CSJ - SP2334-2024(62027)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

Magistrado Ponente SP2334-2024 Radicación No. 62027 (Acta No. 196) Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

I. ASUNTO La Sala de Casacion Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve los recursos de apelación presentados por el defensor de YORYANI TORRES THOMPSON y el Ministerio Público contra la sentencia que profirió el Tribunal Superior de Santa Marta el 15 de junio de 2022, en la cual declaró la extinción de la acción penal por prescripción del delito de prevaricato por omisión agravado, condenó a esa ciudadana por los delitos de prevaricato por acción simple y prevaricato por acción agravado y la absolvió de otros hechos por esa misma conducta.

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YORYANY TORRES THOMPSON

IL. HECHOS

1. El 18 de febrero de 2005, YORYANI TORRES THOMPSON fue nombrada como fiscal delegada ante los jueces del circuito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Santa Marta (resolución + 0-0734 del 18 de febrero de 2005).

2. El 1° de julio de 2008, TORRES THOMPSON fue trasladada de las fiscalías delegadas ante los jueces penales del Circuito de Ciénaga, Magdalena, a las homólogas del municipio de Pivijay, Magdalena!. Por ese motivo, asumió las

siguientes investigaciones adelantadas bajo el procedimiento de la Ley 600 de 2000: Radi | Fecha Nombre Lugar Resumen de | Fecha | Ordenes cado | de los de la los hechos apertu | policía hechos | víctima ra de judicial? investi d/m/a gación previa d/m/a 54107 | 03/10/2 | Silvio Pivijay, Mg. | José Antonio | 08/09/ | (i) escuchar 003 Severini Miranda Mejía y | 2005 en Flórez Fredys Omar indagatoria a Vargas Lobo los dos fueron denunciados; denunciados por (iii) escuchar el propietario de en la finca que uno declaración de ellos al propietario administra por del inmueble el delito de hurto y de los agravado en semovientes, Pivijay. Según y (iv) las explicó el demás denunciante, diligencias ambos que surjan ciudadanos 1 La acusada fungió como fiscal 28 delegada ante los jueces penales del circuito de Pivijay. Ese cargo lo ejercicio hasta el 19 de abril de 2009. 2 Todas estas órdenes a policía judicial fueron proferidas por el fiscal que antecedió a la procesada en la Fiscalía 28 delegada ante los jueces penales del circuito de Pivijay, Magdalena. CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027 YORYANY TORRES THOMPSON habían de las ingresado a su anteriores. predio semovientes que no les pertenecian y, además, le habían hurtado 75 novillos. 0947 11/11/1 | Enso Pivijay, Mg. | La víctima salió | 20/12/ | (i Escuchar

993 Fernando de su vivienda 2006 en Pertuz NA declaración a , posteriormente, la Villalobos fue encontrada denunciante, sin vida por su (ii) exhumar señora madre el cadáver de con varios la víctima, y disparos y sus (iii) comisionó restos a la Policia calcinados. Judicial de Según le Pivijay para informaron, los que responsables de practicara las la muerte diligencias fueron necesarias integrantes de para las AUC. Debió esclarecer los enterrarlo sin hechos, así que le como las que practicaran surgieran ninguna como diligencia consecuencia judicial, ya que de ello. “nadie se acercaba”. 1210 | 09/07/1 | Fabio Pivijay, Mg. | Un grupo de 02/05/ | (i) comisionó 999 Alfonso hombres 2007 a la Policia Herrera uniformados y Judicial para García. armados de las que autodefensas practicaran llegaron a la las finca que diligencias administraba la tendientes a victima y lo esclarecer los obligaron a irse hechos, con ellos. A los identificar pocos minutos plenamente se escucharon al presunto unos disparos y autor o fue encontrado autores de los sin vida. Alias mismos; (ii) “Candela”, los ordenó la hermanos exhumación “Hernández” y de cadáver y alias “Pompi” diligencia de fueron referidos necropsia a como los restos de la víctima CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027

