CSJ - SP1865-2024(63141)

Republica de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada ponente SP1865-2024 Radicado n.” 63141

CUI: 20001220400020140009703

Aprobado acta n. 170 Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

I. OBJETO DE LA DECISION La Sala resuelve la impugnación especial presentada por el defensor de GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE contra la sentencia proferida el 17 de junio de 2015, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esa decisión revocó el fallo absolutorio emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar a favor de la acusada y, en su lugar condenó a aquella, por primera vez, como autora del delito de prevaricato por acción.

Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE IL. HECHOS 1.- El 1° de noviembre de 2003, Luz Stella Arias Correa formuló denuncia contra Armando José Arenas Uribe, Armando José Arenas Correa y Consuelo Uribe de Arenas, por «amenazas de muerte», injuria y calumnia. El entonces Fiscal 20 Seccional de Aguachica (Cesar), el 25 de diciembre de 2003, abrió investigación bajo el radicado n.” 10.205 y, ordenó escuchar en versión libre a los dos primeros mencionados. También, dispuso la práctica de una serie de

declaraciones para esclarecer los hechos que, en efecto fueron recaudadas. 2.- El 28 de diciembre de 2004, GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE -actuando como Fiscal. 20, Seccional de Aguachica (Cesar)- profirió resolución inhibitoria sin valorar las pruebas, ni motivar tal determinación. Solo hizo alusión a que «para el caso-que nos ocupa la conducta no ha existido». Sin embargo, la ocurrencia de los sucesos denunciados se desprendía de las declaraciones previamente rendidas por Luz Stella Arenas Correa, Lorena Amparo López Ardila, María Cecilia Vega Meneses y Etelvina Delgado Gama. 3.- El 23 de marzo de 2005, la misma delegada declaró la nulidad de la mencionada resolución -por irregularidades en la notificacióny, el 29 de junio de 2005, emitió una segunda resolución inhibitoria. En esa oportunidad, GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE sustentó la decisión en que «a acción penal no puede iniciarse, pues desde la fecha de la denuncia ya han transcurrido 2 años, o sea más de 6 meses tal y como lo prescribe el art. 327 del C.P.P. (sic). Dejó de lado que, el 2 Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE artículo 327 de la Ley 600 de 2000 exige la demostración de alguna de las causales allí consagradas.

II. ANTECEDENTES PROCESALES 4.- El 10 de febrero de 2012, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Valledupar declaró la apertura de la instrucción en contra de GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE. La investigada fue vinculada a la actuación como autora del delito de prevaricato por acción, mediante indagatoria que rindió el 27 de mayo de 2013, ampliada el 5 de agosto de 2013. 5.- El 23 de septiembre de; esé Mismo año, el fiscal instructor resolvió la situación jurídica de GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE, sin imponerle medida de aseguramiento. El 15 de-moviembre posterior, se clausuró la instrucción. El 24 de febrero de 2014, el sumario fue calificado con resolución de acusación contra GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE como autora del delito de prevaricato por acción. 6.- Una vez la resolución de acusación adquirió ejecutoria el 9 de abril de 2014, la actuación se remitió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Allí, se cumplió el traslado regulado en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, en el cual, los sujetos procesales no solicitaron pruebas ni nulidades. En vista de lo anterior, el magistrado ponente prescindió de la audiencia preparatoria y, la audiencia pública de juzgamiento se llevó a cabo el 4 de agosto de 2014. Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE 7.- El 23 de septiembre de 2014, se profirió sentencia absolutoria. El delegado de la Fiscalía interpuso el recurso

de apelación y, el 17 de junio de 2015, mediante sentencia SP7584-2015, la Sala de Casación Penal revocó la absolución, para en su reemplazo, condenar a GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE como autora del delito de prevaricato por acción. 8.- El 3 de noviembre de 2020, la defensa técnica presentó solicitud de doble conformidad judicial. El 5 de octubre de 2022, se concedió la impugnación especial y, el 6 de febrero de 2023, fue repartida al despacho, de la magistrada ponente.

