CSJ - SP309-2023(60110)

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado SP309-2023 Radicación n° 60.110 (Aprobado Acta No. 152) Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023). VISTOS Decide la Corte la impugnación especial interpuesta por el defensor de CLODOMIRO RIVERA GARZÓN, contra la sentencia proferida el 29 de abril de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, mediante la cual lo condenó por primera vez como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y ratificó la absolución por el injusto de peculado por apropiación a favor de terceros. HECHOS Según la resolución de acusación, el 1 de abril de 2003, CLODOMIRO RIVERA GARZÓN en calidad de Alcalde del CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN Municipio de Garzón (Huila), suscribió con Armando Ariza Quintero, representante legal de la Administradora del Régimen Subsidiado de Salud Cajasalud ARS, el contrato nro. 02, cuyo objeto era la administración de los recursos de transferencias de la nación al régimen subsidiado en salud y el aseguramiento de los beneficiarios del sistema, con vigencia inicial del 1° de abril al 30 de septiembre de 2003, por un valor de $598.940.519,10. Dicho acuerdo, además, fue modificado mediante: (i) otrosí nro. 01 del 1 de octubre de 2003, a través del cual se

amplió el plazo en 2 meses hasta el 30 de noviembre siguiente, así como el valor en la suma de $199.646.855,76. Y (ii) otrosí nro. 2 del 1 de diciembre de la misma anualidad, en virtud del cual se aumentó, nuevamente, el término hasta el 31 de marzo de 2004 y el monto en la suma de $399.293.772,24. Culminada su ejecución, el entrante alcalde Álvaro Cuéllar Botello y Armando Ariza Quintero, firmaron acta de liquidación el 13 de mayo de 2004. Esa contratación, no obstante, se realizó sin el lleno de los requisitos legales. Cajasalud ARS sólo contrató con el Hospital San Vicente de Paúl y la E.S.E. María Auxiliadora de Garzónempresas habilitadas en ese municipio-, el 41.02% de la prestación de los servicios de salud en los niveles de complejidad I, I y III, cuando dicha proporción debía ser del 50%, de conformidad con lo ordenado por el artículo 51 de la Ley 715 de 2001. 2 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN En lugar de ello, contrató la IPS Clínica Medilaser, representada por María Cristina Vargas Urazán (contratos del 1 de noviembre de 2002 y 1 de enero de 2003, por 2 años), entidad que no aparecía habilitada para asumir la prestación de los referidos servicios en el municipio de Garzón y tampoco

contaba con la infraestructura necesaria para atender el objeto contratado, lo que la llevó, entonces, a subcontratar con otras IPS del orden público como el Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón, bajo la modalidad de Unidad de Pago por Capitación Subsidiada (UPCS), incumpliendo de esa manera lo normado en el artículo 41 del Decreto 50 de 2003, por “intermediación o tercerización” no permitida por la ley. Advertida esa situación por parte de la Contraloría Departamental del Huila, en mayo de 2005 presentó ante la fiscalía, “informe de auditoría” con “hallazgo penal”, consistente en la existencia de presuntas irregularidades relacionadas con la contratación celebrada entre el municipio de Garzón y Cajasalud ARS, durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2003 y 31 de marzo de 2004, las cuales, a juicio del ente acusador, resultan imputables, entre otros, al Alcalde CLODOMIRO RIVERA GARZÓN, en tanto no acató los principios de transparencia, responsabilidad y buena fe de que trata el artículo 3° de la Ley 80 de 1993. La falta de vigilancia y control por parte de dicho funcionario fue la que permitió convenios anómalos para la prestación de los servicios en el régimen subsidiado, la subcontratación de IPS públicas y la apropiación de dineros del erario por valor de $4.571.000.0001. 1 Resolución de acusación de primera instancia. Fiscalía 22 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, adscrita a la Unidad Nacional Anticorrupción de Bogotá. 26

diciembre de 2013. Folio. 41. 3 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600

