CSJ - SP247-2024(62649)

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

Magistrado Ponente SP247-2024 Radicación Nº 62649 Acta 018 Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

I. VISTOS: La Corte resuelve el recurso de impugnación especial que promovió el defensor de CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO, contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 1º de agosto de 2022, que revocó parcialmente la absolución de primera instancia emitida por el Juzgado 8º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad y, en su lugar, lo condenó como autor responsable del delito de daño en los recursos naturales agravado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649

CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO

II. HECHOS: En el mes de febrero de 2015, CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO, en su calidad de accionista de la sociedad Inversiones IMACO (después absorbida por JAMEG S.A.S.) y cuya representante legal era Martha Cristina Barreto González, compró a la sociedad Germán Osorio y CIA., el predio denominado El Arrayán, que se encuentra

ubicado en la calle 72 No. 2-26, Lote 3 A, de Bogotá. El lote de terreno y las construcciones allí edificadas, forman parte de la Reserva Forestal «Bosque Oriental de Bogotá»,

declarada como zona de protección ambiental mediante Acuerdo 30 de 1976 y aprobado por la Resolución 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La compra del predio se protocolizó mediante Escritura Pública No. 200 de febrero 6 de 2015 otorgada ante la Notaría 43 del Círculo de Bogotá. Según consta en ese documento, el objeto de la venta consistía en un lote de 6.970 metros cuadrados, con una casa de tres pisos descrita en el quinto punto de la Escritura Pública No. 2887 del 12 de julio de 1991, otorgada en la Notaría 25 de Bogotá, junto con dos construcciones adicionales aledañas que consistían en una casa de menor tamaño y una carretera interna. Luego de adquirir el inmueble, CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO realizó obras de reparación a la vivienda principal, a la vía o carreteable interno y a una alcantarilla o box culvert instalado sobre la quebrada Los Rosales, que atraviesa el predio El Arrayán. 2 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649

CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

1. El 8 de marzo de 2018, ante el Juzgado 39 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía formuló imputación contra CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO y Martha Cristina Barreto González como presuntos coautores de los delitos de daño en los recursos naturales agravado, en concurso con invasión de áreas de especial importancia ecológica y urbanización ilegal

agravada, conductas descritas y sancionadas en los artículos 331, 337 y 318 del Código Penal. Los procesados no aceptaron los cargos y la Fiscalía no solicitó la imposición de medida de aseguramiento.

2. El 20 de septiembre de 2018 se realizó la audiencia de acusación ante el Juzgado 8º Penal del Circuito de Bogotá en la que se llamó a juicio a los procesados por los mismos delitos imputados. Entre el 14 de noviembre de 2018 y el 12 de abril de 2019 se realizó la audiencia preparatoria. El juicio oral tuvo lugar entre 13 de junio de 2019 y el 7 de septiembre de 2020. En esa última sesión el juzgado anunció que el fallo sería absolutorio y el 28 de enero de 2021 profirió la sentencia de primera instancia.

3. Contra la anterior decisión, la Fiscalía y los representantes de las víctimas interpusieron el recurso de apelación, y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia de 1 de agosto de 2022, la revocó parcialmente para condenar a CARLOS AUGUSTO QUINTERO a 91 meses y 8 días de prisión, como autor de los

3 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO delitos de daños en los recursos naturales en concurso con invasión de tierras de especial importancia ecológica.

4. El procesado y su defensor presentaron el recurso de impugnación especial, y cada uno proporcionó su sustentación por escrito. Durante el plazo otorgado a las

partes no recurrentes, únicamente opinó la Delegada del Ministerio Público.

IV. LAS SENTENCIAS

1. Primera Instancia 1.1. El Juzgado 8º Penal del Circuito de Bogotá absolvió a CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO y a Martha Cristina Barreto González de los delitos por los que fueron acusados. 1.2. En primer lugar, advirtió que la Fiscalía nunca delimitó los hechos jurídicamente relevantes. En efecto, tras analizar los términos en los que se formuló la imputación fáctica, el juez consideró inusual que el fiscal de ese entonces informara a la defensa que, para determinar los daños a los recursos y las obras derivadas de estos, podían recurrir a los informes objeto de descubrimiento y traslado. También advirtió que esa situación podría ser suficiente para decretar de oficio la nulidad de lo actuado desde la audiencia de formulación de acusación, ya que esa indeterminación de los hechos jurídicamente relevantes generó una afectación a los derechos fundamentales del debido proceso y defensa de los

