CSJ - SP3718-2022(61092)

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente SP3718-2022 Radicado N° 61092. Acta 252. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022). VISTOS Se pronuncia la Corte respecto de los recursos de apelación presentados por la defensa y el Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de Cali, contra la sentencia proferida por la Sala Penal de ese mismo Distrito Judicial, el 17 de agosto de 2021, a través de la cual absolvió a la doctora JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ, de la comisión de un concurso de delitos de prevaricato por omisión, al tiempo que, respecto de la acusación por el delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo, fue condenada por unas conductas y absuelta por otras. Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501 JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ HECHOS Fueron consignados en el fallo recurrido, de la siguiente manera: Los que fueron materia de acusación, para la Fiscalía Tercera delegada ante esta Corporación, tuvieron como antecedente, la inicial reunión, realizada el 21 de mayo de 2015, en la ciudad de Cali, entre el Director Nacional de Fiscalías, doctor ORLANDO OSPITIA y las doctoras MARCELA MARQUEZ, CLAUDIA CÁCERES y GRACE GARCÍA, de la citada oficina Nacional, donde se le preguntó a JUDITH ESPERANZA ARIZA, entonces fiscal 74

Especializada, del eje temático medio ambiente, acerca de su criterio para archivar las actuaciones a su cargo y tras oírla fue levantada acta informal. Además, en esa oportunidad la citada fiscal hizo entrega de las cajas No 1, 4, y 5, con copias de 25 archivos proferidos y varias actas de audiencia en las cuales ella actuó. En concreto, la Fiscalía considera que la procesada incurrió en delito de prevaricato al emitir las siguientes providencias: 1En el radicado 2012-00057. Denunciante PEDRO ANTONIO NOGUERA -delito explotación ilícita de yacimiento minero (art 338 C.P.), dice que revisada la plataforma del catastro minero colombiano y confrontando con visitas de campo, AFRANIO VALDEZ y demás personas allí señaladas no tienen ningún título minero, ni adelantan trámite de minería tradicional para ese momento. El 28 de enero de 2014, la fiscal ARIZA libró múltiples órdenes a la policía (las relaciona) y el 6 de junio del mismo año fueron rendidos los primeros informes, donde “se constata que no hay registro minero para ellos…” La fiscal imparte nuevas órdenes el 25 de noviembre de 2014 y la policía constata, en diciembre, que antes sí había mina en el sitio, pero para el momento de la visita, en 2014, está cerrada. Faltando pruebas que ella misma había ordenado, archivó el día 22 de enero de 2015, con fundamento en que según 2 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501

JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ

el informe policivo no ha continuado la explotación con lo que infiere inexistencia de la explotación minera y por ello es atípica la conducta”. 2En el radicado 2011-00051. Noticia criminal por oficio de INGEOMINAS, por explotación de yacimiento y otros delitos donde hay una lista de más de 27 personas. El informe da fe de ello con visita al lugar y da fe de otros delitos como aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Agrega que obra orden de INGEOMINAS de cesar la explotación minera. Refiere que hay flagrancia sobre la destrucción en cada zona y no obra registro en catastro minero a favor de dichas personas. En noviembre de 2014, la doctora JUDITH ESPERANZA ARIZA libra nuevas órdenes y el policía dice que esos hechos conocidos en octubre de 2010 no continúan en explotación y la zona ya se ha ido recuperando. Luego de ello, sin esperar el resultado de nuevas órdenes impartidas por ella, el 14 de noviembre de 2014, archivó, diciendo que el policía “para ese momento verificó que (...) no había delito por lo que hay inexistencia del delito” Acusa por prevaricato por acción y prevaricato por omisión. 3En el radicado 2011-01706. Noticia por CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, predio Las Pailas, vereda Chambimbe, Buenos Aires Cauca, donde obra acta de imposición de medidas preventivas de Minambiente por encontrar flagrancia. Fueron incautados 3 motores eléctricos y precisados los daños ambientales, afectación

