CSJ - SP206-2022(53728)

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente SP206-2022 Radicación 53728 Aprobado mediante Acta No. 22 Bogotá, D.C, nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022). ASUNTO Decide la Corte el recurso de casación presentado por la defensa de JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, mediante la cual confirmó con modificaciones la condena emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Morroa (Sucre), luego de declararlos, al primero autor del delito de lesiones personales y al segundo autor del punible de lesiones personales con perturbación funcional permanente. Casación 53728 CUI 70508600105020088014601

JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ

SÍNTESIS FÁCTICA Y PROCESAL

1. Se extracta de la actuación que el 1° de noviembre de 2008, aproximadamente a las 12:20 de la madrugada, José Ignacio Navas Buelvas, su hermano Edgar José Navas Buelvas y su sobrino Guido José Rosa Navas, departían con otros familiares y amigos frente a la discoteca Salamanqueja, ubicada en el barrio Rincón Centro del municipio de Morroa

(Sucre), cuando ANDERSON ARROYO DOMÍNGUEZ salió del establecimiento de comercio, acompañado de su tío JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL, y luego de discutir

con José Ignacio Navas Buelvas empezaron a golpearlo en su cuerpo y cara, por lo que el hermano y el sobrino de aquél se involucraron en la riña, siendo también agredidos. Por ello, Medicina Legal, les reconoció incapacidad médico legal, así: - A Edgar José Navas Buelvas, quien sufrió una fractura en el quinto dedo de la mano derecha le fue otorgada incapacidad médico legal definitiva de 20 días, dictaminándose perturbación funcional del miembro, de carácter permanente y deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente. - A José Ignacio Navas Buelvas, quien fue lesionado en el ojo izquierdo, se le reconoció incapacidad médico legal definitiva de 15 días y perturbación funcional del órgano, de carácter permanente, por presentar afección ocular, cicatriz 2 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ retiniana, retinopatía, condensación del vítreo y visión borrosa con disminución de agudeza visual. - A Guido José Rosa Navas le fue reconocida incapacidad definitiva por 7 días, por el edema causado en la región frontal derecha y una herida leve en la mucosa del labio inferior.

2. Por estos hechos, el 21 de junio de 2012, ante el Juzgado 3° Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Corozal (Sucre), la Fiscalía formuló imputación a

JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y a ANDERSON

ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ, como autores del delio de lesiones personales dolosas con perturbación funcional de carácter permanente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 111 y 114 inciso 2° del C.P. Cargo que no fue aceptado por los imputados.

3. El 8 de octubre de 2012 la Fiscalía radicó escrito de acusación con base en la misma imputación fáctica y jurídica y, el 13 de febrero de 2013, ante el Juez 1° Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Morroa (Sucre), la delegada del ente acusador formuló acusación a JUAN

GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y a ANDERSON

ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ.

4. La audiencia preparatoria se llevó a cabo los días 5 de junio de 2013, 11 de mayo y 13 de abril de 2015 y, el juicio oral se celebró los días 6 y 27 de mayo de 2016, 19 de octubre de 2017, 1° y 22 de febrero y 1° de marzo de 2018, al cabo del cual se anunció el sentido del fallo de carácter condenatorio.

3 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601

JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ

5. El 7 de mayo de 2018 se profirió sentencia, mediante la

cual JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ fueron condenados como autores del delito de lesiones personales con

perturbación funcional, imponiéndoles la sanción de 48 meses de prisión, multa de 34.66 s.m.l.m.v. e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la privativa de la libertad, al paso que les fue concedida la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

6. Contra esta decisión, la defensa interpuso el recurso de apelación, el que fue resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo el 20 de junio de 2018, mediante fallo que confirmó la sentencia proferida en contra de ANDERSON ADONIS ARROYO y la modificó en lo que respecta a JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL, en tanto que lo halló responsable a título de autor del delito de lesiones personales (simples), de acuerdo con lo previsto en los artículos 111 y 112 inciso 1° de C.P., por lo que lo condenó a 16 meses de prisión, manteniendo incólume las demás penas impuestas en primera instancia.

7. La defensa interpuso y sustentó en término el recurso de casación, el cual fue admitido el 23 de octubre de 2019 por esta Corporación, celebrándose audiencia de sustentación el 24 de febrero de 2020.