4 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO acusados. No obstante, tras analizar las pruebas practicadas en el juicio, concluyó que los procesados debían ser absueltos, decisión que, según la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, prevalece sobre la declaratoria de nulidad. 1.3. Para analizar la configuración del delito de urbanización ilegal agravada (art. 318 del Código Penal), examinó las normativas urbanísticas aplicables, como los

artículos 99 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 182 del Decreto 19 de 2012, que establece la obligatoriedad de licencias para diferentes tipos de obras, y el artículo 8º de la Ley 810 de 2003, que indica que no se requiere licencia de construcción para reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas que mantienen el inmueble en condiciones de higiene y ornato, «sin afectar su estructura portante, su distribución interior, y sus características funcionales y formales». Encontró probado que el predio «El Arrayán» fue adquirido por la sociedad Grupo de Inversiones IMACO mediante compraventa celebrada con la sociedad Germán Osorio y CIA. S.A.S., protocolizada mediante Escritura Pública No. 200 de febrero 6 de 2015. Además, que dicho lote de terreno y las construcciones realizadas forman parte de la Reserva Forestal «Bosque Oriental de Bogotá», declarada como zona de protección ambiental mediante Acuerdo 30 de 1976 y aprobado por la Resolución 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 5 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO Reconoció que aunque durante el juicio se mencionó que la Fundación Cerros de Bogotá y Amigos de la Montaña notificaron a la Administración Distrital, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y al Comité de Verificación de Cumplimiento establecido por el fallo del Consejo de Estado el 5 de noviembre de 2013, también es

cierto que la medida de sellamiento de la obra fue levantada y la indagación administrativa iniciada con radicación 17661, se archivó mediante la Resolución 103 del 23 de febrero de 2016. En dicha decisión se declaró que las obras realizadas en el predio fueron de carácter locativo y no requerían licencia para su ejecución. En la sentencia también se tuvo en cuenta la visita al predio realizada el 17 de febrero de 2016, en la que los expertos de la Alcaldía de Chapinero establecieron que la mayoría de las obras ejecutadas correspondieron a reparaciones locativas de la vivienda. Estas consistieron principalmente en reemplazo de muros, tubería interna, redes eléctricas, ventanas, otros acabados y dos ampliaciones en los pisos elevados de la casa. A pesar de que se requería licencia para dichas ampliaciones, se determinó que no representaron un incremento en la huella de la casa. Al analizar la normativa relacionada con la obligatoriedad de la licencia y la conducta atribuida a CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO, el juzgado determinó que la construcción realizada en el predio El Arrayán no amenazó ni vulneró el bien jurídicamente protegido del orden económico y social. Esto se debe a que la 6 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO finalidad de dicha estructura era la habitación exclusiva del procesado junto con su núcleo familiar y no su explotación comercial. 1.4. La decisión de absolver por el delito de daño en los

recursos naturales agravado (art. 331 del Código Penal), la sustentó en las siguientes razones: Por tratarse de un tipo penal en blanco, las normas a las cuales se remitió fueron el Decreto Ley 2811 de 1974 (Código de los Recursos Naturales) en sus artículos 204, 206 y 207 que tratan sobre los bosques protegidos en zona de reserva forestal y su aprovechamiento racional con la garantía de su recuperación y supervivencia; la Ley 99 de 1993, artículo 49, en el que se establece la obligatoriedad de tramitar las licencias ambientales respectivas para la ejecución de actividades que puedan producir deterioros graves a los recursos naturales o modificaciones considerables del paisaje; y la Resolución 1141 de 2006, emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, por medio de la cual se adoptó el Plan de Manejo Ambiental de la Zona de Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá. Con el objetivo de examinar metódicamente la supuesta comisión del delito y ante la falta de determinación de los hechos jurídicamente relevantes por parte de la Fiscalía, el juzgado estableció como elementos constitutivos del fundamento fáctico de la acusación los siguientes: (i) construcción de la vivienda; (ii) ocupación y modificación de 7 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO la quebrada Los Rosales; (iii) tala del bosque nativo; y (iv) manejo de pendientes e instalación de cerramiento electrificado. 1.4.1. Respecto a la construcción de la vivienda, se