sobre corrientes de agua, entre otros. Luego fue ofrecido informe parcial, diciendo que en ese instante de la visita la mina estaba abandonada porque se llenó de agua y por eso ya no se explota”. A pesar que el informe sugiere nuevas órdenes para avanzar en la investigación, sin más elementos, y sin cumplir sus propias órdenes y los requerimientos de la policía judicial, ordena archivo por inexistencia de la conducta, basada en el mismo informe policial…” Agrega que la orden es del 22 de enero de 2015, a las 10.15, mismo día y hora que la dada en otros casos como el... 00057 ya citado y con similar formato archiva”. 4En el radicado 2012-00065 por Contaminación ambiental, en El Charco Nariño, con deposición de residuos sólidos en el río y por acción y omisión del mismo municipio, tanto del alcalde como de las entidades encargadas de ello. Se hace precisión que los hechos ocurrieron en el ESTERO MARTÍNEZ, se da cuenta de actividades de CORPONARIÑO 3 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501 JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ que evidencian el impacto ambiental y definen las acciones y omisiones de las autoridades del Charco. Delitos denunciados: Daño a recursos naturales -art 332 C.P.- Contaminación ambiental -art 332Contaminación por residuos sólidos peligrosos, Contaminación de aguas. El investigador constata y adjunta fotos de la gigantesca contaminación; allega informes técnicos de parques nacionales de Colombia y anuncia otras inspecciones, pese

a lo cual la fiscal vuelve y archiva en idénticas condiciones. La acusación plantea que alegó en este caso, igualmente, inexistencia del hecho por falta de apoyo logístico para ello, por su coordinador, Procuraduría, las entidades ambientales respectivas. 5El radicado 2011 – 27663-. Inicia con constancia del 12 de diciembre de 2013 por resolución del Fiscal General con reporte de captura en flagrancia a una persona que tenía unos loros cascabel - silvestresen vía de extinción. El informe detalla el hecho, sitio, prohibición de comercialización. Una vez reasignado a la fiscal Ariza hay informe acerca de que los fueron a buscar y no los encontraron, pero todos lo conocen y saben que se dedica a ello. El 28 de noviembre de 2014, a las 10:15 a.m. dice que según ese informe se ve que no se logró probar que la comercialización está prohibida y al no ubicar a la persona hay causal de improseguibilidad de la acción. 6El radicado 2013-00300. Inicia por llamada del Comandante del GOES, hidrocarburos, en callejón platanares de Yumbo, dando cuenta de captura de varias personas con guadua, aportando datos de personasdecadactilares de cada unalugar y circunstancias, así como incautación de guaduas y el camión. El 16 de diciembre de 2014, en formato similar, ordenó el archivo de la actuación, “por improseguibilidad de la acción” por no haber experticio que diga que son guaduas. 7Radicado 2011-13852. Noticia por explotación ilícita de

yacimiento minero, donde Lorena Giraldo es capturada en flagrancia, en Golondrinas y obran todos sus datos. Hay imposición de medidas preventivas por autoridades ambientales. Se sostiene que obran órdenes a Policía Judicial y sus resultados, que dan fe del delito, así como la CVC y la agencia nacional de minería. A pesar de ello, 4 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501 JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ ordena el archivo el 26 de marzo de 2014 por atipicidad, sin valorar la tipicidad objetiva. 8Radicado 2014-80008. Informe ejecutivo acerca de tres delitos de Explotación ilícita de yacimiento minero y otros, del 17 de febrero de 2014. Llegan al lugar con coordenadas específicas y verifican explotación aurífera, siendo reserva forestal protectora, sin que exista permiso legal para el efecto. Se efectúa allanamiento y registro, el 18 de febrero de 2014, que verifica la ocurrencia del hecho y constata la continuación de la operación de varias retroexcavadoras, sorprendiendo en flagrancia en el delito. Se allegan múltiples fotos, informes, datos técnicos de las retroexcavadoras y orden de destrucción de las mismas. También obra soporte de medidas cautelares de autoridades ambientales frente a la situación de flagrancia. No obstante, el 28 de febrero, ordenó el ARCHIVO sólo por un delito de la pluralidad que se señaló en el informe ejecutivo. 9Radicado 2014-80019. Cuatro delitos en informe

