CSJ - SP2063-2024(66370)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal GERSON CHAVERRA CASTRO Magistrado ponente SP2063-2024 Radicado No 66370 Acta No. 177 Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024). ASUNTO Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por GUSTAVO ADOLFO OROZCO PERTUZ y por su defensor, en contra de la sentencia proferida el 17 de abril de 2024 por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que lo condenó por la comisión del delito de prevaricato por omisión. HECHOS Mediante Resolución 0180 de 20 de febrero de 2018 el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz Neira, dispuso variar la asignación, para su consecuente remisión ante la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, de las investigaciones identificadas con los números de radicación 80016001257 2016 05688 -en adelante 2016-05688y 080016001257 2016 06053 -en adelante 2016-06053-, inicialmente asignadas a la Fiscalía 56 Seccional de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Barranquilla. Dichas actuaciones, importa destacar, se adelantaban por hechos acaecidos en el marco de la disputa

por la administración de los bienes afectos a la Fundación Acosta Bendek, el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla y la Universidad Metropolitana de Barranquilla. No obstante, GUSTAVO ADOLFO OROZCO PERTUZ, para entonces titular del despacho requerido, retardó injustificadamente por más de tres meses el cumplimiento de lo dispuesto por el Fiscal General. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE Por los hechos descritos en precedencia, la fiscalía en audiencia preliminar del 24 de mayo de 2019, ante el Juez 19° Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, le formuló imputación a GUSTAVO ADOLFO OROZCO PERTUZ! por el delito de prevaricato por omisión (artículo 414 del C.P.). No hubo aceptación de cargos. 1 Esta audiencia se hace con la participación del implicado, no obstante que, en diligencia del 17 de mayo de 2019, el Juez 19 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá, declaró contumaz a Gustavo Adolfo Orozco Pertuz. CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz El 20 de junio de 2019 se radicó escrito de acusación. Para su formulación, luego de algunos aplazamientos, se instaló audiencia el 28 de agosto de 2019 por la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, diligencia que fue suspendida debido a la recusación formulada por parte de la defensa y el procesado contra esa Sala de Decisión. Desestimada esa postulación en auto del 29 de

septiembre de 2019, la audiencia continuó el 17 de febrero de 2020, diligencia en la que se interpuso por parte del acusado y su defensa, recurso de apelación contra el auto de reconocimiento de las víctimas, decisión confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 3 de marzo de 2021 - csJ AP768-2021, rad. 57234-. El 15 de junio de 2021, se retomó la actuación. En esta sesión, la Sala de conocimiento, con fundamento en el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, resolvió adelantar la audiencia sin la presencia del acusado, pero sí de su abogado de confianza. Instalada audiencia preparatoria, el 4 de agosto de 2021, la defensa solicitó el cambio de radicación del proceso. En providencia CSJ AP3611-2021, del 18 de agosto de 2021, esta Sala dispuso cambiar la radicación del asunto a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz Una vez se procuró en tres oportunidades? la continuación de la audiencia preparatoria por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 14 de febrero de 2022 se logró tal cometido, y en ella, el procesado OROZCO PERTUZ, coadyuvado por la defensa, deprecó la nulidad de la actuación a partir de la audiencia de formulación de acusación, pedimento desestimado por la Sala de conocimiento, mediante auto del 3 de marzo de 2022 que esta Corporación, al desatar los recursos de apelación