IV. “LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA 4.1 Sentencia de primera instancia 9.- Para empezar, el Tribunal dio por descontado que la acusada tenía la condición de servidora pública -Fiscal 20

Seccional de Aguachica (Cesar)- para las fechas en las cuales dictó las resoluciones catalogadas de contrarias al ordenamiento jurídico. 10.- Al fijar los contornos del problema jurídico, el juez colegiado determinó que le correspondía, como un observador objetivo e imparcial, analizar los medios de prueba que, según la Fiscalía, la procesada soslayó cuando se inhibió de abrir instrucción. Anunció, producto de ese análisis, los comportamientos denunciados y conocidos en 4 Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE su momento por la acusada, en calidad de fiscal, resultaban atípicos. Por tanto, sí era procedente la decisión inhibitoria. 11.- Fue así como hizo un estudio individual de los

delitos de amenazas, injuria y calumnia, al considerar que por aquellos se dio apertura a la investigación que estuvo a cargo de GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE. 12.- Frente al primero, estableció que los hechos dados a conocer por la denunciante -en cuanto a que sus familiares la amenazaron de muerteno se ajustaban al tipo penal de amenazas. Ello, porque las amenazas no buscaban causar alarma, zozobra o terror en la población, como lo demanda la descripción típica. Se dirigían contrá/ uña persona determinada. 13.- Respecto al ilícito de calumnia, el razonamiento del @ quo se centró en que, los señalamientos contra Luz Stella Arenas Correa no se relacionan con la comisión de un delito específico, con la indicación de algunas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aquello que los denunciados le expresaron a la mencionada tenía que ver con que «era buscada por la justicia penal, donde tenía un proceso en su contra y que iba a parar a la Modelo». Manifestaciones que, en criterio del Tribunal, no se ajustaban al tipo penal de calumnia. 14.- El a quo hizo similar examen de cara a la injuria. En esa dirección, sostuvo, según el relato de Luz Stella Arias Correa, cuando Armando José Arenas Uribe, Armando José Arenas Correa y Consuelo Uribe de Arenas acudieron a la 5 Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE finca San Vicente. Allí, le lanzaron expresiones, tales como, que aquella y sus hermanos eran «unos muertos de hambre»,

«que pensaban se habían ganado el baloto», «que eran una porquería, que pertenecen a la suciedad de Bucaramanga». También, tildaron a Luz Stella Arias Correa de «puta», «pobre desgraciada que vive de los mozos, suelta uno y coge otro» y «zángana». 15.- Destacó que las expresiones insultantes fueron lanzadas en un escenario de rivalidad y discordia entre hermanos, cuñada y sobrino. Por ese puntal contexto, para el Tribunal, las frases y expresiones carecían de la finalidad o el propósito de lesionar la honra de la denunciante, 16.- Luego de transcribir el contenido de las resoluciones del 28-de diciembre de 2004 y 29 de junio de 2005el Tribunal observó una falta de diligencia y cuidado por parte de la acusada, debido a que, no hizo una valoración probatoria juiciosa. Explicó, esa falta de diligencia condujo a una serie de afirmaciones erráticas, por ejemplo, que la conducta no existió, así como, que con base en una causal inexistente en el artículo 327 de la Ley 600 de 2000, se inhibía de dar apertura a la investigación penal. 17.- Restó transcendencia a lo anterior de cara al sentido de la decisión que correspondía asumir, a saber, inhibitoria «por atipicidad de las conductas de injuria, calumnia y amenazas». 18.- En suma, concluyó que debía absolverse a la procesada porque las decisiones del 28 de diciembre de 2004 6 Impugnación especial Radicado n. 63141