ejecutivo del subintendente Patiño que señala explotación ilícita de yacimiento minero, entre otros. En Nariño, Barbacoas, con coordenadas y datos del predio exacto, en cumplimiento de la directriz operativa 09. Fue allegada orden de allanamiento y sus resultados, la cual fue legalizada, detallando, incluso, 5 retroexcavadoras incautadas. Se evidencia que no hay autorización para explotar, ni orden minera alguna. El 26 de marzo de 2013 la acusada ordenó el archivo “por atipicidad por no haber daño ambiental”, enfatizando el acusador que ello fue “sólo por explotación ilícita de yacimiento minero sin mencionar ni valorar ningún otro delito”. 10Radicado 2010-02483. Por explotación de yacimiento minero. Noticia criminal de 5 de noviembre de 2010. Procedimiento realizado en el corregimiento Zaragoza, jurisdicción de Buenaventura, a orillas del río Cauca (sic), por parte del Juzgado 2º Administrativo de Buenaventura, con presencia de Procuraduría y Alcaldía, del citado Puerto. Fue efectuada captura en flagrancia a un ciudadano Blandón a quien identifican e individualizan; incautan 2 motores de draga, porque ésta -la dragaestaba operando para obtener oro en el río. Al recibir el asunto, la procesada, imparte múltiples órdenes. Realizada visita al lugar, por órdenes de la fiscal -mayo de 2014y a pesar que en el río Dagua fueron detectadas cerca de 60 dragas operando, el

5 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501 JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ 30 de mayo de 2014 (“también a las 10.15 am”) archiva la actuación, “porque no se pudo constatar la presunta responsabilidad de Blandón”. “Dice que es inane seguir adelante y archiva por improseguibilidad de la acción”. 11Radicado 2011-00421. Por denuncia de febrero de 2012, por daños en recursos naturales y otros delitos y por usurpación de aguas por apoderado de las víctimas. Hechos ocurridos en la HACIENDA CANTACLARO, VEREDA CHAMBIMBAL. Obra oficio de la CVC - enero de 2012que verifica la existencia de los delitos; órdenes a Policía para confirmar. Los informes comprueban los hechos, se allegan resoluciones y medidas preventivas. Obran soportes periciales de los daños, pliegos de cargos y sanciones de CVC, además de fotos. El 13 de marzo de 2015, la procesada archivó por atipicidad, por uno sólo de los delitos denunciados, en formato similar a los anteriores, argumentando que no se sabe quién fue el posible autor y no es posible proseguir la acción penal. 12Radicado 2014-00003. En el sector Piedras Negras, corregimiento SANTA INÉS, vereda EL CHOCLO, municipio de Yumbo, fue adelantado procedimiento policivo por sorprendimiento en flagrancia de unas personas (Tala de árboles). Hubo procedimiento sancionatorio y quedaron claras circunstancias de tiempo, modo y lugar. Se afirma

que fueron dados nombres y dirección. El 17 de diciembre de 2014, la acusada ordena ARCHIVO POR ATIPICIDAD, por no continuación de la actividad delictiva. 13Radicado 2011-80015. Con oficio, la alcaldía de BUENOS AIRES CAUCA, aporta decreto con suspensión inmediata en sector aluvión, en la vereda SAN FRANCISCO, ordenando cierre inmediato, con apoyo de CVC. La fiscal, igual que el caso anterior, nuevamente archiva por atipicidad, con iguales argumentos y sin esperar respuesta a sus propias órdenes. 14Radicado 2014-80025. Noticia criminis por informe del grupo UNIMIL de Policía Nacional por daños en río Guachicono con soporte fotográfico, informes y demás documentos. Hubo sorprendimiento en flagrancia; encontraron retroexcavadoras. No obran títulos mineros. Se legalizó el allanamiento. El 22 de abril de 2014, la fiscal archiva por atipicidad, por un solo delito, omite los demás, reconoce la existencia de lo hallado y los datos reportados, “pero dice que no se cumple con los requisitos de la conducta punible”. 6 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501

JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ

15Radicado 2010-01436. En junio de 2010 es descubierto delito de EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE YACIMIENTO MINERO, en el sector BOQUERON DEL RÍO DAGUA. Hay retroexcavadora funcionando. Individualizan -con arraigoy

capturan a quien la estaba operando. Incautan elementos. En informe del 14 de mayo de 2014, se dice que no hay títulos ni solicitudes para explotar minas. En ese momento no hay actividad de explotación, pese a que para el momento de los hechos hubo emergencia ambiental. Son allegadas fotos. No obstante, el 30 de mayo de 2014 a las 10.15 archiva, mencionando a otras personas que no tienen nexo con esta noticia criminal. Dice que hay improseguibilidad por el debate de si hay responsabilidad penal o no, hablando de tala de árboles que no corresponde al caso noticiado. 16Radicado 2010-01313. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros. Sin fecha precisa. Apenas se menciona el mes de junio de 2010. Sitio, sector la laguna km 34, vía Buenaventura, ven 4 máquinas retroexcavadoras, 3 sujetos que las operaban. Son identificados los capturados y mencionadas las circunstancias de captura. Obran informes de CVC y otras entidades. Pese a impartir órdenes y obrar informe de investigador, el 29 de agosto de 2014, la acusada reconoció la existencia del delito, carencia de permiso, “con similares criterios dice que se archiva”. 17Radicado 2011-13840. Por explotación ilícita de yacimiento minero y otro delito. Se menciona que en el mes de junio de 2011 fue presentado informe ejecutivo por visita de control a minas de Vereda María, corregimiento Golondrinas Cali, por INGEOMINAS, MINAMBIENTE y

DIJIN. Fue verificada la ocurrencia de delitos, hubo captura e identificación, allegados documentos relacionados con la situación de flagrancia, discriminados los daños ambientales y definido que no había título minero. El 13 de agosto de 2014, fue impartida orden de archivo, diciendo que se corroboró el delito, pero también el abandono posterior del lugar y como ya no hay más actividad minera, la conducta es atípica por improseguibilidad de la acción”. 18Radicado 2014-80009. La noticia criminal señala que son 3 delitos con daños en recursos naturales, brinda datos exactos del sito de deterioro ambiental, 4 máquinas excavadoras explotando oro a cielo abierto. Verifican contaminación de río, no se tiene título minero, ni licencia. Hay aerofotografías que muestran que la vegetación fue 7 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501 JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ arrasada completamente. Obra acta de imposición de medidas preventivas de la CVC, actas de incautación y destrucción de la maquinaria. Se acusa por prevaricato por OMISIÓN por no asistir a audiencia del art. 447 del C. de P.P, en varias fechas fijadas. Luego que fue reemplazada, acudió nuevo fiscal y en ese momento el juez se pronuncia sosteniendo no ser competente, porque los hechos ocurrieron en Buenaventura y no en Cali. 19Radicado 2012-00063. Noticia de la comunidad de

PEÑA CARAÑO, RÍO SAN JUAN MAYASQUER, han

ingresado máquinas para explotar oro, hay intervención de una comunidad del RESGUARDO AWA, se dice que hay riesgo de desplazamiento forzado y presencia de grupos armados, control sobre el territorio, son amenazados por oponerse a la explotación. Obra convenio del Ministerio del medio ambiente, agricultura, Ingeominas, sobre soluciones a esta problemática. Se afirma que obran informes de policía acerca de que se constataron muchos de esos datos; se verifican expedientes mineros, sin que haya autorización, ni título minero; presencia de columna de las FARC, resoluciones del INCODER, gran cantidad de documentos que la comunidad oficia a las autoridades y fiscalía por la inactividad en la investigación, reuniones de articulación interinstitucional, incluyen reuniones ECOPETROL, Fiscalía, Ministerio del interior, Unidad nacional reparación de las víctimas. Obra informe del 2 de septiembre de 2013 y órdenes de Policía, de ese mismo mes; se allegan informes de desplazamiento forzado, actas con recomendaciones urgentes, peticiones de la comunidad, muestras científicas y técnicas sobre daños, actuaciones de procuraduría sobre el caso y con requerimientos. Otros delegados asumen el conocimiento de asuntos, como desplazamiento forzado, ante el paso del tiempo. Sin embargo, el 22 de enero de 2015, sólo por el delito de Explotación minera, la fiscal acusada ordena archivo con cambio de formato. Señala que si hay explotación minera hay desplazamiento forzado y precisa los EMP recaudados, y al final dice que no hay elementos que digan que se

compromete la responsabilidad de CADAVID y que tenía trámites ante la entidad competente para permiso y por ello no es pertinente continuar la investigación. Dice que no es viable seguir investigando y archiva a favor de JOSE

DIDIER CADAVID SALGADO.