incoados por los referidos sujetos procesales, confirmó en providencia CSJ AP4468-2022 del 28 de septiembre siguiente. Se retomó la audiencia preparatoria y luego de cumplidas las sesiones de 16 y 30 de marzo, en la realizada el 30 de mayo de 2023 se resolvieron las postulaciones probatorias. Contra dicha determinación el procesado y la defensa técnica propusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. Suspendida la audiencia, el 20 de junio de 2023 la defensa recusó a la Sala de conocimiento; empero, una vez agotado el trámite legal, la postulación se declaró infundada el 18 de julio de la misma anualidad. 2 Se fijó fecha para audiencia preparatoria para el 23 de noviembre de 2021, calenda en la que la defensa solicita el aplazamiento, por lo anterior se reprograma para el 9 de diciembre; sin embargo, por fallas en la conectividad de los demás integrantes de esta Sala de decisión es suspendida la audiencia. Se programa nuevamente para el 21 de enero de 2022 en donde la defensa presenta un escrito de aplazamiento por cuanto padecía de COVID19, fijándose el 14 de febrero de 2022 para su celebración. CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz En sesión del 9 de agosto de 2023 se reanudó la actuación y se escucharon los argumentos que soportaban los recursos interpuestos; el mecanismo horizontal se desató en proveído del 16 de agosto de 2023 de manera adversa,

motivo por el cual se concedió la alzada ante esta Corporación que, mediante proveído CSJ AP3043-2023 del 4 de octubre siguiente, confirmó la decisión de primer grado. El juicio oral se instaló el 12 de diciembre de 2023 y culminó el 5 de abril de 2024, sesión en la que el Tribunal anunció el sentido condenatorio del fallo y corrió traslado a las partes para que se pronunciaran en relación con el contenido del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. Consecuentemente, libró orden de captura contra GUSTAVO ADOLFO OROZCO PERTUZ; determinación que se hizo efectiva el 8 de abril siguiente, pues el procesado se presentó voluntariamente en las instalaciones del CTI, Seccional Barranquilla. Tras verificar la satisfacción de los presupuestos legales y constitucionales de la aprehensión, el magistrado ponente, mediante auto de 8 de abril de 2024, declaró legal el procedimiento de captura y libró la correspondiente boleta de encarcelación. El 17 de abril de 2024 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá profirió decisión condenatoria en contra

de GUSTAVO ADOLFO OROZCO PERTUZ.

CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz SENTENCIA RECURRIDA Tras exponer las particularidades dogmaticas del delito de prevaricato por omisión, previsto en el artículo 414 del Código Penal, la Sala de primer grado pasó a analizar la conducta endilgada GUSTAVO ADOLFO OROZCO PERTUZ. En este

ámbito, se argumentó lo siguiente:

1. No está sujeto a discusión la condición de sujeto activo del procesado, pues conforme se demostró en juicio, se conoce que OROZCO PERTUZ fue designado desde el año 2009 como titular de la Fiscalía 56 Seccional de Barranquilla, en provisionalidad.

En igual sentido, se encuentra probado que, mediante Resolución 180 de 20 de febrero de 2018, emitida por el Fiscal General de la Nación, las investigaciones identificadas con radicados 2016-05688 y 2016-06053, de las que estaba a cargo el despacho presidido por el procesado, se reasignaron a Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá. Esa determinación, se le comunicó a GUSTAVO ADOLFO OROZCO PERTUZ el 23 de febrero siguiente. Pese a ello, el implicado retardó por más de 100 días la remisión de los expedientes, como incluso lo admitió la defensa material y técnica en las alegaciones conclusivas, aunque con justificaciones infundadas.

2. De otra parte, frente al primer reparo exteriorizado por la defensa, relativo a que «la Fiscalía no determinó el CUI 08001600125720180266905

N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz elemento objetivo del tipo, en ejercicio de sus funciones», debe recordarse que el ente persecutor, en la audiencia de formulación de acusación, «reprochó a OROZCO PERTUZ la inobservancia»: (i) del artículo 251.3 de la Constitución Política, relativo a las funciones especiales del Fiscal General de la Nación, dentro de las que se destaca la de «asignar y

desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos»; (ii) del canon 4.4 del Decreto 016 de 2014, por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación; (iii) de la sentencia C-873 de 2003 de la Corte Constitucional, en la que el alto tribunal consideró: «el fiscal general de la Nación es el único funcionario competente para ordenar la reasignación de una investigación en curso»; (iv) del artículo 7.3 de la Resolución 0689 de 28 de marzo de 2012, según el cual «El Fiscal General de la Nación decidirá la solicitud de asignación especial, variación o reasignación de la investigación o proceso penal, mediante resolución motivada contra la cual no procede recurso alguno»; así como (v) del artículo 116.2 de la Ley 906 de 2004, concordante con el precepto constitucional antes citado. De tal suerte, la Resolución 0180 de 2018 se profirió al amparo de tales disposiciones, determinación contra la cual no procedían recursos, «ni siquiera el de “reconsideración”. Por esa razón, el retardo en la remisión de los expedientes «así haya sido por un margen de tiempo de más de 100 días, es constitutivo de la omisión que se reprocha», si se toma en cuenta que «el fiscal acusado no podía hacer caso omiso de la CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz multicitada Resolución, pues la misma encarnaba el cumplimiento de un deber jurídico emanado de aquella».

3. En la estructuración de la premisa jurídica de la acusación, la fiscalía señaló que OROZCO PERTUZ actualizó los verbos rectores rehusar y retardar, contenidos en el tipo penal de prevaricato por omisión. Si bien dichos comportamientos difieren sustancialmente, lo cierto es que el implicado incurrió en el segundo, habida cuenta que los expedientes finalmente fueron remitidos a Bogotá.

La tardanza injustificada se probó a través de diferentes documentos públicos en los que pueden apreciarse las «explicaciones o justificaciones que emitió el acusado procurando elucidar el creciente retardo que acusaba el cumplimiento de la Resolución de marras (...)». Se trata de correos electrónicos y oficios a través de los cuales el acusado expresó las razones por las que se abstuvo de darle cumplimiento a lo ordenado por su superior. Los elementos revelan que OROZCO PERTUZ: (i) asumió lo dispuesto por el Fiscal General como «acoso laboral», dada su ingente carga laboral -correo de 27 de febrero de 2018-; (ii) solicitó la reconsideración de la Resolución 0180, con el fin de que se protegiera su «dignidad y buen nombre» -oficio de 28 de febrero-; CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz (iii) adujo que la Resolucion no se ajustaba a la legalidad «por su falsa motivación, circunstancia que no la hacia «obligante» -23 de marzo de 2018-; (iv) insistió en que el acto administrativo en comento es

ilegal y agregó que «(...) existe un compromiso por parte del señor Fiscal General de la Nación, en pronunciarse frente a mi solicitud de reconsideración por la vulneración de miis derechos fundamentales (...)» -4 de abril de 2018-; (v) reiteró que está siendo víctima de una «escalada acosadora», ya que, frente a la solicitud de reconsideración, no ha «obtenido respuesta alguna frente a la vulneración de mis derechos fundamentales y constitucionales bajo pretexto que los fiscales de turno a quienes se les asigno (sic) las carpetas (...) solicitan en físico las mismas; las cuales las recibirán una vez se haya pronunciado el señor Fiscal General de la Nación, rectificando el sustento de la Orden de Variación de la Asignación -17 de abril de 2018-; (vi) señaló que «no basta con decir que contra dicho acto no cabe recurso alguno, o que el suscrito no tiene competencia constitucional para indagar o decidir sobre las decisiones del Fiscal General de la Nación, cuando son mis derechos que están siendo vulnerados, a través de dicha resolución, soportados en unos considerandos falaces» -4 de mayo de 2018- (vii) aseguró que no dará cumplimiento a la Resolución, mientras no exista un pronunciamiento del Fiscal General de CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz la Nación «respecto de la vulneración de sus derechos fundamentales» -4 de mayo de 2018-; (viii) en respuesta a un fiscal seccional, indicó: «no puedo permitir que se vulneren mis derechos, y será el Fiscal

