CSJ - SP1677-2024(63403)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente SP1677-2024 Radicación n° 63403 Acta No 154 Bogota D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024). ASUNTO La Sala, con el fin de garantizar el principio de doble conformidad, examina la sentencia del 01 de diciembre de 2022 por medio de la cual, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga revocó el fallo absolutorio dictado el 24 de febrero de 2021, por el Juzgado Once Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad, para, en su lugar, declarar penalmente responsable a Maritza Insignares González por la comisión del delito de peculado por apropiación, en calidad de interviniente.

CUI: 68001600000020160001601

NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González HECHOS En el año 2011, cuando Héctor Fernando Suárez Salcedo y Esperanza Carrillo Morales laboraban al servicio de la Empresa de Servicios Públicos E.S.P. de PiedecuestaSantander, se concertaron con Maritza Insignares González con el objetivo de defraudar las finanzas de dicha entidad estatal. Así, aprovechando que Esperanza Carrillo Morales era la persona encargada de custodiar, diligenciar, y confirmar el pago de los cheques girados por la empresa, el 3 de mayo de 2011 los mencionados se apoderaron del cheque No. J9793865, por valor de $72.564.000.00, el cual

originalmente tenía como destinatario la DIAN, y procedieron a alterarlo en su beneficiario, indicando que lo era la señora Diana Marcela Parra, persona que con posterioridad se determinó era inexistente. Ejecutada la anterior maniobra, el día 4 de mayo de 2011 Maritza Insignares González se encargó de materializar el cobro del referido título valor, para lo cual, valiéndose de engaños, hizo que Jhon Wilmer Suárez Moreno firmara el endoso de cheque e ingresara solo a la entidad bancaria a efectuar su canje. Obtenido el pago del cartular, Maritza Insignares y Esperanza Carrillo procedieron a dividirse el dinero recaudado, apoderándose cada una de ellas de una porción CUI: 68001600000020160001601 NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González del mismo, sin que conste hasta el momento que se haya efectuado su devolución a las arcas del Estado.

ANTECEDENTES

1. En audiencia preliminar que tuvo lugar el 26 de junio de 2014, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Bucaramanga, la Fiscalía formuló imputación en contra de las siguientes personas: i) Esperanza Carrillo Morales, por los punibles de falsedad en documento público en concurso homogéneo, destrucción, ocultamiento de documento público y peculado por apropiación; ii) Héctor Fernando Suárez Salcedo, por los delitos de falsedad en documento público en concurso homogéneo, destrucción, ocultamiento de documento público y peculado por apropiación, lo anterior en calidad de interviniente y; iii) Maritza Insignares González, por los reatos

de falsedad material en documento público (artículo 287 del Código Penal) y peculado por apropiación (artículo 397 ejusdem), en calidad de interviniente (artículo 30 ejusdem). Ninguno de los imputados aceptó los cargos formulados en su contra, al tiempo que contra ellos el delegado del ente investigador no presentó ninguna solicitud de medida de aseguramiento.

2. El 25 de septiembre de 2014 la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra de los prenombrados, conservando los términos en los que le fuera formulada la imputación.

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NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González En un principio, la actuación fue asignada al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga, quien el 31 de agosto de 2015 instaló la audiencia para verbalizar el referido documento, sin embargo, el sentido de la diligencia varió en virtud del preacuerdo que manifestó la Fiscalía había celebrado con Esperanza Carrillo Morales y Héctor Fernando Suárez Salcedo. En esa misma vista se impartió aprobación a dicho preacuerdo y se produjo una ruptura de unidad procesal que llevó a someter a un nuevo reparto la causa seguida contra Maritza Insignares González, misma que le fuera asignada al Juzgado 11 Penal del Circuito de la capital santandereana, autoridad ante la cual se surtió la audiencia de acusación el 29 de noviembre de 2016, conservando los mismos términos en los cuales se llevó a cabo la imputación en contra de esa ciudadana.