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y 29 de junio de 2005 no contaban con el carácter de manifiestamente contrarias a la ley, en razón a que, la parte resolutiva corresponde con la decisión que finalmente debía adoptarse. Además, no existió un actuar doloso de la procesada. 4.2 Sentencia de segunda instancia 19.- La Sala de Casación Penal, de entrada, detectó que la presunta atipicidad de las conductas denunciadas no fue objeto de análisis por parte de la acusada, cuando resolvió inhibirse de iniciar la investigación formal. De todas maneras, no descartó que el juicio de tipicidad hiciera parte de la cuestión a la cual se enfrentó la entonces fiscal. 20.- A diferencia de lo sostenido por el Tribunal, de los elementos acopiados en la indagación a cargo de GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE, infirió, algunos de los comportamientos denunciados, posiblemente, eran típicos. Esa inferencia debía confirmarse o desecharse en el desarrollo de la investigación formal regulada en el artículo 331 de la Ley 600 de 2000, prevista entre otras, con la finalidad de establecer si se ha infringido o no la ley penal. 21.- Adicionalmente, de las declaraciones que reposaban en la investigación a cargo de la acusada, derivó, de haber ocurrido los hechos denunciados, podían encontrar adecuación típica en conductas punibles diferentes a las mencionadas en la denuncia, tales como, constreñimiento ilegal o lesiones personales. Incluso, era necesario indagar Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE acerca de la eventual ocurrencia del delito de daño en bien ajeno. 22.- La Sala afirmó que contrario a la comprensión del sentenciador de primer grado, las resoluciones del 28 de diciembre de 2004 y 29 de junio de 2005, emitidas por GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE, contrarian en forma palpable y evidente el orden jurídico. 23.- Revisó cada una de las decisiones de cara a las pruebas que obraban en la indagación y concluyó: (i) la valoración de los medios de convicción existentes en ese momento, desde ninguna perspectiva, apuntaban, a la inexistencia de los hechos investigados; (ii) era necesario avanzar con la indagación y, ordenar la práctica de pruebas para descartaro ratificar la realidad de la denuncia; (iii) la procesada én su calidad de Fiscal 20 Seccional de Aguachica (Cesar) violó la obligación de valorar conjuntamente las pruebas obrantes en las diligencias, que no revestía mayor complejidad y (iv) la causal relativa a que la conducta denunciada es inexistente no obedece a una circunstancia objetiva, debe ser producto de la ponderación de las pruebas, con la consecuente exteriorización de las razones que soportaban tal afirmación. 24.- Puntualmente, frente a la razón esgrimida en la resolución del 29 de junio de 2005 -el vencimiento del término para el agotamiento de la investigación previa-, resaltó, para la fecha de los hechos, la Corte Suprema de Justicia tenía sentadas las consecuencias de la tardanza. Estas tienen que

ver con la libertad del procesado, la prescripción de la acción 8 Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE penal o sanción del funcionario, sin otra clase de efectos. En ese orden, alegó, no podía la procesada realizar el simple cotejo cronológico, debía verificar la concurrencia de alguna de las causales taxativas establecidas en el artículo 327 de la Ley 600 de 2000. 25.- De otra parte, halló demostrada la tipicidad subjetiva. En primer lugar, a partir de la amplia experiencia específica de la procesada en las labores propias del cargo14 años-, sumado a que, recibió capacitación en cursos de actualización jurídica. En ese sentido, mal podía afirmarse el desconocimiento de las disposiciones normativas llamadas a regular el caso. 26.- Hizo énfasis en ‘que las razones de una y otra resolución inhibitoria difieren, pese a que, entre la primera y la segunda“tan solo transcurrieron 6 meses y no existió ninguna variación en la situación probatoria. Anotó, antes de proferir la segunda determinación, GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE ordenó recibir la declaración de German Vega Meneses, pero sin haberla acopiado, resolvió, el 29 de junio de 2005, nuevamente inhibirse. Lo anterior, daba cuenta de que la procesada no buscaba proferir una determinación ajustada a derecho, sino privilegiar, bajo cualquier pretexto, su arbitrio. 27.- También, se indicó que la resolución inhibitoria del 29 de junio de 2005 fue revocada por el superior funcional

