CSJ - SP3006-2022(55593)

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente SP3006-2022 Radicación No. 55593 (Aprobado acta No. 202) Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós (2022). La Sala decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la víctima contra la sentencia de 4 de marzo de 2019, por la cual el Tribunal Superior de Bogotá, al revocar el fallo de primer grado, absolvió a MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ de los cargos que le fueron imputados como autor del delito de lesiones personales cometidas con dolo eventual. HECHOS A principios de 2009, el médico MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ sugirió a Jessica Eliana Cediel Silva - de quien era amigo personal y esteticista de confianza – que se C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ aumentara los glúteos con inyecciones de ácido hialurónico de la marca Hialucorp. Le explicó insistentemente las bondades e idoneidad de la sustancia (diciéndole incluso que él mismo la había puesto en su propio cuerpo) y le ofreció hacerle el procedimiento como una «cortesía» a cambio de publicitar sus servicios profesionales en las redes sociales. La nombrada accedió a la propuesta y, en tal virtud, el 20 de marzo de ese año acudió al consultorio de CARRILLO GÓMEZ, ubicado en Bogotá, con el fin de someterse al

referido procedimiento. Este último, sin embargo, no le inoculó ácido hialurónico sino silicona líquida en cantidad de cien centímetros cúbicos (cincuenta en cada músculo). Como consecuencia de ello, Cediel Silva desarrolló una patología conocida como alogenosis iatrogénica y sufrió lesiones corporales por las cuales se le dictaminó la incapacidad médico legal de veinticinco días con secuelas transitorias de deformidad física en el cuerpo y permanentes de perturbación psíquica.

ANTECEDENTES

1. El 25 de septiembre de 2014, en audiencia dirigida por el Juzgado 54 Penal Municipal de Bogotá, la Fiscalía imputó a MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ el delito de lesiones personales en la modalidad de dolo eventual,

2 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ conforme los artículos 111, 112, inciso 1°, 113, inciso 1°, y 117 del Código Penal1.

2. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Trece Penal Municipal de Bogotá, ante el cual, en diligencia de 6 de marzo de 2015, se formuló la acusación. En esa oportunidad, la Fiscalía precisó, con base en el dictamen médico legal definitivo, que Cediel Silva sufrió perturbaciones psicológicas permanentes y que la conducta se subsume entonces en la descripción típica del artículo 115, inciso 2°, de la Ley 599 de 20002.

3. Agotado el restante trámite ordinario, el despacho

profirió la sentencia de 9 de marzo de 2018, por la cual condenó a CARRILLO GÓMEZ a las penas de 48 meses de prisión (cuya ejecución suspendió condicionalmente), inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y para el ejercicio de la profesión médica por igual término, y multa de 36 salarios mínimos mensuales.

4. Esa decisión fue apelada por la defensa. El Tribunal Superior de Bogotá, en fallo de 4 de marzo de 2019, la revocó y, en cambio, absolvió a MARTÍN HORACIO CARRILLO

GÓMEZ.

5. El apoderado judicial de la víctima recurrió en casación. 1 Primer archivo, récord 25:00 y ss.; segundo archivo, récord 4:30 y ss. 2 Récord 33:00 y ss.

3 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ LA DEMANDA En un escrito de doscientas ochenta y una (281) páginas – esto es, de una extensión siete veces mayor a la del fallo cuyos argumentos critica – constituido mayoritariamente por transcripciones de las pruebas practicadas y desprovisto en buena medida de pautas elementales de rigor técnico, el apoderado judicial de la víctima denuncia la ocurrencia de falsos juicios de identidad por cercenamiento por cuya virtud el tribunal habría dejado de dar por demostrado, estándolo, que CARRILLO GÓMEZ sabía cuál era la verdadera naturaleza de la sustancia inyectada a la víctima y, por ende, que obró con dolo

eventual. Por lo anterior, pide el restablecimiento de la condena irrogada por el a quo. Pueden extraerse del texto los siguientes planteamientos:

1. La supresión se dio, primero, sobre el testimonio del propio acusado, quien reconoció que verificaba el registro sanitario de los productos usados en su práctica médica. Ello indica que estaba enterado de la Resolución No. 2007014920 del 18 de julio de 2007, por la cual el INVIMA otorgó licencia al Hialucorp únicamente en presentación de jeringas de 2 mililitros y sólo para su uso en el rostro. Sin embargo, inyectó en los glúteos de Jessica Cediel 100 mililitros de la sustancia.