presentó la declaración de José Fernando Cuello Cuello, arquitecto y ex subdirector de ecosistemas y ruralidad en la Secretaría Distrital de Ambiente, quien mencionó que, según un concepto del 5 de octubre de 2015, la construcción de la vivienda y el tránsito de personal y materiales causaron compactación del suelo, afectando su fertilidad al alterar su porosidad y capacidad para retener aire y agua. Sin embargo, también admitió ese testigo que dicha conclusión fue simplemente teórica a partir de la observación de la estructura construida. Para el juzgado, resultó claro que no se podía atribuir responsabilidad a los acusados por posibles afectaciones al medio ambiente causadas por la construcción de las estructuras ubicadas en el predio El Arrayán. Esto se debe a que, en primer lugar, no se presentaron pruebas que acreditaran de manera precisa los daños ocasionados por la edificación de la vivienda, basándose únicamente en observaciones y conjeturas teóricas. En segundo lugar, tanto la vivienda principal como la secundaria y la vía de acceso a la propiedad datan, al menos, del año 2005, es decir, diez años antes de que Inversiones IMACO adquiriera el predio. Por lo tanto, no le quedó duda de que ninguno de los procesados estuvo involucrado en la construcción de las estructuras antiguas existentes en dicho lugar. 8 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO 1.4.2. En relación con la ocupación y modificación de la quebrada Los Rosales, el juzgado analizó las pruebas así:

El testigo José Fernando Cuello declaró que en su estudio del área determinó que el predio El Arrayán mostró un represamiento con enrocado y plantación de papiros, lo cual sugirió una intervención ornamental que podría afectar el equilibrio de la flora y fauna específica. No obstante, durante el contrainterrogatorio, aclaró que esta conclusión se basó en una deducción teórica y no se estableció si las condiciones geológicas podrían causar dicho represamiento. Respecto a la declaración de Sandra Patricia Montoya Villareal, bióloga adscrita a la Secretaría Distrital de Ambiente, para el fallador de primer grado solo fue relevante lo expuesto sobre el Informe Técnico 03188 del 29 de diciembre de 2015, donde se resaltó que en El Arrayán se intervino el cauce para generar un represamiento artificial, lo cual supuestamente causó diversas afectaciones. Sin embargo, en el interrogatorio cruzado formulado a esta testigo, quedó claro que estas afirmaciones también se basaron en la simple observación de la funcionaria, más no en algún estudio técnico. Por su parte, el testigo Hernando José Quintero Maya, Alcalde Local de Chapinero, informó que en una visita realizada el 9 de mayo de 2016 al predio, se llevó a cabo el sellamiento de la intervención en la fuente hídrica, en cumplimiento de la orden expedida por la CAR, sin que se evidenciara otra afectación. Por otro lado, Laura María 9 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649

CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO

Duque, Directora Regional de la CAR en Bogotá-La Calera,

declaró que se requerían concesiones de la CAR para el uso de aguas y ocupación de cauces hídricos para realizar obras. Señaló que el sector de El Bagazal, -un lote de terreno de mayor extensión donde está ubicado, entre otros, el predio El Arrayán-, pertenece a su jurisdicción y mencionó una visita de seguimiento realizada el 13 de mayo de 2016, donde se observó el uso no autorizado de una motobomba en la quebrada Los Rosales, lo que llevó a una investigación y multa de $23.885.021. Además, esta testigo informó que se abrió otro proceso sancionatorio por presuntas actividades de ocupación de cauce, construcción de obras hidráulicas y adecuación de suelos. Sin embargo, en el contrainterrogatorio, reconoció que no hubo actuaciones ambientales por arreglos locativos en viviendas ni tala de árboles. Respecto al represamiento de agua, mencionó un predio vecino con obstáculos en el cauce y la autorización de ocupación del cauce para cambiar un box culvert construido hace más de 30 años. La sentencia también tomó en consideración el testimonio de Mayerly Castro Sánchez, técnica administrativa de laboratorio, quien recolectó muestras de campo en la quebrada Los Rosales en mayo de 2015. Encontró agua limpia y cristalina, de la cual obtuvo algunas muestras para análisis, aunque manifestó no conocer los resultados, ya que estos debían ser emitidos por el ingeniero químico encargado del laboratorio. 10 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649

CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO

Además, se consideró la pericia del hidrólogo Humberto Enrique Silvera Pinzón, quien llevó a cabo un estudio exhaustivo de la quebrada Los Rosales en El Bagazal durante los días 22 y 23 de agosto de 2017. En relación con la propiedad El Arrayán, identificó dos intervenciones humanas específicas en el cuerpo de agua: la construcción de reductores de velocidad del agua y una alcantarilla o box culvert. Según su análisis, estas construcciones no modificaron la geometría del cauce, sino solamente su sección transversal. En su testimonio, también señaló un alineamiento en la quebrada después de la salida de la alcantarilla, atribuyéndolo a la pendiente promedio del terreno y a la naturaleza torrencial de la quebrada. Por lo tanto, concluyó que en ninguna parte de la propiedad El Arrayán se alteró artificialmente el curso del agua. En oposición, el juzgado no consideró relevantes las declaraciones de Marlon Humberto Ospina Muñoz y José Fabián Cruz Herrera, ya que sus informes referentes a la alteración del cauce, en criterio del juez, se basaron en transcripciones de resoluciones de la CAR y otros conceptos técnicos. Por otro lado, el testigo de la defensa Joaquín Fernando Martínez del Río, oceanólogo con experiencia en impactos ambientales, fue contratado por CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO para elaborar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del predio El Arrayán, en cumplimiento de la Resolución 1766 de 2016 expedida por el Ministerio de Ambiente, para su proceso de normalización. En relación con este punto, se expuso en la audiencia que la alcantarilla o

11 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO box culvert encontrada en el lugar no pudo haber sido construida después de su adquisición en el año 2015. Según se demostró en el juicio, esto se debe a que era necesario edificar dicha estructura para transportar los materiales de construcción de la vivienda a través de la quebrada. Además, se observó que el carreteable de la vía sobre la cual se encuentra esta estructura ya estaba claramente definido en una foto tomada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el año 2004. También se mencionó que el proceso de quemado del concreto indica su antigüedad. De manera coincidente, el hidrogeólogo Jhonny Ricardo Chávez Zapata confirmó que los reductores de velocidad y el box culvert debieron haber sido construidos al menos para el año 2004, conforme a las fotografías del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que mostraban la vía y las viviendas ya levantadas. Además, indicó que el tipo de ladrillo, su color opaco y la acumulación de lama en este, corroboran su antigüedad. Este testigo también destacó que, debido al cambio de inclinación de la pendiente del predio, su ondulación en la parte más baja y el arrastre de sedimentación de la quebrada, se pudo establecer que la supuesta formación artificial del cuerpo de agua es, en realidad, una formación natural. Asimismo, no se encontraron evidencias de movimientos de tierra que sugirieran lo contrario. A partir de la información expuesta en el juicio, el juzgado concluyó que las construcciones realizadas sobre la

quebrada Los Rosales en El Arrayán no fueron llevadas a 12 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO cabo bajo las órdenes de los acusados. Esto se debe a que el predio fue adquirido por los procesados en el año 2015, cuando la alcantarilla o box culvert y los reductores de velocidad del cauce de agua ya habían sido construidos, al menos desde el año 2004, es decir, más de diez años antes de la compra del inmueble. En ese sentido, aunque las pruebas presentadas por la Fiscalía intentaron demostrar que el represamiento de agua ocurrido en la propiedad en 2015 fue causado por la remoción de tierra con fines ornamentales, el juzgado determinó que esta afirmación se aleja de la realidad, ya que se demostró que dicha formación se debió a las características del terreno y la acumulación de sedimentos depositados por la quebrada. Este hecho descartó la intervención de los acusados en la ocupación y modificación de la quebrada Los Rosales. Finalmente, en cuanto al episodio de la motobomba (con la cual se captó parcialmente agua de la quebrada), para el juez, respaldado por el concepto de la autoridad administrativa sancionatoria, este hecho tuvo un impacto irrelevante para el cuerpo de agua, a lo que se suma que la Fiscalía omitió acreditar la cantidad de agua captada y cómo ello afectó el recurso hídrico, el suelo y la vegetación, entre otros. 1.4.3. En cuanto a la tala del bosque nativo, se tuvo en

