CSJ - SP2001-2022(49920)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada Ponente SP2001-2022 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 Aprobado acta nº 127 Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022) VISTOS Resuelve la Sala el recurso extraordinario de casación presentado por el defensor del acusado BIANEY BRAVO VALENCIA en contra del fallo de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 10 de octubre de 2016, mediante el cual revocó la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad el 11 de diciembre de 2015, para condenarlo por el delito de Actos sexuales con menor de 14 años, agravado, en concurso de conductas punibles. Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA H E C H O S De acuerdo con los hechos declarados como probados por el Tribunal, tras la separación de sus padres en el año 2004, el niño J.D.B.L. viajaba cada 15 días aproximadamente desde Dosquebradas (Risaralda) hacia la ciudad de Manizales a casa de sus abuelos, donde visitaba durante el fin de semana a su padre BIANEY BRAVO

VALENCIA.

Aprovechando la estancia de su hijo en su casa materna, BRAVO VALENCIA le realizaba tocamientos de contenido sexual en la habitación que compartían, donde le quitaba su ropa y le manoseaba los genitales, además de una

serie de maniobras de naturaleza libinidosa. Tales hechos ocurrieron hasta mediados de 2010, cuando el niño, para entonces de 9 años de edad, reveló lo sucedido en desarrollo de una entrega de calificaciones en el centro educativo de Dosquebradas, donde estudiaba. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE Con fundamento en los anteriores hechos, el 20 de septiembre de 2011, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Manizales, se formuló imputación a BIANEY BRAVO VALENCIA por el delito de Actos sexuales con menor de 14 años, agravado, en concurso 2 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA de conductas punibles (artículos 209 y 211, numeral 5, del Código Penal). El imputado no aceptó los cargos. Presentado el escrito de acusación por parte de la Fiscalía, le correspondió al Juzgado Séptimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad adelantar la etapa de juzgamiento, celebrándose la audiencia de acusación el 29 de noviembre de 2011. El proceso pasó a conocimiento de Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad, realizándose la audiencia preparatoria los días 16 de julio y 22 de agosto de 2012. La audiencia de juicio oral se llevó a cabo en sesiones celebradas entre los días 17 de abril de 2013 y 28 de febrero de 2014, fecha esta última en la que se emitió el sentido del

fallo de carácter absolutorio. El 11 de diciembre de 2015, el mismo despacho judicial emitió el fallo correspondiente absolviendo al acusado BRAVO VALENCIA por los cargos que habían sido objeto de la acusación. Interpuesto por el representante de la víctima el recurso de apelación contra esa decisión, fue revocada por el Tribunal Superior de Manizales que declaró responsable a BIANEY BRAVO VALENCIA del delito de Actos sexuales con menor de 14 años, agravado, en concurso de conductas punibles (artículos 209 y 211, numeral 5, del Código Penal), en calidad 3 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA de autor, imponiendo en su contra la pena principal de trece (13) años de prisión y las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo y la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría de su hijo por tiempo equivalente a cinco (5) años. No le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria. Oportunamente el defensor del acusado interpuso el recurso extraordinario de casación, cuya demanda fue estudiada en su aspecto formal y admitida por esta Corporación. Antes de abordar los fundamentos de la demanda sustentada por la defensa del procesado, la Corte se referirá a la solicitud de prescripción de la acción penal presentada por el mismo sujeto procesal. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL El 17 de enero de 2022, la Secretaría de la Sala de