DEMANDA Y SUSTENTACIÓN ORAL

1. Postuló la defensa, en la demanda de casación y

4 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ posteriormente en la sustentación ante esta Corporación, la

causal segunda contenida en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, al considerar que se transgredió el debido proceso, por desconocimiento del principio constitucional de no reformatio in pejus, pues siendo la defensa apelante único, el Tribunal profirió fallo de segunda instancia agravando la situación de sus asistidos. Señaló que la defensa interpuso el recurso de apelación y fijó como motivos de su disenso, entre otras cosas: 1) que en la sentencia de primera instancia no se estableció cuál era el daño permanente causado, el órgano afectado y la persona que lo sufrió, lo que impedía proferir sentencia condenatoria; y 2) pese a que sus defendidos fueron condenados como autores y no como coautores, tal calidad no se acreditó, pues el a quo no analizó individualmente la responsabilidad de cada procesado, las lesiones causadas ni la base de la condena, ya que no determinó a cuál de las tres víctimas lesionó cada uno de los acusados. Llamó la atención que al desatar el recurso de apelación, el Tribunal aceptó que «frente a los cuestionamientos que se le hacen al fallo, basta una lectura rápida a la sentencia venida en alzada para establecer que en efecto le asiste razón a la defensa en ese reparo, pues en verdad tales interrogantes no fueron absueltos por el juez de instancia en el fallo impugnado, omisión que es ostensible y que en principio no permite dilucidar las razones reales de la condena impuesta», por lo que reconoció la grave falta de motivación del fallo de primera instancia. De allí que, en aras de garantizar las prerrogativas

de los acusados ha debido decretar la nulidad del fallo para 5 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ que el juez unipersonal corrigiera el yerro y con ello posibilitara a la defensa conocer los motivos de condena. Sin embargo, contrariando los principios constitucionales, el Tribunal profirió un fallo de fondo y realizó su propia valoración de la prueba, confirmando la condena en contra de sus defendidos, a través de un fallo de reemplazo en sede de segunda instancia. Por estas razones, solicitó a la Corte revocar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Sincelejo y emitir fallo absolutorio, por existir duda sobre la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad de sus asistidos; y de forma subsidiaria, pidió el decreto de la nulidad de dicho fallo, por haberse proferido con violación al debido proceso, así como la nulidad de la decisión de primera instancia, al carecer de motivación.

2. La representante de la Fiscalía, como no recurrente, solicitó no casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Sincelejo, al considerar que el cargo propuesto por el demandante no estaba llamado a prosperar.

Frente a la queja del censor consistente en que el fallo de primera instancia careció de motivación, señaló que el mismo Tribunal advirtió en su decisión que los reparos formulados a la sentencia de primera instancia debían entenderse resueltos y corregidos con la sentencia de segundo grado, en virtud del principio de unidad jurídica e

inescindibilidad, pues al tratarse de una decisión confirmatoria, los dos fallos se complementaban. Conforme con ello, estimó que no resultaba procedente la declaratoria 6 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ de nulidad requerida por el apelante, en tanto que la condena en contra de los procesados fue debidamente motivada. En cuanto a la aludida violación a los principios de limitación y no reformatio in pejus, consideró que tal queja carecía de fundamento, pues al contrastar el recurso de apelación y la sentencia atacada se advierte que el Tribunal no superó los temas objeto de la censura. Explicó que el recurso de apelación propuesto por la defensa contra el fallo de primera instancia planteó como aspectos fundamentales la vulneración de la estructura del proceso por pretermisión del traslado previsto en el artículo 447 del C.P.P. y, las deficiencias probatorias de la primera instancia en la determinación de las lesiones. Acatando estos temas, el Tribunal dio respuesta a tales cuestionamientos, analizando de manera pormenorizada cada una de las pruebas discutidas por el apelante, lo que le permitió determinar la conducta de cada uno de los procesados y el tipo de lesiones sufridas por cada víctima, y partiendo de ese análisis incluso benefició los intereses de JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL, a quien le degradó la conducta endilgada y en consecuencia le impuso una pena menor.

3. Actuando como no recurrente, el delegado del

Ministerio Público, luego de referirse a los alcances del principio de non reformatio in pejus, solicitó no casar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Sincelejo, al considerar que en la actuación no se acreditó el yerro alegado por el demandante, pues a partir de la apelación impetrada por la 7 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ defensa, el Tribunal valoró los testimonios rendidos por José Ignacio Navas Buelvas, Álvaro López, Josefa Isabel Domínguez, José Pablo Sierra y Guido Meza Márquez, así como lo dictámenes médico legales, a partir de los cuales entendió acreditadas las lesiones causadas a Edgar José Navas Buelvas y desestimó las generadas a José Ignacio Buelvas, razón por la cual degradó la conducta endilgada a

JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ.