4 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ Como si fuera poco, el procesado no logró acreditar las condiciones en las que adquirió el compuesto utilizado sobre la ofendida. Según Carlos Fernando Castellanos Rojas, quien era el único distribuidor autorizado de Hialucorp en la ciudad de Bogotá, aquél no le hizo ninguna compra en los días anteriores al procedimiento de Cediel Silva. De ello se sigue que no fue obtenido por la vía regular.

2. Idéntico dislate denuncia en relación con el testimonio del médico Alfonso Carlos Carvajal, a partir del cual el juzgador dio por «normal» la utilización de Hialucorp en cantidades mayores de 30 mililitros. Con todo, esa conclusión se apoya en una apreciación parcial de su dicho, pues la afirmación del nombrado refería al ácido hialurónico y no al Hialucorp, que es

una sustancia distinta.

3. En cuanto a la declaración de Jessica Eliana Cediel Silva, aduce que el tribunal sólo consideró los apartes en los que admitió haber otorgado su consentimiento verbal al procedimiento realizado por CARRILLO GÓMEZ. En cambio, ignoró los contenidos demostrativos de que el profesional incurrió en graves omisiones al diligenciar su historia clínica y al realizar la intervención.

4. Carlos Carvajal aseguró en el juicio que no hubo ninguna alerta sanitaria del INVIMA sobre el Hialucorp antes de 2011. No obstante, cuando Jessica Cediel fue al consultorio de MARTÍN HORACIO CARRILLO para reclamarle por las afectaciones de salud que estaba sufriendo, éste reconoció que

5 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ existía un lote adulterado del producto, es decir, lo sabía desde antes.

INTERVENCIONES ANTE LA CORTE

1. El censor insistió en sus argumentos y postulación.

2. La procuradora delegada para la casación penal conceptuó favorablemente a las pretensiones del actor.

Es claro, dijo, que la ofendida sufrió las lesiones típicas porque MARTÍN HORACIO CARRILLO le inyectó una sustancia que no era ácido hialurónico sino silicona líquida, pero además, lo hizo en una zona del cuerpo «no autorizada», excediendo la cantidad recomendada por el INVIMA, sin diligenciar el consentimiento informado y alterando la historia clínica de la paciente.

3. En cambio, la defensora suplente de CARRILLO

GÓMEZ se opuso a los argumentos del censor. Adujo lo siguiente: 3.1 La Fiscalía inicialmente concibió la conducta como culposa, al punto en que tramitó una conciliación para satisfacer el requisito de procedibilidad de la acción penal. Después imputó la infracción en la modalidad dolosa, aunque sin precisar si el dolo era «directo, indirecto o eventual». Sólo en los alegatos de apertura del juicio «indicó que era dolo eventual». Peor aún, los hechos jurídicamente 6 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ relevantes se variaron a lo largo del proceso: en principio, el cargo contra CARRILLO GÓMEZ se hizo consistir en que no tenía las cualificaciones profesionales para hacer el procedimiento; ahora, en sede de casación, se pretende fundamentar el reproche en que le inyectó a la ofendida una sustancia distinta del ácido hialurónico. Este hecho no fue objeto de imputación ni de acusación y no puede «ser aceptado para casar la sentencia». 3.2 Los verdaderos responsables del daño corporal sufrido por Jessica Cediel Silva fueron el INVIMA, la Secretaría de Salud, la Fiscalía y quienes distribuían el Hialucorp, pues aunque habían tenido quejas y denuncias sobre las calidades de ese producto, e incluso desde 2008 contaban con información indicativa de que en realidad no se componía de ácido hialurónico, «no hicieron nada al respecto» ni emitieron alertas. 3.3 Tan pronto conoció las afectaciones sufridas por

Cediel Silva, CARRILLO GÓMEZ acudió a las autoridades y denunció lo sucedido. En ese orden, «no dejó librado nada al azar, pues inmediatamente hizo lo que jurídicamente podía realizar». 3.4 Así las cosas, concluyó, las lesiones padecidas por la perjudicada «no son consecuencia de la falta de consentimiento escrito… un indebido procedimiento… o… (porque) CARRILLO no aplicó Hialucorp», sino que le fueron causadas por cuanto «el producto que le fue aplicado no 7 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ contenía los componentes químicos que allí se indicaban», lo cual el acusado no podía razonablemente conocer.

