CSJ - SP2222-2024(56631)

Republica de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

GERARDO BARBOSA CASTILLO

Magistrado Ponente SP2222-2024 Casación n.” 56631 Acta n.®° 188 Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

I. ASUNTO Resuelve la Sala el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa de RAÚL ALBERTO ROJAS CRUZ, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga el 26 de agosto de 2019, que confirmó en su integridad la emitida por el Juzgado 2° Penal del Circuito de Palmira, Valle del Cauca, que declaró al acusado penalmente responsable como cómplice de homicidio agravado.

Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz IL. HECHOS En la sentencia impugnada fueron presentados de la siguiente manera: El 26 de agosto de 2009, a las 19:13 horas, en la vía urbana del municipio de Palmira, Oscar Ballesteros Ospina accionó, en varias oportunidades, arma de fuego tipo pistola contra Óscar Fuenmayor Méndez, causándole múltiples lesiones que le causaron la muerte instantánea. Con el fin de escapar del lugar, Óscar Ballesteros Ospina contó con la colaboración de Raúl Alberto Rojas Cruz, quien se encontraba esperándolo unos metros más adelante en un automóvil marca Mazda, línea allegro, color gris, sobre la carrera 25 con calle 15-A.

III. ACTUACION PROCESAL El 27 de agosto de 2009, ante el Juzgado 3° Penal Municipal con función de control de garantías de Palmira, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación, solicitud de medida de aseguramiento y suspensión del poder dispositivo con fines de comiso.

La fiscalía imputó a Óscar Ballesteros Ospina y RAÚL ALBERTO ROJAS CRUZ como coautores de homicidio agravado, en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, de conformidad con lo previsto en los artículos 104-7 y 365 del Código Penal. Los imputados no aceptaron los cargos. Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz El 13 de febrero de 2012, ante el Juzgado 2° Penal del Circuito de Palmira, se realizó la audiencia de acusación sin variación de la calificación jurídica. El 14 de mayo siguiente se inició la audiencia preparatoria, en la que la defensa técnica de Ballesteros Ospina manifestó la intención de realizar un preacuerdo con la fiscalía. El 31 de enero de 2017 la fiscalía presentó en audiencia el acta del preacuerdo celebrado con la defensa del autor material, consistente en la aceptación de los cargos imputados a cambio del reconocimiento de la ira o intenso dolor como circunstancia de menor punibilidad. El 12 de septiembre del mismo año se profirió la respectiva sentencia

condenatoria en su contra. El 12 de diciembre de 2018, luego de la ruptura de la unidad procesal, continuó la audiencia preparatoria con el acusado RAÚL ALBERTO ROJAS CRUZ. El 13 de febrero de 2019 se inició la audiencia de juicio oral, que se agotó después de cinco sesiones en las que se practicaron tres testimonios de cargo y cinco de descargo. En la sesión del 24 de abril de 2019, en turno de alegatos de clausura, la fiscalía solicitó la condena del acusado por el punible de homicidio agravado (art. 104-7 C.P.), pero no en calidad de coautor, sino de cómplice. En relación con el otro delito imputado, porte ilegal de armas, se había declarado la preclusión por prescripción de la acción penal. Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz El 13 de mayo de 2019 se anunció el sentido condenatorio del fallo, el 24 de mayo siguiente se llevó a cabo lo dispuesto en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 y se realizó la lectura de la sentencia de primera instancia. La defensa interpuso y sustentó el recurso ordinario de apelación. El 26 de agosto de 2019 el Tribunal Superior de Buga confirmó íntegramente la sentencia impugnada. La defensa interpuso y qs+ustentó oportunamente el recurso extraordinario de casación.

