CSJ - SP230-2023(61744)

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado Ponente SP230-2023 Radicación 61744 Acta 115 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023).

I. ASUNTO La Sala decide el recurso de apelación presentado por la defensa contra la sentencia del 3 de mayo de 2022, mediante la cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán (Cauca), conjueces, condenó a la doctora LIBIA PATRICIA MANRIQUE SILVA - Fiscal local 12 de la Sala de Atención al Usuario de Puerto Tejada (Cauca)-, por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, artículos 413 y 414 de la Ley 599 de 2000 respectivamente, a la pena privativa de la libertad de 50 meses, multa de 70 smlmv e inhabilitación de derechos y funciones públicas por 81 meses.

CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva

II. ANTECEDENTES 2.1 Fácticos Según el escrito de acusación, los hechos jurídicamente relevantes se concretan de la siguiente manera: Durante su ejercicio como Fiscal local 12 de la Sala de Atención al Usuario de Puerto Tejada (Cauca), LIBIA PATRICIA MANRIQUE SILVA ordenó el archivo del proceso 195736000680201480175 el 26 de febrero de 2015, bajo la causal de atipicidad por tratarse de «un caso de accidente de tránsito donde se le causan unas lesiones a la pasajera del vehículo automotor en que se desplazaba sin que haya causante

del accidente ya que de los hechos narrados se evidencia que se trató de un caso fortuito o fuerza mayor en este caso es una circunstancia de la naturaleza cual fue un torrencial aguacero que le hizo perder el control del automotor al conductor y ocasionar el volcamiento del mismo con las consecuencias ya conocidas en folios»1. Los hechos que motivaron el proceso referenciado datan del 22 de octubre de 2014, fecha en la que, mediante informe ejecutivo rendido por los guardas de tránsito municipal de Puerto Tejada, fue puesto en conocimiento a la Fiscalía un accidente de tránsito ocurrido en la vía Puerto Tejada–Cali, kilómetro 2 más 200 metros, en el que un vehículo de placas HPO-658 se salió de 1 Orden de archivo emitida el 26 de febrero de 2015. 2 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva la vía, volcándose sobre una cuneta con agua mientras transportaba a cinco pasajeros. 2.2 Procesales

1. En audiencia del 3 de marzo de 20202, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Puerto Tejada (Cauca), la Fiscalía imputó cargos por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, artículos 413 y 414 de la Ley 599 de 2000.

2. El 19 de marzo de 2021, ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, se realizó la audiencia de acusación, conforme a los cargos de la

imputación3.

3. En sesiones del 15 de julio4 y 12 de agosto5 de 2021 se adelantó audiencia preparatoria y el 2 de marzo de 20226 inició el debate de juicio oral, que continuó el 3 de marzo, 22 de marzo y 6 de abril de 20227, emitiéndose sentido del fallo de carácter condenatorio el 25 de abril de 20228. Este fallo fue leído a las partes e intervinientes en audiencia del 11 de mayo de 20229, ante el cual la Defensa interpuso recurso de apelación10. En 2 Acta de audiencia No. 55, Primera Instancia, Cuaderno de Control de Garantías, folio 3. 3 Primera Instancia, Cuaderno Principal 1, Acta de formulación de acusación, folios 97 a 101. 4 Primera Instancia, Cuaderno Principal 1, Acta de audiencia preparatoria, folios 172 a 175. 5 Primera Instancia, Cuaderno Principal 1, Acta de audiencia preparatoria, folios 222 a 225. 6 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Primera instancia, cuaderno principal 2, folios 14 a 17. 7 Primera Instancia, cuaderno principal 2, folios 19 a 22, 51 a 53 y 72 a 75 respectivamente. 8 Primera Instancia, cuaderno principal 2, folios 94 a 96. 9 Primera Instancia, cuaderno principal 2, folios 226 a 228. 10 Primera Instancia, cuaderno principal 3, folios 12 a 88.

3 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva condición de no recurrente, la Fiscalía11 presentó sus

argumentos.

