CSJ - SP1788-2022(58238)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

Magistrado Ponente SP1788-2022 Radicación No. 58238 Acta 115 Bogotá D.C., veinticinco (25) mayo de dos mil veintidós (2022).

VISTOS: Resuelve la Corte los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el 21 de mayo de 2020 contra

JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ, HÉCTOR JULIO

CARVAJALINO, NELSON ALBERTO GÓMEZ SILVA, ALBERTO CUI 11001600025320150007202

JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ Y otros

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PÉREZ AVENDAÑO, NOÉ JIMÉNEZ ORTÍZ, JESÚS PACHECO

CARPIO, RAFAEL ALIRIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, JAVIER

ANTONIO QUINTERO CORONEL, RAMÓN DE JESÚS MENESES

PARADA, JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VILLAMIZAR, FELIPE

GARCÍA VELANDIA, JESÚS JHOANY LAMUS GARCÍA, XAVIER

ESTRADA MARTÍNEZ, FREDY CONTRERAS ESTEVEZ, MANUEL

DE JESÚS SOLANO ESPAÑA, CIRO PACHECO CARRASCAL,

FREDY RAMIRO PEDRAZA GÓMEZ, AUDILIO BARRIENTOS,

ALFREDO GARCÍA TARAZONA, ALFREDO BALLENA, FABIO

HERRERA VERGEL, ROBERTO PRADO DELGADO, CARLOS

GARCÍA BARRERA, JOSÉ LENIN MOLANO MEDINA, WILMAN

RAFAEL ORTÍZ GUEVARA, WILFREDO GALVIS CUADROS, JHON

FERNANDO GALVIS DÍAZ, NAIDER ABRAHAM ISSA REYES,

ARMANDO MADRIAGA PICÓN y CÉSAR AUGUSTO RIVERA MEDINA, desmovilizados del Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC, respecto de 482 hechos delictivos.

ANTECEDENTES FÁCTICOS: Antes de adoptar la decisión correspondiente y con el propósito de facilitar el cabal entendimiento de las conductas objeto de juzgamiento en este proceso, su gravedad e incidencia en las comunidades afectadas por ellas, la Corte estima indispensable referirse al marco histórico en el que surgió el Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia, del cual fue máximo responsable JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ, alias

<<Juancho Prada>>. 2 CUI 11001600025320150007202

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Para ello recurrirá a lo establecido por el Tribunal de instancia sobre la génesis y desarrollo de esa estructura delictiva organizada al margen de la ley. Frente Héctor Julio Peinado Becerra. Ejerció control territorial y social desde finales de los años 90 hasta 2006 en los municipios de Aguachica, San Martin, San Alberto, Gamarra, Río de Oro, González, La Gloria, Pelaya, Tamalameque y Palitas en el sur del

departamento del Cesar y en Ocaña, Abrego, La Playa de Belén, La Esperanza, Hacarí, El Carmen, Convención y Teorama en Norte de Santander. Por estar ubicado entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, este territorio constituye un corredor estratégico en el que, además, pasan oleoductos y poliductos, como el de Caño Limón–Coveñas, infraestructura que, mediante el hurto de hidrocarburos, fue usada como fuente de financiación. El primer grupo armado organizado al margen de la ley en llegar a la zona fue el ELN en la segunda mitad de los 60. Para los años 80, el Frente Camilo Torres, se había expandido siguiendo el eje de trazado por el oleoducto Caño Limón– Coveñas y su control territorial se prolongó hasta finales de los 90, época en la que la fuerza pública inició campaña en su contra y las autodefensas estructuraron su proyecto paramilitar y político liderado por la familia de Roberto y 3 CUI 11001600025320150007202