CLODOMIRO RIVERA GARZÓN

ACTUACIÓN PROCESAL

1. Con fundamento en los anteriores hechos, el 9 de agosto de 2005, la fiscalía dispuso abrir la investigación previa, llevando a cabo la práctica de algunas pruebas2. Culminada dicha etapa, mediante resolución del 10 de noviembre de 2011 profirió resolución de apertura de instrucción3, en la que, entre otras disposiciones, ordenó vincular a la investigación mediante indagatoria a Armando Ariza Quintero, María Cristina Vargas Urazán y CLODOMIRO RIVERA GARZÓN, las cuales fueron rendidas, en su orden, el 13 de marzo, 24 y 27 de abril de 20124.

2. Cerrada la investigación5, el 26 de diciembre de 20136 la fiscalía calificó el mérito del sumario profiriendo resolución de acusación contra Armando Ariza Quintero, María Cristina Vargas Urazán y CLODOMIRO RIVERA GARZÓN por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Los dos primeros como determinadores y el último en calidad de autor. No les impuso medida de aseguramiento.

3. Contra esa determinación, RIVERA GARZÓN interpuso recursos de reposición y apelación7, los cuales fueron sustentados oportunamente por su abogado defensor. A su 2 Cuaderno Nro. 1. Folio 48. 3 Ibídem. Folio 250.

4 Cuaderno Nro. 1. Folios 283 - 292. Cuaderno No. 2 Folios 3-9 y 11-24.

5 Cuaderno Nro. 2. Folio 172. 6 Cuaderno Nro. 3. Folios 296 - 297. 7 Ibídem. Folio 292. 4 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN turno, tanto el Ministerio Público como el apoderado de Ariza Quintero, impugnaron en apelación exclusivamente8.

4. Negado el recurso de reposición9, la Fiscalía 71

Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá profirió resolución del 20 de abril de 2015, mediante la cual negó las solicitudes de nulidad y preclusión presentadas, en su orden, por el Ministerio Público y el abogado de Ariza Quintero. En consecuencia, confirmó en su integridad la resolución acusatoria10.

5. Por reparto, la actuación correspondió al Juzgado 2° Penal del Circuito de Garzón, el cual avocó conocimiento y corrió el traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de

200011.

6. En sede de audiencia preparatoria celebrada el 8 de julio de 2016, el juzgado cognoscente decretó la nulidad parcial de la actuación, tras advertir que la Fiscalía 71 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá omitió resolver de fondo el recurso de apelación presentado por el defensor de CLODOMIRO RIVERA GARZÓN. En consecuencia, decretó la ruptura de la unidad procesal para continuar el juicio contra Armando Ariza Quintero y María Cristina Vargas Urazán, y que la actuación seguida contra RIVERA GARZÓN cursara por

aparte12. 8 Cuaderno Nro. 4. Folios 3 – 27. 9 Ibídem. Folios 33 - 54. 10 Cuaderno Nro. 5. Folios 3 – 45. 11 Cuaderno Nro. 7. Folios 5. 12 Ibídem. Folios 403 – 404. 5 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600

CLODOMIRO RIVERA GARZÓN

7. En cumplimiento de lo anterior, la mencionada fiscalía dictó resolución del 2 de noviembre de 2016, a través de la cual resolvió negar la solicitud de preclusión elevada por el apoderado de RIVERA GARZÓN, y mantener incólume la providencia acusatoria emitida el 26 de diciembre de 201313.

8. Subsanada la irregularidad advertida, el asunto correspondió, nuevamente, al Juzgado 2° Penal del Circuito de Garzón, cuyo titular manifestó impedimento, el cual se declaró infundado por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de

Neiva.

