CSJ - SP2510-2022(58696)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada Ponente SP2510-2022 Radicación 58696

CUI: 2318231890012018-00001-01

Acta n° 160 Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022) OBJETO DE LA DECISIÓN La Corte dicta sentencia de casación, en respuesta a la demanda formulada en nombre de GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ contra la sentencia del 26 de febrero de 2020, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería. Cas. N° 58.696

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GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ

I. HECHOS

1. De acuerdo con la sentencia de segunda instancia, el 28 de febrero de 2006, ante los juzgados promiscuos municipales de Chinú (Córdoba), la abogada GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ, actuando en nombre propio, promovió proceso ejecutivo singular contra Flor Alba Morón Tirado y Alonso Blanquicet, para ese entonces cónyuge de ésta. En sustento de su pretensión, la demandante presentó para cobro una letra de cambio, suscrita por aquéllos, por valor de $5’000.000.

2. El mencionado título valor habría sido adulterado con adición de un cero en la cifra, pues, según la acusación, la suma entregada en mutuo por la señora MARTÍNEZ fue de $500.000.

Sin embargo, con fundamento en el libelo, el mismo día de su

presentación, el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de ese municipio dictó auto de mandamiento de pago, con decreto de medidas cautelares contra los demandados. Tramitado el proceso, el juez dictó sentencia el 25 de marzo de 2008, en la que desestimó las excepciones de mérito fundadas en alteración del título e inexistencia de la obligación, ordenando en consecuencia proseguir la ejecución. El trámite procesal se suspendió el 14 de abril de 2010, con el decreto de la prejudicialidad penal en lo civil.

II. ACTUACIÓN PROCESAL PERTINENTE

3. Por los mencionados hechos, ante la Fiscalía 28

Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y la Recta y Eficaz Administración de Justicia de Montería, se adelantó investigación contra GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ. Cerrada la instrucción, mediante resolución del 11 de mayo de 2018 el fiscal calificó el mérito del 2 Cas. N° 58.696

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GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ sumario con resolución de acusación contra aquélla, como probable autora de fraude procesal1, determinación que cobró ejecutoria el 10 de agosto de 2018.

4. La etapa de juicio le correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú, cuyo titular dictó sentencia el 3 de diciembre de 2019. Tras declarar a la acusada autora responsable de fraude procesal, la condenó a las penas de 4 años de prisión, 5 años de inhabilidad para el ejercicio de

derechos y funciones públicas y multa en cuantía de 200 s.m.l.m.

5. En respuesta a los recursos de apelación interpuestos por el defensor y el fiscal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería, mediante la sentencia ya referida, modificó el fallo de primer grado, a fin de aumentar la pena de prisión impuesta a 72 meses, con concesión de la prisión domiciliaria. En lo demás, lo confirmó.

6. Dentro del término legal, el defensor interpuso el recurso extraordinario de casación y presentó oportunamente la respectiva demanda. Corridos los traslados de rigor en el tribunal, por medios virtuales, sin que los sujetos procesales recurrentes se hubieran pronunciado, la actuación fue remitida a la Corte, que admitió el libelo el 2 de mayo de 2022.

7. Contándose con concepto de la Procuradora 2ª Delegada para la Casación Penal, la Sala procede a dictar sentencia. 1 Pese a que a la sindicada también se le vinculó como posible autora de falsedad en documento privado (art. 289 C.P.), mediante la resolución del 5 de julio de 2017 -por cuyo medio se resolvió situación jurídicase decretó la preclusión parcial de la actuación, por haber prescrito la acción penal en relación con ese delito.

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GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ

III. SÍNTESIS DE LOS CARGOS 3.1. Principal: violación directa de la ley sustancial. 3.1.1. Falta de aplicación.

8. El censor formula un reproche principal por aplicación

indebida del art. 453 del C.P., derivada de falta de aplicación de los arts. 623, 626 y 631 del Código de Comercio.