General de la Nación, quien adopte la decisión correspondiente reivindicando mis derechos, y así le será remitida la carpeta respectiva, ya que no existe interés de mi parte en seguir conociendo la misma» -16 de mayo de 2018-; y (ix) finalmente anunció que daría cumplimiento a la orden «dentro de un término perentorio», con la aclaración de que «se encuentra pendiente por resolver la solicitud de Reconsideración presentada ante el señor Fiscal General de la Nación, contra la falsa motivación de la Resolución No. 0-0180 del 20 de febrero del año en curso» -24 de mayo de 2018-. Las justificaciones presentadas por el procesado carecen de fundamento, pues no existe evidencia que acredite el alegado cúmulo de trabajo, como tampoco se constata que el acto administrativo censurado hubiere conculcado el derecho al buen nombre del funcionario. Por el contrario, tales comunicados permiten colegir que el acusado actuó «a sabiendas de que estaba retardando el cumplimiento de un acto propio de sus funciones». No devenía, por lo antes indicado, necesario probar la validez de las justificaciones invocadas por el procesado; además, si verdaderamente consideraba que existían irregularidades subyacentes a la variación de asignación, 10 CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz retardar el envio de los expedientes no era la via para reivindicar sus derechos fundamentales.

4. Si bien no se fijó un término para el cumplimiento de lo ordenado en la Resolución 0180, podía colegirse que era

inmediato; no solo por la permanencia de la función jurisdiccional, sino porque el procesado así lo entendió, según se constata en la redacción del correo electrónico del 27 de febrero de 2018, en el que anunció que no podría remitir los expedientes de manera inmediata. Adicionalmente, las comunicaciones emitidas por la directora seccional de fiscalías del Atlántico y el coordinador del Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales, así como los registros de consulta del SPOA, según los cuales los expedientes 2016-05688 y 2016-06053 fueron reasignados a las Fiscalías 102 y 139 Seccionales de Bogotá el 28 de febrero de 2018, dan cuenta que la remisión de las actuaciones debía ser inmediata.

5. La prueba de la defensa no desvirtuó lo demostrado por la Fiscalía.

Si bien el procesado, en su ejercicio a la defensa material, declaró en juicio que la actuación del Fiscal General de la Nación es ilegal y que, además estaba siendo víctima de ataques provenientes de los sujetos procesales que actuaron al interior de los expedientes cuya remisión se ordenó, lo cierto es que tales aserciones no resultan relevantes para el caso concreto. Por el contrario, la referida situación, 11 CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz «reafirma la necesidad de desplazamiento del conocimiento de los precitados procesos».

6. Se descarta la postulacion defensiva segun la cual el comportamiento omisivo no fue antijuridico, en la medida que la tardanza en la remisión de los expedientes no produjo

una afectación en los procesos. La razón es que, conforme lo enseñan las pruebas, «la administración pública, bien jurídico protegido, se ha visto quebrantada o puesta en peligro, injustificadamente». Además, se trata de una conducta desplegada por un imputable que conocía la ilicitud de su comportamiento, aspectos que se han demostrado más allá de toda duda.

7. En cuanto a la pena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y 61 del Código Penal, el Tribunal fijó la sanción mínima prevista en el primer ámbito de movilidad, ya que no se imputaron circunstancias genéricas de mayor punibilidad. Por tanto, fijó pena de prisión de 32 meses y multa de 13,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cuanto a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, prevista como pena única en el canon 414 del estatuto represor, «no hay lugar a aplicar el sistema de cuartos, por lo que esta será la pena a imponer, esto es, 80 meses».

8. Finalmente, por expresa prohibición legal, negó la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como de la prisión domiciliaria.

