CSJ - SP260-2023(59259)

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente SP260-2023 Radicación n° 59259 Acta No 119 Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023). ASUNTO La Sala se pronuncia sobre la demanda de casación radicada a nombre de Horacio Mosquera Chaverra y Luis Orlando Rodríguez Chaparro, contra el fallo del 10 de diciembre de 2020, proferido por el Tribunal Superior de Villavicencio, mediante el cual, modificó la sentencia del 14 de diciembre de 2012 del Juzgado Adjunto Segundo Penal del Circuito Especializado con funciones de Conocimiento de la misma ciudad, para condenarlos como coautores del delito de secuestro extorsivo agravado en grado de tentativa. C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros HECHOS El 23 de enero de 2010, en el municipio de La Primavera (Vichada), cuando Ferney Marulanda Acevedo se encontraba en la manga de Coleo que allí se desarrollada, fue abordado por Luis Orlando Rodríguez Chaparro, Rodulfo Rocha Ramírez, Horacio Mosquera Chaverra, Rafael Antonio Hernández Garzón y Rolando Colorado Sierra, personas que se identificaron como funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y le informaron la existencia de una orden de captura en su contra. En ese contexto, le exigieron que los acompañara a la ciudad de Bogotá, para lo cual debían transportarse en un vehículo particular. Toda vez que Ferney Marulanda Acevedo logró dar aviso a miembros de la Policía Nacional -SIPOLde la ejecución de

la aprehensión, éstos procedieron a realizar acciones tendientes a la verificación de la orden de captura. Conforme con ellas, cuando el auto ya se desplazaba con destino a la capital del país, miembros de la Policía Nacional lo interceptaron -previo seguimientoy, una vez se trasladaron todos a la Estación de Policía del Municipio de Santa Rosalía (Vichada), se identificó que el procedimiento era ilegal en tanto no existía orden de captura en contra de Marulanda Acevedo, puesto que lo exhibido por los implicados, era una orden de trabajo con la que simulaban el mandato de aprehensión. En la actuación se estableció que Luis Orlando Rodríguez Chaparro, Rodulfo Rocha Ramírez, Horacio Mosquera Chaverra, eran integrantes del Cuerpo Técnico de 2 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros Investigación de la Fiscalía General de la Nación, en el cargo de escolta grado III.

ANTECEDENTES

1. El 24 de enero de 2010, ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de El CalvarioMeta, se legalizó la captura de Luis Orlando

Rodríguez Chaparro, Rodulfo Rocha Ramírez, Horacio Mosquera Chaverra, Rafael Antonio Hernández Garzón y Rolando Colorado Sierra, a quienes se les formuló imputación1 por el delito de secuestro simple agravado y falsedad material en documento público agravado por el uso (artículos 170, numerales 5 y 12, 287 y 290 del Código Penal). Luis Orlando Rodríguez Chaparro, Rodulfo Rocha Ramírez y

Horacio Mosquera Chaverra, se allanaron al cargo referido a la falsedad2. Seguidamente se les impuso a todos medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.

2. El 17 de febrero de 2010, la Fiscalía, los imputados y sus defensores suscribieron preacuerdo a través del cual admitían la responsabilidad en el delito de secuestro simple agravado y uso de documento público falso, a cambio de una reducción de pena del 40%. 1 Audio 50001610526420108000000_5000140899001_21.wma a partir del minuto 46:30 2 Frente a este delito, según lo advirtiera el Juez con función de Control de Garantías se dispuso la ruptura de la unidad procesal. Cfr. Audio 50001610526420108000000_5000140899001_23.wma, minuto 5:00

3 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros Una vez fue aprobado aquel, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, en sentencia del 15 de octubre de 2010, condenó a los citados a las penas de 268.8 meses de prisión y multa de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el delito atentatorio de la libertad, no así por el de falsedad al observar que se subsumía en la causal de agravación del numeral 12 del artículo 170 de la Ley 599 de

