CSJ - SP298-2023(58270)

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente SP298-2023 Radicación N° 58270 Aprobado según acta No. 139 Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación presentado en nombre de JHON JAIRO PEÑA MARTÍNEZ, respecto de la sentencia dictada en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué (Tolima), mediante la cual confirmó la proferida en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad, en la que fue condenado como autor de hurto calificado, agravado, y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, agravado. Casación N° 58270

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Jhon Jairo Peña Martínez

I. SÍNTESIS FÁCTICA Y PROCESAL

1. De acuerdo con el escrito de acusación y los fallos de instancia, los siguientes sucesos ocurrieron en el municipio de Espinal (Tolima), y dieron origen a este proceso: 1.1. A eso de las 10:30 p.m., del 7 de octubre de 2018, en la vereda Agua Blanca, en el sitio conocido como “Peladeros” —un sector rural, carente de alumbrado público—, según denuncia formulada por José Nelson Serrano Fuentes, éste fue víctima del despojo de una motocicleta —en ese momento guiada por él— de placas JAK91C, y de su billetera, por parte de dos sujetos que se movilizaban en un vehículo similar, quienes, para quitarle esos

bienes, lo intimidaron con artefactos que aquel avizoró como armas de fuego. 1.2. En el mismo sector, cerca de las 9:30 p.m., del 20 de octubre de 2018, el joven Orlando Guevara Perdomo (de 16 años para entonces), quien en ese momento conducía la motocicleta marca Yamaha XTZ 125, placas FSV42D, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban también en una moto; estos lo intimidaron, según percepción del adolescente, con armas de fuego y lo obligaron descender de su rodante, lo llevaron a un potrero aledaño, lo ataron y lo despojaron de una cadena de plata, un teléfono celular y de la motocicleta en la que se transportaba. 1.3. Con base en las labores de investigación desplegadas a raíz de las respectivas denuncias, y atendiendo comentarios de residentes del sector, se estableció que uno de los probables partícipes respondía al alias de “Jhon-Jhon”, persona que (en fotografías y en fila de personas) fue reconocida por el joven Guevara 2 Casación N° 58270

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Jhon Jairo Peña Martínez Perdomo como uno de los perpetradores del despojo del que fue víctima, e identificada como JHON JAIRO PEÑA MARTÍNEZ.

2. El 6 de diciembre de 2018, en audiencia concentrada, un juez con función de control de garantías declaró legal la captura de PEÑA MARTÍNEZ con sujeción a orden judicial previa obtenida por la Fiscalía, órgano investigador que en la señalada fecha, ante

el mismo funcionario, con base en los dos sucesos arriba reseñados, le formuló imputación en calidad de coautor del concurso de delitos compuesto por secuestro simple, hurto calificado, agravado, y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, agravado, los dos últimos en concurso material homogéneo, cargos, a los que no se allanó el imputado, y respecto de los cuales le fue impuesta, por petición del ente instructor, medida de aseguramiento de detención preventiva1.

3. La audiencia de formulación de acusación, previo escrito presentado por la Fiscalía —el 19 de diciembre de 2018—, se llevó a cabo el 12 de febrero de 2019 en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Espinal, oportunidad en la que el ente encargado de la persecución penal reiteró los cargos contra el procesado, con soporte en el mismo devenir fáctico y por las conductas punibles expresadas en la audiencia de imputación, según los artículos 29, 31, 168, 239, 240, inciso segundo, 241, numeral 10, y 365, numerales 1° y 5°, de la Ley 599 de 20002. 1 Cuaderno de garantías, archivo pdf, folios 1-10. 2 Cuaderno juzgado de conocimiento, archivo pdf, folios 1-8 y 16-17.