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JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ, logrando hacer presencia militar permanente en la zona rural y urbana. El segundo grupo subversivo presente en la zona fueron las FARC-EP, que pese a estar presente en la zona desde la década de los años 70, sólo hasta 1983 constituyó el Frente 20, el cual operó en los municipios de Rionegro y El Playón,

y tuvo incidencia en Sabana de Torres, Puerto Wilches y moderadamente en San Alberto. Su consolidación se dio en la segunda mitad de los años 80, con la creación del Frente 24 en el sur del departamento de Bolívar y del Frente 33 en la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña. El tercer grupo, con presencia en la región desde la década del 80, fue el Ejército Popular de Liberación EPL, que operó en Norte de Santander con el Frente Libardo Mora Toro y, en Santander y Cesar, con el Frente Ramón Gilberto Barbosa, cuyas operaciones las desplegaron en Hacarí, Abrego, Ocaña, San Martín y San Alberto. Con ocasión de la arremetida paramilitar de finales de los 90, estos grupos se replegaron a los municipios de Sardinata y Tibú, respectivamente. Como antecedente de la llegada a la zona del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, la Fiscalía refirió la crisis del cultivo de algodón que detonó la concentración en junio de 1987 de aproximadamente 10.000 labriegos en varios municipios del Cesar, Magdalena, la Guajira y en la plaza Alfonso López de Valledupar que protestaban contra las precarias condiciones de los trabajadores campesinos, 4 CUI 11001600025320150007202 JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ Y otros RADICADO INTERNO 58238 quienes pedían la instalación y mantenimiento de servicios públicos, adjudicación de tierras y mejoras salariales. Algunos empresarios y políticos tradicionales de la región consideraron ese tipo de actos como una amenaza a

la sociedad agraria tradicional y denunciaron la posible infiltración de miembros del ELN en las jornadas de protesta. El gobierno del presidente Virgilio Barco acordó con los manifestantes construir vías, mejorar acueductos y alcantarillados, construir escuelas y adjudicar tierras baldías para asegurar ingresos económicos. Mientras se llevaban a cabo los diálogos, se desató una ola de asesinatos, secuestros y extorsiones por parte de las FARC-EP, contra ganaderos y agricultores del departamento del Cesar, situación que, unida a las declaraciones de los Ministros de Defensa y de Justicia -General Rafael Samudio Molina y José Manuel Arias Carrizosasobre la viabilidad de crear grupos de defensa por parte de los sectores sociales afectados, impulsó la creación de los primeros grupos de autodefensa, al amparo del Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968. En ese contexto, en el año 1988 hizo su aparición en el departamento del Cesar el grupo de justicia privada, conocido como <<Los Masetos>>, conformado por personas provenientes de Puerto Boyacá, financiados por ganaderos y palmicultores de la región. Uno de los sitios de reunión del grupo fue la Hacienda Riverandia, ubicada en el municipio de San Alberto (Cesar), propiedad del líder conservador 5 CUI 11001600025320150007202

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Rodolfo Rivera Stapper, ex Representante a la Cámara, Diputado, fundador y primer alcalde del municipio de San

Martin, Cesar, como quedó establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia, por la que el estado colombiano fue condenado el 8 de diciembre de 1995. Así se iniciaron las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar, grupo que basó sus acciones en proteger la propiedad de los ganaderos y agricultores de la región y arremeter contra personas señaladas de colaborar con la guerrilla, generándose múltiples homicidios, secuestros y desapariciones contra sindicalistas, miembros de grupos políticos de izquierda y organizaciones sociales. A principios de la década de los años 90, JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ empezó a brindar información al Ejército Nacional sobre el actuar delictivo de los grupos insurgentes y apoyó a su primo Roberto Prada Gamarra, quien había conformado un grupo de autodefensas que centraba su accionar en los municipios de San Alberto y San Martín, Cesar. Ya para 1995 tenía su propio grupo con presencia en los municipios de San Martín y Aguachica, Cesar. En ese periodo en el departamento de Cesar operaron tres grupos de autodefensas conocidos con el nombre del comandante: i) Luis Ofrego Ovallos Gaona en San Martín y Aguachica, Cesar y en la zona urbana de Ocaña, ii) JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ, alias <<Juancho Prada>>, 6 CUI 11001600025320150007202 JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ Y otros RADICADO INTERNO 58238 en el área rural de San Martín, y iii) Roberto Prada Gamarra

