CSJ - SP2207-2024(61566)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente SP2207-2024 Radicación N° 61566 Aprobado Acta No. 189 Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

I. ASUNTO

1. Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal 2 delegada ante esta Corporación, contra la sentencia proferida el 7 de abril de 2022 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que absolvió a JUAN DE JESÚS CÁRDENAS CHÁVEZ, exgobernador del Departamento del

Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ Huila, acusado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

II. SITUACION FACTICA

2. JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ, como Gobernador del Huilal, el 29 de diciembre de 2003, celebró el Convenio Interinstitucional 0319 con la entidad privada sin animo de lucro, Caja de Compensacion Familiar del Huila — Comfamiliar, cuyo objeto era “aunar esfuerzos con el fin de adquirir material educativo y equipos didácticos y de deporte, dirigidos a la población escolar del departamento”. El valor ascendió a la suma de $206.007.257, de los cuales el Departamento aportó $199.827.040; y Comfamiliar contribuyó con $6.180.217, representados en un descuento efectuado a los elementos

adquiridos.

3. El 4 de abril de 2004, la Contraloría General de la República, a través de su Gerencia Departamental del Huila, reportó a la Fiscalía General de la Nación el “hallazgo penal detectado en desarrollo de la Auditoría Integral Abreviada” realizada al referido convenios. Así, se evidenció el desconocimiento de los principios generales de los contratos interinstitucionales, por cuanto: i) no hubo ! Fue elegido para el período comprendido entre el 1° de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003.

2 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folio 10. 3 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folios 2-9. Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ una colaboración mutua que estuviera exenta de algún beneficio económico; ii) se trató de una compra directa que tuvo como contraprestación un descuento; iii) como Comfamiliar no era una entidad pública ni una cooperativa, no era viable la suscripción del negocio jurídico; iv) se invirtió un porcentaje mayor en artículos deportivos que en áreas como matemáticas, sociales, español y ciencias; y, v) se omitieron los procedimientos de invitación, selección y escogencia, establecidos en la Ley 80 de 1993.

II. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

4. Por los hechos descritos, en el proceso seguido en contra del gerente de Comfamiliar del Huila, la fiscalía ordenó compulsar copias con el fin de que se investigaran

las presuntas irregularidades en que pudo incurrir el entonces Gobernador JUAN DE JESÚS CÁRDENAS

CHÁVEZ.

En razón de ello, el 14 de septiembre de 2007, se dispuso adelantar investigación previa”; y, el 18 de marzo de 2014, la Fiscalía Segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió formalmente la instrucción penal en su contras. + Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folios 47 y 48. 5 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folios 58-63. 5 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folios 233-245. Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801

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5. El 8 de septiembre de 20157, el indiciado fue escuchado en indagatoria; y, el 16 de marzo de 20188, se resolvió su situación jurídica con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, consistente en caución prendaria equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, con la prohibición de salir del país, como presunto responsable del ilícito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tipificado en el artículo 410 del Código Penal (Ley 599 de 2000, sin las modificaciones de la Ley 890 de 2004).

No obstante, una vez clausurado? el ciclo instructivo y calificado el mérito del sumario19, mediante decisión de 27 de julio de 2018, la fiscalía decretó de oficio la nulidad de todo lo actuado desde el 24 de mayo de la misma

anualidad; y, revocó la medida de aseguramiento impuesta, toda vez que, para la época de los hechos -año 2003-, no existían figuras cautelares diferentes a la intramural!l.

6. El 12 de septiembre de 201812, se adoptó la nueva calificación sumarial con resolución de acusación en contra de JUAN DE JESÚS CÁRDENAS CHÁVEZ, por el citado delito contra el bien jurídico de la administración pública, con la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 9% del artículo 58 del Código

7 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folio 284. $ Cuaderno Original de la Fiscalía No. 2, folios 20-37. 9 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 2, folio 65. 10 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 2, folios 126-150. 11 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 2, folios 173-179. 12 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 2, folios 273-302. Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ Penal'3. Esta decisión cobró ejecutoria el 19 de octubre siguiente!,

7. La actuación fue remitida a la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación!5 y verificado el traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 200015, por auto de 27 de mayo de 2019, se negó la nulidad solicitada por la defensora del enjuiciado, en tanto se accedió a la práctica de las pruebas deprecadas””.

