CSJ - SP230-2022(57857)

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente SP230-2022 Radicación n° 57857 Acta No 022 Bogotá D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veintidós (2022). ASUNTO La Sala, con el fin de garantizar el principio de doble conformidad judicial, examina el fallo del 20 de febrero de 2020, por medio del cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga revocó la sentencia absolutoria dictada el 14 de junio de 2019 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esa ciudad, y declaró a Leonardo Herrera Anaya como responsable del delito de fraude procesal.

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya

1. HECHOS El 11 de octubre de 2010, Leonardo Herrera Anaya solicitó al Banco Santander, sede Bucaramanga, el pago del cheque No. 00014, aparentemente librado por María del Carmen Chaparro de Lozano, por la suma de 100 millones de pesos. Como el pago no se hizo efectivo, Herrera Anaya protestó el cartular y procedió a iniciar el correspondiente proceso ejecutivo; actuación judicial que se identificó con el consecutivo 2011-00108, y cuyo conocimiento le correspondió

al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga. Dado que el extremo pasivo de la actuación propuso la excepción de cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación, el 6 de septiembre de 2012, Herrera Anaya acudió a la sede judicial a absolver un interrogatorio de parte donde

aseguró que el importe del cheque correspondía al pago de unos honorarios que se habían causado con motivo de un contrato de corretaje donde él había sido el intermediario. En dicha diligencia y, con el fin de desvirtuar las excepciones propuestas, Leonardo Herrera aseveró que en el año 2008, él había celebrado un contrato de corretaje con Uriel Gordillo Ortiz, con el fin de ayudarle a vender un edificio de su propiedad, el cual se encontraba ubicado en el centro de Bogotá, negocio que le fue propuesto a María del Carmen Chaparro y Jaime Enrique Díaz, personas que terminaron suscribiendo con Gordillo Ortiz un contrato de promesa de compraventa sobre ese inmueble. 2

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya Afirmó que el pago de sus honorarios como intermediario, había sido asumido por María del Carmen Chaparro, persona que a su vez habría descontado el monto de los mismos del precio final de la negociación. Tales manifestaciones fueron tachadas de mendaces por la señora Chaparro de Lozano, quien negó haber entregado directamente el cheque a Herrera Anaya, así como haberse hecho responsable del pago de una comisión sobre el referido negocio, menos aun cuando el mismo había fracasado, ya que el contrato de compraventa nunca se firmó, dado que el vendedor nunca acudió a la firma de las escrituras y, además, les había ocultado que el predio se encontraba embargado, motivo por el cual su traspaso era imposible. Dado que las manifestaciones realizadas por la ejecutada no tuvieron eco dentro de la actuación judicial en comento, en

tanto que las afirmaciones hechas por Herrera Anaya sí surtieron efecto, al punto de lograr una orden de pago y ejecución en su favor, la afectada formuló denuncia penal, tras estimar que se había consumado el punible de fraude procesal.

2. ANTECEDENTES

1. El 25 de junio de 2014, ante el Juzgado 21 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, la Fiscalía formuló imputación contra Leonardo Herrera Anaya por el punible de falsedad en

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya documento privado1, en concurso heterogéneo con fraude procesal2, cargos que no fueron aceptados por el referido ciudadano. El ente acusador no solicitó la imposición de ninguna medida de aseguramiento en contra del procesado.

2. El 8 de septiembre de 2014, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra de Herrera Anaya, actuación procesal donde ratificó que éste sería procesado por las mismas conductas que le fueron endilgadas en la diligencia de imputación.

3. Asignado el conocimiento del asunto al Juez Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga con funciones de Conocimiento y, tras varios aplazamientos, el 29 de septiembre de 2015 tuvo lugar la vista acusatoria, diligencia donde se ratificaron los cargos en contra de Leonardo Herrera Anaya por los mismos sucesos y delitos que fueran narrados en la audiencia de imputación y en el escrito de acusación.

4. El 2 de diciembre de 2015 se instaló la audiencia

preparatoria, diligencia que se extendió hasta 18 de enero de 2017, en la medida que se registraron numerosos aplazamientos de la misma, la gran mayoría de ellos imputables al procesado y su defensa, quienes no concurrían a sus citaciones o simplemente solicitaban su postergación. 1 Artículo 289 del Código Penal. 2 Artículo 453 íbidem 4

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya Finalmente, el 13 de febrero de 2018 se dio inicio a la audiencia de juicio oral, la que se prolongó hasta el 5 de abril de 2019, fecha en la cual el Juez de conocimiento profirió sentido del fallo absolutorio en favor del procesado, mismo que se materializó en la sentencia del 14 de junio del mencionado año, donde se le exoneró de los cargos por los que fuera acusado.