12 CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz LA APELACION Inconforme con la anterior decision, GUSTAVO ADOLFO OROZCO PERTUZ y su defensor impetraron y sustentaron en término, mediante memoriales separados, el recurso de

apelación. Los argumentos se sintetizan de la siguiente manera:

1. Apelación de la defensa técnica. 1.1 En primer término, las disposiciones legales, reglamentarias, así como la jurisprudencia constitucional evocada por el Tribunal como fundamento normativo del deber funcional aparentemente soslayado por el procesado, en realidad no le asignan a este «la función o el acto que se predica retardado en su cumplimiento, ni mucho menos le señalan un término o plazo para ejecutar el mismo». Así, contrario a lo que se exige para la estructuración de la conducta endilgada, en el presente asunto «la fiscalía no entregó al tribunal la norma concreta que le permitía sustentar la existencia del retardo en el actuar de mi defendido».

Tales disposiciones regulan los deberes del Fiscal General de la Nación, «pero en ningún caso se refieren a los fiscales delegados». Además, ninguno de los preceptos aludidos en el fallo «le impone a ningún fiscal delegado (...) acatar las decisiones de carácter administrativo provenientes del Fiscal General de la Nación a ciegas, sin derecho a exponer su inconformidad o poderlas cuestionar, como si se tratara de un régimen militar. 13 CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz En el mismo sentido, la Resolución 00180 de 2018 no tenía aptitud para suplir el ingrediente normativo del tipo, referido al deber funcional, porque «al tratarse de un acto administrativo o si se quiere judicial, el mismo no puede ser

empleado para estructurar el elemento normativo que exige el tipo penal de prevaricato omisivo»; el fundamento del deber, según la jurisprudencia de la Sala de Casación Penalconcretamente CSJ AP, 13 ago. 2014, rad. 41600, CSJ AP127-2020, rad. 53630, CSJ SP, 8 feb. 2023, rad. 56218-, desconocida por el A quo, solo puede emanar de la Constitución o la ley. Al no existir una norma extrapenal de tal raigambre, la conducta reprochada es objetivamente atípica. 1.2 La inferencia que realiza el Tribunal en relación con la naturaleza y alcance del deber supuestamente infringido por el procesado resulta arbitraria, pues se funda no solo en las disposiciones normativas aludidas por la fiscalía, sino en otras «no citadas expresamente en la acusaciónconcretamente los Decretos 016 de 2014 y 898 de 2016-, con lo que el A quo, a más de conculcar el derecho al debido proceso de que es titular el procesado, asumió «inaceptablemente el rol del acusador. En todo caso, ninguna de las referidas normas contempla, de manera clara y expresa, el deber jurídico que se reputa retardado. 1.3 De otra parte, la Resolución 0180 de 2018 no estableció un plazo para la remisión de los expedientes; 14 CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz hecho que, incluso, reconoció el Tribunal. En este sentido, la Sala Especial de Primera Instancia, mediante fallo SEP 0152024, rad. 00034, precisa que la norma extrapenal para el

delito de prevaricato por omisión, debe determinar tanto la función específica como el «plazo para su realización». El plazo para el cumplimiento constituye un elemento esencial del delito endilgado a GUSTAVO ADOLFO OROZCO PERTUZ, pues es apenas necesario para pregonar que existió un retardo. Es por ello errado que el Tribunal haya deducido que se trataba de una orden de inmediato cumplimiento, ya que el término de cumplimiento no estaba descrito en la Constitución o en la ley. Lo anterior afianza la atipicidad objetiva del comportamiento materia de juicio. 1.4 En cuanto al aspecto subjetivo, debe recordarse que el delito de prevaricato por omisión solo admite modalidad dolosa. De tal suerte, el servidor debe conocer que se está apartando de sus deberes funcionales y, además, enfilar su conducta con ese propósito. En el presente asunto, según se desprende de la declaración rendida en juicio por GUSTAVO ADOLFO OROZCO PERTUZ, éste desconocía el «mandato legal o constitucional que le impusiera la obligación como fiscal delegado de guardar completo silencio frente a un acto administrativo emanado de su superior cuando ha advertido la existencia de graves 15 CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz irregularidades que incidieron en su creación, como por ejemplo presuntos actos de corrupción judicial». No conocía el procesado disposiciones legales o constitucionales que le impusieran, en su condición de fiscal, «cumplir a ciegas» las órdenes impartidas por sus superiores,