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4. Realizadas las audiencias preparatoria3 y la de juzgamiento4, en consonancia con el anuncio del sentido del fallo, el juez de la causa, mediante providencia de 26 de noviembre de

2019: (i) absolvió al procesado de los delitos contra el patrimonio económico y la seguridad pública predicados en la acusación en relación con el suceso del 7 de octubre de 2018, así como del secuestro simple deducido frente al supuesto fáctico del 20 de octubre siguiente; y, por el contrario, (ii) lo declaró coautor penalmente responsable de los injustos de hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, agravado, ocurridos en la última fecha y de los cuales fue víctima al entonces adolescente Orlando Guevara Perdomo.

5. En tal virtud le impuso a PEÑA MARTÍNEZ pena principal de veinte (20) años de prisión, y las accesorias de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso, así como la prohibición de conducir motocicletas y portar armas de fuego por un periodo de tres (3) años. Además, le negó los subrogados penales por ausencia del requisito objetivo5.

6. Del referido fallo apeló la asistencia técnica de del procesado6, mecanismo que fue resuelto el 1° de julio de 2020 en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué

(Tolima), en el sentido de impartirle confirmación integral7, sentencia de segunda instancia respecto de la cual, en tiempo, la 3 El 16 de mayo de 2019. Cuaderno juzgado de conocimiento, archivo pdf, folios 21 a 24. 4 En sesiones de 10 de junio, 12 de julio, 20 de agosto y 26 de noviembre de

2019. Cuaderno juzgado de conocimiento, archivo pdf, folios 27-29; 43-46; 80-81 y

83-84. 5 Cuaderno juzgado de conocimiento, archivo pdf, folios 85-118. 6 Cuaderno juzgado de conocimiento, archivo pdf, folios 122-148. 7 Cuaderno Tribunal, archivo pdf, folios 43-64. 4 Casación N° 58270

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Jhon Jairo Peña Martínez misma parte sustentó el recurso extraordinario de casación8, cuya demanda, el 17 de febrero de 2021, la Sala declaró ajustada a los requisitos de ley, y dispuso sustentar por escrito con ocasión de las medidas excepcionales adoptadas a raíz del estado de emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID199.

II. DEMANDA Y SUSTENTACIÓN

7. El apoderado de JHON JAIRO PEÑA MARTÍNEZ, tanto en la demanda como en el memorial presentado durante el trámite de sustentación escrita, con apoyo en la causal de casación prevista en el artículo 181, numeral 3, de la Ley 906 de 2004, denunció la violación indirecta de la ley sustancial, a consecuencia de yerros de valoración probatoria. 7.1. En primer lugar, sostuvo que los falladores incurrieron en falso raciocinio, al apreciar el testimonio de Orlando Guevara Perdomo y el de su progenitora, María Eugenia Perdomo, dado que ambos relatos son inconsistentes por carencia de concordancia, y porque la versión del segundo, sobre la forma como ocurrió el suceso es contraria a la lógica, pues una persona dedicada a cometer conductas como la investigada, evita ser identificada y por ello es inverosímil que el acusado se hubiese

retirado el casco para permitir su reconocimiento, como tampoco es creíble que la víctima, pese al necesario temor por la intimidación con arma de fuego, tenga tiempo de reparar en 8 Cuaderno Tribunal, archivo pdf, folios 3-32. 9 Acuerdo de Sala Penal N° 020 del 29 de abril de 2020. 5 Casación N° 58270

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Jhon Jairo Peña Martínez detalles como los suministrados por Guevara Perdomo durante su testimonio en el juicio. 7.2. Y, en segundo término, igual especie de yerro denunció acerca de la valoración de la prueba de descargo, dado que los juzgadores desestimaron las declaraciones de quienes aseguraron que, para la fecha de los hechos, el acusado se encontraba en Bogotá, arguyendo para tal efecto que sus relatos eran aleccionados; además, tampoco dieron crédito a los testimonios de la tía y la progenitora del enjuiciado, las cuales aludieron a una persecución contra este de parte del investigador de la SIJIN, Samuel Alberto Otálvaro Muñoz, funcionario que, según el censor, debido a una grave enemistad con su mandante, fue quien maquinó el señalamiento de su representado como autor de los hechos delictivos de los que se ocupó este asunto.

