CSJ - SP3464-2022(61928)

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente SP3464-2022 Radicado N° 61928. Acta 233. Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintidós (2022). V I S T O S La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el defensor de LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ, contra la sentencia del 10 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta, mediante la cual fue condenada, como autora responsable de los delitos de Abuso de función pública y Prevaricato por acción, en su condición de Juez 2ª Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ocaña (Norte de Santander). Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 1.- Con fundamento en informe del 17 de abril de 2008, del Comité Interinstitucional de Lucha contra las Finanzas de las Organizaciones Terroristas, la Fiscalía 6ª Especializada de Extinción de Domino de Bogotá, dentro del radicado 11154 E.D -extinción de dominio-, el 24 de noviembre de 2011, profirió resolución mediante la que dio inicio al proceso de extinción de varios bienes que aparecían a nombre de testaferros de Víctor Julio Navarro Serrano, alias «megateo», financiero de la estructura «Libardo Mora Toro», del Ejército Popular de Liberación (E.P.L.), bienes estos que fueron obtenidos a través

de actividades ilícitas de narcotráfico. Más adelante, dentro del mismo asunto, fue allegado otro informe del Cuerpo Técnico de Investigación, identificado como DNCCTI-DI-SAC-41200-827339, del 21 de noviembre de 20131, en el que se daba a conocer que, en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), se registraban, al parecer de origen ilícito, otros bienes a nombre de los hermanos Álvaro y Marina de Jesús Angarita Mandón, que en realidad pertenecían a alias «megateo». Con base en el aludido documento, la Fiscalía 6ª de Extinción de Dominio, el 8 de septiembre de 2015, adicionó la resolución aludida anteriormente, disponiendo afectar con 1 Obtenido por fuente anónima del caso nro. 11LA8986 del SISAC –Sistema de Información del Sector Agropecuario2 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ medida cautelar, los bienes inmuebles denunciados como de propiedad de los hermanos Álvaro y Marina de Jesús Angarita Mandón, la mayoría de ellos ubicados en el municipio de Ocaña (Norte de Santander) y dos en Aguachica (Cesar), con la siguiente nomenclatura:

1. Carrera 13 nro. 7-48/54/58, con matrícula inmobiliaria nro. 270-21-446, a nombre de de Marina de Jesús

Angarita Mandón.

1. Carrera 13 nro. 7-63, con matrícula inmobiliaria nro.

270-33413, a nombre de Marina de Jesús Angarita Mandón.

1. Carrera 19 nro. 6-05, con matrícula inmobiliaria nro. 270-24377, a nombre de Marina de Jesús Angarita Mandón.
2. Carrera 13 nro. 7-48, con matrícula mercantil nro. 00000219, razón social Ferretería Torcoroma, a nombre de

Marina de Jesús Angarita Mandón.

1. Calle 5ª nro. 24-47 de Aguachica (Cesar), matrícula inmobiliaria nro. 196-4477, a nombre de Álvaro Angarita

Mandón.

1. Carrera 24 nro. 4-49 de Aguachica (Cesar), con matrícula inmobiliaria nro. 196-39-11, a nombre de Álvaro

Angarita Mandón. 3 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ Dos años después de la medida adoptada el 8 de septiembre de 2015, los hermanos Angarita Mandón confirieron poder a un abogado, para que solicitara el control de legalidad sobre el informe de investigación que dio origen a la resolución de adición del 8 de septiembre de 2015, arriba indicada, aduciendo que la misma se había sustentado en fuente humana –llamada telefónica-, no verificable, buscando dejarla sin efecto. La petición fue presentada el 11 de diciembre de 2017 y correspondió por reparto al Juzgado 2º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ocaña (Norte de

Santander), a cargo de la acusada LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ –remplazaba a su titular por licencia-, quien convocó, el 21 de diciembre de 2017, a la respectiva audiencia preliminar –a la que no se hicieron presentes la Fiscalía y Ministerio Público a pesar de que fueron citadosy sin tener competencia para ello, ordenó levantar las medidas cautelares indicadas, en abierta contradicción con el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el artículo 8º de la Ley 1849 de 2017, que faculta para estas diligencias a la jurisdicción de extinción de dominio. De acuerdo con la juez denunciada, la orden judicial emitida al interior del proceso de extinción de dominio, vulneró los derechos y garantías de los hermanos Angarita Mandón, dado que fue emitida teniendo como soporte únicamente la 4 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ llamada de fuente humana, sin que se hubiera cotejado la misma con otros elementos de prueba. La orden dada por la juez no fue cumplida por las oficinas de registro, dado que, en enero de 2018, el Fiscal Especializado del caso, libró comunicaciones para que la decisión no fuera acatada; además, pidió que se investigara el actuar irregular de la funcionaria. Por su parte, los hermanos Angarita Mandón, al considerar que el fiscal había entrado en rebeldía, para obviar cumplir la orden de la juez, acudieron a la acción de tutela,

