CSJ - SP284-2022(56369)

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA Magistrado ponente SP284-2022 Radicación 56369 Acta 22 Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022).

VISTOS: La Corte resuelve los recursos de apelación interpuestos por FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO, su defensora y la delegada del Ministerio Público, contra la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2019 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia, mediante la cual condenó al prenombrado en calidad de autor del delito de abuso de función pública y lo absolvió por el de concusión.

HECHOS: Según el escrito de acusación, FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO en calidad de Juez 1° Promiscuo Municipal con CUI 11001600071720160002801

Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia Función de Control de Garantías de Apartadó (Antioquia), realizó las siguientes conductas: a. En asocio con el Fiscal 28 Especializado del mismo municipio doctor Arnoldo Luis González Arévalo, la asistente de fiscal II Esperanza Magnolia Izquierdo Moreno y el abogado Marino Ortiz Palacio, solicitaron, de común acuerdo, el pago de 35 millones de pesos a cambio de tramitar, de manera ilegal, la libertad de Jorge Eliécer Rozo Solano. Sujeto procesado dentro de la actuación con radicado nro. 050016000206-201356709 y quien había sido

capturado cuando transportaba 19 paquetes de cocaína en una camioneta Mazda, entre los municipios de San Pedro de Urabá y Turbo, Antioquia. Consignado el dinero en la cuenta bancaria de Marino Ortiz Palacio, este encargó a Esperanza Izquierdo de entregarle a FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO la suma de 7 millones de pesos, pago que se materializó en el propio despacho del juez, momentos antes de instalar la audiencia preliminar del 28 de octubre de 2013. Diligencia en la cual se declaró la ilegalidad de la aprehensión de Rozo Solano y éste quedó en libertad. b. El 15 de septiembre de 2016, dentro del proceso con radicado nro. 110016000000-201301128, GÓMEZ JARAMILLO avaló la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta a Heliodoro Agámez Pineda y Alfredo José Agámez Venegas, acusados por hechos relacionados con “el carrusel de la educación en Córdoba”, al tiempo que dispuso la cancelación de las órdenes de captura emitidas contra aquéllos. Lo anterior, arrogándose una competencia que no le correspondía, por cuanto, en dicha diligencia, la fiscalía le advirtió al juez que previamente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia 2 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia AP156 – 2017, Rad 49525, asignó el conocimiento de dicho caso a los jueces con funciones de control de garantías de Bogotá.

ACTUACIÓN PROCESAL:

1. El 5 de mayo de 2018, ante el Juzgado 40 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, previa legalización de la captura, la fiscalía formuló imputación a GÓMEZ JARAMILLO como autor de los delitos de concusión y prevaricato por acción de conformidad con lo previsto en los artículos 404 y 413, con las circunstancias de menor y mayor punibilidad descritas en los artículos 55-1 y 58-10 del Código Penal. El procesado no se allanó a cargos. Le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria.

2. El 27 de julio siguiente tuvo lugar el acto procesal de formulación de acusación y tras las audiencias preparatoria y de juzgamiento, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia dictó la sentencia del 2 de septiembre de 2019, a través de la cual resolvió absolver al procesado por el delito de concusión y condenarlo por la conducta punible de abuso de función pública, imponiéndole las penas de 21 meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 80 meses. Así mismo, le concedió al sentenciado la prisión domiciliaria conforme lo dispuesto en el artículo 38G del Código Penal.

3. Inconformes con la decisión, el procesado, su defensora y la representante del Ministerio Público presentaron recursos de apelación, objeto del presente pronunciamiento.

4. Arribado el asunto a esta Corporación, la primera instancia remitió copia del auto del 7 de febrero de 2020 mediante el cual

3 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia concedió la libertad inmediata a FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO por pena cumplida.