de la entonces fiscal delegada. Allí, se ordenó proveer el asunto y adoptar una resolución motivada, pero, de manera sorpresiva, GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE resolvió remitir las 9 Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE diligencias, por competencia territorial, a las Fiscalías Seccionales de Ocaña. 28.- Respecto de lo sostenido en la indagatoria, trajo a colación que al pregustársele a GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE en torno a la resolución del 29 de junio de 2005, dijo que la cita del artículo 327 de la Ley 600 de 2000 fue un error mecanográfico porque el fundamento correcto era el artículo 325 Ibidem. Ello, para la Sala de segunda instancia, permitía concluir que conocía el contenido de la primera norma citada y, aun así, en contravía de su sentido obvio, profirió la decisión censurada. 29.- De las declaraciones de las personas que conocían a nivel profesional a GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE, afirmó, contribuyen a afianzar que su actuar no fue producto de negligencia o descuido, sino de su voluntad dirigida en forma consciente a vulnerar el ordenamiento jurídico. 30.- Se concluyó que el comportamiento atribuido a GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE además de típico, formal y materialmente antijurídico, era culpable. En consecuencia, en la tasación de la sanción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, impuso a la acusada 36

meses de prisión, 50 SMLMV de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 60 meses. 31.- Le fue concedida la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por un período de prueba de 3 años. 10 Impugnación especial Radicado n. 63141

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V. LA IMPUGNACIÓN ESPECIAL 32.- Con la finalidad de obtener la revocatoria de la sentencia condenatoria, la defensa técnica recordó que, a lo largo del proceso, ha alegado la ausencia de dolo. Desde su punto de vista, no se cuenta con prueba objetiva para constatarlo. Los indicios construidos por el sentenciador de segundo grado, afirmó, son deleznables, poque parten de hechos indicadores no probados. 33.- Sustentó su postura en que, la experiencia no es prueba del dolo y, para la fecha de los hechos, la Ley 600 de 2000 tenía tan solo 4 años de vigencia. Sumó, que, la jurisprudencia de las altas Cortes se-conocía de manera tardía, sin que se contara: conacceso a internet. 84 Citó un aparte de la sentencia SP3380-2014 del 19 de marzo de 2014, de la cual resaltó que la ausencia de demostración de dolo impide cimentar la imputación subjetiva. 35.- Además, afirmó que su procurada no fue nombrada en el cargo producto de un concurso de méritos, sino que el Estado asumió el riesgo cuando la designó por «obra y gracia del dedometro». 36.- Cuestionó si acaso se pretende erigir la ignorancia,

impericia o la escasa formación académica en prevaricato. Bajo ese entendido, aseguró, GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE asumió el cargo como delegada de la Fiscalía en Aguachica (Cesar) en forma reciente a su llegada desde el departamento 11 Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE de Antioquia. En la Fiscalía a su cargo, encontró el proceso objeto de condena, al cual le impartió el mismo trámite que a los otros asuntos. Anotó que, en relación con éstos aportó resoluciones similares a las cuestionadas. Es decir, actuó con la misma dinámica, errada, pero con la convicción de proceder conforme a derecho. 37.- Añadió que, no hay el más mínimo hecho indicador que apunte a que su prohijada actuó con malicia o prevalida de algún interés económico, animadversión o preferencia por alguna de las partes. 38.- Después de citar en extenso la sentencia proferida por esta Corporación bajo la radicación n.? 19.358 del 18 de noviembre de 2004 y, aludirra la presunción de inocencia, reiteró su pretensiómde revocatoria del fallo condenatorio.