en San Alberto y su área rural. Las estructuras paramilitares a cargo de JUAN FRANCISCO PRADA MARQUEZ y Luis Ofrego Ovallos Gaona, se constituyeron en servicios especiales de Seguridad y Vigilancia CONVIVIR, con licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia, en las mismas áreas en las que delinquieron. Con posterioridad, PRADA MÁRQUEZ, Roberto Prada Gamarra y Manuel Alfredo Rincón, alias <<Pasos o Manaure>>, crearon las bases del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, para lo cual contaron con apoyo del Ejército Nacional, a través de un Mayor de apellido Rivera, que les suministró munición y adiestramiento militar. De igual forma, recibía apoyo de integrantes de la Quinta Brigada del Ejército, con sede en Bucaramanga. Para abril de 1998, JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ controlaba la provincia de Ocaña y recibió el mando del grupo paramilitar que operaba en el municipio de Pailitas por parte de Rodrigo Tovar Pupo, alias <<Jorge 40>>, a solicitud de Carlos Castaño. La Fiscalía documentó 24 masacres perpetradas por el Frente Héctor Julio Peinado Becerra, entre ellas, las de Puerto Patiño I Y II cometidas a partir del 15 de enero de 1995 en Aguachica, Las Margaritas y Cerro Redondo en 7 CUI 11001600025320150007202 JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ Y otros RADICADO INTERNO 58238 2002, Paloquemado en 1999, el Marqués en 1996, que son

juzgadas en esta actuación. Patrones de macro criminalidad legalizados. Los cargos formulados por la Fiscalía fueron agrupados dentro de los siguientes patrones de gran criminalidad:

1. Patrón de macrocriminalidad de homicidio en persona protegida.

La Fiscalía presentó 379 hechos bajo esta práctica delictiva, cinco de los cuales fueron ubicados en el patrón de Violencia Basada en Género -cargos 115, 227, 358, 369 y 421-, quedando 374 sucesos delictivos. Desde 1994 hasta 1998 el número de homicidios se mantuvo siempre al alza, presentándose el pico más alto en 1999, cuando se afianzó el plan de expansión del proyecto paramilitar en los municipios de Ocaña, Abrego y Playa de Belén. Entre los años 2000 y 2004 la cantidad decreció, pero aún se mantuvo a un nivel alto, bajando considerablemente entre el 2005 y 2006 por la fase de desmovilización del grupo. Esta modalidad delictiva ocasionó consecuencias individuales y colectivas para quienes habitaban las zonas donde la estructura delinquía, entre ellas, disolución de núcleos familiares, aumento de hogares con madre cabeza de hogar, desarraigo regional. 8 CUI 11001600025320150007202

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Este proceder criminal le permitió al Frente Héctor Julio Peinado Becerra ejercer dominio territorial, social y de recursos, garantizando el cumplimiento de su propósito de lucha antisubversiva y haciendo las veces de autoridad para una comunidad con presencia estatal débil que no garantizaba sus derechos. En ese propósito etiquetaron a la

población civil, incluidos sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y líderes comunitarios como guerrilleros, excusa bajo la cual se cometieron toda clase de delitos. En tal sentido, se trataba de una estructura armada organizada al margen de la ley jerarquizada, con objetivos definidos y desarrollados a través de mandos que planificaban y ejecutaban conductas punibles individuales y de gran escala, como masacres, todas ellas con un factor común: el desarrollo de una política de exterminio de las personas consideradas militantes o auxiliadores de la guerrilla, de bandas de delincuentes, personas en estado de marginalidad o vulnerabilidad social o miembros de grupos sociales que no eran tolerados o aceptados por la comunidad. Fueron identificadas como prácticas del patrón de homicidio: ajusticiamiento de los integrantes de grupo por desobedecer directrices, masacres, sicariato, asesinato previa retención ilegal, afectación compulsiva de la población civil en el conflicto armado, persecución contra familias, homicidios con connotación política y falsos positivos.