3. El 8 de septiembre de 2017 se adelantó la vista

preparatoria y el 3 de octubre siguiente se instaló el juicio oral, el cual culminó el 9 de marzo de 2020, con el anuncio de un sentido del fallo de carácter absolutorio, profiriéndose finalmente, sentencia de esas características, el día 24 de febrero de 2021, en donde el Juez de instancia razonó de la siguiente manera: En lo que se refiere al delito de falsedad material en documento público, manifestó que se había consolidado la prescripción de la acción penal, pues desde el momento de CUI: 68001600000020160001601 NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González formularse imputación, 26 de junio de 2014, hasta el instante de proferirse sentencia de primer grado, había transcurrido un periodo de 68 meses y 12 días, plazo que supera el límite de 54 meses previsto, en este asunto, para la consolidación del fenómeno extintivo. Así las cosas, se decretó la preclusión de la investigación, por el mencionado delito, en favor de la procesada. En cuanto al punible de peculado por apropiación, reseñó que las pruebas aportadas al proceso no permiten llegar a un estado de conocimiento más allá de toda duda razonable, acerca de la responsabilidad que en el mismo hubiera podido tener Insignares González desde su condición de interviniente. Resaltó que, según los elementos de convicción, se pudo establecer que quienes falsearon y cobraron una serie de cheques a fin de defraudar a la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, fueron los señores Héctor Fernando Suárez

Salcedo y Esperanza Carrillo Morales, quienes simplemente utilizaron a la acá encartada a fin de lograr el cambio de uno de esos instrumentos en la correspondiente entidad bancaria. Indicó que según el material probatorio obrante, no era posible sostener que Maritza Insignares González tenía conocimiento acerca del origen real del dinero cobrado, de modo que, sabiendo su procedencia, se hubiera resuelto de manera consciente seguir adelante con la ejecución de una conducta constitutiva de infracción penal.

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NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González Sobre el particular el A quo reseñó que, una vez revisado el contenido del cheque cobrado por la acá encartada, podía advertirse cómo del mismo no era posible extraer que su girador era la empresa de servicios públicos defraudada, además, a Insignares González simplemente se le informó, por parte de Esperanza Carrillo, que el origen del dinero a cobrar correspondía al pago derivado por la implementación de un sistema de contabilidad, manifestación respecto de la cual la acusada no tenía forma de hacer corroboración alguna.

4. Dicha providencia fue objeto del recurso de apelación por parte de la representante de víctimas, quien solicitó se revocara la decisión para, en su lugar, proferir condena en contra de la procesada por el delito de peculado por apropiación.

Es así que, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, en providencia del 01 de diciembre de 2022, resolvió revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, para en su lugar declarar a Maritza Insignares

González penalmente responsable por el delito de peculado por apropiación, en calidad de interviniente, imponiéndole una pena de 72 meses de prisión, multa de $54.423.000.00 € inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad. De igual modo, dispuso negarle a la procesada la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como la prisión domiciliaria.

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5. Tal decisión habilitó la posibilidad de interponer el recurso de impugnación especial en favor de la procesada, en tanto que las demás partes e intervinientes quedaron habilitadas para promover el extraordinario de casación.

Cumplido el término para lo anterior, sólo la defensa de Maritza Insignares González manifestó promover el primero de los medios defensivos reseñados, los demás sujetos procesales guardaron silencio. DECISIÓN IMPUGNADA Como primera medida, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga presentó una exposición teórica respecto del delito de peculado por apropiación, para a continuación explicar que el mismo puede ser imputado a quien, no teniendo la calidad de servidor público, concurre en la comisión del mismo bajo la modalidad de interviniente, para lo cual deberá acreditarse su aporte en la conducta delictual. Respecto al caso concreto, se partió por indicar que no existe discusión frente al hecho de que la empresa de Servicios Públicos ESP de Piedecuesta fue defraudada

patrimonialmente mediante la alteración de tres cheques, entre ellos el identificado con el número J9793865 por valor de $72.564.000.00, el cual fue originalmente girado en favor de la DIAN con el objetivo de pagar los valores correspondientes a la declaración del IVA del segundo periodo de 2011, pero cuyo beneficiario fue cambiado a CUI: 68001600000020160001601 NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González «DIANA MARCELA PARRA» -persona inexistente-, luego de recolectarse las firmas pertinentes. Se precisó que por los anteriores sucesos, los servidores públicos Héctor Fernando Suárez Salcedo y Esperanza Carillo Morales fueron sancionados penalmente, luego que aceptaran su responsabilidad en los hechos, mediante la celebración de un preacuerdo; sin embargo, a juicio de la Fiscalía, en lo que se refiere al cobro del cheque J9793865, los referidos ciudadanos actuaron en asocio con Maritza Insignares González, pues esta persona fue la encargada de cobrar el importe de ese título, valiéndose de la intervención de un tercero llamado John Wilmer Suárez Moreno. Luego de sintetizar el contenido de los elementos probatorios recaudados durante el juicio oral, el Ad quem pasó a efectuar su correspondiente valoración en los siguientes términos: En lo que respecta a los testigos de cargo Cesar Toloza Núñez, Erick Yoel Triana Rodríguez, Bilson Rodríguez Hernandez, Merardo Mejia Palomino, Leidy Viviana Mojica Pena, Luis Fernando Bueno Gonzalez y Luz Dary Rodriguez,

