CSJ - SP319-2023(62189)

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SEGUNDA INSTANCIA 62189

YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA Magistrado ponente SP319-2023 Radicación # 62189 Acta 147 Bogotá D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

VISTOS: Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, contra el fallo absolutorio proferido el 29 de noviembre de 2021 por el Tribunal de Valledupar en favor de

la doctora YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER

(Juez 2 del Circuito de Familia de la misma ciudad), acusada por el delito de prevaricato por acción.

HECHOS: A la doctora YADIRA SOLÓRZANO, (nacida en Fundación, Magdalena, el 28 de marzo de 1.956) en su

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER condición de Juez 2 del Circuito de Valledupar (posesionada en tal cargo desde el 23 de agosto de 1991), le correspondió conocer del proceso de divorcio de Tania María Camacho Maldonado contra Nasser Yassin Carbonel Gómez, en el cual declaró mediante sentencia del 30 de abril de 2008, la cesación de los efectos civiles del matrimonio celebrado entre las partes. Luego, la demandante presentó el trabajo de inventario y avalúo en el que relacionó como único bien de la sociedad

conyugal, la casa de habitación ubicada en la carrera 19C No. 14B – 06, lote 15, manzana F de Valledupar, avaluada en $47’500.000 y como pasivo, un crédito a favor del Banco Davivienda por $23’198.744, suma que fue destinada a la adquisición de la vivienda. Además, informó que antes del divorcio Nasser Yassin Carbonel le vendió el 50% del inmueble y ella se comprometió a asumir la totalidad del crédito a favor del Banco Davivienda. El inventario y avalúo fue aprobado por la doctora SOLÓRZANO CLEVER y, posteriormente, por auto del 12 de diciembre de 2008, designó a una auxiliar de la justicia para que realizara el trabajo de partición. La partidora concluyó que como el activo líquido de la sociedad era de $47’500.000, correspondientes al valor del inmueble, del cual Nasser Carbonel vendió el 50% a Tania María Camacho antes de la cesación de efectos civiles, a ella 2 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER correspondía el 100% del activo líquido de la sociedad conyugal por $24’301.256, y por haber asumido el pasivo con Davivienda también tenía derecho a $23’198.744. La Juez YADIRA SOLÓRZANO aprobó sin observación alguna el trabajo de partición y adjudicación, a través de providencia del 6 de febrero de 2009, acogiendo la

argumentación de la partidora. Entonces, Carbonel Gómez promovió proceso ordinario de rescisión por lesión enorme, que culminó con sentencia del 28 de febrero de 2012 a su favor, dictada por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Descongestión de Valledupar, pues como el bien inmueble pertenecía al haber de la sociedad conyugal porque fue adquirido por uno de los cónyuges a título oneroso dentro del matrimonio, una vez disuelto el vínculo matrimonial tenía que tramitarse la liquidación de conformidad con el mandato contenido en el artículo 9 de la Ley 28 de 1932, de manera que se declaró la rescisión por lesión enorme del trabajo de partición y adjudicación adelantado en el proceso de divorcio y se ordenó rehacerlo, decisión confirmada por el Tribunal de Valledupar mediante providencia del 4 de diciembre de 2013, al conocer de la apelación de Tania Camacho. Nasser Yassin Carbonel instauró la correspondiente denuncia ante la Fiscalía. 3 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER ACTUACIÓN PROCESAL: El 25 de mayo de 2018, en el Juzgado 2 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar, la Fiscalía imputó a la doctora YADIRA SOLÓRZANO la comisión del delito de prevaricato por acción en calidad de autora. El 13 de agosto de 2018 fue radicado el escrito de acusación y la correspondiente audiencia se realizó el 19 de febrero de 2019 por el punible mencionado. Una vez surtido

el debate oral, el Tribunal de Valledupar profirió sentencia absolutoria el 29 de noviembre de 2021, contra la cual la Fiscalía interpuso recurso de apelación.