9. Surtida la fase de juzgamiento, mediante sentencia del 26 de marzo de 2019, el citado despacho absolvió a CLODOMIRO RIVERA GARZÓN por los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

10. Apelada la decisión por la fiscalía, la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva en providencia del 29 de abril de 2021, la revocó parcialmente. Confirmó la absolución impartida a favor del procesado por el delito de peculado por apropiación, pero lo condenó por el injusto de contrato sin

cumplimiento de requisitos legales, imponiéndole las penas de 48 meses de prisión, multa equivalente a 50 s.m.l.m.v., e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 60 meses. Le concedió el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria. Un Magistrado integrante de la Sala de Decisión salvó voto. 13 Cuaderno Nro. 10. Folios 5 – 34. 6 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600

CLODOMIRO RIVERA GARZÓN

11. Contra la anterior providencia, el apoderado de CLODOMIRO RIVERA GARZÓN interpuso impugnación especial.

DECISIÓN IMPUGNADA La Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva consideró reunidos los requisitos legales necesarios para emitir sentencia condenatoria contra el procesado, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El razonamiento fue el siguiente: Tras realizar un recuento detallado de las pruebas practicadas en el presente asunto, coligió que, ciertamente, CLODOMIRO RIVERA GARZÓN en calidad de alcalde municipal de Garzón (Huila) suscribió con la ARS Cajasalud, el Contrato nro. 2 del 1° de abril de 2003, junto con los otrosíes de fecha 1° de octubre y 1° de diciembre de la misma anualidad, cuyo objeto era la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud y el aseguramiento de los beneficiarios del sistema. Negociación que ascendió a la suma de

$1.221.991.872. Indicó que, a efecto de esa contratación, el ente territorial en cabeza de RIVERA GARZÓN: (i) acató el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 del Decreto 2357 de 1995 y en la Circular 04 del 11 de marzo de 1996, como quiera que la Superintendencia Nacional de Salud ratificó que la ARS Cajasalud contaba con autorización para su funcionamiento como administradora de los recursos del régimen subsidiado. 7 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN Además, esta última entidad, a través de múltiples contratos aportados demostró que contaba con una red prestadora de servicios de salud en distintos niveles de complejidad. Esto es, las IPS públicas denominadas ESE María Auxiliadora y ESE Hospital Departamental San Vicente de Paúl, ambas del municipio de Garzón, y la IPS privada Medilaser con sede en Neiva. De igual forma, (ii) quedó probado que el alcalde también atendió lo dispuesto en el artículo 49 del Acuerdo 244 de 2003 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, toda vez que contrató una interventoría externa con la Cooperativa de Salud – UNISALUD. No obstante lo anterior, consideró el Tribunal que el procesado no acató cabalmente las funciones propias de su cargo. Las pruebas recopiladas en este asunto acreditaron que RIVERA GARZÓN desatendió los principios rectores de la contratación estatal, así como las restantes normas legales

llamadas a regular el caso particular, pues por su falta de vigilancia, control y responsabilidad se presentaron varias irregularidades atinentes al incumplimiento de la contratación mínima con la red pública y un evento tercerización o intermediación no permitido por la ley. Explicó el ad quem, la ARS Cajasalud sólo contrató con la red pública -Hospital Departamental San Vicente de Paúl, la ESE María Auxiliadora y otras IPS-, el 41.02% de la prestación de los servicios de salud, cuando al tenor de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 715 de 2001, ese porcentaje no podía ser menor al 50%. Proceder ilícito que, enfatizó, involucró tanto a la ARS Cajasalud como al alcalde RIVERA GARZÓN, toda vez que éste, 8 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN desde el momento mismo de la suscripción del contrato, debió precisar y dejar constancia expresa, en ese documento, de la imperiosa obligación de cumplir con los porcentajes de contratación previstos en el ordenamiento jurídico.