5. Apelado el fallo de primera instancia por el Delegado de la Fiscalía y el Representante de las Víctimas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, en providencia del 20 de febrero de 2020, revocó la absolución de primer grado y procedió a disponer, de una parte, la prescripción de la acción penal frente al punible de falsedad en documento privado y, de otra, a declarar al procesado penalmente responsable por el delito de fraude procesal, imponiéndole una pena de 72 meses de prisión, multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 60 meses.

Adicionalmente, le fue negada la suspensión condicional

de la ejecución de la pena, pero le fue concedido el beneficio de la prisión domiciliaria, ello, bajo los términos y compromisos previstos en la ley.

8. El defensor del procesado interpuso el recurso de impugnación especial en contra del fallo de segundo grado, toda vez que allí se produjo la primera sentencia condenatoria en contra de Leonardo Herrera Anaya.

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3. DECISIÓN IMPUGNADA La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga revocó la sentencia absolutoria de primer grado, tras efectuar las siguientes valoraciones de orden legal y probatorio.

1. Como primera medida, el A quem se refirió al fenómeno de la prescripción de la acción penal, para, a partir de ello, sostener que, en el presente caso, el mismo se había concretado frente al punible de falsedad en documento privado.

Sobre el particular, el Tribunal de segundo grado recordó primero que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 82, 83 y 86 del Código Penal, en concordancia con lo normado en el 292 de la Ley 906 de 2004, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena a imponer, y que dicho término se interrumpe con la formulación de imputación, momento a partir del cual se contabiliza un nuevo lapso de prescripción, el cual no puede ser inferior a tres años ni superior a diez. En ese sentido, señaló que la pena máxima para el delito de falsedad en documento privado es de 108 meses de prisión, de modo que, la mitad de ella equivale 54 meses, o lo que es lo

mismo, 4 años y 6 meses de prisión, guarismo que se constituye en el nuevo término de prescripción una vez se haya formulado imputación por ese punible. 6

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya En consecuencia, resaltó que si en el presente asunto el acto de imputación tuvo lugar el 25 de junio de 2014, entonces el fenómeno prescriptivo, frente a la referida conducta criminal acaeció el 24 de diciembre de 2018, lo que lleva a concluir que la sentencia absolutorio de primer grado, en lo que al delito de falsedad en documento privado se refiere, se produjo cuando el Estado ya había perdido su facultad persecutora, pues dicha providencia data del 14 de junio de 2019. Así las cosas, y teniendo en cuenta que en este caso no se puede dar prelación a la sentencia absolutoria frente a la prescripción, ya que tal decisión fue objeto de cuestionamiento por uno de los sujetos procesales, entonces se impone la necesidad de revocar la absolución dada en favor de Leonardo Herrera Anaya, para, en su lugar, declarar la prescripción de la acción penal, únicamente en relación con el delito de falsedad en documento privado.

2. Hecha la anterior manifestación, el Ad quem pasó a aclarar que, según lo establecido en la jurisprudencia nacional, cuando en el concurso de conductas punibles se decreta la prescripción de uno de los delitos y este está ligado a otro, como acontece en este caso, ello no impide continuar

con el juzgamiento del que permanece vigente, motivo por el cual procedió a efectuar la valoración probatoria frente al punible de fraude procesal endilgado a Herrera Anaya.

3. Precisó que, según la teoría del caso presentada por la Fiscalía desde el acto de acusación, el delito de fraude procesal