9. Estas últimas normas, destaca, conciernen a títulos valores y regulan los efectos de la discordancia entre cifras expresadas en números y en letras, eventualidad en la que la ley mercantil permite la circulación de los instrumentos cambiarios que contengan valores alterados. “La utilización de una letra de cambio adulterada” en un proceso civil, sostiene, no realiza la descripción típica del fraude procesal, pues mal podría conducir al proferimiento de una decisión contraria a la ley.

10. A ese respecto, destaca, en los fallos de instancia se declaró probado que, en el marco del proceso ejecutivo promovido por la aquí acusada, el juez civil resolvió las excepciones propuestas con fundamento en prueba pericial indicativa de que a la letra de cambio se le agregó un número cero, mutando la cantidad ejecutada de $500.000 a $5.000.000. Así que, habiéndose demostrado la alteración de la suma, sin modificación del texto en letras, debió haberse aplicado el efecto previsto en el art. 623 del C.Co., esto es, preferir aquella expresión sobre los números, de donde se sigue que la cuestionada discordancia no ostentó trascendencia frente al contenido de la determinación final allí emitida.

11. En su criterio, los juzgadores limitaron su análisis a la existencia de una alteración del título valor, a partir de la cual

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GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ afirmaron una inducción en error al juez civil, pasando por alto que tal modificación carece de aptitud para que el funcionario aplicara una consecuencia ilegal. Si la adulteración del título no afecta su validez cambiaria, prosigue, la hipótesis delictiva no encuentra subsunción en los ingredientes normativos previstos en el art. 453 del C.P. y tampoco existe afectación del bien jurídico, dada la incapacidad para inducir en error al juzgador civil, quien esclareció las diferencias entre el valor numérico y el restante texto del título, conforme a dictámenes en grafología forense.

12. Si la normatividad comercial prevé la circulación cambiaria de títulos valores “adulterados”, concluye, la conducta atribuida a la acusada es atípica, debido a la “inidoneidad del medio fraudulento”, por lo que la sentencia impugnada ha de casarse para, en su lugar, absolverla. 3.1.2. Primer reproche subsidiario: violación directa por aplicación indebida.

13. A la luz de la misma causal, el libelista denuncia la aplicación indebida del art. 22 del C.P., en tanto presupuesto de falta de aplicación de los arts. 9°, 10°, 32-10 y 453 ídem. En suma, alega, pese a que en los fallos se descartó que la acusada hubiera adulterado la letra de cambio, se le atribuyó tal conducta pasando por alto que la señora MARTÍNEZ “no tenía consciencia de la ocurrencia del hecho”, por lo que su actuar, en todo caso, está desprovisto de dolo. En ese entendido, subraya, el

comportamiento de aquélla es atípico desde el plano subjetivo.

14. Sobre ese particular, resalta, acorde con los medios de conocimiento practicados, en las sentencias se estableció, por una parte, que la procesada no fue la persona que adulteró el título valor, pues sus trazos no corresponden a los de quien

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GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ agregó el cero al documento; por otra, que las firmas consignadas sí pertenecen a los aceptantes.

15. Si la acusada no intervino en la elaboración del documento cuya autenticidad se cuestiona, enfatiza, pues lo recibió del esposo de la demandada en el proceso civil, “debidamente diligenciado” y “así lo entregó a la apoderada para el cobro” por vía judicial, debió haberse dado aplicación al art. 3210 del C.P., dado que hizo uso de la letra de cambio sin consciencia de su adulteración. Esto, en su criterio, conlleva “ausencia de dolo por error de tipo y erige un elemento de atipicidad subjetiva”, que igualmente habría de conducir a la absolución. 3.3. Segundo cargo -subsidiario-: violación indirecta de la ley sustancial.

16. De no prosperar los ataques fundados en errores de aplicación normativa, continúa, el fallo impugnado ha de casarse para absolver a la procesada, por cuanto, según su juicio, los juzgadores incurrieron en errores de hecho, consistentes en falso raciocinio y falsos juicios de existencia, tanto por suposición como

por omisión de pruebas. 3.3.1. Falso raciocinio.

