CSJ - SP3217-2022(51798)

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente SP3217-2022 Radicado 51798 Acta 213 Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

I. ASUNTO Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la defensa de RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA, contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se revocó la absolución que por el delito de receptación de hidrocarburos había dispuesto el Juzgado 8o Penal del Circuito Especializado de Bogotá, y lo condenó por el delito de Apoderamiento o alteración de sistemas de identificación.

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II. HECHOS El Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de la Policía Nacional -GOESHrecibió una llamada telefónica de una fuente no formal informando que en el parqueadero R&R, ubicado en la Avenida Bicentenario número 95-95 de la localidad de Fontibón (Bogotá), estaban hurtando combustible. Al llegar al sitio a las 00:30 horas del 29 de marzo de 2012, encontraron a varias personas trasvasando combustible, con ayuda de motobombas y mangueras, de un primer vehículo tipo tracto camión color rojo de placas SQZ-450, a un segundo vehículo más pequeño tipo tanque, marca Dodge de placas SNJ-030, que se encontraba al lado del primero y dentro del cual encontraron

un aproximado de 200 galones de un hidrocarburo. Algunos sujetos emprendieron la huida, empero, siete fueron capturados. Esa misma madrugada, y después de realizadas las capturas, la Policía recorrió el parqueadero R&R y a una distancia no menor de cien (100) metros del carrotanque de placas SQZ-450, encontró un tercer vehículo tipo tanque marca Hyundai, de placas SMO–388, el cual, según los agentes de la Policía, expedía un fuerte olor característico de un hidrocarburo denominado “nafta”, y del que, además, se estaba regando tal sustancia. En este tercer rodante encontraron 2.000 galones de hidrocarburo sin marcador, el cual, realizadas las pruebas químicas resultó no ser “nafta” ni aceite. En la cabina de ese tercer vehículo encontraron 7 facturas expedidas por la empresa Aceites Residuales de la Sabana a nombre de Raúl Silva. 2

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III. ACTUACIÓN PROCESAL 3.1.- El 14 de noviembre de 2013 se formuló imputación a RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA, en el Juzgado 54 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá, como posible autor del delito de Receptación de Hidrocarburos (artículo 327–C del Código Penal), cargo que no fue aceptado. No se le impuso medida de aseguramiento. 3.2.- Se radicó escrito de acusación el 29 de enero de 2014, y la formulación se cumplió el 21 de febrero siguiente

en el Juzgado 8 Penal del Circuito Especializado de Bogotá. 3.3.- La audiencia preparatoria se realizó el día 27 de mayo de 2014 y la audiencia de juicio oral inició el 28 de abril de 2014 y culminó el 26 de mayo del mismo año con sentido de fallo y lectura de sentencia absolutoria. El delegado de la Fiscalía y el apoderado de la víctima (ECOPETROL) interpusieron apelaron la decisión. 3.4.- El 18 de septiembre de 2017 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, revocó el fallo y condenó a RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA como autor del delito de Apoderamiento o alteración de sistemas de identificación (artículo 327–B del Código Penal) a las penas principales de 74 meses de prisión y multa de 1.583,2 s.m.l.m.v., y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción privativa de la libertad. 3

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA Negó los mecanismos sustitutivos de la pena y subrogados penales, disponiendo que una vez se cumpliera la sanción impuesta dentro del radicado 11001-60000272009-80007, fuera puesto a disposición de la autoridad competente, encargada de la ejecución del fallo. 3.5.- La defensa interpuso el recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido en auto del 25 de enero de 2019 y la audiencia de sustentación se realizó el 26 de

febrero de 2019.

IV. DEMANDA DE CASACIÓN Se formularon dos cargos: 4.1. Primer cargo Bajo la causal 2ª del artículo 181 del C.P.P., demandó la vulneración del debido proceso por desconocimiento del principio non bis in ídem; adujo que el procesado en otro radicado (CUI. 11001-6000027-2009-80007) ya había sido juzgado y condenado por los mismos hechos que motivaron este procedimiento. Advirtió que la segunda instancia confundió las actuaciones procesales, que se siguieron en contra del acusado, con el asunto en el que fue condenado “por vía de preacuerdo”1, con los presentes hechos.