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya se habría concretado en el instante en que Leonardo Herrera logró que se librara en favor suyo mandamiento de pago al interior de un proceso ejecutivo promovido con un cheque cuyo contenido era falso, ya que no existió ningún negocio causal que respaldara el importe de dicho documento, lo que se traduce en el cobro de una obligación inexistente. Tras efectuar la valoración conjunta de las pruebas de cargo aportadas al juicio, pues no se allegaron elementos de descargo, el Tribunal de segundo grado señaló que existía prueba suficiente para concluir, más allá de toda duda razonable, que Leonardo Herrera Anaya había incurrido en el punible de fraude procesal. Los motivos, son los siguientes: Como primera medida el Ad quem resaltó que, en el proceso ejecutivo adelantado por Herrera Anaya en contra de la señora María del Carmen Chaparro, cuyo trámite había estado a cargo del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, el demandante había sostenido que: i) el Cheque No. 000014, por $100.000.000 a cargo de la cuenta corriente No. 484-02088-8 del Banco Santander, había sido girado en su favor por la ejecutada, para pagarle la comisión

que a él le correspondía por un contrato de corretaje inmobiliario, pues fue gracias a su intervención que la señora Chaparro inició unas negociaciones para adquirir unos inmuebles, en la ciudad de Bogotá, al señor Uriel Gordillo; ii) que dicha comisión, en un principio, estaba a cargo del vendedor, pero que posteriormente se había pactado descontarla del valor de la compraventa, de modo que la 8

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya señora María del Carmen se encargaría de hacer el pago a Leonardo Herrera y; iii) que dicho negocio finalmente no se concretó, ya que los predios soportaban unas medidas cautelares que los sacaban del comercio y, por lo tanto, impedían su traspaso, derivándose tal situación en un proceso penal en contra del vendedor. Así mismo, el ejecutante, y acá procesado, negó categóricamente ante el Juez Civil del Circuito, que fuera cierta la versión de la ejecutada, según la cual, el cheque cobrado había sido girado en blanco para respaldar un negocio que se habría de celebrar con un primo suyo en el vecino país de Venezuela. Para la Sala de segunda instancia, la versión sobre el pago de la comisión por el contrato de corretaje, mediante el cheque ejecutado, resulta carente de credibilidad, pues de acuerdo con la Jurisprudencia sentada por la Sala de Casación Civil, la exigencia del pago de ese tipo de contratos, sólo surge cuando el negocio se ha concretado, cuando el dominio del bien se ha transferido correctamente de vendedor a comprador, evento que no acaeció en el asunto de marras,

ya que, como el mismo ejecutante lo admitió, el negocio entre María del Carmen Chaparro y Uriel Gordillo, nunca llegó a feliz término, luego, no había lugar a pagarle ninguna comisión a Herrera Anaya. En ese mismo sentido, anota el Juzgador de segundo grado que no es lógico que la ejecutada, aun cuando sabía que 9

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya el negocio de compraventa de bien inmueble sobre el que se cobraba el corretaje había fracasado, hubiera girado un cheque en blanco en favor de quien había fungido como intermediario, pues esa no era una obligación que le correspondiera a ella y, menos lógico lo es, que el cheque se hubiera girado en contra de una cuenta que sabía estaba embargada y, por lo tanto, no podía respaldar la obligación. En virtud de lo anterior, el Tribunal aseveró que no deviene en creíble sostener que la señora María del Carmen Chaparro asumiera una obligación que no le correspondía, menos aún cuando se trataba de una carga que se derivaba de un negocio jurídico que nunca se concretó, lo que permite sostener que se estaba ante la ejecución de una deuda inexistente. En contraposición de la teoría presentada por el ejecutante, el Ad quem sí le asigna credibilidad a la versión de la señora María del Carmen Chaparro, quien asegura que la emisión del cheque tuvo lugar en el año 2008 para respaldar un negocio que se celebraría con un primo de Herrera Anaya en Venezuela, pacto que, al tampoco ser exitoso, fue aprovechado por este para hacerse al mentado título valor,

asegurándole siempre a la señora Chaparro que el mismo había sido destruido y que, por lo tanto, no había por qué preocuparse. Para el Tribunal, las aseveraciones de la víctima sí cuentan con elementos de respaldo, como lo son los 10

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya testimonios de Elkin Andrés Lozano y Nancy Ojeda, quienes pese a no haber presenciado el negocio entre la señora Chaparro, Leonardo Herrera y su primo, dan cuenta de un viaje de aquella al vecino país en el año 2008 y su mención a que el mismo se debía a su interés de celebrar allí un negocio. Igualmente, se exaltó que, los cheques que anteceden al título valor que acá se cuestiona, nunca superaron el valor de los 20 millones de pesos, al tiempo que su diligenciamiento fue a mano y no a máquina, como sucedió con el título 000014, lo que permite inferir que la víctima, si bien era comerciante, no solía expedir cheques por el valor cuyo cobro se pretendía por la vía ejecutiva por parte de Herrera Anaya. De acuerdo con lo anterior, concluye el Tribunal Superior de Bucaramanga que, en el presente caso, Leonardo Herrera Anaya mintió sobre el aspecto fáctico que le daba sustento a la demanda ejecutiva que él planteó en contra de María del Carmen Chaparro, para, a partir de ello, poder cobrar una obligación inexistente o carente de causa, lo que se traduce en un actuar fraudulento en virtud del cual se hizo incurrir en