8 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501 JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ La Procuradora, en abril de 2016, le pidió desarchivar, pues los EMP eran claros en mostrar delitos y debe profundizar en la investigación. Obra otra petición del 27 de junio de 2016 y nombra otro anterior, de mayo de 2016 donde pide que resuelva sobre los requerimientos de desarchivo. En julio de 2016, la acusada da una constancia de que está archivado el caso, sin resolver lo pedido y el 25 de agosto de 2016 obra último requerimiento como agente especial. La fiscalía, plantea que incurre en prevaricato por acción y por omisión. 20Radicado 2013-00561. A partir de un derecho de petición al Fiscal General de la Nación, Ministerio del Medio Ambiente, Defensor del Pueblo y otros, donde se rechaza la existencia de los vertederos de basura QUITAPEREZA en el RIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, del 4 de diciembre de

2013. Se destaca la movilización social frente a esos vertederos, obran fotos de ello, acuerdos del Concejo Municipal, e informe de PROCURADURIA, de la CVC, entre otros.

Previa orden, la Policía verifica todo ello, la existencia de vertederos, destacan documentos de CVC, PROCURADURIA

y otros y se hace referencia a acumulación de procesos. El 14 de noviembre de 2014, la acusada dispuso el archivo por atipicidad con cambios en el formato y dice que no se han identificado presuntos infractores; reconoce muchas actuaciones recaudadas. Acepta que pudo haber delito, pero que se sancionó administrativamente y con cita jurisprudencial archiva porque no están identificados los infractores, planteando que eso forma parte de la tipicidad objetiva.

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1. En audiencias concentradas, celebradas el 29 y 30 de marzo, y 25 de mayo de 2017, ante el Juzgado 24 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, la Fiscalía endilgó a JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ, la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción

9 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501 JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ en concurso homogéneo (19 punibles) y prevaricato por omisión (20 ilícitos), cargos que no fueron aceptados por la imputada. Así mismo, a solicitud del ente persecutor la judicatura le impuso a ARIZA LÓPEZ medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de domicilio.

2. El escrito de acusación fue presentado el 28 de julio de 2017 y su verbalización, luego de varios aplazamientos, se concretó en audiencia realizada el 26 de julio de 2018, ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, oportunidad en la que el Fiscal delegado mantuvo

los cargos objeto de imputación.

3. La audiencia preparatoria se celebró en sesiones de 13 y 27 de septiembre de 2018.

4. En audiencia de 25 de octubre de ese mismo año se instaló el juicio oral y público, fase procesal que, desarrollada en varias sesiones, culminó el 17 de agosto de 2021, día en el que el juez colegiado anunció el sentido del

fallo y dictó sentencia, en la que resolvió: a) Absolver a JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ de los cargos de prevaricato por acción, respecto del proferimiento de once (11) órdenes de archivo, emanadas de los radicados y fechas que se relacionan así: (i) 2012-00063 de 22 de enero de 2015; (ii) 2014-00003 de 17 de diciembre 10 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501 JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ de 2014; (iii) 2011-80015 de 22 de enero de 2015; (iv) 201300561 de 14 de noviembre de 2014; (v) 2014-80025 de 22 de abril de 2014; (vi) 80008 de 28 de febrero de 2014; (vii) 2014-80019 de 26 de marzo de 2013; (viii) 2010-01436 de 30 de mayo de 2014; (ix) 2010-02483 de 30 de mayo de 2014; (x) 2011-27663 de 28 de noviembre de 2014 y (xi) 2011-01706 de 22 de enero de 2015.