Casación Penal informa al despacho que, el 1 de diciembre de 2021, a través de correo electrónico, la defensora de BRAVO VALENCIA remitió memorial donde solicita extinción de la acción penal por prescripción, petición que reiteró el día 16 del mismo mes y año. La accionante sustenta su demanda en la normatividad pertinente y en pronunciamientos jurisprudenciales de la Sala sobre el tema, criterios que aplica a la situación de su 4 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA patrocinado de la siguiente manera: el fallo de segunda instancia se profirió el 10 de octubre de 2016, conforme al artículo 189 de la Ley 906 de 2004, la prescripción de la acción quedó suspendida por el término de 5 años, los que se agotaron el 10 de octubre de 2021. A partir de este momento, atendiendo lo indicado en el inciso segundo del artículo 292 de la Ley 906 de 2004, el término prescriptivo corre de nuevo desde la formulación de imputación, la que se materializó el 20 de septiembre de 2011, por lo que a la fecha de su solicitud han transcurrido 10 años, 2 meses y 10 días. Ahora, por habérsele endilgado a su patrocinado el delito de actos sexuales con menor de catorce años, según el inciso 3° del artículo 83 del Código Penal, adicionado por la Ley 1154 de 4 de septiembre de 2007, según la jurisprudencia, el término de prescripción para esos punibles es de 10 años. De lo anterior, se extrae

que, para la profesional del derecho, la prescripción de la acción ocurrió el 20 de septiembre de 2021, es decir, 10 años después de la formulación de la imputación.

1. Reglas de prescripción de la acción penal: El inciso 1° del artículo 83 del Código Penal, dispone que la acción penal prescribe en un término igual al de la pena máxima de prisión establecida en la ley para el delito, sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 20.

En algunas situaciones especiales, como las descritas en los incisos 2 a 7 ibídem, aquel plazo se extiende en 5 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA distintos tiempos. El inciso 3º del artículo 83 del Código Penal, adicionado por el artículo 1º de la Ley 1154 de 2007, establece que, cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra menores la acción penal prescribe en 20 años, contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad. Ahora bien, conforme a los artículos 86 del Código Penal y 292 de la Ley 906 de 2004, la formulación de la imputación interrumpe el término extintivo de la acción penal y, por ello, a partir de ese instante se contabilizará tan solo la mitad sin que, en todo caso, pueda ser inferior a 3 años ni superior a 10. No obstante, como consecuencia de la mencionada adición de la Ley 1154 de 2007 en los casos de delitos sexuales contra menores, la anterior regla no es aplicable,

pues conforme a la interpretación jurisprudencial de la Sala, el término que se debe tener en cuenta no corresponde a la mitad de la pena máxima establecida en la ley para el respectivo delito sino a la mitad de la fijada como término prescriptivo en el inciso 3° del artículo 83, es decir, 10 años. El criterio anterior ha sido pacífico en la Sala, entre otros pronunciamientos en la sentencia SP16269-2015, 25 nov. 2015, rad. 46325: La primera regla general acerca de la prescripción se encuentra expresada en la Ley 599 de 2000, artículo 83, inciso primero, de acuerdo con la cual, la acción penal se extingue en un tiempo igual al de la pena máxima dispuesta por la ley para el delito respectivo, 6 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA si es privativa de la libertad, lapso que de todas formas no puede ser inferior a cinco (5) años, ni exceder de veinte (20). Sin embargo tal precepto se halla exceptuado por varias hipótesis legales introducidas unas antes de la fecha en que ocurrieron los hechos aquí juzgados y otras con posterioridad a los mismos. Se trata de situaciones fácticas relacionadas con: (i) los delitos de desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, entre otros1; (ii) las conductas punibles que atentan contra la integridad y formación sexual, y la de incesto, cuando la víctima es un menor de edad2, y (iii) los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio o con ocasión de sus funciones3.

… Y en tratándose de delitos cuyo enjuiciamiento está gobernado por las ritualidades de la Ley 906 de 2004, en armonía con el artículo 292 de esa codificación procesal, el lapso de prescripción de la acción penal al que alude la primera regla, se interrumpe con la formulación de la imputación, momento desde el que empieza a correr de nuevo por un lapso igual a la mitad del señalado en el citado artículo 83 de la Codificación Penal Sustantiva, sin que pueda ser inferior a tres (3) años. … Para el presente asunto resulta de importancia la excepción introducida a la regla señalada en el artículo 83 del Código Penal, mediante el artículo 1º de la Ley 1154 de 2007, según la cual “Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte (20) años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad”. Tal circunstancia, como de manera expresa se indicó en la exposición de motivos4, en realidad implica una doble excepción: En primer lugar, respecto de (sic) marco o hito de referencia para establecer el término de prescripción fijado en el inciso primero del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, pues para los delitos señalados en la citada modificación, no es el de la pena máxima prevista para cada uno, sino un plazo fijo y común igual a veinte (20) años para todos. … Sin embargo, es imperioso puntualizar que una vez la Fiscalía

