CSJ - SP228-2024(62282)

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente SP228-2024 Radicado N° 62282. Acta 27. Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). VISTOS La Corte se pronuncia respecto de los recursos de apelación presentados por las delegadas de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público, así como por la apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP (víctima), contra la sentencia emitida el 26 de julio de 2022, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, a través de la cual absolvió a GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO, en su condición de Juez Primero de Familia de Sincelejo, acusado de la comisión de los delitos de Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO Prevaricato por acción (en concurso homogéneo y sucesivo), y Peculado por apropiación en favor de terceros agravado. ANTECEDENTES Fácticos El 26 de julio de 2002, la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconoció a Julieta del Carmen Albis González, la pensión de vejez, mediante la Resolución No. 20504, en una cuantía mensual de $5’053.754, que se haría efectiva a partir del 9 de febrero de 2002, condicionada a su

retiro como Procuradora Judicial II ante el Tribunal Superior de Sincelejo. Posteriormente, Julieta del Carmen Albis González promovió -la primeraacción de tutela en contra de CAJANAL, a fin de dejar sin efecto la citada resolución. Estimó que la referida entidad no había liquidado correctamente su pensión de vejez, según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971. El 10 de junio de 2003, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo accedió a sus pretensiones. En consecuencia, le ordenó a CAJANAL la liquidación, reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la mencionada demandante, con la correspondiente inclusión de todos los factores salariales desde la fecha de su retiro y “tomando como base el último salario más elevado 2 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO devengado, equivalente al 75% de la mencionada asignación”. De ese modo, CAJANAL dictó la Resolución No. 14759 del 8 de agosto de 2003, en la que reliquidó la pensión de Julieta del Carmen Albis González, en una cuantía de $6’299.506,74, con efectividad a partir del 1 de diciembre de 2002 (fecha del retiro), y, además, ordenó el pago de las diferencias resultantes entre lo reconocido en la Resolución No. 20504, del 26 de julio de 2002, y la fecha de inclusión en nómina. El 27 de agosto de 2003, la susodicha accionante

formuló incidente de desacato para obtener el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia en comento, debido a que en la Resolución No. 14759, no se tuvo en cuenta el último salario devengado. En consecuencia, CAJANAL expidió la Resolución No. 22565, del 22 de octubre de 2004, por medio de la cual volvió a reliquidar y elevó la cuantía de su mesada pensional, en la suma de $6’453.545,13. Concomitantemente a lo relatado, Julieta del Carmen Albis González formuló acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Decreto 2668 del 31 de diciembre de 1998, a efectos de obtener el reconocimiento del 100% de la bonificación por compensación asignada a los Magistrados de Altas Corporaciones Judiciales, y el pago de intereses, con retroactividad al 1 de enero de 1999. Se fundamentó en que 3 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO había desempeñado el cargo de Procuradora Judicial II, ante el Tribunal Superior de Sincelejo. Agotado el trámite de rigor, el 1 de noviembre de 2001, la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Sucre accedió a sus pretensiones: La bonificación por compensación mensual y con carácter permanente le fue reconocida en 60% para el año 1999; 70% para el año 2000; y 80% para el año 2001. El 13 de julio de 2007, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado

confirmó la determinación. Más tarde, Julieta del Carmen Albis González solicitó a CAJANAL una nueva reliquidación de su pensión de vejez, a fin de que se le aumentara la cuantía de la mesada pensional. El 20 de junio de 2011, CAJANAL profirió la Resolución UGM 000146, por medio de la cual negó su aspiración, dado que, según las directrices de la Circular 054 de 2010, expedida por la Procuraduría General de la Nación, y el Decreto 546 de 1971, el máximo valor a pagar por concepto de mesada pensional ascendía a $6’180.0001 (para el año 2002, fecha de su retiro). Ello, con ocasión del tope máximo pensional de 20 SMLMV, previsto en el Decreto 314 de 1994. 1 El salario promedio de asignación mensual más elevado que devengó en el último año servicios fue de $12624.451,17. Dicha suma, al ser multiplicada por 75%, arroja el guarismo de $9468.338,25. Pero, al superar los 20 SMLMV para el 2002, queda en $6180.000. 4 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO De ese modo, Julieta del Carmen Albis González promovió -la segundaacción de tutela contra CAJANAL, con el propósito de lograr el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de vejez “sin limitación a los 20 SMLMV”, así como también el reajuste de los valores resultantes y el pago

de los intereses previstos en las normas del Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo que, en su favor, decidió la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Por reparto, el asunto correspondió al Juzgado Primero de Familia de Sincelejo, bajo el radicado “2011-00496-00”. En tal actuación, el implicado profirió varias decisiones judiciales tildadas de prevaricadoras, así:

I. El 23 de agosto de 2011, el titular de ese despacho, GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO, accedió a las pretensiones de Julieta del Carmen Albis González, con carácter definitivo (primer prevaricato atribuido al implicado, por contrariar los precedentes CC C-089 de 1997 y C-155 de 1997, así como CC C-258 de 2013, SU-210 de 2017 y T-360 de 2018).