IV. LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA 4.1. Sentencia condenatoria en primera instancia El Juzgado 2° Penal del Circuito de Palmira, luego de

reseñar la actividad probatoria del juicio oral y los alegatos de las partes e intervinientes, consideró que se encuentra plenamente demostrada la responsabilidad del acusado en los hechos investigados. Expuso que, con la declaración de los policiales Julián Andrés Cárdenas Quintero y Galo José Delgado Montenegro, se acreditó que realizaron una persecución «en caliente» del autor y del cómplice, quien esperó en cercanías al lugar de los hechos a Óscar Ballesteros Ospina en un vehículo perseguido por los funcionarios y finalmente interceptado, dando lugar a la captura del ejecutor material y del acusado en este radicado. Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz Para el Juez de Conocimiento, no existe ninguna duda sobre la información que entregaron los agentes de policía bajo la gravedad del juramento; Óscar Ballesteros accedió al vehículo conducido por el acusado por la puerta trasera y la persecución permitió la observación del automotor durante su recorrido, tanto por la patrulla que se movilizaba en motocicleta, como por a paneb que se sumó inmediatamente a la persecución. Los testigos también observaron el momento en el que Ballesteros Ospina resolvió descender del vehículo, siendo posteriormente capturado. Señaló que los declarantes ofrecieron suficientes detalles que despejan cualquier incertidumbre sobre el vehículo perseguido, siendo irrelevante que los policiales hayan denominado gris a un color «estrato perla» que resulta

semejante. Consideró que la prueba vertida en juicio permite establecer que, por parte del acusado, sí hubo una ayuda al autor material para procurar su huida del lugar de los hechos. Luego de relacionar los criterios jurisprudenciales en la materia, concluyó que se demostró una complicidad en la conducta del acusado. En consecuencia, condenó a RAÚL ALBERTO ROJAS CRUZ al cumplimiento de una pena de 200 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como cómplice del homicidio agravado de Óscar Fuenmayor Méndez. 4.2. Sentencia confirmatoria en segunda instancia Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz El Tribunal Superior de Buga, luego de reseñar la actividad probatoria del juicio oral y los argumentos del recurrente, confirmó que se encuentra plenamente demostrada la responsabilidad del acusado en los hechos investigados. En primer lugar, negó las diferentes solicitudes de nulidad planteadas por el apelante por las siguientes razones: (i) No existe impedimento en el juez de conocimiento por haber proferido la sentencia anticipada en contra del autor material, toda vez que no efectuó ningún juicio relacionado con la responsabilidad del acusado y tampoco abordó el análisis de los elementos probatorios frente a su participación en los hechos. (ii) No resulta aplicable en virtud del principio de congruencia la circunstancia de menor punibilidad de la ira o intenso dolor reconocida al autor material, pues ello ocurrió

como consecuencia de la celebración de un preacuerdo entre las partes, y no de la actividad probatoria en el juicio oral. (iii) No es procedente la exclusión de la circunstancia agravante del homicidio para el cómplice, porque la conducta punible es una sola y es inescindible para todos los que intervienen en su ejecución. Por tanto, la complicidad cobija también los agravantes del hecho punible, en este caso el numeral 7° del artículo 104 del Código Penal, pues según la acusación el homicidio se cometió sobre una persona en estado de indefensión. Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz (iv) La declaratoria de ilegalidad de la captura en flagrancia, en este caso reconocida en segunda instancia por un juez penal del circuito, no genera la invalidez de toda la actuación posterior, puesto que su ámbito se agota en el restablecimiento del derecho a la libertad. En esta medida, no quebranta la estructura del debido proceso que el juzgador haya valorado los testimonios rendidos en juicio oral por los funcionarios que participaron en el procedimiento de captura del procesado. En segundo lugar, respecto de la responsabilidad penal del acusado, arribó a las siguientes conclusiones: (i) Con base en la prueba de cargo es viable concluir que el acusado sí se encontraba en el lugar de los hechos y que, previo concierto, le prestó una ayuda posterior al autor material de la conducta punible. «Esta deducción de responsabilidad parte de un hecho indicador debidamente constatado y es el dado por el testimonio del policial Julián Andrés Cárdenas Quintero,