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responsables de esta muerte. 0641 29/12/2 | Edgar, Pivijay, Mg. | Un grupo de 09/08/ | (i) ordenó la 005 Alberto y hombres 2006 y | declaración Rafael fuertemente 12/10/ | juramentada Bornacely armados y 2006 de la de León vestidos de civil denunciante de las AUC y (i) las ingresaron a la diligencias vivienda de las que fuesen víctimas, necesarias sacándolos a la para el fuerza. Poco esclarecimien después, to de los encontraron sus hechos. cuerpos sin Posteriormen vida. Adicional te, ordenó la a ello, otro de exhumación los hermanos de estos 3 fue secuestrado cuerpos a fin por ese mismo de grupo armado. practicarles el examen de necropsia 1108 18/10/2 | Elizabeth | Pivijay, Mg. | Veinte hombres | 16/03/ | (i) comisionó 008 Brito Pinto armados, 2007 a la Policia vestidos de Judicial de camuflado, Pivijay llegaron a la adelantar vivienda de la todas las victima, la diligencias sacaron a la necesarias fuerza, y la para asesinaron. esclarecer los Alias “Codazzi”, hechos y (ii) el comandante escuchar en de ese grupo fue declaración a quien se llevó a todo aquel la mujer y le dio que — tuviera muerte (se conocimiento cuenta con el de los hechos certificado de objeto de defunción). denuncia. 1073 | 03/05/2 | Juan José | Pivijay, Mg. | La víctima fue 22/12/ | (i) tener en

004 Galindo esposada por 2007 cuenta las González alias “El pruebas ya William” y alias ordenadas y “El chacal”, así practicadas, como por alias además (ii) “El Rafa”, escuchar en después de que diligencia de “cacheteara” a declaración su sobrina. Lo jurada a la sacaron del denunciante. lugar donde se CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027 YORYANY TORRES THOMPSON encontraba y luego apareció muerto entre el corregimiento de La Palma y Pivijay. 1213 18/06/2 | Saúl Pivijay, Mg. | Solo se tiene 27/06/ | (i) tener en 006 Enrique que integrantes | 2007 y | cuenta las Vizcaino del bloque norte | 17/09/ | pruebas ya Avendaño de las AUC 2008 ordenadas y (menor de asesinaron practicadas edad) “brutalmente” a dentro de la la víctima. investigación, (ii) escuchar en declaración jurada ala denunciante y madre de la víctima 0837 10/08/1 | Julio Pivijay, Mg. | La víctima salió | 19/10/ | (i) escuchar 998 César a su trabajo que | 2006 en Cantillo consistía en declaración a Villalobos ordeñar las la vacas de una . vecina, donde denunciante, solía pernoctar. (ii) ordenar la A eso de las 11 exhumación pm., un grupo del cuerpo de de hombres la víctima, y armados y (ii) vestidos de o camuflado, al comisionar a

mando de Jorge la policia 40, llegaron a judicial para esa vivienda, la práctica de tumbaron las las puertas, diligencias pci la necesarias víctima y ante la 2 para el negativa de _ acompañarlos, esclarecimien uno de esos to de los hombres le pegó hechos y la 3 tiros, lo que individualiza causo su ción de los muerte. responsables 1086 | 29/05/1 | Nicola Pivijay, Mg. | Hombres 08/02/ | (i) escuchar 997 María Polo vestidos de civil | 2007 en Pertuz y fuertemente declaración armados juramentada llegaron a la ala vivienda de la denunciante victima y se lo y (ii) llevaron sin que comisionar a a la fecha se la policía CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027 YORYANY TORRES THOMPSON tenga noticia de judicial para su paradero, que, por lo que se mediante presume que mecanismo fue de búsqueda desaparecido urgente, se logre la localización de la víctima 1110 | 30/01/2 | Luis Pivijay, Mg. | Hombres 06/03/ | (i) comisionar 000 Henríquez fuertemente 20007 | ala policía Hernández armados y judicial para Polo vestidos de que adelante camuflado las llegaron a la finca donde diligencias residia la necesarias a victima, esclarecer los llevandoselo con hechos; ellos. Posteriormente, (ii) oficiar ala su cuerpo fue Registraduría encontrado sin