fallada adversamente por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá –decisión del 12 de marzo de 2018-, en cuanto consideró que fue la juez de garantías quien usurpó funciones que no le competían. 2.- Por los anteriores hechos, la Fiscalía 100 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, en audiencia celebrada el 27 de abril de 2018, ante el Juzgado 2º Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Cúcuta, imputó a la funcionaria BAYONA VELÁSQUEZ el delito de prevaricato por acción, cargo que no fue por ella aceptado. 3.- La misma Fiscalía presentó escrito de acusación, no sólo por el delito de prevaricato por acción –art. 413 ibinicialmente imputado, sino también por abuso de función 5 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ pública –art. 428 del C.P.-, no atribuido en la audiencia preliminar. La formulación de acusación tuvo lugar en sesiones de audiencia celebradas el 9 de agosto y 19 de octubre de 2018. En la mencionada oportunidad, la defensa solicitó la nulidad de lo actuado, por vulneración de garantías, aduciendo que el segundo delito –abuso de función pública-, no se había atribuido en la imputación; sin embargo, el Tribunal Superior de Cúcuta negó tal pretensión, aduciendo que, como el aspecto fáctico respecto de la mencionada conducta sí le fue

endilgada, ninguna irregularidad se advertía. Como no se interpusieron recursos, procedió la fiscalía a formular la correspondiente acusación, en las condiciones indicadas. 4.- La audiencia preparatoria tuvo lugar el 14 de mayo y 11 de septiembre de 2019, última en la que se dio lectura al auto del 29 de junio del mismo año, en el que se resolvieron las postulaciones probatorias de las partes2. 5.- La audiencia pública de juzgamiento se llevó a cabo en sesiones del 23 y 24 de febrero, 27 de abril, 29 de junio, 9 de septiembre y 20 de octubre de 2021. El 28 de abril de 2022 finalizó el juicio oral, con sentido de fallo condenatorio respecto de ambos delitos. La sentencia fue dictada el 10 de 2 Fls. 6 ss. cuaderno de la C.S.J. 6 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ junio de 2022; la defensa interpuso recurso de apelación ante esta Corte. LA DECISIÓN IMPUGNADA Consecuente con el sentido del fallo, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Norte de Santander, condenó a la procesada por los delitos de abuso de función pública y prevaricato por acción, bajo los siguientes presupuestos:

1. Respecto del tipo de abuso de función pública, adujo que no existe duda de que la acusada, en su condición de Juez 2º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ocaña, en audiencia celebrada el 21 de diciembre de 2017,

asumió el conocimiento de un proceso que no le competía, dado que no se trató de verificar la legalidad de un acto de investigación, como ésta lo aseguró en audiencia, sino que incursionó sobre la resolución de adición del 8 de septiembre de 2015, la cual declaró nula, disponiendo, en consecuencia, el levantamiento de las medidas cautelares allí contenidas. En ese sentido, recabó, que la competencia para conocer del asunto correspondía a los jueces especializados de extinción de dominio, conforme lo prevé el parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el artículo 8 de la Ley 1849 de 2017. 7 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ La norma en mención, advera, contrario a lo advertido por la funcionaria investigada, no resultaba de difícil comprensión. De acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 33 ib, la competencia de los jueces de garantías se activaba para el control de los actos de investigación que afectan derechos fundamentales, conforme se desprendía del artículo 162 de la Ley 1708 de 2014, no para asumir el conocimiento de un asunto que ya era del resorte de los jueces especializados de extinción de dominio y de las Salas de Extinción del Tribunal Superior de Bogotá, en primera y segunda instancias, en tanto, se refería al levantamiento de medidas cautelares que cobijaban varios bienes inmuebles obtenidos con el producto de actividades ilícitas. Para el tribunal, el delito de abuso de función pública, que