quien es claro al afirmar que, 1. Observó a Óscar Andrés Ballesteros disparándole a un cuerpo tendido en la mitad de la vía pública y reaccionando contra la presencia policial y 2. Observó la presencia de un vehículo Mazda gris a dos cuadras de los hechos, donde se subió el sujeto en la parte de atrás». (ii) Al valorar la prueba de descargo se advierte, «al rompe», que su contenido resulta dudoso, poco creíble y mendaz. (iii) No es una casualidad desafortunada la aprehensión del acusado por parte de los agentes de policía, pues de acuerdo a la valoración razonada de la prueba se encuentra Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz que participó en los hechos punibles y que ayudó a Óscar Ballesteros Ospina en su conducta delictual. (iv) Esa intervención o participación del acusado sí fue planteada fácticamente, aunque se haya hecho a través del informe ejecutivo presentado por los policiales que realizaron el procedimiento de captura.

V. LA DEMANDA El recurrente formula tres cargos en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior. Dos cargos por vía de la causal segunda y un cargo por vía de la causal tercera, previstas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004. 5.1. Cargo primero Se postula la nulidad de la actuación porque la acción penal se encontraba prescrita al momento de proferir la sentencia de segunda instancia. Estima el recurrente que es necesario el acto de publicidad de la decisión para que surta

el efecto jurídico que emana de ella, puesto que es el escenario en el que las partes se enteran de lo resuelto para determinar si se impugna o no la decisión. El artículo 179 de la Ley 906 de 2004 establece como obligatorio la lectura del fallo, lo que implica la publicidad de la decisión o su pronunciamiento en la misma audiencia. Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz Señala que en este asunto la lectura del fallo de segunda instancia se produjo el 5 de septiembre de 2019, nueve días después de su aprobación en Sala de Decisión, según consta en el acta No. 211 del 26 de agosto de 2019. La audiencia de formulación de imputación se realizó el 27 de agosto de 2009, con lo que ocurrió la interrupción de la prescripción de la acción penal. El término prescriptivo para el homicidio agravado después de la interrupción del conteo inicial sería de diez años. Por tanto, si la formulación de la imputación se llevó a cabo el 27 de agosto de 2009, la extinción de la acción penal por prescripción se produjo el 27 de agosto de 2019, fecha en la que ya se había aprobado la decisión en la Sala respectiva, pero no se había realizado su comunicación o lectura en audiencia. Por lo anterior, considera que se vulneró el debido proceso y se infringieron los artículos 29 de la Constitución, 77 y 332-1 de la Ley 906 de 2004, 83 y 86 de la Ley 599 de

2000, entre otros. Solicita que se case la sentencia impugnada y que se decrete la nulidad de todo lo actuado desde dicha providencia, inclusive, declarando la ocurrencia de la prescripción de la acción penal desde el 27 de agosto de 2019. 5.2. Cargo segundo Se alega la nulidad por violación del debido proceso y del derecho de defensa, porque la narración de los hechos Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz jurídicamente relevantes contenidos en el escrito de acusación, constituye una reproducción de los relatos de los agentes de policía que intervinieron en el procedimiento de captura del procesado. El recurrente señala que la fiscal no se esforzó por estructurar de manera clara, sucinta y en lenguaje comprensible los hechos de la acusación, como lo ordena el artículo 337 de la Ley 906 de 2004, con lo que se generó una confusión respecto del «factum» que se atribuyó al procesado, puesto que la versión de los policías constituye una percepción sesgada de lo acontecido, lo que resulta violatorio del debido proceso y del derecho de defensa. Afirma que el escrito de acusación es confuso porque los agentes de policía siempre sostuvieron que un vehículo Mazda allegro color gris fue el abordado por el autor material para procurar su huida de la escena del crimen, estando objetivamente probado que el vehículo conducido por el acusado era un Mazda 323 sedán color «estrato perla», según consta en la tarjeta de propiedad. La trascendencia de la censura «se estaciona» en la