del Estado vida. Civil para que inscribiera la muerte de la víctima; (iii) escuchar en declaración a todo aquel que tenga conocimiento de los hechos 3.El 7 de agosto de 2008, TORRES THOMPSON resolvió precluir la investigación adelantada bajo el radicado 54107. Argumentó que, si bien lo procedente sería cerrar, correr traslado y calificar la actuación (artículos 393 y 395 de la Ley 600 de 2000), aplicaría lo dispuesto en el artículo 39 ibidem que permite precluir la investigación “en cualquier momento en que aparezca que la actuación no puede proseguirse” pues habían vencido los términos consagrados en el artículo 329 ibidem para adelantar la instrucción. Ha de recordarse que según el inciso 2 de esa norma, “el término de instrucción no CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027 YORYANY TORRES THOMPSON podrá exceder de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su iniciación”. Y vencido ese término, “la única actuación procedente será la calificación”.

4. FProcedió así porque, a su juicio, no tenía los elementos suficientes para formular una acusación y tampoco podía ordenar más pruebas, ya que serían improcedentes y extemporáneas y, por eso, sin valor dentro de la actuación penal (artículo 232 ibidem).

5. Además, debía darle prioridad a los principios de celeridad y eficacia de los actos jurisdicciones, ya que resultaría un desgaste de tiempo” cumplir con los pasos

consagrados en las normas referidas “si a la postre tuviese que precluir, ya que la realidad probatoria no va a variar con el transcurso del tiempo”.

6. El 3 de septiembre de 2008, la referida fiscal resolvió abstenerse de iniciar la instrucción penal dentro de los radicados 0947, 0641, 1108 y 1043, bajo idénticos argumentos. Consideró que, de acuerdo con el artículo 327 ibidem, los fiscales se abstendrán de iniciar la etapa instructiva cuando aparezca que la acción penal no puede iniciarse o proseguirse o que está demostrada una causal de ausencia de responsabilidad penal. Eso aunado a que el artículo 29 superior dispone que deberán observarse a plenitud las formas propias de cada juicio y que la ley penal ha de ser interpretada sistemáticamente, “pues todo hace parte de un orden jurídico lógico...”.

CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027 YORYANY TORRES THOMPSON 7... Afirmó que en esas cuatro investigaciones preliminares no se había cumplido con una de las finalidades de la investigación previa, concretamente, identificar o individualizar a los autores o partícipes del delito (artículo 322, Ley 600). Esto impedía iniciar la instrucción del caso, ya que depende de que puedan vincularse personas plenamente identificadas (artículo 331 ibidem). En particular, porque está Oprohibido adelantar las investigaciones contra personas indeterminadas o desconocidas (artículo 344 ibidem).

8. También manifestó que en todos estos eventos estaba vencido el término dispuesto por el legislador para el adelantamiento de la investigación previa (artículo 325 de la

Ley 600 de 2000) sin que la Fiscalía hubiera podido determinar la existencia o no de la conducta punible. Agregó que “como lo señala el fallo del consejo de la judicatura, se limita a decir de posibles atentados a la fe pública o a la incursión de funcionarios públicos, sin siquiera indicar cuáles son estos, en qué consisten y como señala el dicho “el tiempo que pasa es la verdad que huya™ (sic).

9. En consecuencia, la funcionaria concluyó que “de una u otra forma no existe base para abrir una instrucción formal, y ante ese vacío legal procede suspender provisionalmente el caso conforme al artículo 327 del CPP”. 3 Importante anotar que las referidas resoluciones no indican el radicado ni la fecha en que fue adoptada la referida providencia judicial.

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10. Sin embargo, aclaró que, antes de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 326 ibidem, el funcionario estaba habilitado para suspender la investigación previa en este tipo de eventos para, una vez satisfechos sus fines, reactivarla o iniciar la instrucción penal del caso. Por eso, si surgían nuevas pruebas que desvirtuaran los fundamentos para proferir estas cuatro decisiones se aplicaría lo establecido en el artículo 328 ibidem, “ya que estamos solo ante una ejecutoria formal”.