5. En providencia del 1 de julio de 2020, el Magistrado Ponente en compañía de sus Homólogos José Francisco Acuña Vizcaya y Patricia Salazar Cuéllar, manifestaron impedimento para conocer la actuación al amparo de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. Lo anterior, a causa de la suscripción de la providencia CSJ SP, 17 de octubre de 2018, Rad. 51.949, mediante la cual la Corte, por los mismos hechos que motivan la presente actuación, resolvió “absolver al doctor ARNOLDO LUÍS GONZÁLEZ ARÉVALO por el delito de concusión”.

6. Remitidas la diligencias al despacho del siguiente Magistrado en orden alfabético, se omitió la resolución del impedimento propuesto y la Sala expidió sentencia de segunda instancia del 28 de julio de 2021. Sin embargo, advertido el yerro, se subsanó la actuación emitiendo: (i) auto del 13 de septiembre siguiente mediante el cual se “declaró la nulidad de lo actuado a partir de la providencia SP3194-2021”. Y (ii) auto el 24 del mismo mes y año, a través del cual se declaró infundado el impedimento manifestado por los mencionados Magistrados.

7. Así las cosas, el expediente retornó al despacho del

Magistrado Ponente para lo pertinente.

SENTENCIA RECURRIDA: La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia absolvió a FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO por el delito de concusión, al tiempo que lo condenó por el de abuso de función

pública. Las razones fueron las siguientes: 4 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369

FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO

Segunda Instancia

1. Empezó por señalar que a través de las estipulaciones probatorias, quedó acreditado tanto la calidad de servidor público de FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO, como que fue él quien en calidad de Juez 1º Promiscuo Municipal de Apartadó (Antioquia), presidió las audiencias de control de garantías del 28 de octubre de 2013 – relacionada con la captura de José Eliécer Rozo Solano por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes – y del 15 de septiembre de 2016 -atinente a la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta a los acusados

Heliodoro Agámez Pineda y Alfredo José Agámez Venegas –.

2. Advirtió la imposibilidad de declarar culpable al enjuiciado, por el delito de concusión, dada la falta de estructuración de los elementos típicos que configuran esta ilicitud. En criterio del a quo, la fiscalía no probó ninguno de los verbos atribuidos en la acusación. No demostró que el juez GÓMEZ JARAMILLO, de común acuerdo con otros funcionarios y un abogado litigante, hubiera solicitado, constreñido o inducido a

alguien para obtener un beneficio o utilidad indebidos, a cambio de favorecer al procesado Rozo Solano con la libertad. Refirió que era más probable la comisión del delito de cohecho, pues a partir del testimonio presentado por Esperanza Magnolia Izquierdo Moreno, asistente de fiscal, podía colegirse la responsabilidad penal del procesado en el ilícito plan de otorgar la libertad a José Eliécer Rozo Solano a cambio de dinero. Sin embargo, advirtió que no era posible emitir condena por tal punible, en razón a la ostensible afectación del principio de congruencia, “habida cuenta que ello implicaría la alteración de núcleo fáctico atribuido por la fiscalía desde la misma acusación y que es diferente para uno y otro delito resultando vulnerado también el derecho de defensa”. 5 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369

FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO

Segunda Instancia

3. A diferencia de lo anterior, el Tribunal dispuso condenar al procesado, en calidad de autor del delito de abuso de función pública, por cuanto, a su juicio, es la conducta que más se adecúa al caso concreto. Indicó que, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de justicia avalan la modificación de la denominación jurídica de las conductas punibles imputadas, por ejemplo, como ocurre en este caso, del injusto de prevaricato por acción al de abuso de función pública, cuando no se modifica “en lo absoluto” el núcleo fáctico de la acusación y ello redunda en beneficio para el procesado, dada la