4. La carpeta fue enviada a la Corte Suprema de Justicia por disposición de primera instancia del 19 de mayo de 202212.

III. DECISIÓN APELADA 3.1. Al proferir la sentencia condenatoria en contra de la procesada LIBIA PATRICIA MANRIQUE SILVA13, por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, la Sala de

Decisión Penal del Tribunal Superior de Popayán (Cauca), consideró: 3.1.1. Que la identificación, preparación académica y calidad de servidora pública de la procesada se encontraban fuera de discusión, por tratarse de puntos acordados en las estipulaciones por las partes14 y probados conforme al material documental aportado (resoluciones de nombramiento, posesión y certificado de tiempo de servicio aportado por la oficina de talento humano de la Fiscalía). Hecho lo anterior, estableció que se verificaban los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, derivados de la orden de archivo emitida el 26 de febrero de 2015 en el radicado 195736000680201480175, por el accidente de tránsito 11 Primera Instancia, cuaderno principal 3, folios 112 a 116. 12 Primera Instancia, Cuaderno Principal 3, folios 120 y 121. 13 Primera Instancia, cuaderno principal 2, folios 161 a 206. 14 Primera Instancia, cuaderno de estipulaciones probatorias, folios 1 a 7. 4 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva acaecido el 22 de octubre de 2014 en la vía Puerto Tejada – Cali,

kilómetro 2 más 200 metros, y la consiguiente omisión en sus deberes funcionales conforme al artículo 250 constitucional. Al respecto, el Tribunal consideró demostrado: (i) Que la fiscal delegada se encontraba al tanto del informe ejecutivo emitido por los guardas de tránsito de Puerto Tejada, que establecía que luego de ser informado del accidente había empezado a caer un “torrencial aguacero”, lo que impidió el traslado inmediato al lugar de los hechos y; (ii) Que la procesada conocía las condiciones de la vía en que ocurrieron los hechos, a partir del informe de accidentes de tránsito (área rural, sector industrial, tiempo normal, vía doble sentido, dos carriles, asfaltada, en buen estado y en condiciones secas), por cuanto que la lluvia ocurrió después del accidente. En este sentido, desde la tipicidad objetiva era inviable el archivo de las diligencias con base en la presunta ocurrencia de un fenómeno de la naturaleza, torrencial aguacero, en el que la procesada sustentó el caso fortuito o fuerza mayor, al no advertirse ausencia objetiva de tipicidad ni falta de caracterización de la conducta como delito «puesto que, el “informe ejecutivo” era transparente narrando el accidente de tránsito con mención de un sujeto activo del delito (el conductor), de una acción típica (lesiones personales culposas por el daño que sufrieron en el cuerpo o salud las cuatro víctimas)»15. 15 Sentencia de primera instancia, cuaderno principal 2, folio 191. 5 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744

Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva Por consiguiente, su decisión fue completamente ajena al artículo 79 de la Ley 906 de 2004 al contar con elementos que le permitían caracterizar los hechos ocurridos dentro del delito de lesiones personales culposas. Sobre este tema, la señora LIBIA PATRICIA MANRIQUE SILVA contaba con la formación académica universitaria y especializada en materia penal, por el ejercicio del cargo durante más de 14 años. En consecuencia, tenía la capacidad de entender la normativa del artículo 79 y sus implicaciones en la decisión adoptada, sin perjuicio de lo cual, voluntariamente ordenó el archivo. Es evidente que contrario a lo sustentado en la orden de archivo (i) la vía en la que ocurrió el accidente estaba en buen estado y seca, pues la lluvia se presentó con posterioridad; (ii) como consecuencia de dicho accidente hubo personas heridas y (iii) existían elementos materiales suficientes para caracterizar, razonablemente y sin duda, los hechos ocurridos dentro del delito de lesiones personales culposas con el indiciado Eder Alexis Payán Illo. Es decir, se consolidaban los elementos del tipo objetivo, a saber (i) sujeto activo; (ii) acción típica y (iii) descripción del resultado penado, en cuya ausencia se habría encontrado facultada la fiscal para archivar la diligencia. En este caso, 6 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva «a la señora Fiscal Local le era totalmente ajeno, al decidir como lo hizo, “hacer valoraciones sobre los elementos subjetivos de la conducta,

sobre la existencia de causales de exclusión de la responsabilidad”; porque lo suyo era simple “constatación fáctica sobre presupuestos elementales para abordar cualquier investigación lo que se entiende como el establecimiento de la posible existencia material de un hecho y su carácter aparentemente delictivo”»16. 3.1.2. El elemento subjetivo se verifica con (i) los registros SPOA del 9 de enero de 2015 no coincidentes con la orden de archivo emitida físicamente el 26 de febrero de dicho año; (ii) la ausencia de esclarecimiento de los hechos con las víctimas y el conductor del vehículo y (iii) al haber omitido los elementos verificables a partir del accidente, a saber, un accidente de tránsito, en un vehículo con cinco ocupantes (un conductor y cuatro víctimas), con daño corporal causado por el siniestro. Todo lo anterior, con el conocimiento y la voluntad de la procesada al emitir la orden, de que fuese manifiestamente contraria a derecho y a lo que para estos efectos establece el artículo 79 de la Ley 906 de 2004. Finalmente, no es aceptable determinar que la funcionaria se encontraba ante error de tipo, toda vez que se trata de una «ligereza para actuar, porque no resplandecía siquiera la “Caducidad de la querella” (artículo 73 C.P.P) en consideración a la fecha de los hechos y la orden de archivo (26 de febrero de 2015), tiempo que tuvo para al menos organizar el plan 16 Sentencia de primera instancia, cuaderno principal 2, folio 193. 7 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva

metodológico o entrevistar a las víctimas»17, sin que los quebrantos de salud o “despistes” se consoliden como sustento suficiente para la decisión adoptada.

IV. RECURSO DE APELACIÓN Para cuestionar la sentencia condenatoria de primera instancia dictada por la Sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán (Cauca) en contra de LIBIA PATRICIA MANRIQUE SILVA, la defensa argumenta que no se cuenta con sustento probatorio suficiente para condenar, evidenciándose ausencia total de los requisitos mínimos para definir y probar los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, en detrimento de la garantía de presunción de inocencia. Este planteamiento se desarrolla a partir de los siguientes puntos: 4.1. No es acertado concluir que la actuación de la procesada fue omisiva, pues la misma se desarrolló en el ámbito funcional en el que le fue posible, dentro del que llevó a cabo 47 actividades investigativas al interior del proceso, que le permitieron verificar la imposibilidad de continuar con la investigación y, en consecuencia, con un programa metodológico.

Más aún, no estaba posibilitada a omitir la ausencia de querella para el ejercicio de la acción penal, toda vez que sin verificarse el requisito de procedibilidad, carecía del presupuesto mínimo de legitimidad, conforme al cual es la víctima misma la que otorga capacidad jurídica para actuar mediante su accionar. 17 Sentido del fallo, Primera Instancia, Cuaderno principal 2, folio 106. 8 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia

Libia Patricia Manrique Silva Por el contrario, la implementación de un programa metodológico, investigaciones y demás actuaciones, sin interposición previa de la querella, implica estar ante la imposibilidad de que se formule imputación, supuesto que el a quo ignoró en el fallo emitido. El principio de disponibilidad de la acción penal bajo este parámetro, como excepción a la oficiosidad de la acción penal, se fundamenta en que la querella (i) busca proteger derechos de los sujetos pasivos, sobre los que estos tienen la posibilidad de decidir si ponen o no en funcionamiento el sistema; (ii) está vinculada directamente con la protección de bienes e intereses de carácter personalísimo sobre los cuales el titular dispone en el marco de la autonomía de su voluntad y (iii) se encuentra en un esquema de política criminal en el que es válido asignar un mayor o menor grado de gravedad al delito. En consecuencia, no es correcto afirmar que los fiscales tienen en su cabeza la obligación ilimitada de persecución a través de la acción penal, pues previo a ello se encuentra el funcionario obligado a verificar el cumplimiento de las condiciones de la acción penal para dar curso a la misma. En este punto, es menester precisar que la ausencia de querella no imposibilita llevar a cabo actos urgentes dentro de los que se incluye informes policivos, exámenes médicos, entrega de vehículos y demás diligencias conforme al caso en concreto, las 9 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva cuales la procesada sí desarrolló dentro del conocimiento del caso que tuvo, no consolidándose omisión de su parte. 4.2. Sobre la orden de archivo emitida, LIBIA PATRICIA

MANRIQUE SILVA estableció estar ante un caso fortuito o fuerza mayor, sin haber acudido ante juez de conocimiento para solicitud de preclusión. Sin embargo, las causales de archivo en nada difieren de las fuentes que dan origen a la preclusión, sin perjuicio de que el archivo no haga tránsito a cosa juzgada y permita la reactivación de la investigación en cualquier momento, no siendo posible catalogarlo «como una resolución, dictamen o concepto»18. Es decir, se trata de una decisión judicial administrativa, más que de una providencia, que no genera términos ni cosa juzgada, ni afecta la caducidad de la acción penal. En este caso, el prevaricato por acción hace necesario que exista una acción ostensible, patente, groseramente contraria a la norma. Lo que no logra probarse de forma alguna al no verificarse interés de la procesada en favorecer con su decisión de archivo a algún sujeto, pues en su buena fe creyó estar ante un caso fortuito o fuerza mayor sin que intermediara voluntad, intención y fin de agotar la conducta delictiva del tipo penal. 4.3. En lo relativo a los defectos procesales señalados por la parte se cuenta con: 18 Primera instancia, cuaderno principal 3, folio 44, recurso de apelación. 10 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva (i) la introducción sin testigo de acreditación de la evidencia No. 2, correspondiente a la carpeta con SPOA 195736000680201480175 por el delito de lesiones personales culposas, que por tratarse de un traslado de documentos de un