2000. Como pena accesoria se impuso inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 10 años.

Interpuesto recurso de apelación por la defensa y el ente

investigador, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio en proveído del 23 de septiembre de 2011, resolvió «improbar el acuerdo suscrito entre las partes y decretar la nulidad de todo lo actuado partir (sic) del escrito de acusación (acuerdo) inclusive, para que en una nueva audiencia preliminar se corrija la imputación jurídica en consonancia con los hechos imputados»3. Ello, al advertir trasgresión del principio de legalidad, bajo el entendido que el delito que se configuraba era el de secuestro extorsivo y, consecuente con ello resultaban inviables los beneficios que se pactaban.

3. El 30 de septiembre de 2011, la Fiscalía General de la Nación a través de la Delegada 4° Especializada UNCSE, radicó escrito de acusación 4 en contra de Luis Orlando

Rodríguez Chaparro, Rodulfo Rocha Ramírez, Horacio Mosquera Chaverra, Rafael Antonio Hernández Garzón y Rolando Colorado Sierra, a título de coautores de la conducta 3 Cfr. Folios 30 a 39, cuaderno No. 1 del Juzgado 4 Folios 3 a 11, cuaderno No. 1 del Juzgado 4 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros de secuestro extorsivo agravado (artículos 169, 170, numerales 5 y 12, del Código Penal). También, atribuyó la conducta de falsedad material en documento público agravado por el uso (cánones 287 y 290 ejusdem) a Luis Orlando Rodríguez Chaparro, Rodulfo Rocha

Ramírez y Horario Mosquera Chaverra5 y uso de documento público falso (artículo 291 ídem) para Rafael Antonio Hernández Garzón y Rolando Colorado Sierra. Dicho escrito fue materializado ante el Juzgado Segundo Penal adjunto del Circuito Especializado con función de Conocimiento de Villavicencio, en audiencias del 2 de diciembre de 20116 y 20 de febrero de 2012.

4. La audiencia preparatoria se cumplió el 19 de abril de la misma anualidad, y el juicio oral y público en sesiones del 6, 7 de junio, 2, 3 de agosto, 3, 4, 25 y 26 de septiembre.

En sentencia del 14 de diciembre de 2012, el Juzgado cognoscente condenó a Horacio Mosquera Chaverra, Rodulfo Rocha Ramírez, Luis Orlando Rodríguez Chaparro, Rafael Antonio Hernández Garzón y Rolando Colorado Sierra, como coautores responsables del delito de secuestro simple agravado a la pena principal de 256 meses de prisión y multa de 1066.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, les impuso inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. 5 Ello se verifica a pesar de que ya se había dispuesto la ruptura de la unidad procesal por este delito frente a los servidores públicos. 6 En esta se desató negativamente la petición de nulidad propuesta por la defensa, la fue ratificada en auto del 13 de diciembre de 2011, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. Cfr. Folios 14 a 21, cuaderno Tribunal. 5

C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros Respecto del delito de uso de documento público falso, absolvió a los acusados Rafael Antonio Hernández Garzón y Rolando Colorado Sierra. No les concedió los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Esa sentencia fue apelada por los procesados, sus defensores, el Ministerio Público y la Fiscalía.

5. En providencia del 28 de julio de 2017, el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Villavicencio sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a una no privativa de la libertad a favor de Horacio Mosquera Chaverra

y Rodulfo Rocha Ramírez7. Y en proveído del 10 de septiembre de 2018, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio concedió a Luis Orlando Rodríguez Chaparro, el beneficio de la prisión domiciliaria de que trata el artículo 38G del Código Penal8.

6. La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio en providencia del 10 de diciembre de 2020, desató el recurso de alzada. En esa decisión: (i) negó la nulidad incoada, (ii) declaró prescrita la acción penal por el delito de secuestro 7 Cfr. Cuadernillo de audiencia preliminar de sustitución de medida de aseguramiento.