escogencia de un tipo penal más benigno en términos de punibilidad. Precisó que en el presente asunto, según los específicos términos del escrito de acusación, el reproche efectuado contra GÓMEZ JARAMILLO no abarca el cuestionamiento sobre la ilegalidad de la revocatoria de la medida de aseguramiento y la cancelación de las órdenes de captura, sino, únicamente, la decisión del mencionado juez de pronunciarse de fondo sobre el asunto, pese a conocer de antemano que no le asistía competencia para tal efecto, en tanto esa facultad ya había sido asignada por la Corte Suprema de Justicia a sus homólogos de la ciudad de Bogotá. Aclarado ese punto, argumentó que conforme a los elementos de convicción practicados en juicio, se demostró la tipicidad objetiva del delito contra la Administración Pública señalado. A FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO le era obligatorio acatar lo resuelto por la Corte en el auto del 3 de agosto de 2016, pues dicha Corporación, como “órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria”, determinó con “carácter vinculante” para 6 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia todos los funcionarios judiciales que “la competencia para conocer de la revocatoria de la medida de aseguramiento y cancelación de órdenes de captura respecto de los procesados Heliodoro Agámez Pineda y Alfredo José Agámez Venegas, radicaba en los juzgados penales municipales con función de control de garantías de

Bogotá”. Sin embargo, el acusado desatendió ese precedente. Se arrogó la competencia para decidir el asunto sin ofrecer ninguna razón válida que legitimara o justificara ese proceder.

Expuso el juez que: (i) conforme las normas del Código de Procedimiento Penal, los jueces de control de garantías tienen competencia en todo el territorio nacional. (ii) Que “no tenía por qué acatar” la decisión de la Corte Suprema de Justicia, dado que ésta no estaba legitimada para reglamentar competencias a través de autos. Y (iii) que el asunto radicado bajo su conocimiento no guardaba identidad fáctica con aquel decidido en el auto del 3 de agosto de 2016, pues a pesar de tratarse de los mismos hechos e idénticos procesados, en esa oportunidad la decisión de la Corte se derivó de una impugnación de competencia presentada respecto de un juez de control de garantías de Cartagena.

Argumentos todos ellos que, en criterio del Tribunal, carecen de todo sustento jurídico y se contraponen a los lineamientos jurisprudenciales decantados por esta Corporación. Aunado a lo anterior, consideró la primera instancia que GÓMEZ JARAMILLO actuó con dolo. El cúmulo de incorrecciones advertidas, aunadas al hecho de que el juez omitió tramitar el incidente de impugnación de competencia planteado por el fiscal, y que antes de escuchar las intervenciones de las partes en la audiencia, ya llevaba escrita una decisión de revocatoria, son demostrativos de que su inexorable propósito era el de asumir a toda costa el 7 CUI 11001600071720160002801

Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia conocimiento del asunto para adentrarse en la resolución de fondo del caso.

En palabras del Tribunal: “es evidente el dolo en su comportamiento, dado su marcado interés en arrogarse una competencia que no le correspondía (…) el acusado tenía absolutamente claro que de remitir la actuación ante la Corte Suprema de Justicia allí declararían de nuevo, que la competencia estaba en los jueces con función de control de garantías de Bogotá, por lo que decidió no hacerlo, motivado por intereses diferentes a los de una recta y cumplida administración de justicia”. Proceder que, además, no es propio de un funcionario avezado en asuntos de esta naturaleza y con más de 10 años de experiencia en el ejercicio profesional.

En ese contexto, el Tribunal Superior de Antioquia consideró que estaban reunidos los requisitos legales necesarios para emitir sentencia condenatoria contra FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO por el delito de abuso de función pública.

4. A efecto de la individualización de la pena, la Sala escogió el ámbito punitivo determinado en el cuarto mínimo de movilidad, teniendo en cuenta la circunstancia de menor punibilidad descrita en el numeral 1º del artículo 55 del Código Penal, y luego de descartar la de mayor punibilidad referida a la coparticipación criminal, ante la variación de la calificación jurídica propuesta.