también se endilgó a la acusada, se acreditó objetivamente. Igualmente, consideró probado el elemento subjetivo atinente al dolo. Según el juez cognoscente, la funcionaria conocía la normatividad que regulaba la competencia sobre la materia y de forma caprichosa, bajo argumentos carentes de cualquier sustento, se apartó deliberadamente de la misma, pues, entró a conocer y resolver de fondo el asunto, a pesar de no tener competencia para ello. 8 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ Para el a quo, no es de recibo la falta de conocimiento suficiente sobre temas de extinción de dominio, alegado por la funcionaria, porque, de un lado, la Ley 1849 de 2017, aplicable al caso, no resultaba novedosa, por haber entrado a regir a partir del 19 de julio del mismo año, y, del otro, la Corte Constitucional, desde hacía 2 años, antes de su vigencia, había emitido la sentencia C-516 de 2015, dilucidando debidamente el tema referido a las facultades de los jueces de garantías, en materia de control posterior. Y, como si lo anterior no bastara, agrega el fallo, la enjuiciada tenía amplia experiencia en la rama judicial, dado que se vinculó a la entidad desde el año 2004, ocupando desde entonces cargos como secretaria del juzgado de familia, juez de garantías y penal del circuito en el municipio de Ocaña; junto con ello, contaba con una especialización en materia

constitucional, sin que el asunto demandara mayor complejidad. Adicionalmente, agrega, ninguna labor realizó la encartada, encaminada a verificar las razones por las cuales no participaron en la audiencia los demás convocados, entre ellos, el Ministerio Público y el Fiscal Especializado, sujetos procesales con los que hubiera podido aclarar los aspectos que, indica, le resultaban confusos. En suma, desvirtúa el juez colegiado, que la funcionaria hubiera actuado al amparo de una causal de ausencia de 9 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ responsabilidad –error de tipo invencible-, sino que voluntariamente decidió contrariar la normatividad legal que regulaba lo concerniente a la competencia frente al control de legalidad sobre las medidas cautelares impuestas en la actuación de extinción de dominio, resultando evidente lo doloso de su comportamiento.

2. En lo que concierne con el delito de prevaricato por acción, considera el a quo, igualmente, demostrada la responsabilidad penal de la acusada BAYONA VELÁSQUEZ, dado que, en su condición de juez de la República, profirió la decisión del 21 de diciembre de 2017, a través de la cual, sin ningún soporte probatorio, quebrantó el ordenamiento jurídico.

Recordó el Tribunal que la decisión erróneamente emitida por la encartada, la hizo a instancia de un proceso en marcha, en el que se decretaron, por parte del Fiscal Especializado en Extinción de Dominio, dos medidas

cautelares, una el 24 de noviembre de 2011 y la otra, que adicionó la anterior, el 8 de septiembre de 2015; en ellas se vincularon inmuebles que aparecían a nombre de los hermanos Angarita Mandón, pero que, de acuerdo con la información obtenida, realmente eran de propiedad de alias «megateo». Para la Sala de instancia, los argumentos expuestos por la inculpada en la audiencia por ella presidida, a instancia de 10 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ solicitud elevada por el apoderado de los hermanos Angarita Mandón, se apartaron del verdadero contenido de la Ley 1708 de 2014 y su modificación. La resolución de adición emanada de la Fiscalía de Extinción de Dominio, mediante la que se decretaron medidas cautelares, y el informe de policía judicial del 21 de noviembre de 2013, no correspondían a actos de investigación, a los cuales se refiere el artículo 112 ib, sino a información debidamente verificada, por cuanto cumplía con lo establecido en el numeral 5º del artículo 161 ib. En esa medida, advera, el informe de policía judicial no fue el único elemento tenido en cuenta por el Fiscal de extinción de dominio, para dictar las medidas cautelares, sino que encontró otros medios de conocimiento de los que se infería que los bienes inmuebles que aparecían a nombre de los hermanos Angarita Mandón, en realidad pertenecían a alias «megateo». Por tanto, agrega, como se trataba de una medida

