CSJ - SP339-2024(64824)

GERARDO BARBOSA CASTILLO

Magistrado Ponente SP339-2023 Segunda Instancia No. 64824 Acta No. 025 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

I. VISTOS La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa del ex Gobernador de Cesar RODRIGO CANOSA GUERRERO, contra la sentencia de 28 de agosto de 2023, proferida por la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación, que lo declaró penalmente responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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II. HECHOS Los supuestos fácticos sobre los cuales se erige esta actuación, tienen como fundamento las irregularidades en las que se vio envuelto el procesado RODRIGO CANOSA GUERRERO en su condición de gobernador del departamento del Cesar, en el periodo comprendido entre el 26 de julio y el 20 de diciembre de 2007, al suscribir los convenios 449 y 500 de la misma anualidad, violando los principios de transparencia y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993.

El exgobernador RODRIGO CANOSA GUERRERO suscribió con la Fundación FUNARKGO ONG el convenio 449 de 2007 cuyo objeto fue la “dotación de material bibliográfico para los centros educativos públicos del departamento del Cesar, niveles Preescolar, Primaria y

Bachillerato”, por valor de $3.779.785.800, adicionado el 11 de diciembre de la misma anualidad por valor de $1.889.892.900; con fundamento en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, sin tener en cuenta que la mentada entidad no acreditó la reconocida idoneidad exigida en el Decreto 777 de 1992 (aplicable para este tipo de convenios), respecto de la cual, no se expidió por escrito la certificación motivada que señala en la referida norma, como tampoco se acreditó dicha exigencia normativa de manera objetiva y material, de acuerdo a la experiencia relacionada por la entidad contratista en la propuesta presentada ante el ente 2 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO territorial, que le permitió adjudicarse el convenio investigado. Además de ello, celebró el convenio 500 de 2007 con la entidad denominada Administradora Pública Cooperativa Grupo APC, representada legalmente por Edwin Sosa Espinosa, cuyo objeto fue la “dotación y equipamiento de las salas de informática en las sedes de educación básica primaria de las instituciones y centros educativos del sector oficial del departamento del Cesar”, por un valor de $2.258.783.573; sin expedir, igualmente, el escrito motivado respecto de la reconocida idoneidad del referido ente. El Ministerio Público a través del Procurador Regional, conjuntamente con los Gerentes Departamentales del Cesar, procedieron a poner en conocimiento de las autoridades las presuntas irregularidades que se presentaron con ocasión de la materialización contractual

de dichos convenios, derivadas en la falta de planeación, incumplimiento al deber de selección objetiva y desconocimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 777 de 1992, motivo por el cual, la Fiscalía General de la Nación a través de su delegada presentó la respectiva acusación en contra de RODRIGO CANOSA GUERRERO por el punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales establecido en el artículo 410 del Código Penal en concurso homogéneo y sucesivo. 3 CUI 11001020400020150247101

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III. ANTECEDENTES PROCESALES Conocidos los hechos denunciados, el Fiscal General de la Nación inició investigación previa1 en contra de RODRIGO CANOSA GUERRERO; posteriormente dio apertura de instrucción con resolución del 4 de junio del año 20092 en la que ordenó su vinculación mediante indagatoria, al encontrar irregularidades, respecto de su actuar en el contrato No. 449 de 19 de noviembre de 2007.

En virtud que sobre los mismos hechos se estaba adelantando una investigación en contra del procesado bajo el radicado 12516, en razón del mencionado convenio No. 449 y además, por la celebración del convenio 500 también del año 2007, el Fiscal General de la Nación (e) mediante resolución del 21 de diciembre del 20103, ordenó remitir esas diligencias para que continuaran bajo el radicado 11924, aceptado en proveído del 5 de abril de 20114. De manera ulterior, con la resolución No. 00200 del 2 de febrero de 20125, la Fiscalía General de la Nación asignó,