8. Celebrada las audiencias preparatorias18 y de juzgamiento!9, el 7 de abril de 2022, dicha Colegiatura dictó sentencia en la que absolvió a JUAN DE JESÚS CÁRDENAS CHÁVEZ de la conducta punible por la que fue acusado”.

9. Contra la anterior providencia, la Fiscal 22 delegada ante esta Corte interpuso recurso de apelación del que ahora se ocupa la Sala de Casación Penal?!. 13 “ARTÍCULO 58. CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD. Son circunstancias de mayor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera: (...) 9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio”.

14 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 3, folio 19. 15 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 3, folio 24. 16 “ARTÍCULO 400. APERTURA A JUICIO. Con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal. Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes”.

17 Cuaderno Original de Primera Instancia No. 1, folios 43-64. 18 Cuaderno Original de Primera Instancia No. 1, folios 66-68. 19 Se adelantó en sesiones de 3 de octubre de 2019 y 30 de noviembre de 2021. Cuaderno Original de Primera Instancia No. 1, folios 132-136. Cuaderno Original de Primera Instancia No. 2, folios 76-78. 20 Cuaderno Original de Primera Instancia No. 2, folios 157-212. 21 Cuaderno Original de Primera Instancia No. 3, folios 19-28. Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801

JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ

IV. LA DECISION APELADA

10. La Sala de Juzgamiento de Primera Instancia, después de fijar el marco teórico conceptual del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, estudió su correspondencia con la conducta de JUAN DE JESÚS

CÁRDENAS CHÁVEZ.

11. En lo que respecta a los elementos objetivos de dicho tipo penal, consideró que, no existe duda en torno a la calidad de servidor público del procesado y la titularidad de la competencia funcional para intervenir en la tramitación y celebración del Convenio 0319 de 2003; por cuanto, para la fecha de los hechos, JUAN DE JESÚS CÁRDENAS CHÁVEZ fungió como Gobernador del Departamento del Huila, elegido para el período constitucional del 1° de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003.

12. De igual modo, precisó que, más allá de la denominación dada formalmente por las partes al Convenio 0319 del 29 de diciembre de 2003, el marco normativo que regía el mismo era el establecido para los convenios de asociación, cuyo objeto es “impulsar o apoyar, por parte del Estado, las actividades de fomento y beneficio común que realizan las entidades privadas sin ánimo de lucro, con el fin de incentivar la participación de los particulares en las actividades sociales propias a cargo del

Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ Estado y que se encuentran incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Seccionales de Desarrollo”??. Lo anterior, de acuerdo con lo indicado por la Corte Constitucional? y el Consejo de Estado? sobre el particular; esto es, que esos negocios jurídicos -convenios de asociación o de apoyodebían celebrarse conforme lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Politica? y sus Decretos Reglamentarios 777 de 1992 y 1403 de 1992.

13. Así, en el fallo impugnado se determinó que el convenio cuestionado no se ajustó a las previsiones de las citadas normas; pues, aunque Comfamiliar es una entidad privada sin ánimo de lucro, no tiene experiencia en el desarrollo de planes y programas dirigidos a la comunidad estudiantil del Huila.

14. También se encontró que, según los términos del convenio, este sí contenía una negociación de naturaleza onerosa que producía obligaciones e implicaba para la

Gobernación Departamental el pago de una suma de dinero a cambio de unos insumos educativos y recreativos, que serían suministrados por Comfamiliar. Es decir, se 22 Fallo de primera instancia, folio 33. 23 Corte Constitucional, sentencia C-671 de 1999. 24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 30 may. 2017, Rad. 2319. 25 “ARTÍCULO 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”. Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ presentó, en realidad, una relación conmutativa, característica propia de una compraventa y no de un convenio de esta especie.