VI. NO RECURRENTE 39.- El agente del Ministerio Público coincidió con el análisis probatorio de la segunda instancia. De las razones expuestas por el apelante denotó, pretende una valoración de las pruebas imponiendo su particular criterio, sin que las inconformidades planteadas sean suficientes para derribar el acierto del fallo condenatorio. Su pretensión se orienta a que

se mantenga incólume la sentencia objeto de impugnación. 12 Impugnación especial Radicado n. 63141

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VII. CONSIDERACIONES 7.1 Competencia 40.- La Sala es competente para conocer de la impugnación especial interpuesta contra la sentencia SP7584-2015, proferida el 17 de junio de 2015, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, conforme lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2018 y el Acuerdo 29 del 23 de septiembre de 2020 de esta Corporación. 7.2 Delimitación del problemajurídico y estructura de la decisión 41.- La tesis defensiva convoca a un examen de las razones por las cuales, en la sentencia recurrida, se dio por demostrado que GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE actuó con dolo.

Se trata de una discusión que abarca el ámbito subjetivo del tipo penal de prevaricato por acción. El apelante no cuestiona que su representada emitió las resoluciones del 28 de diciembre de 2004 y 29 de junio de 2005, ni su carácter contrario a derecho. 42.- En criterio del censor, los indicios plasmados en la sentencia de segunda instancia, para sustentar la satisfacción del tipo subjetivo, no descansan en hechos indicadores acreditados. Además, estima que, la experiencia laboral de la acusada no es suficiente para determinar el

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE conocimiento y voluntad en la actualización del tipo objetivo, respecto de quien, alega solo actuó bajo una errada convicción de la procedencia de una determinación inhibitoria. 43.- De manera que, corresponde a la Sala examinar la construcción indiciaria a partir de la cual se dio por estructurado el tipo subjetivo, bajo los reparos formulados por la defensa técnica. En lo sustancial, estos apuntan a desvirtuar el dolo y, proyectar una actuación poco diligente de la acusada que, de verificarse, tornaría en atípicos los hechos. 44.- Para resolver lo anterior, se-hará alusión a los elementos del tipo penal de) prevaricato por acción, de acuerdo con la: caracterizacion fijada por la Corporación (7.3.)— asi “como, a las operaciones indiciarias para fundamentar el tipo subjetivo -dolo- (7.4). En el marco de las anteriores precisiones se abordará el caso concreto (7.5). 7.3 El delito de prevaricato por acción 45.- Según el artículo 413 de la Ley 599 de 2000 se presenta cuando el servidor judicial profiere resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. De acuerdo con esa descripción típica, son elementos estructurales: (i) un sujeto activo calificado, servidor público; (ii) el proferimiento de una resolución, dictamen o concepto en desarrollo de sus funciones, y (iii) que la decisión adoptada sea manifiestamente contraria a la ley. (CSJ SP506-2023,

rad. 61969). 14 Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE 46.- El elemento normativo manifiestamente contrario a la ley se configura cuando la decisión desconoce abiertamente la realidad probatoria o porque se distancia sin explicación del texto o sentido de la norma llamada a regular el caso, haciendo que, de entrada, se revele objetivamente caprichosa o arbitraria, producto «del desconocimiento burdo y mal intencionado del marco normativo» (CSJ SP4620-2016, rad. 44697; CSJ SP1310-2021, rad. 55780 y CSJ SP5062023, rad. 61969). 47.- Esto significa que para la configuración del referido elemento del tipo penal objetivo no es suficiente que la providencia sea simplemente ilegal, 01 desacertada, sino que es necesario que la disparidad del acto con los enunciados normativós.o la comprensión de sus contenidos sea de tal entidad que «no admita justificación razonable alguna» (CSJ AP4267-2015, rad. 44031 y CSJ SP3578-2020, rad. 55140). 48.- Indispensable resulta tener en cuenta los fundamentos jurídicos y probatorios en los que el funcionario judicial sustentó la decisión tildada de prevaricadora, así como las circunstancias en que fue proferida y los elementos de juicio con los que contaba al momento de pronunciarse, a partir de un análisis ex ante y no a posteriori del caso (SP4620-2016, rad. 44697; CSJ SP467-2020, rad. 55368, entre otras). 49.- En lo que respecta al elemento subjetivo de la