confusión que generó al acusado y su defensa técnica el desafuero procesal, al punto que logró desequilibrar la estrategia defensiva, toda vez que no existió un marco delimitante para el juicio, requisito indispensable para la validez de la actuación. 10 Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz Considera que se vulneró el artículo 29 de la Constitución y el artículo 8” literal h) de la Ley 906 de 2004, entre otros, en la medida en que se impidió construir una adecuada estrategia defensiva, al no poder asir unas circunstancias de tiempo, modo y lugar específicas respecto de la captura y ulterior judicialización. Solicita que se case la sentencia y se declare la nulidad de todo lo actuado desde la audiencia de acusación, porque tuvieron que enfrentar un juicio sin la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, aspecto que obstaculizó la labor de planeación, dirección y estrategia de la defensa técnica. 5.3. Cargo tercero (subsidiario) Se acusa el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba por falso raciocinio. El recurrente afirma que el Tribunal condujo la decisión por el sendero de la violación indirecta de la ley sustancial, cuando en el proceso de apreciación probatoria desconoció las leyes de la ciencia, la lógica y las reglas de la experiencia, lo que conllevó a una aplicación indebida de los artículos 103 y 1047 del Código Penal, y la falta de aplicación del artículo 7° de

la Ley 906 de 2004 que consagra el principio de «in dubio pro reo». Indica que las pruebas sobre las que recayeron los errores de raciocinio, son los testimonios de los funcionarios de policía Julián Andrés Cárdenas, Galo José Delgado y 11 Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz Mauricio García Montes. Luego de transcribir los apartes de las declaraciones en las que considera que existen contradicciones entre los testigos, concluye que se trata de tres testimonios que no afloran convergentes como lo estimó el Tribunal, por lo que se incurrió en el yerro demandado. Censura que el Tribunal no haya considerado que el Mazda que conducía el acusado no era de color gris sino «estrato perla» y que no se haya valorado la prueba en su conjunto. Por tanto, solicita que se case la sentencia y que se absuelva al procesado.

VI. AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN 6.1. Defensa de RAÚL ALBERTO ROJAS CRUZ Reiteró la formulación de los tres cargos en los términos previamente expuestos, solicitando la invalidación de la actuación procesal como pretensión principal y la absolución por duda probatoria como pretensión subsidiaria. 6.2. Fiscalia Delegada ante la Corte Como no recurrente solicitó que no se case la sentencia impugnada. Se pronunció sobre los cargos de la demanda en

los siguientes términos: (i) La acción penal no se encuentra prescrita. La Sala de Casación Penal tiene definido que la suspensión del término 12 Casacion Ley 906

Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz prescriptivo ocurre cuando se aprueba la decisión en la sala correspondiente; no cuando se realiza su comunicación o lectura en audiencia. (ii) El demandante se refirió ampliamente a la jurisprudencia de la Sala en materia de hechos jurídicamente relevantes, pero no desarrolló de qué manera resulta aplicable para el caso concreto. (iii) Los agentes de policía fueron testigos presenciales de los hechos objeto de acusación, realizaron una persecución sin perder de vista el vehículo conducido por el acusado, sin que se haya impugnado su credibilidad en juicio. 6.3. Procuraduría Delegada para la Casación Penal Como no recurrente solicitó que no se case la sentencia impugnada por los cargos contenidos en la demanda. Se pronunció en los siguientes términos: (i) La acción penal no se encuentra prescrita. La postura de la Corte consiste en que se suspende el término de prescripción con la aprobación del fallo en la sala correspondiente. (ii) Los hechos respecto al rol que cumplió cada uno de los acusados se encuentran claramente definidos y a partir de ellos se construyó la imputación jurídica. 13 Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz (iii) El demandante resalta contradicciones entre los testigos para imponer su visión personal de la valoración probatoria, pero realmente no demuestra yerros en el raciocinio del Tribunal. Sin embargo, solicita que la Corte analice oficiosamente