SENTENCIA IMPUGNADA: Luego de citar jurisprudencia acerca del delito de prevaricato por acción y sus exigencias, así como de reconocer la calidad de servidora pública de la acusada en su condición de Juez 2 del Circuito de Familia de Valledupar, se resaltó que la Fiscalía aportó copia de la sentencia del 6 de febrero de 2009, aprobatoria del trabajo de partición y adjudicación de bienes, tachada como prevaricadora.

También contó con el trabajo de partición y adjudicación de bienes de la sociedad conyugal, presentado el 19 de enero de 2008, por la auxiliar de la justicia Emma Annichirico Iseda. Concluyó aquella Corporación que la sentencia aprobatoria del trabajo de partición es contraria a los artículos 1781-5, 1830 del Código Civil y 4 de la Ley 28 de 1932, pues la acusada asignó el 100% del único bien de la 4 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER sociedad a la demandante Tania Camacho, desconociendo que una vez deducidas las deudas sociales, que en este caso consistían en una obligación hipotecaria, el activo liquido debía dividirse por partes iguales entre ambos cónyuges, privando así al demandado Nasser Yassin Carbonel del 50% de los gananciales, a los cuales tenía derecho sin

consideración a que vendió la mitad de su derecho de propiedad a su esposa durante la vigencia del matrimonio. Consideró acreditada la condición de autora de la acusada, pues declaró en el juicio que firmó la decisión proyectada por el judicante Michelle Vega y así lo corroboró la secretaria Mildreth Pumarejo. Respecto del dolo exigido en el prevaricato por acción, señaló que la Fiscalía solicitó valorara que se trata de una funcionaria con 17 años en el ejercicio del cargo para cuando dictó la sentencia cuestionada, tiene posgrado en derecho de familia y es docente universitaria; además, en la decisión consignó una vaga apreciación de las normas sobre el proceso de divorcio, asunto que ya estaba culminado. Adicionalmente, el denunciante declaró que escuchó a Jhon Avendaño, compañero de su ex esposa, decir que en un almuerzo en el cual estaba la auxiliar de la justicia partidora, la acusada y la secretaria del juzgado, que la doctora YADIRA SOLÓRZANO CLEVER les dijo que prepararan la sentencia y se la llevaran al despacho para firmarla. 5 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER La acusada admitió que se equivocó, pero no en un acto de corrupción, mucho menos por un almuerzo como lo dijo la Fiscalía, sino porque actuó de forma ligera o por ignorancia al no referir el pasivo de la sociedad. Manifestó que no conocía a las partes del proceso de divorcio y liquidación y adjudicación de bienes, aun cuando conocía al padre de

Tania Camacho, quien fue magistrado en la misma jurisdicción, pero no tiene relaciones personales con él, a raíz de un problema cuando litigó ante su despacho. A partir de lo expuesto, consideró el Tribunal que la Fiscalía no probó más allá toda duda el dolo en la conducta de la acusada para que se configure el delito de prevaricato por acción, esto es, el conocimiento exento de error y voluntad de transgredir la ley penal, al dictar la sentencia aprobatoria del trabajo de partición y adjudicación de bienes. En efecto, se trató de una decisión “de cajón”, esto es, con un contenido genérico que puede aplicarse a un número indeterminado de procesos, después de hacer al comienzo unos ajustes relacionados con la identificación del trámite y de las partes. Así, esta providencia resulta casi idéntica a las sentencias del 16 de diciembre de 2008 y 1 de diciembre de 2009, ambas en procesos de partición y adjudicación de bienes de la sociedad conyugal, que permiten establecer cuál era el proceder de la acusada. De otra parte, con el testimonio de Freddy Zorro se introdujo la estadística del Juzgado 2 de Familia de Valledupar, en la cual se verifica el alto número de procesos 6 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER a cargo de la acusada, así como el volumen de las providencias dictadas por ésta, lo que permite concluir que se utilizaban modelos de sentencias para evacuar rápidamente algunos procesos, particularmente en donde no