17. Los yerros de valoración, expone, devienen del desconocimiento de postulados lógicos producto de la incursión en petición de principio y quebranto de la máxima de no contradicción, al “haberse estructurado un indicio derivado únicamente de la presentación de la demanda civil por la acusada, las conclusiones del informe pericial y la versión de la aquí denunciante”. A partir del contenido de esas pruebas, cuestiona, se infirió que sólo GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ tenía la

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GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ capacidad para adulterar la letra de cambio, dada la tenencia de ésta y la afirmación del beneficio que ello le entrañaba.

18. Empero, en su sentir, tales conclusiones son simples sospechas, pues el razonar de los juzgadores de instancia pasa por alto que la procesada recibió el título valor de Alonso Blanquicet, exesposo de Flor Alba Morón (la denunciante), no de ésta. De suerte que en la construcción de las inferencias indiciarias se echa de menos el descarte de otras hipótesis plausibles, igualmente explicativas del comportamiento, como: i) las variaciones del dicho de la ejecutada sobre el monto real del préstamo inicial y la cifra plasmada en el título valor, así como ii) la existencia de otras negociaciones respaldadas con la misma garantía cambiaria, realizadas entre el señor Blanquicet y la procesada, lo que permitiría atribuir la modificación del monto a

aquél.

19. En ese sentido, resalta, ha de tenerse en cuenta que Flor Alba Morón -aquí denunciante-, en el marco del proceso ejecutivo indicó que la cifra diligenciada en la letra de cambio y el valor del crédito por ella recibido de su ex cónyuge fue de $200.000, no de $500.000. Ello le permite concluir que la letra fue adulteradaprobablemente por el señor Blanquicet en respaldo de un préstamo por una suma superior, dado que negociaba con la acusadaprevio a su entrega a GUILLERMA MARTÍNEZ, pues el título no podía haber sido suscrito concomitantemente por $200.000 y $500.000, lo cual deja en evidencia el error cometido en la estructuración del indicio.

20. En consecuencia, si la acusada no era la única persona con capacidad e interés en la adulteración del documento, el razonamiento indiciario carece de solidez y se torna en una simple suposición, carente de aptitud para afirmar la responsabilidad penal, máxime que, en el marco del proceso ejecutivo, la aquí

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GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ denunciante presentó excepciones, alegando haberse obligado al pago de $200.000, no de $500.000. Lo cierto es que, resalta, la procesada no fue la única persona que tuvo en su custodia el título valor, pues luego de que Flor Alba Morón lo girara, quedó en manos de Alonso Blanquicet, quien lo entregó a GUILLERMA MARTÍNEZ, persona que, según dictamen pericial, no lo adulteró.

3.3.1. Falsos juicios de existencia.

21. El primer error de apreciación, añade, consiste en un yerro por adición o suposición probatoria. Esto, debido a que la afirmación indiciaria de la falsedad en documento privado se soporta en información extraída del dictamen grafológico y las declaraciones de la denunciante y su ex esposo. De estas pruebas, subraya, los falladores infirieron que la procesada era la única interesada en la obtención del espurio resultado final, mas a la actuación no se incorporó ninguna prueba directa que señale a GUILLERMA MARTÍNEZ como autora de la adulteración.

Ciertamente, no se probó que fue en poder de aquélla que se produjo la alteración del título, en tanto acto previo a la presentación de la demanda, por cuyo medio se le atribuye la inducción en error al juez civil.

22. En verdad, concluye, lo probado es que la acusada no fue quien alteró materialmente la letra de cambio y tampoco existen pruebas indicativas de que ella determinó a otra persona para hacerlo. Esto solo se supone por los juzgadores, sin el debido soporte probatorio.

23. Adicionalmente, agrega, los falladores incurrieron en falsos juicios de existencia por omisión, pues dejaron de apreciar varias pruebas documentales y testimoniales, trasladadas del proceso ejecutivo N° 2006-00503, cuya valoración resta solidez a la hipótesis delictiva, dado que acreditan una posibilidad

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plausible de alteración del instrumento cambiario por Alonso Blanquicet. Éste y GUILLERMA MARTÍNEZ, asevera, tenían negocios en común, lo cual implica una duda razonable sobre la responsabilidad de aquélla.