dos situaciones que advierte: (i) en las sentencias de instancia se menciona que el acuerdo entre los coacusados fue posterior a la ejecución del homicidio, por lo que el delito cometido por RAÚL ALBERTO ROJAS CRUZ sería el de favorecimiento previsto en el artículo 446 del Código Penal; y (ii) no existió ninguna determinación del fundamento fáctico de la causal de agravación del homicidio, esto es, «colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación».

VII. CONSIDERACIONES 7.1. Cuestión preliminar Como los defectos de la demanda de casación se entienden superados con su admisión, corresponde a la Sala examinar de fondo los problemas jurídicos propuestos por el recurrente. Lo anterior porque el recurso extraordinario, como mecanismo de control legal y constitucional de las providencias judiciales, tiene por propósito hacer efectivo el derecho material, respetar las garantías de quienes intervienen en la actuación, reparar los agravios inferidos a las partes y unificar la jurisprudencia.

14 Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz 7.2. Respuesta a los cargos de la demanda Como se anunció, el recurrente formula tres cargos en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Buga. 7.2.1. Cargo primero La Sala, en consonancia con lo argumentado por el fiscal y el procurador delegados en la audiencia de sustentación, encuentra que la acción penal por la complicidad en el delito de homicidio agravado, contrario a lo

sostenido en la demanda, no se encuentra prescrita. El recurrente plantea la invalidez de la actuación debido a la ocurrencia de la prescripción de la acción penal, pero su postura se enfrenta a la jurisprudencia consolidada de esta Sala que sostiene que, al dictarse sentencia de segunda instancia en procesos regidos por la Ley 906 de 2004, se suspende el término de prescripción penal por 5 años, conforme a lo establecido en el artículo 189 del Código de Procedimiento Penal (CSJ AP1942-2021, radicado 58403; CSJ SP126-2024, radicado 61317; CSJ AP3403-2024, radicado 62466). En su argumentación deja de lado que la suspensión del término de prescripción prevista en el artículo 189 de la Ley 906 de 2004, opera con la emisión de la sentencia de segunda instancia y no con su lectura (CSJ SP975, 17 mar. 2021, rad. 58210). 15 Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz Sobre esta misma postura, en la decisión CSJ AP20342022, rad. 56205, se destacó que «la Sala de manera pacífica y reiterada ha señalado que las decisiones de segunda instancia, de conformidad con el artículo 179 de la Ley 906 de 2004, no se entienden proferidas el día en que se les da lectura, sino en la fecha en la que son adoptadas por el respectivo cuerpo colegiado; de modo que, es a partir de ese instante que se produce la suspensión del término de prescripción

a la cual se refiere el artículo 189 ibidem!». El argumento ofrecido por el recurrente sobre la aplicación del artículo 279 del Código General del Proceso, en virtud del principio de integración previsto en el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, no resulta de recibo, precisamente, porque no se trata de un asunto que carezca de expresa regulación en el Código de Procedimiento Penal y de hermenéutica por parte de la Sala de Casación Penal. En relación con el criterio de esta Sala, la Corte Constitucional en sentencia SU-214 de 2023, precisó que «se entiende que el periodo en el que transcurre el término de los cinco años, debe contabilizarse desde que se dicta la sentencia de segunda instancia, esto es, desde el día en que se adopta la providencia -no desde que se le da lectura-, momento a partir del cual es inmodificable dicha decisión. De este modo, es claro que lo alegado por el recurrente carece de la fortaleza argumentativa para generar algún tipo 1 Cfr., por ejemplo, CSJ SP, 14 ago. 2012, rad. 38467, reiterada en CSJ AP6453-2017, rad. 50477; CSJ SP1272-2018, rad. 48589; CSJ AP2919-2018, rad. 51572; CSJ AP3149-2018, rad. 51619, CSJ SP4649-2020, rad. 56451; CSJ SP975-2021, rad. 58210; CSJ SP1274-2021, rad. 54442; CSJ AP3403-2024, rad. 62466, entre otras. 16 Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301