11. El 16 de diciembre de 2008, la Fiscalía resolvió inhibirse de abrir investigación formal en el radicado 1210. Consideró que, a pesar de los esfuerzos de la entidad y que al interior del expediente se contaba con el protocolo de necropsia de la

víctima, un informe de policía judicial y la declaración de la denunciante, “no hay certeza sobre las causas de la muerte, al no haberse encontrado evidencias físicas de ellas, luego no pude decirse que se ha transgredido el Código Penal, como para señalar a persona alguna como imputado” (sic).

12. A juicio de la fiscal “no exist[ía] completa certeza de que algún pretenso implicado hubiese cometido el hecho endilgado, por lo que una vez en firme se procederá a su

ARCHIVO PROVISIONAL...”. 4 ARTICULO 328. REVOCATORIA DE LA RESOLUCION INHIBITORIA. La resolución inhibitoria podrá ser revocada de oficio o a petición del denunciante o querellante, aunque se encuentre ejecutoriada, siempre que aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para proferirla. El funcionario judicial determinará en la misma providencia si decide reanudar la investigación previa o profiere resolución de apertura de instrucción. Si continúa en investigación previa, esta tendrá una duración máxima de dos (2) meses, vencidos los cuales procederá a proferir resolución inhibitoria o resolución de apertura de instrucción. CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027

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13. Los radicados 0837, 1213, 1086 y 1110 no fueron impulsados por la funcionaria, que también omitió remitirlos a las fiscalías especializadas, competentes por la calidad de los procesados y la naturaleza de los delitos objeto de indagación.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

14. El 6 de agosto de 2015, la Fiscalía General de la Nación le imputó a YORYANI TORRES THOMPSON los delitos de prevaricato por acción y por omisión ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Santa

Marta, Magdalena.

15. El 28 de octubre de 2015, la Fiscalía radicó escrito de acusación contra la referida fiscal por los delitos de prevaricato por acción simple, prevaricato por acción agravado y prevaricato por omisión, por lo que, el 23 de febrero de 2016, tuvo lugar la respectiva audiencia ante la

Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta.

16. El 31 de marzo y el 1° de junio de ese mismo año (2016), se surtió la audiencia preparatoria y, en esa última fecha, la defensa apeló la decisión del a quo que decretó pruebas. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2017, esta Corporación se inhibió de resolver la alzadas. 5 En esa oportunidad, esta Corporación consideró que resultaba improcedente el recurso de apelación contra la decisión de decreto de pruebas en la audiencia preparatoria, ya que ello (i) contraría la consecuencia que de tal evento consagra el

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17. Entre el 7 de marzo, 8 y 27 de agosto de 2018, se desarrolló el juicio oral contra TORRES THOMPSON. Sin embargo, en esa última fecha, la Fiscalía apeló la decisión del Tribunal de aceptar una estipulación probatoria. Eso llevó a

que, el 28 de octubre de 2019, esta Sala decretara la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia preparatoria del 30 de marzo de 2016, porque la estipulación cuestionada había imposibilitado al Ente acusador la posibilidad de solicitar varias evidencias que serían incorporadas al juicio mediante un testigo de acreditación.

18. En atención a lo anterior, entre los días 9 de diciembre de 2019 y 17 de febrero de 2020, el Tribunal practicó nuevamente la audiencia preparatoria, mientras que el juicio oral se desarrolló en las sesiones del 10 de mayo, 4 y 5 de octubre y 10 de diciembre de 2021. Finalmente, el 20 de mayo de 2022, el a quo anunció el sentido del fallo. ordenamiento procesal penal; (ii) atenta contra la naturaleza de las decisiones en torno a la aceptación o a la negación de medios probatorios; y, (ili) no corresponde con la sistemática acusatoria consagrada en la Ley 906 de 2004. Ver: CSJ SP, AP8825-2017, 6 dic., rad. 48345. 5 Asi lo señaló la Sala en esa oportunidad: “Así, no hay duda que las partes suscribieron una estipulación manifiestamente ambigua sobre un aspecto sustancial del proceso, a partir de la cual el fiscal asumió que los elementos de juicio con los que contaba la funcionaria acusada para proferir las decisiones que se tildan como prevaricadoras, iban a incorporarse directamente a través de la estipulación, al punto que desistió de