Señaló que el Tribunal incurrió en un error de derecho por aplicación indebida de la norma, al desconocer la garantía que consagra el derecho a no ser juzgado dos veces 1Preacuerdo realizado por el señor Raúl Silva Higuera, dentro del radicado 110016000027200980007, juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Bogotá. 4

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA por el mismo hecho y desconocer los argumentos del a quo, quien exhortó a la Fiscalía a fin de evitar estas prácticas consistentes en “endilgar la misma conducta a una misma persona”. 4.2. Segundo cargo Por vía de la causal tercera advirtió errores de hecho por falso raciocinio, falso juicio de identidad y falso juicio de existencia. Frente a la prueba pericial, indicó que los investigadores, a priori, manifestaron que la sustancia

incautada en los rodantes de placas SQZ-450 y SMO-388 era nafta, sin embargo, el análisis realizado en el laboratorio la perito ingeniera química Nathalia Martínez Camacho, concluyó que las muestras tomadas eran de un hidrocarburo pero que “NO ERA NAFTA” y que carece de nombre comercial. Igualmente, llamó la atención acerca de que la perito descartó que las muestras tomadas a la sustancia extraída del vehículo de placas SQZ-450, fuera la misma que la incautada en el vehículo propiedad del acusado de placas SMO-388, opinión admitida por el juez de primer grado. Tampoco se determinó cuál era la sustancia incautada ni a quién pertenecía, solicitando se acojan estos argumentos que confirman la existencia de la duda a favor del procesado. Enunció una serie de presupuestos que, a juicio del recurrente, no fueron considerados por el Tribunal, entre ellos, que el acusado no se encontraba presente en el lugar de los hechos, que no tenía la conducción del vehículo, que no fue la persona que dejó el vehículo estacionado en el 5

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA parqueadero, que la identificación inicial de la sustancia la realizó uno de los policías valiéndose del sentido del olfato, que no existían vasos comunicantes entre los vehículos identificados con las placas SQZ-450 y SMO-388, que la dirección de la empresa aducida por su defendido sí existe, que jamás fue corroborada por los investigadores y que la

perito luego concluyó que la sustancia no tenía nombre comercial y que no pertenecía a ECOPETROL. La petición común a ambos cargos es que se case la sentencia y se absuelva a su defendido.

V. AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN 5.1. La Defensa reiteró los cargos de la demanda. 5.2. El Fiscal Delegado ante la Corte, solicitó no casar la sentencia de segunda instancia.

Respecto al primer cargo, por trasgresión al non bis in ídem, precisó, que el proceso al que alude la sentencia de primera instancia –110016000027200980007–, corresponde a un preacuerdo adelantado ante el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por hechos ocurridos en enero de 20092, siendo condenado, como autor de los delitos de Concierto para delinquir en concurso con Apoderamiento de hidrocarburos. Sostuvo que para estructurar el delito de 2Hechos del Preacuerdo 110016000027200980007, celebrado ante el Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, “En la Avenida Ferrocarril número 113-05 barrio Fontibón donde funcionaba un parqueadero y lavado de vehículos de razón social Avenida Ferrocarril, administrado por Silva Higuera en dónde personal de ECOPETROL halló una válvula ilícita adherida al oleoducto que transporta combustible de Mansilla a Puente Aranda en Bogotá, habiéndose constatado que para los meses de noviembre y diciembre de 2008 y del 1 al 8 de enero del 2009 se presento pérdida de

ese producto de 172 barriles de combustible.” 6

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA concierto para delinquir, la Fiscalía tuvo en cuenta las noticias criminales relacionadas con los radicados 110016000027-2012-0099 y 11001-600097-2013-00033-00, derivándose de la primera de ellas el presente radicado – 11001-6000000-2012-00518–, por lo que los hechos materia del proceso por el cual fue condenado y los aquí juzgados, son diferentes. Al pronunciarse respecto del segundo cargo, consideró que las pruebas de identificación preliminar y marcación PIPH, identificaron la sustancia hallada como un hidrocarburo no marcado, que el dictamen pericial químico pudo establecer que se trataba de una mezcla de hidrocarburo livianos y medios, no de un aceite residual recuperado, demostrándose además que SILVA HIGUERA no poseía autorización que le permitiera el acarreo de dicha sustancia, por lo que el Tribunal infirió que éste alteró los sistemas o mecanismos autorizados para su identificación con las facturas supuestamente expedidas por la empresa Aceites Residuales de la Sabana S.A., cuya existencia no se probó. 5.3. La Procuraduría solicitó no casar el fallo. Respecto al primer cargo, adujo que no se vulneró el debido proceso por desconocimiento al principio non bis in ídem, ya que el Tribunal expuso las razones por las que los hechos de los dos procesos seguidos en contra del procesado eran diferentes.