Dijo el Tribunal: “el incumplimiento a los porcentajes establecidos para la contratación con la red pública” no era “una obligación exclusiva de la ARS a la que la norma está dirigida, cuya observancia se advierte solamente en la fase de ejecución contractual cuando se determina el cubrimiento del servicio”. En virtud de los principios de transparencia y responsabilidad descritos en los artículos 5 y 26 de la Ley 80 de 1996, debe

colegirse que la observancia de tal requisito “se sucede inclusive desde la etapa precontractual”, de manera que le correspondía al Alcalde Municipal de Garzón “establecer dentro de las cláusulas del contrato 02-2003 que suscribió con la ARS” la ineludible obligación de contratar con la red pública, al menos el 50% de la prestación de los servicios de salud. Ello, a fin de “no dejar al garete o al arbitrio del contratista los recursos de la salud subsidiada que le fueron transferidos para garantizar a los beneficiarios la prestación de dicho servicio esencial”, tal y como sucedió en este asunto. Ahora bien, en cuanto a los acuerdos del 1° de noviembre de 2002 y 1° de enero de 2003 suscritos entre Armando Ariza Quintero y María Cristina Vargas Urazán, representantes de Cajasalud ARS y la Clínica Medilaser, respectivamente, concluyó el Tribunal que, tal y como lo afirmó la fiscalía en la acusación, se trató de negociaciones con “anomalías dolosas”. De un lado, porque la citada IPS no estaba habilitada para 9 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN ejercer tal labor en el municipio de Garzón, “conforme lo certificara el 9 de julio de 2013 la Secretaría de Salud departamental del Huila”. Y de otro, porque tampoco contaba con “la capacidad, ni la infraestructura de calidad técnica y científica para ofrecer los servicios en niveles de complejidad III y IV, conforme se desprende de la Resolución nro. 0902 de

2005”. Circunstancia que implicó, además, la subcontratación de entidades del orden público como el Hospital San Vicente de Paúl de Garzón. Al respecto, la segunda instancia puntualizó: (…) se evidencia igualmente y sin hesitación alguna, la existencia de una flagrante violación al principio de transparencia que regula la contratación estatal a través del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, como quiera que la ARS CAJA SALUD, no contrata con las entidades prestadoras de los servicios de salud públicas habilitadas del municipio de Garzón, tales como la ESE María Auxiliadora o el Hospital San Vicente de Paúl, en razón a que presuntamente éstas no cumplen con las condiciones para ello, pero si lo hace de manera directa con la IPS Medilaser Ltda., entidad no habilitada y sin capacidad para prestar los servicios de salud convenidos. De igual manera, que una vez la Clínica Medilaser Ltda., obtiene contratación con la ARS CAJASALUD, de inmediato subcontrata tales como la ESE María Auxiliadora y/o el Hospital San Vicente de Paúl; que supuestamente no reunían las condiciones prestadoras de salud de los niveles convenidos, con el fin de cumplir el objeto contractual con la Administradora de los recursos de la salud, incurriéndose así en una intermediación o tercerización en la manera de contratar no permitida por la ley. En consecuencia, como lo alega la Fiscalía y lo expresa así en la resolución de acusación, la ARS CAJASALUD permite que la IPS Medilaser Ltda., asuma la administración de los dineros destinados a la salud subsidiada ejerciendo funciones de ARS o EPS, al subcontratar con otras IPS públicas y privadas del municipio de

Garzón la prestación de esos servicios, algunas de éstas que en principio se desestimaron para su contratación de manera directa, 10 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN incumpliéndose con todo lo anterior las disposiciones contenidas en el precitado artículo 41 de la Ley 50 de 2003, que a su literalidad dicho comportamiento lo preceptúa como una práctica insegura. Bajo esa óptica, entonces, el ad quem consideró que frente a estos hechos también le asiste responsabilidad al Alcalde Rivera Garzón. Argumentó que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, él “estaba obligado no solamente a buscar los fines de la contratación tanto en la observación del trámite como en la celebración de los contratos surgidos”, sino que también le correspondía “vigilar el correcto cumplimiento del objeto contratado y proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que pudieran verse afectados con la ejecución del contrato”. En suma, concluyó el fallador de segunda instancia que en este caso resulta incuestionable la estructuración del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, como quiera que desde el inicio de la contratación entre el municipio de Garzón y la ARS Cajasalud surgieron las irregularidades denotadas, frente a las cuales le asiste completa responsabilidad penal a CLODOMIRO RIVERA GARZÓN pues, justamente, por su calidad de alcalde municipal e interventor del contrato Nro. 02-2003, le era exigible la vigilancia del