2. Patrón de Desaparición forzada.

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Aunque JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ, comandante de la estructura paramilitar, indicó que la orden dada a sus subalternos era perpetrar asesinatos selectivos con el propósito de afianzar el control social, territorial y de recursos en la zona de influencia de la organización armada

y no desaparecer a las víctimas, la investigación constató que ese patrón se configuró y trajo como consecuencia la disolución de núcleos familiares, el aumento de hogares con jefaturas femeninas producto de la muerte del cónyuge y el desarraigo regional de un importante porcentaje de los pobladores nativos de los territorios de influencia del frente paramilitar. De acuerdo con la información allegada por la Fiscalía, en sus bases de datos existen 416 registros de desapariciones forzadas atribuibles al Frente Héctor Julio Peinado Becerra. De ellos, en la sentencia se describieron 51 casos que permitieron determinar los modos de operación, prácticas y motivaciones. Dentro de los móviles se destacan la lucha antisubversiva, que representa el 54% de los casos, el control con el 26%, en los que las víctimas fueron asociadas como personas que presuntamente delinquían en la región o desatendían los cánones comportamentales impuestos por el grupo ilegal.

3. Patrón de violencia basada en el género.

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Está conformado por 23 hechos criminales y comprende un extenso rango de acciones físicas y sicológicas de contenido sexual y no sexual cometido con base en el género de la víctima. En particular, se refiere a las dinámicas violentas que tuvieron lugar en Ocaña, Aguachica y otros municipios controlados por el Frente Héctor Julio Peinado Becerra, con ocasión de las normas de conducta que el grupo

quiso imponer a niñas, niños, adolescentes, mujeres y miembros de la población LGBTI en el territorio en que operaba. También quedó en evidencia que en Ocaña -Norte de Santander-, se desplegó una oleada de violencia sexual principalmente en contra de mujeres y niñas, que fueron no solo accesos carnales violentos, sino actos de tortura con connotación sexual, compañía forzada, maternidad forzada, entre otros. Las otras conductas asociadas o relacionadas con la violencia sexual que hacen parte de la violencia de género o que se cometieron antes o después de aquella también permiten observar el ejercicio de poder y dominación sobre la población y, en especial, sobre las mujeres. Como prácticas de este patrón criminal, se establecieron: i) violencia física, que incluye actos de tortura, lesiones personales, tráfico de personas y violencia doméstica. ii) violencia sexual referida a situaciones de acoso, acceso carnal, explotación sexual, prostitución forzada, entre otras. iii) violencia emocional o psicológica, que alude a las humillaciones y al abuso verbal. iv) violencia socioeconómica, que hace referencia a actos de explotación y 11 CUI 11001600025320150007202 JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ Y otros RADICADO INTERNO 58238 de discriminación basados en el género. v) prácticas tradicionales de violencia de género, tales como la ablación del clítoris o el matrimonio a temprana edad.

4. Patrón de reclutamiento ilícito de menores.

La Fiscalía presentó este patrón respecto de 10 casos

documentados en el período comprendido entre 1995 y 2004 en los municipios de San Alberto y San Martin al Sur del departamento del Cesar, y Ocaña, Norte de Santander, territorios controlados ilegalmente por el Frente Carlos Julio Peinado Becerra. Se cometió a través de prácticas como el reclutamiento por persuasión -4 hechos-, reclutamiento por la fuerza -1 casoy los restantes 5 eventos por establecer su móvil.

5. Desplazamiento forzado.

En el proceso se estableció que entre 1994 y 2005, el Frente Héctor Julio Peinado Becerra se registraron 7.379 desplazamientos forzados en el departamento del Cesar y 4.226 en el departamento de Norte de Santander. Sin embargo, la Fiscalía sólo analizó 344 hechos, de los que seleccionó 16 para presentar en este proceso. La estructura ilegal tuvo como propósitos principales para desplazar a la población, el control territorial -38,13%-, la lucha antisubversiva - 61,87%- y desplazamiento individual7,19%-. 12 CUI 11001600025320150007202

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Como prácticas para concretar el desplazamiento, la estructura ilegal utilizó la amenaza generalizada y la amenaza directa, las cuales se concretaron con (i) abordaje en lugar de domicilio, posterior tortura y homicidio, (ii) abordaje en lugar específico, (iii) incursión armada a gran escala y (iv) presencia armada en los municipios. Se estableció, además, que la mayoría de los hechos que

configuran este patrón –al menos un 94,96% – ocurrieron en zona rural, principalmente en La Gloria (57,55%), San Martín (33,81%), Aguachica (6,47%) y Pelaya (1,44%), en el Departamento del Cesar.

CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Competencia. De conformidad con el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, y los artículos 68 ibídem y 32-3 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2020 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, compuesta por 1800 folios y 108 numerales de la parte resolutiva, en la que se legalizaron 482 hechos correspondientes a 1263 conductas delictivas y se reconocieron alrededor de 1038 víctimas directas y 1362 indirectas. Las impugnaciones 13 CUI 11001600025320150007202

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Contra el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá se presentaron 12 impugnaciones por parte de del Ministerio Público, el postulado JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VILLAMIZAR y 10 apoderados de víctimas, cada uno de los cuales se resolverá a continuación. Impugnación del Ministerio Público.

1. Solicita que se decrete la nulidad de lo actuado desde

la legalización de cargos del hecho No. 24, referido al desplazamiento forzado de la hacienda Bella Cruz, por cuanto los postulados no aceptaron el cargo formulado y, en consecuencia, no podía legalizarse ni dictarse sentencia al respecto. Y aunque el Tribunal consideró que sí admitieron su responsabilidad en el concierto para delinquir y delitos conexos porque no realizaron ningún tipo de observaciones, en realidad no fueron interrogados sobre la aceptación libre y voluntaria del mismo. Falencia que también encuentra presente en la legalización de los patrones macro criminales de desplazamiento forzado, homicidio y violencia de género. A su criterio, el artículo 18 de la Ley 975 de 2005 ordena que, en la audiencia de concentrada de formulación y aceptación de cargos, la magistratura vigile que la aceptación de cargos sea libre, voluntaria y espontánea, lo que en este caso no sucedió, por manera que se afectó la estructura del proceso transicional y las garantías debidas a los postulados.

2. Cuestiona, igualmente, que a pesar de legalizar los

cargos por delitos sexuales contenidos en el hecho No. 4 14 CUI 11001600025320150007202 JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ Y otros RADICADO INTERNO 58238 respecto de JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VILLAMIZAR y 4, 13, 303, 401, 404,405 y 441 en relación con NOÉ JIMÉNEZ ORTÍZ, el Tribunal se haya abstenido de dictar sentencia en su contra y, en su lugar, haya dispuesto la ruptura de la unidad procesal bajo el argumento de que no fueron

aceptados, hecho que no es cierto porque sí asumieron responsabilidad por dichos crímenes. Señala que si la negativa a proferir sentencia contra NOÉ JIMÉNEZ ORTÍZ <<está fincada en la imposibilidad de atribuir responsabilidad porque no encuentra acreditado, para este momento procesal su rol de comandante dentro de la estructura paramilitar, el mismo argumento es predicable respecto de la responsabilidad por los otros delitos que se le atribuyeron... En consecuencia, no se debe proferir sentencia en su contra por los hechos No. 358, 3, 2, 4 y 8>>.

3. Respecto del hecho No. 3 refiere que JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VILLAMIZAR aceptó los hechos que previamente había confesado y por ello fue condenado por acceso carnal violento y actos sexuales violentos, ambos en persona protegida, del que fueron víctima DKSA, LKAC, RDSA y JS. Sin embargo, la condena debe ser como autor mediato por su condición de comandante de la estructura paramilitar y no a título de coautor, porque según la prueba acopiada en el proceso, supo del hecho por el relato de sus subalternos, más no concurrió con ellos en su realización.

Pide modificar la legalización de este cargo. 15 CUI 11001600025320150007202

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En relación con el mismo hecho punible, el postulado NOÉ JIMÉNEZ ORTÍZ no aceptó responsabilidad alguna y por ello considera procedente abstenerse de legalizar el cargo y decretar la ruptura procesal. De igual forma, solicita emitir sentencia condenatoria

contra PRADA MÁRQUEZ y NAIDER ABRAHAM ISSA por este hecho porque se omitió hacerlo a pesar de que se legalizaron los cargos en su contra.