24. En esa dirección, subraya, pese a haberse practicado legalmente, los juzgadores hicieron completa abstracción de: i) el escrito de excepciones de mérito propuestas por los demandados en el proceso ejecutivo; ii) las declaraciones juramentadas de Flor Alba Morón, en calidad de demandada en dicho trámite judicial y ante la Fiscalía, en condición de denunciante, así como iii) las declaraciones rendidas por Alonso Blanquicet en ambos trámites.

25. La valoración en conjunto de dichas pruebas, según su juicio, habría variado el sentido de la decisión, pues se partió del preconcepto según el cual la procesada debía conocer la adulteración del instrumento ejecutivo, por ser su única tenedora desde el momento de su suscripción hasta la presentación de la demanda. Empero, de los inobservados medios de conocimiento es dable sostener, generando al menos una duda sobre la responsabilidad, que i) el título valor no fue recibido por la procesada de manos de la giradora; ii) entre ellas no medió vínculo negocial directo alguno, ya que el nexo económico surgió con el ex esposo de aquélla, quien fue el inicial tenedor del instrumento, y iii) la señora Morón Tirado (giradora) recibió de $200.000 de quien era su cónyuge, motivo por el cual libró la letra por ese mismo valor, siendo aquél quien, posteriormente, entregó el

instrumento cambiario a la procesada.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

26. En criterio de la procuradora, la sentencia impugnada ha de mantenerse incólume, por cuanto los reproches elevados

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GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ por el censor no acreditan la incursión en ninguno de los yerros denunciados.

27. En cuanto al primer reclamo por violación directa, destaca, la declaración de responsabilidad se basa en que la procesada recibió de los giradores la letra de cambio por un valor de $500.000 y, posteriormente, procedió a la instauración de la demanda por un valor de capital de $5.000.000. De ahí que, en su sentir, no tengan aplicabilidad los arts. 623, 626 y 631 del C.Co., pues si bien ellos establecen la posibilidad de circulación de títulos valores “alterados ideológicamente en su contenido”, en todo caso limitan la acción cambiaria a los signatarios posteriores a la adulteración (art. 631 ídem).

28. Corolario de lo anterior, prosigue, el segundo reproche por violación directa también es improcedente, como quiera que parte de un postulado fáctico diverso a los hechos que se declararon probados, a saber, que la letra de cambio fue entregada a la procesada con un valor cartulario de $500.000, siendo en su exclusivo poder y por razón de su única acción que se produjo la transformación del instrumento a la suma de $5.000.000. De ahí que, al alterarse tal premisa, queda en el vacío

la alegada falta de aplicación de las normas con fundamento en las cuales se reclama un juicio negativo de tipicidad subjetiva.

29. Por último, sostiene que la denunciada violación indirecta de la ley sustancial, por errores de hecho, es igualmente infundada. Lo señalado probatoriamente en las sentencias, resalta, es únicamente la correspondencia de la firma de Alonso Blanquicet con las grafías visibles en la fuente original, mas no su univocidad con los textos y números finalmente insertos en el título valor. Así, enfatiza, lo precisó el tribunal a partir de la aclaración del dictamen en grafología forense.

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30. Que la deudora Flor Alba Morón hubiera percibido del señor Blanquicet tan sólo la suma de $200.000 y con ese ánimo hubiera firmado la letra de cambio, subraya, no fue un asunto desconocido en el proceso. Sin embargo, lo que se coligió es que ello no resulta indicativo y menos aún demostrativo de la eventual acción de aquél para la final adulteración del título.

31. En esa dirección, como lo reseña el concepto pericial, a Alonso Blanquicet sólo resulta atribuible la estampación de su firma en el instrumento en calidad de “codeudor” de la suma de $500.000. Los números y “textos” ulteriormente insertos en el documento conciernen a la adición de un número cero como tercer dígito de la suma a pagar, para elevarla a los $5.000.000

reclamados judicialmente, “así como a la introducción de un texto concordante con esa cifra”.