8 Folios 135 a 138, cuaderno No. 3 de primera instancia. 6

C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros extorsivo agravado y uso de documento falso respecto de Rafael Antonio Hernández Garzón y Rolando Colorado Sierra9, y (iii) modificó la sentencia en el sentido de declarar a Horacio Mosquera Chaverra, Rodulfo Rocha Ramírez y Luis Orlando Rodríguez Chaparro, coautores responsables del delito de secuestro extorsivo agravado en grado de tentativa. Consecuente con ello, les impuso 281 meses de prisión y 11874.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes como multa. En lo demás, lo confirmó10.

7. Interpuesto recurso de casación por los defensores de

Rodulfo Rocha Ramírez, Horacio Mosquera Chaverra y Luis Orlando Rodríguez Chaparro, la Sala de Casación Penal mediante providencia AP3974-2022, del 2 de septiembre de 2022, resolvió no admitir la demanda de casación presentada a nombre de Rodulfo Rocha Martínez, ni admitir los cargos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la demanda presentada a nombre de Horacio Mosquera Chaverra y Luis Orlando Rodríguez Chaparro. En consecuencia, únicamente se admitió el primer cargo de la demanda radicada a nombre de Horacio Mosquera Chaverra y Luis Orlando Rodríguez Chaparro.

8. La defensora de Rodulfo Rocha Ramírez presentó solicitud tendiente a provocar la insistencia del Ministerio Público en la admisión de su demanda, no obstante el 9 En tanto, respecto de estos procesados no opera el incremento del término de

prescripción por la condición de servidores públicos. 10 Es de advertir que, frente a la conducta de falsedad material en documento público agravada por el uso, no se pronunció el Tribunal al observar que por aquella los ex servidores públicos se allanaron a cargos en la audiencia de formulación de imputación. 7 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros Procurador Delegado de Intervención Segunda para la Casación se abstuvo de elevar dicha petición11.

LA DEMANDA

A nombre de Horacio Mosquera Chaverra y Luis Orlando Rodríguez Chaparro. Cargo admitido. Al amparo de la causal 2ª de casación, por «desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de las garantías debidas a cualquiera de las partes», censuró la sentencia de segunda instancia. Alegó la trasgresión del principio de congruencia al haberse desconocido el núcleo fáctico establecido en la audiencia de formulación de imputación y con ello, la improcedencia de la variación de la calificación jurídica de la conducta que se realizó en la acusación. Indicó que no es lo mismo aducir que los procesados se valieron de una orden de trabajo y de su calidad de servidores públicos para engañar a la víctima y lograr su retención, como fuera expuesto en la diligencia de vinculación que, como se dice en la acusación, se adicione que el propósito de esa retención era obtener provecho económico a cambio de la liberación del aprehendido. 11 Oficio del 13 de diciembre de 2022.

8 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros Agregó que, el Tribunal descartó la trasgresión del principio de congruencia, al atenerse a la constatación del escrito de acusación con la sentencia; situación que, en su parecer, es constitutivo de nulidad por violación de garantías fundamentales. SUSTENTACIÓN Y RÉPLICAS A la luz de lo establecido en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, las partes e intervinientes expresaron sus argumentos, así:

1. El defensor de Horacio Mosquera Chaverra y Luis

Orlando Rodríguez Chaparro. Ratificó el contenido de su demanda, en particular, lo relativo al cargo admitido, que da cuenta de la trasgresión del principio de congruencia, debido a que se emitió sentencia por unos hechos que no guardan coincidencia con los que fueron imputados. Consecuente con ello, solicitó casar la sentencia para, en su lugar, decretar la nulidad de la actuación desde la acusación.

2. Defensora de Rodulfo Rocha Ramírez.

Coadyuvó la petición del apoderado recurrente. 9 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros

3. El Delegado de la Fiscalía.

Acompañó el reparo de la demanda, al observar que el Tribunal en su decisión desatendió el principio de congruencia en su componente fáctico, debido a que no se atuvo a los hechos imputados a los procesados.