4. Considera que como HERNÁNDEZ VILLAMIZAR confesó los hechos 2 y 258, se debió proferir sentencia en su contra por el delito de acceso carnal violento en persona protegida del que fuera víctima YPA, a título de autor mediato, dado que reconoció su responsabilidad por cadena de mando.

5. En cuanto al hecho No. 4, reseña que HERNÁNDEZ VILLAMIZAR aceptó los crímenes salvo el acceso carnal violento y NOÉ JIMÉNEZ ORTÍZ no aceptó los cargos, situación por la que el Tribunal no los legalizó. Con todo, los condenó por estos sucesos y ordenó la ruptura procesal.

Pide, por tanto, revocar la condena proferida contra JIMÉNEZ ORTÍZ, pues el cargo no fue legalizado. Respecto de HERNÁNDEZ VILLAMIZAR pide que se emita condena porque los aceptó y fueron legalizados, salvo por el acceso carnal violento, respecto del cual se debe mantener la ruptura procesal. 16 CUI 11001600025320150007202

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6. Refiere que en el hecho No. 8, HERNÁNDEZ VILLAMIZAR y JIMÉNEZ ORTIZ aceptaron los cargos, incluidos los de acceso carnal abusivo, por lo que deben condenarse por esos sucesos delictivos. El primero como autor mediato, no como coautor, porque aceptó

responsabilidad por línea de mando. En ese sentido solicita modificar la sentencia.

7. Respecto del hecho delictivo No. 9, considera que HERNÁNDEZ VILLAMIZAR aceptó su responsabilidad por todos los delitos, incluido el delito sexual, pero no fue condenado por ese punible. Pide, en consecuencia, disponer la ruptura de la unidad procesal y abstenerse de legalizar el cargo en relación con las víctimas DPG y JPG.

8. Reseña que en el hecho 39 HERNÁNDEZ VILLAMIZAR aceptó por cadena de mando los delitos relacionados con la violencia sexual desplegada por sus hombres, cargo legalizado, pero por el que no fue condenado.

Solicita, por ende, que se dicte sentencia en su contra por este delito, pero por responsabilidad de cadena de mando.

9. Al igual que el anterior caso, pide condenar al prenombrado postulado por el hecho 227, dado que aceptó su responsabilidad por los delitos sexuales.

10. Afirma que en el hecho No. 6 el postulado FREDY RAMIRO PEDRAZA GÓMEZ aceptó el cargo de acceso carnal violento, pero explicó que tuvo una relación sexual con la víctima, pero de manera consentida. El Tribunal legalizó el

17 CUI 11001600025320150007202 JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ Y otros RADICADO INTERNO 58238 cargo y emitió sentencia de condena, decisión que no comparte porque afecta a la víctima, por el déficit de verdad que comporta, porque fue aceptado <<porque eso dice la víctima, pero no ocurrieron así>>. Solicita que se ordene la

ruptura de la unidad procesal y se investiguen por separado.

11. Señala, por último, que el Tribunal legalizó los delitos contenidos en el hecho 438 por los que condenó a ALFREDO GARCÍA TARAZONA como autor mediato. Sin embargo, dicho suceso no tiene relación con el conflicto armado, pues no se demostró que el grupo tuviera una política orientada a rechazar la práctica del aborto. Pide, en consecuencia, abstenerse de legalizar el cargo y de acumular la sentencia proferida en la jurisdicción ordinaria.

Consideraciones de la Sala.

1. Según establece el artículo 19 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012, en la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, el postulado podrá aceptar los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, allanamiento que será válido siempre que sea libre, voluntario, espontáneo y asistido por su defensor, evento en el cual se realizará el respectivo control material y formal de la aceptación total o parcial de cargos y se continuará con el trámite del incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas.