b) Absolver a ARIZA LÓPEZ de los cargos formulados en su contra por la presunta comisión de todos los delitos de prevaricato por omisión. c) Condenar a la acusada a la pena principal de 76 meses de prisión y multa de 105.545 S.M.L.M.V. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 80 meses, al hallarla responsable en la comisión de ocho (8) delitos de prevaricato por acción, en concurso homogéneo, al proferir orden de archivo en los siguientes radicados y fechas: (i) 2010-01313, de 29 de agosto de 2014; (ii) 2012-00065, de 23 de septiembre de 2013; (iii) 2013-00300, de 16 de diciembre de 2014; (iv) 2011-13840, de 13 de agosto de 2014; (v) 2012-00057, de 22 de enero de 2015; (vi) 2012-00421, de 13 de marzo de 2015; (vii) 2011-0051, de 14 de noviembre de 2014 y (viii) 2011-13852, de 26 de marzo de 2014. Y, d) No conceder a la sentenciada la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión 11 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501 JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ domiciliaria, razón por la que se ordenó librar la orden de captura correspondiente.

5. La defensa y el delegado de la Fiscalía General de la

Nación, inconformes con la precedente sentencia, presentaron recurso de apelación.

6. El 21 de febrero de 2022, por correo electrónico, fue allegado a este despacho el expediente digitalizado, para emitir pronunciamiento sobre los recursos verticales interpuestos por los enunciados sujetos procesales.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL En el esquema argumentativo diseñado por el A quo para el estudio de la pretensión incriminadora presentada por el ente persecutor, se clasificaron en cinco grupos las actuaciones en las que la acusada ordenó su archivo, de la siguiente manera: (i) «órdenes cuyo fundamento fue el no hallazgo de ilegalidad en la actividad investigada»; (ii) actuaciones en las que la implicada consideró que la falta de identificación de los posibles autores constituía atipicidad de la conducta; (iii) «otros asuntos en donde no fueron hallados todos los elementos para la subsunción de la conducta en los tipos penales de prevaricato por acción y prevaricato por omisión»; (iv) «condena por abierto desconocimiento de la realidad probatoria» y (v) «casos en que se ordena archivo porque cesó la 12 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501 JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ actividad reputada como vulneradora de los recursos naturales». Finalmente, abordó de forma independiente una actuación, que constituyó un cargo, por la presunta comisión del delito de prevaricato por omisión. Así las cosas, referente al primer grupo, el A quo dispuso la absolución de la implicada, tanto del delito de prevaricato por acción como por el de omisión, respecto de

tres (3) indagaciones, que se destacan a continuación: a) Radicado n°. 2012-00063. Se trata de una investigación en la que aparece como indiciado José Didier Cadavid Salgado, por la presunta comisión del delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales (Art. 338 del C.P.), con incidencia en territorios ocupados por la comunidad indígena Awá. De esta actuación, el Tribunal destacó: (i) algunos documentos relacionados con el trámite de concesión minera, que para el año 2010 realizó el señor Cadavid Salgado; (ii) los acuerdos que este último celebró con la comunidad indígena; (iii) la constante información suministrada por funcionarios de policía judicial, quienes dieron cuenta de la imposibilidad de conceptuar acerca del daño ocasionado al ambiente, en razón a las difíciles condiciones de seguridad en el lugar de los hechos y (iv) el interrogatorio rendido por el indiciado. 13 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501 JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ Seguidamente, auscultó el contenido de la orden de archivo adoptada por la implicada, datada 22 de enero de 2015, el cual acompasó con la pretensión incriminadora de la Fiscalía, respecto del ilícito de prevaricato por acción, confluyendo de su análisis, lo siguiente: (i) En primer lugar, destacó que la acusación tuvo como soporte, que la decisión de archivo adoptada por ARIZA LÓPEZ no tiene correspondencia con los elementos materiales probatorios recaudados, ni se ajustó a los