Además, destacó que al formular sus críticas, el censor olvidó que en virtud de la coautoría, cada uno responde por la totalidad del resultado y no por su aporte individual, por lo que en ese sentido el Tribunal tampoco incurrió en error. Concluyó que el Tribunal no desconoció el principio de non reformatio in pejus, pues jurisprudencialmente se ha establecido que aunque el superior jerárquico debe concretar el análisis de la apelación a los aspectos relevantes, ello no significa que sus fundamentos deban contraerse exclusivamente a reiterar los alegados por el impugnante, sino

que puede extenderse a los inescindiblemente ligados al motivo del recurso.

CONSIDERACIONES

1. Al declarar ajustada a derecho la demanda de casación, desde un punto de vista formal, le asiste a la Sala el deber de dar respuesta a los problemas jurídicos que emergen de la inconformidad planteada por el actor, en armonía con los fines que rigen el recurso extraordinario de casación; esto es, buscar

8 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ la indemnidad del derecho material, respetar las garantías de quienes intervienen en la actuación, reparar los agravios inferidos a las partes y unificar la jurisprudencia.

2. El actor fundó la demanda de casación en la causal 2º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, a través de la cual denunció el desconocimiento del debido proceso.

Cuando se invoca esta causal de casación se pretende evidenciar el decaimiento de la presunción de acierto y legalidad que ampara al fallo de segundo grado, con base en la proposición y demostración de irregularidades constitutivas de nulidad, ya sea porque tal decisión se ha producido con desconocimiento del debido proceso (vicio in procedendo), o porque se aparta de las formas propias del juicio (yerro de estructura), o por violación de las garantías debidas a cualquiera de las partes (yerro de garantía). Para ello, le corresponde al demandante evidenciar, mediante claros parámetros lógicos y demostrativos, que la

anomalía denunciada atenta contra la vigencia de la actuación, pues no cualquier irregularidad es capaz de socavar las bases esenciales del proceso o de los derechos fundamentales de partes e intervinientes y, tal cometido se logra a partir de la observancia de ciertos principios, los que a pesar de no estar previstos en la Ley 906 de 2004, siguen siendo criterios de inexcusable observancia1. 1 Entre otras, CSJ AP1612-2020, 53116, CSJ. SP, 18 nov. 2008, rad. 30539 y SP, 18 mar. 2009, rad. 30710, CSJ SP10400-2014, 42495 9 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ Estos axiomas se concretan en: i) principio de taxatividad: a partir del cual sólo es posible deprecar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley –artículos 455 a 457 de la Ley 906 de 2004-, ii) principio de acreditación: quien alega la configuración de un vicio debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya, iii) principio de protección: no puede deprecarla en su beneficio el sujeto procesal que con su conducta dio lugar a la configuración del yerro invalidante, salvo que se alegue la ausencia de defensa técnica, iv) principio de convalidación: el sujeto perjudicado con la irregularidad puede convalidarla expresando su consentimiento de manera expresa o

tácitamente, siempre que sean observadas las garantías fundamentales, v) principio de instrumentalidad: si el acto irregular ha cumplido su cometido, no procede su invalidación, siempre que no se afecte el derecho de defensa, vi) principio de trascendencia: el perjudicado debe demostrar la ocurrencia de la incorrección y sobre todo que ésta afecta de manera real y cierta las bases fundamentales del debido proceso o las garantías constitucionales, y vii) principio de residualidad: debe demostrar el interesado que para enmendar el agravio causado no existe remedio procesal distinto a la declaratoria de nulidad.