como tampoco normas que, fijaran el plazo de cumplimiento, o que le prohibieran «hacer valer sus propios derechos y garantías constitucionales como servidor judicial, ante un acto administrativo emanado de su superior que estima atenta contra su buen nombre, honra y buena reputación». Esas normas, contrario a lo discernido por el Tribunal, no existen y, por tanto, «Ino se puede exigir conocer lo que no existe». Sobre esta temática, la sentencia de primer grado no se refirió en su totalidad a las afirmaciones que, en juicio, emitió el procesado, relativas a su desconocimiento de las normas que fijaban el deber funcional aparentemente soslayado. De tal suerte, «sin conciencia del imperativo que debía acatar, OROZCO PERTUZ no podía retardar nada. Así las cosas, el Tribunal no se basó en ninguna evidencia para sostener que el procesado actuó con conocimiento y voluntad. Consecuentemente, la conducta es subjetivamente atípica. 1.5 Tanto la prueba de la fiscalía como la de descargo, evidencian los motivos razonables por los cuales OROZCO 16 CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz PERTUZ no remitió de forma inmediata los expedientes. Asi, al solicitar tiempo adicional para proceder con lo ordenado en la Resolución 180 de 2018, se descarta que el procesado hubiere actuado de forma arbitraria. Pese a ello, el Tribunal desestimó las justificaciones elevadas por el implicado, pues su decisión se basó en las pruebas aportadas por el ente

acusador. El Tribunal pasó por alto no solo los elementos que daban cuenta del cúmulo de trabajo que tenía el procesado1600 procesos-, sino que, para el momento en que se profirió la Resolución 180 de 2018, el Fiscal General de la Nación no tenía conocimiento de los «actos fraudulentos y ni de la influencia que al parecer estaban ejerciendo los denunciantes en niveles superiores de esa seccional para manipular los casos promovidos por ellos y en su contra», en el marco de las investigaciones que se iniciaron con ocasión de la disputa por el control de la Universidad y el Hospital Metropolitano de Barranquilla. En ese contexto, la resolución en comento adolece de «posible ilegalidad y falsa motivación», porque la directora Seccional del Atlántico, Ángela Bedoya Vargas, indujo en error al Fiscal General de la Nación «al suministrarle información inexacta en el concepto que le rindió antes de emitirse dicho acto administrativo y que sirvió de apoyo para sus consideraciones». Por tanto, se trataba de un acto administrativo que no obligaba. 17 CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz El contorno fraudulento que rodeó la emisión de la resolución puede deducirse de los procesos penales y las condenas que se han emitido en desarrollo de dicha contienda corporativa, pero así mismo, de decisiones proferidas por la Corte Suprema de Justicia -como la CSJ AP3611-2021, rad. 60004en las que se revela el profundo entramado de corrupción que los grupos en disputa por el

control de los referidos entes han propiciado en la administración de justicia de Barranquilla. Otros factores, pretermitidos por el Tribunal, acreditan las mencionadas irregularidades. Asi, entonces, se tiene: (i) una acción de tutela instaurada en 2017 por quienes fungen como denunciantes dentro de la presente actuación, «con la que pretendían la variación de asignación de las carpetas a la fuerza»; (ii) las recusaciones incoadas por los referidos sujetos procesales, con las que pretendían remover al fiscal OROZCO PERTUZ de las investigaciones y que, finalmente, prosperaron con ocasión «del amañando concepto rendido por la Directora Seccional del Atlántico»; (iii) la autorización que recibió el procesado en un comité técnico jurídico de 2017; (iv) la filtración ilegal de las actas de dicho comité por parte de la directora seccional de fiscalías de Barranquilla; (v) la presión constante de los abogados de los denunciantes, para que en esas investigaciones «se imputara a toda costa y sin evidencias»; (vi) así como la condena proferida contra un exsenador de la República, por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia -CSJ SEP0006418 CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz 2021-, según la cual el entonces congresista se habría asociado con Luis Fernando Acosta Ossio, denunciante, para manipular procesos penales relacionados por la pugna antes