preventiva, cualquier controversia sobre la misma debía dirimirse ante el juez especializado de extinción de domino, sin que pudiera la acusada, sin sustento, dar por demostrado que los hermanos Angarita Mandón eran comerciantes ampliamente reconocidos en la región, es decir, sin base probatoria debidamente verificable. De esa manera, se apartó de la realidad procesal, para tomar una decisión contraria al ordenamiento jurídico. 11 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ Por su parte, reitera el a quo, la decisión censurada se basó en planteamientos subjetivos, abiertamente dirigidos a esbozar la particular tesis de la procesada, en tanto, la postura por ella expuesta carece de la finalidad y alcance que corresponde al control de legalidad sobre las medidas impuestas en los procesos de extinción de dominio, aunado a que ni siquiera fundamentó la causal del artículo 112 de la ley citada, en la cual sustentó la decisión. Adicionalmente, agrega, ninguna razón valedera existía para que la funcionaria realizara la audiencia, únicamente con el apoderado de los hermanos Angarita Mandón, sin interesarse por verificar la falta de presencia del Ministerio Público y del Fiscal Especializado de Extinción de Dominio que llevaba el asunto. En su sentir, no tiene cabida, como justificante en el proceder de la encartada, lo relacionado con la falta de conocimiento sobre el procedimiento de extinción de dominio; lo único que debía verificar, frente a la petición del abogado

convocante, era si se encontraba o no ante una audiencia de control posterior de legalidad del informe aludido. En esas condiciones, aduce el a quo, en la decisión de la funcionaria prevaleció su capricho e interés personal, por encima de los mínimos postulados legales; revocó, sin fundamento, medidas cautelares, cuyo conocimiento 12 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ correspondía a los fiscales especializados en extinción de dominio y a los jueces de la misma especialidad. Para el juez colegiado, carece de soporte el error de tipo invencible alegado por la defensa; la procesada, con conocimiento y voluntad, obró contrariando el ordenamiento jurídico; no sólo sabía de asuntos constitucionales, como se observa al momento de argumentar el levantamiento de la medida cautelar, sino que la situación no revestía complejidad. Sostiene el Tribunal que la conducta de la funcionaria lesionó y puso en peligro, en dos ocasiones, sin justa causa, el bien jurídico de la administración pública, en tanto, afectó principios como los de legalidad, igualdad, moralidad, transparencia e imparcialidad, que se exige de los jueces de la República. Como consecuencia, actuó con dolo. Luego, procedió a individualizar las penas, tanto principal como accesoria. Partió del delito de prevaricato por acción, por comportar la pena más alta, la cual dividió por cuartos, ubicándose en el primero de ellos -48 a 72 meses-, sin

partir del mínimo establecido -dada la gravedad de la conducta y el daño causado a la administración de justicia-, sino de 60 meses de prisión, pena a la que aumentó 2 meses por el concurso con el delito de abuso de función pública; seguidamente, tasó por cuartos la multa e impuso 95.82 s.m.l.m.v; en cuanto a la 13 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la fijó en 90 meses. A su vez, negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por exceder la primera el límite de 4 años, fijado en el numeral 1º del artículo 63 del C.P., y atentar contra el bien jurídico de la administración pública. Finalmente, al considerar que concurrían los requisitos del numeral 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 y el art. 1º de la Ley 750 de 2002, en concordancia con el 38 del C.P., concedió la prisión domiciliaria, como madre cabeza de familia. LA IMPUGNACIÓN En contra de la determinación anterior, la defensa de la procesada interpuso el recurso de apelación, pretendiendo se le absuelva de los cargos endilgados. A favor de la acusada, adujo la defensa, confluye una causal de ausencia de responsabilidad: la funcionaria estuvo convencida de que su actuación se sujetaba a los presupuestos del artículo 33 de la Ley 1708 de 2014, es decir,

correspondía al control de legalidad de un acto de investigación, esto es, el informe DNCPIDISAC-41200 – 827339, que data del 21 de noviembre de 2013, relacionado con la información suministrada por fuente humana –vía telefónica14 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ sobre los bienes de alias «megateo», que supuestamente venían siendo administrados por los hermanos Angarita Mandón, actuación en la que sí tenía competencia para actuar. Al efecto, aduce que la decisión del fiscal especializado, cuya validez constitucional se cuestionó ante la inculpada, como juez de control de garantías, corresponde a la resolución calendada el 8 de septiembre de 2015, proferida dentro del radicado 11154 ED, que adicionó la del 24 de noviembre de 2011, en la que se incorporaron bienes de propiedad, entre otros, de los hermanos Angarita Mandón, con fundamento en un informe de policía judicial, en el que se denunciaba que los mismos, en realidad, pertenecían a Víctor Julio Navarro Serrano, alias «magateo». En esa dirección, los fiscales decidieron unir en uno solo los procesos y, con fundamento en la remisión del artículo 41 de la Ley 1708 de 2014, aplicaron el 217 de la misma disposición –régimen de transición-, en razón a que los hechos tuvieron ocurrencia en vigencia de la Ley 793 de 2002, con la modificación de la Ley 1453 de 2011.

