; AP, mar. 2/3005; Rad. 20191; AP, may. 14/1998, Rad. 12445, entre otros). ACI Ahora bien, la Sala, en la decisión CSJ SP, 10 jul. 2013, Rad. 38909 -reiterada en CSJ AP351-2017, Rad. 47381; AP36392019, Rad. 54994; SP979-2022, Rad. 53955realizó un análisis sobre los tipos penales de injuria y calumnia y sus diferencias, por lo que, dada su pertinencia, a continuación, se transliteraran los apartes pertinentes: «La Corte Suprema de Justicia ha consolidado una sólida jurisprudencia acerca del alcance dogmático del delito de injuria. En ese sentido, ha dicho que para la configuración del tipo penal se hace imprescindible que el sujeto activo consciente y voluntariamente impute a otra persona conocida o determinable un atributo o calificativo capaz de lesionar su honra, además de conocer el carácter deshonroso de la imputación y la capacidad de daño y menoscabo a la integridad moral del afectado. (-..) 17 Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA La Corte también tiene definida la expresión “honra”. Y así, ha dicho que se trata de la estimación o respeto con los cuales cada persona debe ser tratada por los demás congéneres, en virtud a su dignidad humana. En esa medida, ha expresado también, “será deshonroso el hecho determinado e idóneo para expresar a una

persona desprecio u odio público, o para ofender su honor o reputación”10 . La jurisprudencia constitucional, a su turno, ha entendido que los tipos penales de injuria y calumnia son medidas de protección penal de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. Y en este sentido ha dicho que la primera se refiere a la valoración de comportamientos en ámbitos privados, así como a la apreciación en sí de la persona, mientras el buen nombre alude a la reputación de la persona, es decir, a la apreciación que la sociedad emite de ella por su comportamiento en ámbitos públicos!!. De esa manera, para la Corte Constitucional, la honra se afecta tanto por la información errónea, como por daé ‘opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a lar dqhduéta privada de la persona o sobre la persona en sí.mismá sin que sea necesario en ese segundo caso que la información sea falsa o errónea, en tanto, se cuestiona la plaúsibilidad de la opinión sobre la persona. Mientras, por. su parte, la lesión al buen nombre se origina, básicamente, por la emisión de información falsa o errónea y que, a’ Consecuencia de ello, se genera la distorsión del concepto público. De otro lado, esta Corporación ha precisado, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, que no toda opinión o manifestación causante de desazón, pesadumbre o molestias al amor propio puede calificarse de deshonrosa; para ello es necesario que ostente la capacidad de producir daño en el patrimonio moral, y su gravedad no dependerá del efecto o la sensación que produzca en el ánimo del ofendido, ni del

entendimiento que éste le dé, sino de la ponderación objetiva que de ella haga el juez de cara al núcleo esencial del derecho!?. En ese sentido, debe entenderse que respecto de las manifestaciones injuriosas operan criterios de definición asaz diferentes de las afirmaciones calumniosas, en tanto, unas y otras 10 “Sobre los lineamientos jurisprudenciales remembrados, ver autos del 13 de mayo de 2009, radicaciones 26742 y 28737. En el mismo sentido, auto del 8 de octubre de 2008, radicación 29428. También, sentencia del 30 de mayo de 2007, radicación 26115”. 11 “Cfr. Sentencia C-442 de 2011 de la Corte Constitucional”. 7? “En ese sentido, providencias del 20 de junio de 2007, radicación 27423 y del 8 de octubre de 2008, radicación 29425”. 18 Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001 JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA a más de comportar en su esencia naturaleza distinta, también producen efectos diversos. Desde luego, cuando se atribuye a una persona la realización de comportamientos en sí mismos delictivos o con connotación penal, ello obliga definir unos mínimos de tipicidad que adviertan seria y objetiva la manifestación calumniosa, pues, si de forma genérica se acusa a alguien de “ladrón” o similares, es evidente que allí ninguna imputación concreta y verificable se efectúa, haciendo inane en sus efectos el hecho presumiblemente delictuoso. Como la justicia penal no persigue pensamientos o

personalidades, ni mucho menos posturas morales o éticas, siempre es dable exigir que quien imputa a otro la realización de un delito, precise un comportamiento cuando menos determinable, para que esa imputación en sí misma se advierta propia del delito de calumnia. En contrario, la injuria sí puede comportar definiciones qué hagan relación con aspectos meramente morales, ( dalifieativos de la personalidad del afectado con ella q relativosa posturas éticas. (-..) Acordei con lo/añotado, la Corte juzga necesario acotar en esta opertúnidad que la exigencia de concreción, claridad y precisión no. significa, como lo refiere el casacionista, que para entender configurada la imputación deshonrosa se torne indispensable proporcionar de manera puntual fechas, lugares o las particularidades de las manifestaciones efectuadas en contra del afectado.» De ahíque, en la decisión CSJ AP2224-2014, Rad. 39239 -reiterada en CSJ SP AP 2490-2015, Rad. 39917, AP2239-2018, Rad. 52391; AP4061-2018, Rad. 53231la Corte haya señalado que el escenario objeto de protección del delito de calumnia es el ámbito público. Esto dijo la Corte: «Para una mejor comprensión de la temática que la Sala se propone abordar, hay que empezar por destacar, que aun cuando los delitos que se le enrostraron al investigado, a instancia de la denuncia formulada en su contra, se encuentran dentro del título 19 Casación acusatorio N° 56870 CUI 11001600005020120749001

JUSTO IVÁN PEÑARANDA AYALA

de delitos contra la integridad moral y que no en pocas ocasiones se les refunde, lo cierto es que, a voces de la jurisprudencia de la Corte, ofrecen unas distinciones necesarias:

1. La injuria se configura en aquellos casos en los cuales una persona hace imputaciones deshonrosas (relativas a la honra) a otra, en tanto, la calumnia consiste en la atribución falsa de una conducta punible, acusación que debe ser clara, concreta, circunstanciada y categórica, de modo que no comporte ninguna duda. ii.El escenario objeto de protección en cada uno de los dos casos es distinto. La calumnia alude al entorno del individuo socialmente considerado, o lo que es lo mismo, al ámbito público, mientras que la injuria, está entronizada en el medio privado».

Lo anterior, a tono con la jurisprudencia de la, Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia qué dé manera uniforme ha señalado que lajúbpificación del delito de calumnia se constituye, €n una medida de protección penal de los deréechos-fúndamentales a la honra y al buen nombre, bienésjurídicos respecto de los cuales se ha precisado que «a primera -la honrase refiere a la valoración de comportamientos en ámbitos privados, así como a la apreciación en sí de la persona, mientras el buen nombre alude a la reputación de la persona, es decir, a la apreciación que la sociedad emite de ella por su comportamiento en ámbitos públicos»; de ahí que se señale que: «la honra se afecta

tanto por la información errónea, como por las opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma, sin que sea necesario en ese segundo caso que la información sea falsa o errónea, en tanto, se cuestiona la plausibilidad de la opinión sobre la persona. Mientras, por su parte, la le