Es decir, además de amparar los derechos fundamentales que estimó conculcados, dispuso dejar sin efecto la Resolución UGM00146, del 20 de junio de 2011, para que, en su lugar, CAJANAL reliquidara, en el término de 48 horas, la pensión de vejez de la tutelante “sin la limitación de los 20 SMLMV, conforme a lo establecido en las 5 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO normas especiales para la Rama Judicial y el Ministerio Público”. A la par, ordenó que la liquidación debía realizarse a partir del 1 de diciembre de 2002, fecha en la que la

accionante fue retirada del servicio en la Procuraduría General de la Nación. La decisión no fue impugnada, ni seleccionada para revisión.

II. Por solicitud de la citada accionante, el 20 de febrero de 2012, GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO, en su condición de Juez Primero de Familia de Sincelejo, sancionó a CAJANAL, vía incidente de desacato (segundo prevaricato atribuido al implicado).

Sin embargo, en providencia del 21 de marzo de 2012, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo revocó la sanción impuesta, tras considerar que el acusado desconoció la suspensión de las órdenes de arresto y multas impuestas al liquidador de CAJANAL, a partir del 22 de julio de 2010, medida dispuesta por la Corte Constitucional, a través del pronunciamiento T1234 de 2008, en concordancia con el Auto 243 de 2010. Así, esa Colegiatura advirtió que era improcedente la sanción impuesta a la entidad accionada. El 14 de mayo de 2012, CAJANAL expidió la Resolución No. UGM046184, para dar cumplimiento al fallo de tutela 6 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO proferido por el acusado, en su calidad de Juez Primero de Familia de Sincelejo. En ese acto administrativo, dispuso reliquidar la pensión de Julieta Albis González, en la suma

mensual de $9’468.338,25,2 efectiva a partir del 1 de diciembre de 2002 (fecha del retiro de la accionante). CAJANAL también ordenó liquidar las diferencias resultantes de la pensión reliquidada por ese acto administrativo, respecto de las anteriores resoluciones, en las que se había efectuado el pago. El 16 de enero de 2013, Julieta del Carmen Albis González presentó -el segundo incidente de desacatoal estimar que CAJANAL había incumplido lo ordenado en el fallo de tutela tildado de prevaricador, pues, consideró que dicha entidad, con la expedición de la Resolución No. UGM046184, no reliquidó la pensión, con la bonificación, en un 100%, sino en doceavas partes. El 31 de enero de 2013, el Juzgado Primero de Familia de Sincelejo dio apertura al trámite incidental y decretó de oficio, el 15 de abril de 2016, la práctica de un dictamen pericial contable, en tanto, a su juicio, esta prueba resultaba necesaria para determinar si la reliquidación efectuada por CAJANAL, en la Resolución UGM046184, se ajustaba a las órdenes adoptadas por el Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 El salario promedio de asignación mensual más elevado que devengó en el último año servicios fue de $12624.451,17, correspondiente al mes de diciembre de 2002. Dicha suma, al ser multiplicada por 75%, arroja el guarismo de $9468.338,25.

7 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO que adelantó la accionante, así como a lo dispuesto en el fallo de tutela cuestionado. El 28 de julio de 2016, se allegó dicho peritaje.

III. El 11 de enero de 2017, la autoridad judicial decidió el referido trámite incidental e impuso a la UGPP -sucesor procesal de CAJANALsanción por desacato (tercer prevaricato atribuido al implicado).