No obstante, en criterio del censor, la solicitud realizada por el apoderado de los hermanos Angarita Mandón, estuvo inequívocamente encaminada a demandar el control de constitucionalidad sobre actos de investigación y no respecto de las medidas cautelares; ello, con fundamento en el mecanismo novedoso para la época, previsto en el parágrafo 15 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ primero del artículo 33 de la Ley 1708 de 2014, y no en el artículo 111 de la misma disposición. Precisamente, agrega, en aquel asunto el abogado de los hermanos Angarita Mandón advirtió a la aquí sumariada, que la Fiscalía Especializada había vulnerado el debido proceso, al justificar la conexidad del trámite de extinción de dominio respecto de los bienes de alias «megateo», con los de sus poderdantes, aplicando para estos últimos la Ley 793 de 2002, derogada, para la época, por la Ley 1708 de 2014, del 20 de julio de 2014, en su artículo 218. Adicionalmente, se adujo en la audiencia conducida por la funcionaria, que se había vulnerado el derecho de acceso a la administración de justicia, por extender las medidas cautelares más allá del término de seis (6) meses, en contravía de lo previsto en el artículo 89 de la Ley 1708 de 2014. En este caso, la medida llevaba 28 meses de decretada, sin que se hubiera procedido a archivar la actuación o a proseguirse con

la misma. Además, porque no existía evidencia indicativa de que los bienes de los hermanos Angarita Mandón, tuvieran algún nexo con alias «megateo», razón por la cual, estimó el solicitante, se vulneraron derechos y garantías. En esa medida y conforme con lo deprecado por el togado, la funcionaria investigada entendió, convencida, que se encontraba inequívocamente ante el control constitucional 16 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ de actos de investigación y no frente al mecanismo de control de legalidad de las medidas cautelares. De acuerdo con la defensa, la inclusión del control deprecado en el trámite de extinción de dominio, por medio de la Ley 1849 de 2017, obedeció sustancialmente al cambio de precedente en esa materia, originado a partir de la sentencia C-516 de 2015. Este pronunciamiento estableció que, como la Fiscalía no tiene la calidad de autoridad jurisdiccional, carecía de atribución para decidir la legalidad de las órdenes emitidas, en lo que hace con el cumplimiento de los artículos 15 y 28 constitucional. Ello implica, aduce el letrado, que los actos de investigación que involucren la restricción de derechos fundamentales –allanamientos, interceptaciones telefónicas, búsqueda selectiva en base de datosestén sometidos al control del funcionario revestido de jurisdicción, para que ejerza el poder de anular cualquier acto que consolide la violación a los derechos del orden constitucional, atribuyéndole competencia

al juez de garantías, como lo prevé el parágrafo primero del artículo 33 de la Ley 1708 de 2014. En el caso presente, aduce, ante lo reciente y novedoso de la figura que debía aplicar la funcionaria, resultó claro que se suscitaron yerros hermenéuticos, frente a la finalidad y alcance de dicho mecanismo. En esa medida, la actuación de la funcionaria no obedeció a un acto de corrupción, sino a la 17 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ creencia de aplicar la ley, en garantía de los derechos fundamentales de los postulantes. Desde la óptica de protección de derechos constitucionales, agrega, la funcionaria consideró erradamente que la norma en mención autoriza el control constitucional de actos de investigación, por lo que era competente para asumir el conocimiento de la solicitud, razón por la que procedió a anular las decisiones que, en su criterio, resultaban violatorias de garantías y de derechos de orden constitucional, posición que pudo ser errática, desacertada o negligente, si se quiere, pero no criminal. La acusada, a partir de la decisión del 21 de diciembre de 2017, no tenía una idea clara sobre la jurisdicción de extinción de dominio y ninguna noción acerca del mecanismo de control constitucional de actos de investigación previsto en el artículo 33, párrafo 1°, del Código de Extinción de Dominio. No se puede desestimar la tesis de la defensa, como lo