los medios de conocimiento —testimonio de la investigadora del CTI y los expedientes recolectados mediante inspección judicial del 22 de febrero de 2013 y 15 de septiembre de 2015requeridos en aras de probar su teoría del caso. Ante ese panorama, lo que se advierte es que la estipulación probatoria N° 4 afectó la estructura del debido proceso, pues de aceptarse que el convenio se limitó únicamente a la autenticidad de los expedientes, sin permitir la introducción de los documentos que lo conforman, comportaría una violación de igualdad de derechos, facultades y obligaciones para la Fiscalía en relación con la defensa, quien concurriria al debate en condición de ventaja. Permitirse lo contrario, igualmente la defensa podría resultar perjudicada, ya que se le denegaría la posibilidad de oponerse a la incorporación de dicha evidencia” Ver: CSJ SP, AP4644-2019, 28 oct., rad. 53649. 11 CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027

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19. El 15 de junio de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Magdalena resolvió lo siguiente: (i) declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los delitos de prevaricato por omisión agravado respecto de las conductas investigadas en los radicados 1213, 1086, 0837 y 1110; (ii) condenó a TORRES THOMPSON por los delitos de prevaricato por acción simple, en relación con la resolución adoptada en el radicado 54107, y prevaricato por acción agravado con ocasión de la resolución inhibitoria proferida

dentro del radicado 1210, a la pena de 72 meses de prisión, multa de 149,985 smlmv? e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad.

20. Asimismo, (iii) absolvió a la procesada por el delito de prevaricato por acción agravado en lo que tiene que ver con las resoluciones inhibitorias adoptadas dentro de los radicados 0947, 0641, 1108 y 1073; (iv) le negó el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero le concedió la sustitutiva de la prisión domiciliaria. Por último, (v) libró la respectiva orden de captura en contra de la sentenciada y ordenó adelantar las labores necesarias para efectivizar lo relativo al pago de la caución.

21. El defensor de la procesada apeló la condena por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por acción agravado, mientras que el agente del Ministerio Público recurrió lo relacionado con la absolución por el delito de 7 Salario mínimo legal mensual vigente.

12 CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027 YORYANY TORRES THOMPSON prevaricato por acción. Ambos recursos fueron presentados y sustentados oportunamentes.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

22. El a quo fundamentó la decisión en los siguientes

argumentos:

23. Se prescribió la acción penal correspondiente al delito de prevaricato por omisión, por el que se acusó a la procesada en relación con las resoluciones proferidas en los

radicados 1213, 1086, 0837 y 1110. Eso si se tenía en cuenta que el quantum punitivo de esa conducta es de 120 meses que, al aumentar en una tercera parte debido a la calidad de servidor público de la procesada, daba 160 meses (artículo 83 de la Ley 599 de 2000).

24. Por la formulación de imputación, la cual tuvo lugar el 6 de agosto de 2015, este término se interrumpió y empezó a correr uno nuevo igual a la mitad del anterior. Eso arroja 80 meses, cumplidos el 6 de abril de 2022.

25. En todo caso, el Tribunal aseveró que, en gracia de discusión, la fiscal acusada habría sido absuelta de ese cargo, ya que, si bien la Fiscalía le imputó ese delito por abstenerse de adelantar labores instructivas en esos cuatro radicados y haber omitido la remisión de esos expedientes a las fiscalías delegadas ante los jueces penales del circuito 8 El 28 de junio de 2022, tanto la defensa como la agente del ministerio público sustentaron oportunamente sus recursos contra la decisión adoptada el 17 de junio de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta.

13 CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027 YORYANY TORRES THOMPSON especializado, lo cierto es que “nunca se corroboró demostrativa y suasoriamente que el conocimiento de aquellos diligenciamientos les correspondiera a aquellas agencias instructivas”.