4. También el fiscal delegado ante la Corte rechazó los planteamientos del demandante. 4.1 En su criterio, Jessica Cediel estuvo enterada de los pormenores del procedimiento al que se sometió y consintió verbalmente al mismo, tal como lo permitía la Resolución 13437 de 1991. Además, CARRILLO GÓMEZ elaboró la correspondiente historia clínica y no existe ningún reparo en que la misma no haya sido firmada por la ofendida, pues su redacción y rúbrica compete sólo al médico tratante. 4.2 Cuando el procesado conoció el Hialucorp, verificó que tuviese registro INVIMA y él mismo se lo inyectó en los glúteos antes de usarlo en sus pacientes, lo cual descarta que haya obrado con el conocimiento de que ese producto no estaba legalmente habilitado para ser inoculado en esa parte

del cuerpo. En todo caso, y aunque las autorizaciones de uso otorgadas por esa autoridad cambiaron con el tiempo – al punto en que ya para 2008 se había retirado la de relleno muscular y únicamente se permitía la presentación de jeringas de 2 mililitros – no se demostró que CARRILLO GÓMEZ conociese esa información. 4.3 Tampoco se acreditó que el acusado supiera que la sustancia inoculada a Cediel Silva no era ácido hialurónico, máxime en tanto la adquirió del distribuidor autorizado. Así 8 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ las cosas, «no era posible para el juzgador inferir, más allá de toda duda, que el acusado conocía la real naturaleza del producto adquirido como Hialucorp» y, en esas condiciones, «no se demostró el dolo eventual».

CONSIDERACIONES

1. Precisiones iniciales. 1.1 Como la demanda fue admitida superando sus ostensibles defectos de forma para materializar los derechos y garantías de las partes e intervinientes, la sala examinará los problemas jurídicos allí formulados con prescindencia de cualquier consideración técnica o formal. 1.2 Al intervenir en esta sede, la apoderada suplente de CARRILLO GÓMEZ manifestó que el hecho a partir del cual ahora se propugna por la condena - esto es, el de haber inyectado a la víctima una sustancia de la cual sabía que no era ácido hialurónico – no fue debatido en las instancias ni consignado en la imputación y la acusación. Añade, con

similar orientación, que a lo largo del trámite se cambiaron los hechos jurídicamente relevantes (insinuando así la violación del principio de congruencia), y también que tanto la comunicación de cargos como el llamamiento a juicio se hicieron sin precisar la forma concreta del dolo atribuido al procesado, la cual sólo habría sido definida en los alegatos de apertura (señalando una posible afectación del debido proceso en su arista de defensa). 9 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ El análisis de estas cuestiones, así la abogada actúe como no recurrente, debe realizarse prioritariamente y antes de abordar el cargo formulado por el actor, no sólo porque atañen a la validez del trámite – presupuesto lógico del fallo de fondo -, sino también en tanto sus alegaciones develan una comprensión distorsionada del marco fáctico de este proceso (en la que incurrieron todas las partes e intervinientes y la cual persiste en los argumentos expuestos en esta sede), por cuya consecuencia la controversia se complejizó y dilató innecesariamente, que es necesario dilucidar previamente. Superado lo anterior – y anticipando desde ya que no le asiste razón a la mandataria de MARTÍN HORACIO CARRILLO en ninguna de tales críticas – la Corte estudiará lo atinente a su responsabilidad, a efectos de discernir si la sentencia absolutoria debe mantenerse o revocarse.