conducta, como quiera que el delito de prevaricato por accion 15 Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE es de modalidad dolosa, esto implica probar que el autor sabe que actúa «en contra del derecho y que, tras ese conocimiento, voluntariamente decide vulnerarlo» (CSJ SP2129-2022, rad. 54153). Vale decir, que obra con conocimiento y voluntad de desconocer la normatividad legal aplicable al caso (CSJ SP668-2021, rad. 51652 y CSJ SP1310-2021, rad. 55780). 50.- Como solo admite la modalidad dolosa, el prevaricato por acción no se configura cuando la decisión, aunque sea contraria a la ley, es el resultado de la inexperiencia, desidia, impericia o ignorancia. 7.4 Las operaciones indiciarias para fundamentar el dolo 51.- Debido a que los componentes -cognitivo y volitivodel dolo se ubican en el fuero interno del sujeto activo de la conducta punible, sólo puede ser conocido a través de las manifestaciones externas de su voluntad. Frente al delito de prevaricato por acción, esta Corporación ha establecido que para verificar el dolo es necesario examinar la totalidad de la actuación realizada por el funcionario, junto con las motivaciones plasmadas en la decisión cuestionada y las justificaciones ofrecidas, así como las circunstancias específicas que rodearon la actuación (CSJ SP13733-20172017, rad. 47761). 52.- También, resulta viable acudir al examen de los

elementos objetivos debidamente demostrados, como la naturaleza de la decision, la complejidad del asunto, la 16 Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE claridad de las normas aplicables y la trayectoria y experiencia profesional del acusado, de los cuales pueda inferirse razonadamente el conocimiento y la voluntad en el actuar contrario a derecho por parte del sujeto activo de la conducta (CSJ SP740-2018, rad. 50132, CSJ SP3142-2020, rad. 57793 y CSJ SP506-2023, rad. 61969). 53.- Entonces, se trata de un conjunto de operaciones indiciarias que permiten alcanzar un grado de confirmación demostrativo compatible con el estándar de conocimiento necesario para el juicio de reproche. Ello supone la existencia de un hecho indicador que debe encontrarse demostrado a través de cualquiera de los medios probatorios. autorizados por el Código de Procedimiento Penal, del cual se deriva la existencia de otro hecho mediante un razonamiento lógico. 54 Puntualmente, el artículo 284 de la Ley 600 de 2000; bajo el cual se siguió este asunto, señala que «todo indicio ha de basarse en la experiencia y supone un hecho indicador, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro». Esa disposición sugiere que, el indicio es producto de una operación mental que surge a partir de la combinación de un hecho indicador con una regla de la experiencia, lo cual genera la conclusión o hecho indicado. 55.- Así las cosas, para una correcta construcción del

indicio debe considerarse cada uno de sus componentes. El punto de partida son los hechos indicadores que corresponden a datos probatorios derivados de la valoración de los medios de prueba legalmente producidos. Por su parte, las reglas de la experiencia se identifican con generalizaciones 17 Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE con una base empírica valida, esto es, que no atienda a sesgos o prejuicios. 56.- Luego, los indicios construidos son apreciados en clave de su gravedad, concordancia y convergencia, como lo regula el artículo 287 de la Ley 600 de 2000. 7.5 Caso concreto 57.- Para contextualizar la realidad procesal que enfrentó GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE, inicialmente, es necesario hacer una breve síntesis de los hechos objeto de denuncia y los medios de prueba recolectados) para el momento en el cual emitió las resoluciones inhibitorias del 28 de diciembre de 2004 y 29:de junio de 2005. 58:-El-1% de noviembre de 2003, ante la Unidad de Policia Judicial de Aguachica (Cesar), Luz Stella Arenas Correa formuló denuncia contra Armando José Arenas Correa, Consuelo Uribe de Arenas y Armando José Arenas Uribe -hermano, cuñada y sobrino, respectivamente-. Los sucesos tienen que ver con que, el 31 de octubre de 2003, cuando Luz Stella Arenas Correa se encontraba en la finca «San Vicente», Ubicada en el municipio de Río de Oro (Cesar), se presentaron