26. Además, dado que el prevaricato omisivo solo admite la modalidad dolosa, esto es, el conocimiento de la manifiesta

ilegalidad de la conducta y la voluntad de omitir deliberadamente el acto que está obligado a realizar, dentro de las pruebas que obran en el expediente no podía inferirse que TORRES THOMPSON tuviera “la franca intención de pretermitir conscientemente las diligencias que dejó de adelantar, amén de no advertirse por el Tribunal un interés concreto que pueda conducir a verificar el motivo por el que se omitió la realización de las predichas diligencias, y en ese orden, no se obtiene ese convencimiento con la certeza que exige la ley penal adjetiva”.

27. En segundo lugar, consideró que la acusada era responsable del delito de prevaricato por acción simple por precluir la investigación adelantada bajo el radicado 54107, ya que la razón con la que la funcionaria judicial sustentó esa decisión, esto es, la inexistencia de pruebas que dieran cuenta de la materialidad de la conducta no es una de las causales consagradas en la ley para ese tipo de decisiones.

28. Lo anterior porque, según el artículo 39 ibidem, la preclusión está sujeta a que se demuestre que la conducta no ha existido, o que el sindicado no la ha cometido, o que es atípica, o que está demostrada una causal excluyente de

14 CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027 YORYANY TORRES THOMPSON responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse.

29. Adicionalmente, explicó que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala (CSJ SP, 23 en. 2006, rad. 21839), es posible que los fiscales adelanten labores

instructivas por fuera del término previsto en el artículo 329 de la citada ley, siempre que se garanticen los derechos fundamentales del procesado. De manera que, a pesar de que la acusada pudo haber realizado labores investigativas por fuera del término legal, al menos practicar las previamente ordenadas por el fiscal que la antecedió en ese despacho fiscal (ut supra párr. 2), prefirió abstenerse de seguir investigando los hechos, “cercenando, así, la posibilidad de determinar la real ocurrencia de los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas si fuera el caso”.

30. Eso sumado a que el argumento de privilegiar los principios de celeridad y eficacia (en la medida en que cumplir las fases consignadas en la ley significaba “un verdadero desgaste de tiempo”) desconoció el ordenamiento vigente, concretamente, los estadios procesales que deben agotarse para poder adoptar una decisión de fondo respecto una instrucción iniciada y consagrados en los artículos 393, 394 y 395 de la Ley 600 de 2000. Lo anterior, además, supuso la violación a las garantías de las víctimas, ya que esa decisión les limitó su participación, previo a la terminación anticipada del caso, toda vez que la decisión hizo tránsito a cosa juzgada.

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31. En consecuencia, el a quo concluyó que la referida resolución resultaba manifiestamente contraria a la ley.

32. En tercer lugar, condenó a la enjuiciada por el punible

de prevaricato por acción agravado por la resolución inhibitoria adoptada en el radicado 1210. Consideró que esa providencia desconoció el artículo 327 de la Ley 600 de 2000, ya que a pesar de que durante la investigación previa pudo individualizarse a uno de los integrantes de las AUC que cometió ese crimen y también se contaba con el protocolo de necropsia que acreditaba la muerte de la víctima, la funcionaria afirmó que no se habían encontrado evidencias físicas que probaran el deceso y que “no pude decirse que se ha transgredido el Código Penal, como para señalar a persona alguna como imputado” (sic).

33. Eso demuestra que la decisión inhibitoria fue contraria al ordenamiento jurídico, pues no se ajustó a ninguna de las causales establecidas en el artículo 327 CPP de 2000. La funcionaria judicial tenía los insumos suficientes para proferir resolución de apertura de instrucción en contra del integrante de las AUC que la Policía Judicial pudo identificar como posible responsable del hecho. Como no lo hizo, violó los artículos 331 y ss. de ese Código.

34. Alrededor de la tipicidad subjetiva, tanto del prevaricato por acción simple como del prevaricato por acción agravado, con ocasión de las resoluciones adoptadas dentro de las investigaciones preliminares 54107 y 1210, respectivamente,

16 CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027 YORYANY TORRES THOMPSON el a quo expresó que TORRRES THOMPSON se apartó consciente y voluntariamente del rigor legal.

35. En el primer caso, porque caprichosa, injustificada y

voluntariamente la funcionaria se abstuvo de adelantar las labores instructivas de rigor que le hubieran permitido finalizar el caso en debida forma, según las causales de preclusión previstas en la Ley 600 de 2000.