Para ello, evocó algunas de las condiciones que regulan el instituto de la congruencia, en particular, la que exige coincidencia entre los hechos imputados con aquellos por los que se dicta condena, para luego, dejar en claro que, en este asunto, el supuesto fáctico imputado en audiencia del 24 de enero de 2010 y que se ajustó al delito de secuestro simple agravado por no evidenciarse el elemento subjetivo relacionado con la exigencia de un provecho o cualquier utilidad, dista de aquél que de manera posterior se atribuyó en la acusación, y fue validado al momento de dictar sentencia en la sentencia de segundo grado. Denotó que si bien puede presentarse similitud en los tipos penales de secuestro simple y extorsivo en punto de la acción de aprehensión, difiere el segundo del primero en el ánimo perseguido por el agente, el cual debe quedar contemplado para imponer sanción en la correspondiente imputación al momento de exponerse los hechos jurídicamente relevantes. De modo que, si esto no acaeció y era la intención de la Fiscalía precisar este elemento, debió convocar a una 10 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros audiencia preliminar para su adición, situación que en el proceso no se verifica. En ese orden de ideas, peticionó que se case parcialmente la sentencia ajustando la condena a los términos de la imputación, en la medida que no es necesaria la nulidad.

4. El Representante del Ministerio Público.

En lo esencial compartió las argumentaciones efectuadas por la defensa y el Delegado de la Fiscalía, al observar que en la actuación se presentó una alteración fáctica en la sentencia respecto del acto de imputación, lo cual deja en evidencia la trasgresión al principio de congruencia como lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, por ejemplo, en las providencias emitidas el 16 de febrero de 2022, radicado 51696 y, 4 de agosto de 2021, radicado 59652. Yerro que no solo es predicable del Juez de segundo grado, sino del primero, pues, aunque este no emitió sentencia por el delito de secuestro extorsivo, ello fue producto de la valoración probatoria, sin percatarse que imposibilitado a ello estaba por ausencia de imputación. Sin embargo, precisó que contrario a lo pretendido por la defensa, no era dable declarar la nulidad de la actuación, sino, como lo advirtió el ente acusador en su intervención, casar parcialmente el fallo para emitir sentencia de 11 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros reemplazo en la que, se mantenga la condena por el delito en grado de tentativa como lo encontró el Tribunal, pero como secuestro simple agravado, con el correspondiente ajuste de pena.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Sala pronunciarse de fondo frente al cargo primero de la demanda radicada a favor de Horacio

Mosquera Chaverra y Luis Orlando Rodríguez Chaparro,

teniéndose por superados los defectos de los que pudo adolecer al momento de su exposición. Ello, por razón de la prevalencia de los fines del recurso extraordinario de casación previstos en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004. Para lo cual, toda vez que el reparo involucra el principio de congruencia, la Sala hará una precisión sobre los alcances de este postulado para, posteriormente, desatar el caso concreto.

2. Del principio de congruencia.

Conforme lo explicó la Corte, entre otras decisiones, en la sentencia SP2211-2022, rad. 54304, el principio de congruencia constituye una expresión del debido proceso, en la medida que, de una parte, limita el objeto de la investigación, de la acusación y del juicio oral y, de otra, garantiza el ejercicio del derecho de defensa. Ello, en los términos del artículo 8, literal H de la Ley 906 de 2004, esto es, el derecho que tiene el procesado de «conocer los cargos 12 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los fundamentan», en la medida que impide que la defensa sea sorprendida con hechos y cargos que no fueron delimitados en la acusación y, en consecuencia, permite diseñar una estrategia defensiva. En ese sentido, ha considerado la Sala 12 que para garantizar las bases fundamentales del proceso, es necesario