8. Por su parte, el Delegado de la Fiscalía General de la Nación ante esta Sala, respaldó la pretensión de la defensa y solicitó casar el fallo impugnado. 8.1. Destacó el colaborador de la Fiscalía la ausencia de

elementos de persuasión que acrediten la preexistencia y propiedad de los elementos supuestamente hurtados, por cuanto: (i) respecto de la moto, la única referencia en las diligencias son las manifestaciones de la denunciante, María Eugenia Perdomo, quien adujo que la placa del rodante era “SB42B”, marca Yamaha, color “azul-negro”, modelo 2015; empero, esa información no fue corroborada con prueba de otra índole, pues, ni siquiera, se allegó certificación de la autoridad competente que haga constar la existencia de un ciclomotor con las características mencionadas por la citada declarante; (ii) acerca del teléfono celular, tampoco 6 Casación N° 58270

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Jhon Jairo Peña Martínez obra prueba que permita colegir con certeza su existencia, en tanto Orlando Guevara, como su progenitora, se refirieron de manera indefinida e indeterminada a ese aparato, sin precisar cuál era la marca, el color, qué número tenía asignado el móvil, de qué empresa, a quién pertenecía, que valor tenía, etc.; y lo mismo sucedió en relación con el otro elemento presuntamente hurtado, esto es, la cadena plata, respecto de la cual no se indagó por la manera en que fue adquirida dicha la joya por la víctima, y menos por su valor y demás características. 8.2. Con similar argumentación resaltó el Delegado de la Fiscalía que frente al punible de porte ilegal de armas, tampoco hay evidencia que objetivamente permita concluir la existencia del objeto material de ese punible, pues el único medio de prueba con

miras a establecer ese aspecto es el testimonio de Orlado Guevara Perdomo, cuya versión no permite arribar a la certeza que se requiere para asegurar que el artefacto existió o que se trató efectivamente de un arma de fuego, pues las manifestaciones del antes citado a ese respecto no son definitivas para afirmar que el elemento usado por el atacante correspondía a uno de tal naturaleza, como lo exige el tipo penal, habida cuenta que en el juicio simplemente aseveró que era “un revólver”, conocimiento que atribuyó al hecho de haber visto en redes sociales elementos como ese, afirmación inidónea para dar por demostrado que el dispositivo usado hubiese sido un arma de las características indicadas, sin que obre otro medio de convicción acerca de la naturaleza de dicho artefacto. 8.3. Finalmente, acerca de las censuras propuestas en la demanda, el Fiscal Delegado ante esa Sede compartió la crítica del recurrente respecto del carácter inconsistente e inverosímil del 7 Casación N° 58270

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Jhon Jairo Peña Martínez señalamiento efectuado por Orlado Guevara Perdomo contra el acusado, como uno de los responsables de las conductas delictivas atribuidas al acusado.

9. A su turno, el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, pidió a la Corte mantener incólume la decisión condenatoria, dado que, en su criterio, la valoración de los elementos de prueba aportados en el juicio fue acertada por parte de los juzgadores en primero y segundo grado, para dar por demostrada la ocurrencia de las conductas delictivas y la

responsabilidad del sentenciado.

III. CONSIDERACIONES

10. De conformidad con los artículos 32-1°, 184 y siguientes de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer del recurso extraordinario interpuesto por el defensor de JHON JAIRO PEÑA MARTÍNEZ, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante la cual fue confirmada la emitida en el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal

(Tolima), en la que se le declaró coautor responsable de los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, ambas conductas en modalidad agravada.

11. Con apego a la doctrina de esta Sala, una vez se ha declarado la respectiva demanda ajustada a derecho al superar los defectos lógico argumentativos del cargo, en armonía con los fines del recurso de casación (artículo 180 de la Ley 906 de 2004), lo

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Jhon Jairo Peña Martínez procedente es resolver los problemas jurídicos evidenciados, bien con sujeción a la queja, o los advertidos a raíz del examen de la actuación.