Destacó que el Tribunal reprochó que el juez de primera instancia actuara en contravía de la naturaleza adversarial que rige el proceso, al indagar motu proprio, los 7

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA trámites penales que se siguen en contra del acusado y advertir erradamente que uno de ellos se sustentaba en idéntico acontecimiento. En cuanto a la segunda censura, afirmó que no se configura el falso raciocinio en la apreciación de la prueba de PIPH, porque no se presentó duda en torno a las características de la muestra recolectada, ya que fue identificada como un hidrocarburo, y que el procesado admitió que la dirección de la empresa para la que trabajaba no correspondía a la indicada en la foliatura, hecho que no se corroboró; de modo que tenía conocimiento de la naturaleza, cantidad y características ilegales de la sustancia que transportaba, la cual intentó ocultar con recibos de venta de una empresa cuya existencia no se acreditó.

VI. CONSIDERACIONES 6.1. Cuestión preliminar La Sala ha sostenido que una vez admitida la demanda de casación, corresponde examinar de fondo los problemas jurídicos propuestos por el recurrente, con independencia de los defectos de forma que puedan exhibirse en su formulación; ello, en atención al criterio según el cual, el recurso extraordinario, en tanto mecanismo de control legal y constitucional de las providencias judiciales, tiene por propósito, al tenor del artículo 180 de la Ley 906 de 2004, hacer efectivo el derecho material, respetar las garantías de

quienes intervienen en la actuación, reparar los agravios inferidos a las partes y unificar la jurisprudencia. 8

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA Además, no obstante los yerros en la formulación de la demanda, la Corte debe resolver las inconformidades planteadas por el defensor, en garantía al derecho que tienen de impugnar la primera condena, conforme lo establece el Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 20183, habida cuenta que el fallo de segunda instancia revocó la absolución dispuesta por el a quo y, por primera vez condenó a RAUL ERNESTO SILVA HIGUERA por el delito de Apoderamiento o alteración de sistemas de identificación. 6.2. Análisis de los cargos 6.2.1. Del cargo de nulidad por violación al debido proceso. Infracción al principio del Non bis in ídem. La garantía del Non bis in ídem, –expresión latina que significa “no dos veces sobre lo mismo”—, es de rango constitucional, contenida en el artículo 29 de la Constitución Política y reproducida como norma rectora en el artículo 8º del Código Penal4 y 21 de la ley 906 de 20045, que guarda íntima relación con la garantía de cosa juzgada o res iudicata, al prohibir que una persona en contra de la que el Estado ha ejercido su potestad punitiva, sea sometida nuevamente a juicio respecto de unos hechos frente a los cuales ya hubo pronunciamiento definitivo. 3 Por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución

Política y se implementa el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria. 4 El artículo 8º de la Ley 599 del 2000 establece que «A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales.». 5Artículo 21. Cosa Juzgada. “La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, que se establezcan mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia”. 9

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA Consagración sustancial, que no deriva solo de su naturaleza Constitucional, sino de la incorporación de tratados internacionales sobre derechos humanos, al ordenamiento jurídico6; artículos 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”, y 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos “El inculpado absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo

juicio por los mismos hechos”, que en forma expresa propenden por su protección. El contenido y alcance de ese principio ha sido desarrollado por la jurisprudencia de esta Corporación7, al señalar que la Institución del non bis in ídem, está sometida a la verificación de tres presupuestos de identidad8 o equivalencia: i) identidad de sujeto, ii) identidad de objeto e iii) identidad de causa9. • Identidad de persona -eadem personae-: Demanda que el mismo individuo sea incriminado en dos o más actuaciones, adelantadas con el mismo propósito y fundamento. • Identidad fáctica o de objeto -eadem res-: Requiere que el factum motivo de imputación sea igual, aún si el nomen iuris es diverso; el supuesto de hecho debe ser 6 Artículo 93 Constitución Política de Colombia. 7 CSJ SP, Sep. 6 de 2007. Rad. 26591. 8 El Tribunal Constitucional español señala que la identidad debe constatarse en punto del sujeto, el hecho y el fundamento. Cobo del Rosal, M.; Vives Antón, T. Derecho Penal. Parte General. 3ª edición. Valencia. Tirant lo Blanch. 1991. p. 75. 9 CSJ SP, Mar. 18 de 2015. Rad. 36828, CSJ SP, 24 Nov. 2010, Rad. 34.482. 10