General de la Nación pone en movimiento sus atribuciones como titular de la acción penal en busca de la declaración judicial de responsabilidad del presunto agresor del menor, ya sea antes de que 1 Ley 1309 de 2009, artículo 1, modificado por la Ley 1426 de 2010, artículo 1, modificado por la Ley 1719 de 2014, artículo 16. 2 Ley 1154 de 2007, artículo 1. 3 Ley 1474 de 2011, artículo 14. 4 Gaceta del Congreso, AÑO XV-Nº 414, de 29 de septiembre de 2006, pág. 1517, Proyecto de Ley 137. Las mismas razones fueron reiteradas y aceptadas sin objeciones las ponencias para los dos debates de que fue objeto esa iniciativa legislativa, como puede verificarse en las Gacetas del Congreso AÑO XV-Nº 488 de 27 de octubre de 2006, pág. 7 y 8; AÑO XV-Nº 642 de 7 de diciembre de 2006, pág. 6-8, y AÑO XVI-Nº 04 de 23 de enero de 2007, pág. 35. 7 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA éste cumpla la mayoría de edad o con posterioridad a ese hito (sea cual fuere el medio por el que tuvo conocimiento del suceso delictivo), y en desarrollo de esa potestad materializa alguno de los actos procesales con incidencia en la extinción de la facultad sancionadora del Estado, esto es, la resolución de acusación (Ley 600 de 2000) o

la formulación de imputación (Ley 906 de 2004), el término de prescripción se interrumpe por mandato expreso de la ley, y debe comenzar a correr de nuevo por lapso determinable, el cual no es otro que el de la mitad de veinte (20) años, plazo especial y común fijado por el legislador para las referidas conductas punibles. …

13. En ese orden de ideas, al aplicar la tesis aquí acogida con relación a los procesos adelantados bajo los parámetros de la Ley 906 de 2004, según su artículo 292 en armonía con la Ley 890 de 2004, artículo 6º, una vez formulada la imputación el tiempo necesario para que se consolide la extinción de la acción penal es igual a la mitad de los distintos términos señalados en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000.

Esto significa entonces que en tratándose de los delitos a los que se refiere la excepción contenida en el inciso 2º5 de la norma últimamente citada, el plazo será de quince (15) años; para los relacionados en el inciso 3º6, diez (10) años, y para las conductas punibles determinadas en su inciso 6º, será la mitad de la pena de prisión máxima consagra (sic) para la respectiva infracción penal, incrementada en la mitad7. Adicionalmente, el artículo 189 de la Ley 906 de 2004 establece que, una vez proferida la sentencia de segunda instancia, el término de prescripción se suspenderá y comenzará a correr de nuevo, sin que pueda ser superior a 5 años, esto con efectos directos para cuando se ha interpuesto

casación. Reglas jurisprudenciales reiteradas recientemente por la Sala en SP 4573-2019, 24 oct. 2019, rad. 47234, así: En este orden de ideas, la Corte unifica la jurisprudencia acerca de la prescripción de la acción penal en el sentido ya declarado en la decisión CSJ AP, 21 mar. 2007, rad. 19867. 5 Ley 1309 de 2009, artículo 1, modificado por la Ley 1426 de 2010, artículo 1, modificado por la Ley 1719 de 2014, artículo 16. 6 Adicionado por la Ley 1154 de 2007, artículo 1. 7 Según la modificado hecha por el artículo 14 la Ley 1474 de 2011. 8 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501