entre otras, a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia esta investigación, quien vinculó al 1 Cuaderno Original 1 de la Fiscalía, folio 15. 2 Cuaderno Original 1 de la Fiscalía, Folio 62. 3 Cuaderno de la Fiscalía, Anexo 8, folio 6. 4 Cuaderno Original Fiscalía No. 1, folios 229-230. 5 Cuaderno Original Fiscalía No. 1, folios 281-283. 4 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO mencionado RODRIGO CANOSA GUERRERO por medio de diligencia de indagatoria surtida el 7 de marzo de 2012, a través de la comisión auxiliada por un Fiscal Especializado de la ciudad de Bogotá6, para finalmente, asignar el conocimiento de la misma al Despacho Décimo Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien por vía de resolución No. 00530 de 15 de febrero de 20137, resolvió su situación jurídica mediante decisión de 29 de octubre de 20148, absteniéndose de imponer medida de aseguramiento alguna. Con resolución del 13 de julio de 20159, la Fiscalía declaró cerrada la investigación y en decisión del 30 de octubre del mismo año10, procedió a calificar el mérito del sumario con resolución acusatoria en contra de RODRIGO CANOSA GUERRERO como presunto autor penalmente responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, por el trámite y

celebración de los convenios No. 449 y 500 de 2007, y en donde se precluyó adicionalmente la investigación por el punible de peculado por apropiación absteniéndose de imponer medida de aseguramiento alguna en su contra. La anterior decisión fue objeto del recurso de reposición por parte de la defensa, siendo confirmada en su 6 Cuaderno Original 1o de la Fiscalía, folio 294. Cd contentivo de la diligencia. Anexo Folio 68 Cuaderno Original 2° de la Fiscalía 7 Cuaderno Original 2o de la Fiscalía, folios 30-32. 8 Cuaderno Original 2o de la Fiscalía, folios 149 a 187. 9 Cuaderno Original 3o de la Fiscalía, folio165. 10Cuaderno Original 3o de la Fiscalía, folios 254-309. 5 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO integridad por el mismo despacho Fiscal mediante resolución de fecha 24 de noviembre de 2015, la cual cobró ejecutoria el día 9 de diciembre de ese mismo año11. Ejecutoriada la decisión acusatoria, correspondió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia adelantar el juicio a partir del 16 de diciembre de la misma anualidad12, quien procedió a correr el respectivo traslado consagrado en el artículo 400 del C.P.P. (Ley 600 de 2000) a los sujetos procesales13, el cual una vez concluido14, dio paso a la celebración de la audiencia preparatoria en

sesiones del 25 de octubre del 201615 y 19 de enero de 201716. Encontrándose la causa para llevar a cabo la respectiva audiencia pública se produjo la creación de la Sala Especial de Primera Instancia a través del Acto Legislativo 01 de 2018, por lo que se dispuso su remisión a dicha instancia en auto de fecha 19 de julio de 2018 proferido por la Sala de Casación Penal de esta Corporación17, correspondiendo al Despacho del Honorable Magistrado Jorge Emilio Caldas Vera el 17 de agosto siguiente18, con la finalidad de continuar con el trámite 11 Cuaderno Original 4° de la Fiscalía, folios 18-37 Constancia de ejecutoria. 12 Cuaderno Original 1° Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, folio 3 Acta de Reparto. 13 Cuaderno Original 1° Corte Suprema de Justicia, folio 8. 14 Cuaderno Original 1°Corte Suprema de Justicia, folio 62. 15 Cuaderno Original 1o Corte Suprema de Justicia, folios72-73. 16 Cuaderno Original 2° Corte Suprema de Justicia, folios142-143. 17 Cuaderno Original 2° Corte Suprema de Justicia, folio 230. 18 Cuaderno Original 2o Corte Suprema de Justicia, folio 240. 6 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO respectivo, fijando para el 8 de julio del año 2019 la realización de la audiencia de juzgamiento19.

La referida audiencia fue celebrada el 14 de marzo del año siguiente20, culminando con las alegaciones finales en las que tanto la Fiscalía como el representante del Ministerio Público solicitaron sentencia de carácter condenatorio en contra del acusado RODRIGO CANOSA GUERRERO, mientras que la defensa peticionó su absolución. Mediante resolución fechada 30 de octubre de 2015 la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, calificó la instrucción acusando a RODRIGO CANOSA GUERRERO como autor responsable del delito contrato sin cumplimiento de requisitos legales (art. 410 Código Penal) en concurso homogéneo, al considerar la presencia de irregularidades en la suscripción de los convenios No. 449 y 500 del 2007 en su calidad de gobernador del departamento del Cesar para la época de los hechos, al tiempo que precluyó la investigación a su favor por el punible de peculado por apropiación (art. 397 ibídem). Sostuvo el ente investigador, que RODRIGO CANOSA GUERRERO fue designado gobernador encargado del departamento del Cesar mediante el Decreto 2835 de 26 de julio de 2007, cumpliendo sus funciones desde el día 19 Cuaderno Original 2° Corte Suprema de Justicia, folio 242. 20 Folio 131-133 Cuaderno Original 4° Corte Suprema de Justicia 7 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO siguiente hasta el 20 de diciembre de esa misma anualidad,