Al efecto, GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO, en su calidad de Juez Primero de Familia de Sincelejo, adujo que la entidad accionada había dado cumplimiento parcial al señalado fallo de tutela, pues, si bien, reconoció la pensión de vejez sin limitarla al tope de 20 SMLMV, no realizó la indexación de la diferencia a cancelar, ordenada en la sentencia tildada de prevaricadora. Suma que, de acuerdo con dictamen pericial ordenado por el juez constitucional acusado, ascendía a $2.574’586.608. El 10 de febrero de 2017, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, al resolver el grado jurisdiccional de consulta de la anterior decisión, declaró la nulidad de lo actuado, por falta de notificación, a la UGPP, de la apertura del incidente, y por falta de traslado del mencionado informe pericial. En consecuencia, ordenó la devolución de las diligencias al juzgado de origen, para que

se pronunciara nuevamente acerca del aludido trámite. 8 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO El 12 de junio de 2017, el acusado, en su calidad de Juez Primero de Familia de Sincelejo, al decidir nuevamente el incidente de desacato, se abstuvo de sancionar a la UGPP. Para el año 2017, Julieta del Carmen Albis González recibía, como mesada pensional, la suma de $17.316.026.

IV. Como consecuencia del fallo de tutela cuestionado, así como de la sanción impuesta a la UGPP, esta última, mediante Resolución RPD00831, del 2 de marzo de 2017, dispuso el pago, que se hizo efectivo en el año 2019, por la suma de $874.211.921 (único cargo de peculado atribuido al implicado). De ese monto, $480.342.719, corresponden a la diferencia en mesadas pagadas de noviembre de 2012 a marzo de 2019, indexados al 26 de abril de 2019; y $393.869.202, a retroactivo de octubre de 2012, indexado al 26 de abril de 2019.

Finalmente, la UGPP promovió acción de tutela contra el fallo tildado de prevaricador. Las instancias la declararon improcedente, pero la Corte Constitucional lo dejó sin efecto, en pronunciamiento T-073 de 2019. Ello, al advertir la configuración de “la cosa juzgada fraudulenta por fraude a la ley”, debido a la presencia de irregularidades que generaron

afectación a los derechos fundamentales de la entidad accionante, de la comunidad en general, así como el detrimento en los principios constitucionales que orientan el sistema pensional. Además, compulsó copias con destino a autoridades penales, disciplinarias y fiscales. 9 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO Así, la accionante pasó de recibir mesada pensional de $18.597.423 (año 2019), a una prestación correspondiente a $13.995.051 (año 2022). Procesales En el año 2017, la UGPP denunció al implicado por los hechos descritos en precedencia. El 3 de julio de 2019, ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Sincelejo, la fiscalía formuló imputación en contra de GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO, por los delitos de Prevaricato por acción, en concurso homogéneo y sucesivo, y Peculado por apropiación en favor de terceros agravado (artículos 413 y 397 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 ibidem), en calidad de autor, cargos que no aceptó. No hubo solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El escrito de acusación correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo. El 11 de febrero de 2020, la Fiscalía lo verbalizó en relación con los anunciados punibles. La diligencia preparatoria tuvo lugar en sesiones adelantadas el 15 de septiembre, el 15 y 30 de octubre, y el 19

de noviembre de 2020. En esta última oportunidad, las partes 10 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO formularon recurso de apelación frente a la negativa de algunas solicitudes probatorias. El 3 de marzo de 2021, la Corte lo definió, en AP743-2021.3 El 22 de junio de 2021 culminó dicha audiencia. El juicio oral se desarrolló en varias sesiones, las cuales iniciaron el 29 de julio de 2021 y culminaron el 26 de julio de 2022, última fecha en la cual el despacho anunció sentido de fallo absolutorio y se dio lectura de la decisión. LA SENTENCIA APELADA En cuanto al primer prevaricato endilgado a GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO, en su condición de Juez Primero de Familia de Sincelejo, alusivo al fallo de tutela que adoptó el 23 de agosto de 2011, el Tribunal transcribió las consideraciones de la sentencia constitucional. Seguidamente, destacó que el fallador implicado, “aunque no lo hizo de manera exhaustiva, como lo reclama la acusadora, sí examinó “de manera suficiente” el requisito de la subsidiariedad de la acción de amparo que Julieta del Carmen Albis González promovió contra CAJANAL, pues, se soportó en el pronunciamiento CC T-483 de 2009, el cual estimó “pertinente” para el caso concreto. 3 Se dispuso revocar parcialmente la decisión impugnada. En su lugar, decretar como