BIANEY BRAVO VALENCIA

En todo caso, esta quedará precisada así: (a) El término de prescripción de la acción penal es, en principio, el señalado en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000. Es decir, corresponde (en términos generales) al máximo de la pena de prisión fijada en la ley, sin que sea inferior a cinco (5) años ni superior a veinte (20), salvo lo dispuesto en las demás disposiciones de dicho artículo. (b) En la Ley 906 de 2004, dicho término se interrumpe con la formulación de la imputación, tal como lo contemplan los artículos 86 de la Ley 599 de 2000 (inciso 1º) y 292 del Código de Procedimiento Penal. (c) Producida dicha interrupción, el término prescriptivo corre de

nuevo, según lo prevé el inciso 2º del artículo 292 de la Ley 906 de 2004, por un tiempo equivalente a la mitad del indicado en el artículo 83 del Código Penal, sin que sea inferior a tres (3) años. (d) Este término se suspende (esto es, se detiene) cuando se profiere el fallo de segunda instancia. Dicha suspensión no puede ser superior a los cinco (5) años. Y (e), ya agotado el tiempo de la suspensión (es decir, los cinco5años), el término de la prescripción de la acción que se estaba contando desde la formulación de la imputación se reanuda hasta su vencimiento. Con lo anterior, se pretende que ninguna conducta punible prescriba en sede de casación. (Resaltado, subrayado y cursiva fuera de texto)

2. Caso concreto: Desde ahora, con los presupuestos facticos, jurídicos, procesales y jurisprudenciales reseñados, se prevé que en este caso la acción penal no está prescrita, por lo siguiente: BIANEY BRAVO VALENCIA fue juzgado por el punible de actos sexuales con menor de catorce años, agravado, por hechos ocurridos en el año 2010, cuya pena de prisión tiene un límite máximo de 13 años, según el artículo 209 del Código Penal, modificado por el artículo 5º de la Ley 1236 de 2008, monto que se incrementa de una tercera parte a la mitad por la agravante consagrada en el artículo 211.5 del mismo estatuto, para una pena máxima total de 19.5 años.

9 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501

BIANEY BRAVO VALENCIA Entonces, de un lado tenemos que, la audiencia de formulación de imputación a BRAVO VALENCIA fue realizada el 20 de septiembre de 2011, conforme a los artículos 83 del Código Penal y 289 de la Ley 906 de 2004, el término de prescripción se interrumpió desde esa fecha y se redujo a la mitad, es decir a 9.75 años, pero en aplicación del inciso 3° del artículo 83 y del referido desarrollo jurisprudencial de la Sala, por tratarse de un delito sexual donde la víctima fue un menor, el término es de 10 años. Y de otro lado, en aplicación del artículo 189 de la Ley 906 de 2004, la emisión de la sentencia de segunda instancia suspendió el término de prescripción por 5 años, lo que ocurrió el 10 de octubre de 2016, entonces, desde la imputación, 20 de septiembre de 2011 hasta la fecha del fallo del ad quem, transcurrieron 4 años, 10 meses, 28 días, es decir, restaba para cumplirse el plazo prescriptivo, 5 años, 1 mes y 2 días. Finalmente, emitida la segunda instancia el 10 de octubre de 2016, los 5 años de suspensión de la prescripción se cumplieron el 10 de octubre de 2021, fecha en que se reanudó el conteo del restante término prescriptivo de la acción penal, es decir, los 5 años y 26 días, que se agotarán en el año 2026. Así, se concluye que, la acción penal no ha prescrito en este asunto. Se establece que la parte solicitante se equivocó en su

argumentación porque al momento de aplicar la normatividad, los criterios jurisprudenciales y al hacer los cálculos, de una 10 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA parte, consideró que, el plazo de 10 años para que operara la prescripción después de la formulación de imputación, se contabilizaba sin alguna suspensión, siendo evidente que no aplicó los efectos del artículo 189 de la Ley 906 de 2004; por otra, como consecuencia de lo anterior, dejó de adicionar los 5 años y 26 días del tiempo que restaba para cumplir el término prescriptivo, cuando se suspendió por la emisión de la sentencia de segunda instancia. Por ende, la Corte no accederá a la pretensión de la defensa del procesado BRAVO VALENCIA de declarar la prescripción de la acción penal, por no haber operado dicho fenómeno. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN El defensor del acusado BIANEY BRAVO VALENCIA presentó múltiples cargos, los que fundamentó de la siguiente manera:

1. Primer cargo: errores de hecho por falso juicio de identidad.

Al amparo de la causal tercera de casación, formula varias censuras: 1.1. Falso juicio de identidad en la declaración del acusado BIANEY BRAVO VALENCIA: Sostiene el denunciante que el Tribunal mutiló la prueba testimonial del acusado BRAVO VALENCIA cuando 11 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501

BIANEY BRAVO VALENCIA

de su declaración se sacaron dos conclusiones: la primera, que de las buenas relaciones que sostenía con su hijo, según se dijo en el fallo, no podría afirmarse que éste tenía interés en perjudicarlo; la segunda, que si el menor tenía malas relaciones con la madre no sería lógico que la respaldara en la denuncia de un supuesto abuso sexual del padre. De esa manera, aduce, el Tribunal cercenó en su valoración probatoria aspectos tan importantes como: (i) la forma como el acusado reorganizó su vida tras la ruptura conyugal; (ii) las relaciones entre el niño J.D.B.L. y su prima María Isabel Bravo Hernández, en casa de sus abuelos paternos; (iii) las relaciones del niño J.D.B.L. con sus abuelos y su tío Félix María Bravo Valencia; (iv) el comportamiento que observaba cuando compartía con su familia paterna; (v) su conducta durante sus visitas a la casa de la familia Bravo-Ladino; (vi) los planes que tenía el niño J.D.B.L. para escapar de su casa materna; (vii) los consejos y contactos del acusado con profesionales de la psicología para la valoración de su hijo; (viii) el comportamiento de Claudia Patricia Ladino García y su compañero Danny Rivera Sánchez en la empresa donde laboraban; (ix) lo sucedido con la última visita del niño a la casa de sus abuelos paternos; (x) la última conversación sostenida por el acusado con su hijo; (xi) la costumbre que tenía el acusado de rezar y asistir a misa con sus hijos. Tales circunstancias, en su opinión, minaban el crédito

dado por el ad quem a la declaración del niño J.D.B.L., porque demostraron que: (i) no era cierto que cuando el niño 12 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA visitaba la casa de los abuelos maternos nunca se encontraban su hermana Estefanía y su prima María Isabel; (ii) existía una estrecha relación entre el niño J.D.B.L. y su prima María Isabel, por lo que ésta no sería indiferente ante cualquier abuso sexual cometido en su contra; (iii) las «excelentes» relaciones del acusado con su hijo J.D.B.L. y de éste con sus abuelos hacían improbable que guardaran silencio ante un hecho tan grave como el denunciado o que el niño no le hubiese confiado a su abuela lo sucedido; (iv) el niño se sentía contento al visitar a su padre, lo que no sucedería en caso de que éste lo abusara sexualmente; (v) el cambio de conducta observado por aquella época en el niño podía explicarse por la circunstancia perturbadora de los castigos que le infligía su madre, al punto de querer abandonar su casa; (vi) si el acusado estuviera abusando de su hijo, no hubiera procurado la valoración psicológica que, de haberse realizado, habría develado ese grave hecho, lo que representa «una contundente prueba de inocencia»; (vii) existían motivos de resentimiento hacia el acusado por parte de Claudia Patricia Ladino García y su compañero Danny Rivera Sánchez porque aquel contó a su hijo los graves problemas que tenía en la empresa donde laboraban. Ese