12. En esa dirección, la Corte advierte que la controversia está edificada sobre dos aristas: (i) la planteada por el censor acerca de errores de valoración probatoria, merced a los cuales los juzgadores habrían dejado de aplicar la garantía de in dubio pro reo, al no advertir que la prueba que incrimina al acusado como autor de los delitos endilgados es deleznable por ser contraria a

criterios de apreciación racional, pretensión que es acompañada por el Delegado de la Fiscalía; y (ii) la esbozada por la parte últimamente citada, la cual se concreta en la la insuficiencia de los elementos de prueba allegados, para acreditar la cabal existencia de los objetos materiales inherentes a las respectivas conductas punibles. La Sala empezará por este segundo aspecto.

13. Como es sabido, en sistemas de enjuiciamiento penal, como el que rige en Colombia, en los que es ajena la tabulación legal del mérito que corresponde a los elementos de conocimiento, es regla cardinal el principio de libertad probatoria, según el cual, los “hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código, o por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos”10, postulado del que se sigue que el funcionario puede formar su convicción a partir de cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial.

14. En consonancia con lo anterior importa resaltar que en materia penal el legislador patrio estableció como medios de 10 Ley 906 de 2004, artículo 373.

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Jhon Jairo Peña Martínez conocimiento “la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física, o cualquier otro medio técnico o científico, que no viole el ordenamiento jurídico”11, sin asignar, se insiste, un determinado peso suasorio a aquellos, sino que explícitamente

consagró como deber su estimación conjunta, en armonía con los criterios de apreciación señalados en cada uno de los capítulos que regulan la práctica e incorporación en el juicio los respectivos elementos de persuasión12, y únicamente consagró como excepción a ese sistema de libre apreciación —gobernado, como es obvio, por los postulados de la sana crítica—, lo inherente a la prueba de referencia, en relación con la cual vedó la posibilidad de sustentar una decisión de condena, exclusivamente, en medios de conocimiento de tal estirpe13.

15. Acerca de ese diseño legal, la jurisprudencia de la Sala ha precisado que: “…nuestro sistema probatorio permite y alienta a que los elementos constitutivos del delito, de la responsabilidad criminal, de las circunstancias que la excluyen, las que permiten dosificar la sanción y la naturaleza y cuantía de los perjuicios, pueden acreditarse con cualquiera de los medios de prueba, siempre que sean legal y oportunamente allegados a la actuación, salvo que, de manera expresa, la propia ley exija un elemento demostrativo especial, que en el sistema de la Ley 906 de 2004 está exclusivamente previsto en el artículo 381.2 en lo que concierne a la prueba de referencia, en cuanto impide que la sentencia condenatoria pueda estructurarse exclusivamente en medios probatorios que no hubieren sido sometidos a contradicción, ni sometidos al control que le corresponde ejercer a la parte acusada”14. 11 Ídem, artículo 383. 12 Ídem, artículo 380. 13 Ídem, , artículo 379; 381, inciso segundo, y 437 a 441.

14 Cfr. CSJ. SP103-2020, Ene. 22. Rad. 55595; SP3209-2019, agt. 14. Rad. 52762; AP1245-2018, abr. 4. Rad. 51350, y AP4616-2017, jul. 18. Rad. 49140, entre otras. 10 Casación N° 58270

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16. De lo anterior se sigue que como frente al objeto material en los delitos contra el patrimonio económico, en este caso, del hurto, la ley no exige su acreditación con un determinado medio de prueba o con cierta cantidad de los expresamente previstos en ella, ya que en esta materia se sigue, como ya se indicó, la regla general de libertad probatoria, la revisión del debate público inherente a este asunto permite advertir que, con sujeción a la citada máxima, el representante de la Fiscalía cumplió con la carga mínima de su pretensión, acerca de la preexistencia y propiedad de los elementos materiales del despojo sufrido por el entonces adolescente Orlando Guevara Perdomo, quien bajo la