existía controversia entre las partes, como sucedió en el asunto analizado en esta oportunidad, es decir, “no se trata de una sentencia confeccionada expresamente para torcer la ley”. El tema de la liquidación y adjudicación de bienes de la sociedad conyugal conformada por Nasser Carbonel Gómez y Tania Camacho, contrario a lo sostenido por la Fiscalía, tenía cierta complejidad en cuanto durante la vigencia del matrimonio, el primero vendió a la segunda el 50% del derecho de dominio que tenía sobre el único activo de esta sociedad, lo que podía generar alguna confusión –como lo adujo la doctora YADIRA SOLÓRZANO—, pues el denunciante recibiría una suma durante la vigencia del vínculo por la venta de su parte del inmueble y otra por concepto de gananciales sobre la misma casa al momento de la liquidación y adjudicación de bienes, motivo por el cual la acusada supuso que no se le debía adjudicar algo, como lo planteó la partidora, máxime si en 17 años de funcionaria de familia no había resuelto una situación similar. Sobre la declaración de Nasser Yassin Carbonel consideró el Tribunal que su testimonio es de oídas, sin que aporte mayores datos en orden a probar el dolo a partir de un supuesto contubernio o colusión entre la acusada, la partidora, la secretaria del despacho y la demandante, de 7 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER manera que se trata de una prueba insuficiente para edificar un fallo de condena, máxime si el testigo directo Jhon

Avendaño se encontraba disponible para declarar en el juicio oral, pero la víctima no informó a la Fiscalía oportunamente de su existencia y de los hechos que supuestamente conoció. Como la Fiscalía pretendió demostrar el dolo con base en los yerros señalados en el salvamento de voto del fallo de segunda instancia de la sentencia de divorcio, referidos a irregularidades en la notificación del auto admisorio de la demanda, pues el emplazamiento al demandado no se hizo en un periódico de amplia circulación, yerro que según el fiscal, la acusada pudo corregir en la etapa de liquidación y adjudicación de bienes, notificando personalmente al demandado Yassin Carbonel y no lo hizo, consideró el Tribunal que la acusada ordenó fuera notificado del auto admisorio de la demanda de divorcio, lo cual no se realizó porque la dirección registrada no era la correcta, motivo por el que dispuso su emplazamiento a través de periódico de amplia circulación nacional o emisora. Así, el proceder de la doctora SOLÓRZANO CLEVER denota en su favor el interés que tenía en cumplir la ley. No se probó en el actuar de la funcionaria investigada un ánimo distinto a impartir justicia con acierto, pues ello constituye el elemento subjetivo o fin típico del delito conforme a jurisprudencia de la Corte, máxime si no conocía a los sujetos procesales. 8 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER Con base en lo expuesto, la Corporación de primer grado decidió absolver a la acusada por atipicidad subjetiva

de la conducta, pues a lo sumo se probó su actuar descuidado y negligente al proferir la sentencia del 6 de febrero de 2009, conducta de carácter culposo no punible respecto del prevaricato por acción.

EL RECURSO DE APELACIÓN: El Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal de Valledupar comenzó por citar apartes de jurisprudencia sobre las exigencias para que se configure el delito de prevaricato por acción, para entonces afirmar que en este asunto no hay duda acerca de la condición de servidora pública de la doctora YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO; tampoco se cuestiona que la providencia del 6 de febrero de 2009 fue suscrita por ella y se admitió en la sentencia apelada que contrarió manifiestamente la ley y la prueba. Por tanto, dirigió su argumentación a demostrar que sí se acreditó –contrario a lo concluido por el Tribunal— el componente subjetivo de la conducta objeto de acusación.