tema, dice, fue tratado en el hogar Rivera-Ladino para poner al niño en contra de su padre; (viii) la última visita del niño J.D.B.L. a su padre no evidenciaba un mínimo distanciamiento entre ellos, por lo que algo debió suceder después para que asumiera una actitud; (ix) en la primera semana de enero de 2011, el niño J.D.B.L. formuló un airado reclamo a su progenitor, manifestándole que su verdadero padre era Danny, lo que demuestra que fue aleccionado en 13 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA ese sentido; (x) las costumbres católicas del acusado, que también inculcaba a su hijo, no permiten siquiera sospechar que lo hiciera artífice de las agresiones sexuales; según concluye, no era posible que el acusado «pasara, sin ninguna dificultad, de la oración y de los cuentos infantiles al “abuso sexual” y de las “afrentas libidinosas” a la misa dominical». Afirma el demandante que de no haberse mutilado la prueba en tales aspectos, tendría que admitirse «la existencia de graves factores de hesitación» y, con ello, darle aplicación al principio de in dubio pro reo en favor del acusado. 1.2. Falso juicio de identidad en los testimonios de María Daisy Valencia de Bravo y Félix María Bravo Valencia: Esta vez en relación con los testimonios de María Daisy Valencia de Bravo y Félix María Bravo Valencia, madre y hermano del acusado. Sostiene que dichos testimonios fueron desestimados

por el ad quem bajo el argumento de que tenían interés en las resultas del proceso, lo que permitió que se segregara o suprimiera en su valoración aspectos trascendentales de las declaraciones relacionadas, de la misma manera como sucedió en el caso del testimonio del acusado BRAVO

VALENCIA.

Así mismo, en el caso de María Daisy Valencia de Bravo, asegura que se omitieron aspectos relevantes como la 14 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA cercana relación que mantenía con su nieto, quien le contó los malos tratos que recibía de su madre y su interés de escaparse de la casa. Del testimonio de Félix María Bravo Valencia, según afirma el censor, se suprimió el importante aspecto relativo a su interés de ser sacerdote y de pertenecer a un grupo religioso. De ambos testigos, subraya, se desconoció que desmintieron la afirmación del niño J.D.B.L. de que ellos habían sido testigos del abuso sexual. Manifiesta que la mutilación de la prueba impidió establecer situaciones tales como que: (i) la familia se integró en la casa de los padres del acusado, por lo que no es cierto, como lo afirmó el menor, que su prima y hermana nunca se encontraban en esa residencia, cuando en realidad ellas coincidían con sus visitas; (ii) María Daisy Valencia de Bravo, una mujer profundamente religiosa y madre de rígida disciplina, no iba a tolerar un comportamiento indebido de su hijo contra el niño que la veía como una segunda madre, siendo su confidente; (iii) tampoco Félix María Bravo Valencia, por su vocación religiosa y siendo un «profesional de

altas normas éticas y religiosa», iba a ser indiferente a un hecho tan grave; al igual que su hija María Isabel Bravo y la hermana del niño, Estefanía Bravo Valencia; (iv) el niño J.D.B.L. nunca exteriorizó sentimientos de rechazo hacia su padre, no se distanció de él y se sentía feliz en esa casa; (v) las obligaciones que se le imponían en casa de su madre y los castigos que le impartían pudieron ser las causas de su mal rendimiento académico y de la actitud distraída que observaba en el colegio; ello también explica su propósito de escapar de esa casa; (vi) resulta inconcebible que la 15 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA educación religiosa que se deparaba en casa de su padre pudiera dar cabida a un abuso sexual. Asegura que, de no haberse omitido la apreciación de tales aspectos en los testimonios de los dos testigos, habría llegado el juzgador a la conclusión de que existen dudas insuperables en la versión entregada por el niño J.D.B.L. 1.3. Falso juicio de identidad en el testimonio de María Isabel Bravo Hernández: En relación con el testimonio de María Isabel Bravo Hernández, prima del niño J.D.B.L. y sobrina del acusado BIANEY BRAVO VALENCIA, el recurrente plantea que el Tribunal solo hizo una breve mención de ella para concluir que no se encontraba presente cuando ocurrieron los hechos lesivos. El impugnante tilda esa inferencia de errónea porque, en su entender, contiene las mismas supresiones en la