32. En tales condiciones, advierte, lo claro es que la anotación inicial en el instrumento crediticio fue de $500.000, cifra finalmente adulterada mediante la inserción de un adicional dígito cero y “de un texto literal que refiere la suma de cinco millones de pesos” ($5.000.000). Por ello, enfatiza, la conclusión judicial no resulta absurda ni contraria a las pruebas practicadas, sino que el censor “pretende hacer prevalecer su interpretación personal sobre las apreciaciones de los juzgadores”.

33. Lo cierto, en su entender, es que el título valor fue inicialmente emitido por $500.000 y luego alterado a $5.000.000, mediante la inserción de un cero, “valor con el cual fue complementado su texto literal”, lo que explica que la adulteración se haya producido mediante la inserción de un número cero y no con la afectación del inicial dígito cinco.

34. Tal realidad probatoriamente declarada en los fallos, puntualiza, riñe con la versión de la procesada, para quien, al

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GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ momento de recibir la letra de cambio, estaba aceptada en respaldo de un préstamo de $5.000.000, adeudados por el señor Blanquicet y, por ese valor, fue que inició la ejecución.

35. Por otra parte, en lo que atañe a la tenencia de la letra de cambio, advierte, es claro que el documento fue recibido por

la procesada en condiciones que denotan correspondencia con la voluntad de sus giradores, por la suma de $500.000 y adicionó el número cero con posterioridad a dicha entrega. La cuestión adquiere mayor relevancia procesal si se tiene en cuenta que, conforme al dicho de la acusada, ésta habría prestado la suma de $5.000.000 a Flora Alba Morón y Alonso Blanquicet. Sin embargo, al proceso no se incorporaron pruebas “que permitiera denotar dicha especie como una situación precedente al momento de elaboración del título valor”, menos si se descarta la intervención del señor Blanquicet en la producción del instrumento, salvo en la imposición de su firma.

36. De esa manera, concluye, se descartan los reclamados errores de hecho, pues lo irrefutablemente acreditado es que el texto original del documento hacía referencia únicamente a $500.000, no a $5.000.000, que fue el objeto de la final ejecución por vía jurisdiccional. En esas condiciones, los cargos tercero, cuarto y quinto, presentados en condición de subsidiarios y que parten del mismo elemento común, de desconocimiento por parte de la procesada de la previa afectación del texto del instrumento, no están llamados a prosperar.

37. Por consiguiente, sin que observe vulneración alguna a garantías fundamentales, solicita a la Corte no casar la sentencia impugnada.

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V. CONSIDERACIONES

38. De la multiplicidad de reproches elevados por el censor, la

Corte extrae dos aspectos esenciales que orientarán el abordaje metodológico del pronunciamiento de fondo. Por una parte, habrá de determinarse si, conforme a los enunciados de hecho que se declararon probados en la unidad decisoria conformada por los fallos de instancia, se aplicó un erróneo juicio de adecuación típica por fraude procesal, tanto en el plano objetivo, como en el ámbito subjetivo.

39. En ese entendido, en un primer momento, se seguirá una estructura de resolución propia de la violación directa de la ley sustancial. Esto, debido a que la configuración de la hipótesis genérica de ilegalidad a verificar (supuesta aplicación indebida del art. 453 del C.P.), basada en una incorrecta adecuación de la realidad fáctica en el tipo penal de fraude procesal, depende de la comprensión de ingredientes normativos sobre los que recae la conducta y del alcance de la conducta típica, así como en la subsunción del actuar del sujeto activo en los componentes del dolo (art 22 ídem). Entonces, como punto de partida, se reconstruirá la estructura fáctico-probatoria construida en las instancias (cfr. num. 5.1.) -la cual, a fin de examinar los denunciados yerros de aplicación normativa, ha de reputarse correcta e inmodificable-. Luego, la Corte fijará en el plano general y abstracto los criterios normativos (num. 5.2.) a la luz de los cuales, enseguida, escrutará el juicio de subsunción aplicado en el caso en concreto (num. 5.3.).