Seguidamente, acudiendo a los criterios previstos por el inciso 3º del artículo 61 del Código Penal, decidió imponer el guarismo máximo del primer cuarto, esto es la pena de 21 meses de

prisión, al tiempo que determinó el lapso de 80 meses fijado en la ley para la sanción de interdicción de derechos y funciones públicas. 8 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia Argumentó el a quo que el comportamiento desplegado por el acusado es de suma gravedad, habida cuenta que asumió una competencia que no le correspondía, con la finalidad de “favorecer a los implicados en un caso de connotada sensibilidad social conocido como el carrusel de la educación”. Así mismo, se generó un “daño real o potencial excesivo” en tanto facilitó a los procesados el entorpecimiento de la investigación y que continuaran ejerciendo presión sobre la administración de justicia. Igualmente, se halló “demostrada la mayor intensidad del dolo”, no sólo porque GÓMEZ JARAMILLO era consciente de que el conocimiento del asunto estaba asignado a otro funcionario, sino porque violentó la ley y la jurisprudencia al omitir el trámite de la impugnación de competencia presentado por la fiscalía. Por ende, en criterio del Tribunal, “se evidencia la necesidad de una sanción que mínimamente invite a la reflexión sobre la lesión causada con el comportamiento alejado del orden jurídico, que bien se logra con la imposición del máximo de la pena prevista en ese primer cuarto, cumpliéndose a cabalidad la aspiración del Estado de prevenir la nueva comisión de ese tipo de conductas en el enjuiciado y enviar un mensaje positivo al conglomerado social a efectos de demostrar la importancia de conservar la indemnidad

y pulcritud al momento de administrar justicia”.

IMPUGNACIONES:

1. Defensa y procesado En similares términos, tanto el encausado como su abogada defensora discreparon de la sentencia de primera instancia:

9 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia 1.1. Manifestaron que se encuentran legitimados para recurrir la absolución proferida por el Tribunal, en tanto disienten de las razones que motivaron esa determinación y porque cuentan con la seguridad de la aplicación del principio de no reformatio in pejus, en los términos del inciso 2° del artículo 20 de la Ley 906 de 2004. En concreto, señalaron que atenta contra la “dignidad y honra”1 del doctor GÓMEZ JARAMILLO, afirmar que dicha decisión se fundamenta en el supuesto error de la fiscalía en la calificación jurídica de los hechos, y no, por lo que realmente aconteció, esto es, que en manera alguna se probó que el mencionado juez hiciera parte de un plan criminal encaminado a atentar contra del bien jurídico de la Administración Pública. Para los apelantes, el a quo realizó una valoración probatoria totalmente desatinada. Tuvo como principal prueba de cargo, la declaración de Esperanza Magnolia Izquierdo Moreno, sin detenerse a examinar, como era su deber, que todas sus manifestaciones relativas a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se concertó y se materializó el pago de la exigencia de una suma de dinero a cambio de tramitar, de manera ilegal, la libertad del procesado Jorge Eliecer

Rozo Solano, fueron inconsistentes y mentirosas. Ello, máxime si a tal conclusión ya había arribado la Corte Suprema de Justicia, en providencia CSJ SP, 17 de octubre de 2018, Rad. 51.949, al decidir sobre la absolución del fiscal Arnoldo Luis González Arévalo, por los mismos hechos que sustentan la presente investigación contra GÓMEZ JARAMILLO. 1.2. En cuanto al delito de prevaricato por acción, afirmaron que el reproche de la fiscalía consistió, exclusivamente, en asegurar que el juez FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO 1 Cuaderno Apelaciones. Folio 13. 10 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia incurrió en esa conducta ilícita al desatender un precedente de obligatorio acatamiento. En particular, porque asumió la competencia para conocer de la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta a Heliodoro Agámez Pineda y Alfredo José Agámez Venegas, pese a conocer el auto proferido por esta Corporación el 3 de agosto de 2016, en el que, tras analizar una impugnación de competencia planteada al interior del mismo asunto, pero respecto de un juez homólogo de Cartagena, la Corte decidió que todas las actuaciones relativas a dicha actuación penal debían surtirse ante los jueces de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, para los recurrentes, desde el punto de vista objetivo, esa conducta no es típica del delito contra la Administración Pública mencionado. Al no existir una línea