el Tribunal de instancia manifestó que, con ellos, la Fiscalía acreditó el hallazgo del detrimento patrimonial del que fuera víctima la empresa de Servicios Públicos E.S.P. de Piedecuesta - Santander, situación respecto de la cual no existe ninguna controversia, dejando de lado mención alguna CUI: 68001600000020160001601 NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González sobre la participación que tuvo Maritza Insignares en esos acontecimientos. Se explicó que al momento de intervenir en el cobro del cheque No. J9793865, Maritza Insignares González no ostentaba la condición de servidora pública, pues para ese entonces, ella ya se había desvinculado como trabajadora de la Empresa de Servicios Públicos en referencia. Bajo esa perspectiva, el fallador de segundo grado descartó la posibilidad de que la referida ciudadana hubiera podido tener participación en el proceso de adulteración del cheque, pero sí en su cobro y, sobre el particular, indicó: «...la actividad atribuida a la acusada debe estimarse no solo objetiva, sino trascendente en el cometido de afectar el patrimonio de la entidad de servicios públicos, dado que, sin la misma, emerge obvio, no podía haberse consumado la ilicitud. Así, independientemente de la responsabilidad penal que quepa atribuirle por ello, aspecto que será objeto de análisis a continuación, pues la procesada sostuvo estar convencida de la legalidad de su actuar, el aporte que le es atribuido objetivamente es importante, al punto que, de no haberse realizado el cobro del cheque en cuestión, lo cual ella viabilizó, no habría sido posible

consumar la ilicitud.» De cara a acreditar el aspecto subjetivo de la conducta, el Tribunal trajo a cita el testimonio rendido por John Wilmer Suárez Moreno, quien durante el juicio dio cuenta de cómo Maritza Insignares le pidió el favor que la acompañara a cobrar el cheque, luego lo convenció de cobrarlo entregándole instrucciones precisas para ello, tales como que debía CUI: 68001600000020160001601 NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González acercarse a la subgerencia del banco y anunciar que iba de parte de «Pancha», manifestación que, según él, permitió acceder al pago del instrumento sin problema alguno. Se resaltó cómo ese deponente dio cuenta de que una vez obtenido el dinero, él se lo entregó a Maritza Insignares, quien a su vez le solicitó la llevara hasta una casa a donde ella hizo ingreso sola, permaneciendo allí por un lapso de 15 minutos, luego de los cuales salió, abordó el carro en el que se desplazaban y dispuso dirigirse hacia Girón, siendo que en el camino ella le entregó a él la suma de un millón de pesos, a título de regalo. También se resaltó cómo el testigo, tras enterarse del desfalco por la prensa, reclamó a Maritza por haber sido señalado como uno de los responsables de ese suceso, siendo que ella lo calmó diciéndole que a él lo sacaban de eso y le propuso presentarle a una persona para ajustar las versiones sobre lo ocurrido, propuesta rechazada por el deponente.

Por otra parte, el Tribunal aseveró que Maritza Insignares sí sabía quién era el dueño del dinero a cobrar y girador del cheque, pues al haber laborado en esa empresa, conocía los procedimientos a seguir al momento de girar esos títulos valores y, a pesar de ello, tuvo a bien cobrar el importe del título valor, valiéndose de la intervención de un tercero con el objetivo de diluir su responsabilidad, todo ello sucedido de un acto cuyo objetivo era lograr convencer al 10

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NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González testigo John Wilmer Suárez de variar su versión de los hechos a fin de lograr encubrir su acto delincuencial. Continuando con su análisis, el Ad quem centró su atención en la versión entregada por la procesada durante el juicio oral, donde aseguró que ella no cobró directamente el cheque porque, como le expresó a Esperanza Carrillo en su momento, se encontraba enferma, cuestión que nunca le fue comunicada a John Wilmer Suárez, a quien sencillamente le dijo no poder hacer el canje del instrumento por no contar con su documento de identidad. Adicionalmente, calificó como sospechoso el que la procesada hubiera entregado a su colaborador la suma de un millón de pesos por el simple hecho de cobrar un título valor, pues ese monto resultaba ser muy alto para esa simple labor, además, tampoco le asignó credibilidad a la manifestación de la encartada, según la cual a ella sólo le pidieron, sin mayores detalles, ir a canjear el cheque, pues de haber sido cierto ello, no hubiera entregado las instrucciones de cobro

que le suministró a John Wilmer Suárez, las cuales terminaron siendo efectivas en punto de lograr el cometido sin ningún contratiempo. Frente a las manifestaciones efectuadas por Esperanza Carrillo, quien quiso liberar de toda responsabilidad a Insignares González diciendo que ella no tenía conocimiento acerca de la ilicitud del acto, el Tribunal les restó credibilidad asegurando que la encartada sí era parte del engranaje 11