2. Sobre la posible violación del derecho de defensa y el principio de congruencia. 2.1 A no dudarlo, las imputaciones imprecisas o

ambiguas pueden resultar en un menoscabo sustancial de las garantías de la persona investigada. En efecto, la comunicación de cargos (más allá de las finalidades procesales que cumple, como, por ejemplo, la de provocar la vinculación formal del indiciado) tiene por objeto «garantizar el derecho de defensa»3, específicamente en tanto éste 3 CSJ SP, 9 sep. 2020, rad. 52901. 10 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ comprende «el… de conocer de manera previa, expresa, clara y sin ambigüedades los hechos que originan la imputación penal»4. Ello es cierto también, y en igual grado, de la acusación, la cual debe expresar «de manera clara y precisa, sin lugar a equívocos o confusiones, cuáles específicamente son los hechos, junto con su determinación típica completa, que el fiscal entiende configuran los cargos por los que debe defenderse el acusado»5. Según la defensa, tanto la imputación como la acusación en este caso fueron ambiguas e imprecisas porque en ninguna de esas dos oportunidades la Fiscalía definió la modalidad específica de la conducta; se habría limitado a señalar que es dolosa, pero sin explicitar si aludía al dolo directo, indirecto o eventual. Con todo, la simple revisión de la actuación procesal revela que ello no sucedió. En la audiencia preliminar, tras comunicarle los hechos jurídicamente relevantes, la fiscal del caso le atribuyó a MARTÍN CARRILLO la comisión del delito de lesiones

personales, así: «… a título de dolo, de conformidad al artículo 22 del Código Penal… para el caso, se dice que “también será dolosa la conducta 4 CSJ SP, 8 jun. 2011, rad. 34022. 5 CSJ SP, 16 abr. 2015, rad. 44866. 11 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar”, se ha tomado esta parte segunda… para referir el dolo eventual, teniendo en cuenta que los elementos con los que cuenta la Fiscalía… usted, como médico, conocía los riesgos… y usted… (dejó) al azar el resultado… existe dolo eventual cuando el sujeto se representa como probable la realización de tipo objetivo y a pesar de ello decide actuar con independencia de… su producción… es por eso, entonces, doctor MARTÍN HORACIO, que la Fiscalía ha realizado esta adecuación típica en un dolo eventual…»6. Luego, al verbalizar el escrito de acusación, la funcionaria reiteró que el llamamiento a juicio lo era en esa modalidad7 y el defensor principal allí presente admitió tener «claro que se (estaba) imputando la conducta a título de dolo eventual»8. Desde el principio del trámite, pues, fue inequívoca la arista subjetiva específica de la sindicación elevada contra CARRILLO GÓMEZ. La oscuridad que la defensora suplente atribuye ahora a los actos de imputación y acusación (en

manifiesta y desleal contradicción con la postura asumida por quien agenció los intereses del nombrado como apoderado principal durante esas audiencias) está objetivamente descartada. Y aunque es verdad que antes de imputar cargos a MARTÍN HORACIO CARRILLO la Fiscalía convocó una audiencia de conciliación entre aquél y la víctima (en la que no se llegó a ningún acuerdo), ello no tiene ninguna incidencia en la posterior decisión de procesarlo por una conducta dolosa. De 6 Segundo archivo, récord 4:10 y ss. 7 Récord 33:00 y ss.; récord 1:03:00 y ss. 8 Récord 1:05:00 y ss. 12 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ una parte, porque el agotamiento de ese mecanismo compositivo no constituye requisito de procedibilidad de la acción penal sólo respecto de las lesiones personales culposas, como parece entenderlo la abogada, sino también, dependiendo del resultado, en algunos eventos de lesiones dolosas. De otra, y principalmente, porque en todo caso la congruencia (que por demás en su arista jurídica es flexible) no se predica de las actuaciones pre procesales, sino de la imputación, la acusación y las sentencias. De todas maneras, es apenas natural que en una fase tan primigenia del trámite (previa, incluso, al comienzo de la investigación misma) no esté aún decantada con total claridad la modalidad subjetiva del comportamiento denunciado. 2.2 La apoderada manifiesta, así mismo, que los hechos jurídicamente relevantes cambiaron a lo largo del trámite, y