manejo adecuado de los recursos públicos, “actividad que no desplegó omitiendo sus obligaciones legales”. Por ende, resolvió “revocar en parte la sentencia de primer grado” para en su lugar condenar a CLODOMIRO RIVERA GARZÓN como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, “manteniendo la determinación de absolverlo por el punible de peculado por apropiación a favor de terceros, 11 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN ante la duda que se suscita respecto al monto que ascendió la apropiación irregular de los recursos de la salud subsidiada objeto de la contratación que aquí se ventila y que igualmente es atribuible al acusado”. IMPUGNACIÓN ESPECIAL En desacuerdo con el fallo reseñado, el defensor recurrente manifestó que las conclusiones del Tribunal sobre el incumplimiento por parte del alcalde CLODOMIRO RIVERA GARZÓN de los principios rectores de la contratación estatal, así como de las normas aplicables al contrato celebrado entre el municipio de Garzón (Huila) y la ARS Cajasalud, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2003 y el 31 de marzo de 2004, se fundamentan en “exigencias y manifestaciones falsas”. Básicamente, porque el fallador dio un entendimiento sesgado y equivocado de los preceptos legales rectores de la presente actuación, confundió las diferentes fases de la contratación estatal y tergiversó el contenido de las pruebas documentales:

Todo lo anterior, bajo el siguiente raciocinio:

1. De entrada, aseguró el libelista que la consideración relativa a que el acusado faltó a sus deberes pues, como ordenador del gasto, debió incluir en el contrato 02-2003 suscrito con Cajasalud, una cláusula atinente a que dicha ARS tenía el compromiso de contratar con la red pública, al menos, el 50% de la prestación de los servicios de salud, conforme lo dispone el artículo 51 de la Ley 715 de 2001, es mentirosa y

12 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN contraria a lo probado en este asunto. No solo porque “el cumplimiento de la ley no tiene que ser pactado en ningún contrato”, sino porque dentro del contrato 02-2003, particularmente, en la cláusula quinta denominada “contratación con la red prestadora”, se halla consignada esa obligación a cargo de la ARS contratista, de cumplir con los porcentajes de contratación previstos en la mencionada disposición. Por ende, señaló, es palmario que el fallador de segundo grado omitió el “real contenido fáctico de la prueba documental para justificar el supuesto incumplimiento de un requisito esencial de la fase precontractual y así hacer un ajuste de tipicidad contrario a derecho”.

2. De otra parte, aseguró el defensor que carece de todo respaldo afirmar que el acusado omitió observar, desde la “fase inicial de la negociación”, si los contratos de la ARS Cajasalud con las diferentes IPS públicas y privadas de la región cumplían

ese porcentaje de ley, y si, además, esa red contratada estaba habilitada y resultaba adecuada para la prestación del servicio requerido. Desde el punto de vista legal, porque del tenor literal del artículo 51 de la Ley 715 de 2001 se establece con suma claridad que la obligación de cumplir los porcentajes de contratación con la red pública, recae “única y exclusivamente” en cabeza del contratista. La norma “tiene un destinario específico que no es otro que las Administradoras del Régimen Subsidiado de Salud (ARS), y no el ente territorial (municipioalcaldía)”. De ahí que no fuera difícil deducir, como lo hizo el juez de primer grado, que en lo que atañe al cumplimiento de 13 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN ese mandato, ninguna competencia o responsabilidad le asistía al Municipio de Garzón, representado en su momento, por el alcalde RIVERA GARZÓN. Y, desde la óptica probatoria, porque si se verifican los contratos suscritos por la ARS Cajasalud con las IPS públicas y privadas de la región, se aprecia que en ellos “no existe ninguna participación de CLODOMIRO RIVERA GARZÓN, ni como alcalde, ni como particular”, dado que fueron celebrados en un “ámbito privado, con anterioridad o posterioridad a la celebración del contrato 02-2003”. Enfatizó el memorialista, al momento de la celebración del contrato entre el municipio de Garzón y Cajasalud, esta ARS