15. De lo descrito, el Juez Colegiado de Primera Instancia tuvo por acreditados los elementos objetivos del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ante la relación entre “la calidad de servidor público del autor (gobernador para la época de los hechos) y la inobservancia de los requisitos legales esenciales en el trámite y celebración del contrato objeto de estudio, puesto que el negocio jurídico adelantado con Comfamiliar debía

regirse bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y no mediante la figura que establece el artículo 355 Constitucional, por tratarse de la compraventa de bienes, por ello eludió las normas de contratación pública, particularmente, las señaladas en el numeral 1”, artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que exigía la escogencia del contratista a través de licitación o concurso público por superar la menor cuantías.

16. En torno a la tipicidad subjetiva, determinó que, JUAN DE JESÚS CÁRDENAS CHÁVEZ es ingeniero civil y fungió como alcalde municipal, diputado de la Asamblea Departamental, Gobernador del Huila y Senador (e); sin embargo, no se demostró que contara con la suficiente instrucción en materia de contratación estatal, la cual le hubiese permitido conocer que materialmente el Convenio 26 Sentencia de Primera Instancia, folio 45.

Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ 0319 de 2003 implicaba un negocio jurídico de compraventa de productos, regido por la Ley 80 de 1993. Lo anterior, máxime la complejidad de los asuntos contractuales al interior de las entidades públicas, específicamente, frente a la necesidad que tuvo la Gobernación del Huila de crear un Departamento Administrativo Jurídico con personal idóneo y calificado, como lo dispuso la Ordenanza 055 de 2001.

17. Igualmente, constató que el aforado actuó con el

convencimiento de que su conducta estaba ajustada a derecho, en tanto se demostró que el proyecto que dio origen al Convenio 0319 fue aprobado por el Ministerio de Educación, según lo sostenido en juicio por el procesado y la testigo Luz Helena Gutiérrez, Secretaria de Educación del Huila. Además, medió el aval de Noé Santiago Parada, que se desempeñó para el año 2003 como Director del Departamento Administrativo Jurídico del Huila, encargado de asesorar al Gobernador en materia contractual.

18. Para la Sala Especial de Primera Instancia, el acusado no obró con dolo, en tanto no se probó que, “de manera deliberada, consciente y voluntaria haya dispuesto celebrar el negocio jurídico con la Caja de Compensación Familiar, o que hubiera desconocido la asesoría y los

Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ conceptos de los profesionales del área jurídica de la entidad que regentaba”?”. Incluso, pese a que la negociación no se adecuó al trámite legal que le correspondía, el objeto contractual se satisfizo, en la medida en que el material educativo fue entregado en un tiempo expedito, no hubo malversación de los recursos ni una intención económica en favor del acusado que justificara su celebración indebida.

19. En consecuencia, emitió sentencia absolutoria a favor de JUAN DE JESÚS CÁRDENAS CHÁVEZ en relación con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tipificado en el artículo 410 del Código Penal.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN

20. La Fiscal 2 delegada ante la Corte reprochó el análisis del tipo subjetivo realizado en la sentencia de primer grado y solicitó su revocatoria bajo estos argumentos: 20.1. No se consideró la simplicidad del objeto del Convenio 0319 de 2003, respecto del cual, no se requería un conocimiento especializado, en materia jurídica, para entender que se trataba de un negocio conmutativo 27 Sentencia de Segunda Instancia, folios 53 y 54.

10 Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ oneroso, ajeno a la naturaleza de un convenio de interés publico. En su criterio, se ignoró la contundencia de la prueba del tipo objetivo, que evidenció, sin lugar a duda, el conocimiento y voluntad del acusado en la tramitación y celebración del contrato con violación del principio de legalidad. Fue así como, desde la instrucción se incorporaron estudios y documentos elaborados previamente a su suscripción, que informaron su verdadera naturaleza, esto es, una compraventa. 20.2. El fallo recurrido dista de lo expuesto, en cuanto al tipo subjetivo, en otra sentencia proferida por la misma Sala Especial de Primera Instancia”s, contra el procesado CÁRDENAS CHÁVEZ, por la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; cuando, sobre su formación y experiencia profesional, indicó: “De su profesión y experiencia, en especial la desarrollada en la Alcaldía de Acevedo y como Gobernador