3. En el caso que se examina, el censor estimó como motivo invalidante de la actuación el desconocimiento del debido proceso, pues en su sentir, la primera instancia profirió un fallo carente de motivación; y pese a ello, el Tribunal se abstuvo de decretar la nulidad de la actuación, porque, en lugar de ello, profirió una sentencia de reemplazo que

10 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ desconoció los principios de limitación y de non reformatio in pejus. 3.1 El derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 Superior2 y desarrollado legalmente en el artículo 6° del C.P.P. constituye el conjunto de garantías del que disponen las partes e interviniente para intervenir en toda actuación judicial o administrativa. Esta Corporación3 ha reconocido en el debido proceso penal una estructura formal y otra conceptual. La primera, entendida como el respeto a la sucesión de actos

jurisdiccionales escalonados y consecutivos, con carácter preclusivo, de allí que esta faceta se relacione con «el principio antecedente-consecuente»4, por lo que, a modo de ejemplo, no puede llevarse a cabo la formulación de acusación, sin previamente surtirse la imputación, o adelantarse la práctica probatoria en sede de juicio oral sin celebrarse la audiencia preparatoria; ello, sin desconocer que el legislador, por razones de política criminal, justicia premial y prelación de los principios de eficacia y eficiencia de la administración de justicia, puede instituir mecanismos tendientes a agotar anticipadamente el objeto del proceso, caso en el cual, también debe garantizarse el respeto a la estructura concebida legalmente. 2 Integrado por Bloque de Constitucionalidad las disposiciones contenidas en Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXVI; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, y Carta Internacional de Derechos Humanos, artículo 10. 3 CSJ SP10400-2014, Rad. 42495 reiterado en CSJ ap1303-2021, Rad. 59030

4 CSJ SP741-2021, Rad. 54658

11 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ Por su parte, la estructura conceptual del debido proceso se relaciona con «la definición progresiva y vinculante del objeto del proceso penal»5, en virtud del cual se reconoce como derecho de

rango constitucional el conjunto de garantías fundamentales integrado por los principios medulares que deben respetarse en toda la actuación, siendo ellos: i) el principio de legalidad, ii) principio de juez natural, iii) presunción de inocencia y derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, iv) principio de favorabilidad, v) derecho a la defensa material y técnica, vi) derecho a presentar y controvertir pruebas, vii) derecho a ser escuchado dentro del proceso en forma oportuna, dentro de un plazo razonable y sin dilaciones injustificadas, viii) derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hechonon bis in ídem, xi) derecho a un proceso público, x) derecho a impugnar la sentencia condenatoria y recurrir las decisiones adversas, xi) prohibición de reformatio in pejus; y xii) derecho a la adecuada motivación de las decisiones. El desconocimiento de esta última faceta no implica la omisión de un acto procesal sino el llevarlo a cabo sin el cumplimiento de los requisitos sustanciales inherentes a su validez o eficacia. 3.2 El derecho a contar con la adecuada motivación de las decisiones es un componente del debido proceso, en tanto que permite a partes e intervinientes conocer «los supuestos fácticos, jurídicos, las razones probatorias y los juicios lógico jurídicos sobre los cuales el juez construye su decisión»6, permitiendo el ejercicio del 5 CSJ SP4251-2019, Rad. 51167 6 CSJ SP 29, jun. 2011, rad. 35458, reiterado en CSJ SP2181-2017, Rad. 41240 12

Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ derecho de defensa y la posibilidad de impetrar los recursos legales, además de garantizar el cumplimiento de los postulados inherentes al Estado Social de Derecho, en la medida que «asegura la imparcialidad del juez y resguarda el principio de legalidad»7. De allí que, el artículo 29 de la Constitución Política reconozca en la motivación de las decisiones judiciales, una garantía fundamental que integra el debido proceso, lo que fue desarrollado por el legislador en el inciso 1° del artículo 55 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la administración de justicia) cuando precisa que «las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales». Y en armonía con este precepto, el numeral 4° del artículo 139 de la Ley 906 de 2004, impone a los jueces el deber de motivar las decisiones que afecten los derechos fundamentales de partes e intervinientes. Asimismo, el numeral 4° del artículo 162 ibídem, dispone que tanto autos como sentencias deben contener la «fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral». Por ello, la importancia del cumplimiento de este deber judicial, que se traduce en derecho fundamental de partes e intervinientes, en la medida que para garantizar la imparcialidad y efectividad de la administración de justicia,