gravedad de juramento, señaló que: (i) El 20 de octubre de 2018; (ii) a eso de las 9:30 p. m.; (iii) cuando regresaba de comprar unas cervezas para su progenitor, conduciendo una motocicleta; (iv) fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en un vehículo de la misma naturaleza del que él manejaba en se momento; (v) aquellos lo intimidaron con unos artefactos que él, por su apariencia y por que en redes sociales

había visto armas de fuego, creyó que se trataba de esa clase de elementos; (vi) los asaltantes, luego dejarlo atado en un lugar aledaño, se apoderan de su teléfono celular, una cadena de plata y de la motocicleta que conducía; (vii) a uno de los agresores, en concreto, al que viajaba como “parrillero”, quien inicialmente lo abordó, le observó una cicatriz en el ojo izquierdo y dos tatuajes en el antebrazo derecho; (viii) características que le permitieron, días después, en reconocimiento fotográfico y en fila de personas, identificarlo como “Jhon-Jhon”, persona a la que distinguía porque 11 Casación N° 58270

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Jhon Jairo Peña Martínez alguna vez, tangencialmente, trató por un tema de una moto que quería comprar15.

17. Acerca de la existencia de esos elementos materiales de la conducta punible de hurto, también declaró María Eugenia Perdomo (progenitora del entonces adolescente Orlando Guevara), quien, además de narrar las circunstancias del asalto comentadas por su descendiente, en el contrainterrogatorio formulado por la defensa, con ocasión de la lectura que esa parte le solicitó hacer de la queja penal formulada por ella, refirió que la motocicleta arrebatada al adolescente, en la cual se desplazaba él, era: “…de placas FSV42D, Yamaha, XTZ 125, color azul-negro, modelo 2015, con número de motor E3L5E0B28058, chasis 9FKD0916F2028058…”, y destacó que con ese vehículo, cuyo valor estimó en “$ 5’000.000”,

también habían despojado al joven de un “teléfono celular” y una “cadena de plata”16.

18. No advierte la Sala, y el Delegado de la Fiscalía ante la Corte tampoco la señaló, razón alguna para dudar o tener por incierta la existencia de los tres elementos que conforman el botín inherente al delito de hurto aquí debatido. 18.1. Primero, respecto de la motocicleta, la crítica del aludido interviniente carece de objetividad, dado que en el relato de María Eugenia Perdomo están precisados datos, tales como: placa, modelo, clase, color, números de chasis y de motor, así como su valor, información que no solo permite su cabal identificación, sino también tener por acreditada su existencia en 15 Registro de audio de audiencia del 10 de junio de 2019, “JUICIO ORAL 1ª sesión parte 2.MP3”, del minuto 0:3:45 a 0:36:00. 16 Registro de audio de audiencia del 10 de junio de 2019, “JUICIO ORAL 1ª sesión parte 2.MP3”, del minuto 0:46:00 a 0:49:00.

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Jhon Jairo Peña Martínez poder de la familia Guevara Perdomo, en concreto, en manos del entonces adolescente víctima, antes de serle arrebatada a él, habida cuenta que las detalladas características suministradas por la exponente sólo pueden obedecer al hecho del conocimiento previo, directo y verídico del objeto descrito, y no a una invención sobre este, máxime cuando no obran en la actuación elementos

de persuasión con base en los cuales pueda inferirse ánimo de mendacidad en la declarante sobre esos aspectos, y sin que esté de más resaltar que la defensa, ni el delegado de la Procuraduría, impugnaron en el juicio su credibilidad en ese punto. 18.2. Y, segundo, la ausencia de abundantes características respecto del “teléfono celular” y la “cadena de plata”, no es razón suficiente para dudar de la sinceridad de los dos declarantes que los refirieron como preexistentes al momento del despojo, pues, si bien es cierto que en el interrogatorio al que fueron sometidos no se les indagó sobre el particular, porque el debate se circunscribió a elucidar las circunstancias de ejecución de la acción delictiva y a la identificación del procesado como uno de sus partícipes, también es verdad que la manifestación bajo juramento de los testigos sobre la existencia de aquellos elementos tampoco fue controvertida por la asistencia técnica o el agente del Ministerio Público que intervino en el debate, y, como en el caso de la motocicleta, no hay fundamento idóneo para suponer que tanto el menor víctima como la denunciante, hayan querido incrementar el monto de la lesión económica con la inclusión de bienes ficticios o que no fueron arrebatados por los asaltantes. 18.3. Ahora bien, por último, impera recordar que al echar en falta el Delegado especiales documentos que acrediten la propiedad y preexistencia de los elementos constitutivos del 13 Casación N° 58270