del Departamento del Huila, se colige no solo que contaba con los conocimientos técnicos relacionados con la construcción de obras civiles sino que estaba instruido sobre los contenidos de la contratación pública, por ende, como ordenador del gasto le asistía la titularidad de la acción contractual y la potestad de disponer y dirigir todo el proceso contractual, es decir, que sobre sus hombros 28 Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, sentencia condenatoria SEP 00079-2021, 5 ago. 2021, rad. 47494. 11 Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ recaia la responsabilidad de velar porque se adelantara con arreglo a la ley”. 20.3. De forma errada, se exoneró de responsabilidad penal al acusado, ante el aval del Departamento Administrativo Juridico; en tanto, la asesoria de dicha dependencia no releva al titular de un ente territorial del ejercicio de la función que, en este caso como Gobernador, le asistía, relacionada con “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales”, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1° del artículo 305 de la Constitución Política. Al respecto, agregó que, no es dable aplicar el “principio de confianza” en la celebración de un negocio jurídico “diáfano” como lo fue el Convenio 0319 de 2003, pues la intervención de los asesores jurídicos no es decisoria ni imparte directrices al Gobernador, como

erróneamente lo sugiere el fallo. 20.4. Por último, reprochó que se haya exigido, a efectos de probar el dolo, la materialización de un detrimento al erario público, un beneficio para el representante de la entidad contratante o la existencia de mejores oferentes; ya que tales supuestos no constituyen elementos normativos del tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 12 Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ En su sentir, olvidó la Sala Especial de Primera Instancia que “la vulneración al principio de legalidad en el proceso de contratación se configura por la inobservancia de requisitos legales esenciales que trascienden a la vulneración de los principios de la contratación pública, por ello el detrimento al erario se constituye como una conducta autónoma de peculado y la vulneración al principio de transparencia se configura con la inobservancia de los modelos de contratación previstos en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 (...7. 20.5. Por consiguiente, peticionó se emita sentencia condenatoria en contra de JUAN DE JESÚS CÁRDENAS CHÁVEZ por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, con la circunstancia de mayor punibilidad descrita en el numeral 9° del artículo 58 de la Ley 599 de 2000.

VI. LA INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES

21. El defensor de JUAN DE JESÚS CÁRDENAS CHÁVEZ consideró que no está llamada a prosperar la censura de la fiscal delegada; por cuanto, la misma parte

de una premisa errada, relacionada con que “todo mandatario regional por ser un funcionario público, representante legal de una entidad territorial y que sea 29 Cuaderno Original de Primera Instancia No. 3, folio 26. 13 Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ profesional, se encuentra en plena capacidad de entender y comprender la ilicitud de su conducta”3°. Ello, en tanto, para derivar el dolo, solo tuvo en cuenta el ejercicio del cargo como Gobernador, y no las circunstancias verdaderamente relevantes en torno al trámite y celebración del Convenido 0319 de 2003. 21.1. Así, refirió que, desde un inicio, se le presentó a su poderdante una minuta de un contrato cuya naturaleza, en apariencia, era un convenio, sin que, de las diferentes instancias u oficinas integradas por los diversos equipos jurídicos, hubiere recibido algún reparo sobre su naturaleza; por el contrario, el director del Departamento Administrativo Jurídico del Huila dio su visto bueno. 21.2. Alegó que, la firma del Convenio 0319 de 2003 no se efectuó “en un acto de ligereza, irresponsabilidad o improvisación, todo obedeció a un proceso contractual, trasparente, independientemente de la equivocación que se le haya dado al nomen iures que se le haya otorgado al contrato, de la modalidad de la contratación y de la naturaleza real del mismo”!. 21.3. En su sentir, la apelante deriva el dolo sin

ningún respaldo probatorio, lo que da lugar a confirmar el fallo de primera instancia. 30 Cuaderno Original de Primera Instancia No. 3, folio 35. 31 Cuaderno Original de Primera Instancia No. 3, folio 36. 14 Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801

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22. El Ministerio Público se apartó de los argumentos de la recurrente. Afirmó que, fueron precisamente las condiciones personales del procesado las que permitieron excluir el dolo en su actuar. También, refirió que, contrario a lo sostenido por la apelante, no necesariamente la existencia y prueba del tipo objetivo estructura el tipo subjetivo. 22.1. Por otra parte, arguyó que, si bien le asiste razón en principio a la fiscalía, al razonar que el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales es de mera conducta; lo cierto es que, ello no desvirtúa la ausencia de dolo como fundamento de la decisión apelada.