La Corporación de primer grado “recurrió a un ejercicio de suposición de apreciaciones y conclusiones de las que las pruebas debatidas no dieron cuenta, de parcelación en el análisis de los medios suasorios, de tergiversación de la jurisprudencia de la Corporación de cierre en lo penal en lo relacionado con los elementos que estructuran el tipo penal de prevaricato por acción y no en conjunto”. 9 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER Además, se limitó el examen del asunto a la mera enunciación y “quedó debiendo las razones que tuvo para

reflexionar de esa manera, dificultando el ejercicio de contradicción, como ocurrió con la carga laboral a la que apenas hizo referencia”. Se exige equivocadamente en el fallo de primer grado que para la configuración del prevaricato por acción, además del dolo, “debe verificarse un actuar con un ánimo distinto a impartir justicia con acierto, pues ello constituye el elemento subjetivo o fin típico del delito…”, argumentación que estaría soportada en la jurisprudencia de la Corte, pero que la misma Corporación modificó expresando: “Al margen de lo expuesto, el recurrente invoca el contenido del artículo 178 A de la Constitución Política, para deducir un ingrediente normativo del tipo ‘diferente del dolo, como es el de favorecer indebidamente intereses propios o ajenos, como señala textualmente la norma constitucional en su parte final’, que, afirma, no se encuentra presente en el actuar de M.F.B.I. La Sala debe aclararle al censor, en primer lugar, que esa norma, introducida por el artículo 8° del Acto Legislativo 2 de 2015, fue declarada inexequible mediante sentencia C – 373 de 2016, por lo que su contenido no puede ser valorado. Por lo demás, aunque la Sala en alguna ocasión utilizó la expresión ‘ánimo corrupto’, para referirse a prevaricato y al dolo que lo acompaña, con ello jamás intentó introducir un nuevo elemento del tipo, a la manera de un fin específico, ni obligar al examen de 10 CUI 20001600123120110032603

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aspectos distintos a los que de manera tradicional componen el dolo. Por tanto, la definición de responsabilidad penal, una vez verificado que se actuó con conocimiento y voluntad, no implica examinar si con ello el acusado buscaba algún tipo de beneficio patrimonial para sí o para un tercero, a la manera de obligar delimitar la materialidad de un concurso delictual, dígase, con el cohecho o la concusión” (CSJ SP, 17 nov. 2021. Rad. 53814). Entonces, está claro que la Corte no exige el “animo corrupto” referido por el Tribunal en el fallo apelado, luego basta acreditar que la acusada “actuó con conocimiento y voluntad, obligación que se acató a cabalidad, de manera que, la motivación de la sentencia censurada en este particular aspecto carece en lo absoluto de relevancia”. El Tribunal descartó en la acreditación del dolo la experiencia y capacitación de la doctora SOLÓRZANO CLÉVER, pese a que la Sala de Casación sí ha tenido en cuenta tales aspectos con ese propósito, por ejemplo, en CSJ SP, 17 nov. 2021. Rad. 53814. La Fiscalía probó en el juicio que la acusada obtuvo el título de abogada hacia el año 1983 y posteriormente se especializó en derecho de familia y procedimiento civil. Ingresó a la Rama Judicial como Juez Promiscuo Municipal de Gamarra, Cesar, cargo que asumió el 2 de septiembre de

1985. Desde esta última fecha y, por lo menos, hasta el momento del juicio, fungió como juez de manera continua e

11 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER ininterrumpida, siendo importante destacar que el 30 de marzo de 1990 asumió el cargo de Juez Promiscuo de Familia, al tiempo que la posesión como Juez Segunda de Familia ocurrió el 23 de agosto de 1991 y lo ejerció en propiedad, lo que significa, que era una funcionaria de carrera judicial que accedió al empleo oficial mediante un concurso de méritos mediante un examen riguroso de conocimientos. Es decir, se trataba de una funcionaria veterana, de vastísima experiencia y especializados conocimientos en el tema objeto de controversia. El Tribunal consideró que tal experiencia no acredita el dolo, pues la procesada demostró que con anterioridad no había decidido un caso similar. No se tuvo en cuenta que en la decisión del 6 de febrero de 2009 no se ofreció motivación alguna para aprobar el trabajo de partición y adjudicación de bienes. Se dijo en la sentencia impugnada que el problema jurídico sometido a consideración de la doctora SOLÓRZANO CLEVER era novedoso al involucrar el concepto de validez de la venta entre cónyuges, decidido recientemente por la Corte Constitucional, pero si la acusada no argumentó al respecto no es posible colegir que tuvo dificultades en la interpretación de la ley y erró de buena fe al adoptar la determinación, sin que sea de recibo lo explicado por ella posteriormente en el debate oral, luego no podía deducir, sin más, que como Nasser Yassin Carbonel “había dado en venta la parte que le correspondía no tenía derecho a más, pese a