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA idéntico, dar lugar a una única tipicidad y ser sometido a doble juzgamiento. • Identidad de causa o de fundamento –eadem

causa–: La identidad de causa, postula que la génesis de los dos o más diligenciamientos sea la misma. De allí que se imponga como mandato procesal, adelantar una única persecución, y se prohíba investigar, juzgar y condenar más de una vez por la misma conducta delictiva, circunstancia delictual o postdelictual, a una persona; buscando con ello, racionalizar el ejercicio del poder sancionatorio en general, y especialmente del poder punitivo10. Derecho que está íntimamente ligado al de cosa juzgada, y si bien éste forma parte del núcleo fundamental del debido proceso, no tiene carácter absoluto, pues frente al mismo, proceden excepciones de orden constitucional o legal, tendientes a la protección de valores superiores como la justicia material, los derechos de las víctimas, la soberanía como bien jurídico estatal superior y la efectividad de los derechos y deberes del Estado11. En este orden de ideas, se verificó en la presente actuación que el juez de conocimiento, ante el reclamo por la 10 Corte Constitucional C.C-521/09. 11 CSJ AP, 7 nov. 2012, Rad. 39.665, al respecto “…Esa relatividad comporta que la cosa juzgada debe ceder ante valores superiores como certeramente lo declaraba Fenech: “… la protección que el Estado le concede a su propia verdad procesal debe ceder ante el más alto interés de la justicia material, en este caso extraño al proceso mismo, porque aquel se desvió de su fin específico y último.” O, en palabras del penalista alemán Claus Roxín: “Una prohibición estricta de modificar las sentencias

que rigiera sin excepciones le serviría tan poco al aseguramiento de la paz jurídica como la realización sin barreras del Derecho Penal. Por ello el orden jurídico debe admitir el quebrantamiento de la cosa juzgada” Lo que ha ratificado la Corte Constitucional en diversos fallos de constitucionalidad y de tutela. CC C-264 de 1995, CC C-551 de 2001, CC C-632 de 2011, CSJ SP, 12 dic. 2012, Rad. 32.138, CSJ SP-9235-2014. 11

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA defensa en su alegación final de la presunta infracción a la garantía del non bis in idem, consignó en la sentencia de primer grado haber revisado “el sistema de gestión de los juzgados de esta especialidad”, estableciéndose que en el radicado 11001-6000027-2009-80007 seguido en el Juzgado 4 homólogo se adelantó un proceso por los mismos hechos, y que se “EXHORTA a la Fiscalía General de la Nación para que evite estas prácticas atentatorias de derechos humanos”. Aunque podría pensarse que el Juez acudió a su conocimiento particular, es lo cierto que tal proceder es perfectamente admisible cuando se trata de velar por la indemnidad de la garantía constitucional consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política que impide que las personas sometidas al poder punitivo del Estado sean juzgadas dos veces por el mismo hecho. La acreditación de tan importante garantía no está

sujeta a las estrictas reglas de producción, aducción e incorporación de la prueba que rigen a las partes e intervinientes en el proceso penal. El juez, como garante de los principios y garantías constitucionales, está facultado constitucionalmente para acreditar o para admitir la acreditación en cualquier momento del proceso, de la existencia de la cosa juzgado para evidenciar la garantía del non bis in ídem y evitar de esa manera la consolidación de una situación inconstitucional. Ahora, que el juez pueda verificar el respeto por la cosa juzgada y la no vulneración del non bis in ídem con los medios de convicción pertinentes introducidos, incluso sin sujeción a las reglas de prueba, no significa que automáticamente opere la aplicación de la garantía. En todo caso es obligación 12