que la acción a partir de la cual el apoderado de la víctima reclama ahora la condena no fue incluida ni en la imputación ni en la acusación y no se debatió ante las instancias. Por lo anterior, tal conducta, en su criterio, no puede tenerse por sustento de una eventual condena. Pues bien, la premisa jurídica subyacente a esta postura no admite controversia. Decantado está en la jurisprudencia de la sala que la congruencia fáctica es estricta, por lo cual los hechos jurídicamente relevantes comunicados en la audiencia preliminar deben permanecer inalterados - salvo por la inclusión de detalles - en la 13 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ acusación y en los fallos (incluido, por supuesto, el que se dicte en casación)9. Sin perjuicio de lo anterior, tampoco en este punto le asiste razón a la abogada; su apreciación se apoya en una comprensión distorsionada de cuál fue el comportamiento por el cual se imputó y llamó a juicio a MARTÍN HORACIO

CARRILLO GÓMEZ.

En la primera diligencia, la Fiscalía señaló que las lesiones corporales sufridas por Cediel Silva son jurídicamente atribuibles al nombrado porque no le inyectó «ácido hialurónico sino biopolímeros», indicando que «por eso… la Fiscalía ha adecuado esto como… dolo eventual»10. Luego, en la acusación escrita, la conducta típica se hizo consistir, coherentemente con lo anterior, en que el

enjuiciado «no… le aplicó (a la víctima) el mencionado ácido hialurónico… a cambio de ello… le aplicó en sus glúteos biopolímeros, lo cual trae consecuencias graves en la humanidad de las personas…»11. En la verbalización del llamamiento a juicio la funcionaria reiteró que a la ofendida «se le aplicó otra sustancia diferente que le causó… esa deformación…»12. De lo expuesto se sigue que la denunciada violación del principio de congruencia no ocurrió, pero además, que el 9 Por ejemplo, y entre muchas otras, CSJ SP, 3 nov. 2021, rad. 58858. 10 Segundo corte, récord 6:10 y ss. 11 F. 73. 12 Récord 1:05:00. 14 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ hecho discutido ahora por el casacionista no es novedoso; muy por el contrario, le fue comunicado a CARRILLO GÓMEZ desde el comienzo del proceso como pilar fáctico primordial de la sindicación jurídica que se le hizo. Consecuencia obvia de lo anterior es que esa conducta sí fue analizada por las instancias (y también debatida probatoriamente por la defensa y la Fiscalía). Ciertamente, la a quo se pronunció al respecto dando por probada (i) «la afectación a la salud que sufrió Jessica Eliana Silva Cediel a partir de la inoculación de biopolímeros»13, y (ii) que el procesado sabía, por ser «evidente» a partir de las condiciones de compra, que la

sustancia utilizada no era en realidad ácido hialurónico14. Al apelar el fallo de primer grado, la defensa alegó que MARTÍN HORACIO CARRILLO ignoraba la verdadera naturaleza de la sustancia inoculada a Jessica Cediel Silva y adujo que la demostración de ese conocimiento era «la única forma para que se hubiese podido configurar» el dolo eventual15. Dicho planteamiento fue acogido por el ad quem, el cual consideró «dudable… que MARTÍN CARRILLO (tuviera) conocimiento de que la sustancia que estaba aplicando en realidad era otra»16. 13 F. 175. 14 F. 177. 15 Fs. 20 y 21, c. del tribunal. 16 F. 42, c. ibidem. 15 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ 2.3 No obstante lo infundadas que son las críticas elevadas en este ámbito por la defensora, su análisis constituye oportunidad propicia para señalar, conforme se esbozó antes, que la controversia se dilató y complejizó innecesariamente como consecuencia de un precario entendimiento de todas las partes e intervinientes sobre la conducta por la cual CARRILLO GÓMEZ fue llamado a juicio. Como esa mala comprensión persiste en buena parte de los argumentos del demandante y de los no recurrentes, resulta necesario aclararla antes de abordar el análisis de sus censuras para evitar disquisiciones inocuas. La Fiscalía, como quedó visto, atribuyó a CARRILLO