error a un funcionario judicial que terminó por impartir trámite, con la correspondiente orden de pago, a un proceso ejecutivo que por esencia no debía existir, obteniendo así una ventaja injustificada sobre la ejecutada, todo ello a partir de la instrumentalización de la administración de justicia. 11

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4. Como consecuencia de lo antedicho, se profirió sentencia condenatoria en contra de Leonardo Herrera Anaya por el delito de fraude procesal, condenándolo a la pena principal de 72 meses de prisión, multa de 200 S.M.L.M.V. e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 60 meses.

De otra parte, a Leonardo Herrera Anaya le fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero le fue concedido el beneficio de la prisión domiciliaria.

4. DE LA IMPUGNACIÓN ESPECIAL La defensa técnica de Leonardo Herrera Anaya impugnó el fallo de segunda instancia, bajo los siguientes

planteamientos:

1. Como primera medida cuestionó la decisión del Tribunal de revocar la absolución proferida en favor de su defendido, por el delito de falsedad en documento privado, para, en su lugar, decretar la prescripción de la acción penal sobre ese reato, pues en su sentir, debe privilegiarse aquélla sobre esta.

Aseveró que la posición del Tribunal contradice lo que, sobre el particular, ha sostenido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema en la decisión del 16 de mayo de 2007, radicado 24374, ratificada en providencias del 8 de agosto de

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya 2007, radicado 27980, 17 de septiembre de 2008, radicado 29832 y 16 de mayo de 2012, consecutivo 38547. En ese sentido aseguró que, si bien es cierto el fenómeno de la prescripción ya acaeció en el delito de falsedad en documento privado, debe mantenerse la decisión de absolución sobre la de cesación del procedimiento.

2. Frente a la condena por el delito de fraude procesal, el impugnante señaló que: 2.1. No era cierto que la compraventa de los inmuebles de la cual se derivó el pago de la comisión a Herrera Anaya, no se hubiera concretado, pues en el proceso ejecutivo existe un contrato de promesa de compraventa donde se da cuenta que el aludido negocio se llevó a cabo entre la señora María del Carmen Chaparro de Lozano y el señor Uriel Gordillo Ortiz. Así mismo, señaló que la existencia de la comisión fue determinada por el Juez de ejecución, cuando al decidir el litigio, el 22 de octubre de 2013, aseveró que el negocio sí había acaecido.

Resaltó que, para el Juzgado Civil del Circuito encargado de adelantar el trámite ejecutivo, no estaba acreditada la teoría sobre la sustracción del cheque por parte del ejecutante a la ejecutada, lo que daba certeza sobre la validez del título y el negocio del cual se derivó el mismo. 13

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Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya 2.2. Frente a la afirmación del Tribunal, acerca de la existencia de indicios que dan cuenta del giro del cheque para respaldar un negocio distinto al de la celebración de un contrato de corretaje, el impugnante sostiene que no existió una construcción lógica por parte del Ad quem, para llegar a esa conclusión, y que ello no es así, simplemente porque las pruebas allegadas al proceso penal no permiten estructurar prueba indiciaria que permita llegar a esa conclusión. Sobre el particular resaltó que, de una parte, las declaraciones de Elkin Andrés Lozano y Nancy Ojeda, nada aportan para estructurar el aludido indicio y, de otra, que del proceso ejecutivo logra extraerse con total claridad que a la Juez de ese proceso no le quedó duda acerca del origen del cheque base de la ejecución. 2.3. Afirma que, como lo adujo en su momento la Juez Civil del Circuito encargada de la ejecución, es irrelevante la forma como fue diligenciado en cheque No. 00014, esto es, que mientras ese documento fue diligenciado en máquina de escribir, los demás lo hubieran sido a mano, pues al haberse entregado en blanco, el portador legítimo estaba habilitado para diligenciarlo conforme la manera consensuada. En ese sentido, sostiene el recurrente, conforme con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, el tenedor legítimo del cheque podrá llenar sus espacios en blanco según las instrucciones del suscriptor. Por tanto, asegura, la firma puesta en ese documento en blanco, 14