hace la primera instancia, basándose en la larga experiencia judicial de la funcionaria, cuando lo cierto es que, el cargo permanente que ella ostentaba es el de secretaria de un juzgado de familia, en propiedad; como juez de control de garantías fungió de manera transitoria. Por tal motivo, ninguna experiencia tenía en el área de extinción de dominio, más, cuando la figura de control judicial se había incorporado recientemente. 18 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ En consecuencia, pide que se revoque la sentencia de condena y, en su lugar, se absuelva a la funcionaria, por devenir atípica la conducta, en ausencia de dolo. No recurrentes La Fiscalía 34 Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta, adscritra a la Dirección Nacional contra la Corrupción –grupo de trabajo para la investigación de delitos que afectan el SGSSS-, solicita confirmar la decisión impugnada. El ente acusador, acota, demostró, más allá de toda duda razonable, la materialidad y responsabilidad de la inculpada en los delitos de abuso de función pública y prevaricato por acción. Contrario a lo aducido por el censor, sostiene, las pruebas legalmente aducidas en audiencia pública, permitieron concluir que el error de tipo alegado no se configura; en oposición a ello, se estableció el actuar doloso de la funcionaria, en tanto, con pleno conocimiento, asumió el trámite del asunto y resolvió levantar medidas cautelares

sobre bienes de presuntos testaferros de alias «megateo», a pesar de que no era competente para ello. Por eso, agrega, con la sola lectura del contenido del artículo 33 de la Ley 1708 de 2014 –Código de Extinción de Dominio-, modificado por el artículo 8º de la Ley 1849 de 2017, la funcionaria pudo concluir que era incompetente, para presidir la audiencia preliminar solicitada y, en consecuencia, 19 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ no podía resolver de fondo sobre el levantamiento de las medidas cautelares, respecto de bienes de los presuntos testaferros. Para la fecha en que la funcionaria tomó la decisión ostensiblemente contraria a la ley, sin competencia para ello, la Corte Constitucional había delimitado la intervención de los jueces penales municipales con función de control de garantías, en los trámites de extinción de dominio. Sobre el tema, tenía la acusada completa claridad; incluso, al renunciar al derecho de guardar silencio y declarar en su propio juicio, ratificó que posee especialización en temas constitucionales, aunado a su amplia experiencia en la rama judicial, desde el año 2004, desempeñando cargos, en su gran mayoría, en el área penal, como juez de garantías en los tres despachos del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto

contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores, con fundamento en lo previsto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004. 20 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502

LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ

2. Hechos jurídicamente relevantes imputados y su consecuencia jurídica.

Esta Corte ha indicado que existe una obvia correlación entre el concepto de hecho jurídicamente relevante y la calificación jurídica que debe realizar la Fiscalía, precisamente, porque lo primero -la relevancia jurídica-, depende de que la hipótesis factual encaje o pueda ser subsumida en una o varias normas penales: La relevancia jurídica del hecho está supeditada a su correspondencia con la norma penal. En tal sentido, el artículo 250 de la Constitución Política establece que la Fiscalía está facultada para investigar los hechos que tengan las características de un delito; y el artículo 287 de la Ley 906 de 2004 precisa que la imputación es procedente cuando “de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga”. En el mismo sentido, el artículo 337 precisa que la acusación es procedente “cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe”. Como es obvio, la relevancia jurídica del hecho debe analizarse a

partir del modelo de conducta descrito por el legislador en los distintos tipos penales, sin perjuicio del análisis que debe hacerse de la antijuridicidad y la culpabilidad. También es claro que la determinación de los hechos definidos en abstracto por el legislador, como presupuesto de una determinada consecuencia jurídica, está supeditada a la adecuada interpretación de la norma penal, para lo que el 21 Segunda instancia acusatorio N° 61928 CUI 11001600010120180000502 LUISA FERNANDA BAYONA VELÁSQUEZ analista debe utilizar, entre otras herramientas, los criterios de interpretación normativa, la doctrina, la jurisprudencia, etcétera. Por ahora debe quedar claro que los hechos jurídicamente relevantes son los que corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales. En el próximo apartado se ahondará sobre este concepto, en orden a diferenciarlo de otras categorías relevantes para la estructuración de la hipótesis de la acusación y de la premisa fáctica del fallo3. En consecuencia, al momento de realizar la imputación de los hechos jurídicamente relevantes, es deber de la Fiscalía dejar claro a qué compor