proceso judicial a otro debía realizarse mediante el funcionario de policía judicial; (ii) la omisión en la exposición a la procesada de la estructura completa de los hechos jurídicamente relevantes y la hipótesis fáctica, que se redujo en audiencia de imputación únicamente al ámbito probatorio; (iii) la falta de demostración de la calidad de servidora pública de la fiscal y (iv) la adopción de decisiones sin el quórum deliberatorio y decisorio necesario en el juez colegiado, este último punto afectando el reconocimiento de las víctimas, el sentido del fallo y la orden de captura emitida contra LIBIA PATRICIA MANRIQUE SILVA. Bajo los anteriores parámetros, considera que debe excluirse la prueba No. 2 por vulneración al artículo 424 de la Ley 906 de 200419 y el tratamiento que a partir de esta clasificación debía dársele a la prueba, lo que dejaría sin sustento probatorio la sentencia condenatoria. 19 Que refiere qué es entendido como documento a efectos de la normativa penal. 11 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva De igual forma, solicita que se declare la nulidad de lo actuado desde audiencia de formulación de imputación, toda vez que por garantía del derecho de defensa y al debido proceso, la procesada debió tener acceso a los hechos jurídicamente relevantes y a la hipótesis fáctica de forma completa y con un proceso ajustado a la ley en el que la sala profiriera las decisiones conforme a las reglas del juez colegiado. 4.4. Finalmente, desde audiencia preparatoria advierte el

recurrente que la defensa a cargo desarrolló una labor deficiente, pues (i) no advirtió el historial psiquiátrico de la procesada, del que se deriva un estrés postraumático para la misma como consecuencia de un atentado del cual fue víctima, cuyas secuelas y patologías debieron ser objeto de análisis por parte de Medicina Legal; (ii) no descubrió prueba alguna a favor de LIBIA PATRICIA MANRIQUE SILVA y (iii) ejerció interrogatorio contra la procesada en el que prácticamente usurpó el papel de la Fiscalía sin desarrollar estrategia alguna defensiva. En consecuencia, solicita se revoque la decisión de primera instancia para, en su lugar, emitir fallo absolutorio.

V. NO RECURRENTES

12 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva 5.1. Fiscalía20 5.1.1 El Fiscal 1º Delegado ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, refiere que no es cierto que LIBIA PATRICIA MANRIQUE SILVA haya recolectado elementos materiales probatorios y emitido órdenes de trabajo y actividad como funcionaria mediante 47 actuaciones, toda vez que el único medio cognoscitivo que sustenta esta argumentación, corresponde a dos remisiones a Medicina Legal y una audiencia de conciliación fracasada, sin que hubiese sido emitida orden alguna a policía judicial en el tiempo que estuvo a cargo del proceso. La defensa enlista diligencias desplegadas por policía judicial de tránsito, previas a la entrega de la actuación e informes ejecutivos a la oficina de reparto, y por el Juzgado de

control de garantías, dentro de las que se incluye la entrega del rodante por solicitud de la aseguradora, surtidas después del traslado de la fiscal –el 17 de marzo de 2015–. En este punto, la ausencia de querella no impedía a la funcionaria continuar con la investigación, pues el órgano persecutor puede disponer actos e investigaciones necesarios hasta la operación del fenómeno jurídico de la caducidad –que para el momento del archivo no se había originado aún–. Lo anterior, cabe aclarar, no implica que se omita la exigencia del requisito de procedibilidad para la formulación de la imputación. De igual forma, la procesada debía trazar programa metodológico, obligatorio a partir del artículo 207 de la Ley 906, 20 Primera instancia, cuaderno principal 3, folio 112 a 116. 13 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva y disponer actos para su ejecución hasta que la querella fuese presentada por las víctimas u operara su caducidad. Sin embargo, ningún interés de la procesada se avizora en informar a las víctimas sobre la posibilidad que tenían de interponer querella para el ejercicio legítimo de la acción penal por parte del ente acusador, en protección de sus derechos. No existe tampoco soporte probatorio de vulneración al principio de non bis in ídem, puesto que de una misma situación fáctica se derivan actos omisivos y positivos diferenciados, por los cuales se imputan los delitos de prevaricato por omisión y prevaricato por acción. Igualmente, se aclara que las órdenes de archivo emitidas por el fiscal con ocasión de sus funciones, sí