que entre la imputación, acusación y sentencia exista una relación sustancial entre los aspectos personal, fáctico y jurídico13; siendo el segundo de ellos inmodificable en su núcleo esencial, salvo que «en atención al principio de progresividad, surjan nuevas aristas fácticas que conlleven la configuración de otras hipótesis delictivas, o impliquen el cambio del núcleo fáctico de la imputación, supuesto en cual será necesario adicionar el acto comunicacional»14. En ese sentido, específicamente, la Corte en sentencia CSJ SP3918-2020, Rad. 55440, explicó: «Pero cuando surgen nuevas aristas fácticas que conllevan la configuración de otras hipótesis delictivas será necesario ampliar la formulación de imputación o incluso practicar otra diligencia de esa índole a fin de no sorprender al incriminado, limitante que subsiste aun en la audiencia de formulación de acusación, en la que, si bien el Fiscal puede corregir la acusación, no está facultado para alterar el aspecto fáctico. 12 CSJ CSJ SP, 15 may. 2008, rad. 25913. Posición reiterada en CSJ SP, 16 mar. 2011, rad. 32685; CSJ SP, 25 may. 2015, rad. 44287; CSJ SP, 29 jul. 2015, rad. 43855; CSJ SP, 29 sep. 2017, rad. 46965; CSJ SP, 23 sep. 2020; y SP, 10 mar. 2021, rad. 54658.

13 CSJ SP3793-2021 Rad. 56963.

14 Cfr. CSP SP3793-2021 Rad. 56963, SP2042-2019 Rad 51007, CSP SP3614-2021

Rad. 51689 13 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros El límite, entonces, son los hechos registrados en la imputación, sin que se puedan considerar supuestos fácticos no incluidos en ella, máxime cuando tal modificación agrava la situación jurídica del incriminado. Esto significa que tales modificaciones serán posibles si se adelanta una audiencia de garantías adicional a la imputación para tales efectos y se realiza antes de la presentación del susodicho escrito. La Sala insiste en que bajo la Ley 906 de 2004 la fijación de los hechos es de exclusiva competencia de la fiscalía y, la modificación del núcleo fáctico de los dados a conocer en la audiencia de imputación solo es viable a instancia suya, eso sí agotando el procedimiento correspondiente antes de la presentación del escrito de acusación. En las audiencias posteriores ese núcleo es inmodificable para agravar en los procesos ordinarios y abreviados (no así las circunstancias que favorezcan al procesado), por demás, a los hechos judicializados se tiene que circunscribir la conducta procesal de las partes, los intervinientes y las autoridades (judiciales, fiscales y Ministerio Público).» De manera que, pese a que el artículo 448 de la Ley 906 de 2004 prevé que «el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por

los cuales no se ha solicitado condena», lo cierto es que la jurisprudencia de esta Sala, ha estimado que «la delimitación fáctica del trámite depende de la comunicación de hechos jurídicamente relevantes efectuada en la formulación de imputación»15, pues si el proceso es entendido como una serie de actos concatenados, bajo el principio de antecedenteconsecuente, es evidente que desde el primer escaño debe limitarse el núcleo fáctico del juicio y en consecuencia de la sentencia. Luego, resulta claro que la imputación fáctica no puede ser objeto de modificación sustancial a lo largo del proceso, y por lo mismo el núcleo central debe mantenerse desde la

15 CSJ SP4054-2020, Rad. 54996

14 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros formulación de imputación hasta la sentencia, a diferencia de la imputación jurídica que es flexible16, en tanto se permite al fallador que profiera condena por un delito distinto al previsto en la acusación, sin que ello atente contra el principio de congruencia, siempre que17: «i) la modificación se oriente hacia una conducta punible de menor entidad -en CSJ SP, 30 nov. 2016, rad. 45589, reiterada en CSJ SP2390-2017, rad. 43041, se aclaró que la identidad del bien jurídico de la nueva conducta no es presupuesto del principio de congruencia, por lo que nada impide hacer la modificación típica dentro de todo el Código Penal-; ii) la tipicidad novedosa respete el núcleo fáctico de la acusación,

y iii) no se afecten los derechos de los sujetos intervinientes (CSJ AP5715-2014).».