cuenta el testimonio de Sandra Patricia Montoya Villareal, funcionaria de la Secretaría Distrital de Ambiente, quien informó acerca de su visita al predio en 2015 y la observación de tocones de árboles talados. No obstante, esta testigo no 13 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO pudo determinar la fecha de la tala. Sobre el particular, la defensa presentó evidencia adicional, incluyendo las declaraciones de Joaquín Fernando Martínez del Río y Alejandro Sáenz Aranguren, quienes concluyeron que los tocones eran de eucaliptos talados hace al menos siete años y que la falta de vegetación nativa se debía a la plantación masiva de eucaliptos en los años cincuenta y sesenta. En lo que respecta a las pendientes y el cercamiento electrificado, el juzgado señaló que no había pruebas suficientes para vincular a los acusados con estas acciones. Además, se mencionó en la sentencia que la Resolución 053 de 2016 de la CAR abrió un proceso administrativo sancionatorio por la supuesta construcción de un lago artificial, pero al final se determinó que este empozamiento fue causado por la reducción natural de la pendiente y la sedimentación en El Arrayán, a lo que se suma que el juez tampoco encontró pruebas que demostraran quién o cuándo se instaló la cerca electrificada. 1.4.4. Para analizar la ocurrencia del daño a los recursos naturales que la Fiscalía le atribuyó a CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO, el juzgado analizó el peritaje

de Florentino Martínez Dueñas, quien, siendo testigo de la parte acusadora, afirmó ser profesional en química y biología, y magíster en gestión ambiental. Sin embargo, durante el juicio, se admitieron como pruebas sobrevinientes certificados del Consejo Profesional de Biología y el Consejo Profesional de Química de Colombia, los cuales desconocían a Martínez Dueñas como biólogo o químico, ya que no se 14 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO encontró su registro profesional en dichas entidades. En el contrainterrogatorio, además, se evidenció que Martínez Dueñas no realizó estudios de muestreo o de laboratorio para verificar cuantitativamente los supuestos daños ambientales producidos por los propietarios de El Arrayán. También se reveló que su informe pericial tenía carácter preliminar. Por otro lado, Joaquín Fernando Martínez y Jhonny Ricardo Chávez Zapata, testigos de la defensa, criticaron los métodos utilizados por el perito de la Fiscalía, destacando que una línea base para determinar un daño ambiental debe sustentarse en criterios cuantitativos, resultado de tomas de muestras y estudios en laboratorio. Adicionalmente, Jaime José Parada Rendón, biólogo especialista en derecho ambiental, declaró que tras analizar en campo y revisar estudios de laboratorio aportados por la CAR, concluyó que el agua de la quebrada Los Rosales era óptima para uso doméstico y no evidenció en ella indicios de contaminación.

En resumen, el juzgado determinó que la Fiscalía no proporcionó pruebas suficientes y técnicas adecuadas para demostrar los supuestos daños ambientales en el predio El Arrayán, en tanto: (i) el informe pericial de Florentino Martínez Dueñas carecía de una línea base de corroboración para determinar daños al recurso hídrico y no ofrecía datos ni una metodología adecuada que pudiera replicarse para verificar sus conclusiones; (ii) este perito no realizó una caracterización de las especies presentes en el predio y no 15 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO empleó técnicas apropiadas, como mallas de niebla o cámaras trampa, para estudiar la cadena trófica y el desplazamiento faunístico; (iii) en oposición, el ingeniero forestal Alejandro Sáenz Aranguren argumentó que la afectación de la cobertura vegetal no se pudo determinar debido a la falta de metodología aplicada por Martínez Dueñas y que, en todo caso, el desplazamiento faunístico se debió a la plantación de eucaliptos desde hace varios años, ya que estos árboles no proporcionan frutos para la alimentación de vertebrados e invertebrados; y (iv) para constatar los cambios del paisaje, según Sáenz Aranguren, era necesario realizar un censo para determinar los volúmenes de copas, maderas y sotobosques (prados), a fin de evaluar el impacto paisajístico de la construcción en contraste con la gama de colores, el cual nunca se llevó a cabo.

Así, pues, el juzgado consideró que no había mérito suficiente para otorgar credibilidad a lo expuesto por Florentino Martínez Dueñas, quien afirmó ser profesional en química y biología, pero en realidad lo que obtuvo fue un título como licenciado en ciencias de la educación de química y biología. Esta situación, sin demeritar su formación académica, no permitió tener la certeza de un método científico riguroso y comprobable en sus conclusiones. Para el juez, las afirmaciones de Martínez Dueñas sobre daños graves en todos los recursos naturales que rodean el predio El Arrayán se basaron en simples observaciones en campo, sin rigor científico ni datos verificables. 16 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO De esta manera, al desvirtuarse cada una de las circunstancias fácticas atribuidas a Martha Cristina Barreto González y CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO en cuanto a su intervención perjudicial para el medio ambiente, y ante la ausencia de pruebas en la acreditación del daño a los recursos naturales en su componente hídrico, suelo, fauna, flora o paisaje, el juez de primera instancia concluyó que no se colmaron los elementos típicos descritos en el artículo 331 del Código Penal. Por consiguiente, decidió absolver a los acusados por ese delito. 1.5. Por último, la absolución por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 337 de la Ley 599 de 2000) tuvo como sustento los siguientes argumentos:

(i) el fiscal nunca precisó cuál de los verbos rectores que contiene la norma fue el que ejecutó el procesado. Sin embargo, de la narración que hizo en la audiencia de acusación en la que expuso que «por actividades de ocupación del cauce de la quebrada Los Rosales sin autorización (…) construcción en zona de reserva forestal, (…) intervención de zonas de ronda de las áreas forestales protectoras (…), levantamiento de muros de construcción de cada costado de la mencionada quebrada, (…) adecuación y nivelación del predio (…)», es posible inferir que la modalidad que le atribuyó fue la de «uso indebido de los recursos naturales», pues la acusación jurídica estuvo encaminada a reprochar las presuntas actividades antrópicas que CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO y Martha Cristina Barreto González ejecutaron en el predio El Arrayán sin el permiso de la autoridad ambiental competente. 17 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO El juez reconoció que el inmueble en cuestión se encuentra dentro de un área protegida, regulada por las Resoluciones 076 de 1977 y 463 de 2005. No obstante, las actividades mencionadas de manera genérica corresponden a las investigadas previamente para determinar la materialidad del daño en los recursos naturales. Estas actividades incluyen la construcción de un box culvert y un disipador de energía, levantamiento de la vivienda y tala de especies arbóreas nativas y no nativas. Respecto de estas conductas y a partir de la valoración integral del acervo

probatorio, concluyó que no se encontró intervención alguna por parte de los acusados Barreto González y QUINTERO PATIÑO, ya que algunas de estas acciones fueron ejecutadas antes de que ellos obtuvieran la propiedad, y las otras, fueron consecuencia de la geografía y acción natural del recurso hídrico, como fue el caso de la supuesta represa artificial y ausencia de bosque nativo debido al efecto natural de los eucaliptos. En vista de que los fundamentos fácticos que respaldaban la acusación fueron rebatidos, el Juzgado determinó que la conducta atribuida a los acusados es atípica, lo que condujo a la absolución. 1.6. En un apartado adicional titulado «del dolo en la conducta», el juez indicó que si bien la Fiscalía argumentó en la acusación que los acusados habrían efectuado las conductas dolosas atribuidas como autores, el conjunto de pruebas presentadas en el juicio no aportó evidencia de una actuación intencional y premeditada por parte de ellos, dado 18 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO que la responsabilidad penal no se deriva solamente de su posición legal en la sociedad Inversiones IMACO. Por lo tanto, consideró que la presunción de inocencia no fue derrumbada, ya que la Fiscalía General de la Nación no logró probar la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de Martha Cristina Barreto González y CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO en las conductas imputadas.

2. Segunda instancia 2.1. En el fallo emitido el 1º de agosto de 2022, la Sala

Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al resolver los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y los representantes de las víctimas, decidió revocar parcialmente la sentencia absolutoria de primera instancia. En su lugar, condenó a CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO como autor de los delitos de daños en los recursos naturales en concurso con invasión de áreas de especial importancia ecológica. La decisión absolutoria a favor de Martha Cristina Barreto González no fue modificada. Asimismo, se mantuvo la absolución de QUINTERO PATIÑO por el delito de urbanización ilegal agravada. 2.2. En un título preliminar y con el propósito de dar respuesta a la petición que formuló la Delegada del Ministerio Público de que se declararan desiertos los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y los representantes de las víctimas, el Tribunal estimó que los escritos de impugnación cumplieron con el mínimo de argumentación 19 CUI 11001600000020180134201 Impugnación especial 62649 CARLOS AUGUSTO QUINTERO PATIÑO requerida, en tanto se encaminaron a cuestionar la valoración probatoria que realizó el juez de primera instancia. En el mismo sentido se pronunció respecto al cuestionamiento planteado por los recurrentes sobre el «control material» ejercido por el juez en la acusación, al no permitir que el fiscal acusara por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa. A pesar de que los apelantes consideraron esta actuación como irregular, el Tribunal señaló que, efectivamente y tal como lo determinó el juez de primera instancia en garantía del principio de

congruencia, dicha conducta no fue imputada a los procesados y, por lo tanto, no podía ser objeto de juzgamiento dentro de este pro