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya habilita al tenedor del mismo para proceder con su llenado conforme a la autorización entregada por quien lo gira. Finalmente aseveró que, el hecho de haber celebrado negocios de compraventa por 17 inmuebles, como consta dentro de la presente causa, da cuenta que, contrario a lo asegurado por el Ad quem, la señora María del Carmen Chaparro sí giraba cheques por sumas superiores a los 20 millones de pesos, luego el planteamiento del Tribunal acerca de que ello no era así, queda sin fundamento probatorio. 2.4. Estima que el Ad quem se equivoca al sostener que el procesado mintió en el sustento fáctico de la demanda ejecutiva presentada contra María del Carmen Chaparro, ya que se demostró que el negocio de compraventa sobre unos bienes inmuebles, del cual se derivaba la comisión a cargo del cheque cuyo pago se exigía por vía judicial, sí existió, de modo que el proceso ejecutivo cuestionado no se funda en medios fraudulentos. En ese sentido, asegura el recurrente, en la demanda ejecutiva no se ocultó nada, por el contrario, se llevaron a consideración todos los datos relevantes sobre las circunstancias fácticas que motivaron dicho trámite, al punto que la apoderada de la señora María del Carmen Chaparro de Lozano tuvo la oportunidad de controvertirlos junto con los elementos de convicción aportados. 15

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya Resaltó que en esa actuación judicial se debatieron las

excepciones denominadas “cobro de lo no debido” e “inexigibilidad de la obligación”, indicando que la primera se fundó en los mismos argumentos que fueron expuestos por la víctima en la presente actuación, esto es, que el cheque fue librado para respaldar un negocio en Venezuela, mismo que no fue exitoso, mas no para pagar comisión de corretaje alguna a Herrera Anaya; en tanto que, la segunda tuvo como sustento que, una vez fracasado el negocio en el vecino país, Leonardo Herrera no destruyó el mentado título valor, sino que lo conservó hasta cuando culminó su relación sentimental con la señora Chaparro de Lozano, momento que aprovechó para presentarlo al cobro. Resaltó que las referidas excepciones fueron descartadas por la Juez Civil del Circuito, tras encontrar que no existía prueba que las respaldara, de donde se desprende entonces que la orden de pago impartida en favor de Leonardo Herrera, no fue producto de un engaño de éste a la Administración de Justicia, sino de una incapacidad de la ejecutada de demostrar sus argumentos defensivos. En ese sentido, estima el defensor de Leonardo Herrera Anaya que se impone la necesidad de absolver a su representado y, por ello, demanda la revocatoria de la sentencia impugnada. 16

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5. CONSIDERACIONES

1. La Sala es competente para conocer de la impugnación especial interpuesta por el defensor de Leonardo Herrera Anaya, contra la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga el 20 de febrero de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el

numeral 7º del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de la anotada anualidad y el criterio plasmado en la decisión CSJ AP1263-2019 del 3 de abril de 2019.

2. Con el fin de darle un orden lógico a la resolución del presente asunto, la Sala procederá, primero, a efectuar un estudio sobre la prescripción de la acción penal, para, a partir de ello, analizar si este fenómeno prima sobre una decisión absolutoria que ha sido objeto de apelación; acto seguido se elaborará un estudio acerca del delito de fraude procesal, para luego pasar a analizar el caso concreto.

3. De la prescripción de la acción penal.

De acuerdo con el artículo 83 del Código Penal colombiano, “La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo.” 17

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya Por su parte, el artículo 292 de la Ley 906 de 2004 señala: “ARTÍCULO 292. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación. Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres

(3) años.” Conforme con la anterior cita normativa, puede sostenerse que el legislador ha establecido dos momentos procesales distintos en los cuales puede tener ocurrencia el fenómeno de la prescripción de la acción penal: el primero de ellos se contabiliza a partir de la fecha de ocurrencia de los hechos objeto de indagación, hasta que se cumpla el plazo de la pena máxima fijada para el delito investigado, incluidas las circunstancias delictuales modificadoras de la punibilidad, interrumpiéndose dicha cuenta con la formulación de imputación y, el segundo, desde este hito procesal hasta la emisión de la sentencia de segundo grado, en cuyo caso, el término corresponde a la mitad del máximo de sanción señalado en la ley, sin que pueda ser inferior a 3 años. Ahora bien, la principal consecuencia jurídica que trae consigo la ocurrencia del fenómeno de la prescripción de la acción penal, es que el Estado pierde la potestad punitiva, lo que implica que la justicia, a partir de ese instante, no puede proseguir con el trámite, de modo que cualquier actuación 18