es necesario que las partes, intervinientes y la sociedad conozcan los fundamentos que llevan al juez a desechar o aceptar determinados hechos y pruebas. 7 CSJ AP 7 jul. 2011, rad.3617 13 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ Con razón, esta Corporación ha sostenido que la adecuada motivación de las decisiones judiciales, connota la expresión máxima de la actividad jurisdiccional e integra dos funciones que desarrollan el principio de justicia, así: «(i) [Función] endoprocesal: en cuanto permite a las partes conocer el pronunciamiento sirviendo de enlace entre la decisión y la impugnación, a la vez que facilita la revisión por el tribunal ad quem; y (ii) función general o extraprocesal: como condición indispensable de todas las garantías atinentes a las formas propias del juicio, y desde el punto de vista político para garantizar el principio de participación en la administración de justicia, al permitir el control social difuso sobre el ejercicio del poder jurisdiccional8.»9. Según lo destacó esta Corporación10, apoyada en postulados doctrinales, la adecuada motivación de una decisión judicial debe integrar el análisis de la prueba y el juicio sobre los hechos, por lo que es necesario que: i) contemple la subsunción de los hechos en la norma, ii) justifique las razones por las cuales estableció probada la premisa fáctica, proporcionando «argumentos racionales sobre

cómo valoró las pruebas y acerca de las inferencias lógicas por medio 8 [cita inserta en texto trascrito] Al respecto, Michele Taruffo, citado por Gladis E. de Midón en su libro sobre la casación, dice lo siguiente: “La obligación constitucional de motivación nace efectiva del Estado persona, autocrático y extraño respecto a la sociedad civil, y de la consiguiente afirmación de los principios por los cuales la soberanía pertenece al pueblo.” Esta transformación del modo de concebir la soberanía significa, en el plano jurisdiccional, “que la providencia del juez no se legitima como ejercicio de autoridad absoluta, sino como el juez rinda cuenta del modo en que se ejercita el poder que le ha sido delegado por el pueblo, que es el primer y verdadero titular de la soberanía.” “A través del control (social difuso), y antes por efecto de su misma posibilidad (con el deber de justificar las decisiones judiciales), el pueblo se reapropia de la soberanía y la ejercita directamente, evitando que el mecanismo de la delegación se transporte en una expropiación definitiva de la soberanía por parte de los órganos que tal poder ejercitan en nombre del pueblo”. 9 CSJ SP 1 abr. 2020, rad. 46963 Cfr. CSJ SP, 28 sep. 2006, rad. 22041 10 CSJ SP 1 abr. 2020, rad. 46963 14 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ de las cuales llegó a determinadas conclusiones sobre los hechos de la

causa11 y, iii) adopte un modelo de motivación en la valoración probatoria, ofreciendo razones mediante una estructura lógica que permita conocer las razones por las cuales les otorgó credibilidad o las desestimó. Es decir que las decisiones judiciales y, en especial la sentencia, debe contener de manera clara, coherente y completa, las razones de orden fáctico y jurídico que conducen a adoptar una decisión, pues sólo así se garantiza el principio de legalidad y la tutela judicial efectiva de los sujetos procesales. Al respecto ha indicado la Sala: «La sentencia implica un juicio sobre los hechos y sobre el derecho. Pero la fijación de los hechos implica una tarea que está más allá de su consideración histórica dada la circunstancia de que a ellos se llega a través de los medios de prueba y que sobre éstos han de hacerse juicios de apreciación o valoración jurídicos (guiados por normas de experiencia, ciencia o lógica, o reglas que les asignan o niegan un determinado valor) o juicios de legalidad o validez. La fundamentación apunta precisamente a que el documento en que se recoge el acto de jurisdicción, o sea la sentencia, comprenda ambas clases de juicios de modo que de la manera más explícita posible sea asertiva, afirmativa y que no hipotetice. De ahí que cuando la sentencia no es expresa o terminante, o se manifiesta de manera ambigua o contradictoria, o se estructura de manera simplemente enunciativa con referencia a los actos de prueba y prescindiendo del thema 11 CSJ SP 1 abr. 2020, rad. 46963, citando a TARUFFO MICHELE, Consideraciones