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Jhon Jairo Peña Martínez hurto, de una parte, abjura del ya señalado principio de libertad

probatoria, como que con las declaraciones atrás rememoradas, cuya licitud y solidez no fue cuestionada, deviene soportada eficazmente su demostración; y de otra, no advirtió que la ausencia de detalles específicos respecto del “teléfono celular” y la “cadena de plata” tendría incidencia en la fijación de su valor, el cual, sumado al expresamente estimado por la denunciante para la motocicleta, compone la cuantía del delito de hurto, aspecto relevante apenas para: (i) la atribución de los motivos específicos de agravación o atenuación punitiva previstos en de los artículos 267 y 268 de la Ley 599 de 2000, respectivamente, frente a las conductas punibles contra el patrimonio económico, los cuales no son pasibles de activación en este caso porque no están dados los presupuesto procesales y normativos para tal efecto; o (ii) para una eventual disminución de la pena a imponer cuando se materializa la reparación integral del injusto antes del fallo de primera o única instancia, supuesto que tampoco se verifica en el presente asunto.

19. En conclusión, no hay lugar a la rescisión de la condena por el delito de hurto en razón de la supuesta insuficiencia de las pruebas, alegada por el Delegado de la Fiscalía ante la Corte, con base en las consideraciones que anteceden.

20. Distinta es la situación en cuanto a la demostración del objeto material del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de defensa personal, dado que, como lo advirtió el Delegado de la Fiscalía ante esta sede, respecto de ese elemento la valoración probatoria está viciada por un falso raciocinio.

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21. Con sujeción a los hechos precisados al inicio de esta providencia (supra 1.2.) el procesado fue acusado y condenado por el delito descrito en el artículo 365 de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo 19, de acuerdo con el cual: “El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve (9) a doce (12) años”, consecuencia punitiva que en sus extremos se duplicó (prisión de 18 a 24 años) en este asunto por la predicada concurrencia de las circunstancias específicas de agravación de los numerales “1. Utilizando medios motorizados” y “5.

Obrar en coparticipación criminal” del citado precepto.

22. La hipótesis descrita en la citada norma, pertenece a los llamados, doctrinaria y jurisprudencialmente, tipos penales en blanco, por cuanto el supuesto de hecho allí indicado debe ser complementado con otra disposición, generalmente extrapenal, para su exacta y acertada comprensión y aplicación en un caso concreto. De ahí que sea menester acudir en el presente evento al Decreto Ley 2535 de 1993, el cual entre sus disposiciones, en el artículo 6, precisa que: “Son armas de fuego las que emplean como

agente impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química. / Las armas pierden su carácter cuando sean total y permanentemente inservibles y no sean portadas”, al tiempo que en el artículo 11, define qué se entiende por armas de fuego de defensa personal, en los siguientes términos: “ARMAS DE DEFENSA PERSONAL. Son aquellas diseñadas para defensa individual a corta distancia. Se clasifican en esta categoría: 15 Casación N° 58270

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Jhon Jairo Peña Martínez a) Revólveres y pistolas que reúnan la totalidad de las siguientes características: — Calibre máximo 9.652mm. (.38 pulgadas). — Longitud máxima de cañón 15.24 cm. (6 pulgadas). — En pistolas, funcionamiento por repetición o semiautomática. — Capacidad en el proveedor de la pistola no superior a 9 cartuchos, a excepción de las que originalmente sean de calibre 22, caso en el cual se amplía a 10 cartuchos. b) Carabina calibre 22 S, 22 L, 22 L.R., no automáticas; c) Las escopetas cuya longitud de cañón no sea superior a 22 pulgadas”.