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA del juez establecer que quien está siendo procesado en su Despacho ya haya sido condenado o absuelto, o esté siendo procesado, por exactamente los mismos hechos en otro proceso. Precisamente tal circunstancia no logró demostrarse en la presente actuación, no obstante que de manera errada así lo dejó ver el juez de primera instancia, al manifestar que “se EXHORTA a la Fiscalía General de la Nación para que evite estas prácticas atentatorias de derechos humanos y se concentre en procesos e investigaciones que realmente ameriten la intervención del Estado”. Fíjese que en la audiencia preparatoria del 27 de marzo de 2014, el defensor enuncia como elementos probatorios (i)

la sentencia nro. 039 proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el radicado 11001610027-2012-0099, (ii) la sentencia proferida el 11 de marzo de 2014 por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado también de Bogotá en el radicado 11001-6000027-200980007, (iii) el acta de preacuerdo suscrita dentro del anterior proceso, (iv) el testimonio de Oscar Hernando Ramírez Bolívar, y (v) el interrogatorio de RAÚL ERNESTO SILVA

HIGUERA12.

Luego de que el Fiscal realizara sus solicitudes probatorias, con juicio de pertinencia y utilidad13, el defensor hizo lo propio frente a sus elementos de prueba (destacándose que, según dijo la defensa, por ser documentos públicos se incorporarían con el interrogatorio del acusado), y el Juez decretó la totalidad de las pruebas solicitadas por las partes. 12 Reg. 00:02:17 13 Reg. 00:06:00 hasta 00:36:06 13

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA En la audiencia de juicio oral, al momento de practicar las prueba de descargo, la defensa no exhibió ni entregó ningún documento, escuchándose exclusivamente el interrogatorio de RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA quien se limitó a decir que tenía otros 3 procesos que resultaron acumulados por cuenta de la Fiscalía 13 Especializada,

donde una de las tres “imputaciones” era por los mismos hechos del presente proceso, el cual decidió aceptar allá, porque si bien era culpable de los otros dos, por aspectos familiares decidió aceptar todos los hechos. Sin embargo, ni él declarante ni su defensor aportaron los documentos que les fueron decretados en la audiencia preparatoria.14 Culminada la audiencia de juicio oral, el Juez consignó en la sentencia que ante la sorpresa que le generó el conocer que el procesado ya había sido juzgado y condenado por los mismos hechos, procedió “a revisar el sistema de gestión de los Juzgados de esta especialidad, estableciéndose que a RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA, se le adelantó un procesopreacuerdoen el Juzgado 4 bajo el radicado 1100016000027200980007 por los mismos hechos”. Sin embargo, el juez erró al concluir erradamente, a partir de la simple consulta en el sistema de gestión, que por existir un proceso en otro despacho, seguido en contra del mismo procesado y por el mismo nomen iuris, automáticamente se trataba de una actuación que se adelantó por los mismos hechos. El yerro del Juez a quo fue evidenciado por el delegado de la Fiscalía General de la Nación en la sustentación del 14 Reg. 00:40:38 14

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA recurso de apelación. Allí señaló que “la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 4º Especializado de

Bogotá, hace referencia al hallazgo de una válvula ilícita adherida al poliducto Mansilla–Puente Aranda, donde en los meses de noviembre y diciembre de 2008 y hasta el 9 de enero de 2009 fueron sustraídos 172 barriles, pero además del apoderamiento, para el delito de concierto para delinquir se tuvieron en cuenta como lo indica el juzgado otras noticias criminales…como puede advertirse este hecho del 29 de marzo de 2012 se le tuvo en cuenta para la construcción del delito de concierto para delinquir, pero su investigación y juzgamiento como hecho autónomo de apoderamiento o receptación no se negoció ni fue objeto de la sentencia…15”. En consecuencia, la nulidad por afectación al non bis in ídem propuesta por la defensa queda desvirtuada porque la Fiscalía dio a conocer que el soporte fáctico planteado en el otro proceso seguido en contra del acá procesado no es idéntico, por lo tanto, el primer cargo no está llamada a prosperar. 6.2.2. Segundo cargo. El censor escogió la causal 3ª del artículo 181 del C.P.P. de 2004, indicando que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió un fallo con el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de las pruebas en que se sustentó el fallo. Como ya se indicó, la demanda fue admitida, por lo que la Corte debe dejar a un lado los defectos de forma que 15 Cuaderno 2 Tribunal Superior pág. 37. 15