40. En un segundo momento -de descartarse las eventualidades de violación directa de la ley sustancial-, la Sala examinará si la

sentencia impugnada incurrió en errores en la conclusión del silogismo jurídico, a causa de infracciones en la construcción de la premisa menor o fijación de los hechos (num. 5.4.). En esta fase, 13 Cas. N° 58.696

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GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ el análisis seguirá los derroteros de la violación indirecta de la ley, con miras a establecer si hay lugar a modificar los enunciados fácticos con referencia a los cuales se aplicó el juicio de adecuación típica y, bajo esa óptica, si subsiste o no el estándar de conocimiento necesario para condenar (art. 232 inc. 2° C.P.P.). 5.1. Reconstrucción de la estructura fáctico-probatoria edificada en las instancias.

41. De acuerdo con el fallo de primer grado, a GUILLERMA MARTÍNEZ le asiste responsabilidad por fraude procesal debido a que, “en su condición de abogada y acreedora del título valor suscrito y aceptado por Alfonso Blanquicet y Flor Alba Morón”, promovió y adelantó en contra de éstos un proceso ejecutivo en el que presentó, como fundamento de su pretensión, una letra de cambio por valor de $5000.000, adulterada. Los deudores, declaró probado el juez, no se obligaron a pagar esa suma, sino $500.000, a los que se le añadió un cero en el instrumento cambiario. En detalle, el a quo expuso: La acusada presentó demanda ejecutiva singular ante el

Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Chinú. Como título

valor se presentó una letra de cambio que, no existe duda, fue adulterada en su contenido original. Ello se demuestra con los dictámenes practicados en el proceso ejecutivo, en razón a las excepciones planteadas; en el del 30 de abril de 2007 se concluyó que existió alteración por adición en el tercer cero en el espacio donde inicialmente se encontraba el punto que separa las unidades de mil de la cifra original, que es de $500.000…Al solicitarse nuevo dictamen se concluyó lo mismo, adicionándose que el lleno del título por cinco millones de pesos no corresponde a los gestos gráficos que registran GUILLERMA MARTÍNEZ ni Alonso Blanquicet.

42. Ahora bien, el tribunal declaró probado, en consonancia con los dictámenes periciales en grafología forense, que GUILLERMA MARTÍNEZ no fue quien alteró la suma numérica plasmada en la letra de cambio, con la adición de un cero. Sin embargo, atendiendo a que, por una parte, la procesada fue la

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GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ única tenedora y beneficiaria del título, sin que en la cadena cambiaria hubiera participado alguien más; por otra, fue aquélla quien directamente instauró la demanda y aportó la letra para iniciar la ejecución, infirió que sólo a instancia suya pudo haberse alterado el título.

43. En ese sentido, para el ad quem, únicamente la acusada estaba en posibilidad de provocar la adulteración de la letra de cambio con que inició la acción ejecutiva. Al respecto, señaló:

La procesada fue la demandante en el proceso civil y quien entregó el título valor para su cobro. Igualmente, ella afirmó en indagatoria que prestó a Flor Alba Morón y Alonso Blanquicet cinco millones de pesos, suma que fue respaldada en una letra de cambio que, precisamente, según el dictamen pericial, fue adulterada en la cuantía. Según la peritación, se le agregó un cero, es decir, que realmente había sido llenada por $500.000, no por $5000.000, como lo afirma la denunciante. Si, en efecto, la letra de cambio había sido llenada por la suma a la que se refiere la denunciante y no por la que dice la procesada, no es de recibo lo afirmado por esta última, al decir que no sabe por qué aquélla habla de quinientos mil pesos. De ser ello cierto, ¿por qué se adulteró la letra?...Está demostrado con suficiencia que la afirmación de la denunciante, en cuanto a la suma de quinientos mil pesos, es cierta, pues la letra fue adulterada en su cantidad. De ello no hay la menor duda, así se infiere del dictamen pericial. Pero, además, no es lógico inferir que los deudores iban a alterar la letra de cambio con una suma superior. Siguiendo con este hilo conductor, se tiene que la letra la presentó para su cobro la procesada, ello significa que quien la tenía en su poder era ella, quien la custodiaba. Además, es cierto que el título valor fue llenado por una suma inicial de $500.000, al punto que precisamente fue adulterado hacia la suma superior de $5000.000, tal como lo corroboró el dictamen pericial. Ello coincide con lo