tiempo en el que celebró los convenios que hoy nos ocupan, para cuyo efecto invocó la normatividad contenida en los artículos 305 y 355 de la Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto Reglamentario 777 de 1992: “1. Convenio 449 de fecha 19 de noviembre de 2007 con la fundación FUNARKGO ONG representada legalmente por William Arévalo Ramírez, cuyo objeto fue la “dotación de material bibliográfico para los centros educativos públicos del departamento del Cesar, niveles preescolar, primaria y bachillerato”, por valor de $3.779.785.800, el cual fue adicionado el 11 de diciembre de 2007 por valor de $1.889.892.900.

2. Convenio No. 500 de 20 de diciembre de 2007, con la ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA GRUPO APC representada legalmente por Edwin Sosa Espinosa, con el objeto de brindar la “dotación y equipamiento de las salas de informática en las sedes de educación básica primaria de las instituciones y centros educativos del sector oficial del departamento del Cesar”, por valor de $2.258.783.573.”

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RODRIGO CANOSA GUERRERO Adujo que dichos convenios fueron llevados a cabo con trasgresión de las normas legales, pues en cuanto al No. 449 de 2007, no evidenció que la administración dirigida por el acusado RODRIGO CANOSA GUERRERO haya expedido el certificado de idoneidad de la fundación FUNARKGO ONG

debidamente motivado tal como lo exige el Decreto 777 de 1992. Fue así como finalmente la administración del acusado escogió la propuesta presentada por contratista FUNARKGO ONG, violando los principios de transparencia y de selección objetiva que rigen la contratación pública al no observar el referido requisito de idoneidad. En ese orden de ideas determinó que el registro único de proponentes resultaba indispensable para la adjudicación del convenio, encontrando que de acuerdo al certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 30 de octubre de 2007, la referida fundación FUNARKGO ONG no acreditó experiencia relacionada con el objeto del contrato y tampoco aparece definida su capacidad máxima de contratación. De la misma forma, señaló que de acuerdo al oficio del 10 de noviembre de 2014 allegado al sumario, la Cámara de Comercio certificó que, para el mes de noviembre del año 2007 FUNARKGO ONG no se encontraba en el registro único 9 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO de proponentes. Además de ello, en la declaración vertida ante la Fiscalía por parte del entonces representante legal de la mencionada entidad contratista, este afirmó no recordar el objeto social de la misma, como tampoco indicó su experiencia sobre la ejecución de actividades realizadas en materia de educación. Así mismo, en cuanto al convenio No. 500 de 2007, la Fiscalía no halló el escrito motivado que certificara la idoneidad de la empresa Administradora Pública Cooperativa Grupo APC, razón por la que el gobernador del

departamento del Cesar del año siguiente, mediante Resolución No. 00446 del 26 de marzo de 2008 así lo dejara establecido. Con posterioridad, de acuerdo al informe presentado por el ingeniero Amilkar Sierra Romano, adscrito a la Secretaría de Educación Departamental en el que señaló la inexistencia de la referida idoneidad de la entidad contratista, la administración decretó la terminación unilateral de dicho convenio a través de los actos administrativos 01658 del 9 de junio de 2008 y 04430 del 16 de septiembre de la misma anualidad, en razón a que no se dejó constancia en el expediente contractual de las razones por las cuales se le adjudicó ese convenio al cooperante Grupo APC. 10 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO La Fiscalía apoyada en jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia relativa al objeto de los contratos celebrados bajo el amparo del artículo 355 de la Carta Política y el Decreto 777 de 1992, concluyó que con la celebración de los convenios censurados se desconocieron las directrices establecidas en estas normativas, pues como parte del objeto social de la fundación FUNARKGO ONG no estaba definido un programa relacionado con educación que habilitara la entrega del material didáctico y bibliográfico a los centros educativos del departamento del Cesar contratado a través del convenio 449 de 2007. Igual suerte se evidenció con el convenio 500 de 2007, como quiera que de acuerdo al hallazgo con trascendencia