3. Del caso concreto.

Escuchado el registro de la audiencia de formulación de imputación, se verifica que en la relación de hechos jurídicamente relevantes no se hizo mención a una finalidad extorsiva en la ejecución de la retención, por el contrario, la delegada fiscal expresó sin dubitación alguna que adecuaba los hechos denunciados en la descripción típica que trae el artículo 168 del Código Penal, esto es, secuestro simple al no dejarse en evidencia exigencia alguna a cambio de la liberación de la víctima. 16 CSJ SP, 3 may. 2017, Rad. 30716; CSJ SP, 8 feb. 2017, Rad. 46099; CSJ SP, 11 abr. 2018, rad. 47680, entre otras. 17 CSJ SP, 22 ene. 2020, Rad. 55595. 15 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros Así, se verifica de la imputación fáctica efectuada en la audiencia de formulación de cargos realizada el 24 de enero de 201018: “…Entonces, señores indiciados, la Fiscalía procede a darles a conocer, a formular imputación por los cargos de secuestro simple agravado y falsedad material en documento público agravada con el uso, en un momento ya les relato en que consiste cada una de estas conductas y la pena a imponer para su trasgresor, esto señores, por cuanto la Fiscalía cuenta con elementos materiales

probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida hasta el momento de los cuales se desprende, es dable inferir razonablemente que ustedes son autores o participes de los delitos que son materia de investigación bajo el radicado que nos ocupa, para ello, pues como se dejó ver en la audiencia anterior, la Fiscalía cuenta con elementos tales como el informe ejecutivo de fecha 24 de enero de 2010, suscrito por Leonardo Trujillo de la SIJIN que da cuenta de las circunstancias temporo-modales en que ustedes fueron capturados y de los actos desplegados para llegar a esa situación, como de los realizados una vez sucede ello en aras a garantizar y respetar sus derechos. Igualmente contamos con la noticia única criminal formulada por Ferney Marulanda Acevedo, que es la víctima en estas diligencias, que da cuenta pues, de la manera cómo cuando estaba en la manga de coleo es abordado por ustedes, quienes, tres de ustedes, pues los servidores públicos del CTI de la Fiscalía, se le identifican como tal, exhiben los carnets y, en compañía de los otros dos particulares, le hacen ver que requieren adelantar una actuación con él por cuanto tiene una orden de captura y es así como de manera subrepticia, pues, logran sacarlo del lugar y gracias a que éste logra indicar a gente de la SIPOL que se hallaba en el lugar, pues, de que algo raro ocurría, pues, es que se dan a la tarea de verificar la presencia de personal de policía judicial desarrollando labores propias de su función, como vemos, estas labores no tienen nada que ver con el cargo que ustedes desempeñan al interior del CTI y que, por el contrario, pues, al portar documentos fabricados para poder

engañar, para poder alterar la realidad, la verdad, ustedes pues se hallan incursos en el otro delito mencionado que es el que se les endilga de falsedad material de documento público agravada con el uso, igualmente tenemos la entrevista de Víctor Hugo Correa Ángel, perteneciente a la Estación de Policía de La Primavera que da cuenta de todas las verificaciones que tuvo que realizar hasta llegar a determinar que en verdad, pues ustedes no estaban en 18 Registro de la audiencia, archivo “50001610526420108000000_500014089001_21.wma” a partir del minuto 39:00 16 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros ejercicio de una labor propia de sus funciones y en cumplimiento de una orden de alguno de sus superiores, estableciendo, pues, que la retención del señor Ferney Marulanda Acevedo, que ustedes habían ejercido momentos antes no tenía ningún asidero legal y, por el contrario, se determinaba el hecho pues de que estaban infringiendo la ley; igualmente por cuanto se constató que esta persona carecía de antecedentes penales y que no poseía ningún llamado de autoridad, entonces, para mayor ilustración y teniendo en cuenta que igualmente se logró realizar, así sea por el momento de manera, pues, visual la confrontación entre los papeles, los documentos exhibidos por ustedes bajo la orden de trabajo 1543 con los originales que se lograron obtener de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz del nivel central, pues que, si bien es cierto existe el consecutivo de esa orden de trabajo 1543,