sobre prueba y motivación, Texto de su ponencia en el 9º Seminario sobre derecho y jurisprudencia, organizado por la Fundación Coloquio Jurídico Europeo, del Colegio de Registradores de España, los días 21-22 de junio de 2007, en http://www.fcjuridicoeuropeo.org/wpcontent/uploads/file/jornada9/1_TARUFFO_1_2.pdf 15 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ probandi, se constituye en acto procesal defectuoso, vicio de actividad éste imposible de subsanar en la dinámica de las instancias, como tampoco susceptible de remedio en casación a través de su reemplazo, dado que con ello el superior terminaría trastocando la estructura del proceso por instancias o grados.”12» (subrayas fuera de texto).13 El desconocimiento de alguno de éstos contenidos apareja una defectuosa motivación, que puede generarse por: (i) ausencia de motivación, porque no se consignan las razones de orden probatorio, ni los fundamentos fácticos y jurídicos en que se apoya la decisión; (ii) motivación insuficiente, incompleta o deficiente, cuando el juez no se pronuncia sobre los aspectos antes enunciados, o los motivos aducidos son insuficientes e impide saber cuál es el fundamento de la decisión, o se omite el análisis de los alegatos de los sujetos procesales en aspectos trascendentales para resolver el problema jurídico planteado; (iii) motivación

equívoca, ambigua, ambivalente o dilógica, cuando el fundamento de la decisión se funda en conceptos excluyentes, imposibilitando conocer el contenido de la motivación, o las razones expuestas en ella son contrarias a la determinación finalmente adoptada en la parte resolutiva y, (iv) motivación sofística, aparente o falsa, cuando el juez se aparta abiertamente de la verdad probada, para llegar a conclusiones equívocas14. 12 CSJ. Sentencia del 25 de marzo de 1999, radicado 11279. 13 CSJSP4234-2019, Rad. 48264 14 Entre otras, CSJ AP2848-2020, 56453, CSJ AP3114-2020 16 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ Ante alguna de las tres primeras deficiencias de motivación, se verifica un vicio in procedendo capaz de invalidar la actuación, pues una decisión judicial así adoptada compromete la realización del derecho de defensa y la posibilidad de ejercitar los recursos legalmente previstos. 3.3 Ahora bien, el principio de limitación, así como el de motivación, se erige en una garantía en favor de quien ejerce el derecho a impugnar una decisión que le es contraria, en tanto que «la competencia del funcionario de segundo grado queda restringida al objeto específico del disenso, o sea a la identificación temática de la inconformidad y a cuanto esté inescindiblemente vinculado con la misma»15, es decir, el límite del juez que resuelve la apelación se enmarca en el «interés jurídico del

impugnante, en razón del agravio recibido con la decisión refutada»16. En este punto, el principio de limitación se correlaciona con el postulado de no reformatio in pejus contenido en el artículo 31 de la Constitución Política, en tanto que tal disposición constituye una barrera estricta frente al ámbito de competencia del superior, impidiendo que el sentido de su fallo sea más lesivo a los intereses del apelante único. De este modo, si el recurrente no critica determinado aspecto del fallo de primer grado, el encargado de desatar la alzada no puede oficiosamente extender su estudio a otros aspectos, salvo que: i) advierta la violación de garantías fundamentales, caso en el cual debe intervenir para 15 CSJ SP341-2018, 49406 16 CSJ SP341-2018, 49406, reiterando lo dicho en CSJ SP, 11 abr. 2007, rad. 26128 17 Casación 53728 CUI 70508600105020088014601 JUAN GREGORIO DOMÍNGUEZ CARRASCAL y ANDERSON ADONIS ARROYO DOMÍNGUEZ salvaguardarlas17 y corregir los actos irregulares18 y ii) cuando el pronunciamiento recaiga en aspectos inescindiblemente vinculados con el fallo, es decir, «que dependen directamente del supuesto básico analizado y de sus fundamentos o se vinculan de manera necesaria con ellos»19. Tal habilitación no puede traducirse en una excusa para corregir, subsanar o enmendar las deficiencias absolutas argumentativas de la decisión cuestionada, ni para ajustar el proceso a la legalidad en disfavor del apelante, pues ello

constituiría una afrenta a la prohibición de reforma en peor. No obstante, conviene señalar que, la garantía así instituida no impide que el juez de segundo nivel quede habilitado para expresar fundamentos adicionales a los consignados por el de primer grado, en virtud del principio de inescindibilidad o unidad jurídica de las decisiones. Así, ha sostenido tradicionalmente esta Corporación que: «[N]o significa que el juez o Tribunal de segundo nivel no pueda, jamás, expresar fundamentos adicionales a los consignados por el de primer grado en su sentencia, pues es en este punto donde opera el principio de inescindibilidad o unidad jurídica de decisiones, según el cual los argumentos señalados por los juzgadores en una y otra instancia, siempre que guarden identidad de sentido jurídico, constituyen un todo que ha de ser leído en su ínt