Lo anterior, porque, “analizado dentro de la teoría de la imputación objetiva, el resultado se concreta no en la existencia de un posible detrimento o malversación del patrimonio público, sino en el trámite o celebración de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en la Ley 80 de 1993, el que como se ha dejado determinado, fue suscrito por el ordenador del gasto con la convicción de que el mismo se ajustaba al ordenamiento legal, razón por la cual ese resultado no le puede ser imputado, por dos razones: i) Actuó al amparo del principio

de confianza depositada en sus asesores jurídicos; y ii) Actuó dentro de un error de tipo, por una comprensión errada de la realidad para lo cual es irrelevante si es vencible o invencible ya que el delito objeto de juzgamiento 15 Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ solo admite la modalidad dolosa”32. 22.2. En este orden, solicitó mantener incólume la decisión recurrida.

VII. CONSIDERACIONES De la competencia

23. Atendiendo lo establecido en el artículo 186 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2018, es competencia de la Sala de Casación Penal conocer del recurso de apelación que se interponga contra las sentencias que profiera la Sala

Especial de Primera Instancia. Esta facultad se circunscribe a los asuntos objeto de impugnación, pudiendo extenderse únicamente a aquellos que resulten inescindiblemente vinculados a los mismos, conforme al principio de limitación (artículo 204 de la Ley 600 de 2000)33. 32 Cuaderno Original de Primera Instancia No. 3, folio 49. 33 “ARTÍCULO 204. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. En la apelación, la decisión del superior se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación. Cuando se trate de sentencia condenatoria el juez no podrá en ningún caso agravar la sanción, salvo que el fiscal o el agente del Ministerio Público o la parte civil,

teniendo interés para ello, la hubieren recurrido. Tampoco se podrá desmejorar la situación de la parte civil o del tercero civilmente responsable cuando fueren apelantes únicos. La consulta permite al superior decidir sin limitación sobre la providencia”. 16 Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ Por ello, en este asunto, la Sala no examinara la tipicidad objetiva de la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; en tanto, sobre el particular no se presenta ninguna discusión en sede de apelación. Por el contrario, la fiscalía centró su crítica, de manera exclusiva, en el elemento subjetivo del tipo penal, al entender que JUAN DE JESÚS CÁRDENAS CHÁVEZ, como Gobernador del Departamento del Huila, con conocimiento y voluntariamente tramitó y celebró el Convenio Interinstitucional 0319 de 2003, sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley. Del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales

24. Se encuentra tipificado en el artículo 410 del Código Penal; y, para su materialización, es necesario que un servidor público “(...) por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos (...7.

25. Bajo este entendido, reclama para su tipificación la concurrencia de diversos componentes, en particular, la condición de sujeto activo calificado, esto es, un servidor público en ejercicio de sus funciones.

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26. De igual manera, se trata de un tipo penal de conducta compuesta alternativa; es decir, incurre en ella, el servidor publico que: i) tramite el contrato sin observar los requisitos legales esenciales que hacen parte de la etapa precontractual; ii) lo celebre sin verificar dichos presupuestos; y, iii) lo liquide en circunstancias similares,

27. En cuanto al tipo subjetivo, la norma alude en exclusiva a la modalidad dolosa, en la medida en que deben converger en el sujeto activo calificado el conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción penal y la voluntad de querer su realización. En otras palabras, debe conocer y deliberadamente pretermitir los requisitos esenciales del contrato, ya sea, en la etapa precontractual durante el trámite, al momento de celebrarlos o al liquidarlos3.