corresponden a uno de los objetos del prevaricato por acción, es decir: «corresponde al objeto RESOLUCIONES, tal como así lo ha postulado en jurisprudencia específica y reiterada la Corte Suprema de Justicia, en aquellos eventos cuando se han proferido múltiples fallos de condena por actuaciones de Fiscales que acuden a la figura del ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS del art. 79 de la Ley 906/04 para entronizar en ellas actos de corrupción, siendo el contenido de tales decisiones manifiestamente contrarias a la Ley, reproduciendo así el Tipo Penal del PREVARICATO POR ACCIÓN»21 (Negrilla original). Esta afirmación implica que el fiscal puede archivar por inexistencia del hecho investigado o atipicidad objetiva, sin que con ello deban confundirse con las causales reseñadas en el artículo 332 de la Ley 904 de 2004, so pena de prevaricar por 21 Primera instancia, cuaderno principal 3, folio 114. 14 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva tratarse de una decisión con efectos jurídicos, independientemente de que contra ella no proceda recurso. Enfatiza que no es necesario que el sujeto activo reclame interés alguno de beneficiar a un tercero y por esa razón, en nada afecta que LIBIA PATRICIA MANRIQUE SILVA no conociera a las partes o intervinientes del proceso. Independiente de ello, la decisión fue arbitraria, mal intencionada, caprichosa y ostensiblemente contraria a la norma, pues con conocimiento y voluntad se emitió en contra de la situación fáctica, falseando

prueba al no haber consultado adecuadamente el material recopilado. Determina que la defensa confunde la tipicidad subjetiva con la culpabilidad, siendo la primera aquella en la que se incluye el dolo como modalidad de la conducta punible, mientras que la segunda implica un reproche al sujeto activo, por lo que el discurso proporcionado en el recurso impetrado no logra refutar los argumentos expuestos en la sentencia de primera instancia. En lo referente a la prueba documental número 2 de la Fiscalía, como objeto de exclusión bajo la hipótesis ofrecida por la parte, bajo el concepto de documentos auténticos se incluyen los documentos públicos que pueden ser incorporados al proceso penal sin testigo de acreditación. Por otro lado, el fiscal no debe exponer en audiencia de formulación de imputación qué elementos materiales de prueba tiene, pues no se trata de audiencia de formulación de acusación en la que el funcionario 15 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva sí debe descubrir al procesado los medios cognoscitivos recaudados en indagación y/o investigación. Respecto a la conformación de la Sala, si bien es correcto que no concurrieron todos los magistrados, no fue en la audiencia de sentido de fallo en la que se deliberó la decisión, que ya había sido adoptada para ese momento, por la totalidad de la Sala y según las formas legales establecidas para esos efectos. Finalmente, sobre el ejercicio de la defensa técnica señalado como deficiente, se evidencia que en audiencia preparatoria fueron descubiertos varios elementos, en su mayoría decretados. Hechas estas precisiones, ninguna nulidad por violación al

debido proceso y derecho de defensa procede y debe confirmarse la sentencia condenatoria en su integridad.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 6.1. Competencia De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sala de decisión penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán (Cauca), por la cual resolvió condenar a LIBIA PATRICIA MANRIQUE SILVA por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión,

16 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva cometidos al desempeñarse en el cargo de Fiscal Local 12 de la Sala de Atención al Usuario de Puerto Tejada (Cauca). En atención al principio de limitación, la Corte solo puede pronunciarse sobre el tema de la apelación, por eso el estudio se concretará en los puntos de inconformidad, sin perjuicio de que el análisis pueda extenderse a temas vinculados directamente al objeto de censura. 6.2. Problema jurídico Corresponde a la Corte resolver sí el proceso adolece de vicios que impliquen declarar la nulidad, inclusive, desde la audiencia de imputación; superado esa cuestión, determinar si las conductas de prevaricato por acción y prevaricato por omisión imputadas a LIBIA PATRICIA MANRIQUE SILVA -Fiscal 12 Local de la Sala de Atención al Usuario de Puerto Tejada (Cauca)-