jurisprudencial pacífica sobre “qué decisiones se consideran precedente y cuál es la obligatoriedad del mismo2”, verbigracia, si sólo son vinculantes aquellas emitidas por la Corte Suprema de Justicia cuando actúa como Tribunal de Casación, resulta razonable que GÓMEZ JARAMILLO haya entendido que ese auto del 3 agosto de 2016 no constituía un precedente vertical de imperativa observancia, y que, en razón de ello, haya determinado resolver de fondo el asunto. Ahora bien, en gracia a discusión de que la acusación comprendiera el contenido de la decisión mediante la cual se avaló la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta a Heliodoro Agámez Pineda y Alfredo José Agámez Venegas, tanto el procesado como su defensora esgrimieron que dicha “determinación no puede ser tildada como manifiestamente ilegal, sino que fue el producto de la interpretación que se hizo como juez 2 Ibídem. Folio 19. 11 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia de control de garantías”3. En particular, destacaron que la sola disparidad de la decisión cuestionada, con el ordenamiento jurídico, no tipifica el prevaricato por acción, pues conforme lo expuesto en la sentencia SP072–2019, 23 ene. 2019, rad. 50419, “ese tipo de correcciones puede hacerse a través de los recursos y demás instrumentos que consagra el ordenamiento jurídico”4. 1.3. Por último, pregonaron la atipicidad de la conducta frente al delito de abuso de función pública. De un lado, porque

la conducta desplegada por GÓMEZ JARAMILLO no actualiza el elemento normativo atinente a “realizar funciones diversas de las que legalmente le corresponden” y, de otro, porque su comportamiento no fue doloso. a. Resaltaron que el original artículo 39 de la Ley 906 de 2004, con las modificaciones introducidas por las Leyes 1142 de 2007 y 1453 de 2011, ha sido objeto de variada interpretación. Sin embargo, la hermenéutica que sobre ellas debe prevalecer es aquella que respeta la voluntad expresa del legislador consistente en eliminar el factor territorial tratándose de jueces de control de garantías. Aseguraron los apelantes que fue “claro el legislador al quitar cualquier obstáculo territorial para la función de control de garantías”, en tanto el fin perseguido era brindar “mayor eficiencia en el sistema judicial, en especial en ese tipo de trámites”5. Por ende, aunque se reconozca la fuerza jurídica de las decisiones de esta Corporación y la teleología de delimitar la competencia de los jueces con funciones de control de garantías, ello no puede entenderse como una derogatoria del párrafo 1° del 3 Ibídem. Folio 19. 4 Ibídem. Folio 19. 5 Ibídem. Folio 22. 12 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia mencionado artículo 39 del C.P.P. Menos aún, que su desconocimiento entrañe la comisión del punible consagrado en el artículo 428 del Código Penal, pues ello conllevaría al

“desconocimiento por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia de la intención expresa del legislador”. Además, “constituiría una invasión de funciones” 6. Para los recurrentes, entonces, una interpretación del actual texto normativo que pretenda prevalecer el factor territorial es inadecuada porque, básicamente, “el legislador no dejó lugar a dudas: los jueces de control de garantías no están limitados a ejercer su competencia en virtud del lugar donde ocurrieron los hechos delictivos”7. Por consiguiente, concluyeron que si el artículo 39 de la Ley 906 de 2004 con la modificación dispuesta en la Ley 1453 de 2011, determinó que la función de control de garantías corresponde a «cualquier juez penal municipal», lo que debe entenderse en este asunto de manera inexorable es que “el doctor GÓMEZ JARAMILLO podía fungir legalmente en el caso de señores Ágamez” y que, desde luego, no incurrió en la conducta punible de abuso de función pública, como quiera que “no se puede usurpar lo que legalmente se ostenta”8. b. Por otra parte, descartaron la tipicidad subjetiva de la conducta. Afirmó el procesado que “si bien se pudo incurrir en una equivocación al asumir la competencia del caso, no se hizo con dolo con el ánimo deliberado de sobrepasar los pronunciamientos que en realidad se consideran como vinculantes, pero discutiblemente 6 Ibídem. Folio 24. 7 Ibídem. Folio 22. 8 Ibídem. Folio 22 13 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369

FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia obligatorios (…)”9. Menos aún, si se tiene en cuenta que en la audiencia del 15 de septiembre de 2016, desarrolló un discurso de más de 40 minutos en el que presentó de manera seria y fundada, los argumentos legales, jurisprudenciales y doctrinarios que le permitían apartarse del auto dictado por esta Corporación. Destacaron que no existe el mínimo indicio de que el juez “hubiera recibido alguna dádiva o tuviera un interés indebido en resolver el asunto sometido a su conocimiento”10. Todo lo contrario. Atendida la naturaleza del asunto, esto es, que se trataba de una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento y cancelación de las órdenes de captura, era claro para el juez que lo procedente era garantizar una pronta y cumplida justicia, tal y como así lo determina el control de convencionalidad y, en general, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por consiguiente, bajo la premisa de que el acusado actuó con la convicción de actuar conforme a derecho, máxime si “sustentó desde parámetros constitucionales, legales y jurisprudenciales por qué se apartaba del pronunciamiento de la Corte Suprema”11, los recurrentes arguyeron la presencia de un error de tipo vencible en la conducta desplegada por GÓMEZ JARAMILLO, acorde con lo contemplado en el numeral 10 del artículo 32 de la Ley 599 de 2000. Así mismo, concluyeron que en la medida en que no se identificó una razón por la cual, como juez de control de

garantías, quisiera obrar deliberadamente en desacuerdo con la ley, indicaron que las afirmaciones del a quo referidas al ánimo 9 Ibídem. Folio 47. 10 Ibídem. Folio 24. 11 Ibídem. Folio 25. 14 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia contrario a la administración de justicia, traducen simples conjeturas carentes de respaldo probatorio. c. Desde otra perspectiva, intentaron justificar las decisiones erradas de los administradores de justicia, en especial, las de los jueces de control de garantías, debido al contexto en el cual se emiten. Señalaron que éstas se profieren en medio del debate entre los extremos procesales, de manera oral e inmediata, con escasas posibilidades de consulta jurisprudencial o doctrinal y con la necesidad de desentrañar el sentido de las solicitudes, muchas veces carentes de absoluta claridad. Por ende, consideraron que es en esos casos donde la interposición de recursos se erige en la vía idónea para atacar las providencias que, como ocurrió en el asunto bajo examen, aun cuando resultaron desacertadas desde el punto de vista jurídico, fueron emitidas con total ausencia de dolo. 1.4. En síntesis, tanto el procesado como su defensora solicitaron: (i) Ratificar la decisión absolutoria respecto del delito de concusión, pero por razones diversas a las planteadas por el Tribunal a quo. (ii) Revocar la condena por el delito de abuso de función pública. Y, subsidiariamente, (iii) revisar la dosificación

punitiva para imponer la pena correspondiente al extremo mínimo del primer cuarto de movilidad, en atención a la existencia de circunstancias de menor punibilidad.

2. Ministerio Público La Delegada del Ministerio Público solicitó revocar la condena por el delito de abuso de función pública, para en su lugar, emitirla por el punible objeto de acusación, esto es, prevaricato por acción.