Conviene precisar, en primer lugar, que los procesos de Justicia y Paz no tienen las mismas características de los 18 CUI 11001600025320150007202 JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ Y otros RADICADO INTERNO 58238 procesos ordinarios en la medida que en ellos no se juzga a un único individuo o unos pocos hechos delictivos, situación que impone establecer una metodología específica que garantice la participación de todas las partes e intervinientes

con cierta fluidez y prontitud. Así, por ejemplo, en este proceso se juzga a 30 postulados respecto de 482 hechos correspondientes a 1263 conductas delictivas con alrededor de 1038 víctimas directas y 1362 indirectas, situación que obligó a establecer un protocolo que permitiera avanzar en el desarrollo de la audiencia concentrada. En ese propósito, la Fiscalía leyó cada hecho criminal y presentó pormenorizadamente la evidencia que lo demostraba, así como la confesión del postulado, luego de lo cual se otorgó la palabra a los desmovilizados para que se pronunciaran sobre la aceptación de responsabilidad y, finalmente, se procedió a escuchar a las víctimas que participaron en la vista pública. Siendo ello así, contrario a lo considerado por el recurrente, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá respetó el procedimiento establecido en el ordenamiento transicional y la metodología dispuesta para este trámite en particular, puesto que el número de postulados –30y la cantidad de hechos juzgados -482limitaba el examen individual de cada caso, como lo demanda el Ministerio Público respecto del hecho 24 y los cargos relacionados con el patrón de violencia de género. 19 CUI 11001600025320150007202

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De esta manera, la Fiscalía leyó todos y cada uno de los cargos, describió las pruebas con que contaba, se refirió a las confesiones de los desmovilizados, luego de lo cual los postulados aceptaron los cargos que les concernían, con lo

cual se cumplió con la esencia del procedimiento establecido en la Ley de Justicia y Paz, de forma que no se vulneraron garantías fundamentales de ninguna de las partes e intervinientes. En consecuencia, por este aspecto, no hay lugar a declarar de la nulidad solicitada por el recurrente.

2. En los reproches 2 al 10 el Ministerio Público cuestiona la atribución de responsabilidad legalizada por el Tribunal respecto de JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VILLAMIZAR y NOÉ JIMÉNEZ ORTÍZ, en la medida que los cargos de violencia sexual los legalizó a título de coautoría, cuando, a su criterio, debió hacerlo por autoría mediata en la medida que fueron aceptados por línea de mando y no porque hubiesen participado en ellos directamente.

Pues bien, la Corte tiene establecido que, tratándose de delitos sexuales cometidos en desarrollo del conflicto armado, los comandantes de los grupos organizados al margen de la ley, en los eventos en que no los ejecutaron directamente (como autores o coautores), responden con fundamento en i) la autoría mediata por línea de mando o, ii) por la responsabilidad del superior por omisión, según las condiciones específicas de cada caso. 20 CUI 11001600025320150007202 JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ Y otros RADICADO INTERNO 58238 2.1. Para atribuir la autoría de uno o más delitos a personas distintas de quienes los ejecutan materialmente, la jurisprudencia ha desarrollado y aplicado la tesis de la responsabilidad por cadena de mando –autoría mediata en aparatos organizados de poder por dominio de la voluntad-,

surgida en la doctrina penal alemana a partir de la obra de Claus Roxin. Esa construcción conceptual aplica a los casos en que las conductas punibles objeto de reproche son cometidas por miembros de una estructura organizada y se orienta a atribuir responsabilidad por las mismas no sólo a los autores materiales, sino también a quienes ejercen control sobre la jerarquía organizacional, así no hayan tenido «injerencia directa sobre aquellos que materializan o ejecutan las acciones ilícitas en el grupo», en cuanto hayan contribuido sustancialmente a la perpetración de los ilícitos (CSJ AP. 3/08/16, rad. 33663). Pretende, por tanto, lograr la atribuibilidad de resultados antijurídicos a quienes ostentan una posición de mando dentro de una organización jerárquica respecto de hechos cometidos por sus subordinados, cuando quiera que aquéllos materializan un mandato delictivo transferido a lo largo del escalafón de la estructura hasta sus ejecutores materiales -SP5333-2018-. En esas condiciones, «dada la ausencia de contacto físico, verbal y de conocimiento entre el primer cabo ordenador y el último que consuma la conducta punible, sucede que el 21 CUI 11001600025320150007202 JUAN FRANCISCO PRADA MÁRQUEZ Y otros RADICADO INTERNO 58238 mandato o propósito se traslada de manera secuencial y descendente a través de otros d