fueron demostrada como manifiestamente contrarias a derecho y dolosas; en consecuencia, resolver si se mantiene la sentencia condenatoria o se procede a su revocatoria, según la solicitud de la defensa en el recurso de apelación. Por tanto, conforme a las exigencias del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, se analizarán las pruebas incorporadas y debatidas durante el juicio oral, para determinar si aportan conocimiento más allá de toda duda razonable para sustentar la condena emitida. 6.3. Reglas probatorias afines para la solución del caso 17 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva Con el objetivo de decidir sobre los puntos expuestos por el recurrente, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (i) nulidad por violación a garantías fundamentales; (ii) el archivo de las diligencias por atipicidad objetiva; (iii) el delito de lesiones personales culposas y la querella como condición de procesabilidad de la acción penal, y (iv) los tipos penales de prevaricato por acción y prevaricato por omisión. 6.3.1. Nulidad por violación de garantías fundamentales La Corte ha considerado que, si bien la postulación y desarrollo de la nulidad puede ser sencilla, el recurrente no puede renunciar a la correcta y precisa selección de la causal y sustentación consistente y suficiente del reparo. Por eso, el recurso debe acoger los principios que orientan la invalidación de la actuación procesal -taxatividad, acreditación, convalidación,

protección, instrumentalidad de las formas, trascendencia y residualidad-, pues con la escueta y llana ocurrencia de la incorrección no puede anularse lo actuado, es necesario demostrar la violación de garantías fundamentales -derecho a la defensa y debido proceso, en aspectos sustanciales-. En su presentación debe demostrarse la necesidad de acudir a esa forma de reparación extrema, en razón de la existencia de una irregularidad manifiesta que se ajuste a alguna de las causales taxativas indicadas en la ley -artículos 455 a 458 de la ley 906 de 2004-. 18 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva 6.3.2. El archivo de las diligencias por atipicidad objetiva La persecución penal o el ejercicio de la acción penal, como facultad en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, «presupone la existencia de una conducta típica»22, en seguimiento del principio de legalidad que implica que el Estado realice su pretensión penal independientemente de la voluntad del ofendido, con excepción de los delitos querellables23. El Código de Procedimiento Penal establece en su artículo 79 que «cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación». Lo anterior, sin perjuicio de que pueda ser reanudada si surgieren nuevos elementos probatorios, siempre y cuando no hubiese procedido la extinción de la acción penal, por tratarse de una actuación que -a diferencia de la preclusiónimplica la

«simple suspensión de la indagación por inexistencia de la conducta investigada o por atipicidad objetiva de la misma y que, por lo tanto, no reviste el carácter de cosa juzgada»24, pues no es una decisión judicial. “La previsión de la reanudación de la investigación busca también proteger a las víctimas. Éstas, al igual que el fiscal, en cualquier momento pueden aportar elementos probatorios orientados a mostrar la existencia de la tipificación objetiva de la acción penal o la posibilidad de su existencia, lo que de inmediato desencadenaría la obligación de 22 CSJ, AP336-2017, 25 ene., rad. 48759. 23 Sentencia C591 de 2005. 24 CSJ SP4513-2018, 17 oct. rad. 51885. 19 CUI 190016000703201600556 Número interno 61744 Segunda instancia Libia Patricia Manrique Silva reanudar la indagación» (Corte Constitucional, C-1154, 15 nov.2015). Sobre el concepto, la jurisprudencia constitucional ha establecido aspectos diferenciados, por ejemplo, respecto del principio de oportunidad, se está «ante la evidente existencia de un delito»25, por eso opera la suspensión, interrupción o renuncia de la acción penal, mientras que en el archivo de las diligencias la tipicidad no se consolida, pues no se presentan presupuestos que indiquen que una conducta sí puede caracterizarse como un delito Es decir: «En el archivo de las diligencias no se está en un caso de suspensión, interrupción o renuncia de la acción penal, pues para que se pueda ejercer dicha acción se deben dar unos presupuestos mínimos que

indiquen la existencia de un delito. Así, hay una relación inescindible entre el ejercicio del principio de oportunidad y la posibilidad de ejercer la acción penal por existir un delito, ya que lo primero depende de lo segundo. Pero para poder ejercer la acción penal deben darse unos presupuestos que indiquen que una conducta sí puede caracterizarse como un delito. Por lo tanto, cuando el fiscal ordena el archivo de las diligencias en los supuestos del artículo 79 acusado, no se está ante una decisión de política criminal que, de acuerdo a unas causales claras y precisas definidas en la ley, permita dejar de ejercer la acción penal, sino que se está en un momento jurídico previo: la constatación de la ausencia de los presup