aludida. Lo expuesto demuestra que el procesado no actuó con intención ilícita, por el contrario, sus justificaciones demuestran que estaba siendo objeto de persecución. 1.6 Por otro lado, el Tribunal no se refirió al aspecto material de la antijuridicidad, pues en la sentencia solo se refirió a la presunta transgresión normativa. En todo caso, no está demostrado en este asunto que se hubiere presentado una «afectación clara y concreta de las expectativas legítimas de los ciudadanos en su relación con la administración». Lo anterior implica, consiguientemente, que no se trató de una conducta materialmente antijurídica, por lo cual no se configura el injusto penal. 1.7 Con fundamento en tales premisas deprecó la revocatoria del fallo de primer grado para, en su lugar,

absolver a GUSTAVO ADOLFO OROZCO PERTUZ.

2. Apelación de GUSTAVO ADOLFO OROZCO PERTUZ. 2.1 El acto administrativo presuntamente desconocido no estableció el término en que las actuaciones debían remitirse a las Fiscalías Seccionales de Bogotá; de tal suerte, el carácter inmediato de esa tarea fue algo que coligió el

Tribunal. 19 CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz Por tanto, no podía emitirse una decisión de condena con fundamento en la causalidad; por el contrario, debía estar suficientemente demostrado el deber jurídico presuntamente omitido, lo que no ocurrió. En el caso concreto, a más de la ausencia de un

precepto que estableciera el término en que debía procederse con la orden del Fiscal General, mismo que no podía colegirse o suponerse, debe tenerse en cuenta que el acto administrativo en el que consta tal determinación, «no tiene la calidad de NORMA dentro del criterio constitucional». El canon 138 de la Ley 906 de 2004 establece que los servidores públicos deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento «dentro de los términos previstos en la ley». Así las cosas, «en mi caso concreto no existe un término definido en LA LEY, (el acto administrativo del fiscal no es ley) y por tanto sobre el mismo no se puede entrar a realizar juicios de valor y mucho menos “COLEGIR” manifestaciones de “INMEDIATEZ”, que están por fuera de las reglas indicadas en los artículos 10 inciso segundo sustantivo y 138 procesal numeral 1». 2.2 El bien jurídico nunca fue puesto en riesgo habida cuenta que la satisfacción del deber jurídico, en este caso el término para ejecutar la orden impartida por el superior, estaba sujeta a una condición que «no existe en mi caso concreto», pues no existe regulación legal o constitucional. 20 CUI 08001600125720180266905 N.I. 66370 Segunda Instancia Gustavo Adolfo Orozco Pertuz 2.3 Por atipicidad objetiva, el enjuiciado solicitó la revocatoria de la decisión confutada y, consecuentemente, se le absuelva por el delito materia de condena. INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES El fiscal 4° delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla deprecó que la sentencia de primera instancia

se confirme integralmente. Las razones son las siguientes.

1. Contrario a lo que sostiene el recurrente, sí existen normas jurídicas que obligaban al procesado a dar cumplimiento inmediato de la orden impartida por el Fiscal General. Tales disposiciones -que transcribeson las que se plasmaron en el escrito de acusación.

Tales normas establecen que el Fiscal General de la Nación es la única autoridad con la facultad para remover de una investigación a los fiscales delegados; precisamente, fue en ejercicio de la misma que reasignó los dos expedientes, a cargo del fiscal OROZCO PERTUZ, a dos fiscalías de Bogotá. La reasignación en el sistema SPOA se produjo el mismo día en que se emitió la Resolución 0180 de 2018; pese a lo cual, el proc