afirmado por la denunciante y desmiente el dicho de la procesada en cuanto a que la letra estaba por $5’000.000, pues de ser cierto ello, no habría sido necesario acudir a la adulteración del título valor. Y si a ello agregamos que la firma que aparece es la del exesposo de la denunciante, ciertamente todo conduce a afirmar que él obró de buena fe al firmar el título y no fue quien lo adulteró; luego, es difícil 15 Cas. N° 58.696

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GUILLERMA CRISTINA MARTÍNEZ concluir que la denunciante y su exesposo hubiesen adulterado un título valor para lograr en su contra una suma superior. Carece de lógica que los mismos deudores manipulen un título valor aumentando la suma adeudada. Aunado a lo anterior, se tiene probado que el título valor estaba en poder de la procesada, pues ella misma acepta que lo entregó al abogado que presentó la demanda ejecutiva singular. Luego, si era cierto que la suma entregada a la denunciante y su exesposo era la de $5000.000, no había necesidad de demandar con una letra de cambio adulterada y, sobre todo que, a sabiendas de dicha adulteración, la procesada guardó silencio. De conformidad con lo expuesto, es lógico concluir que está demostrado con certeza que la única persona con interés para adulterar el título valor era la procesada, luego entonces no es difícil arribar a la conclusión de que existe prueba necesaria para condenar.

44. A la hora de afirmar la responsabilidad, por otra parte,

los juzgadores descartaron probatoriamente la hipótesis defensiva, basada en que Alonso Blanquicet pudo haber alterado la letra de cambio, agregándole un cero. Sobre el particular, en la sentencia de primera instancia se lee: La signatura ilegible ubicada en la parte inferior derecha de la letra de cambio, que se lee por cinco millones, coincide plenamente con el gesto gráfico definido de Alonso Blanquicet. Revisado el título en la parte descrita, se encuentra la firma del señor Blanquicet, la cual corresponde a su gesto gráfico. […] Según la defensa y la misma procesada, ella no alteró el título...Sin embargo, sobre ello también se refiere el dictamen, a si la alteración fue realizada por Alonso Blanquicet, concluyéndose que él tampoco interactuó en la alteración del valor del título y lo único que en éste se encuentra son sus gestos gráficos encontrados en la parte inferior derecha de la letra de cambio (lo correspondiente a la firma y solo la firma), tal como se puede establecer a folio 33, inciso 3° del ítem descrito como “hallazgos y resultados”. El perito Héctor Vargas aclara que sólo se refiere a la firma, la cual, no hay lugar a dudas, es auténtica y corresponde a la de Alfonso Blanquicet. 16 Cas. N° 58.696

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45. En la misma dirección, el tribunal destacó que, de acuerdo con lo concluido por el perito en grafología forense, es infundado sostener que el adulterador de la letra fue el señor

Blanquicet: En el dictamen del 30 de octubre de 2007, en las conclusiones se afirma que “las signaturas ubicadas en la parte inferior derecha de la letra de cambio que se lee por $5’000.000 coincide plenamente con el gesto gráfico definido del señor Alfonso Blanquicet, exesposo de la denunciante”.

Frente a lo expuesto por el defensor, con respecto al contenido del dictamen pericial…en la aclaración del dictamen, del 16 de julio de 2012, se dijo: “así mismo, se aclara que no estoy conceptuando sobre los guarismos que se leen 5’000.000, vistos en el título valor, por cuanto este ítem solamente hace alusión a la firma que se encuentra en la parte inferior derecha”. Con la aclaración del dictamen se hace envidente que el perito nunca dijo lo que el abogado defensor manifiesta, es decir, que el excompañero de la denunciante fue quien adulteró la letra en su cant