penal efectuado por la Contraloría General de la República, se pudo determinar que el objeto de este convenio fue la adquisición de equipos de informática, su instalación y adecuación funcional, constituyéndose en una actividad de suministro con características propias de un contrato de compraventa, que a la postre permitió establecer, que el objeto del convenio no estuvo relacionado con el impulso de programas y actividades de interés público propios de la entidad contratista, sino de la misma función constitucional y legal de la administración. Concluyó el ente acusador que el objeto de los mencionados convenios estuvo dirigido a la compra de bienes y servicios y no al cumplimiento del objeto social de 11 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO cada entidad contratista, lo que implicaba su exclusión para ser tramitados y celebrados bajo la modalidad del inciso 2o del Artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992. La Fiscalía precluyó la investigación adelantada en contra de RODRIGO CANOSA GUERRERO por el delito de peculado por apropiación, al no evidenciar elementos materiales de prueba sólidos que permitieran determinar que el mismo se hubiese apropiado arbitrariamente de los dineros del Estado por cuenta de la celebración o ejecución de los convenios 449 y 500 de 2007.

IV. DECISIÓN APELADA La decisión adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia objeto de alzada, concluyó que el encausado RODRIGO CANOSA

GUERRERO celebró los convenios 449 y 500 de 2007 sin cumplir con los requisitos legales, lo cuales materializó sin llevar a cabo los mínimos actos de dirección, control y vigilancia para que se tramitaran y celebraran conforme a la ley, pese a que el mismo acusado afirmó e insistió en todas sus salidas procesales, no solo haber estado presente sino dirigir varios comités o reuniones donde supuestamente se socializaban, entre otros, los convenios investigados, sin que se haya aportado constatación de la ocurrencia de los mismos. 12 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO A pesar de que el trámite de los referidos convenios implicaban la destinación de cuantiosos recursos del departamento, con la finalidad imperiosa de mejorar la calidad del servicio de educación de la población estudiantil cesarense, no dispuso acto alguno de verificación que hubiera permitido comprobar la idoneidad de las empresas contratantes, o establecer si su objeto social guardaba relación con el cometido contractual, lo cual condujo a celebrarlos con organizaciones no idóneas para el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos. Respecto a la forma de administración políticoadministrativa de la delegación reclamada -así fuere tácita [forma de delegación prohibida por la ley] - debe insistirse en que, pese a ello, ha quedado decantado que dicho escenario de traslado de funciones per se no implica la exoneración de responsabilidad penal del titular de la

persona jurídica delegante, en tanto, el no ejercer esos actos de dirección y vigilancia de manera idónea sobre el trámite contractual de los convenios materia de acusación, no da lugar a la aplicación del principio de confianza aludido en la tesis defensiva y abordado con suficiencia en las consideraciones precedentes, como quiera que, para la configuración de dicha prerrogativa, el criterio de autorresponsabilidad sobre la gestión inherente al cargo desempeñado por quien tiene el deber de gerencia, es de forzoso acatamiento. 13 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO Consideró como acreditado el actuar doloso de RODRIGO CANOSA GUERRERO, teniendo en cuenta que, como gobernador del Cesar suscribió los convenios 449 y 500 de 2007 sin el lleno de los requisitos esenciales que para ellos confluían, especialmente porque sabiendo el carácter conmutativo de los mismos, decidió de manera dolosa adelantarlos bajo una normativa inaplicable, distinta a la Ley 80 de 1993; Estatuto Contractual, por el cual debieron celebrarse, desencadenando con ello la violación a los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, por lo que, la Sala sostuvo que no existió duda sobre la presencia de este aspecto subjetivo de tipicidad. El acusado, llevó a cabo la adjudicación de los convenios investigados a las fundaciones FUNARKGO ONG

y ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA GRUPO

APC, las cuales no cumplían con la idoneidad requerida, en tanto no desplegaban actividades relacionadas con los objetos contractuales, aspecto que auspicia de manera adicional, la intención del procesado de inobservar los principios aludidos y de direccionar a su amaño la adjudicación de los convenios. Precisó que, todo lo anterior deja sin sustento la configuración de un error de tipo alegado por la defensa, fundado en que su defendido asumió que estaba actuando 14 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO conforme a la ley, precisamente por tener que confiar totalmente en un equipo de trabajo de la Gobernación del Cesar en la celebración de los convenios materia de enjuiciamiento, en razón a su desconocimiento en materia contractual.