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NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González criminal, siendo su tarea la de cobrar el título valor, labor que le fuera remunerada con el pago de dos millones de pesos, dinero que conservó en un monto del 50%, ya que el otro tanto se lo entregó a quien hizo efectivo el cobro. Así, concluyó el Ad quem que, «si fuera cierto que la indiciada no tenía conocimiento de que, con el cobro o desembolso del cheque J9793865 por el valor de $72.564.000.00, se estaría configurando una apropiación de dineros de una entidad del Estado, pues, la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ESP giró en favor de la DIAN dicha cantidad de dinero, no tendría razón que i): no fuera ella misma quien realizara directamente dicha gestión y por el contrario utilizar a un tercero para materializar el pago; (ii) recibiera una contraprestación de $2.000.000 por un supuesto acto de generosidad de Esperanza Carrillo Morales y, iii). Hubiera desatendido la supuesta enfermedad que le aquejaba, para salir de su casa, acompañar al familiar hasta la puerta

del banco y entregar personalmente el dinero obtenido a Esperanza.» En consecuencia, se dispuso revocar la decisión absolutoria proferida en favor de Maritza Insignares González, fijandole una sanción carcelaria de 72 meses de prisión -ello teniendo en cuenta la reducción establecida en el inciso 3 del artículo 30 del Código Penal-, así como una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al reseñado. En cuanto a la sanción de multa, se precisó que la misma debería ser igual al importe del cheque cobrado por Maritza Insignares, esto es, $72.564.000.00, sin embargo estimó preciso reducir el monto de esa sanción en la misma 12

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NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González proporción que se disminuyó la pena de prisión y, por tanto, se fijó una condena pecuniaria de $54.423.000.00. Al pronunciarse respecto a los mecanismos sustitutivos de la pena, el Ad quem manifestó que «si bien es cierto, en virtud a la fecha de la comisión de los hechos, esto es, 3 de mayo de 2011, no se encontraba en vigencia las modificaciones efectuadas por la Ley 1709 de 2014, ellas resultan más favorables para la procesada; sin embargo, en razón a que a MARITZA INSIGNIARES GONZÁLEZ le fue impuesta una pena única de 72 meses de prisión, esto es, 6 años, resulta ostensible la conclusión de que no cumple con el requisito objetivo de la condena de

ejecución condicional, lo que impone su denegación.» Denegó la concesión de la prisión domiciliara, en virtud a la prohibición fijada en el artículo 68A de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014.

DE LA IMPUGNACIÓN ESPECIAL

1. Cargo principal: «Errores de hecho detectados en las fases de apreciación y valoración probatoria (incorrecta construcción indiciaria para acreditar un comportamiento doloso de parte de la acusada)» Parte por indicar que, el hecho de que supuestamente su prohijada hubiera intentado “cuadrar” la versión del testigo Jhon Wilmer Suárez, «no significa per se la participación de la acusada en los hechos señalados», pues ello puede ser producto de un acto desesperado de defensa, propio de quien carece de asesoría legal y siente miedo de verse inmiscuido en este tipo de actuaciones, situación que no puede ser descartada

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NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González cuando en el proceso se demostró que Maritza Insignares fue instrumentalizada por Héctor Suárez y Esperanza Carrillo, a fin de lograr el cobro del cheque. Calificó como falsa la premisa presentada por el Ad quem, según la cual la procesada sabía que el dinero a cobrar pertenecía a la Empresa de Servicios Públicos de Piedecuesta, pues según lo declarado por el investigador Oscar Javier Gutiérrez Bernal, el cheque J9793865 no identificaba el girador y carecía de cualquier restricción en

su circulación. Señaló que si bien Maritza Signares laboró en la empresa afectada, debía tenerse en cuenta que, para el momento de los sucesos, ella ya llevaba más de año y medio desvinculada y, agregó, que en todo caso mientras trabajó allí, ella no se relacionó con el área de tesorería y pagaduría, encargada de la emisión de cheques. En cuanto al pago de dos millones realizado a Maritza Insignares, manifestó que esa entrega de dinero era a título de regalo por cuanto ese día ella estaba de cumpleaños, razón por la cual no podía saber que recibiría esa plata. Bajo esa perspectiva, aseguró el recurrente que los indicios estructurados por el Tribunal de segundo grado en su sentencia condenatoria, carecen de material probatorio capaz de soportar los hechos indicadores requeridos, motivo 14