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya procesal surtida por un juez o Tribunal, con posterioridad a ese evento, deviene en inválida, precisamente porque el Estado ya no tiene facultad alguna para emitir un pronunciamiento sobre el asunto que ha dejado fenecer. Sobre el particular, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SP5050-2018, señaló: “Frente a dichos planteamientos es necesario resaltar que la

prescripción de la acción penal, como lo ha destacado la Corte Constitucional , es una institución de orden público por virtud de la cual, debido al simple transcurso del tiempo señalado en la ley, el Estado pierde su capacidad de investigación y juzgamiento, de suerte tal que una vez logrado o superado el lapso previsto por el legislador para el efecto, no hay opción distinta para el operador jurídico que decretar la prescripción, pues actuar en contravía del respectivo mandato, esto es, trascendiendo el límite cronológico máximo, implica desconocer las formas propias del juicio, sin que sea oponible para eludir el referido pronunciamiento, el que decisiones próximas a tomar puedan favorecer al procesado. En eventos tales, ni siquiera la presunción de inocencia como garantía fundamental podría invocarse para justificar que debe emitirse la providencia liberatoria de responsabilidad (por ejemplo, por preclusión de la instrucción, cesación de procedimiento o aún sentencia absolutoria), por cuanto para proferirla se exige como requisito sine qua non que el Estado, a través del respectivo funcionario, detente la capacidad para adelantar una actuación penal, la cual desaparece ipso iure por virtud de extinguirse la acción penal, entendida ésta como el derecho-deber del Estado de investigar, juzgar o sancionar a una persona a quien se le imputa la comisión de una conducta definida como punible… “. 19

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya No obstante lo anotado, la Corte, en esa misma decisión destacó: “Debe decirse que la anterior regla, esto es, aquella según la cual

producida la prescripción debe procederse a su declaratoria, sólo tiene dos excepciones. La primera, cuando la sentencia de segundo grado es de carácter absolutorio, pues en ese caso un tal pronunciamiento se prefiere sobre el de la prescripción, como lo viene sosteniendo la Corte desde la sentencia del 16 de mayo de 2007 dictada dentro del radicación 24374: “…si se entienden en concreto los derechos fundamentales arraigados en la norma constitucional, particularmente, su artículo 1°, que dice fundada la República en el respeto por la dignidad humana, y el desarrollo que se materializa en la protección a la honra y el buen nombre, no puede decirse de entrada que la decisión de ordenar la prescripción en cualquier estado del proceso en la cual se advierta, respeta a cabalidad unos tan profundos preceptos constitucionales. Desde una perspectiva eminentemente constitucional, en protección de los derechos fundamentales a la dignidad, la honra y el buen nombre, no puede ser lo mismo que después de someter a las afugias de un proceso penal al acusado de un delito de enorme relevancia social, se diga que el Estado perdió toda potestad de continuar adelantando la investigación, por el simple paso del tiempo, a que se pregone examinado de fondo el asunto por las dos instancias ordinarias y luego de un examen riguroso, se absuelva del delito a la persona. (…)” La segunda excepción se presenta cuando el procesado, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 85 del Código Penal, renuncia a la prescripción. En ese caso, empero, el aludido deberá atenerse a la decisión de la justicia, de manera que el fallo podrá ser

absolutorio o condenatorio.” 20

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NI: 57857 Impugnación Especial Leonardo Herrera Anaya Posteriormente, en auto AP710-2019, la Sala volvió a referirse a la primera de las reglas de excepción antes indicadas, para precisar que: “… siendo cierta la premisa que la absolución debe preferirse a la prescripción, también lo es que no se estimó un condicionamiento que la jurisprudencia siempre ha mantenido para que se obre de la manera indicada, y, es que, la decisión absolutoria no sea cuestionada a través de recursos…” Ahora bien, en el presente asunto se tiene que a Leonardo Herrera Anaya le fueron imputados los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, acto que tuvo lugar en diligencia adelantada el 25 de junio de 2014 ante el Juez 21 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga. De acuerdo con el artículo 289 Ley 599 de 2000, el delito de falsedad en documento privado, en torno al cual gira la discusión sobre la prescripción, tiene