V. RECURSO DE APELACIÓN 5.1 LA DEFENSA Solicita la revocatoria de la providencia de 28 de agosto de 2023 proferida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en síntesis, por los siguientes argumentos: Sostiene que es evidente que el a quo al valorar los elementos de prueba les dio un alcance inadecuado, pues precisamente, en razón a que el acusado no contaba con la preparación y experiencia académica y profesional que le endilgó, fue que aquél contó con los asesores correspondiente en punto de garantizar la legalidad y correspondencia en general con el orden jurídico de los diferentes actos y gestiones que adelantó como gobernador del Cesar en ese entonces.

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RODRIGO CANOSA GUERRERO Siendo así, considera la defensa que la Sala incurrió en un sesgo de confirmación, pues el juzgador de instancia en punto de sustentar la decisión de condena, le otorgó a las pruebas un sentido del que carecen, desconociendo de esa manera 1) que todo proceso contractual implica una actuación mancomunada, esto es, en la que participan diferentes instancias de la entidad oficial contratante, en este caso, la Gobernación del Cesar; 2) que el implicado, si bien, no de forma irreflexiva pero sustentada en la poca experiencia y conocimiento técnico contractual, asumió que los documentos correspondientes a la fase de preparación de los convenios cuestionados, se ajustaban a derecho . Todo esto, precisa la apelante, se puede evidenciar con los elementos demostrativos que fueron traídos regularmente al informativo y de los hizo referencia así: Testimonio de Jairo Calderón Carrero: El declarante ante la Fiscalía y la Corte manifestó que fungió como Asesor del despacho del gobernador CANOSA GUERRERO, que no tomaba decisiones y que su función era impulsar los contratos al interior de la entidad; dijo estar de acuerdo con el comité evaluador en relación con la escogencia de las normas adoptadas para el trámite y celebración de los convenios 449 y 500 de 2007. 16 CUI 11001020400020150247101

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Hace hincapié la defensa en que el deponente, fue claro al referir que los procesos convencionales cuestionados en esta causa, se sometieron al conocimiento del comité evaluador; estamento que estimó la viabilidad y factibilidad de adelantar los correspondientes objetos de los acuerdos negociales en mención, por la vía de los convenios de asociación. Luego es claro para la defensa que, CANOSA GUERRERO, contó con insumos objetivos, en este caso, consistentes en la concepción que deprecó el comité evaluador de la entidad, estimando que la vía propuesta y por la que finalmente se optó, esto es, los convenios de asociación, eran mecanismos adecuados para el desarrollo de los objetos respectivos, dada su naturaleza y carga obligacional. Indicó el testigo que para la época de los hechos había confusión en cuanto a la aplicación del Decreto 777 de 1992 y el artículo 96 de la ley 489 de 1998; y recalcó un concepto emitido por el Consejo de Estado del 30 de mayo de 2017 radicado 2319 en el que se establece que los convenios del canon 96 son de asociación y que en medio de su celebración es admisible la participación entre entes estatales y entidades sin ánimo de lucro. Para la defensa ciertamente, sobre la naturaleza de los convenios de asociación y aquellos denominados 17 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO actualmente de interés público, no existía claridad ni jurisprudencial ni de carácter doctrinal, pues se comprendía

que aquellos acuerdos negociales a los que se refería el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, se compadecían en su contenido y naturaleza, a aquellos regulados en el artículo 355 Constitucional y el Decreto 777 de 1992. Estima que, para la época el único insumo o directriz existente, era aquel sentado por la honorable Corte Constitucional, en sentencia C-671 de 1999, en el que esa misma corporación daba cuenta de la identidad entre los dos institutos o regulaciones. Veamos: "La autorización que en su inciso primero se otorga a entidades estatales para que con observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución pueden celebrar convenios de asociación con personas jurídicas de derecho privado o participen en la creación de personas jurídicas de este carácter para desarrollar actividades propias de "los cometidos y funciones" que la ley asigna a las entidades estatales, no vulnera en nada la Carta Política, por cuanto se trata simplemente de un instrumento que el legislador autoriza utilizar para el beneficio colectivo, es decir, en interés general y, en todo caso, con acatamiento a los principios que rigen la actividad administrativa del Estado. Si el legislador 18 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO autoriza la asociación de entidades estatales con personas jurídicas particulares con las finalidades ya mencionadas, estableció, en defensa de la transparencia del manejo de los dineros públicos, que los convenios de asociación a que se hace