GÓMEZ ser quien causó – con dolo eventual - las lesiones corporales sufridas por Cediel Silva, específica y concretamente por haberle inyectado en los glúteos una sustancia con el conocimiento de que no era ácido hialurónico. Definida en esos términos la hipótesis de cargo, y siendo claro que el criterio a partir del cual se pretende la imputación del resultado típico al procesado es, justamente, el dolo eventual, para proferir condena debía verificarse si (i) MARTÍN HORACIO CARRILLO sabía que el compuesto utilizado en el procedimiento efectuado sobre Cediel Silva no era ácido hialurónico; (ii) con base en ese conocimiento se representó como probable la ocurrencia de las lesiones investigadas, y (iii) a pesar de esa representación, siguió adelante con su conducta con indiferencia por la 16 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ materialización de los daños que eventualmente podría ocasionar a la ofendida. Es ese, y no otro, el concreto debate jurídico y probatorio al que remiten la imputación y acusación formuladas contra el nombrado. A pesar de los anterior, en el juicio fueron dedicadas decenas de horas a discutir cuestiones como (i) la idoneidad de CARRILLO GÓMEZ para realizar el procedimiento (pues aunque es médico de la Universidad Industrial de Santander e hizo estudios de medicina estética en España, el título de postgrado allí obtenido no le fue convalidado en Colombia); (ii) cuáles eran las

zonas del cuerpo y cantidades en las cuales el INVIMA autorizaba la utilización de Hialucorp; (iii) las características y condiciones sanitarias del consultorio en el cual el acusado atendía a sus pacientes; (iv) el título con el cual se anunciaba y ofrecía sus servicios; (v) las irregularidades en el diligenciamiento de la historia clínica de Cediel Silva y los defectos en la elaboración de su consentimiento informado, y (vi) lo que la práctica médica enseñaba sobre las inyecciones de ácido hialurónico en los glúteos (esto último, a pesar de que lo atribuido al procesado es, precisamente, no haber usado esa sustancia sino otra). Ninguna de tales circunstancias – a las cuales las partes, se reitera, dedicaron muchas horas del juicio, varios testimonios y buena parte de sus alegaciones en las distintas 17 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ fases del proceso – atañe al tema de prueba fijado por la Fiscalía. Es que esos aspectos, en tanto aluden a la ley del arte médica, tienen relevancia fundamentalmente de cara a la imputación culposa de resultados típicos causados por los profesionales de la salud en el ejercicio de su práctica. En efecto, aquélla – la ley del arte – establece las condiciones y parámetros dentro de los cuales los riesgos derivados de una determinada actividad son permitidos y cuándo devienen desaprobados; en otras palabras, define cuál es el deber objetivo de cuidado exigible en el ejercicio de los diferentes oficios y profesiones (en este caso, la médica)17, o lo que es igual, fija un «criterio valorativo para calibrar la

diligencia exigible en todo acto o tratamiento médico»18. Así las cosas, es claro que los extensos debates suscitados en las distintas etapas del trámite respecto de tales cuestiones – sobre las cuales gira la mayoría de argumentos del casacionista, y en las que insisten también los no recurrentes - resultan inanes para discernir si la absolución debe sostenerse o revocarse. De ellos, por consecuencia, no habrá de ocuparse la sala. 17 Cfr. CSJ SP, 22 may. 2008, rad. 27357; reiterada en CSJ SP, 6 jun. 2013, rad. 38904 y CSJ SP, 29 jun. 2016, rad 41245. 18 Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Español, 18 de diciembre de 2006, Rec. 59/2000. 18 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ Esta contrariedad, no sobra decirlo, fue causada por la propia Fiscalía, la cual, no obstante haber definido en la imputación y la acusación que el cargo concreto formulado contra CARRILLO GÓMEZ lo es por haberle inyectado a Jessica Cediel Silva con conocimiento y voluntad una sustancia que no era ácido hialurónico dejando al azar la ocurrencia del resultado típico representado (§ 2.1 y § 2.2), hizo en ambas oportunidades extensa alusión a estas otras circunstancias, quizás al modo de información contextual. Y aunque ello resulta insuficiente para afectar la validez del trámite (pues de todas maneras, como quedó visto, la sindicación

fáctica y jurídica fue clara, la defensa la entendió y se opuso a ella de manera razonada), es evidente que una dirección adecuada y atenta por parte de los jueces de control de garantías y de conocimiento hubiese evitado que el proceso se ocupara de controversias irrelevantes y se dilatara tanto como lo hizo.