ya contaba con la respectiva autorización expedida por la Superintendencia Nacional de Salud para operar el régimen subsidiado. Ante esa entidad del orden nacional y con miras a lograr, justamente, esa habilitación, Cajasalud había tenido que demostrar que contaba “con la capacidad de oferta de las instituciones prestadoras de servicios de salud y un plan de organización de la red para prestación del servicio”. Por consiguiente, no era el ente territorial el encargado de determinar, en esa fase inicial, si la mencionada ARS estaba capacitada y contaba con una red adecuada para prestar el servicio requerido. “Ese requisito para contratar y que reprocha el ad quem se encontraba plenamente acreditado por la autoridad competente previo a la celebración del contrato 02 de 2003”. 14 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN Ahora, la posterior negociación que hiciera la ARS Cajasalud con las IPS públicas y privadas de la región para el desarrollo del objeto contractual, que no era otro que la prestación del servicio de salud para los beneficiarios del régimen subsidiado, “ineludiblemente” hace parte de “la fase de ejecución (que no merece reproche penal) y en donde no participa la alcaldía” ya que, “en el contrato no se estipula ninguna mediación de la administración municipal en la contratación de las IPS”. Por ende, la obligación de en cabeza de la administración municipal de revisar y constatar el real cumplimiento del requisito contenido en el artículo 51 de la Ley 715 de 2001, sólo viene a suceder al finalizar el contrato “o lo que es lo mismo al

momento de su liquidación”, pues tal y como lo determina el artículo 45 del mencionado Acuerdo 244, es al finalizar cada anualidad cuando se efectúan los balances y se logra determinar la satisfacción de las obligaciones contractuales por parte de las ARS y la ejecución de recursos. Recalcó el apelante, es “en esta etapa y no en la etapa precontractual como errada y arbitrariamente lo quiere imponer el ad quem, donde las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del contrato, con el fin de establecer si se encuentra o no a paz y salvo por todo concepto derivado de ejecución”. En consecuencia, precisó el censor, es totalmente equivocado que el Tribunal realice un juicio de reproche contra el procesado por este aspecto. No era viable exigirle que de manera anticipada verificara cómo iba a contratar la ARS 15 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN Cajasalud. Menos aún, que al momento de la liquidación del contrato lo hiciera, pues ello ocurrió en el año 2004, cuando CLODOMIRO RIVERA GARZÓN ya no fungía como alcalde municipal de Garzón. Su periodo constitucional llegó hasta el 31 de diciembre de 2003. Así las cosas, concluyó, “el ad quem pretende trasladar la verificación o cumplimiento de una obligación contractual de la fase de liquidación del contrato, o en gracia de discusión, de su ejecución, al trámite o fase precontractual, sólo para justificar su desacierto y revocar la absolución legítima y justa de la primera

instancia a favor de CLODOMIRO RIVERA GARZÓN”.

3. En cuanto a los reproches efectuados por el Tribunal frente a la contratación de la Clínica Medilaser por parte de la ARS Cajasalud, manifestó el defensor que éstos no pueden ser de recibo. Simple y llanamente, porque la supuesta incapacidad de dicha IPS para prestar el servicio de salud requerido no se conocía para las fases de tramitación o celebración del contrato 02-2003. Las pruebas enseñan que tal situación sólo vino a saberse a raíz de la expedición de la Resolución 0902 del 2005 proferida por la Superintendencia Nacional de Salud, esto es, “dos años después de terminado el mandato del Dr. Clodomiro Rivera Garzón y de los hechos materia de investigación”.