que ninguna referencia se hizo en la providencia”. 12 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER Si la decisión fue proyectada por el judicante Michelle Vega, ello no descarta la responsabilidad de la acusada, pues como lo declaró la secretaria Mildreth Pumarejo Mestre, los sustanciadores realizaban su trabajo bajo la dirección de la titular del despacho y la doctora YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO revisaba todos los proyectos antes de firmarlos y los rechazaba cuando estimaba que no correspondían con lo alegado y probado por las partes. Agregó el Fiscal recurrente que al preguntar en el juicio a la acusada por el salvamento de voto del Magistrado Jorge Enrique Gómez Ángel a la sentencia del 30 de abril de 2008, a través de la cual decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio entre Tania Camacho y Nasser Carbonel, al considerar aquél que la actuación debió ser anulada por indebido emplazamiento del demandado, la doctora YADIRA SOLÓRZANO respondió “con altivez” que como funcionaria, no tenía compromiso funcional respecto de las notificaciones a la parte demandada, pues era una tarea a cargo del demandante, desconociendo, dijo el apelante, que fue incumplida una orden suya en perjuicio de los derechos de Carbonel Gómez y debió adoptar los correctivos pertinentes, pero por el contrario, tramitó el proceso a espaldas de él, para evitar su comparecencia y facilitar la expedición de la providencia prevaricadora. De otra parte, acerca del testimonio de Nasser Carbonel

precisó el impugnante que se trata de un testigo de oídas de primer grado, pues lo declarado en el juicio corresponde a 13 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER cuanto escuchó a Jhon Avendaño, compañero sentimental de su ex esposa Tania Camacho, acerca del plan para proferir la decisión prevaricadora en beneficio de la demandante. Aunque Jhon Avendaño debió comparecer al debate oral, lo cierto es que se agotó la oportunidad para pedir su testimonio, pero a partir de lo relatado por Nasser Carbonel se tiene que la acusada se habría comprometido a dictar la sentencia en el sentido que se produjo. Lo anterior es corroborado con que la acusada, a partir del salvamento de voto a la sentencia de divorcio, debió requerir a la demandante para actualizar la dirección de residencia de su ex cónyuge Nasser Yassin Carbonel, pero no procedió a ello, con el argumento de que su función no era la de notificadora. Además, en la decisión tachada de prevaricadora, no ofreció algún análisis o motivación y soslayó inexplicablemente la prueba aportada al expediente, es decir, no dio cuenta de las razones por las cuales procedió de la forma como lo hizo, sin que se trate de un proceder descuidado o negligente, sino producto del acuerdo entre la acusada y la demandante. Con el fin de desvirtuar el dolo en la conducta de la procesada, el Tribunal de Valledupar adujo que en 25 decisiones de la acusada, aportadas al juicio, había