referencia serán celebrados "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política", lo que significa que no podrá, en ningún caso pretextarse la celebración de los mismos para otorgar o decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, de una parte; y, de otra, el acatamiento a la disposición constitucional mencionada, impone la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, pero "con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo", tal cual lo ordena el citado artículo 355 de la Carta Política." Considera que la única vía posible, a efectos de establecer la legalidad o no de un determinado acto jurídico, en el caso del doctor CANOSA GUERRERO, dada su situación y preparación personal, no era otra que acudir y apoyarse en el criterio que sobre el particular podían regentar sus asesores y quienes participaron en la construcción de los procesos contractuales respectivos. 19 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO Indica que en el mismo sentido, Calderón Carrero, ratificó lo mencionado por su prohijado, en cuanto a que, como asesor del entonces gobernador, participó en los comités evaluadores e impulsó y asesoró a aquel, conceptuando afirmativamente la viabilidad de la contratación, el trámite a seguir, la norma aplicable; esto,

bajo la consideración de que tal y como lo pusiera de presente en esta causa, es Administrador de Empresas, fue concejal de Bogotá y había participado en varios procesos contractuales, por ende, era quien le daba la viabilidad a mi defendido para que procediera con la contratación. De hecho, este deponente le dice a la Sala que fue él quien dio este concepto de viabilidad para tramitar los procesos 449 y 500 de 2007, bajo la égida de la institución del convenio de asociación, de conformidad con el Decreto 777 de 1992, articulo 355 Superior y el artículo 96 de la ley 489 de 1998; todo ello atendiendo la decisión del Consejo de Estado del 3 de abril de 2020 dentro del radicado No.2000123310002009001700146963. De conformidad con ello, manifestó el deponente que, tal y como puede observar de la carga obligacional imputada por virtud de los acuerdos convencionales que se reputan ilegales, que los mismos no supusieron de manera alguna, una relación sinalagmática o de intereses recíprocos, sino que se proyectaron directamente en el sector poblacional al cual se destinaron y que finalmente resultaron 20 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO beneficiados, sin que de esta manera, claro está, se viera beneficiada en sus intereses la entidad contratante; expresiones que la Sala no acogió y que atendiendo el pronunciamiento del Consejo de Estado, deben caracterizar este tipo de negocios jurídicos de la administración. También, el testigo Calderón Carrero, depuso que este

convenio 449, cuando el encartado y el declarante llegaron a la Gobernación del Cesar, ya estaba siendo tramitado, pues desde junio de 2007, estaba radicado en el Banco de Proyectos de la Gobernación y no obstante ello, insiste en su declaración, en cuanto a que dicho convenio fue parte de varias reuniones y escrutinio por los miembros del Comité Evaluador, cuerpo colegiado que nunca manifestó oposición alguna a que se imprimiera al mismo, el trámite propio del convenio de asociación. Frente a la declaración de Edgar Rincón Castilla, quien ostentaba el cargo de Secretario General de la Gobernación, nombrado por mi prohijado, la Sala fue consiente que este testigo fue mendaz, pero sin embargo no tomó ninguna decisión al respecto frente a aquél, pese a resultar prácticamente evidente las maniobras a las que acudió a fin de despojarse de toda responsabilidad e inculpar a mi prohijado. 21 CUI 11001020400020150247101

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RODRIGO CANOSA GUERRERO Dice la defensa que tal y como puede observarse en su dicho, negó su conocimiento sobre los convenios 449 y 500 de 2007 aduciendo que él solo expedía las pólizas, pero que este dicho del testigo quedó desvirtuado cuando la defensa le interrogó y le puso de presente el oficio de fecha 28 de noviembre de 2007, dirigido al Secretario de Educación Remigio Mena, mediante el cual se le asignaba la interventoría del convenio 449 de 2007, e indicó que tenía

la potestad de delegar la interventoría. También este testigo manifestó ostentar el cargo de secretario general desde el 28 de octubre de 2007 al 23 de diciembre de 2007, indicando que CANOSA GUERRERO, no confiaba en él, pero nuevamente ante el interrogatorio de la defensa se desvirtuó lo dicho anteriormente manifestando que fue RODRIGO CANOSA GUERRERO, quien efectuó su nombramiento. Indicó la Sala de Prim