pruebas los testimonios de Alexander Loaiza Barreto y del abogado Saúl Vega Mendoza, pedidos por la defensa. 11 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO Advirtió que el juez acusado comprobó que CAJANAL incurrió en “vía de hecho” al “negarse a reliquidar” la pensión de vejez de la demandante, “con arreglo al régimen especial de la Rama Judicial y del Ministerio Público, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el artículo 6° del Decreto 546 de 1971”. Así, el Tribunal explicó que el acusado constató la violación del debido proceso de la accionante, para lo cual “no era necesario que el juez se empeñara en examinar a profundidad otras circunstancias”, como si la demandante fuera: (…) una persona analfabeta o que tuviera alguna discapacidad física o mental o que estuviera bajo situación producto de actividades o funciones políticas, públicas, sociales y humanitarias o de conflicto armado interno, o ante una situación especial de vulnerabilidad como consecuencia de una situación socioeconómica de pobreza, o si contaba con recursos que provenían de los reconocimientos pensionales obtenidos mediante diversas reclamaciones judiciales anteriores. En ese sentido, indicó que el implicado tampoco tenía “la obligación de profundizar en la existencia de otro mecanismo de defensa judicial”, lo que “de contera descarta que hubiera desplazado al juez de lo contencioso administrativo”, ni “valorar la configuración de un perjuicio

irremediable”, figura que, de operar, conllevaría a la protección constitucional de manera transitoria, empero, no fue esta la forma en que el encartado concedió el amparo, sino de manera directa, conforme “lo auspiciaba la jurisprudencia constitucional aplicada al caso”. 12 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO Citó el precedente CSJ SP903-2021, para referir que un acusado fue absuelto por un “reproche similar” al presente, dada la “falta o precaria sustentación del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela”, en tanto, en aquel caso, el juez procesado sustentó su decisión “en la edad del actor y en el perjuicio irremediable”. El Tribunal sostuvo que, si el caso de Julieta Albis González, lo hubiera conocido la jurisdicción contenciosa administrativa, era “bastante probable” que hubiera decidido “en igual sentido que el acusado”. Para soportar esa afirmación, se apoya en el pronunciamiento CC T-334 de 2021. Expone que el procesado no burló los precedentes que la Fiscalía invocó en su acusación (T-624 de 2012 -sobre este destacó que el acusado no la pudo desconocer, porque, a la fecha de emisión de la sentencia de tutela tildada de prevaricadora, aún no existía dicho pronunciamiento-, T-234 de 2011, T-001 de 1997, T-637 de 1997, T-718 de 1998, T-325 de 1999, T-612 de

2000 y T-886 de 2000), concernientes a la improcedencia de la acción de tutela para reclamar la reliquidación e indexación de una pensión que ya había sido otorgada, porque “no era cierto que a la sazón la tesis de la Corte Constitucional sobre la improcedencia de la tutela para ordenar la reliquidación de pensiones fuera uniforme y pacífica en tratándose del régimen especial de la Rama 13 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO Judicial y del Ministerio Público”, conforme lo evidencian la T-483 de 2009, y la T-189 de 2001. Sobre el desconocimiento del límite del monto de la mesada pensional de vejez, aplicable al régimen especial de la Rama Judicial y del Ministerio Público, conforme a lo consignado en los pronunciamientos CC C-089 de 1997 y C-155 de 1997, el Tribunal también transcribió las motivaciones del fallo de tutela. Consecutivamente, afirmó que el acusado se fundó en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que predicaban la inescindibilidad de las reglas que consagran el régimen de transición para funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público (artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y artículo 6 del Decreto 546 de 1971), y el principio de favorabilidad, de acuerdo con los cuales “el monto de la pensión de vejez no estaba sometido a la cuantía o monto del régimen ordinario, contrario a lo que afirma la

Fiscalía”. Adujo que el pronunciamiento C-089 de 1997, refuerza la tesis del acusado; y que el precedente C-155 de 1997, no se refirió al régimen en comento, porque no fue demandado, lo cual impide afirmar que “la interpretación allí ofrecida (…) sea extensiva” a aquellos funcionarios. Sostuvo que el fallo de tutela cuestionado, en estricto sentido, no contrarió el artículo 5 de la Ley 797 de 2003, ni 14 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO el parágrafo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, los cuales prevén que, a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a 25 SMLMV, con cargo a recursos de naturaleza pública, porque la pensión de vejez de Julieta del Carmen Albis González, se había causado “mucho tiempo antes”. Añadió que el acusado “no dijo que la pensión de vejez de la accionante podía exceder ese monto [25 SMLMV], solamente que se le debía liquidar sin el límite de los 20

SMLMV”.