valoración probatoria advertidas en los testimonios anteriores. Así también, según refiere, la mutilación probatoria impidió develar las situaciones que viene poniendo de presente con los otros testigos. Agrega, en relación con María Isabel Bravo Hernández, que no es posible que declarara ante el juez circunstancias contrarias a la realidad, puesto que para el momento del juicio era una estudiante de derecho y era consciente de las 16 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA consecuencias de faltar a la verdad si se pusiera del lado del agresor. Reafirma que, de no haberse cercenado esta prueba, el Tribunal tendría que haber dado aplicación al principio de in dubio pro reo. 1.4. Falso juicio de identidad en el testimonio del niño J.D.B.L.: Sostiene el demandante que el testimonio del niño J.D.B.L. fue mutilado para dar por cierto que el acusado se aprovechó de la ausencia de su sobrina y su hija para perpetrar los actos abusivos contra su hijo. De esa manera, argumenta, el Tribunal suprimió aspectos relevantes del testimonio del menor, tales como: (i) su hermana Estefanía lo acompañaba casi todas las veces que viajaba de regreso a Dosquebradas; (ii) las revelaciones que supuestamente hizo el niño a la médica legista que lo examinó y los hallazgos clínicos obtenidos; (iii) la costumbre que tenía el padre de rezar con el niño por la noche, contarle cuentos antes de dormir e ir con él a la misa dominical.

El alcance de tales segregaciones de la prueba dio lugar a su distorsión al no apreciarse aspectos importantes como: (i) si el niño era acompañado «casi todas las veces» por su hermana de regreso a Dosquebradas, era porque los fines de semana que pasaba en la casa de su padre ella se encontraba, lo que significa que es falsa la afirmación que 17 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA hizo en juicio en el sentido de que cuando su padre lo abusaba sexualmente «nunca estaba» su hermana; (ii) el niño mintió cuando dijo haberle contado a la médica legista que su padre trató de penetrarlo vía anal y que aquella confirmó haber hallado rastros de violencia en su ano, pues la legista Lina María Ramos Aranda negó en el juicio las dos afirmaciones; (iii) la costumbre de rezar en las noches, contar cuentos y asistir a la misa dominical torna en «completamente paradójico» creer en la conducta sexual abusiva atribuida al acusado. Concluye que la omisión de aspectos relevantes en la declaración del niño impidió que se diera prevalencia a la duda en favor del acusado. 1.5. Falso juicio de identidad en el testimonio de Lina María Ramos Aranda: Sobre la médica legista Lina María Ramos Aranda, quien rindió el dictamen pericial sobre los hallazgos clínicos en el reconocimiento médico-legal sexológico practicado al niño J.D.B.L., el censor plantea también un falso juicio de identidad por cercenamiento de la prueba.

Afirma que el Tribunal suprimió del testimonio de la perito aspectos de importancia como que el niño en ningún momento le comentó que su padre intentó accederlo carnalmente por vía anal y que no encontró ninguna lesión externa en el ano del menor. 18 Radicación n° 49920 CUI 66001600003620100648501 BIANEY BRAVO VALENCIA Lo anterior acredita que el menor no dio cuenta en sus primeras versiones de la conducta de mayor gravedad atribuida a su padre, la que luego refirió en su declaración en el juicio oral. Además, la médica no refirió ningún hallazgo externo, lo que contradice la afirmación del niño en el sentido de que la médica había establecido lesiones derivadas de la agresión sexual. Demuestra ello, según concluye el defensor, que, en su afán inculpatorio, el niño no vaciló en contrariar las conclusiones de la forense, lo que arroja serios motivos de dubitación sobre la credibilidad del testimonio. 1.6. Falso juicio de identidad en los testimonios de Patricia Inés Meneses Escobar, Gloria Amparo Henao Gómez, Diana González Chalarca y Yully Alexandra Sánchez Parra: Patricia Inés Meneses Escobar, psicóloga adscrita al Instituto de Medicina Legal, rindió dictamen pericial en el juicio oral; Gloria Amparo Henao Gómez, psicóloga vinculada al Instituto Docente Manitas Creativas, declarante en el juicio oral y con ella se introdujo el informe psicológico que suscribió; Diana González