36. En lo que respecta a la segunda resolución, la enjuiciada desconoció la información suministrada por los denunciantes y por la policía judicial que permitieron la identificación de uno de los posibles integrantes de las AUC que cometieron el crimen denunciado. Por eso, a pesar de que existían elementos que corroboraban el hecho y la identidad de uno de los presuntos autores del homicidio, la decisión incurrió en “manifestaciones falaces” que “no se acompasajfron] con la realidad procesal”.

37. Eso llevó a que, en ambos casos, la fiscal se apartara groseramente del ordenamiento jurídico e impusiera su “caprichoso e infundado criterio”, en lugar de detenerse a leer los expedientes y los elementos ahí contenidos, lo que le habría permitido advertir que no era posible la adopción de esas decisiones en los términos expuestos.

38. Tampoco tienen lugar los argumentos de la defensa respecto a la ocurrencia de una “ignorancia supina” dado el desconocimiento de la procesada del procedimiento penal.

Ella había asumido como fiscal seccional desde el 1° de marzo de 2005 y para ese entonces los asuntos todavía eran 17 CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027 YORYANY TORRES THOMPSON adelantados bajo la Ley 600 de 2000, pues el procedimiento penal acusatorio (Ley 906 de 2004) todavía no había entrado

en funcionamiento en esa región del país.

39. Por esa razón, era consciente de la motivación que debían tener las decisiones que emitiera en su calidad de fiscal delegada. Todo eso sumado a que ambos asuntos no entrañaban particular dificultad ni complejidad, ya que se trataba de delitos con elementos normativos sencillos que solo ameritaban la verificación de los hechos expuestos por los denunciantes.

40. De esta manera, la expedición de las referidas resoluciones daba cuenta de la aplicación “torticera y deficiente de una disposición de la Ley 600 de 2000 que nunca tuvo cabida en los casos en concreto, producto de la inejecución de labores instructivas idóneas”. En particular, porque en el caso de la resolución inhibitoria (radicado 1210) contaba con elementos de prueba para iniciar la instrucción formal contra personas determinadas, mientras que en la decisión preclusiva (radicado 54107) no contaba con los elementos de juicio para justificar la terminación anticipada del proceso penal.

41. En cuarto y último lugar, el a quo absolvió a la procesada por el delito de prevaricato por acción agravado con respecto a las resoluciones inhibitorias proferidas el 3 de septiembre de 2008 en las investigaciones con radicado 0947, 0641, 1108 y 1073, ya que el término previsto en el artículo 325 de la Ley 600 de 2000 para realizar la indagación

18 CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027 YORYANY TORRES THOMPSON preliminar había prescrito en esos cuatro eventos sin que a la procesada le fuese permitido extender ese término por

fuera de los plazos dispuestos por el legislador.

42. Además, el ente acusador no corroboró la materialidad de la conducta ni identificó a los responsables de los hechos objeto de investigación, pues si bien los denunciantes señalaron a integrantes de las AUC, durante el término de la indagación no se logró la individualidad de los responsables de esos hechos “con lo que no existían personas por instruir formalmente”.

43. Además, el mero señalamiento de personas mediante su alias no pude tenerse suficiente para la identificación o individualización, ya que eso supone labores de investigación de cara a la identificación plena de la persona y el artículo 344 ibidem es claro en prohibir la vinculación de una persona que no se encuentre plenamente identificada.

44. En consecuencia, estaban insatisfechas las finalidades de la investigación previa (artículo 322 ibidem). En especial, porque solo en el radicado 1108 el denunciante aportó copia del certificado de defunción de la víctima, pero en los demás casos no existió tal aproximación demostrativa. Inclusive, ese documento impedía probar que el fallecimiento de esa persona hubiese sido cometido por integrantes de las AUC, en la media en que este solo da cuenta “de una muerte sin causas verificables”.

19 CUI 470016001020002201300039 Radicación n. 62027

YORYANY TORRES THOMPSON

45. Lo anterior muestra que las cuestionadas resoluciones no resultan manif