lineamientos del artículo 79 del C. de P.P.; empero, la Fiscalía no enseñó cómo, a partir de esos mismos elementos, sí era típica la conducta investigada, ni tampoco precisó por qué no se correspondía con el aludido fundamento normativo. (ii) Frente a lo reseñado por el fiscal delegado en la exposición de los alegatos de conclusión, en cuanto a que únicamente se emitió la orden de archivo por un solo delito, dejando de lado otros ilícitos, entre ellos, el de desplazamiento forzado, es del propio Fiscal que emerge información atinente a que esta última ilicitud fue abordada en otra línea investigativa. (iii) La orden de archivo no fue emitida por la falta de demostración del daño ambiental o porque la fiscal desconociera la existencia de este, sino por la atipicidad de la conducta, así ella hubiese mencionado en la decisión que Cadavid Salgado no era responsable, pues, aunque se trata 14 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501 JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ de diversos conceptos, «pareciera considerar ella que al ser atípica la conducta, el indiciado no era responsable.». (iv) La «atipicidad» de la conducta, considerada por ARIZA LÓPEZ, se fincó en que Cadavid Salgado realizó trámites para legalizar la explotación minera que desarrollaba, exposición de la que no se puede determinar que actuó con conocimiento y voluntad de vulnerar la ley, pues, contaba con información atinente al pago que hizo del canon de arrendamiento y las diligencias realizadas ante la comunidad indígena para poder

realizar su actividad en ese territorio. (v) La falta de respuesta de ARIZA LÓPEZ a una petición formulada por la delegada del Ministerio Público, para revocar la orden de archivo, no demuestra el elemento del dolo en la comisión de la conducta de prevaricato por acción, pues, la procesada, al momento de emitir la decisión, «no tenía por qué saber qué le iría a plantear el Ministerio Público con posterioridad», máxime cuando, de lo declarado por aquella funcionaria no se desprende que su inconformidad residiera en la emisión de la orden de archivo por atipicidad, sino porque tal determinación se adoptó sin que se ejecutaran las órdenes a policía judicial, que apuntaban a establecer el daño ambiental, las cuales no habían podido ser evacuadas por problemas de acceso al lugar de incidencia; el agente del Ministerio Público, por lo demás, reconoció que se trataba de un proceso complejo. 15 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501

JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ

(vi) En suma, estimó el Tribunal, al no avizorar que la decisión cuestionada fuera manifiestamente ilegal y que la acusada hubiese actuado con dolo, que la determinación no puede ser otra que la de absolver a ARIZA LÓPEZ por el delito de prevaricato por acción, frente al cargo analizado. b) Radicado n°. 2014-00003. Corresponde a una denuncia por tala de 125 a 135 árboles, entre 10 y 12 metros

de altura y 80 centímetros de circunferencia, en el municipio de Yumbo, vereda El Chocho, detectada según visita realizada por funcionarios de la CVC, oportunidad en la que el señor Jesús Hebert Sandoval Cussi suscribió acta de suspensión de actividades de aprovechamiento forestal. De esa actuación destacó el Tribunal un informe rendido por el ingeniero ambiental Francisco Antonio Collazos, adscrito a la CVC, DAR suroccidente, de 11 de diciembre de 2013, en el que consignó que al realizar inspección al lugar encontró al señor Sandoval Cussi realizando «cerco con postadura talada de bosques secundarios», según recomendación hecha por otro funcionario de la CVC para que aprovechara los árboles ya talados; por tal motivo, se le instó para que no continuara con esa actividad, ni procediera con la comercialización de la madera, pues, no tenía permiso para ello. Adicionalmente, precisó que a pesar de que el propietario del predio realizó la tala del bosque, se hizo para el consumo o la conservación del terreno, conforme lo autorizó un funcionario de esa entidad. 16 Segunda instancia acusatorio N° 61092 CUI 76001600019920150371501 JUDITH ESPERANZA ARIZA LÓPEZ En relación con la orden de archivo de 17 de diciembre de 2014, el Tribunal destacó que en ese proveído la funcionaria acusada resaltó, con apego al informe descrito en precedencia, que «la tala que se hizo fue con autorización de la CVC y solo para conservar el predio», de lo cual infirió la ausencia de responsabilidad de Sandoval Cussi en los daños

investigados, «por lo que no puede erigirse en su conducta ninguna circunstancia como constitutiva de infracción a la normatividad penal.». Sostuvo el Tribunal que, si bien, en la acusación se planteó que la implicada orden