15 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia Explicó que conforme la acusación enunciada contra el procesado en diligencia del 27 de julio de 2018, se pueden colegir de manera clara e inequívoca, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la comisión de la “conducta prevaricadora”. En particular, afirmó la recurrente que la fiscalía hizo alusión a tres hechos jurídicamente relevantes, a saber: (i) Que el 15 de septiembre de 2016, al interior del proceso con radicado nro. 110016000000-201301128, FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO en su condición de Juez Promiscuo Municipal con Función de Garantías de Apartadó, realizó audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta a los procesados Heliodoro Agámez Pineda y Alfredo José Agámez Venegas. (ii) Que no estaba facultado para celebrar esa diligencia en tanto la Corte Suprema de Justicia, previamente, había definido que la competencia para tramitar todos los asuntos relacionados con dicha actuación correspondía a los jueces con sede en Bogotá.

Y (iii) que “de manera irregular” decidió revocar tales medidas cautelares, así como dispuso la cancelación de las órdenes de captura que pesaban contra los mencionados sindicados. También, señaló que la fiscalía sostuvo y demostró, con sustento en múltiples pruebas documentales y testimoniales practicadas en el juicio oral, que el aquí enjuiciado adoptó esa determinación con pleno desconocimiento de las siguientes decisiones: (i) auto del 11 de diciembre de 2013, radicado nro. 42.747 a través de la cual esta Corporación ordenó el cambio de radicación del caso seguido contra Heliodoro y Alfredo José Agámez, de Montería a Bogotá. (ii) La providencia del 23 de mayo de 2014, a través de la cual el Juzgado 1º Penal del Circuito de Descongestión, en sede de segunda instancia, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 16 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia carcelario contra los prenombrados. Y (iii) el auto del 3 de agosto de 2016, radicado nro. 48.494 mediante el cual la Corte Suprema de Justicia determinó que la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento elevada a favor de aquéllos debía resolverse en la ciudad de Bogotá, por competencia territorial. Así mismo, que GÓMEZ JARAMILLO “desconoció lo estipulado en el artículo 341 de la Ley 906 de 2004 que indica el trámite a seguir cuando se le impugnó por parte del fiscal la competencia para

conocer de la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, con un claro propósito que salta a la vista y se concretó de parte del enjuiciado en revocar irregularmente, o manifiestamente contraria la ley” las medidas cautelares y las órdenes de captura emitidas contra los procesados Heliodoro Agámez Pineda y Alfredo José Agámez Venegas. Esto último, teniendo en cuenta, además, que esa decisión no estuvo precedida del aporte de elementos materiales probatorios nuevos a través de los cuales fuera viable determinar que habían desaparecido los requisitos previstos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Esto es, aquellos que en anterior oportunidad, fueron determinantes para decretar, de manera preventiva, la restricción de la libertad de los imputados. Es más, destacó la apelante que de acuerdo con el particular contexto en el que se desarrolló la diligencia, se demostró que inclusive, la decisión cuestionada había sido proyectada por escrito, antes de que la solicitud fuese sustentada. Así las cosas, para la Procuradora, no es cierto que la acusación haya estado limitada, exclusivamente, al hecho de “haber adoptado una decisión sin tener competencia legal”. No. El desbordamiento de la competencia por parte del procesado “fue el 17 CUI 11001600071720160002801 Radicado No. 56369 FREDDY LEONARDO GÓMEZ JARAMILLO Segunda Instancia medio” utilizado por el procesado para “adoptar la decisión ilegal” a favor de Agámez Pineda y Agámez Venegas. En sus palabras, “la falta de competencia se constituye en un elemento más de la ilegalidad de la decisión, por ello se ha de

considerar el delito de prevaricato por acción no sólo por castigar con mayor severidad la transgresión del mismo bien jurídico, sino porque reprime de manera más precisa y completa el comportamiento del enjuiciado”. NO RECURRENTES Durante el traslado a los no recurrentes, la defensa allegó memorial a través del cual solicitó, “declarar desierto” por indebida sustentación el recurso de ap