23. Desde esa perspectiva surge claro que la declaración de responsabilidad de una persona por la conducta punible atrás reseñada, tiene que estar soportada en pruebas que no permitan dudar de la existencia y características propias o inherentes al objeto material del delito, lo cual en este asunto no ocurrió. 23.1. En efecto, en los fallos de primero y segundo grado,

sin mayor razonamiento, se aceptó como demostrado el señalado aspecto: de una parte, con la manifestación del adolescente Orlando Guevara Perdomo en el sentido de los artefactos con los que fue intimidado por los asaltantes eran armas de fuego, circunstancia acerca de la cual únicamente fue interrogado por la defensa, y al respecto señaló: “pues las armas yo las he visto por redes y eso, y por eso es que las conozco; (defensor) cómo era el revolver? (testigo) estilo niquelado; (defensor) grande, pequeño? (testigo) normal un revólver común; (defensor) y el revólver del conductor cómo era? (testigo) ya habían apagado la moto (la farola) y solamente veía que me estaba apuntando…”17. 17 Registro de audio de audiencia de 10 de junio de 2019, “JUICIO ORAL 1ª sesión parte 2.MP3”, del minuto 0:29:00 a 0:29:50. 16 Casación N° 58270

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Jhon Jairo Peña Martínez 23.2. Y de otra, el aporte hecho en el debate oral, mediante el testimonio del investigador del C.T.I., Edilson Enrique Oviedo Ortiz, de la certificación de la autoridad competente acerca de la ausencia de permiso para la tenencia o porte de armas de fuego al procesado18. 23.3. Sin embargo, la valoración conjunta, con apego a los postulados de la sana crítica, de los dos referidos elementos de conocimiento no permite arribar a la certeza en cuanto a que,

efectivamente, en la fecha de autos el entonces adolescente Orlando Guevara Perdomo haya sido intimidado con artefactos que correspondieran, inequívocamente, a armas de fuego que reúnan las características previstas en los artículos 6 y 11 del Decreto Ley 2535 de 1993. 23.4. Impera resaltar que: (i) la fuente de conocimiento acerca de la existencia y empleo de aparatos de esa estirpe en el suceso debatido, lo fue el testimonio de un menor de escasos 16 años de edad para la fecha de los hechos, (ii) quien reconoció en forma expresa nunca haber tenido contacto material con armas de fuego, y conocer de las mismas, apenas, por haberlas visto en redes sociales; (iii) además, en el momento en que la aludida víctima fue sometida por los asaltantes, ninguno de ellos accionó los respectivos instrumentos, lo cual redunda en la imposibilidad de una cabal, certera e inequívoca percepción por parte de aquella sobre las características de los elementos con los que fue intimidado; y (iv) al verificarse, meses después, la captura del aquí 18 Registro de audio de audiencia de 12 de julio de 2019, “JUICIO ORAL 2”. “Cuaderno Juzgado de Conocimiento NI 63746.pdf”, fol. 64 y 65. 17 Casación N° 58270

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Jhon Jairo Peña Martínez acusado, no se halló en su poder arma de fuego de naturaleza alguna. 23.5. Atendido lo anterior, surge evidentemente configurada la violación indirecta de la ley sustancial, por indebida aplicación del artículo 365 del Código Penal, a consecuencia de un falso

raciocinio, por desconocimiento del principio lógico de razón suficiente, dado que la estructuración del aspecto material de la conducta descrita en la citada norma, exclusivamente, está sustentada en la aserción, en los términos atrás destacados, de la víctima del despojo —carente esta de la menor experiencia con armas de fuego—, relativa a la exhibición de un artefacto “estilo niquelado”, el cual le pareció “un revólver común”, sin aportar otra característica, o indicación de cualquier aspecto adicional que permita establecer, sin lugar a dudas, que fue intimidado con un objeto que en verdad