El Tribunal consideró que el tema de las “megapensiones” fue aclarado con la sentencia C-258 de 2013, cuando se analizó el régimen de transición especial de los congresistas, aplicable a los magistrados de las altas cortes y “otros funcionarios”, que no a los de la Rama Judicial, ni a los del Ministerio Público, consagrado en el

artículo 4 de la Ley 4ª de 1992, en el que se precisó que “no podían ser superiores a 25 SMLMV”. Transcribió el precedente CC SU-023 de 2018, para referir que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado manejaban posturas disímiles sobre la temática alusiva a los aspectos del régimen de transición (edad, tiempo de servicios, monto porcentual, el ingreso base de liquidación (en adelante, IBL), etc.). 15 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO Asimismo, transliteró apartes del pronunciamiento CSJ SP903-2021, en cuanto a lo discutible del tema de la inclusión del 100% de la bonificación por actividad judicial, para concluir que el acusado: (…) no infringió las normas que regulan el monto de las pensiones de vejez del régimen de la Rama Judicial y el Ministerio Público, pues, la sentencia del 23 de agosto de 2011, la fundó en las normas legales vigentes y en la postura de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado reinante hasta esa época, aplicables al caso de Julieta del Carmen Albis González, las cuales no establecían límites a la pensión de vejez ya que el problema de las pensiones altas en los regímenes especiales apenas afloró en la sentencia C-258 de 2013 y solamente fue resuelto cuando la Corte Constitucional dicta la sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015, ratificada en la SU-210 de 2017, en la cual anuló la que

había proferido el Consejo de Estado en el año 2014, línea consolidada en las sentencias SU-023 de 2018 y T-334 de 2021. El Tribunal se pronunció sobre el principio de sostenibilidad financiera -la Fiscalía lo estimó lesionado por el acusado con su obrar-. Consideró que “por más importante que sea en el sistema de seguridad social, no podía erigirse en obstáculo para la protección de los derechos fundamentales” de la accionante. Adujo que, si así lo hizo la Corte Constitucional (T-483 de 2009 y T-860 de 2012), o el Consejo de Estado (sentencia de unificación 00632 de 2014), sin violarlo, “tampoco lo [lesionó] el juez acusado”. La misma situación predica de la UGPP, entidad que le pagó a Julieta del Carmen Albis González, para el año 2021, mesada pensional de $13.995.051, pese al pronunciamiento CC T-079 de 2019, que dejó sin efecto lo resuelto por el implicado, suma “muy superior” a los $6.180.000, que 16 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO CAJANAL le reconoció en la Resolución UGM000146 del 20 de junio de 2011, como consecuencia del fallo de tutela cuestionado. Acerca del término que el procesado otorgó a CAJANAL, para que cumpliera la orden (48 horas, en vez de 10 meses, según el precedente T-1234 de 2008), el Tribunal

determinó que es “infundado”, porque “la Corte no dijo tal cosa, y si así lo fuera, dicho plazo ya estaba vencido cuando el juez dictó el fallo”. Así, concluyó que la sentencia de tutela objetada no es manifiestamente ilegal, pues, no infringió (i) el artículo 86 Superior, ni el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, dado que el acusado sí examinó el principio de subsidiariedad, con base en los precedentes jurisprudenciales en los que apoyó su decisión; (ii) las disposiciones normativas relativas a los topes pensionales del régimen especial de transición de la Rama Judicial y del Ministerio Público, en tanto, no establecía límites a la pensión de vejez, según la jurisprudencia “reinante” en ese momento; (iii) ni atentó contra el principio de sostenibilidad financiera4; (iv) ni excedió el plazo concedido por la Corte Constitucional a CAJANAL, para que respondiera las más de 30.000 solicitudes prestacionales pendientes. 4 Este pilar constitucional vela por el buen funcionamiento del sistema general de seguridad social en pensiones, con el objeto de prevenir el desplome del mismo y lograr que esté en la capacidad de sufragar las pensiones de las personas que gozan de esa prestación. En suma, su fin es “asegurar [la] cobertura universal, la inclusión de las clases menos favorecidas y el pago efectivo de las mesadas pensionales” (CC C-258 de 2013). 17 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902

GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO Sobre el dolo, el Tribunal expresó que, a pesar de estar acreditado que el implicado tenía una experiencia judicial de 23 años para la época, lo cierto es que “en calidad de juez de familia solo llevaba 13 años”, cargo que no le exigía, ni lo dotaba de conocimientos especiales en seguridad social en pensiones, particularmente, en el aludido régimen especial de transición. Aclara que esa experiencia “por sí sola no es suficiente para afirmar que conocía que la decisión que estaba tomando era manifiestamente ilegal”. Al contrario, le generaba la creencia que respetaba el ordenamiento jurídico. Agregó que el procesado no adoptó de forma inconsulta la decisión objetada, sino que, preguntó a un experto en seguridad social, quien le asesoró sobre los topes pensionales, el régimen de excepción consagrado en la Ley 100 de 1993, y la controversia que sobre ese tema se suscitaba en el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Indicó que, en la sentencia de tutela no fueron abordadas las diferentes posturas de las Altas Cortes sobre la temática, por la alta carga laboral (casi 2000 procesos, para la época) y la brevedad del término para fallar las acciones constitucionales, “debiendo confiar en el proyecto que le hizo el secretario [“neófito en asuntos pensionales”] y en la asesoría que le dio el doctor Saúl Vega Mendoza [“especialista en pensionales”]”. 18 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902

GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO De esa manera, el Tribunal concluyó que el acusado no obró dolosamente, pues, estaba convencido de que el fallo cuestionado se encontraba ajustado al ordenamiento jurídico, porque “así lo dijo en el juicio oral”. A la par, determinó que el procesado no obró con conciencia de antijuridicidad, ni se le podía exigir otra conducta, pues, la jurisprudencia en la cual se apoyó le autorizaba para conceder el amparo de manera directa, porque a partir del precedente “C-158 de 2013” (sic) fue que se empezó a fijar la línea jurisprudencial acerca de “la forma en que se debe liquidar el IBL en los regímenes especiales de transición”. En cuanto al segundo prevaricato endilgado a GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO, en su condición de Juez Primero de Familia de Sincelejo, alusivo a la providencia adiada el 20 de febrero de 2012, en la que sancionó con multa de 5 SMLMV y 10 días de arresto al representante legal de CAJANAL, el Tribunal consideró que el cargo es incompleto, debido a que la Fiscalía no informó cuál fue la providencia de la Corte Constitucional que ordenó suspender las sanciones por desacato impuestas al gestor de aquella institución. También consideró que el cargo es desacertado, porque la suspensión de dichas sanciones, que hiciera la Corte Constitucional en la sentencia T-1234 de 2008 y en el Auto 19 Segunda instancia acusatorio N° 62282

CUI 70001600103720170069902 GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO 243 de 2010, no era aplicable al caso de Julieta Albis González, dado que tales restricciones fueron emitidas con anterioridad a la providencia objetada. Destacó que aquellos pronunciamientos no prohibieron a los jueces de la República adelantar otros incidentes de desacato o imponer sanciones hacia el futuro. Así, concluyó que la conducta enrostrada al acusado es atípica, en el plano objetivo. En lo referente al tercer prevaricato endilgado a GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO, en su condición de Juez Primero de Familia de Sincelejo, atinente al desconocimiento del debido proceso en el incidente de desacato resuelto con el interlocutorio del 11 de enero de 2017, en tanto, omitió (i) notificar el asunto al encargado de cumplir la sentencia de tutela cuestionada; (ii) notificar previamente al superior inmediato del obligado a obedecer dicho mandato; y (iii) dar traslado del dictamen a la UGPP; el Tribunal consideró que el cargo fue “erróneamente formulado, incompleto e infundado”. Lo primero, en la medida en que debió estructurarse por Prevaricato por omisión. Lo segundo, porque dejó de indicar cuál es la norma que consagra el deber de notificar el incidente de desacato a la responsable del cumplimiento del fallo de tutela. 20 Segunda instancia acusatorio N° 62282 CUI 70001600103720170069902

GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO Lo infundado dice relación con que (i) la Fiscalía no probó que CAJANAL no hubiera sido notificada dentro del radicado 2011-00496-00. Por el contrario, la defensa acreditó que la UGPP (sucesor procesal de aquella) sí fue vinculada a la actuación, al punto que pidió, en dos oportunidades, la declaratoria de cumplimiento de la sentencia de tutela; (ii) la “acción de cumplimiento” no es prerrequisito de la apertura del incidente de desacato (CC C-367 de 2014); y (iii) por tratarse de una prueba de oficio, no era obligatorio el traslado del dictamen pericial, porque el trámite incidental dentro de la acción de tutela carece de audiencias para su contradicción. De ese modo, estimó que el obrar del implicado es atípico, en el aspecto objetivo. Acerca del delito de Peculado por apropiación a favor de terceros atribuido a GUILLERMO RAMÓN RODRÍGUEZ GARRIDO, en su condición de Juez Primero de Familia de Sincelejo, concerniente al pago que debió hacer la UGPP a Julieta del Carmen Albis González, por un monto de $874.211.921, producto de la senten