argumentado de manera similar, luego era la forma en que ella decidía providencias de “cajón”. Tal consideración, dijo el apelante, se ofrece endeble, pues el caso de Tania Machado y Nasser Carbonel no correspondía a un caso de tal índole, 14 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER en cuanto, como la misma acusada lo reconoció, era la primera vez que se enfrentaba a un asunto de esa naturaleza, lo cual comentó con la secretaria del despacho, de manera que no podía aplicar el formato de decisión que utilizaba. Así, la tesis del inocente descuido o de negligencia en el ejercicio de la labor de decir el derecho o de la ignorancia de la ley, ensayada por la acusada y avalada por el Tribunal resulta vana, pues la doctora YADIRA SOLÓRZANO “tenía la obligación de proferir una sentencia ajustada al derecho y no el remedo de decisión judicial que expidió con el desvelado propósito de favorecer a la demandante”, truncando el derecho del demandado “a obtener una decisión justa y legal, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución Política de Colombia y la ley”. Finalmente adujo que “la exagerada lenidad de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de esta ciudad, en el tratamiento del caso, contribuye a auspiciar, en estas aciagas horas por las que atraviesa la administración de justicia, la falta de compromiso de muchos servidores judiciales en el ejercicio de la función y a aumentar la desconfianza del

colectivo social en las instituciones, además de ofrecerse insuficiente, inútil y estéril para justificar su decisión de cara a una conducta delictiva de clara e indiscutible presentación y, concluye, que en esta oportunidad no se está frente a un caso de error judicial, o de negligencia en el ejercicio de la labor judicial, ni de la sana labor de interpretación y aplicación de 15 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER la ley, tarea para la que, ciertamente, están autorizados los jueces y fiscales de la República, en virtud de lo dispuesto por las reglas 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia, sino de una decisión que, de lejos, contrarió manifiestamente la ley y la prueba, una decisión producto del afán y del ánimo de hacer prevalecer el capricho y la arbitrariedad sobre el alcance del derecho que se debió aplicar, es decir, prevaricadora”. Con base en lo expuesto, el Fiscal Delegado solicitó a la Corte revocar la sentencia absolutoria para, en su lugar, condenar a la doctora YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER, como autora del delito de prevaricato por acción e imponerle la condigna sanción. TRASLADO A LOS NO RECURRENTES Quienes no impugnaron el fallo guardaron silencio en el traslado dispuesto para pronunciarse sobre la apelación de la sentencia absolutoria que allegó la Fiscalía1.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE: La Sala es competente para resolver el recurso de apelación promovido por la Fiscalía, de conformidad con lo

dispuesto en la ley, por tratarse de la sentencia absolutoria proferida en favor de la doctora YADIRA SOLÓRZANO CLEVER por el Tribunal Superior de Valledupar. 1 Cfr. Informe secretarial del 15 de diciembre de 2021. 16 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER Para comenzar, se tiene que en este asunto la funcionaria judicial fue acusada porque “una vez conocido el trabajo de partición y adjudicación, sin parar en mientes, le impartió aprobación mediante providencia del 6 de febrero de 2009, en la que hizo suya, la argumentación de la auxiliar de la justicia Emma Annichirico Iseda”, de manera que “desconoció abiertamente el contenido de los artículos 1781 y 1830 del Código Civil y 40 de la Ley 28 de 1932 y, por lo tanto, probablemente actualizó el tipo penal de prevaricato por acción consagrado en el artículo 413 del Código Penal”. La referida auxiliar de la justicia expresó en el trabajo de participación y adjudicación de bienes de la sociedad conyugal, lo siguiente: “Como el activo líquido de la sociedad es la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($47.500.000.00) resultantes del bien inmueble constituido en una casa de uso y habitación adquirido a través del Banco DAVIENDA; así mismo reza en el proceso copia autenticada de la escritura pública donde se observa la venta de derechos que celebró el señor NASSER YASSIN CARBONEL a su cónyuge TANIA MARÍA

CAMACHO MALDONADO del bien en comento, por lo tanto le correspondió a la señora TANIA MARÍA CAMACHO MALDONADO, ex cónyuge, el 100% del activo líquido de la sociedad conyugal igual a VEINTICUATRO MILLONES TRECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($24.301.256.00), y por 17 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER haber asumido el pasivo le corresponde la suma de

VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

($23.198.744.00)”. A su vez, en la sentencia aprobatoria del trabajo de partición y adjudicación de bienes, proferida por la acusada el 6 de febrero de 2009, se manifestó en las consideraciones: “El proceso de divorcio tiene la naturaleza de ser liquidatorio y de la jurisdicción voluntaria y en desarrollo del objeto liquidatorio persigue concretar el patrimonio en los sucesores tanto activo como pasivo. El proceso de divorcio está sujeto a diversas etapas de las cuales hay que agotar algunas durante su trámite, las que se podrían denominar esenciales, que se hacen indispensables y necesarias como es la apertura y radicación del proceso. Surge también la necesidad de presentar un inventario y avalúo de los bienes y deudas que los divorciados hayan dejado, siendo esa la medida que delimita procesalmente la masa partible sin la cual no sería posible lograr el fin normal del proceso.

“Otra de las etapas que compone el proceso es la decisiva y compleja denominada sentencia aprobatoria de la partición y adjudicación de la sociedad, la cual debe proferirse siempre que la partición esté conforme a derecho. La sentencia de aprobación de la partición como en todos los casos, es normal y corriente que el proceso 18 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER termine con su promulgación, ya que las demás formas de terminar se consideran anormales Art. 340 del C.P.C. “Para dictar esta clase de sentencia deberán tenerse en cuenta los presupuestos procesales pertinentes entre los cuales se deben destacar la oportunidad y la no existencia de incidentes y levantar las medidas cautelares decretadas. En este proceso se agotaron las exigencias del título XXIX capítulo IV del C.P.C. y no habiendo impedimentos para dictar sentencia, se procede a ello. “Por lo anterior, el Juzgado Segundo de Familia de Valledupar Cesar, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, “RESUELVE: PRIMERO: aprobar en todas y cada una de sus partes el trabajo de partición y adjudicación de los bienes realizado en este proceso de liquidación de sociedad patrimonial”. Entonces, tal como lo expresó la Fiscalía en la acusación, en los alegatos de clausura del juicio y en la apelación del fallo absolutorio, y así fue aceptado por la defensa, la acusada y el Tribunal en la sentencia impugnada, la decisión de la juez como servidora pública, de avalar, sin

más, el trabajo de partición en el sentido de adjudicar a la demandante María Camacho el 100% del inmueble que constituía la sociedad conyugal, resulta manifiestamente 19 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER contraria a los artículos 1781 y 1830 del Código Civil y 40 de la Ley 28 de 1932.

Dichas normas disponen: “Artículo 1781 Código Civil.

Composición del haber de la sociedad conyugal. El haber de la sociedad conyugal se compone: 1°) 5°) De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso...”. “Artículo 1830. Ejecutadas las antedichas deducciones, el residuo se dividirá por mitad entre los dos cónyuges”. “Artículo 4° de la Ley 28 de 1932. En el caso de liquidación de que trata el artículo 1° de esta ley, se deducirá de la masa social o de lo que cada cónyuge administre separadamente, el pasivo respectivo. Los activos líquidos restantes se sumarán y dividirán conforme al Código Civil previas las compensaciones y deducciones de que habla el mismo Código”. Ahora, según el artículo 21 de la Ley 599 de 2000, todos los tipos de la parte especial son dolosos, salvo los que expresamente el legislador haya definido como culposos o preterintencionales, de manera que el delito de prevaricato por acción correspondiente a la conducta del “servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto

manifiestamente contrario a la ley” (artículo 413 de dicho ordenamiento) es doloso. 20 CUI 20001600123120110032603

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YADIRA CANDELARIA SOLÓRZANO CLEVER El dolo corresponde a la conjunción de un conocer y un querer, que se ubica en la parte interior del sujeto. En el ámbito penal actúa con tal especie de conducta quien sabe que su acción es objetivamente típica y quiere su realización, de manera que el dolo está compuesto por dos elementos: Uno, intelectual o cognitivo, que exige tener conocimiento o conciencia de los elementos objetivos del tipo penal. Y otro, volitivo, que implica querer realizarlos. Así, el dolo directo o de primer grado se entiende act