Del caso concreto

28. No se discute que JUAN DE JESÚS CÁRDENAS CHÁVEZ se desempeñó como Gobernador del Departamento del Huila para el periodo comprendido 2001-20033%6. En esa condición, el 29 de diciembre de 2003, suscribió el Convenio Interinstitucional 0319, cuyo 34 CSJ AP, 9 abr. 2014, rad. 44864; CSJ AP, 23 may. 2018, rad. 47265, entre otros. 35 CSJ SP, 30 nov. 2017, rad. 29726; CSJ AP, 9 may. 2018, rad. 25808; CSJ SP, 13 jun.

2018, rad. 45228, entre otros. 36 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folio 46. 18 Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ objeto declarado era “aunar esfuerzos con el fin de adquirir material educativo y equipos diddcticos educativos y de deporte dirigidos a la población escolar del Departamento del Huila”s”. El valor ascendió a la suma de $206.007.257, de los cuales el ente territorial aportó $199.827.040 y Comfamiliar contribuyó con $6.180.217, representados en un descuento efectuado a los elementos adquiridos.

29. De igual manera, según lo manifestado por JUAN DE JESÚS CÁRDENAS CHÁVEZ en la indagatoria38, no es objeto de debate que, el 18 de septiembre de 2002, en el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Huila, la Secretaría de Educación Departamental radicó un proyecto de inversión para el “FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”S9, cuyo propósito, entre otros, era mejorar el componente calidad, que se consideraba deficiente, por diversas causas, como “la falta de equipos de aula y elementos didácticos que permitan el buen desarrollo de los procesos pedagógicos (...)9.

En virtud de ello, se planteó en dicha propuesta, como alternativa No. 1, la “celebración de convenios intra e intersectoriales para la implementación de proyectos transversales que redunden en el mejoramiento del servicio

y por tanto en el nivel de vida del educando”!; y, dentro de 37 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folios 10-13. 38 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folio 284. 39 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folio 211. 40 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folio 212. 1 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folio 217. 19 Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ sus componentes, se estableció: “1. Dotación de mobiliario, textos escolares, materiales y software educativo (...) 3. Celebración de convenios inter e institucionales u órdenes para ejecución de actividades complementarias para el mejoramiento de la calidad de la educación”?.

30. Tampoco generó controversia el hecho que, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Directiva No. 04 de 27 de marzo de 2003, dirigida a los gobernadores; alcaldes distritales y municipales; y, secretarios de educación departamental, distrital y municipal, brindó una serie de orientaciones para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones en el sector educación. En concreto, para lo que interesa en este asunto, indicó: (...) 2.1. Transferencia de la participación para educación del S.G.P. a los Departamentos Según el artículo 41 de la Ley 715 de 2001, a los departamentos se les transfiere el valor correspondiente a los costos en términos reales de la prestación del servicio

educativo financiado en el 2002, los cuales se derivan de la información ajustada por el Ministerio de Educación Nacional de los costos del departamento y de los municipios no certificados, descontando los destinados a los municipios que se hayan certificado. Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folio 221. 43 Cuaderno Original de la Fiscalía No. 1, folios 293 y 294. 20 Segunda Instancia No. 61566 CUI 11001024800020180000801 JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ En este sentido, los departamentos reciben en la cuenta abierta para tal efecto una partida para prestación de servicios. Con los recursos de prestación de servicios los departamentos deberán cancelar: . Los costos del personal docente, directivo docente y administrativo de los establecimientos educativos oficiales y los costos de los contratos/ convenios de prestación de servicios reconocidos en el año 2002 a los departamentos y municipios certificados. . Para efectos de mantener la cobertura y la permanencia de los niños en el sistema educativo, la renovación de los contratos/ convenios de prestación de servicios a que hace referencia el párrafo anterior se deberán ajustar a los términos previstos en el Decreto 1528 de julio 24 de 2002. . Gastos generales asociados a la prestación del servicio de los establecimientos educativos, tales como: servicios públicos, mantenimiento, comunicaciones y transporte, materiales y suministros, dotaciones escolares,