Raúl Alberto Rojas Cruz de modificación en la consolidada línea jurisprudencial de la Sala, por demás, recientemente acogida por la Corte Constitucional. Ahora bien, el artículo 83 del Código Penal prevé que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, sin que en ningún caso sea inferior a cinco (5) años ni exceda de veinte (20). A su vez, el artículo 86 C.P., modificado por la Ley 890 de 2004, dispone que la prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación. Lo mismo se establece en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, disposición que agrega que, producida la interrupción, comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el mencionado artículo 83, sin que pueda ser inferior a tres (3) años. Y ese término prescriptivo, por disposición del artículo 189 de la Ley 906 de 2004, con la hermenéutica previamente analizada, se suspende con el proferimiento de la sentencia de segunda instancia por un lapso de cinco años. En el presente caso, el término prescriptivo se suspendió el 26 de agosto de 2019 cuando el Tribunal Superior de Buga profirió en Sala de Decisión el fallo de segundo grado. Teniendo en cuenta que la complicidad en el delito de homicidio imputado, incluso sin circunstancias de agravación, tiene una pena máxima legal que supera los 17 Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz veinte (20) años de prisión, fácilmente se concluye que la

acción penal se encuentra vigente, como quiera que entre la formulación de la imputación (27 de agosto de 2009) y la sentencia de segunda instancia (26 de agosto de 2019), no transcurrieron los diez (10) años requeridos para la consolidación del fenómeno prescriptivo. El cargo no prospera. 7.2.2. Cargo segundo La Sala, de conformidad con lo postulado por los no recurrentes en la audiencia de sustentación, advierte que no accederá a la solicitud de invalidación de lo actuado desde la audiencia de acusación, inclusive, porque no encuentra acreditada alguna vulneración sustancial de la estructura del debido proceso o del derecho de defensa, en los términos propuestos en la demanda. Sobre el concepto de hechos jurídicamente relevantes y su relación con el contenido de la imputación y la acusación, la Sala ha realizado, entre otras, las siguientes precisiones: (i) Según lo establecido en los artículos 288 y 336 de la Ley 906 de 2004, a la Fiscalía le corresponde expresar de manera sucinta y clara los hechos jurídicamente relevantes. (ii) Los hechos jurídicamente relevantes se identifican con los presupuestos fácticos que encajan o pueden subsumirse en el supuesto hipotético previsto por el 18 Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz legislador en el Código Penal. Dicho de otra manera, la relevancia jurídica del hecho se supedita a su correspondencia con la norma penal (Cfr., entre muchas otras, CSJ SP2042—2019, 5 jun. 2019, rad. 51007).

(iii) Al estructurar la formulación de los cargos, la Fiscalía no debe confundir o mezclar los hechos jurídicamente relevantes con sus hechos indicadores; y tampoco incorporar el contenido de los medios probatorios. (iv) Aunque mezclar los hechos jurídicamente relevantes, sus hechos indicadores y los contenidos probatorios constituye una impropiedad y una mala práctica, no conduce necesariamente a la anulación de la actuación, puesto que, a pesar de ello, es posible que el imputado o acusado haya comprendido el fundamento fáctico y jurídico de los cargos. (v) Para la adecuada estructuración de la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes, es necesario que la Fiscalía conozca e interprete correctamente las normas penales que considera aplicables al caso. (vi) Si en la imputación y la acusación se incluyen varios delitos, la Fiscalía debe referirse a los hechos jurídicamente relevantes para cada uno de ellos. Si los cargos se formulan en contra de varias personas, se debe indicar cuál es la forma de intervención de cada una de ellas, incluyendo los respectivos hechos jurídicamente relevantes. 19 Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz (vii) La hipótesis de hechos jurídicamente relevantes contenidos en la acusación determina aspectos medulares del proceso, entre ellas, el tema de prueba, el estudio de pertinencia de las pruebas, la función decisional del juez en virtud del principio de congruencia, etcétera (CSJ SP3168, 8