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA contiene la demanda de casación, para pronunciarse de fondo respecto de las inconformidades planteadas en el cargo, más aún, si se tiene en cuenta el derecho que resguarda al procesado de impugnar su primera sentencia condenatoria. El delito por el que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá condenó a RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA está tipificado en el artículo 327B del Código de Penal de la siguiente forma: “Apoderamiento o alteración de sistemas de identificación. El que se apodere o altere sistemas o mecanismos legalmente autorizados para la identificación de la procedencia de los hidrocarburos, sus derivados, los biocombustibles o mezclas que los contengan, tales como equipos, sustancias, marcadores, detectores o reveladores, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años y multa de setecientos (700) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” (Subrayado fuera del texto legal). La descripción legal es un tipo penal en blanco, como quiera que se hace obligatoria la remisión a otros ordenamientos para entender los elementos objetivos del tipo, especialmente lo referente a los ingredientes normativos (sistemas o mecanismos de identificación, marcadores, y detectores). Sea lo primero indicar que el delito de Apoderamiento o alteración de sistemas de identificación forma parte del Título X “Delitos contra el orden económico y social” (al igual que los de Apoderamiento de hidrocarburos, Receptación de hidrocarburos y Destinación ilegal de combustibles -artículos 327-A, 327-C y 327-D del

Código Penal-), fue incorporado al Código Penal por la Ley 16

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA 1028 de 200616, por iniciativa de los Ministerios de Minas y Energía y el entonces Ministerio del Interior y de Justicia, con el propósito de contar con normas sancionatorias eficaces, permanentes y especializadas para reprimir los constantes ataques a la infraestructura petrolera del país y evitar la considerable afectación de la economía nacional. En un principio tales conductas se sancionaban como delitos autónomos cuando recaía sobre algún automotor o sobre el combustible que se llevara en ellos. Así a modo de remembranza, para el apoderamiento de combustible se acudía al delito de hurto agravado (original artículo 241.6 del Código Penal, cuando el apoderamiento recaía “sobre medio motorizado, o sus partes importantes, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos”). El legislador en el artículo 1º de la Ley 813 del año 2003 derogó la anterior norma y en el artículo 2º le dio la categoría de hurto calificado para imponerle mayor pena “La pena será de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos. Si la conducta fuere realizada por el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena se incrementará de la sexta parte a la mitad” (subrayado de la Sala). Para lo que se denomina actualmente Receptación de hidrocarburos, anteriormente se sancionaba bajo la

modalidad de Receptación establecida en el artículo 447 del C.P., la cual también fue modificada por la Ley 813 de 2003 que agregó: “Si la conducta se realiza sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos, la pena será de cuatro (4) a ocho (8) 16 República de Colombia, Gaceta 64 del Congreso, Senado y Cámara. 17

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA años de prisión y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (Subrayado fuera del texto legal). Ahora, la conducta por medio de la cual se alteraban los sistemas de identificación del combustible, era encasillada en el tipo penal de Falsedad marcaria que establecía: “El que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rubrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que estaba destinado, incurrirá en prisión de…” (Subrayado de la Sala). Cuando de hurto de hidrocarburos se trata, la especialidad del caso generó problemas de tipificación frente a las conductas desplegadas posteriormente al apoderamiento y tendientes a burlar los controles y los sistemas que utiliza el Estado para identificar el combustible obtenido legalmente. La ley 813 de 2003 no dio una solución al caso pues en la modificación al artículo 285 del Código Penal solo refirió la alteración realizada sobre medios motorizados omitiendo referencia alguna al combustible.

La importancia de adicionar las conductas punibles referidas, al Título del Código Penal que protege el bien jurídico del Orden Económico y Social, fue para entender que no solo afectan el patrimonio económico de los particulares (mayoristas o refinadores) y del Estado (ECOPETROL), sino que resquebrajan toda la economía del país debido a que los hidrocarburos son fuente generadora de ingresos que repercuten en pro de la sociedad, más si se tiene en cuenta que ECOPETROL S.A. es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad 18

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Casación 51798 RAÚL ERNESTO SILVA HIGUERA anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1118 de 2006. En la exposición de motivos del proyecto presentado ante el Senado de la República, se justificó la criminalización de dichos comportamientos de manera autónoma y especial de