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NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González por el cual resulta posible desvirtuarlos del modo antes reseñado. Aseguró que las reglas de la experiencia y la lógica propuestas por la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga, son infundadas, pasando por alto que lo realmente acreditado durante el juicio, fue la configuración de un desfalco a la Empresa de Servicios Públicos enunciada, mas no la participación de la encartada en esos sucesos. Insistió en reseñar cómo Esperanza Carrillo y Héctor Suárez, verdaderos autores del hecho criminal y quienes ya se encuentran condenados por ello, acudieron al juicio a indicar que la encartada no tomó participación en el plan y

que ellos tan solo la instrumentalizaron a fin de lograr por su conducto el cobro de uno de los tres cheques alterados. En suma, afirmó que el proceder de la procesada se encuentra desprovisto de dolo y, por tanto, las atestaciones efectuadas por el Tribunal de segunda instancia en punto de soportar la responsabilidad penal de Insignares González en los hechos judicializados, carecen de fundamento probatorio.

2. Primer cargo subsidiario: «Nulidad por ausencia de hechos jurídicamente relevantes desde la f. de acusación (sic)» Afirmó el impugnante que, tras revisar el contenido fáctico del escrito de acusación y su acto de verbalización, se echa de menos allí la existencia de mención alguna respecto

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NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González del «acuerdo previo o concomitante, que permita que opere ese principio de imputación reciproca de los aportes de quienes acuerden ese designio criminal en común». Señaló que la Fiscalía solo estructuró la existencia de un acuerdo previo entre Héctor Suárez y Esperanza Carrillo a fin de cambiar los destinatarios de una serie de cheques originalmente girados en favor de la DIAN, pero que en relación con la procesada, no se hizo mención a su participación en ese acuerdo, siendo entonces que a ella sólo se le recrimina la presunta comisión del delito de peculado por apropiación, «por endosar a un tercero el cobro de un cheque que había sido alterado por los señores HECTOR SUAREZ y ESPERANZA CARRILLO y entregar dicho dinero del cheque a esta última».

De ese modo, aseguró que en este caso se ha comprometido la garantía al debido proceso, pues al carecer la acusación de una adecuada estructuración de los hechos jurídicamente relevantes, se afectó el ejercicio del derecho de defensa, pues finalmente «no está claro el grado de participación de mi Prohijado (sic) en los hechos materia de investigación, puesto que desde la imputación fáctica se describe un hecho indicador de lo cual no constituye como delito».

3. Segundo cargo subsidiario: «Atipicidad objetiva del delito de peculado por apropiación - ausencia de prueba que acredite el objeto material» Partió por indicar que, en el presente asunto, «el objeto material recae en los títulos valores que fueron cobrados y cuyo dinero

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NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González fue posteriormente entregado a ESPERANZA CARRILLO de manos de la aquí acusado». Aseguró que los cheques constitutivos de la infracción penal, fueron incorporados como prueba documental «de forma ilegal y/o ilícita», pues dicha labor estuvo a cargo de un testigo que, durante la vista preparatoria, no fue solicitado para tal fin. Resaltó que en la referida diligencia, la Fiscalía anunció que la incorporación de tales elementos de convicción se llevaría a cabo por conducto de los testigos de acreditación Bilson Rodríguez y/o César Tolosa, pero que finalmente la labor fue asumida por Oscar Javier Gutiérrez Bernal, ello pasando por alto que no se invocó por parte de la Fiscalía la ocurrencia de una circunstancia especial que lo habilitara a

asumir esa función, así como también el hecho de que esa persona no fue convocada al juicio como testigo de acreditación. A juicio del impugnante, la anterior particularidad hace que la prueba documental relativa a los cheques adulterados adquiera la condición de «ilegal y/o ilícita», pues su aducción al proceso vulneró los derechos al debido proceso y defensa, en la medida que el extremo pasivo de la acción penal fue sorprendido en juicio, pues «la pertinencia para la cual fue decretada una prueba en preparatoria se tiene que limitar para el fin por el que fue decretada, y en este caso la pertinencia para la que fue decretada el testigo OSCAR GUTIERREZ BERNAL distaba de su relación 17