su contenido, pues, a todas luces es diferente y pues ello hace que se establezca que los documentos por ustedes portados eran adulterados, además, pues, tenemos como se movilizaban por lugar diferente de sus sitios de trabajo, acompañados de las armas de dotación para desempeñar la labor e igualmente se estableció que en el vehículo en el que se movilizaban no tenía nada que ver con la institución para la cual ustedes representan y que pues al parecer sí tiene que ver con uno de los particulares aquí indiciados. Tenemos igualmente esas actas de incautación de elementos que nos dan a conocer que realmente hay un nexo entre esos elementos que la Policía nos presenta y, con ustedes en razón de que los portaban para el momento de dicha captura, entonces me voy a permitir a darles a conocer el contenido de las normas, de los tipos penales en los cuales la fiscalía ha adecuado esa conducta por ustedes desarrollada así. Entonces, tenemos para empezar que el delito de secuestro simple esta contemplado en el artículo 168 del Código Penal, que este fue modificado por la Ley 733 de 2002, artículo 1, y que dice “el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de 12 a 20 años”, ese que sea con propósitos distintos a los previstos en el siguiente artículo, pues, es diferente a los extorsivos que son las exigencias de dinero, entonces esta pena de 12 a 20 años, ha sido incrementado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, de una tercera parte a la mitad, y así las cosas, ese

mínimo parte de 16 años y el máximo queda en 30 años. Este delito que se les endilga de secuestro simple se hace con el agravante contemplado en el artículo 170, numerales 5 y 12 (…) Traemos a colación para el presente caso la prevista en el numeral 5, cuando la conducta se realice por persona que sea servidor público, o que sea o haya sido miembros de las fuerzas de seguridad del estado, esta causal de agravación, pues, es dable imputarla a las tres personas que aparecen como funcionarios del 17 C.U.I. 99524610527420108000001 N.I. 59259 Casación Rodulfo Rocha Ramírez y otros CTI, excepto a los dos particulares respectivamente, pero para todos esta conducta sí se puede agravar, o se agrava por lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 170 que dice, si la conducta se comete utilizando orden de captura o detención falsificada o simulando tenerla, es de advertir que, el parágrafo de dicho artículo 170 es el que dispone que las penas señaladas para el secuestro simple, se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando concurriere alguna de las circunstancias anteriores (…) respecto a este delito y como a continuación se verá también para el de falsedad material en documento público agravado por el uso, está la circunstancia de agravación punitiva del artículo 58 numeral 10 del Código Penal, dada la coparticipación en la que han actuado (…)” Hechos que en el escrito de acusación variaron, en tanto, el delegado del ente investigador manifestó que los imputados perseguían una utilidad, al parecer de tipo

económico, a cambio de la liberación de Ferney Marulanda Acevedo. En los siguientes términos se consignó la relación de los hechos jurídicamente relevantes en el escrito de acusación: “- El señor FERNEY MARULANDA ACEVEDO, señala que el día 23 de enero de 2010, a eso de las 14:15 horas, cuando llegaba a la manga de coleo del municipio La PrimaveraVichada, fue abordado por unos señores que se identificaron como funcionarios de la Fiscalía y le dijeron que venían por él desde Bogotá, le mostraron escritos de la Fiscalía; y le dijeron que no se resistiera y que se subiera al carro. -MARULANDA ACEVEDO, al advertir que cerca del lugar, estaba el carro de la SIPOL, de La Primavera, llamó a los agentes y les solicitó verificaran si era de la Fiscalía, por cuanto, lo llevaban capturado, al darse la verificación, él accedió a subirse al carro y salieron del pueblo. -Más adelante, los policiales los alcanz