Además, porque, en el expediente existen otros elementos de convicción que ratifican la “habilitación” de la Clínica Medilaser para el momento en que se realizó la contratación discutida. Entre ellos: (i) El peritaje realizado por funcionarios 16 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN del CTI de la Fiscalía el 14 de febrero de 2017, en el cual se consignó que “al momento de suscribir el contrato de prestación de servicios de salud para el régimen subsidiado por capitación con la ARS”, la Clínica Medilaser se encontraba plenamente habilitada pues “según el Decreto 2309 del año 2002, vigente para la fecha, la IPS realizó procedimiento de inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud”. Y (ii) el

testimonio del señor Alberto Segura Garzón -representante legal de UNISALUD-, quien durante la audiencia de juzgamiento indicó que en ejercicio de su labor como interventor externo del contrato 02-2003 “pudo verificar que la Clínica Medilaser contaba con habilitación en el departamento del Huila”. Por ende, afirmó el defensor, es palmario que el Tribunal “ignoró por completo” estas pruebas y que sus conclusiones son inexactas. Aunado a lo anterior, expresó, la contratación de la Clínica Medilaser por parte de la ARS Cajasalud jamás puede entenderse como una artimaña tendiente a la defraudación de los recursos del régimen subsidiado de salud. Todo lo contrario. El Oficio 2362 del 12 de julio de 2012 expedido por la Secretaría de Salud del Huila, así como la inspección judicial realizada al Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón el 13 de junio de 2017, entre otras probanzas, acreditan que la Clínica María Auxiliadora y el hospital mencionado sólo estaban habilitados para atender los niveles I y II de complejidad, respectivamente, resultando entonces necesario que Cajasalud contratara a Medilaser “habilitada con niveles III y IV de complejidad con el fin de poder garantizar la prestación 17 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN de los servicios de salud, en ejecución del contrato celebrado con el Municipio de Garzón”. Por lo expuesto, entonces, concluyó el recurrente, “el Tribunal Superior de Neiva en sala mayoritaria hace una

valoración e interpretación sesgada de las pruebas y la normatividad sobre este tipo de contratación queriendo confundir las fases de la contratación y hacer responsable CLODOMIRO RIVERA GARZÓN de la supuesta contratación irregular entre la ARS Cajasalud y la IPS Medilaser, que se reitera, por expresa disposición legal no era competencia del alcalde y hacía parte de la ejecución de las obligaciones u objeto contractual que era: la prestación del servicio de salud”.

4. Por último, destacó el libelista que a diferencia de lo sostenido por la segunda instancia, los principios de la contratación estatal fueron plenamente respetados por su prohijado.

Por la forma “especialísima” como está estructurado el sistema del régimen subsidiado de salud se colige con claridad el acatamiento del principio de transparencia, toda vez que la selección del contratista no la hace el ente territorial, sino los beneficiarios. También, se respetó el debido proceso y las formalidades exigidas por el Ministerio de la Protección Social, porque, justamente, el contrato firmado entre el municipio de Garzón y la ARS Cajasalud, obedeció a la proforma enviada directamente por dicha cartera. Además, enseñan los medios de convicción que CLODOMIRO RIVERA GARZÓN contrató una interventoría externa con UNISALUD, en apego de lo 18 CUI 412983109001 20170000701 Número Interno 60.110 Impugnación Especial Ley 600 CLODOMIRO RIVERA GARZÓN establecido en el artículo 49 del Acuerdo 244 de 2003. Interventoría que, inclusive, no presentó observación alguna

sobre el cumplimiento de las obligaciones de las partes en la fase de ejecución del contrato.

5. En síntesis, para el recurrente, la Sala mayoritaria del Tribunal Superior de Neiva efectuó una valoración sesgada de las pruebas y la normatividad que rige el presente asunto. A diferencia de sus conclusiones, lo que debe colegirse en este caso es que la contratación realizada entre el Municipio de Garzón y la ARS Cajasalud para la atención de los afiliados al régimen subsidiado de salud, durante el perio