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NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González con cheques cuya sorpresa limitó una adecuada preparación de la defensa en ejercicio del contrainterrogatorio con antelación». Solicitó se excluyera del caudal probatorio los cheques adulterados, así como todos aquellos testimonios que encontraron fundamento en dichos documentos, ello en aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado. 4. «Error al condenar en grado de participación de interviniente y solo conceder el descuento punitivo previsto en el inc. final del art. 30 (sic)» Como sustento de su pretensión, el impugnante trajo a cita la sentencia CSJ SP 2536-2022 del 21 de julio de 2022, donde dice se realizaron apreciaciones frente al grado de

participación del interviniente, para, a partir de ello, solicitar la concesión de «una doble rebaja punitiva prevista en el inciso 2 y 3 [del artículo 30] del Código Penal: i) de una sexta parte a la mitad por ser cómplice y ii) una cuarta parte por ser interviniente»!. Además, fundó su petición en el hecho de que, en su sentir, «la figura del interviniente es realmente un partícipe», ello por cuanto: i) «La figura del interviniente está incluida en el artículo 30 del Código Penal que el legislador titula “partícipes”, razón por la cual desde un punto de vista sistemático resulta inconsecuente sostener que la 1 Entiende la Sala que el recurrente hace relación a la disminución prevista en los incisos 3 y 4 de la norma en mención. 18

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NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González misma está prevista por coautores que actúen sin tener las calidades especiales de autoría». ii) Porque en los delitos de infracción al deber, lo importante es identificar quién es el autor, esto es, «el obligado especial» que se encuentra vinculado a una «institución positiva» de la que se derivan deberes especiales y personales cuyo desconocimiento solo puede estar a cargo del intraneus. iii) Porque «en los delitos de infracción de deber el autor infringe un deber positivo de fomento, mientras que los partícipes no, estos, a lo sumo, defraudan las expectativas que se derivan de sus roles de ciudadanos y por ende de la obligación de no dañar, al insertarse en

contextos delictivos, por ello, como el extraneus no puede nunca usurpar esa posición institucional, ni menos lesionar deberes que son altamente personales y recaen exclusivamente en el intraneus». Así, concluyó que en virtud de lo anterior, al Legislador le interesa reprimir con mayor severidad a quien desconoce los deberes especiales, que a aquella persona que solo defrauda las expectativas de un deber negativo. Surtido el traslado a los no recurrentes, estos optaron por guardar silencio respecto del recurso promovido por la defensa de Maritza Insignares González.

CONSIDERACIONES

1. La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por el defensor de Maritza

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NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González Insignares González, contra la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga el 01 de diciembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 235 de la Constitución Politica de Colombia, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2018 y el criterio mayoritario plasmado en la decisión CSJ AP12632019 del 3 de abril de 2019.

2. En el presente asunto, varios son los temas propuestos por el impugnante al controvertir el primer fallo condenatorio emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, por esa razón, en aras de brindar un orden a la presente decisión, la Sala abordará el estudio del caso de

la siguiente forma: (i) Analizar si en este caso se ha configurado una

nulidad procesal sustentada en un desconocimiento al debido proceso por indebida estructuración de los hechos jurídicamente relevantes en el acto de acusación?; (ii) En caso que la respuesta al anterior planteamiento sea negativa, se procederá a realizar el respectivo análisis y valoración de los elementos de convicción a fin de determinar, primero, si le asiste razón al recurrente en su solicitud de exclusión probatoria y, segundo, si la Fiscalía logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la 2 Si bien este postulado corresponde al primer cargo subsidiario propuesto por el impugnante, la Sala abordará su estudio de manera prioritaria dada su incidencia procesal, pues de ser próspero, resultaría inane abordar el análisis de los demás cargos formulados por el recurrente. 20

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NI: 63403 Impugnación Especial Maritza Insignares González responsabilidad penal de la encartada en la conducta criminal que le fuera endilgada. (iii) Por último, en el evento de llegar a confirmarse la responsabilidad penal de la procesada, se verificará si le asiste razón al impugnante en su reclamación de dar alcance a una doble rebaja de la pena, aplicando los criterios de disminución contenidos en los incisos 3 y 4 del artículo 30 del Código Penal.

3. De la nulidad por