mar. 2017, rad. 44599; CSJ SP19617, 23 nov 2017, rad. 45899; CSJ SP2042, 5 jun 2019, rad. 51007, CSJ SP372-2021, 17 feb. 2021, rad. 55532 y CSJ SP4525-2021, 6 oct. 2021, rad. 56204, entre muchas otras). Pero, en este caso, sin acreditar la trascendencia más allá de la mera enunciación, el casacionista se limita a repetir que: (i) la fiscal no se esforzó por estructurar de manera clara, sucinta y en lenguaje comprensible los hechos de la acusación; (ii) la narración de los hechos de la acusación se extrajo del informe ejecutivo realizado por los funcionarios de policía que intervinieron en el procedimiento de captura; (iii) la fiscal generó una confusión sobre los hechos atribuidos al procesado, lo que impidió construir una adecuada estrategia defensiva al no contar con unas circunstancias de tiempo, modo y lugar específicas. Es innegable que la fiscalía incurrió en la mala práctica de confundir la elaboración de una imputación fáctica, con relatar lo consignado en una denuncia o en un elemento material probatorio, pero ello no significa que al procesado no se le haya hecho saber en un lenguaje claro y comprensible la conducta por la cual se le estaba imputando y acusando. 20 Casacion Ley 906 Radicado No. 56631 CUI 76520600000020180000301 Raúl Alberto Rojas Cruz Desde la audiencia de formulación de imputación, el núcleo fáctico atribuido a RAÚL ALBERTO ROJAS CRUZ fue

comunicado con claridad y se mantuvo sin modificación hasta la sentencia de segunda instancia. En concreto, se le imputó esperar al autor material del homicidio y conducir un vehículo para lograr la escapatoria del lugar de los hechos, lo que finalmente se vio truncado por la persecución de los funcionarios de policía que culminó con la interceptación del vehículo y la captura del procesados. En la sentencia impugnada, el Tribunal verificó que la participación del acusado sí fue planteada fácticamente desde la audiencia de formulación de imputación, apreciación que la Sala comparte, aunque inapropiadamente se haya realizado con base en el informe ejecutivo presentado por los policiales, veamos: Los cargos que le hace la Fiscalía a Óscar Andrés Ballesteros Ospina y Raúl Alberto Rojas Cruz, tienen como fundamento el informe que suscribieron los policiales Julián Andrés Cárdenas y el subintendente Galo José Delgado Montenegro, personas que para el día 26 de agosto de 2009, a las 19:13 horas, cuando patrullabaponr la carrera 23 con calle 17 del municipio de Palmira, fueron informados de unos disparos. Inmediatamente se hacen presente en la carrera 26, y al llegar a la calle 16, observan a mitad de cuadra a una persona que le disparaba a otra persona que estaba tendida en el piso. Al notar la presencia este individuo de los policiales disparó en repetidas ocasiones contra la patrulla respondiendo la patrulla y hubo un intercambio de disparos. El sujeto sale corriendo hasta la carrera 25 con calle 15 esquina, donde lo esperaba un vehículo Mazda, allegro, color gris, vidrios

oscuros, en el que se montó éste y emprendieron la huida. Los policiales inmediatamente solicitan apoyo a las demás unidades cercanas y se inicia la persecución sin perderlos de vista (...) Encontrándose por la carrera 31 y sin perderlos de vista, observan que a unos 80 metros el vehículo merma la velocidad y de él se tira un sujeto que es capturado inmediatamente (...) La patrulla 3-2 del CAI Olímpico hace la aprehensión hallándole