los denunciados, quienes la insultaron con expresiones tales como, que ella y su hermana Nelly Arenas Correa «éramos una porquería, que no teníamos donde caer muertos, que ellos eran de la sociedad de Bucaramanga y que nosotros perteneciamos a la suciedad y que se van de aquí porque se van». 18 Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE 59.- También, relató que, se generó un forcejeo con Armando José Arenas Correa y Armando José Arenas Uribe, cuando su hermana Nelly Arenas Correa se encerró en un cuarto de la finca, lo que llevó a que el último de los mencionados le dijera que «yo iba a parar en La Modelo, que iba a luchar hasta que me llevaran a La Modelo, que la voy a matar, la voy a acabar». 60.- En ese contexto, la denunciante narró varios insultos en su contra, relacionados con su vida sexual, así como con dinámicas familiares. 61.- El 25 de noviembre de 2003, bajo el tadicado n. 10.205, el entonces Fiscal 20 Seccional de Aguiachica (Cesar), Oscar Eduardo Diaz Anaya,-inicié la investigación previa en contra de Armado José Arenas Uribe y Armando José Arenas Correa,-por los delitos de injuria y calumnia, a quienes ordenó escuchar en versión libre. También, dispuso practicar las declaraciones juradas de Lorena Amparo López Ardila, María Cecilia Vega Meneses y Etelbina Delgado Gama. 62.- Las mencionadas pruebas fueron recaudas entre diciembre de 2003 y agosto de 2004. Adicionalmente, el 19 de

agosto de 2004, Luz Stella Arenas Correa rindió su declaración, sin que con posterioridad se practicaran otras pruebas. 63.- En términos generales, las declaraciones juradas dan cuenta de los hechos ocurridos el 31 de octubre de 2003, en la finca «San Vicente», narrados por Lorena Amparo López Ardila, María Cecilia Vega Meneses y Etelbina Delgado Gama, 19 Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE quienes para la época eran trabajadoras de la finca y presenciaron el arribo de los denunciados a ese lugar, así como, la interacción que se presentó entre éstos y la denunciante. Relataron que, en efecto, los denunciados lanzaron expresiones desobligantes contra Luz Stella Arenas Correa, incluso relacionadas con su vida sexual. 64.- Fue así como el 28 de diciembre de 2004, GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE expidió resolución inhibitoria. Allí, en el apartado titulado «fundamentos legales» citó los artículos 325 y 327 de la Ley 600 de 2000, luego de ello, aparece consignado «Y para el caso que nos ocupa la conducta denunciada no ha existido, en consecuencia, hay que abstenerse, de abrir y adelantar la investigación formal». 65.- Con posterioridad, GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE decretó-la nulidad de dicha determinación por irregularidades en la; notificación y, resolvió «activar nuevamente la investigación previa» y ordenó recibir declaración jurada a

German Vega Meneses. Sin embargo, el 29 de junio de 2005, la acusada profirió una segunda resolución inhibitoria en el mismo asunto. 66.- En esa oportunidad, como razón para la decisión plasmó la relativa a que, «en este caso, en atención a la secuencia procesal, es claro advertir, han transcurrido más de seis (6) meses del que dispone para realizar la investigación previa y, durante el no fue posible la iniciación de la investigación». Más adelante se lee «para el caso sub examine el despacho se abstendrá de abrir investigación penal ya que la acción penal no puede iniciarse, pues desde la fecha de la 20 Impugnación especial Radicado n. 63141

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GLADIS ELENA ZAPATA DUQUE denuncia ya han transcurrido dos años, o sea más de seis meses tal y como lo prescribe el art. 327 del C.P.P. (sic). 67.- Ahora, acorde con el cargo por el delito de prevaricato por acción atribuido en la resolución de acusación y verificado en la sentencia condenatoria, las decisiones son manifiestamente contrarias a la ley porque: (i) no se abordaron los medios de prueba ni expusieron los motivos para fundar la conclusión de inexistencia de los sucesos investigados; fii) desde ninguna perspectiva era dable afirmar la inexis