3. Lo que se discute.

En criterio del actor y de la procuradora delegada ante esta Corte (y dejando de lado aquellos de sus argumentos que, conforme lo recién explicado, resultan ajenos al tema de prueba fijado en la imputación y la acusación), el tribunal absolvió a CARRILLO GÓMEZ porque, en razón a una serie de cercenamientos probatorios, dejó de dar por demostrado, aun estándolo, que aquél sabía que la sustancia inyectada a Cediel Silva no era ácido hialurónico. En cambio, según la defensora y el fiscal, el acusado obró con el convencimiento fundado de estar utilizando dicha sustancia, lo cual impide atribuirle 19 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593 MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ jurídicamente el resultado típico (cuando menos en la modalidad dolosa). Para tomar posición, la sala (i) recordará brevemente algunas pautas para la comprensión del dolo eventual; (ii) explicitará los hechos demostrados no controvertidos por las partes y (iii) abordará el caso concreto. 3.1 El dolo eventual. En reciente fallo (CJS SP-1680 de 18 de mayo de 2022), la

sala realizó las siguientes precisiones que, por su pertinencia al caso acá examinado y en tanto no existen razones determinantes de su revisión, basta simplemente recordar: «2.1 De acuerdo con el artículo 21 del Código Penal, la conducta humana (cuando menos para efectos jurídico-penales) puede ser dolosa, culposa o preterintencional. 2.1.1 El dolo es de tres tipos. El directo, o de primer grado, que se verifica, al decir del artículo 22 siguiente, «cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización». Es el supuesto del individuo que realiza un comportamiento típico sabiendo lo que hace y porque esa es precisamente su voluntad. Puede ser también indirecto – o de segundo grado o de consecuencias necesarias – si el agente, aunque no quiere lograr un determinado resultado, sabe que éste se seguirá necesariamente de su conducta y aun así sigue adelante con ella. Sucede, por ejemplo, si para causar la muerte a otra persona le lanza una granada con el conocimiento de que en la explosión también fallecerá un tercero que allí se encuentra (cuyo deceso no pretende pero se representa cierto). Esta forma de dolo no está expresamente consagrada en el Código Penal, pero se deriva lógicamente del tenor del artículo 22 precitado. En últimas, la aceptación de un resultado no querido que sin embargo se sabe seguro (así sea al modo de una consecuencia accesoria para asegurar una finalidad ulterior) consiste básicamente en lo mismo 20 C.U.I. 11001600005020112084401 Casación 55593

MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ

que simplemente quererlo. Una y otra modalidad sólo pueden diferenciarse a partir de una sutileza volitiva que es irrelevante para la caracterización del injusto. En otras palabras, “[d]entro del dolo directo se incluyen también los casos en los que el autor no quiere directamente una de las consecuencias que se va a producir, pero la admite como necesariamente unida al resultado principal que pretende… Las diferencias psicológicas no significan necesariamente diferencias valorativas penales: tan grave puede ser querer matar a alguien sin más, como admitir su muerte como una consecuencia necesariamente unida a la principal que se pretendía”19. Finalmente, el dolo puede ser eventual. En este caso, el sujeto activo no quiere el resultado típico, pero sabe que puede seguirse como una consecuencia probable de su conducta; aun así, persiste en su comportamiento con total indiferencia o apatía por su posible ocurrencia, es decir, le da igual si sucede o no20. En ese orden, mientras que en la conducta cometida con dolo indirecto o de segundo grado el agente sabe que el resultado no querido se producirá y, aunque no lo desea, lo asume, en el dolo eventual prevé que el resultado no querido es probable, mas no cierto, y sigue adelante con su conducta porque le es irrelevante si se da o no. La dife